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Legislación consolidada

Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperacin jurdica internacional en materia civil.

Publicado en: BOE núm. 182, de 31/07/2015.
Entrada en vigor: 20/08/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-8564
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/30/29/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 31/07/2015


[Bloque 1: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La presente Ley de cooperacin jurdica internacional en materia civil da cumplimiento a un mandato ya contenido en la disposicin final vigsima de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, de hecho, pendiente desde la promulgacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial en el ao1985, colmando as la imperiosa necesidad de dotar a Espaa de una regulacin moderna sobre la cooperacin jurdica internacional en materia civil.

Dentro de un complejo marco de relaciones internacionales con numerosos tratados y acuerdos internacionales en vigor, y numerosas disposiciones de la Unin Europea una Ley de cooperacin jurdica internacional interna debe tener un carcter subsidiario. Dicho carcter se pone de manifiesto en el artculo2.a) que, en virtud del principio de primaca del Derecho de la Unin, da prioridad a la aplicacin en esta materia de las normas de la Unin Europea y de los tratados y acuerdos internacionales en los que Espaa sea parte. El principio de especialidad viene reflejado en el artculo2.b) que permite la prioridad de normas sectoriales especficas como las contenidas en la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, en la Ley54/2007, de28 de diciembre, de Adopcin Internacional, en la Ley20/2011, de21 de julio, del Registro Civil, y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo1/2007, de16 de noviembre, tras su modificacin por la Ley3/2014, de27 de marzo. En este marco, es claro que un instrumento como el presente aporta seguridad jurdica y certidumbre aadidas al rea de la cooperacin jurdica internacional.

El marco objetivo de la presente ley debe ser limitado. No se abordan por lo tanto en esta ley, por referencia a normativas sectoriales ms especficas y dado el carcter de marco general de la presente norma, por ejemplo, la regulacin de actos de cooperacin para facilitar la presentacin de demandas, procesos concursales extranjeros, asistencia jurdica gratuita internacional, solicitudes de obtencin de alimentos o sustraccin internacional de menores, en cuanto son materias que tienen un mejor encaje en normativa legal especfica y especializada, y ello sin perjuicio de aplicar a tales materias la presente normativa con carcter subsidiario.

Lo mismo ha de decirse de las normas que regulan las funciones auxiliares a la Administracin de Justicia de los funcionarios diplomticos y consulares de carrera o por otras personas legalmente autorizadas. Se ha podido aprovechar la presente ley para aclarar las competencias de los funcionarios espaoles y las condiciones del ejercicio de tales competencias, tanto por funcionarios espaoles en el extranjero como por agentes extranjeros en Espaa, pero el carcter bsico y su marco general permiten remitir a una legislacin especial y ms detallada estos aspectos.

Tampoco las demandas contra Estados que pudieran encajar en casos admisibles por la Convencin de Naciones Unidas de2 de diciembre de2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, ratificada por Espaa el21 de septiembre de2011, son objeto de un desarrollo procesal especfico en esta ley, ms all de clarificar qu hacer en supuestos de emplazamientos y notificaciones judiciales dirigidos contra Estados extranjeros.

El concepto de cooperacin jurdica internacional se utiliza de forma muy amplia en esta ley, lo que permite incluir materias que como la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecucin de sentencias o la informacin y prueba del Derecho extranjero, en sentido estricto, son ajenas al concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Orgnica del Poder Judicial.

II

La presente ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del rgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo, y parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperacin jurdica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegacin de la cooperacin jurdica internacional cuando exista denegacin reiterada de cooperacin o prohibicin legal de prestarla. Se priman as los intereses de la ciudadana en ver asegurados y protegidos sus derechos, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la actitud ms o menos colaborativa de determinados Estados, lo que no ha de obstar nunca al ofrecimiento de reciprocidad como buena prctica. Estas premisas asumen, as, la obligacin general de cooperacin que emana del Derecho Internacional general.

A la vista de la importancia que en el mundo de la cooperacin jurdica internacional tienen y tendrn las comunicaciones judiciales directas, la ley opta por habilitar a todos los rganos jurisdiccionales espaoles para comunicarse sin intermediacin con rganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los lmites marcados por el respeto a los ordenamientos jurdicos de ambos Estados y a la independencia judicial. La existencia de normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurdico y que articula la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, caso de los artculos11(6), (7) y15 del Reglamento (CE) n.2201/2003 del Consejo, de27 de noviembre de2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.1347/2000, y de los artculos8,9 y31 del Convenio de La Haya, de19 de octubre de1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios, por ejemplo, hace que deba ya proveerse de base normativa habilitante, aun genrica, a las comunicaciones judiciales directas. La actualidad de la materia se manifiesta en la publicacin por la Conferencia de La Haya de la Gua Emergente respecto al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y Principios Generales para las comunicaciones judiciales, incluidas las salvaguardas comnmente aceptadas en casos especficos, dentro del contexto de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya.

III

El ttulo I de la ley regula el rgimen general de la cooperacin jurdica internacional y se aplica a las solicitudes de cooperacin jurdica en materia de notificacin y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales y respecto a la obtencin y prctica de la prueba. Como respuesta a la complejidad tcnica actual inherente a la cooperacin jurdica internacional, se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central espaola. Este til principio de concentracin ya existe en la normativa espaola interna y as, por ejemplo, la Ley20/2011, de21 de julio, del Registro Civil, configura, por razones similares, a la Oficina Central del Registro, como la autoridad encargada en materia de cooperacin internacional en todas aquellas materias sometidas a tal ley. Las funciones del Ministerio de Justicia como autoridad central vienen descritas en el artculo8 de la ley y coinciden en gran medida con las que se le atribuyen en virtud de tratados y acuerdos internacionales y las normas de la Unin Europea, y han de facilitar la cooperacin jurdica internacional tanto si la requiere una autoridad espaola como si es espaola la autoridad requerida.

En el campo de la cooperacin jurdica internacional en materia civil, la presente ley viene a llenar un vaco interno derivado de la ausencia en Espaa de un rgimen legal comn en este sector, aplicable tanto a los actos de comunicacin de documentos judiciales y extrajudiciales como a la prctica y obtencin de pruebas, con la idea de que un rgimen general de la cooperacin jurdica internacional debe disearse como un medio efectivo para facilitar la tarea a los rganos jurisdiccionales en su funcin de administrar justicia, permitindose as la efectividad en el plano internacional de la tutela judicial efectiva.

El vigente rgimen comn interno de la cooperacin jurdica internacional viene dado por las previsiones del artculo177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los artculos276 a278 de la Ley Orgnica del Poder Judicial y por las previsiones del captulo II del ttulo IV del Acuerdo de15 de septiembre de2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (artculos74 al80).

La presente ley integra y detalla, con las adaptaciones precisas, la indicada normativa, y pasa as a cubrir de forma efectiva la remisin legislativa que hace el artculo177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicado a la cooperacin judicial internacional, a la legislacin interna que resulte aplicable en defecto de normas de la Unin Europea y de tratados internacionales que resultasen de aplicacin para la prctica de actuaciones judiciales en el extranjero y para cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperacin de los rganos jurisdiccionales espaoles.

Esta ley mejora la situacin anterior que se apoyaba en el artculo276 de la Ley Orgnica del Poder Judicial para los casos de asistencia judicial activa solicitada por rganos jurisdiccionales espaoles y en los artculos277 y278 de la misma ley para los casos de asistencia judicial pasiva solicitada por rganos jurisdiccionales extranjeros, y llena un vaco legal hace aos demandado.

Las normas contenidas en el captulo I del ttulo I son comunes a la cooperacin jurdica en el mbito de las notificaciones y la obtencin de pruebas. En ellas se describen las vas de transmisin, cuya eleccin en el caso concreto depender, en definitiva, de lo dispuesto en la legislacin del Estado extranjero requerido o requirente, y se establece el contenido mnimo de las solicitudes respecto de las cuales la autoridad central espaola comprobar que renen el contenido y los requisitos fijados legalmente, de modo tal que, cuando la solicitud no rena los requisitos previstos en el artculo10, se devolver a la autoridad requirente, indicando los motivos concretos de la devolucin. La ley igualmente se ocupa del idioma y la tramitacin, que vara segn sean requeridas autoridades espaolas o extranjeras, y se especifica que las solicitudes dirigidas a autoridades espaolas se ejecutarn conforme a las normas procesales espaolas y que solo excepcionalmente y a peticin de la autoridad extranjera se aceptarn procedimientos especiales, siempre que sean compatibles con la legislacin espaola y resulten practicables. Tambin se detallan los motivos de denegacin, estipulndose adems que habr de dictarse resolucin motivada por la que se deniegue la ejecucin de la solicitud.

La ley se ocupa de la ejecucin en el extranjero de diligencias procesales por funcionarios consulares y diplomticos espaoles y aborda cuestiones accesorias a la cooperacin jurdica internacional, permitiendo el uso de cualesquiera medios tecnolgicos que resulten adecuados para la prctica de las diligencias de cooperacin, especificando que los gastos sern a cargo de la autoridad requirente quien podr, en su caso, repercutirlos en la parte a cuya instancia se realice la solicitud de cooperacin jurdica internacional. La autoridad central espaola en ningn caso asumir gasto alguno derivado de las solicitudes de cooperacin que reciba, y podr solicitar una provisin de fondos si la autoridad extranjera con la que coopere le exigiere algn pago vinculado a la solicitud.

IV

En los captulos II, III y IV del ttulo I se regulan los requisitos especiales relativos, respectivamente al mbito de las notificaciones de documentos judiciales y extrajudiciales y a la obtencin de pruebas. La exigida simplificacin de la regulacin se aprecia, por ejemplo, en la eleccin de los medios escogidos para la prctica de los actos de comunicacin, notificacin y traslado de documentos en el extranjero, e incluso se dispone que las autoridades espaolas pueden remitir las comunicaciones directamente a sus destinatarios por correo certificado con acuse de recibo o medio anlogo que deje constancia de su recepcin. Esta posibilidad, cuya introduccin responde a la voluntad de facilitar la notificacin y reducir sus costes, ha de relacionarse con lo dispuesto en el artculo25 respecto al idioma, pues los documentos pueden transmitirse en una lengua que el destinatario entienda, aunque no sea una lengua oficial del Estado requerido. Ninguna de estas previsiones ha de causar dificultad alguna en relacin al futuro reconocimiento y ejecucin de la decisin espaola en el extranjero, si la parte, como es frecuente, comparece y participa en el proceso espaol. Se han previsto, adems, los casos de incomparecencia del demandado y la proteccin de los derechos de defensa en estos casos, y en relacin a los actos de notificacin dirigidos a Estados extranjeros se ha introducido una regla especial en el artculo27, regulndose igualmente en el captulo III los actos de notificacin y traslado de documentos extrajudiciales. El captulo IV contiene normas especiales sobre la prctica y la obtencin de pruebas en el extranjero donde se acude a criterios de simplicidad y subsidiariedad con detalle del procedimiento, contenido y requisitos de tal actividad.

Dentro del rgimen general de la cooperacin jurdica internacional se ha redactado una norma que aborda los problemas especficos de la proteccin de datos personales buscando un equilibrio razonable entre los principios de proporcionalidad y minimizacin, y la necesidad de evitar restricciones o estndares excesivos que pudieran comprometer la necesaria fluidez del trfico judicial internacional. En la norma que se propone se contempla tambin la necesidad de que todos los actos de cooperacin jurdica internacional lleven una informacin clara sobre lmites del uso de los datos personales transmitidos.

V

En materia de prueba del Derecho extranjero, no se estima conveniente alterar el sistema espaol vigente tras la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pero se considera prudente especificar que, cuando no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podr aplicarse el Derecho espaol, en evitacin as de una denegacin de justicia que podra ser injustificada si se desestimara la demanda, y en bsqueda de la efectiva tutela judicial.

Se ha buscado de este modo incidir en uno de los aspectos ms controvertidos del sistema de alegacin y prueba del Derecho extranjero. Nuestro sistema se caracteriza por ser un sistema mixto que combina el principio de alegacin y prueba a instancia de parte con la posibilidad de que el tribunal complete dicha prueba, valindose de cuantos medios de averiguacin estime necesarios. No se especificaba hasta la fecha qu haba que hacer en aquellos supuestos en los que el Derecho extranjero no haya podido probarse. En la prctica forense se haban propuesto en esencia dos soluciones, la desestimacin de la demanda y la aplicacin de la lex fori. El presente texto se decanta por esta ltima solucin, que es la tradicional en nuestro sistema y la mayoritaria en los sistemas de Derecho Internacional privado de nuestro entorno. Es, asimismo, la solucin que ms se adecua a la jurisprudencia constitucional de la que se deduce que la desestimacin de la demanda conculcara en determinados supuestos el derecho a la tutela judicial efectiva.

Debe entenderse que la falta de prueba del Derecho extranjero dentro de un proceso judicial es algo excepcional que solo suceder cuando las partes no consigan probar el Derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en la acreditacin de dicho contenido. Adems, han de respetarse los sistemas especficos que en leyes especiales prevean otras soluciones iguales o diversas, por referencia, por ejemplo a la normativa de proteccin de consumidores y usuarios as como a la registral civil.

Esta ley, adems, clarifica la interpretacin del valor probatorio de la prueba practicada con arreglo a los criterios de la sana crtica y determina el valor de los informes periciales sobre la materia.

VI

En lo relativo a informacin sobre el Derecho extranjero, el sistema que se adopta es subsidiario, lo que condicionar su efectiva aplicacin, respecto de la normativa nacional e internacional, si consideramos los instrumentos vigentes en la Unin Europea, los dos Convenios multilaterales de Londres de7 de junio de1968, con su protocolo adicional hecho en Estrasburgo el15 de marzo de1978, y de Montevideo de8 de mayo de1979, y los bilaterales en que Espaa es parte y que contienen previsiones sobre la materia, caso, por ejemplo, del bilateral con Marruecos de30 de mayo de1997, que regula de forma muy precisa la informacin a suministrar y las vas, realizndose la comunicacin de la mejor forma posible a travs de las autoridades centrales designadas. Es por ello que se regula un proceso habilitante, pero simple y sencillo a la vez, de modo que permita obtener una hipottica respuesta.

En el artculo35, por ejemplo, se regulan las peticiones de informacin de Derecho extranjero por los rganos judiciales, y por los notarios y registradores. En este campo no deben generarse falsas expectativas, pues la regulacin se aplica en defecto de norma convencional o europea y no hay garanta alguna de que las autoridades extranjeras accedan a proporcionar dicha informacin.

VII

La definicin de criterios adecuados en materia de litispendencia internacional y de conexidad es una exigencia ineludible que debe aportar seguridad jurdica y previsibilidad a las partes. Una consecuencia directa de la existencia de procesos paralelos en distintos Estados es la posibilidad de que se dicten resoluciones contradictorias. Esta ley afronta esta cuestin y aporta un mecanismo que se pretende sencillo y eficaz en lnea con las tendencias de la normativa de la Unin Europea.

Los criterios que aporta el nuevo Reglamento (UE) n.1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de12 de diciembre de2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, para casos de procesos pendientes ante rganos jurisdiccionales de terceros Estados, son as generalmente admisibles en relacin a las materias no incluidas en el citado instrumento.

Debe quedar clarificado que la introduccin de normas sobre litispendencia y conexidad en relacin a terceros Estados por el citado Reglamento har que se apliquen las mismas con preferencia sobre las normas contenidas en el presente texto. Por consiguiente, las disposiciones contenidas en ste se aplicarn a las materias no reguladas por el citado Reglamento, esto es, esencialmente, a materias de Derecho de la persona, familia, sucesiones y Derecho concursal.

En el artculo39 se regula la excepcin de litispendencia. Ha de destacarse que la apreciacin de la excepcin es potestativa, al igual que ocurre en el Reglamento de la Unin Europea que inspira a la norma. Ello es adecuado y se justifica puesto que se trata de valorar la concurrencia de un proceso en un tercer Estado con el que no existe vnculo alguno. De ah que la apreciacin de la excepcin se haga depender de una serie de requisitos cumulativos, como que el rgano extranjero est conociendo en virtud de un foro razonable as como que la resolucin eventualmente dictada por dicho rgano sea susceptible de reconocimiento en Espaa. Se exige, por ltimo, que el rgano jurisdiccional espaol concluya que la suspensin del procedimiento abierto en Espaa es necesaria en aras de la buena administracin de justicia. El levantamiento de la suspensin, previsto en el segundo apartado del precepto, se hace asimismo depender de requisitos anlogos, aunque en este caso no son cumulativos sino alternativos (la conclusin o suspensin del procedimiento en el tercer Estado de que se trate; que se estime poco probable que el procedimiento concluya en un plazo razonable o que se considere necesaria la continuacin del procedimiento para la buena administracin de justicia).

El Prembulo del Reglamento (UE) n.1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de12 de diciembre de2012, precisa el sentido de este ltimo requisito relativo a la apreciacin de la buena administracin de justicia en el apartado (24). Seala que ha de hacerse una valoracin del conjunto de las circunstancias del caso, en particular de las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate (aunque esta cuestin se valorar conforme a las previsiones contenidas en la letra a) del artculo39 del presente texto que no tiene parangn en el texto del Reglamento), de la fase en la que se halla el procedimiento en ese tercer Estado y si cabe esperar que se dicte resolucin en un plazo razonable.

VIII

El proceso judicial de exequtur es una de las piezas claves del texto y una de las reas ms necesitadas de reforma en nuestra legislacin interna. La vigente Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derog la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de3 de febrero de1881, con la excepcin, entre otras normas, de los artculos951 a958, sobre eficacia en Espaa de sentencias dictadas por rganos jurisdiccionales extranjeros, que quedaron en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperacin jurdica internacional en materia civil.

El diseo actual de los artculos951 a958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de1881 no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha desbordado el tenor literal de tales preceptos, ni con leyes especiales modernas o con la ms autorizada doctrina. Para el diseo de un nuevo proceso judicial de exequtur se han tenido en cuenta las ms actuales corrientes doctrinales as como las concreciones legislativas ms recientes que, a modo de ejemplo, surgen de la normativa de la Unin Europea, y de ejemplos puntuales de nuestra reciente normativa contenidos en textos como la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, la Ley54/2007, de28 de diciembre, de Adopcin Internacional, y la Ley20/2011, de21 de julio, del Registro Civil.

Las normas que integran el ttulo V suponen una revisin de conjunto del sector del reconocimiento y ejecucin de decisiones extranjeras que se estima especialmente adecuada en virtud de dos consideraciones. En primer lugar, se trata de un mbito especialmente relevante habida cuenta que en los tratados y reglamentos de la Unin Europea rige el principio de reciprocidad, de forma que slo son aplicables respecto a resoluciones judiciales originarias de Estados parte en dichos instrumentos y relativas a materias cubiertas por los mismos. Son, por tanto, muy frecuentes los supuestos en los que habr de aplicarse la normativa interna. Dicha normativa, contenida actualmente en los artculos951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de1881, responde a planteamientos obsoletos y que se han visto superados por la jurisprudencia, de manera que estamos frente a un sector normativo especialmente necesitado de una regulacin moderna y adaptada a las necesidades de una sociedad abierta como la espaola, en la que las relaciones exteriores han dejado de ser un fenmeno minoritario y excepcional. En el ttulo V se opta por el mantenimiento del exequtur como procedimiento especial cuyo objeto es declarar, a ttulo principal, el reconocimiento de una resolucin judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecucin. Ello contrasta con lo establecido en los reglamentos de la Unin Europea y se estima adecuado pues el rgimen contenido en este texto se aplica a resoluciones originarias de pases con los que no se mantiene ningn vnculo y parece conveniente mantener ciertas cautelas antes de dar validez a las decisiones adoptadas por sus rganos jurisdiccionales.

Se clarifican la terminologa y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecucin y sus efectos, y se abordan las cuestiones del reconocimiento y ejecucin parcial, incidental y la de las modificaciones de resoluciones extranjeras, modernizndose las causas de denegacin. El proceso que se disea de exequtur, siempre subsidiario a normas internacionales e internas especiales, solventa todas las carencias procesales que tiene el actual.

Respecto al reconocimiento de una resolucin extranjera de forma incidental se ha evitado una referencia en el artculo44.2 a la apertura de un incidente conforme a lo establecido en los artculos388 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitindose as que el reconocimiento incidental se pueda llevar a cabo de forma gil y ms sencilla en el seno de cada procedimiento segn las leyes procesales, ya que el proceso incidental referido en los artculos388 y siguientes citados parece diseado para otro tipo de cuestiones y su utilizacin supondra encajar un exequtur dentro de un proceso abierto cuando la solucin puede ser ms sencilla al plantearse normalmente el reconocimiento como base de la estimacin o desestimacin de la pretensin principal, de tal modo que ser la sentencia la que determine la aptitud del documento para probar lo que se pretende. Si se tratase de resolver con carcter previo una excepcin procesal, en tal momento puede apreciarse tambin la aptitud del documento para probar las pretensiones.

Se regula por primera vez la necesidad de adaptar las medidas contenidas en la sentencia extranjera que fueren desconocidas en el ordenamiento espaol. Conforme establece el artculo44.4 se adoptar en dicho caso una medida propia del Derecho espaol que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad o intereses similares, si bien tal adaptacin no tendr ms efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Habida cuenta que se trata de una operacin delicada y difcil, cualquiera de las partes podr impugnar la adaptacin realizada.

Por lo que respecta a las resoluciones extranjeras firmes o definitivas que se refieran a materias que por su propia naturaleza son susceptibles de ser modificadas, como por ejemplo las prestaciones de alimentos, las decisiones sobre la guarda y custodia de menores o las medidas de proteccin de menores e incapaces, se establece de manera expresa en el artculo45 que tales resoluciones podrn ser modificadas previo su reconocimiento a ttulo principal o incidental. Esta disposicin no impide que se pueda plantear una nueva demanda en un proceso declarativo ante los rganos jurisdiccionales espaoles, correspondiendo, en definitiva, a las partes optar bien por la modificacin de la sentencia extranjera bien por la apertura de un nuevo procedimiento.

En el artculo46 se establecen las causas de denegacin del reconocimiento de las resoluciones judiciales extranjeras y las transacciones judiciales extranjeras. Se trata de los motivos habituales. En materia de orden pblico debe precisarse que si bien no se recoge en el articulado la referencia a las peculiaridades del mismo en procesos de familia o menores, es claro que si la resolucin afecta a menores de edad, el orden pblico deber valorarse teniendo en cuenta el inters superior del menor, pudiendo evaluarse a efectos denegatorios del exequtur que si la resolucin afecta a menores de edad y se hubiere dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de audiencia al menor, en violacin de principios fundamentales de procedimiento de Espaa, no cabr el exequtur.

Merecen destacarse los preceptos contenidos en los apartados b) y c). El apartado b) hace referencia a la infraccin de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, cuestin que tcnicamente podra subsumirse en el concepto de orden pblico que aparece en el apartado a). Se considera, sin embargo, til esta referencia a efectos didcticos. Es, asimismo, adecuado que, a continuacin, se disponga que si se trata de una decisin dictada en rebelda se entender que se han conculcado los derechos de defensa del demandado si la interposicin de la demanda no se notific de forma regular y con tiempo suficiente. En este punto, la norma es ms estricta que la contenida en los reglamentos de la Unin Europea, que no exigen una estricta regularidad formal de la notificacin. Ello es pertinente, habida cuenta que se trata de una disposicin que se aplicar cuando no rija ni reglamento europeo ni convenio internacional.

El apartado c) del artculo46 regula el denominado control de la competencia del juez de origen, dirigido a verificar que entre la autoridad que dict la resolucin cuyo reconocimiento se solicita y el asunto sobre el que versa la resolucin, existe una conexin razonable, y que no se trata de un asunto de la exclusiva competencia de jueces y tribunales espaoles. Se proporciona una pauta para determinar la existencia de una conexin razonable a partir de la bilateralizacin de los foros establecidos en el Derecho procesal civil internacional espaol, que es suficientemente flexible, pues basta con que el tribunal de origen haya conocido a partir de criterios de conexin similares a los previstos en nuestra legislacin.

Habida cuenta de su cada vez mayor frecuencia se ha incluido una norma especial en materia de reconocimiento de resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas. Se parte de que dichas resoluciones pueden reconocerse y ejecutarse en Espaa, pero con unas cautelas adicionales. As, el artculo47 hace referencia a las acciones colectivas y proporciona herramientas tiles para enfrentarse a algunas class actions que no tienen parangn en nuestro ordenamiento. El reconocimiento de las decisiones dictadas en procesos colectivos se somete a un control de la competencia del juez de origen ms estricto, pues se exige que los foros de competencia en virtud de los cuales conoci la autoridad jurisdiccional extranjera equivalgan a los previstos en la legislacin espaola, no bastando la mera semejanza.

En los artculos48 y49 se prohben la revisin en cuanto al fondo y el control de la ley aplicada, y se permite, en cambio, el reconocimiento parcial. Se trata de reglas habituales en los sistemas de reconocimiento y ejecucin de decisiones extranjeras de los pases de nuestro entorno, que no plantean problemas.

El captulo III se refiere a la ejecucin tanto de las resoluciones como de las transacciones judiciales. Se establece claramente en el artculo50 que la misma solo cabe tras la previa obtencin del exequtur, hacindose por lo dems una remisin a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es especialmente clarificador que se especifique que la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplica tambin a la caducidad de la accin ejecutiva.

El captulo IV regula el procedimiento de exequtur, estableciendo normas de competencia y asistencia jurdica gratuita y detallando el proceso y los recursos admisibles. Las reglas de competencia son exhaustivas y no suponen una alteracin sustancial de las actualmente vigentes.

La cooperacin jurdica internacional debe abordar tambin el mbito extrajudicial en cuanto representa la normalidad de las relaciones jurdicas econmicas y familiares. Es por ello que la presente ley dedica parte de su articulado a la ejecucin y a la notificacin y traslado de documentos pblicos, singularmente notariales, as como a la inscripcin de ttulos extranjeros en los Registros pblicos espaoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles.

Los documentos pblicos, especialmente los notariales, constituyen un pilar de la cooperacin jurdica internacional, como sobradamente se pone de manifiesto en las distintas manifestaciones del Derecho privado de la Unin Europea, y, en general, en el trfico civil y mercantil con terceros pases.

Esa vocacin de circulacin de los documentos pblicos, en cuanto participan en la ley de una definicin comn, tomada de los instrumentos y jurisprudencia de la Unin Europea, determina que la ley establezca un cauce de notificacin y traslado directo para los autorizados por notario. Con ello se atribuye valor normativo a las notificaciones ya frecuentes en el trfico civil y comercial en una economa globalizada.

Por lo que respecta a los documentos pblicos, la ley considera, de una parte, que no es preciso un previo procedimiento de reconocimiento del documento pblico pero, de otra, que habr de ser valorada su eficacia en el pas de origen a fin de establecer que all posee al menos el mismo efecto equivalente. En todo caso, un parmetro comn con las resoluciones judiciales es que el contenido que incorporan no puede contravenir el orden pblico.

Se prev asimismo una regla de adecuacin para las instituciones jurdicas desconocidas anloga a la del artculo44.4. Los notarios y funcionarios pblicos espaoles favorecern la ejecucin en Espaa de los documentos pblicos extranjeros mediante la adecuacin, en su caso, de instituciones jurdicas extranjeras desconocidas, previndose expresamente la posibilidad de recurrir contra la adaptacin directamente ante un rgano jurisdiccional.

Elemento esencial de la seguridad jurdica es la inscripcin en los Registros pblicos espaoles de las resoluciones judiciales y de los documentos pblicos extranjeros. La ntegra actividad registral se rige por las leyes especficas registrales espaolas, siendo por tanto un mbito reservado al legislador espaol. A este por tanto corresponde, como se hace en la presente ley, establecer la actividad del Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles en relacin al reconocimiento incidental de las resoluciones judiciales, contenciosas o dictadas en procedimientos de jurisdiccin voluntaria, presentadas a inscripcin, si fueren firmes o definitivas, o anotacin en otro caso. No obstante, el interesado en la inscripcin puede acudir previamente al reconocimiento principal de la resolucin, para despus pretender la inscripcin, la cual se practicar segn las reglas generales de la legislacin registral en relacin a resoluciones judiciales espaolas.

La ley prev la adaptacin de los ttulos extranjeros. Como una aplicacin especfica de esta tcnica, el registrador la podr utilizar para el caso de que se ordenen medidas o incorporen instituciones o derechos que resulten desconocidos en Derecho espaol, en cuyo caso se adaptarn, en lo posible, a una medida u orden prevista o conocida en el ordenamiento jurdico espaol que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, sin que tal adaptacin tenga ms efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen, siendo precisa antes de la inscripcin una comunicacin al titular del derecho o medida de que se trate de la adaptacin a realizar. Queda a salvo, en todo caso, que pueda ser impugnada la adaptacin realizada. La inscripcin de los documentos pblicos extranjeros se regir por la ley espaola especfica aplicable.

Finalmente, se introducen una disposicin final tercera que modifica el artculo27 de la Ley5/2012, de6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles, una disposicin final segunda que modifica la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a lo establecido en el Reglamento (UE)1015/2012 del Parlamento y del Consejo, de12 de diciembre de2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y al Reglamento (UE) n.650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de4 de julio2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones, a la aceptacin y la ejecucin de los documentos pblicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creacin de un certificado sucesorio europeo, adems de una disposicin final primera de modificacin de la Ley Hipotecaria que incorpora dicho certificado. Por ltimo, mediante la disposicin final cuarta se modifica la Ley2/2014, de25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado, para reconocer tambin el carcter oficial de las traducciones de documentos pblicos extranjeros hechas o asumidas por las representaciones de Espaa en el exterior o las hechas por representaciones extranjeras en Espaa de documentos pblicos de su propio Estado. Con ello se facilita la relacin de los ciudadanos con las Administraciones Pblicas, en especial cuando se trata de expedientes o procedimientos que se tramitan, al menos parcialmente, en el extranjero.


[Bloque 2: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo1. Objeto.

1. La presente ley regula la cooperacin jurdica internacional entre las autoridades espaolas y extranjeras.

2. Esta ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del rgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.


[Bloque 4: #a2]

Artculo2. Fuentes.

La cooperacin jurdica internacional en materia civil y mercantil, se rige por:

a) Las normas de la Unin Europea y los tratados internacionales en los que Espaa sea parte.

b) Las normas especiales del Derecho interno.

c) Subsidiariamente, por la presente ley.


[Bloque 5: #a3]

Artculo3. Principio general favorable de cooperacin.

1. Las autoridades espaolas cooperarn con las autoridades extranjeras en las materias objeto de esta ley conforme a lo establecido en el artculo anterior.

2. Pese a no exigirse reciprocidad, el Gobierno podr, mediante real decreto, establecer que las autoridades espaolas no cooperarn con las autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegacin reiterada de cooperacin o prohibicin legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.

3. En la interpretacin y aplicacin de la presente ley se procurar asegurar una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legtimos de los particulares.

4. Todas las solicitudes de cooperacin jurdica internacional se llevarn a cabo y ejecutarn sin dilacin, de acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinacin.


[Bloque 6: #a4]

Artculo4. Comunicaciones judiciales directas.

Los rganos jurisdiccionales espaoles estarn habilitados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas, respetando en todo caso la legislacin en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas aqullas que tienen lugar entre rganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediacin alguna. Tales comunicaciones no afectarn ni comprometern la independencia de los rganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa de las partes.


[Bloque 7: #ti]

TTULO I

Rgimen general de la cooperacin jurdica internacional


[Bloque 8: #ci]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 9: #a5]

Artculo5. mbito de aplicacin.

El presente ttulo se aplica a los actos de cooperacin jurdica internacional, en particular a los actos de comunicacin y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, tales como notificaciones, citaciones y requerimientos, as como a las comisiones rogatorias que tengan por objeto los actos relativos a la obtencin y prctica de pruebas.


[Bloque 10: #a6]

Artculo6. Efectos.

Los actos de cooperacin jurdica internacional realizados por autoridades espaolas no prejuzgan la determinacin de la competencia judicial internacional ni el reconocimiento y ejecucin en Espaa de resoluciones judiciales extranjeras.


[Bloque 11: #a7]

Artculo7. Autoridad central espaola.

La autoridad central espaola en materia de cooperacin jurdica internacional en materia civil es el Ministerio de Justicia.


[Bloque 12: #a8]

Artculo8. Funciones de la autoridad central espaola.

Corresponde a la autoridad central espaola:

a) Verificar la adecuacin de las solicitudes que se reciban a lo previsto en los artculos10,11,30 y31 y dems normas concordantes de aplicacin.

b) Prestar el auxilio y la colaboracin que las autoridades judiciales competentes requieran en materia de cooperacin jurdica internacional.

c) Garantizar la correcta tramitacin de las solicitudes de cooperacin jurdica internacional.

d) Promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperacin disponibles.

e) Proporcionar informacin sobre Derecho espaol cuando proceda con arreglo a lo previsto en el artculo36, as como informacin sobre Derecho extranjero, conforme a lo dispuesto en los artculos34 y35.

f) Solventar en lo posible las dificultades que puedan suscitarse en el cumplimiento de las solicitudes de cooperacin jurdica internacional.

g) Colaborar con las autoridades centrales de otros Estados, as como con otras autoridades espaolas y extranjeras.


[Bloque 13: #a9]

Artculo9. Transmisin de las solicitudes.

Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional en materia civil podrn transmitirse, siempre que estuvieran previstas en el ordenamiento jurdico de ambos Estados, por cualquiera de las siguientes vas:

a) Por la va consular o diplomtica.

b) A travs de las respectivas autoridades centrales.

c) Directamente entre los rganos jurisdiccionales.

d) Por conducto notarial, si ello es compatible con la naturaleza del acto de cooperacin.


[Bloque 14: #a10]

Artculo10. Contenido y requisitos mnimos de las solicitudes de cooperacin

1. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional debern especificar:

a) La autoridad requirente y, si fuere conocida, la autoridad requerida, con indicacin de todos los datos disponibles, en particular de la direccin postal y electrnica.

b) El nombre y la direccin de las partes y, en su caso, de sus representantes procesales.

c) El nombre y la direccin de la persona a quien se refiera la diligencia, y cuantos datos adicionales de identificacin fueren conocidos y necesarios para el cumplimiento de la solicitud.

d) El proceso judicial y el objeto del mismo, as como una exposicin sumaria de los hechos.

e) Una descripcin detallada de la diligencia solicitada y de las resoluciones o decisiones en que se fundamente.

f) Los documentos debidamente traducidos y, en su caso, debidamente legalizados o apostillados, as como una relacin detallada de los mismos.

g) Caso de estar sujeta la diligencia solicitada a plazo o ser de urgente realizacin, la indicacin de los plazos precisos para el cumplimiento y una motivacin de las razones que justifican la urgencia.

2. La autoridad central espaola comprobar que la solicitud de cooperacin rene el contenido y los requisitos que sealan el apartado anterior y el artculo11. Cuando la solicitud no rena tales requisitos se devolver a la autoridad requirente, indicando los motivos concretos de la devolucin.


[Bloque 15: #a11]

Artculo11. Idioma.

1. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional, y sus documentos adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera, debern acompaarse de una traduccin a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por ste.

2. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional dirigidas a las autoridades espaolas, y sus documentos adjuntos, debern acompaarse de una traduccin con arreglo al artculo144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


[Bloque 16: #a12]

Artculo12. Tramitacin.

1. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional acordadas por las autoridades espaolas se enviarn mediante oficio a la autoridad central espaola que las transmitir a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por va diplomtica o consular, bien a travs de la autoridad central de dicho Estado si existiere y a ello no se opusiere su legislacin. Podrn asimismo remitirse directamente por las autoridades espaolas a las autoridades competentes del Estado requerido, de acuerdo con lo previsto en el artculo9, si ello estuviere previsto en su legislacin.

2. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las solicitudes de cooperacin jurdica internacional acordadas por autoridades extranjeras se transmitirn a la autoridad central espaola, que las remitir a las autoridades espaolas competentes para su ejecucin.

3. La transmisin podr realizarse por cualquier medio que garantice la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones y que los documentos son autnticos y legibles.

4. Una vez ejecutadas, las solicitudes se devolvern por la va de transmisin utilizada para cursarlas.


[Bloque 17: #a13]

Artculo13. Procedimiento de ejecucin.

Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional se ejecutarn sin dilacin conforme a las normas procesales espaolas. Excepcionalmente y a solicitud de la autoridad extranjera requirente podrn aceptarse formalidades o procedimientos especiales, si ello es compatible con la legislacin espaola y resulta practicable.


[Bloque 18: #a14]

Artculo14. Motivos de denegacin.

1. Las autoridades judiciales espaolas denegarn las solicitudes de cooperacin jurdica internacional cuando:

a) El objeto o finalidad de la cooperacin solicitada sea contrario al orden pblico.

b) El proceso de que dimane la solicitud de cooperacin sea de la exclusiva competencia de la jurisdiccin espaola.

c) El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espaola requerida. En su caso, sta podr remitir la solicitud a la autoridad competente, informando de ello a la autoridad requirente.

d) La solicitud de cooperacin internacional no rena el contenido y requisitos mnimos exigidos por esta ley para su tramitacin.

e) Se cumpla el supuesto recogido en el apartado2 del artculo3.

2. Se comunicar a las autoridades requirentes la resolucin motivada por la que se deniegue la solicitud de cooperacin.


[Bloque 19: #a15]

Artculo15. Ejecucin por funcionarios diplomticos y consulares espaoles de diligencias procesales.

1. Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad judicial espaola podrn ser ejecutadas en el extranjero por funcionario diplomtico o consular espaol siempre que no impliquen coaccin, la ley espaola no requiera de modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcacin consular y a ello no se oponga la legislacin del Estado receptor.

2. En estos casos, la autoridad judicial espaola elevar oficio a la autoridad central espaola para que sta traslade la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, que la har llegar al funcionario diplomtico o consular espaol encargado de su ejecucin.


[Bloque 20: #a16]

Artculo16. Desplazamiento al extranjero de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia y de otro personal.

Las autoridades espaolas estn habilitadas, con carcter general, para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. Estos desplazamientos se ajustarn, en todo caso, a lo previsto por la legislacin especfica.


[Bloque 21: #a17]

Artculo17. Medios tcnicos y electrnicos.

1. Podr solicitarse la utilizacin de cualesquiera medios tcnicos y electrnicos de comunicacin para la prctica de las diligencias de cooperacin jurdica internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado.

2. Si en el rgano jurisdiccional del Estado requirente o requerido no se dispone de acceso a los indicados medios, sern admisibles cualesquiera acuerdos que permitan su facilitacin.


[Bloque 22: #a18]

Artculo18. Gastos, costas y asistencia jurdica gratuita.

1. Los gastos relativos al trmite y ejecucin de las solicitudes de cooperacin jurdica internacional sern a cargo de la autoridad requirente o en su caso de la parte a cuya instancia se realicen.

2. Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades espaolas, el interesado podr solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa sobre asistencia jurdica gratuita.

Cuando el solicitante de la cooperacin est exento del pago de los gastos de las actuaciones procesales, se aplicar lo previsto para quienes gocen del derecho a la asistencia jurdica gratuita.

3. La autoridad central espaola no estar obligada a asumir gasto alguno en relacin con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en este ttulo ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participacin de un abogado, procurador u otro profesional requerido. La autoridad central espaola podr solicitar una provisin de fondos.


[Bloque 23: #a19]

Artculo19. Normativa general en materia de proteccin de datos.

1. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional contendrn nicamente los datos personales necesarios para su ejecucin. Los datos transmitidos no pueden usarse ni tratarse para fines no directamente relacionados con la solicitud sin la expresa autorizacin de la autoridad requirente.

2. Las solicitudes de cooperacin jurdica internacional cursadas a instancias de un rgano jurisdiccional espaol harn constar que los datos personales contenidos en ellas se transmiten a los nicos efectos previstos en la solicitud, no pudindose usar o tratar para fines no directamente relacionados o derivados de aqulla sin la expresa autorizacin de la autoridad requirente.

3. El juez podr adoptar, de oficio o a instancia de parte, las salvaguardas necesarias para proteger la confidencialidad de los datos personales.


[Bloque 24: #cii]

CAPTULO II

De los actos de notificacin y traslado de documentos judiciales


[Bloque 25: #a20]

Artculo20. mbito de aplicacin.

El presente captulo regula los requisitos especiales aplicables a los actos de notificacin y traslado de documentos judiciales que deban ser remitidos desde Espaa a un Estado extranjero o desde un Estado extranjero a Espaa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo9.


[Bloque 26: #a21]

Artculo21. Medios de comunicacin, notificacin y traslado al extranjero.

1. Los rganos jurisdiccionales espaoles podrn transmitir solicitudes de notificacin y traslado de documentos al extranjero:

a) A travs de la autoridad central espaola, que las har llegar a las autoridades competentes del Estado requerido por va consular o diplomtica, o a travs de su autoridad central, conforme a lo previsto en el artculo12.1.

b) Directamente a la autoridad competente del Estado requerido conforme a lo previsto en el artculo12.1.

2. Siempre que no se oponga la legislacin del Estado de destino, las autoridades espaolas podrn practicar las comunicaciones directamente a sus destinatarios por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garanta que permita dejar constancia de su recepcin.


[Bloque 27: #a22]

Artculo22. Medios de comunicacin, notificacin y traslado en Espaa.

Para la prctica de notificacin y traslado de documentos judiciales en Espaa que provengan de una autoridad extranjera, sern aceptables las vas previstas en el apartado1 del artculo anterior. Se admite tambin la comunicacin directa al destinatario por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garanta que permita dejar constancia de su recepcin.


[Bloque 28: #a23]

Artculo23. Fecha de notificacin o traslado.

La fecha de notificacin o traslado ser aquella en que el documento haya sido efectivamente notificado o trasladado de conformidad con el Derecho interno del Estado requerido o del lugar de la notificacin y traslado.


[Bloque 29: #a24]

Artculo24. Incomparecencia del demandado.

1. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado para su notificacin o traslado y el demandado no comparezca, se suspender el procedimiento mientras no se acredite que el documento ha sido regularmente notificado. Ello no impedir la adopcin de medidas provisionales y cautelares.

2. Transcurridos seis meses desde la fecha de envo del documento, la autoridad competente proveer a instancia de parte interesada aun cuando no haya podido certificar que la notificacin ha tenido lugar.


[Bloque 30: #a25]

Artculo25. Idioma.

1. Sin perjuicio de lo que pueda exigir la ley del Estado de destino, los documentos objeto de notificacin o traslado al extranjero debern acompaarse de una traduccin a la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el destinatario entienda.

2. Si la comunicacin proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en Espaa, los documentos debern ir acompaados de una traduccin al espaol o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autnoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los trminos establecidos en el apartado anterior.


[Bloque 31: #a26]

Artculo26. Certificado.

Realizada cualquier diligencia de notificacin o traslado, podr solicitarse la emisin por el Estado requerido de un certificado relativo al cumplimiento de los trmites y la forma en que se ha llevado a cabo la diligencia, pudiendo para ello utilizarse el idioma del propio Estado requerido.


[Bloque 32: #a27]

Artculo27. Emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados extranjeros.

1. Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos de comunicacin judicial dirigidos a Estados extranjeros se realizarn por va diplomtica a travs del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, debiendo comunicarse por nota verbal y de conformidad con lo establecido en la Convencin de Viena sobre Relaciones Diplomticas de18 de abril de1961.

2. Los rganos jurisdiccionales espaoles comunicarn al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita informe en relacin con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdiccin y ejecucin, del que dar traslado al rgano jurisdiccional competente por la misma va.

3. En los procesos civiles que se sigan en Espaa contra Estados extranjeros, el primer emplazamiento, que se realizar por la va diplomtica prevista en el apartado1, se entender efectuado dos meses despus de la fecha que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepcin.


[Bloque 33: #ciii]

CAPTULO III

De los actos de notificacin y traslado de documentos extrajudiciales


[Bloque 34: #a28]

Artculo28. Documentos extrajudiciales.

1. Los documentos autorizados o expedidos por notario, autoridad o funcionario competente podrn ser objeto de traslado o notificacin de conformidad con las previsiones del captulo anterior que le sean aplicables atendiendo a su especial naturaleza.

2. Los documentos extrajudiciales podrn ser remitidos a notario, autoridad o funcionario pblico a travs de la autoridad central o de forma directa.

3. La solicitud contendr al menos la siguiente informacin:

a) La naturaleza, fecha e identificacin del documento.

b) El nombre y direccin postal o electrnica del notario, autoridad o funcionario que lo haya autorizado o expedido.

c) La pretensin notificada y consecuencias, en su caso, de su incumplimiento y si se indicara, el plazo requerido para ello.


[Bloque 35: #civ]

CAPTULO IV

De la prctica y obtencin de pruebas


[Bloque 36: #a29]

Artculo29. mbito de aplicacin.

1. El presente captulo se aplica a la prctica y obtencin de pruebas en el extranjero para que surtan efecto en un procedimiento judicial en Espaa, o en Espaa para que surtan efecto en un proceso extranjero.

2. La prueba solicitada debe tener relacin directa con un proceso ya iniciado o futuro.

3. Cuando se solicite en Espaa la prctica de una prueba con anterioridad al inicio del procedimiento judicial extranjero, se exigir que la prctica anticipada de la prueba sea admisible conforme a la legislacin espaola.

La prueba practicada en Espaa que haya de surtir efectos en un proceso extranjero deber respetar las garantas previstas en la legislacin espaola y practicarse conforme a la normativa procesal espaola.


[Bloque 37: #a30]

Artculo30. Contenido de la solicitud.

Adems de la prevista en el artculo10, las solicitudes de cooperacin internacional en materia de obtencin de pruebas debern reunir la siguiente informacin:

a) La descripcin de las diligencias de obtencin de pruebas solicitadas.

b) La indicacin de si se solicita la prctica de la prueba conforme a un procedimiento previsto en la legislacin del Estado requirente y las aclaraciones necesarias para su aplicacin.

c) La indicacin de si se solicita el uso de medios tecnolgicos de comunicacin.

d) La solicitud de las partes interesadas, sus representantes o algn funcionario del Estado requirente para asistir a la ejecucin de la diligencia solicitada.


[Bloque 38: #a31]

Artculo31. Descripcin de las diligencias de obtencin de prueba.

A los efectos de lo previsto en el artculo anterior, las diligencias de obtencin de prueba detallarn los siguientes extremos:

a) Si se trata de una solicitud dirigida a tomar declaracin a una persona, el nombre y la direccin de dicha persona, las preguntas que hayan de formulrsele o los hechos sobre los que verse; en su caso, informacin sobre la existencia de un derecho a no prestar declaracin con arreglo al ordenamiento jurdico del Estado requirente, la solicitud de recibir la declaracin bajo juramento o promesa de decir la verdad o, en su caso, la frmula que haya de emplearse, y cualquier otra informacin que el rgano jurisdiccional requirente estime necesaria.

b) Si se trata de examen de testigos, el nombre y apellidos y todos los datos de identificacin y localizacin de los mismos de que se disponga; en su caso, las preguntas que debern formularse al testigo o exposicin de los hechos sobre los que se efectuar su examen, el derecho a negarse a testificar segn la legislacin del Estado requirente, el ruego de que se examine al testigo bajo juramento o promesa o en forma de declaracin y cualquier otra informacin que el rgano jurisdiccional requirente estime necesaria.

c) Si se trata de cualquier otra prueba, los documentos u otros objetos que deban examinarse. En el caso de que se solicite la exhibicin de documentos u otros soportes de informacin, stos debern estar identificados razonablemente; adems, debern especificarse aquellos hechos o circunstancias que permitan sostener que los documentos pedidos se encuentran bajo el control o custodia de la persona a quien se requieran y especificarse, en su caso, el derecho a no aportar documentos segn la legislacin del Estado requirente.


[Bloque 39: #a32]

Artculo32. Prctica en Espaa de la prueba solicitada por una autoridad extranjera.

1. Recibida la solicitud de una autoridad extranjera, se proceder a la prctica de la prueba y, una vez cumplimentada la comisin rogatoria, se remitirn al requirente los documentos que lo acrediten.

2. La prueba no se practicar cuando concurra alguno de los motivos de denegacin establecidos en el artculo14. En cualquier caso, la prueba no se practicar cuando la persona designada justifique su negativa en una exencin o una prohibicin de declarar o de aportar documentos, establecida o reconocida por la ley espaola o por la ley del Estado requirente.

3. Cuando se deniegue la prctica de la prueba debern devolverse al requirente los documentos con expresin de los motivos de denegacin.


[Bloque 40: #tii]

TTULO II

De la prueba del Derecho extranjero


[Bloque 41: #a33]

Artculo33. De la prueba del Derecho extranjero.

1. La prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero se someter a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dems disposiciones aplicables en la materia.

2. Los rganos jurisdiccionales espaoles determinarn el valor probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero de acuerdo con las reglas de la sana crtica.

3. Con carcter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podr aplicarse el Derecho espaol.

4. Ningn informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho extranjero, tendr carcter vinculante para los rganos jurisdiccionales espaoles.


[Bloque 42: #tiii]

TTULO III

De la informacin del Derecho extranjero


[Bloque 43: #a34]

Artculo34. De la informacin jurdica.

La informacin del Derecho extranjero podr referirse, al texto, vigencia y contenido de la legislacin, a su sentido y alcance, a la jurisprudencia, al marco procedimental y de la organizacin judicial, y a cualquier otra informacin jurdica relevante.


[Bloque 44: #a35]

Artculo35. De las solicitudes de informacin de Derecho extranjero.

1. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, los rganos judiciales, y los notarios y registradores, podrn elevar las solicitudes de informacin de Derecho extranjero mediante oficio a la autoridad central espaola para ser utilizadas en un proceso judicial espaol o por una autoridad espaola en el marco de sus competencias.

2. La solicitud de informacin podr contener la peticin de informes de autoridades, dictmenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales certificados y cualquier otra que se estime relevante.

3. La autoridad central har llegar las solicitudes a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por la va consular o diplomtica, bien a travs de su autoridad central si existiere y estuviere previsto en su ordenamiento. La autoridad central espaola facilitar, en su caso, las comunicaciones judiciales directas entre rganos jurisdiccionales espaoles y extranjeros.

4. Las solicitudes de informacin debern especificar la autoridad requirente con mencin de su direccin postal o electrnica, la naturaleza del asunto, una exposicin detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al idioma de la autoridad requerida. Podrn unirse a la solicitud de informacin copias de aquellos documentos que se consideren imprescindibles para precisar su alcance.

5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste, el mismo ser a cargo de la parte solicitante. En este caso podr ser solicitada provisin de fondos.


[Bloque 45: #a36]

Artculo36. De las solicitudes de informacin de Derecho espaol.

1. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las autoridades extranjeras podrn dirigir las solicitudes de informacin de Derecho espaol a la autoridad central espaola para ser utilizadas en un proceso judicial extranjero o por una autoridad extranjera en el marco de sus competencias.

2. La solicitud de informacin podr contener la peticin de informes de autoridades, dictmenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales certificados y cualquier otra que se estime relevante.

3. Las solicitudes de informacin debern especificar la autoridad requirente con mencin de su direccin postal o electrnica, la naturaleza del asunto, una exposicin detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al espaol.

4. Las solicitudes de informacin de Derecho espaol podrn ser respondidas directamente por la autoridad central espaola o transmitirse a otros organismos pblicos o privados.

5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste, el mismo siempre ser a cargo de la autoridad requirente y a tales efectos podr ser solicitada provisin de fondos.


[Bloque 46: #tiv]

TTULO IV

De la litispendencia y de la conexidad internacionales


[Bloque 47: #ci-2]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 48: #a37]

Artculo37. Concepto de pendencia.

A los efectos de este ttulo, un proceso se considerar pendiente desde el momento de interposicin de la demanda, si despus es admitida.


[Bloque 49: #a38]

Artculo38. Procedimiento.

Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarn y tramitarn como la excepcin de la litispendencia interna.


[Bloque 50: #cii-2]

CAPTULO II

De la litispendencia internacional


[Bloque 51: #a39]

Artculo39. Litispendencia internacional.

1. Cuando exista un proceso pendiente con idntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los rganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un rgano jurisdiccional espaol, el rgano jurisdiccional espaol podr suspender el procedimiento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la competencia del rgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexin razonable con el litigio. Se presumir la existencia de una conexin razonable cuando el rgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los previstos en la legislacin espaola para ese caso concreto.

b) Que sea previsible que el rgano jurisdiccional extranjero dicte una resolucin susceptible de ser reconocida en Espaa.

c) Y que el rgano jurisdiccional espaol considere necesaria la suspensin del procedimiento en aras de la buena administracin de justicia.

2. Los rganos jurisdiccionales espaoles podrn acordar la continuacin del proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el tribunal extranjero se hubiera declarado incompetente, o si, requerido por cualquier de las partes, no se hubiera pronunciado sobre su propia competencia.

b) Que el proceso ante el rgano jurisdiccional del otro Estado sea suspendido o haya sido sobresedo.

c) Que se estime poco probable que el proceso ante el rgano jurisdiccional del otro Estado concluya en un tiempo razonable.

d) Que se considere necesaria la continuacin del proceso para la buena administracin de justicia.

e) Que se entienda que la sentencia definitiva que eventualmente pueda llegar a dictarse no ser susceptible de ser reconocida y, en su caso, ejecutada en Espaa.

3. El rgano jurisdiccional espaol pondr fin al proceso y archivar las actuaciones si el proceso ante el rgano jurisdiccional del otro Estado ha concluido con una resolucin susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecucin en Espaa.


[Bloque 52: #ciii-2]

CAPTULO III

De las demandas conexas


[Bloque 53: #a40]

Artculo40. Demandas conexas.

1. Se considerarn conexas a los efectos de este artculo las demandas vinculadas entre s por una relacin tan estrecha que sera oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables.

2. Cuando exista un proceso pendiente ante los rganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone ante un rgano jurisdiccional espaol una demanda conexa, este ltimo podr, a instancia de parte, y previo informe del Ministerio Fiscal, suspender el proceso siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sea conveniente or y resolver conjuntamente las demandas conexas para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables.

b) Que sea previsible que el rgano jurisdiccional del Estado extranjero dicte una resolucin susceptible de ser reconocida en Espaa.

c) Y que el rgano jurisdiccional espaol considere necesaria la suspensin del proceso en aras de la buena administracin de justicia.

3. El rgano jurisdiccional espaol podr continuar con el proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que considere que ya no existe riesgo de resoluciones contradictorias.

b) Que el proceso extranjero sea suspendido o concluido.

c) Que estime poco probable que el proceso extranjero pueda concluirse en un tiempo razonable.

d) Que considere necesaria la continuacin del proceso en aras de la buena administracin de justicia.


[Bloque 54: #tv]

TTULO V

Del reconocimiento y ejecucin de resoluciones judiciales y documentos pblicos extranjeros, del procedimiento de exequtur y de la inscripcin en Registros pblicos


[Bloque 55: #ci-3]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 56: #a41]

Artculo41. mbito de aplicacin.

1. Sern susceptibles de reconocimiento y ejecucin en Espaa de conformidad con las disposiciones de este ttulo las resoluciones extranjeras firmes recadas en un procedimiento contencioso.

2. Tambin sern susceptibles de reconocimiento y ejecucin de conformidad con las disposiciones de este ttulo las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdiccin voluntaria.

3. Sern susceptibles de ejecucin los documentos pblicos extranjeros en los trminos previstos en esta ley.

4. Slo sern susceptibles de reconocimiento y ejecucin las medidas cautelares y provisionales, cuando su denegacin suponga una vulneracin de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria.


[Bloque 57: #a42]

Artculo42. Procedimiento de exequtur.

1. El procedimiento para declarar a ttulo principal el reconocimiento de una resolucin judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecucin se denominar procedimiento de exequtur.

2. El mismo procedimiento se podr utilizar para declarar que una resolucin extranjera no es susceptible de reconocimiento en Espaa por incurrir en alguna de las causas de denegacin previstas en el artculo46.


[Bloque 58: #a43]

Artculo43. Definiciones.

A los efectos de este ttulo se entender por:

a) Resolucin: cualquier decisin adoptada por un rgano jurisdiccional de un Estado, con independencia de su denominacin, incluida la resolucin por la cual el secretario judicial o autoridad similar liquide las costas del proceso.

b) Resolucin firme: aquella contra la que no cabe recurso en el Estado de origen.

c) rgano jurisdiccional: toda autoridad judicial o toda autoridad que tenga atribuciones anlogas a las de las autoridades judiciales de un Estado, con competencia en las materias propias de esta ley.

d) Transaccin judicial: todo acuerdo aprobado por un rgano jurisdiccional de un Estado o concluido ante un rgano jurisdiccional de un Estado en el curso del procedimiento.

e) Documento pblico: cualquier documento formalizado o registrado oficialmente con esta denominacin en un Estado y cuya autenticidad se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y haya sido establecida por una autoridad pblica u otra autoridad habilitada a tal fin.


[Bloque 59: #cii-3]

CAPTULO II

Del reconocimiento


[Bloque 60: #a44]

Artculo44. Reconocimiento.

1. Se reconocern en Espaa las resoluciones extranjeras que cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones de este ttulo.

2. Cuando el reconocimiento de una resolucin extranjera se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial, el juez que conozca del mismo deber pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el seno de cada procedimiento judicial segn lo dispuesto en las leyes procesales. La eficacia del reconocimiento incidental quedar limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedir que se solicite el exequtur de la resolucin extranjera.

3. En virtud del reconocimiento la resolucin extranjera podr producir en Espaa los mismos efectos que en el Estado de origen.

4. Si una resolucin contiene una medida que es desconocida en el ordenamiento jurdico espaol, se adaptar a una medida conocida que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptacin no tendr ms efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Cualquiera de las partes podr impugnar la adaptacin de la medida.


[Bloque 61: #a45]

Artculo45. Resoluciones extranjeras susceptibles de modificacin.

1. Una resolucin extranjera podr ser modificada por los rganos jurisdiccionales espaoles siempre que hubiera obtenido previamente su reconocimiento por va principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este ttulo.

2. Esto no impedir que se pueda plantear una nueva demanda en un procedimiento declarativo ante los rganos jurisdiccionales espaoles.


[Bloque 62: #a46]

Artculo46. Causas de denegacin del reconocimiento.

1. Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocern:

a) Cuando fueran contrarias al orden pblico.

b) Cuando la resolucin se hubiera dictado con manifiesta infraccin de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolucin se hubiera dictado en rebelda, se entiende que concurre una manifiesta infraccin de los derechos de defensa si no se entreg al demandado cdula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

c) Cuando la resolucin extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los rganos jurisdiccionales espaoles o, respecto a las dems materias, si la competencia del juez de origen no obedeciere a una conexin razonable. Se presumir la existencia de una conexin razonable con el litigio cuando el rgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislacin espaola.

d) Cuando la resolucin fuera inconciliable con una resolucin dictada en Espaa.

e) Cuando la resolucin fuera inconciliable con una resolucin dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta ltima resolucin reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en Espaa.

f) Cuando existiera un litigio pendiente en Espaa entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.

2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocern cuando fueran contrarias al orden pblico.


[Bloque 63: #a47]

Artculo47. Acciones colectivas.

1. Las resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas sern susceptibles de reconocimiento y ejecucin en Espaa. En particular, para su oponibilidad en Espaa a afectados que no se hayan adherido expresamente ser exigible que la accin colectiva extranjera haya sido comunicada o publicada en Espaa por medios equivalentes a los exigidos por la ley espaola y que dichos afectados hayan tenido las mismas oportunidades de participacin o desvinculacin en el proceso colectivo que aqullos domiciliados en el Estado de origen.

2. En estos casos, la resolucin extranjera no se reconocer cuando la competencia del rgano jurisdiccional de origen no se hubiera basado en un foro equivalente a los previstos en la legislacin espaola.


[Bloque 64: #a48]

Artculo48. Prohibicin de revisin del fondo.

En ningn caso la resolucin extranjera podr ser objeto de una revisin en cuanto al fondo. En particular, no podr denegarse el reconocimiento por el hecho de que el rgano judicial extranjero haya aplicado un ordenamiento distinto al que habra correspondido segn las reglas del Derecho Internacional privado espaol.


[Bloque 65: #a49]

Artculo49. Reconocimiento parcial.

Cuando la resolucin extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones y no pudiere reconocerse la totalidad del fallo, se podr conceder el reconocimiento para uno o varios de los pronunciamientos.


[Bloque 66: #ciii-3]

CAPTULO III

De la ejecucin


[Bloque 67: #a50]

Artculo50. Ejecucin.

1. Las resoluciones judiciales extranjeras que tengan fuerza ejecutiva en el Estado de origen sern ejecutables en Espaa una vez se haya obtenido el exequtur de acuerdo con lo previsto en este ttulo.

2. El procedimiento de ejecucin en Espaa de las resoluciones extranjeras se regir por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo la caducidad de la accin ejecutiva.

3. Podr solicitarse la ejecucin parcial de una resolucin.


[Bloque 68: #a51]

Artculo51. Ejecucin de transacciones judiciales.

Las transacciones judiciales extranjeras que hayan sido reconocidas se ejecutarn de conformidad con lo establecido en el artculo anterior.


[Bloque 69: #civ-2]

CAPTULO IV

Del procedimiento judicial de exequtur


[Bloque 70: #a52]

Artculo52. Competencia.

1. La competencia para conocer de las solicitudes de exequtur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecucin, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolucin judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se determinar por el lugar de ejecucin o por el lugar en el que la resolucin deba producir sus efectos, siendo competente, en ltimo caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequtur.

2. La competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las solicitudes de exequtur de resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su competencia se determinar con arreglo a los criterios establecidos en el apartado1.

3. Si la parte contra la que se insta el exequtur estuviera sometida a proceso concursal en Espaa y la resolucin extranjera tuviese por objeto algunas de las materias competencia del juez del concurso, la competencia para conocer de la solicitud de exequtur corresponder al juez del concurso y se sustanciar por los trmites del incidente concursal.

4. El rgano jurisdiccional espaol controlar de oficio la competencia objetiva para conocer de estos procesos.


[Bloque 71: #a53]

Artculo53. Asistencia jurdica gratuita.

Las partes en el proceso de exequtur podrn solicitar las prestaciones que pudieren corresponderles conforme a la Ley1/1996, de10 de enero, de asistencia jurdica gratuita.


[Bloque 72: #a54]

Artculo54. Proceso.

1. El proceso de exequtur, en el que las partes debern estar representadas por procurador y asistidas de letrado, se iniciar mediante demanda a instancia de cualquier persona que acredite un inters legtimo. La demanda de exequtur y la solicitud de ejecucin podrn acumularse en el mismo escrito. No obstante, no se proceder a la ejecucin hasta que se haya dictado resolucin decretando el exequtur.

2. Podr solicitarse la de adopcin de medidas cautelares, con arreglo a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aseguren la efectividad de la tutela judicial que se pretenda.

3. La demanda se habr de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolucin judicial extranjera.

4. La demanda se ajustar a los requisitos del artculo399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y deber ir acompaada, de:

a) El original o copia autntica de la resolucin extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolucin se dict en rebelda, la entrega o notificacin de la cdula de emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolucin extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolucin o desprenderse as de la ley aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artculo144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. La demanda y documentos presentados sern examinados por el secretario judicial, que dictar decreto admitiendo la misma y dando traslado de ella a la parte demandada para que se oponga en el plazo de treinta das. El demandado podr acompaar a su escrito de oposicin los documentos, entre otros, que permitan impugnar la autenticidad de la resolucin extranjera, la correccin del emplazamiento al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolucin extranjera.

6. El secretario judicial, no obstante, en el caso de que apreciase la falta de subsanacin de un defecto procesal o de una posible causa de inadmisin, con arreglo a las leyes procesales espaolas, proceder a dar cuenta al rgano jurisdiccional para que resuelva en plazo de diez das sobre la admisin en los casos en que estime falta de jurisdiccin o de competencia o cuando la demanda adoleciese de defectos formales o la documentacin fuese incompleta y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo de cinco das concedido para ello por el secretario judicial.

7. Formalizada la oposicin o transcurrido el plazo para ello sin que la misma se haya formalizado, el rgano jurisdiccional resolver por medio de auto lo que proceda en el plazo de diez das.

8. El Ministerio Fiscal intervendr siempre en estos procesos, a cuyo efecto se le dar traslado de todas las actuaciones.


[Bloque 73: #a55]

Artculo55. Recursos.

1. Contra el auto de exequtur solo cabe interponer recurso de apelacin de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el auto recurrido fuera estimatorio, el rgano jurisdiccional podr suspender la ejecucin o sujetar dicha ejecucin a la prestacin de la oportuna caucin.

2. Contra la resolucin dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, la parte legitimada podr interponer el recurso extraordinario por infraccin procesal o el recurso de casacin de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


[Bloque 74: #cv]

CAPTULO V

De los documentos pblicos extranjeros


[Bloque 75: #a56]

Artculo56. Ejecucin de documentos pblicos extranjeros.

1. Los documentos pblicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras sern ejecutables en Espaa si lo son en su pas de origen y no resultan contrarios al orden pblico.

2. A efectos de su ejecutabilidad en Espaa debern tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades espaolas.


[Bloque 76: #a57]

Artculo57. Adecuacin de instituciones jurdicas extranjeras.

Los notarios y funcionarios pblicos espaoles, cuando sea necesario para la correcta ejecucin de documentos pblicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras, podrn adecuar al ordenamiento espaol las instituciones jurdicas desconocidas en Espaa, sustituyndolas por otra u otras que tengan en nuestra legislacin efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Cualquier interesado podr impugnar la adecuacin efectuada directamente ante un rgano jurisdiccional.


[Bloque 77: #cvi]

CAPTULO VI

De la inscripcin en Registros pblicos


[Bloque 78: #a58]

Artculo58. Disposiciones generales.

El procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos registrales se sometern, en todo caso, a las normas del Derecho espaol.


[Bloque 79: #a59]

Artculo59. Inscripcin de resoluciones judiciales extranjeras.

1. No se requerir procedimiento especial para la inscripcin en los Registros espaoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones judiciales extranjeras que no admitan recurso con arreglo a su legislacin, ya se trate de resoluciones judiciales firmes o de resoluciones de jurisdiccin voluntaria definitivas. Si no fueren firmes o definitivas, solo podrn ser objeto de anotacin preventiva.

2. Para la inscripcin de las resoluciones judiciales extranjeras a que se refiere el apartado anterior, con carcter previo a la calificacin del ttulo inscribible, el registrador verificar la regularidad y la autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de las causas de denegacin de reconocimiento previstas en el captulo II del presente ttulo, debiendo notificar su decisin, por correo, telegrama o cualquier otro medio tcnico que permita dejar constancia de la recepcin, de su fecha y del contenido de lo comunicado al presentante y a la parte frente a la que se pretende hacer valer la resolucin extranjera, en el domicilio que conste en el Registro o en la resolucin presentada, quienes en el plazo de veinte das podrn oponerse a tal decisin.

Cuando no hubiere podido practicarse la notificacin en los domicilios indicados y, en todo caso, cuando el registrador adoptare una decisin contraria al reconocimiento incidental, se suspender la inscripcin solicitada y el registrador remitir a las partes al juez que haya de entender del procedimiento de reconocimiento a ttulo principal regulado en este ttulo; a instancia del presentante podr extenderse anotacin de suspensin del asiento solicitado.

3. Queda siempre a salvo la posibilidad de que el interesado recurra al proceso de exequtur previsto en este ttulo.


[Bloque 80: #a60]

Artculo60. Inscripcin de documentos pblicos extranjeros.

Los documentos pblicos extranjeros extrajudiciales podrn ser inscritos en los registros pblicos espaoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislacin especfica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya intervenido en la confeccin del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempean las autoridades espaolas en la materia de que se trate y surta los mismos o ms prximos efectos en el pas de origen.


[Bloque 81: #a61]

Artculo61. Adaptacin.

1. Cuando la resolucin o el documento pblico extranjero ordene medidas o incorpore derechos que resulten desconocidos en Derecho espaol, el registrador proceder a su adaptacin, en lo posible, a una medida o derecho previstos o conocidos en el ordenamiento jurdico espaol que tengan efectos equivalentes y persigan una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptacin no tendr ms efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Antes de la inscripcin, el registrador comunicar al titular del derecho o medida de que se trate la adaptacin a realizar.

2. Cualquier interesado podr impugnar la adaptacin directamente ante un rgano jurisdiccional.


[Bloque 82: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Normas especiales en materia de cooperacin jurdica internacional en materia civil y mercantil.

A los efectos de lo previsto en el artculo2 de esta ley, tienen la consideracin de normas especiales en materia de cooperacin jurdica internacional en materia civil y mercantil, entre otras, las siguientes:

a) Los artculos199 a230 de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal.

b) Los artculos25 a31 de la Ley54/2007, de28 de diciembre, de Adopcin Internacional.

c) Los artculo94 a100 de la Ley20/2011, de21 de julio, del Registro Civil.

d) El artculo67, apartado1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo1/2007, de16 de noviembre.

e) El artculo46 de la Ley60/2003, de23 de diciembre, de Arbitraje.

f) Las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, as como del Cdigo de Comercio y del Real Decreto1784/1996, de19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, reguladoras de la inscripcin de documentos extranjeros en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.

g) Las normas de Derecho Internacional privado contenidas en la Ley de Jurisdiccin Voluntaria.


[Bloque 83: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Formularios normalizados.

Por medio de Orden del Ministro de Justicia podrn establecerse todo tipo de formularios normalizados que faciliten la aplicacin de la presente ley y la cumplimentacin de las solicitudes de cooperacin jurdica internacional y las comisiones rogatorias.


[Bloque 84: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Previsin de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.


[Bloque 85: #dtunica]

Disposicin transitoria nica. Rgimen aplicable a los procesos en tramitacin.

1. Esta ley se aplicar a las solicitudes de cooperacin jurdica internacional recibidas por las autoridades espaolas con posterioridad a su entrada en vigor.

2. El ttulo IV se aplicar a las demandas que se presenten ante los rganos jurisdiccionales espaoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.

3. El ttulo V se aplicar a las demandas de exequtur que se presenten ante los rganos jurisdiccionales espaoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, con independencia de la fecha en que se hubiese dictado la resolucin extranjera.


[Bloque 86: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

1. Quedan derogados los artculos951 a958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de3 de febrero de1881.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente ley.


[Bloque 87: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Hipotecaria.

El prrafo primero del artculo14 de la Ley Hipotecaria quedar redactado en los siguientes trminos:

El ttulo de la sucesin hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaracin de herederos abintestato y la declaracin administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, as como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el captulo VI del Reglamento (UE) n.650/2012.


[Bloque 88: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Las actuales disposiciones finales vigsima quinta a vigsima sptima pasan a ser vigsima sptima, vigsima octava y vigsima novena respectivamente, y se introducen una nueva disposicin final vigsima quinta y una nueva disposicin final vigsima sexta con la siguiente redaccin:

Disposicin final vigsima quinta. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa del Reglamento (UE) n.1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de12 de diciembre de2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

1. Reglas sobre el reconocimiento de resoluciones de un Estado miembro de la Unin Europea al amparo del Reglamento (UE) n.1215/2012.

1. Las resoluciones incluidas en el mbito de aplicacin del Reglamento (UE) n.1215/2012, y dictadas en un Estado miembro de la Unin Europea sern reconocidas en Espaa sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

2. Si la denegacin del reconocimiento se invocara como una cuestin incidental ante un rgano judicial, dicho rgano ser competente para conocer de la misma, siguiendo el procedimiento establecido en los artculos388 y siguientes de esta ley, quedando limitada la eficacia de dicho reconocimiento a lo resuelto en el proceso principal del que el incidente trae causa, y sin que pueda impedirse que en proceso aparte se resuelva de forma principal sobre el reconocimiento de la resolucin.

3. La parte que desee invocar en Espaa una resolucin dictada en otro Estado miembro deber presentar los documentos previstos en el artculo37 del Reglamento (UE) n.1215/2012, pudiendo el rgano judicial o la autoridad ante la cual se invoque la misma pedir las traducciones o transcripciones previstas en el apartado2 de dicho artculo.

4. El rgano judicial o la autoridad ante la que se invoque una resolucin dictada en otro Estado miembro podr suspender el procedimiento por los motivos previstos en el artculo38 del Reglamento (UE) n.1215/2012.

5. A peticin de cualquier parte interesada se denegar el reconocimiento de la resolucin por alguno de los motivos del artculo45 del Reglamento (UE) n.1215/2012 y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado4 de esta disposicin final. Ser competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda conforme a los artculos50 y51 de esta ley.

6. El mismo procedimiento previsto en el apartado4 de esta disposicin habr de seguirse cuando la parte interesada solicite que se declare que la resolucin extranjera no incurre en los motivos de denegacin del reconocimiento recogidos en el artculo45 del Reglamento. Ser competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda conforme a los artculos50 y51 de esta ley.

2. Reglas sobre la ejecucin de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro de la Unin Europea al amparo del Reglamento (UE) n.1215/2012.

1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en l gozarn tambin de sta en Espaa sin necesidad de una declaracin de fuerza ejecutiva y sern ejecutadas en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en Espaa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos39 a44 del Reglamento (UE) n.1215/2012 y en la presente disposicin.

No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo2.a), prrafo segundo del Reglamento (UE) n.1215/2012, si se tratara de una resolucin que ordene una medida provisional o cautelar, solamente se ejecutar en Espaa si el rgano jurisdiccional que la ha dictado ha certificado que es competente en cuanto al fondo del asunto.

2. A efectos de la ejecucin de una resolucin con fuerza ejecutiva, el solicitante facilitar los documentos prevenidos en el artculo42.1 del Reglamento (UE) n.1215/2012 o los previstos en el artculo42.2 del mismo Reglamento si se trata de una resolucin que ordene una medida provisional o cautelar, as como, si lo exige el rgano judicial competente, la traduccin del certificado prevenida en el artculo42.3 de dicho Reglamento. Slo podr exigirse al solicitante que presente una traduccin de la resolucin si no pueden continuarse las diligencias sin ella.

3. La ejecucin de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro se llevar a cabo en Espaa en todo caso conforme a las disposiciones de esta ley.

4. Toda resolucin con fuerza ejecutiva de un Estado miembro conllevar la facultad de aplicar las medidas cautelares previstas en esta ley, de acuerdo con el procedimiento previsto en sta.

3. No acreditacin de la notificacin del certificado y traduccin de la resolucin extranjera.

1. A los efectos de la aplicacin del artculo43.1 del Reglamento (UE) n.1215/2012, antes de adoptar la primera medida de ejecucin, cuando el ejecutante no acredite que ya se ha notificado el certificado previsto por el artculo53 y la resolucin extranjera a la persona contra la que se inste la ejecucin, habr de notificrsele a sta uno u otra, o en su caso ambos, junto con el auto que despacha la ejecucin.

2. A los efectos de la aplicacin del artculo43.2 del Reglamento (UE) n.1215/2012, la persona contra la que se inste la ejecucin dispondr de un plazo de cinco das para solicitar la traduccin de la resolucin extranjera, a contar desde la notificacin del despacho de la ejecucin, si no se le hubiese notificado anteriormente y no se hubiera adjuntado con la demanda de ejecucin una traduccin de dicha resolucin.

3. Mientras no se le entregue dicha traduccin quedar en suspenso el plazo previsto por el artculo556.1 de esta ley para oponerse a la ejecucin, as como el plazo de contestacin previsto en el apartado siguiente. El juez sobreseer la ejecucin si en el plazo de un mes el ejecutante no aporta dicha traduccin.

4. El presente apartado no se aplicar a la ejecucin de medidas cautelares de una resolucin o cuando la persona que inste la ejecucin solicite medidas cautelares de conformidad con el apartado2, regla4., de esta disposicin.

4. Reglas sobre la denegacin de la ejecucin de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro de la Unin Europea al amparo del Reglamento (UE) n.1215/2012.

Sin perjuicio de los motivos de oposicin a la ejecucin previstos en esta ley, a peticin de la persona contra la que se haya instado, se denegar la ejecucin de una resolucin con fuerza ejecutiva por la concurrencia de uno o varios de los motivos de denegacin del reconocimiento recogidos en el artculo45 del Reglamento (UE) n.1215/2012, por los cauces del juicio verbal, con las especialidades siguientes:

1. La competencia corresponder al Juzgado de Primera Instancia que conozca de la ejecucin.

2. La demanda deber presentarse conforme a lo establecido en el artculo437 de esta ley, en su caso en un plazo de diez das a contar desde la fecha de notificacin al demandado del despacho de la ejecucin, acompaada de los documentos a los que se refiere el artculo47.3 del Reglamento (UE) n.1215/2012 y cualesquiera otros justificativos de su pretensin y, en su caso, contendr la proposicin de los medios de prueba cuya prctica interese el actor.

3. El actor puede solicitar las medidas previstas en el artculo44.1 del Reglamento (UE) n.1215/2012. A peticin igualmente del actor, en el supuesto del artculo44.2 del mismo Reglamento se adoptar la suspensin del procedimiento sin ms dilacin.

4. El secretario judicial dar traslado de la demanda al demandado, para que conteste en el plazo de10 das. En la contestacin, acompaada de los documentos justificativos de su oposicin, deber proponer todos los medios de prueba de que intente valerse. De este escrito, y de los documentos que lo acompaan, se dar traslado al actor.

5. Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el secretario judicial citar a las partes a la vista, si as lo solicitan en sus escritos de demanda y contestacin. Si en sus escritos no hubieren solicitado la celebracin de vista, o cuando la nica prueba propuesta sea la de documentos, y stos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el caso de los informes periciales no sea necesaria la ratificacin, el juez resolver mediante auto, sin ms trmite.

6. Contra dicho auto cabe recurso de apelacin. Contra la sentencia dictada en segunda instancia cabr, en su caso, recurso extraordinario por infraccin procesal y recurso de casacin en los trminos previstos por esta ley. El rgano judicial que conozca de alguno de estos recursos, podr suspender el procedimiento si se ha presentado un recurso ordinario contra la resolucin en el Estado miembro de origen o si an no ha expirado el plazo para interponerlo, conforme al artculo51 del Reglamento (UE) n.1215/2012. A estos efectos, cuando la resolucin se haya dictado en Irlanda, Chipre o el Reino Unido, cualquier recurso previsto en alguno de estos Estados miembros de origen ser considerado recurso ordinario.

5. Expedicin del certificado.

1. A los efectos de la aplicacin del artculo53 del Reglamento (UE) n.1215/2012, la expedicin del certificado previsto en ese precepto se podr solicitar por medio de otros en la demanda, para su expedicin de forma simultnea a la sentencia. En todo caso, la expedicin se har de forma separada y mediante providencia, utilizando el modelo de formulario al que se refiere dicho artculo.

Cuando se trate de transacciones judiciales, la certificacin se expedir de igual forma, a los efectos del artculo60 del Reglamento (UE) n.1215/2012, utilizando el modelo de formulario previsto en el mismo.

2. En el caso de documentos pblicos que tengan fuerza ejecutiva, el modelo de formulario al que se refiere el artculo60 del Reglamento (UE) n.1215/2012 loexpedir el notario autorizante, o quien legalmente le sustituya o suceda en el protocolo. De dicha expedicin dejar constancia mediante nota en la matriz o pliza en la que incorporar copia autntica siendo el original del certificado el documento que circular.

6. Adaptacin.

A los efectos de aplicacin del artculo54 del Reglamento (UE) n.1215/2012, la autoridad que resuelva sobre el reconocimiento o la ejecucin de una resolucin extranjera proceder a su adaptacin en los trminos previstos en dicho precepto. Contra la decisin sobre la adaptacin de la medida u orden extranjera cabrn los recursos que la legislacin procesal contemple en funcin del tipo de resolucin y del procedimiento de que se trate.

7. Fuerza ejecutiva de los documentos pblicos.

1. Los documentos pblicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen gozarn tambin de la misma en Espaa sin necesidad de una declaracin de fuerza ejecutiva; su ejecucin solo podr denegarse en caso de que sea manifiestamente contraria al orden pblico. El documento pblico presentado debe reunir los requisitos necesarios para ser considerado autntico en el Estado miembro de origen.

2. La persona contra la que se haya instado la ejecucin podr solicitar la denegacin de la ejecucin de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado4 de esta disposicin.

3. La ejecucin de documentos pblicos emitidos en un Estado miembro se llevar a cabo en Espaa, en todo caso, conforme a las disposiciones de esta ley, aplicndose las normas de esta disposicin.

8. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales.

Las transacciones judiciales que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen se ejecutarn en Espaa en las mismas condiciones previstas para los documentos pblicos en el apartado anterior.

Disposicin final vigsima sexta. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa del Reglamento (UE) n.650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones, a la aceptacin y la ejecucin de los documentos pblicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creacin de un certificado sucesorio europeo.

1. Reglas de ejecucin y reconocimiento de resoluciones de un Estado miembro de la Unin Europea al amparo del Reglamento (UE) n.650/2012.

1. Cualquier parte interesada podr solicitar que se declare la fuerza ejecutiva en Espaa de una resolucin incluida en el mbito de aplicacin del Reglamento (UE) n.650/2012, y dictada en un Estado miembro de la Unin Europea que tenga en ste fuerza ejecutiva, con arreglo al procedimiento previsto en los apartados2 a7 de esta disposicin.

2. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro de la Unin Europea sern reconocidas en Espaa sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. No obstante, en caso de oposicin, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento a ttulo principal de una resolucin de ese tipo podr solicitar, por el mismo procedimiento previsto en el apartado1, que se reconozca dicha resolucin.

Si la denegacin del reconocimiento se invocara como una cuestin incidental ante un rgano judicial, dicho rgano ser competente para conocer de la misma, siguiendo el procedimiento establecido en los artculos388 y siguientes de esta ley, quedando limitada la eficacia de dicho reconocimiento a lo resuelto en el proceso principal del que el incidente trae causa, y sin que pueda impedirse que en proceso aparte se resuelva de forma principal sobre el reconocimiento de la resolucin.

En cualquier caso, el rgano judicial ante el que se haya solicitado el reconocimiento podr suspender el procedimiento si dicha resolucin es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen.

2. Competencia.

La competencia para conocer del procedimiento de fuerza ejecutiva corresponder a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o la ejecucin, o del lugar de ejecucin en el que la resolucin deba producir sus efectos.

3. Asistencia jurdica gratuita.

1. La asistencia jurdica gratuita en este procedimiento se ajustar a las normas generales aplicables en Espaa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el solicitante que en el Estado miembro de origen haya obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exencin de las costas y gastos, gozar en este procedimiento del beneficio de justicia gratuita ms favorable o de la exencin ms amplia posible conforme a las normas generales aplicables en Espaa.

4. Procedimiento de declaracin de fuerza ejecutiva de una resolucin.

1. La solicitud de declaracin de fuerza ejecutiva se presentar mediante demanda que se ajustar a los requisitos del artculo437 de esta ley y deber ir acompaada de los siguientes documentos:

a) Una copia autntica de la resolucin.

b) La certificacin prevista en el artculo46.3.b) del Reglamento (UE) n.650/2012.

2. Si no se presentara la certificacin prevista en el apartado anterior, el rgano judicial podr fijar un plazo para su presentacin, aceptar un documento equivalente o dispensar de ellos si considera que dispone de suficiente informacin.

Podr pedir tambin el rgano judicial una traduccin de los documentos realizada por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

3. El solicitante no estar obligado a tener direccin postal en Espaa ni a actuar representado por procurador ni asistido de letrado.

4. El solicitante podr instar la adopcin de medidas provisionales o cautelares de conformidad con lo previsto en esta ley. La declaracin de fuerza ejecutiva incluir la autorizacin para adoptar cualesquiera medidas cautelares.

5. Cumplidas las formalidades previstas en las reglas1. y2., el juez mediante auto declarar inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolucin, sin dar traslado para alegaciones a la parte contra la cual se solicite la declaracin y sin proceder al examen de los motivos de denegacin del reconocimiento previstos en el artculo40 del Reglamento (UE) n.650/2012.

Si la resolucin objeto de la declaracin contiene varias pretensiones y no puede declararse la fuerza ejecutiva de todas ellas, el auto declarar la fuerza ejecutiva de las que procedan.

6. La notificacin a la parte contra la que se haya solicitado la declaracin ir acompaada de los documentos a los que se refieren las reglas1. y2. de este apartado.

5. Recursos contra la resolucin sobre la solicitud de declaracin de fuerza ejecutiva.

1. La resolucin sobre la solicitud de declaracin de fuerza ejecutiva podr ser recurrida por cualquiera de las partes en el plazo de treinta das naturales. Si la parte contra la que se solicit la declaracin estuviera domiciliada fuera de Espaa, tendr un plazo de sesenta das naturales para interponer el recurso; este plazo no admitir prrroga por razn de la distancia a Espaa de su domicilio.

La competencia para conocer del recurso corresponder a la Audiencia Provincial.

2. Durante el plazo del recurso contra la declaracin de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva sobre el mismo, solamente se podrn adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecucin.

3. Contra la sentencia dictada en segunda instancia cabr, en su caso, recurso extraordinario por infraccin procesal y recurso de casacin en los trminos previstos por esta ley.

6. Procedimiento del recurso contra la resolucin sobre la solicitud de declaracin de fuerza ejecutiva.

El recurso previsto en la regla1. del apartado anterior se sustanciar por los cauces del recurso de apelacin, incluidas las normas sobre representacin procesal y defensa tcnica, con las siguientes especialidades:

a) Sin perjuicio de la alegacin de infraccin de normas o garantas procesales en la primera instancia, el recurso solamente podr basarse en alguno o algunos de los motivos previstos en el artculo40 del Reglamento (UE) n.650/2012; el recurrente acompaar al escrito de interposicin los documentos justificativos de su pretensin que considere necesarios y, en su caso, contendr la proposicin de los medios de prueba cuya prctica interese.

b) El secretario judicial dar traslado del escrito de recurso y de los documentos que lo acompaen a las dems partes, emplazndolas por veinte das naturales para que presenten los escritos de oposicin o impugnacin, a los que se adjuntarn los documentos justificativos que consideren necesarios y, en su caso, contendr la proposicin de los medios de prueba cuya prctica interesen.

c) En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la declaracin de fuerza ejecutiva, si su residencia habitual estuviera fuera de Espaa, se aplicar lo dispuesto en el artculo16 del Reglamento (UE) n.650/2012.

7. Suspensin de los recursos.

El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el apartado5 suspender el procedimiento, a instancia de la parte contra la que se solicite la declaracin de fuerza ejecutiva, si tal fuerza ejecutiva ha sido suspendida en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso.

8. Fuerza ejecutiva de los documentos pblicos.

Los documentos pblicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen sern declarados, a peticin de cualquiera de las partes interesadas, con fuerza ejecutiva en Espaa de conformidad con el procedimiento regulado en los apartados2 a7 de esta disposicin final, debindose presentar la certificacin prevista en el apartado4.1. b) de conformidad con lo dispuesto en el artculo60.2 del Reglamento (UE) n.650/2012.

El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el apartado16 de esta disposicin slo desestimar o revocar la declaracin de fuerza ejecutiva de un documento pblico cuando la misma fuera manifiestamente contraria al orden pblico.

9. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales.

Las transacciones judiciales que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen sern declaradas, a peticin de cualquiera de las partes interesadas, con fuerza ejecutiva en Espaa de conformidad con el procedimiento regulado en los apartados2 a7 de esta disposicin final, debindose presentar la certificacin prevista en el apartado4.1. b) de conformidad con lo dispuesto en el artculo61.2 del Reglamento (UE) n.650/2012.

El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el apartado5 slo desestimar o revocar la declaracin de fuerza ejecutiva de una transaccin judicial cuando la misma fuera manifiestamente contraria al orden pblico.

10. Expedicin de la certificacin de una resolucin, documento pblico o transaccin judicial a efectos de su fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.

1. A los efectos de la aplicacin del artculo46.3 del Reglamento, la expedicin de la certificacin prevista en ese precepto corresponder al rgano judicial que haya dictado la resolucin y se har de forma separada mediante providencia, utilizando el modelo de formulario previsto en dicho artculo.

Lo mismo se har, a los efectos de la aplicacin del artculo61 del Reglamento, cuando se trate de una transaccin judicial, utilizando para la expedicin de la certificacin el modelo de formulario previsto en dicho artculo.

2. En el caso de documentos pblicos, la certificacin a la que se refiere el artculo60 del Reglamento, ser expedida por el notario autorizante, o quien legalmente le sustituya o suceda en el protocolo, utilizando el modelo de formulario previsto en dicho artculo. De esa expedicin se dejar constancia mediante nota en la matriz, en la que se incorporar copia autntica siendo el original del certificado el documento que circular. Si no fuera posible la incorporacin a la matriz, se relacionar, mediante nota, el acta posterior a la que deber ser incorporada.

11. Expedicin por rgano judicial del certificado sucesorio europeo.

1. La expedicin por un rgano judicial de un certificado sucesorio europeo se adoptar de forma separada y mediante providencia, en la forma prevista en el artculo67 del Reglamento (UE) n.650/2012, previa solicitud que podr presentarse mediante el formulario previsto en el artculo65.2 del mismo Reglamento.

2. La competencia para expedir judicialmente un certificado sucesorio europeo corresponder al mismo tribunal que sustancie o haya sustanciado la sucesin. Del certificado sucesorio se expedir testimonio, que se entregar al solicitante.

3. Toda persona que tenga derecho a solicitar un certificado podr recurrir las decisiones adoptadas por el rgano judicial correspondiente.

12. Rectificacin, modificacin o anulacin del certificado sucesorio europeo emitido por un rgano judicial.

1. El procedimiento para la rectificacin de un certificado sucesorio europeo, tal como est previsto en el artculo71.1 del Reglamento (UE) n.650/2012 se resolver en la forma prevista en los apartados1 a4 del artculo267 de la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial.

2. El procedimiento para la modificacin o anulacin de la emisin de un certificado sucesorio europeo a que se refiere el artculo71.1 del Reglamento (UE) n.650/2012 se tramitar y resolver, en nica instancia, de conformidad con lo previsto para el recurso de reposicin regulado en esta ley.

3. En todo caso, conforme al artculo71.3 del Reglamento (UE) n.650/2012 el tribunal comunicar sin demora, a todas las personas a las que se entregaron copias autnticas del certificado en virtud del artculo70.1 del mismo Reglamento, cualquier rectificacin, modificacin o anulacin del mismo.

13. Denegacin por un rgano judicial de la emisin del certificado sucesorio europeo.

La denegacin de emisin de un certificado sucesorio europeo se adoptar de forma separada mediante auto y podr impugnarse, en nica instancia, por los trmites del recurso de reposicin.

14. Expedicin por notario del certificado sucesorio europeo.

1. Previa solicitud, compete al notario que declare la sucesin o alguno de sus elementos o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedicin del certificado previsto en el artculo62 del Reglamento (UE) n.650/2012, debiendo para ello usar el formulario al que se refiere el artculo67 del mismo Reglamento. La solicitud de la expedicin de un certificado sucesorio podr presentarse mediante el formulario previsto en el artculo65.2 del mismo Reglamento.

2. De dicha expedicin del certificado sucesorio europeo, que tendr el carcter de documento pblico conforme al artculo17 de la Ley del Notariado de28 de mayo de1862, se dejar constancia mediante nota en la matriz de la escritura que sustancie el acto o negocio, a la que se incorporar el original del certificado, entregndose copia autntica al solicitante.

Si no fuera posible la incorporacin a la matriz, se relacionar, mediante nota, el acta posterior a la que deber ser incorporado el original del certificado.

15. Rectificacin, modificacin o anulacin del certificado sucesorio europeo emitido por notario.

1. Corresponder al notario en cuyo protocolo se encuentre, la rectificacin del certificado sucesorio europeo en caso de ser observado en l un error material, as como la modificacin o anulacin previstas en el artculo71.1 del Reglamento (UE) n.650/2012.

2. En todo caso, conforme al artculo71.3 del Reglamento (UE) n.650/2012, el notario comunicar sin demora, a todas las personas a las que se entregaron copias autnticas del certificado en virtud del artculo70.1, cualquier rectificacin, modificacin o anulacin del mismo.

16. Recurso.

1. Las decisiones adoptadas por un notario relativas a un certificado sucesorio europeo podrn ser recurridas por quien tenga inters legtimo conforme a los artculos63.1 y65 del Reglamento (UE) n.650/2012.

2. La negativa de un notario a rectificar, modificar, anular o expedir un certificado sucesorio europeo podr ser recurrida por quien tenga inters legtimo conforme a los artculos71 y73 apartado1, letra a) del Reglamento (UE) n.650/2012.

3. El recurso, en nica instancia, contra las decisiones a las que se refieren las reglas1. y2. de este apartado ser interpuesto directamente ante el juez de Primera Instancia del lugar de residencia oficial del notario, y se sustanciar por los trmites del juicio verbal.

17. Efectos del recurso.

1. Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado anterior, resulta acreditado que el certificado sucesorio europeo expedido no responde a la realidad, el rgano judicial competente ordenar que el notario emisor lo rectifique, modifique o anule segn la resolucin judicial recada.

2. Si, como consecuencia del recurso resulta acreditado que la negativa a expedir el certificado sucesorio europeo era injustificada, el rgano judicial competente expedir el certificado o garantizar que el notario emisor vuelva a examinar el caso y tome una nueva decisin acorde con la resolucin judicial recada.

3. En todo caso, deber constar en la matriz de la escritura que sustancie el acto o negocio y en la del acta de protocolizacin del certificado sucesorio europeo emitido, nota de la rectificacin, modificacin o anulacin realizadas, as como de la interposicin del recurso y de la resolucin judicial recada en el mismo.


[Bloque 89: #dftercera]

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley5/2012, de6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles.

El artculo27 de la Ley5/2012, de6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles, queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo27. Ejecucin de los acuerdos de mediacin transfronterizos.

1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unin Europea y los convenios internacionales vigentes en Espaa, el reconocimiento y ejecucin de un acuerdo de mediacin se producir en la forma prevista en la Ley de cooperacin jurdica internacional en materia civil.

2. Un acuerdo de mediacin que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera slo podr ser ejecutado en Espaa previa elevacin a escritura pblica por notario espaol a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las dems.

3. El documento extranjero no podr ser ejecutado cuando resulte contrario al orden pblico espaol.


[Bloque 90: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley2/2014, de25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado.

La disposicin adicional dcima sexta de la Ley2/2014, de25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada en los siguientes trminos:

Disposicin adicional dcima sexta. Traducciones e interpretaciones de carcter oficial.

Reglamentariamente se determinarn los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carcter oficial. En todo caso, tendrn este carcter las certificadas por la Oficina de Interpretacin de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, as como las realizadas por quien se encuentre en posesin del ttulo de traductor-intrprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin. Los requisitos para el otorgamiento de este ttulo, as como el resto de elementos que conforman su rgimen jurdico, se desarrollarn reglamentariamente. El traductor-intrprete jurado certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traduccin e interpretacin.

Tambin tendrn carcter oficial:

a) Las realizadas o asumidas como propias por una representacin diplomtica u oficina consular de Espaa en el extranjero, siempre que se refieran a un documento pblico extranjero que se incorpora a un expediente o procedimiento iniciado o presentado ante dicha unidad administrativa y que deba resolver la Administracin espaola.

b) Las realizadas por una representacin diplomtica u oficina consular de carrera extranjera en Espaa, siempre que se refieran al texto de una ley de su pas o a un documento pblico del mismo.

El carcter oficial de una traduccin o interpretacin implica que sta pueda ser aportada ante rganos judiciales y administrativos en los trminos que se determine reglamentariamente.

La traduccin e interpretacin que realice un traductor-intrprete jurado o una representacin diplomtica u oficina consular, podr ser revisada por la Oficina de Interpretacin de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin a solicitud del titular del rgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente.


[Bloque 91: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Ttulo competencial.

La presente ley se dicta al amparo de la competencia que, en materia de legislacin procesal, corresponde al Estado conforme al artculo149.1.6. de la Constitucin Espaola.

El captulo VI del ttulo V se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado con arreglo al artculo149.1.8. de la Constitucin Espaola en materia de ordenacin de los registros e instrumentos pblicos, en lo que se refiere al Registro de la Propiedad y al Registro de Bienes Muebles, y al amparo de la competencia que corresponde al Estado con arreglo al artculo149.1.6. de la Constitucin Espaola en materia de legislacin mercantil, en lo que respecta al Registro Mercantil.

La disposicin final primera se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenacin de los registros e instrumentos pblicos, establecida en el artculo149.1.8. de la Constitucin.

La disposicin final tercera se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislacin mercantil, procesal y civil, establecida en el artculo149.1.6. y8. de la Constitucin.


[Bloque 92: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

Esta ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 93: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 30 de julio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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