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Legislación consolidada

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea.

Publicado en: BOE núm. 282, de 21/11/2014.
Entrada en vigor: 11/12/2014
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2014-12029
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/20/23

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 12/06/2018


[Bloque 1: #preambulo-2]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

Ms de una dcada despus de que el Tratado de msterdam previera la creacin de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unin Europea, los Estados miembros, y entre ellos Espaa, siguen reforzando sus mecanismos de cooperacin judicial a travs de la aplicacin de sus dos principios bsicos: la armonizacin de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la piedra angular de la cooperacin judicial civil y penal en la Unin Europea, ha supuesto una autntica revolucin en las relaciones de cooperacin entre los Estados miembros, al permitir que aquella resolucin emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento. Finalmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea ha supuesto la consagracin como principio jurdico del reconocimiento mutuo, en el que, segn su artculo 82, se basa la cooperacin judicial en materia penal.

Este nuevo modelo de cooperacin judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unin Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicacin directa entre las autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminacin en relacin con un listado predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecucin de una resolucin, a partir de un listado tasado de motivos de denegacin. Adems, se ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisin de las resoluciones judiciales, mediante el empleo de un formulario o certificado que deben completar las autoridades judiciales competentes para la transmisin de una resolucin a otro Estado miembro.

En el mbito penal, segn lo dispuesto en el Programa de medidas destinado a poner en prctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, dicho principio ha de ser de aplicacin en cada una de las fases del proceso penal, tanto antes, como durante e incluso despus de dictarse la sentencia condenatoria.

II

La primera vez que en el mbito del Derecho penal se plasm este principio en un instrumento jurdico de la Unin Europea, fue en la Decisin Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, por un proceso de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jurdica. Esta norma fue inmediatamente incorporada al Derecho espaol a travs de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega y la Ley Orgnica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior.

La segunda decisin marco adoptada en este mbito, fue la Decisin Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que permite que la autoridad judicial del Estado de origen adopte una resolucin acordando la realizacin de un embargo provisional en otro Estado miembro, de aquellos bienes que bien vayan a ser objeto de un ulterior comiso, o bien vayan a ser utilizados como prueba en juicio. Su incorporacin al Derecho espaol se efectu a travs de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales y la Ley Orgnica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la anterior, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En tercer lugar, la Decisin Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, permiti al Estado requirente acudir a la autoridad judicial del Estado en que la persona obligada al pago de una sancin pecuniaria derivada de la comisin de una infraccin penal (o administrativa en determinados casos) tuviera elementos patrimoniales, obtuviera ingresos o tuviera su residencia habitual, para ejecutar dicha sancin. La transposicin de esta norma a nuestro Derecho se realiz mediante la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley Orgnica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la anterior.

Un ao despus, la Decisin Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, permitira que una resolucin dictada en un Estado acordando el decomiso de una serie de bienes, fuera reconocida y ejecutada por un Tribunal del Estado en el que se encontrasen los bienes afectados. sta ha sido hasta hoy la ltima decisin marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales transpuesta en nuestro pas, a travs de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones judiciales de decomiso y la Ley Orgnica 3/2010, de 10 de marzo, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria de la anterior.

En el ao 2008 fueron varias las decisiones marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales adoptadas en materia penal. En primer lugar se aprob la Decisin Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecucin en la Unin Europea. sta permite que una resolucin condenatoria por la que se impone a una persona fsica una pena o medida privativa de libertad sea ejecutada en otro Estado miembro cuando ello contribuya a facilitar la reinsercin del condenado. Junto a ella, se adopt tambin la Decisin Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, que permite transmitir a otro Estado miembro distinto del de la condena la responsabilidad de vigilar el cumplimiento por el condenado de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas previamente impuestas en el primero. Por ltimo, en el 2008 vera la luz la Decisin Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtencin de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, que consiste en una resolucin judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para su uso en un proceso penal.

En 2009 se aprob en este mbito la primera Decisin Marco modificativa de otras anteriores, la Decisin Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Entre estas normas se encuentra tambin la Decisin Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicacin, entre Estados miembros de la Unin Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitucin de la prisin provisional, que permite supervisar a las autoridades judiciales de un Estado miembro aquellas resoluciones adoptadas en un proceso penal celebrado en otro Estado miembro por las que se imponga a una persona fsica una o ms medidas de vigilancia de la libertad provisional.

Finalmente, como consecuencia de los cambios que introdujo el Tratado de Lisboa en la estructura de la Unin Europea y en sus instrumentos normativos, el 13 de diciembre de 2011 se aprob la primera directiva en este mbito. Se trata de la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de proteccin, que tambin se incorpora a esta Ley, y que tiene por objeto extender la proteccin que a travs de las medidas pertinentes haya impuesto la autoridad competente de un Estado miembro para proteger a una persona contra posibles actos delictivos de otra, al territorio del Estado miembro al que se desplace esa persona para residir o permanecer durante un determinado perodo de tiempo.

Ante esta prolfica tarea normativa de las instituciones de la Unin Europea, los Estados miembros tienen la obligacin de afrontar una intensa labor legislativa para incorporar a sus ordenamientos las disposiciones aprobadas hasta el momento. En Espaa, adems, si la tcnica normativa empleada hasta ahora en la transposicin de las cuatro primeras decisiones marco no variase, ello implicara una enorme produccin normativa, no slo por las mltiples leyes que habran de adoptarse, sino tambin por las consiguientes leyes orgnicas complementarias que someteran a constantes modificaciones a la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Por ello, se ha decidido modificar la tcnica normativa empleada hasta ahora en la incorporacin de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor transposicin, como reducir la dispersin normativa y la complejidad de un ordenamiento que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jurdicos su tarea de aplicar el Derecho en un mbito ya de por s complejo y nuevo.

De este modo, la presente Ley da por amortizada la tcnica de la incorporacin individual de cada decisin marco o directiva europea en una ley ordinaria y su correspondiente ley orgnica complementaria, y se presenta como un texto conjunto en el que se renen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Incluye tanto las ya transpuestas a nuestro Derecho como las que estn pendientes, evitando la sealada dispersin normativa y facilitando su conocimiento y manejo por los profesionales del Derecho. Adems, se articula a travs de un esquema en el que tiene fcil cabida la incorporacin de las futuras directivas que puedan ir adoptndose en esta materia.

Esta Ley va acompaada adems de una Ley Orgnica por la que se modifica la Ley Orgnica del Poder Judicial, que evita las continuas reformas a las que sta tendra que verse sometida si la tarea de transposicin se realizase de manera individualizada.

III

La Ley parte de un breve ttulo preliminar, para estructurarse a continuacin en una serie de ttulos. El primero de estos ttulos contiene el rgimen tanto de la transmisin como del reconocimiento de las resoluciones penales en la Unin Europea, incluyendo normas de aplicacin a los distintos instrumentos, pero tambin de mbito ms reducido en relacin con slo uno o varios de estos instrumentos. De esta forma, en cada caso concreto, los aplicadores estn llamados a seguir tanto estas normas generales que aseguran la coherencia del conjunto, como las disposiciones especficas de cada uno de esos instrumentos.

Los ttulos siguientes regulan cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, siguiendo un esquema idntico en el que se distinguen unas normas comunes, otras destinadas a indicar a la autoridad judicial competente en cada caso cmo transmitir a otros Estados de la Unin Europea una resolucin de reconocimiento mutuo y, por fin, otras que establecen las reglas de ejecucin en Espaa de las resoluciones que transmitan las autoridades competentes de los dems Estados miembros. La parte final de la Ley contiene tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria, cuatro disposiciones finales y trece anexos. Estos ltimos incorporan los formularios o los certificados que habrn de emplear las autoridades judiciales espaolas para la transmisin de las resoluciones judiciales o para realizar aquellas notificaciones exigidas por la Ley.

IV

El Ttulo preliminar contiene las disposiciones bsicas que conforman el rgimen jurdico del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea. La Ley enumera cules son esas resoluciones judiciales que luego regula, establece el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuacin, la aplicacin supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, as como qu ha de entenderse por Estado de emisin y de ejecucin. No se olvida la Ley de la necesidad de conocer la dinmica de estas formas de cooperacin judicial mediante su reflejo en datos estadsticos.

V

El Ttulo I contiene las normas generales de la transmisin y del reconocimiento y ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unin Europea. Se hace aqu un esfuerzo de identificacin de los elementos comunes que se encuentran en las diferentes normas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. Estas disposiciones han venido a generalizar reglas que las decisiones marco de la Unin Europea haban recogido con formulaciones dispares y cuya incorporacin acrtica habra generado diferencias carentes de justificacin, complicando al mismo tiempo la aplicacin de esta Ley.

De esta forma, en este Ttulo se reconocen las caractersticas bsicas del nuevo sistema de cooperacin judicial basado en el reconocimiento mutuo. Sus artculos contienen las reglas comunes que rigen tanto la transmisin de las rdenes europeas y resoluciones judiciales a otros Estados miembros, como su ejecucin en Espaa, los motivos generales de denegacin del reconocimiento y la ejecucin, y las normas sobre recursos, gastos e indemnizaciones y reembolsos, entre otras.

La competencia tanto para la transmisin como para la ejecucin de los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal. La ley generaliza la audiencia previa al Fiscal cuando sea un Juez o Tribunal el que est conociendo de alguno de los referidos instrumentos.

Especial relevancia tiene el listado de categoras delictivas a las que no ser de aplicacin el principio de doble tipificacin, en el que se expresa el compromiso bsico de los pases de la Unin Europea de renunciar a la exigencia del control de la doble incriminacin para una serie de infracciones. De este modo, aquellas resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros y transmitidas a Espaa para su reconocimiento y ejecucin, no estarn sujetos al control de la doble tipificacin por el Juez o Tribunal espaol, en la medida en que se refieran a alguno de los delitos enumerados y siempre que se cumplan las condiciones exigidas para cada tipo de resolucin judicial. Como consecuencia de la actuacin del principio de reconocimiento mutuo la decisin de la autoridad competente de reconocer y ejecutar la orden europea acordada por la autoridad judicial extranjera es casi automtica sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jurdico interno, y se limitan los supuestos de denegacin de la ejecucin de la decisin trasmitida a causas tasadas y estrictamente previstas en esta Ley.

Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo derivada de la relacin directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una caracterstica cuya puesta en prctica requiere la comunicacin inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en tanto que permitirn a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a estos instrumentos.

La importancia de estos preceptos de aplicacin al conjunto de instrumentos de reconocimiento mutuo se pone de manifiesto por su contenido, que comprende cuestiones como las notificaciones, traducciones, rgimen de recursos, supuestos comunes de suspensin o de denegacin de la ejecucin de una resolucin transmitida en nuestro pas, entre otros.

VI

El Ttulo II es el primero que se dedica ya a un instrumento en concreto, que es la orden europea de detencin y entrega, cuyas normas no slo siguen lo que hasta ahora ha regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega, sino que tambin se ha llevado a cabo su puesta al da, en atencin a la experiencia ya acumulada en esta materia. Ello ha supuesto el reforzamiento de las garantas jurdicas, en especial con la introduccin del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de tcnica normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicacin prctica de la norma. Se perfecciona as este procedimiento que permite a cualquier autoridad judicial espaola solicitar la entrega de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de actuaciones penales o para el cumplimiento de una condena impuesta, as como proceder a la entrega cuando haya recibido una orden europea de detencin y entrega procedente de la autoridad judicial de otro Estado miembro.

VII

El Ttulo III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. A travs de estos preceptos se incorpora una decisin marco no transpuesta hasta ahora, que permite que una resolucin condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar as la reinsercin social del condenado. Las autoridades judiciales espaolas, por tanto, podrn transmitir sentencias condenatorias a otros Estados, cuando en ellas se impongan penas o medidas privativas de libertad y se cumplan las condiciones sealadas por la ley, debiendo ejecutar asimismo aqullas que del mismo modo les hayan sido transmitidas.

VIII

Por su parte, el Ttulo IV contiene las normas de la llamada resolucin de libertad vigilada, que establecen el rgimen de la transmisin y ejecucin de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este ttulo contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales espaolas pueden transmitir una resolucin por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, como el procedimiento de ejecucin de dichas resoluciones en Espaa cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros. El reconocimiento mutuo de estas resoluciones tiene por objeto incrementar las posibilidades de reinsercin social del condenado al permitirle mantener sus lazos familiares, lingsticos y culturales, as como mejorar el control del cumplimiento de las medidas de libertad vigilada y de las penas sustitutivas con objeto de evitar la reincidencia, teniendo en cuenta el principio de la proteccin de las vctimas.

IX

El Ttulo V es el dedicado a la resolucin sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando as le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. De este modo, se consigue una mejor ordenacin de la actuacin de los Estados en este mbito penal y se evita que un residente en un Estado miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisin de una infraccin penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebracin del juicio. Con ello tambin se logra una mayor seguridad pblica al permitir que persona sometida a actuaciones penales en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las autoridades de este ltimo en espera de la celebracin del juicio, evitando acudir a institutos ms represivos como la prisin provisional o ms inseguros como la libertad provisional no vigilada.

X

El Ttulo VI regula la transmisin y ejecucin en otro Estado miembro de una orden europea de proteccin. Esta orden es una resolucin penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relacin con una medida de proteccin previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las vctimas o posibles vctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su territorio. Esta regulacin permite que las medidas de proteccin adoptadas a favor de una vctima, la acompaen en cualquier lugar de la Unin Europea al que se desplace, ocasional o permanentemente. El causante de este peligro tambin tendr que enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.

Las medidas que se prevn se caracterizaran por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de proteccin de la vctima en cada momento, lo que supone que tambin la autoridad competente pueda acordar su prrroga, revisin, modificacin o revocacin. De esta forma, se garantiza que las medidas de proteccin dictadas en cualquier Estado miembro a favor de una persona que se vea amenazada, sean efectivas en todo el territorio de la Unin.

XI

El Ttulo VII establece el rgimen de reconocimiento de la resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitirn por las autoridades judiciales espaolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales espaolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. Es importante destacar cmo el concepto de medida de aseguramiento aplicada a este instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria. Las exigencias del reconocimiento mutuo llevan a comprender en este instrumento una amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservacin, intervencin, incautacin o puesta en depsito judicial. Todo ello con las debidas garantas que protegen los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

XII

El Ttulo VIII se destina a prever el rgimen de la resolucin de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a travs del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales espaolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Unin Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales espaolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro. Ya es sabida la incidencia que las normas de la Unin Europea han tenido en esta materia a la hora de precisar el concepto de decomiso, que alcanza a bienes que provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un perodo anterior a la condena, o cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y una autoridad judicial nacional, basndose en hechos concretos, est plenamente convencida de su procedencia delictiva. En cambio, quedan fuera de esta ley los supuestos de restitucin de bienes a sus legtimos propietarios.

La Ley tambin incorpora las novedades mediante las cuales se tratan de remediar los problemas derivados de las dudas de localizacin de los bienes objeto de decomiso, y ante los cuales se permite que una autoridad judicial transmita su resolucin simultneamente a varios Estados miembros de la Unin Europea. Una previsin que, a su vez, obliga a que haya una mayor comunicacin entre las autoridades judiciales para evitar excesos de ejecucin.

XIII

El Ttulo IX tiene por objeto regular la resolucin por la que se exige el pago de una sancin pecuniaria, incorporando con leves modificaciones el contenido de la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Estas normas determinan el procedimiento a travs del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales espaolas, aquellas resoluciones firmes por las que se exija el pago de una sancin pecuniaria a una persona fsica o jurdica como consecuencia de la comisin de una infraccin penal, a otros Estados miembros de la Unin Europea en los que esa persona posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual. Igualmente, se regula el procedimiento mediante el cual las autoridades judiciales espaolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por otro Estado miembro y el condenado tenga esas propiedades, ingresos o residencia en nuestro pas.

Se ha de aclarar que el concepto de sancin pecuniaria de este instrumento no se refiere solamente a aquella cantidad de dinero exigida en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisin de una infraccin, sino tambin a la impuesta en la misma resolucin en concepto de costas judiciales, como compensacin en beneficio de las vctimas o destinada a un fondo pblico u organizacin de apoyo a las vctimas. Adems, las sanciones impuestas pueden derivar de la comisin de una infraccin de carcter penal o administrativa, en los trminos que se regulan.

XIV

El ltimo ttulo, el X, regula el exhorto europeo de obtencin de pruebas que incorpora una nueva decisin marco al regular las normas sobre la transmisin y ejecucin de aquella resolucin que las autoridades espaolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtencin de pruebas podr referirse tambin a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea por la comisin de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisin pueda dar lugar a un proceso ante un rgano jurisdiccional en el orden penal. No as en el caso de las infracciones administrativas cometidas en Espaa, pues en nuestro derecho las autoridades administrativas competentes no se encuentran en la situacin prevista en la norma europea, ya que sus resoluciones son recurribles en va contencioso-administrativa y no en va penal; lo que ha impedido su inclusin dentro de este mecanismo de cooperacin. Destacar que la intervencin siempre del Juez o Fiscal espaol en la ejecucin de esta resolucin cuando sea transmitida por otro Estado permite prescindir del requisito de la validacin por parte de esa autoridad de emisin, pues el Juez o el Fiscal ya valoran la proporcionalidad de la medida solicitada y si comporta limitacin de derechos fundamentales.

XV

Se ha de hacer una mencin a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a travs de los cuales se efectan las comunicaciones entre autoridades judiciales en la Unin Europea. Se trata de formularios y certificados idnticos en todos los pases, por lo que son perfectamente comprensibles a partir del modelo traducido a cada lengua, dotando a esa relacin de mayor agilidad y seguridad jurdica.

XVI

En definitiva, la presente Ley se configura como un instrumento integrador que, adems de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responde al compromiso de mejora de la cooperacin judicial penal en la Unin Europea y la lucha contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.


[Bloque 2: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR

Rgimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea.

En aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unin Europea, las autoridades judiciales espaolas que dicten una orden o resolucin incluida dentro de la regulacin de esta Ley, podrn transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecucin.

En aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, las autoridades judiciales espaolas competentes reconocern y ejecutarn en Espaa dentro del plazo previsto, las rdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningn motivo tasado de denegacin del reconocimiento o la ejecucin.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Instrumentos de reconocimiento mutuo.

1. Se entiende por instrumento de reconocimiento mutuo aquella orden europea o resolucin emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unin Europea que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecucin en el mismo.

2. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley son los siguientes:

a) La orden europea de detencin y entrega.

b) La resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

c) La resolucin de libertad vigilada.

d) La resolucin sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional.

e) La orden europea de proteccin.

f) La resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

g) La resolucin de decomiso.

h) La resolucin por la que se imponen sanciones pecuniarias.

i) La orden europea de investigacin.

Se modifica la letra i) por el art. nico.1 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Respeto a los derechos y libertades fundamentales.

La presente Ley se aplicar respetando los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en la Constitucin Espaola, en el artculo 6 del Tratado de la Unin Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950.


[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Rgimen jurdico.

1. El reconocimiento y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo que se enumeran en el artculo 2, se regirn por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Unin Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que Espaa sea parte. En defecto de disposiciones especficas, ser de aplicacin el rgimen jurdico previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Las disposiciones del Ttulo I se aplicarn sin perjuicio de las normas especficas correspondientes a cada instrumento de reconocimiento mutuo previstas en los restantes ttulos de esta Ley.

3. La interpretacin de las normas contenidas en esta Ley se realizar de conformidad con las normas de la Unin Europea reguladoras de cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo.


[Bloque 7: #a5]

Artculo 5. Estado de emisin y Estado de ejecucin.

Se entiende por:

a) Estado de emisin: el Estado miembro de la Unin Europea en el que la autoridad competente ha dictado una orden o resolucin de las reguladas en esta Ley al objeto de que sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro.

b) Estado de ejecucin: el Estado miembro de la Unin Europea al que se ha transmitido una orden o resolucin dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecucin.


[Bloque 8: #a6]

Artculo 6. Deber de informacin al Ministerio de Justicia. Autoridad Central.

1. Los Jueces o Tribunales que transmitan o ejecuten los instrumentos de reconocimiento mutuo previstos en esta Ley lo reflejarn en los boletines estadsticos trimestrales y lo remitirn al Ministerio de Justicia.

2. La Fiscala General del Estado remitir semestralmente al Ministerio de Justicia un listado de los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por representantes del Ministerio Pblico.

3. El Ministerio de Justicia ser la Autoridad Central a la que corresponde la funcin de auxilio a las autoridades judiciales.


[Bloque 9: #ti]

TTULO I

Rgimen general de la transmisin, el reconocimiento y la ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unin Europea


[Bloque 10: #ci]

CAPTULO I

Transmisin por las autoridades judiciales espaolas de instrumentos de reconocimiento mutuo


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Emisin y documentacin de rdenes y resoluciones para su ejecucin al amparo del principio de reconocimiento mutuo.

1. Cuando la eficacia de una resolucin penal espaola requiera la prctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Unin Europea, tratndose de algn instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espaola competente la documentar en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecucin.

El testimonio de la resolucin penal en la que se basa el certificado se remitir obligatoriamente junto con ste, salvo que se trate de una orden europea de detencin y entrega, una orden europea de proteccin o una orden europea de investigacin, que se documentarn exclusivamente a travs del formulario correspondiente.

El original de la resolucin o del certificado ser remitido nicamente cuando as lo solicite la autoridad de ejecucin.

2. El certificado o el formulario irn firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resolucin que se documenta.

3. El certificado o el formulario se traducirn a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relacin con ese Estado, su remisin en espaol.

La resolucin penal slo ser objeto de traduccin cuando as se requiera por la autoridad judicial de ejecucin. El coste de la traduccin ser asumido por el Estado de ejecucin que la reclama, con la excepcin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el Ttulo III.

Se modifica por el art. nico.2 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 12: #a8]

Artculo 8. Transmisin de rdenes y resoluciones para su ejecucin al amparo del principio de reconocimiento mutuo.

1. La transmisin de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as como cualquier otra notificacin practicada con arreglo a esta Ley, se har directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecucin, a travs de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.

Cualquier dificultad que surja en relacin con la transmisin o la autenticidad de algn documento necesario para la ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar mediante comunicacin directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relacin con una orden europea de detencin y entrega o una orden europea de investigacin, con la participacin de las autoridades centrales de los Estados miembros.

2. Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecucin competente, se solicitar la informacin correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto espaoles de la Red Judicial Europea (RJE) y dems redes de cooperacin existentes.

3. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley podrn transmitirse a la autoridad judicial competente, recabndose la colaboracin del Miembro Nacional de Espaa en Eurojust cuando proceda, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.3 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 13: #a9]

Artculo 9. Informacin obligatoria a Eurojust en relacin con los instrumentos de reconocimiento mutuo.

La obligacin de transmisin de informacin y la peticin de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirn por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espaa en Eurojust, los conflictos de jurisdiccin, las redes judiciales de cooperacin internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, as como su normativa de desarrollo.

Se modifica por el art. nico.4 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 14: #a10]

Artculo 10. Descripcin del delito y de la pena.

La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resolucin judicial cuya ejecucin se transmite a otro Estado miembro de la Unin Europea, especificar si el delito objeto de la resolucin judicial se incardina en alguna de las categoras que eximen del control de doble tipificacin de la conducta en el Estado de ejecucin, de acuerdo con el artculo 20, y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de tres aos de privacin de libertad.


[Bloque 15: #a11]

Artculo 11. Prdida sobrevenida del carcter ejecutorio de la resolucin cuya ejecucin ha sido transmitida.

La autoridad judicial espaola de emisin informar inmediatamente a la autoridad encargada de la ejecucin, de la adopcin de cualquier resolucin o medida que tenga por objeto dejar sin efecto el carcter ejecutorio de la orden o resolucin cuya ejecucin ha sido transmitida previamente, solicitando la devolucin del formulario o del certificado.


[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Trnsito por otro Estado miembro del reclamado por la autoridad judicial espaola.

Cuando a la autoridad judicial espaola de emisin de una orden europea de detencin y entrega, de una resolucin por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigacin, le conste que resulta necesario el trnsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecucin, instar al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizacin, remitiendo copia de la resolucin judicial y del certificado emitido, traducido ste a una de las lenguas que acepte el Estado de trnsito.

El Ministerio de Justicia pedir informacin al Estado de trnsito sobre si puede garantizar que el condenado no ser perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restriccin de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores. En su caso, el Ministerio de Justicia, a peticin de la autoridad judicial de emisin, podr retirar la solicitud.

Se modifica por el art. nico.5 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 17: #a13]

Artculo 13. Recursos contra las resoluciones de transmisin de instrumentos de reconocimiento mutuo.

1. Contra las resoluciones por las que se acuerde la transmisin de un instrumento de reconocimiento mutuo podrn interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jurdico espaol, que se tramitarn y resolvern exclusivamente por la autoridad judicial espaola competente conforme a la legislacin espaola.

2. En caso de estimacin de un recurso, la autoridad judicial espaola lo comunicar inmediatamente a la autoridad que est conociendo de la ejecucin.

3. En caso de concesin de indulto que afecte a la resolucin recurrida, la autoridad judicial espaola lo comunicar inmediatamente a la autoridad que est conociendo de la ejecucin.

La concesin del indulto no podr alcanzar, en ningn caso, al concepto de costas o gastos administrativos generados en el proceso ni tampoco a la compensacin otorgada en beneficio de la vctima.

4. No cabr recurso alguno contra la decisin de transmisin de un instrumento de reconocimiento mutuo acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigacin, sin perjuicio de su valoracin posteriormente en el correspondiente procedimiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


[Bloque 18: #a14]

Artculo 14. Gastos.

El Estado espaol financiar los gastos ocasionados por la ejecucin de una orden o resolucin de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecucin.

Si en la ejecucin de una resolucin judicial de decomiso o de una orden europea de investigacin emitida por la autoridad competente espaola, se recibiera comunicacin del Estado de ejecucin proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco das desde la recepcin de esta comunicacin se dirigir oficio al Ministerio de Justicia espaol a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecucin y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.

En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad espaola de emisin decidir si retira total o parcialmente la orden europea de investigacin, o la mantiene, sufragando en este ltimo caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirn las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuacin:

a) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad espaola implica el traslado temporal de detenidos a Espaa o al Estado de ejecucin, con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin, el Estado espaol financiar los gastos derivados del traslado y su retorno.

b) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad espaola implica la intervencin de telecomunicaciones, el Estado espaol financiar los gastos derivados de la transcripcin, la descodificacin y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.

Se modifica por el art. nico.6 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 19: #a15]

Artculo 15. Indemnizaciones y reembolsos.

Salvo que esta Ley disponga otra cosa, el Estado espaol nicamente reembolsar al Estado de ejecucin las cantidades abonadas por ste en concepto de indemnizacin de daos y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecucin de la orden o resolucin remitida, siempre y cuando no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.


[Bloque 20: #cii]

CAPTULO II

Reconocimiento y ejecucin por las autoridades judiciales espaolas de instrumentos de reconocimiento mutuo


[Bloque 21: #s1]

Seccin 1. Disposiciones generales


[Bloque 22: #a16]

Artculo 16. Reconocimiento y ejecucin inmediata.

1. Las autoridades judiciales espaolas competentes reconocern y ejecutarn sin ms trmites que los establecidos en esta Ley, en el plazo estipulado en ella para cada caso, la orden o resolucin cuya ejecucin ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro.

2. La resolucin que declare que la autoridad judicial que ha recibido la orden o resolucin carece de competencia para ejecutarla deber acordar tambin su remisin inmediata a la autoridad judicial que entienda competente, notificando dicha resolucin al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial del Estado de emisin.

3. La resolucin que declare la denegacin del reconocimiento o de la ejecucin de la orden o resolucin judicial transmitida para su ejecucin en Espaa deber acordar tambin su devolucin inmediata y directa a la autoridad judicial de emisin cuando el auto sea firme.


[Bloque 23: #a17]

Artculo 17. Traduccin del certificado.

1. Cuando el formulario o el certificado no venga traducido al espaol, se devolver inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traduccin correspondiente, salvo que un convenio en vigor con dicho Estado o una declaracin depositada ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea permitan el envo en esa otra lengua.

2. No ser obligatorio que la resolucin judicial en que se basa el certificado se reciba traducida al espaol, sin perjuicio de que la autoridad judicial solicite su traduccin cuando lo considere imprescindible para su ejecucin.


[Bloque 24: #a18]

Artculo 18. Prctica de las comunicaciones.

1. Las autoridades judiciales espaolas admitirn el envo que se efecte mediante correo certificado o medios informticos o telemticos si los documentos estn firmados electrnicamente y permiten verificar su autenticidad. Se admitirn tambin las comunicaciones efectuadas por fax y, a continuacin, se requerir el envo de la documentacin original a la autoridad judicial emisora, siendo la recepcin de la misma la que determinar el inicio del cmputo de los plazos previstos en esta Ley.

2. Las comunicaciones a la autoridad de emisin que deban hacerse en virtud de lo establecido en esta Ley por parte de la autoridad judicial espaola sern directas y se podrn cursar en espaol mediante correo certificado, medios electrnicos fehacientes o fax, sin perjuicio de remitir a la autoridad extranjera el oportuno testimonio si sta lo requiriese.


[Bloque 25: #a19]

Artculo 19. Subsanacin del certificado.

1. En los casos de insuficiencia del formulario o del certificado, cuando ste falte o no se corresponda manifiestamente con la resolucin judicial cuya ejecucin es transmitida, la autoridad judicial lo comunicar a la autoridad de emisin fijando un plazo para que el certificado se presente de nuevo, se complete o se modifique.

2. Cuando se trate de una resolucin de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, la autoridad judicial podr adoptar, tras or al Ministerio Fiscal por el plazo de tres das, y en este mismo plazo, alguna de las siguientes decisiones:

a) Fijar un plazo para que el certificado se presente de nuevo o se complete o modifique.

b) Aceptar un documento equivalente de la autoridad competente del Estado de emisin que complete la informacin necesaria.

c) Dispensar a la autoridad judicial de emisin de presentarlo si considera suficiente la informacin suministrada.

3. En los casos en que, siendo obligatoria su transmisin, falte la resolucin judicial cuya ejecucin ha sido solicitada, la autoridad judicial acordar un plazo para su remisin por la autoridad judicial de emisin.


[Bloque 26: #a20]

Artculo 20. Ausencia de control de la doble tipificacin y sus excepciones.

1. Cuando una orden o resolucin dictada en otro Estado miembro sea transmitida a Espaa para su reconocimiento y ejecucin, estos instrumentos no estarn sujetos al control de la doble tipificacin por el Juez o Tribunal espaol, en la medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados a continuacin y se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.

Los delitos son los siguientes:

Pertenencia a una organizacin delictiva.

Terrorismo.

Trata de seres humanos.

Explotacin sexual de menores y pornografa infantil.

Trfico ilcito de drogas y sustancias psicotrpicas.

Trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.

Corrupcin.

Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Blanqueo de los productos del delito.

Falsificacin de moneda.

Delitos informticos.

Delitos contra el medio ambiente, incluido el trfico ilcito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.

Ayuda a la entrada y residencia en situacin ilegal.

Homicidio voluntario y agresin con lesiones graves.

Trfico ilcito de rganos y tejidos humanos.

Secuestro, detencin ilegal y toma de rehenes.

Racismo y xenofobia.

Robos organizados o a mano armada.

Trfico ilcito de bienes culturales, incluidas las antigedades y las obras de arte.

Estafa.

Chantaje y extorsin de fondos.

Violacin de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificacin de mercancas.

Falsificacin de documentos administrativos y trfico de documentos falsos.

Falsificacin de medios de pago.

Trfico ilcito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.

Trfico ilcito de materias nucleares o radiactivas.

Trfico de vehculos robados.

Violacin.

Incendio provocado.

Delitos incluidos en la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional.

Secuestro de aeronaves y buques.

Sabotaje.

2. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias, adems de las sealadas en el apartado anterior, no estarn sometidas al principio de doble tipificacin aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:

Conducta contraria a la legislacin de trfico, incluidas las infracciones a la legislacin de conduccin y de descanso y a las normas reguladoras de transporte de mercancas peligrosas.

Contrabando de mercancas.

Infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los acontecimientos deportivos.

Vandalismo.

Robo.

Infracciones establecidas por el Estado de emisin en virtud de normas comunitarias.

3. El reconocimiento mutuo y ejecucin de las rdenes europeas de proteccin se efectuar siempre con control de la doble tipificacin.

4. Cuando la orden o resolucin judicial que se reciba castigue un hecho tipificado como un delito distinto de los previstos en este artculo, su reconocimiento y ejecucin podrn supeditarse al cumplimiento del requisito de la doble tipificacin, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada instrumento de reconocimiento mutuo.

No obstante lo anterior, cuando la orden o resolucin se haya impuesto por una infraccin penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podr denegarse la ejecucin de la resolucin si el fundamento fuere que la legislacin espaola no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulacin en materia tributaria, aduanera y de control de cambios que la legislacin del Estado de emisin.


[Bloque 27: #a21]

Artculo 21. Normas aplicables a la ejecucin.

1. La ejecucin de la orden o resolucin que haya sido transmitida por otro Estado miembro se regir por el Derecho espaol y se llevar a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial espaola.

No obstante lo anterior, la autoridad judicial espaola competente observar las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisin siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurdico espaol.

2. La ejecucin de la orden o resolucin se ajustar a los trminos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigacin, con la participacin de las autoridades centrales de los Estados miembros.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.7 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 28: #a22]

Artculo 22. Notificacin del reconocimiento y la ejecucin. Audiencia.

1. Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en Espaa y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificacin frustrara la finalidad perseguida, se le notificarn las rdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecucin se haya solicitado.

La prctica de esta notificacin supondr el reconocimiento del derecho a intervenir en el proceso, si lo tuviere por conveniente, personndose con abogado y procurador.

2. La autoridad judicial espaola informar a la autoridad judicial competente del Estado de emisin y al Ministerio Fiscal, sin dilacin, de la resolucin de reconocimiento o denegacin de la orden o resolucin transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecucin, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho espaol.

3. El ejercicio del derecho de audiencia del imputado a lo largo del procedimiento podr llevarse a cabo a travs de la aplicacin de los instrumentos de Derecho internacional o de la Unin Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante telfono o videoconferencia.


[Bloque 29: #a23]

Artculo 23. Suspensin de la ejecucin de la resolucin.

1. La ejecucin ser suspendida por alguna de las causas previstas legalmente y cuando la autoridad judicial de emisin comunique a la autoridad espaola de ejecucin la prdida sobrevenida del carcter ejecutorio de la orden o resolucin judicial transmitida.

2. La autoridad judicial espaola comunicar inmediatamente a la autoridad judicial del Estado de emisin la suspensin de la ejecucin de la orden o resolucin judicial recibida, los motivos de la suspensin y, si es posible, la duracin de la misma.

3. Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensin, la autoridad judicial espaola tomar de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la orden o resolucin judicial, e informar de ello a la autoridad judicial competente del Estado de emisin.

4. Si la causa de suspensin hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se devolver el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisin.


[Bloque 30: #a24]

Artculo 24. Recursos.

1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espaola resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podrn interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.

2. La autoridad judicial competente comunicar a la autoridad judicial del Estado de emisin tanto la interposicin de algn recurso y sus motivos como la decisin que recaiga sobre el mismo.

3. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resolucin slo podrn ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisin.

4. Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabr recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisin y de su valoracin posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisin.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.8 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 31: #a25]

Artculo 25. Gastos.

1. Los gastos ocasionados en territorio espaol por la ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo sern a cargo del Estado espaol. Los dems gastos y, en concreto, los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado emisor, corrern a cargo de este ltimo.

2. En ejecucin de la resolucin judicial de decomiso, si Espaa hubiera incurrido en gastos excepcionales, la autoridad judicial podr poner de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicacin al Ministerio de Justicia espaol a fin de que ste, si as lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisin sobre un posible reparto de los gastos ocasionados y llegue al acuerdo que proceda.

3. En ejecucin de la orden europea de investigacin, si la autoridad competente espaola estima que los costes de ejecucin seran excepcionalmente elevados, pondr de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicacin al Ministerio de Justicia espaol a fin de que ste, si as lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisin sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificacin de la orden europea de investigacin en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado espaol sino el Estado de emisin.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirn las siguientes reglas en los supuestos que se indica a continuacin:

a) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a Espaa, o bien al Estado de emisin, con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin, el Estado de emisin financiar los gastos derivados del traslado y su retorno.

b) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervencin de telecomunicaciones, el Estado de emisin financiar los gastos derivados de la transcripcin, la descodificacin y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.

Se aade el apartado 3 por el art. nico.9 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 32: #a26]

Artculo 26. Indemnizaciones y reembolsos.

El Ministerio de Justicia reclamar al Estado de emisin el reembolso de las cantidades que, de acuerdo con la legislacin espaola, haya tenido que abonar en concepto de indemnizacin de daos y perjuicios causados a terceros, siempre y cuando stos no sean responsabilidad exclusivamente de Espaa por el funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia o por error judicial.


[Bloque 33: #a27]

Artculo 27. Trnsito de personas por territorio espaol en ejecucin de una orden europea o resolucin judicial transmitida por otro Estado miembro.

1. El Ministerio de Justicia ser competente para autorizar el trnsito por territorio espaol de una persona que est siendo trasladada al Estado de emisin desde el Estado de ejecucin de una orden europea de detencin y entrega, de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigacin, siempre que aqul le remita la solicitud de trnsito acompaada de una copia del certificado emitido para la ejecucin de la resolucin.

El Ministerio de Justicia podr solicitar al Estado de emisin que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espaol.

2. El Ministerio de Justicia informar al Estado de emisin si no puede garantizar que el condenado no ser perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restriccin de su libertad individual en Espaa, por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecucin.

3. El Ministerio de Justicia comunicar su decisin a la autoridad competente del Estado de emisin en el plazo mximo de una semana desde la recepcin de la solicitud, salvo en el caso en que hubiera pedido la traduccin del formulario o certificado, en cuyo caso podr aplazar la decisin hasta que reciba la traduccin.

En ningn caso podr prolongarse la detencin de la persona ms all del tiempo estrictamente necesario para la ejecucin del trnsito.

4. No se requerir solicitud de trnsito en los supuestos de trnsito areo sin escalas, salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso el Ministerio de Justicia dar su autorizacin en el plazo de 72 horas.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.10 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 34: #a28]

Artculo 28. Trnsito del reclamado por un tercer Estado miembro en una ejecucin acordada por la autoridad espaola.

Cuando fuere necesario el trnsito del reclamado en virtud de una orden europea de detencin y entrega o de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecucin espaola lo pondr en conocimiento de la autoridad judicial de emisin extranjera, para que sea dicha autoridad la que recabe la pertinente autorizacin a las autoridades del Estado de trnsito.


[Bloque 35: #s2]

Seccin 2. Denegacin del reconocimiento o de la ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo


[Bloque 36: #a29]

Artculo 29. Denegacin del reconocimiento o ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo.

nicamente podr denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unin Europea cuando concurra alguno de los motivos tasados previstos en esta Ley.


[Bloque 37: #a30]

Artculo 30. Peticin de informacin complementaria.

En los casos en que pueda concurrir una causa de denegacin del reconocimiento o la ejecucin que as lo justifique o un defecto subsanable en la emisin o transmisin, la autoridad judicial competente podr solicitar informacin complementaria a la autoridad del Estado de emisin, fijando un plazo en el que dicha informacin debe ser remitida.


[Bloque 38: #a31]

Artculo 31. Peticin de levantamiento de inmunidades.

1. Cuando, en relacin con el objeto del instrumento de reconocimiento mutuo, exista inmunidad de jurisdiccin o de ejecucin en Espaa, la autoridad judicial espaola de ejecucin solicitar sin demora el levantamiento de dicho privilegio si hacerlo fuera competencia de una autoridad espaola. Si el levantamiento compete a otro Estado o a una organizacin internacional, corresponder hacer la solicitud a la autoridad judicial que haya emitido la orden o resolucin cuya ejecucin se pretende, a cuyo efecto la autoridad judicial espaola de ejecucin comunicar a la de emisin dicha circunstancia.

2. En tanto se resuelve sobre la solicitud de retirada de la inmunidad a la que se refiere el apartado anterior, la autoridad judicial espaola de ejecucin adoptar, en su caso, las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la efectiva ejecucin de la orden o resolucin una vez levantada la inmunidad.

3. Cuando haya sido informada la autoridad judicial espaola de ejecucin de la retirada de la inmunidad, comenzarn a computarse los plazos previstos en esta Ley para la ejecucin de que se trate.


[Bloque 39: #a32]

Artculo 32. Motivos generales para la denegacin del reconocimiento o la ejecucin de las medidas solicitadas.

1. Las autoridades judiciales espaolas no reconocern ni ejecutarn las rdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con carcter general, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya dictado en Espaa o en otro Estado distinto al de emisin una resolucin firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecucin vulnerase el principio non bis in dem en los trminos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espaa sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.

b) Cuando la orden o resolucin se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espaolas y, de haberse dictado la condena por un rgano jurisdiccional espaol, el delito o la sancin impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espaol.

c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompaar a la solicitud de adopcin de las medidas est incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19.

d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecucin de la resolucin.

2. La autoridad judicial espaola tambin podr denegar el reconocimiento y la ejecucin de una resolucin cuando sta se haya impuesto por una infraccin distinta de las reguladas en el apartado 1 del artculo 20 que no se encuentre tipificada en el Derecho espaol, o en el apartado 2 del mismo artculo cuando tampoco est tipificada en Espaa y se trate de una resolucin por la que se imponen sanciones pecuniarias.

3. La autoridad judicial espaola podr denegar el reconocimiento y la ejecucin de una orden o resolucin cuando se refiera a hechos que el Derecho espaol considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espaol. En este supuesto se deber deducir testimonio y remitirse al rgano judicial competente para el conocimiento del asunto.

4. Las decisiones de denegacin del reconocimiento o la ejecucin de las medidas debern adoptarse sin dilacin y de forma motivada y se notificarn inmediatamente a las autoridades judiciales de emisin y al Ministerio Fiscal.

5. Los motivos de no reconocimiento o no ejecucin enumerados en la letra c) del apartado 1 y en el apartado 3 de este artculo no sern de aplicacin en relacin con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. nico.11 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 40: #a33]

Artculo 33. Resoluciones dictadas en ausencia del imputado.

1. La autoridad judicial espaola denegar tambin la ejecucin de la orden o resolucin que le hubiere sido transmitida cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolucin, a menos que en la misma conste, de acuerdo con los dems requisitos previstos en la legislacin procesal del Estado de emisin, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que, con la suficiente antelacin, el imputado fue citado en persona e informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolucin, o recibi dicha informacin oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento y que, adems, fue informado de que podra dictarse una resolucin en caso de incomparecencia.

b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado design abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por ste en el juicio celebrado.

c) Que, tras serle notificada la resolucin y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendra derecho a comparecer, se dictase una resolucin contraria a la inicial, el imputado declar expresamente que no impugnaba la resolucin, o no solicit la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.

2. Este precepto no ser de aplicacin a las resoluciones que soliciten la realizacin de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigacin ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisin provisional.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.12 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 41: #tii]

TTULO II

Orden europea de detencin y entrega


[Bloque 42: #ci-2]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 43: #a34]

Artculo 34. Orden europea de detencin y entrega.

La orden europea de detencin y entrega es una resolucin judicial dictada en un Estado miembro de la Unin Europea con vistas a la detencin y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecucin de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores.


[Bloque 44: #a35]

Artculo 35. Autoridades competentes en Espaa para emitir y ejecutar una orden europea de detencin y entrega.

1. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detencin y entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de rdenes.

2. La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detencin ser el Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiera a un menor la competencia corresponder al Juez Central de Menores.


[Bloque 45: #a36]

Artculo 36. Contenido de la orden europea de detencin y entrega.

La orden europea de detencin y entrega se documentar en el formulario que figura en el anexo I, con mencin expresa a la siguiente informacin:

a) La identidad y nacionalidad de la persona reclamada.

b) El nombre, la direccin, el nmero de telfono y de fax y la direccin de correo electrnico de la autoridad judicial de emisin.

c) La indicacin de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detencin o de cualquier otra resolucin judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en este Ttulo.

d) La naturaleza y tipificacin legal del delito.

e) Una descripcin de las circunstancias en que se cometi el delito, incluidos el momento, el lugar y el grado de participacin en el mismo de la persona reclamada.

f) La pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas que establece la legislacin para ese delito.

g) Si es posible, otras consecuencias del delito.


[Bloque 46: #cii-2]

CAPTULO II

Emisin y transmisin de una orden europea de detencin y entrega


[Bloque 47: #a37]

Artculo 37. Objeto de la orden europea de detencin y entrega.

La autoridad judicial espaola podr dictar una orden europea de detencin y entrega en los siguientes supuestos:

a) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal espaola seale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duracin mxima sea, al menos, de doce meses, o de una medida de internamiento en rgimen cerrado de un menor por el mismo plazo.

b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privacin de libertad, o de una medida de internamiento en rgimen cerrado de un menor por el mismo plazo.


[Bloque 48: #a38]

Artculo 38. Toma de declaracin previa a la emisin de una orden europea de detencin y entrega.

Con carcter previo a la emisin de una orden europea de detencin y entrega, el juez competente podr solicitar autorizacin al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaracin a travs de una solicitud de auxilio judicial.

Se modifica por el art. nico.13 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 49: #a39]

Artculo 39. Requisitos para la emisin en Espaa de una orden europea de detencin y entrega.

1. La autoridad judicial espaola podr dictar una orden europea de detencin y entrega para el ejercicio de acciones penales cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, concurran adems los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar el ingreso en prisin preventiva del reclamado o los de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para acordar el internamiento cautelar de un menor.

2. Asimismo, la autoridad judicial espaola slo podr dictar una orden europea de detencin y entrega para el cumplimiento de pena por el reclamado cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, no sea posible la sustitucin ni la suspensin de la pena privativa de libertad a que haya sido condenado.

3. Con carcter previo a la emisin, el Juez acordar mediante providencia el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusacin particular para informe, que deber evacuarse en el plazo de dos das, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo ms breve. Slo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusacin particular interesara la emisin de la orden europea de detencin y entrega para el ejercicio de acciones penales, podr acordarlo el Juez, por auto motivado.

4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecucin su derecho a designar abogado en Espaa para asistir al abogado en el Estado de ejecucin, se garantizar el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jurdica gratuita, en los trminos que legalmente proceda conforme al Derecho espaol. La peticin deber tramitarse por la autoridad judicial espaola con carcter inmediato y la designacin de profesionales por el Colegio de Abogados tendr carcter preferente y urgente.

Se aade el apartado 4 por el art. nico.14 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 50: #a40]

Artculo 40. Transmisin de una orden europea de detencin y entrega.

1. Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial espaola podr comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecucin la orden europea de detencin y entrega.

2. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de emisin espaola podr decidir introducir una descripcin de la persona reclamada en el Sistema de Informacin Schengen.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 la autoridad judicial espaola podr decidir, en cualquier circunstancia, introducir una descripcin de la persona reclamada en el Sistema de Informacin Schengen.

4. Las citadas descripciones se efectuarn de conformidad con lo dispuesto en el artculo 95 del Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresin gradual de los controles en las fronteras comunes, de 19 de junio de 1990. Una descripcin en el Sistema de Informacin Schengen, acompaada de la informacin que figura en el artculo 36, equivaldr a todos los efectos a una orden europea de detencin y entrega.

5. Si no es posible recurrir al Sistema de Informacin Schengen, la autoridad judicial espaola podr recurrir a los servicios de Interpol para la comunicacin de la orden europea de detencin y entrega.

6. La autoridad judicial espaola remitir una copia de las rdenes europeas de detencin y entrega enviadas al Ministerio de Justicia.

7. El Ministerio del Interior comunicar al Ministerio de Justicia las detenciones y las entregas practicadas en ejecucin de las rdenes europeas de detencin y entrega.


[Bloque 51: #a41]

Artculo 41. Remisin de informacin complementaria.

Con posterioridad a la transmisin de la orden europea de detencin y entrega, la autoridad judicial espaola de emisin podr remitir a la autoridad judicial de ejecucin cuanta informacin complementaria sea de utilidad para proceder a su ejecucin, ya sea de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o, en su caso, de la acusacin particular, as como a instancia de la propia autoridad de ejecucin que as lo interese.


[Bloque 52: #a42]

Artculo 42. Solicitud de entrega de objetos.

Cuando la autoridad judicial espaola emita una orden europea de detencin y entrega podr solicitar, cuando sea necesario, a las autoridades de ejecucin que, de conformidad con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito y que se adopten las medidas de aseguramiento pertinentes.

La descripcin de los objetos solicitados se har constar en el Sistema de Informacin Schengen.


[Bloque 53: #a43]

Artculo 43. Solicitud de entregas temporales y de toma de declaracin en el Estado de ejecucin.

1. La entrega temporal del reclamado slo podr solicitarse para el ejercicio de acciones penales contra l, sin que sea posible para que el reclamado cumpla en Espaa una pena ya impuesta.

2. Se podr solicitar la entrega temporal, incluso antes de que la autoridad de ejecucin se haya pronunciado sobre la entrega definitiva, para llevar a cabo la prctica de diligencias penales o la celebracin de la vista oral.

3. Con la misma finalidad, podr solicitarse la entrega temporal si la autoridad de ejecucin, tras haber acordado la entrega de la persona reclamada, decidiera suspender la misma por estar pendiente en el Estado de ejecucin la celebracin de juicio o el cumplimiento de una pena impuesta por un hecho distinto del que motivare la orden europea de detencin y entrega.


[Bloque 54: #a44]

Artculo 44. Respuesta en los casos de entrega condicionada.

Si la autoridad de ejecucin condicionara la entrega de su nacional o residente a que el mismo sea devuelto al Estado de ejecucin para el cumplimiento de la pena o medida de seguridad privativa de libertad o de la medida de internamiento de un menor que pudieran pronunciarse contra l en Espaa, cuando la autoridad judicial espaola de emisin fuese requerida para comprometerse en tal sentido, el Juez o Tribunal oir a las partes personadas por tres das y tras ello dictar auto aceptando o no la condicin.

El auto que comprometiese a transmitir al otro Estado la ejecucin de la pena o medida privativa de libertad ser vinculante para todas las autoridades judiciales que, en su caso, resulten competentes en las fases ulteriores del procedimiento penal espaol.


[Bloque 55: #a45]

Artculo 45. Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposicin de la autoridad judicial espaola de emisin.

1. Si la orden europea de detencin y entrega se hubiera emitido para el ejercicio de acciones penales, cuando el reclamado sea puesto a disposicin de la autoridad judicial espaola que emiti la orden, se convocar una comparecencia por sta en los plazos y forma previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, cuando proceda, en la Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de resolver sobre la situacin personal del detenido. La autoridad judicial espaola deducir del perodo mximo de prisin preventiva cualquier perodo de privacin de libertad que haya sufrido el reclamado derivado de la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega.

2. Si la orden europea de detencin y entrega se hubiera emitido para el cumplimiento de una pena privativa de libertad por el penado, cuando el reclamado sea puesto a disposicin de la autoridad judicial espaola que emiti la orden, sta decretar su ingreso en prisin como penado a resultas de la causa que motiv la emisin de la orden europea. La autoridad judicial espaola deducir del perodo total de privacin de libertad que haya de cumplirse en Espaa como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativa de libertad, cualquier perodo de privacin de libertad derivado de la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega.


[Bloque 56: #a46]

Artculo 46. Comunicacin de incidencias al Ministerio de Justicia.

La autoridad judicial espaola comunicar al Ministerio de Justicia los incumplimientos de plazos en la entrega del detenido que fueran imputables al Estado de ejecucin, as como las denegaciones o dificultades reiteradas al reconocimiento y ejecucin de las rdenes europeas de detencin y entrega emitidas por Espaa.

El Ministerio de Justicia comunicar a Eurojust los supuestos de incumplimiento reiterado sealados en el prrafo anterior en las ejecuciones de rdenes europeas de detencin y entrega emitidas por Espaa.


[Bloque 57: #ciii]

CAPTULO III

Ejecucin de una orden europea de detencin y entrega


[Bloque 58: #a47]

Artculo 47. Hechos que dan lugar a la entrega.

1. Cuando la orden europea de detencin y entrega hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categoras de delitos enumeradas en el apartado 1 del artculo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisin con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en rgimen cerrado de un menor cuya duracin mxima sea, al menos, de tres aos, se acordar la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificacin de los hechos.

2. En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que estn castigados en el Estado de emisin con una pena o medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en rgimen cerrado de un menor cuya duracin mxima sea, al menos, de doce meses o, cuando la reclamacin tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privacin de libertad, la entrega podr supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisin de la orden europea de detencin y entrega sean constitutivos de un delito conforme a la legislacin espaola, con independencia de los elementos constitutivos o la calificacin del mismo.


[Bloque 59: #a48]

Artculo 48. Denegacin de la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega.

1. La autoridad judicial de ejecucin espaola denegar la ejecucin de la orden europea de detencin y entrega, adems de en los supuestos previstos en los artculos 32 y 33, en los casos siguientes:

a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en Espaa de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea de detencin y entrega y ste fuera perseguible por la jurisdiccin espaola.

b) Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en Espaa por los mismos hechos.

c) Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detencin y entrega haya recado en otro Estado miembro de la Unin Europea una resolucin definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.

d) Cuando la persona objeto de la orden europea de detencin y entrega haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unin Europea, siempre que, en caso de condena, la sancin haya sido ejecutada o est en esos momentos en curso de ejecucin o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena.

e) Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detencin y entrega an no pueda ser, por razn de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho espaol.

2. La autoridad judicial de ejecucin espaola podr denegar la ejecucin de la orden europea de detencin y entrega en los casos siguientes:

a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detencin y entrega est sometida a un procedimiento penal en Espaa por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de detencin y entrega.

b) Cuando la orden europea de detencin y entrega se haya dictado a efectos de ejecucin de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espaola o con residencia en Espaa, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisin. En otro caso, deber cumplir la pena en Espaa.

c) Cuando la orden europea de detencin y entrega se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espaol no permita la persecucin de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

Se modifica el apartado 2.b) por el art. nico.15 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 60: #a49]

Artculo 49. Denegacin de la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega por haberse dictado en ausencia del imputado.

1. Adems de los casos previstos en el artculo 33, la autoridad judicial espaola podr denegar tambin la ejecucin de la orden europea de detencin y entrega cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolucin, a menos que en la orden europea de detencin y entrega conste, de acuerdo con los dems requisitos previstos en la legislacin procesal del Estado de emisin, que no se notific personalmente al imputado la resolucin pero se le notificar sin demora tras la entrega, momento en el que ser informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, con indicacin de los plazos previstos para ello, con la posibilidad de que de ese nuevo proceso en el que tendra derecho a comparecer, derivase una resolucin contraria a la inicial.

2. En caso de que una orden europea de detencin y entrega se emita con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detencin con arreglo a las condiciones del apartado anterior y el interesado no haya recibido con anterioridad informacin oficial sobre la existencia de una accin penal contra l, dicha persona, al ser informada del contenido de la orden europea de detencin y entrega, podr solicitar a efectos meramente informativos recibir una copia de la sentencia con carcter previo a su entrega.

La autoridad de emisin, a travs de la autoridad judicial espaola, proporcionar al interesado la copia de la sentencia con carcter inmediato, sin que la solicitud de la copia pueda en ningn caso demorar el procedimiento de entrega ni la decisin de ejecutar la orden europea de detencin y entrega.

3. En caso de que una persona sea entregada en las condiciones previstas en el apartado 1 de este artculo y haya solicitado un nuevo proceso o interpuesto un recurso, se revisar su detencin, ya sea peridicamente o a solicitud del interesado, de acuerdo con la legislacin del Estado de emisin, a los efectos de determinar su posible suspensin o interrupcin, hasta que las actuaciones hayan finalizado.


[Bloque 61: #a50]

Artculo 50. Detencin y puesta a disposicin de la autoridad judicial.

1. La detencin de una persona afectada por una orden europea de detencin y entrega se practicar en la forma y con los requisitos y garantas previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislacin en materia de responsabilidad penal de menores.

2. En el plazo mximo de setenta y dos horas tras su detencin, la persona detenida ser puesta a disposicin del Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional. En el caso de menores de edad, a partir de los catorce aos, el plazo se reducir a veinticuatro horas, en el que el menor detenido ser puesto a disposicin del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislacin en materia de responsabilidad penal de menores.

La puesta a disposicin judicial ser comunicada a la autoridad judicial de emisin.

3. Puesta la persona detenida a disposicin judicial, se le informar de la existencia de la orden europea de detencin y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya funcin consistir en prestar asistencia al abogado en Espaa facilitndole informacin y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el trmite de audiencia ante el juez y con carcter irrevocable su entrega al Estado emisor, as como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondr en conocimiento de su autoridad competente con carcter inmediato.

4. La persona detenida ser informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisin, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, as como de la posibilidad de su revocacin posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequvoca, por escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.

La renuncia al abogado en el Estado de emisin podr revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtir efectos desde el momento en que se efecte.

Se modifica por el art. nico.16 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 62: #a51]

Artculo 51. Audiencia del detenido y decisin sobre la entrega.

1. La audiencia de la persona detenida se celebrar en el plazo mximo de setenta y dos horas desde la puesta a disposicin, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, de intrprete, debiendo realizarse conforme a lo previsto para la declaracin del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, se garantizar el derecho de defensa y, cuando legalmente proceda, la asistencia jurdica gratuita.

2. En primer lugar, se oir a la persona detenida sobre la prestacin de su consentimiento irrevocable a la entrega.

Si la persona detenida fuera espaol o residente en Espaa, se le oir tambin sobre si solicita ser devuelta a Espaa para cumplir la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudiera pronunciar en su contra el Estado de emisin.

3. Si la persona detenida consintiera en su entrega, se extender acta comprensiva de este extremo, que ser suscrita por la persona detenida, su abogado y, en su caso, el intrprete, as como el Fiscal y el Juez. En la misma acta se har constar la renuncia a acogerse al principio de especialidad, si se hubiere producido.

En todo caso, el Juez Central de Instruccin comprobar si el consentimiento a la entrega por parte de la persona detenida ha sido prestado libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en especial de su carcter irrevocable. De la misma forma proceder respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad.

4. Si la persona afectada hubiera consentido ser entregada al Estado de emisin y el Juez Central de Instruccin no advirtiera causas de denegacin o condicionamiento de la entrega, acordar mediante auto su entrega al Estado de emisin. Contra este auto no cabr recurso alguno.

5. Si no hubiere consentido, el Juez Central de Instruccin convocar a las partes para la celebracin de vista, que deber celebrarse en un plazo mximo de tres das y a la que asistir el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de abogado y, si fuera necesario, de intrprete. En dicha vista podrn practicarse los medios de prueba admitidos relativos a la concurrencia de causas de denegacin o condicionamiento de la entrega. El Juez Central de Instruccin oir a las partes sobre tales extremos y admitir o denegar la prueba propuesta para acreditar las causas alegadas.

6. Si la prueba no pudiera practicarse en el curso de la audiencia, el Juez fijar plazo para su prctica, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos mximos previstos en esta Ley.

7. Si la persona reclamada hubiese quedado en libertad provisional y no hubiera comparecido a la vista a pesar de estar debidamente citada en su comparecencia ante el Juez Central de Instruccin, se celebrar la misma en su ausencia y se resolver lo que en derecho proceda.

8. El Juez Central de Instruccin resolver mediante auto que deber dictarse en el plazo mximo de diez das tras la vista. Contra este auto podr interponerse recurso de apelacin directo ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en los trminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual tendr carcter preferente.


[Bloque 63: #a52]

Artculo 52. Decisin sobre el traslado temporal o toma de declaracin de la persona reclamada.

1. Cuando la orden europea de detencin y entrega emitida tenga por finalidad el ejercicio de acciones penales, si la autoridad judicial de emisin lo solicita, el Juez Central de Instruccin acordar, odo el Ministerio Fiscal por plazo de tres das, que se tome declaracin a la persona reclamada o que se la traslade temporalmente al Estado de emisin.

2. La toma de declaracin de la persona reclamada se llevar a cabo por la autoridad judicial de emisin que se traslade a Espaa, con la asistencia en su caso de la persona que designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisin, debiendo designarse intrprete a fin de que se traduzcan al espaol los aspectos esenciales de la diligencia. Deber practicarse en presencia de la autoridad judicial espaola, que velar porque la misma se practique segn lo previsto por la ley espaola y en las condiciones pactadas entre ambas autoridades judiciales, que podrn incluir el respeto a los requisitos y formalidades exigidos por la legislacin del Estado de emisin siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurdico. En todo caso, se respetar el derecho a la asistencia letrada del detenido, su derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable, as como a ser asistido de un intrprete.

En esta diligencia se contar tambin con presencia del Secretario judicial, que dejar constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en este artculo y las pactadas entre las autoridades judiciales que conocen del procedimiento.

3. En caso de haberse acordado el traslado temporal de la persona detenida, se llevar a cabo en las condiciones y con la duracin que se acuerde con la autoridad judicial de emisin. En todo caso, la persona reclamada deber volver a Espaa para asistir a las vistas que le conciernan en el marco del procedimiento de entrega.


[Bloque 64: #a53]

Artculo 53. Situacin personal de la persona reclamada.

1. En el curso de la audiencia o de la vista a que se refiere el artculo 51, el Juez Central de Instruccin, odo en todo caso el Ministerio Fiscal, decretar la prisin provisional o la libertad provisional, adoptando medidas cautelares que resulten necesarias y proporcionadas para asegurar la plena disponibilidad del reclamado, de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El Juez resolver atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad de asegurar la ejecucin de la orden europea de detencin y entrega.

3. En cualquier momento del procedimiento y en atencin a las circunstancias del caso, el Juez, odo el Ministerio Fiscal, podr acordar que cese la situacin de prisin provisional, pero en tal caso deber adoptar alguna o algunas de las medidas cautelares referidas en el apartado 1 de este artculo.

4. Contra las resoluciones judiciales a que se refiere este artculo cabr recurso de apelacin ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en las mismas condiciones establecidas en el apartado 8 del artculo 51. Proceder la celebracin de vista cuando lo solicite alguna de las partes.


[Bloque 65: #a54]

Artculo 54. Plazos para la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega.

1. La orden europea de detencin y entrega se tramitar y ejecutar con carcter de urgencia.

2. Si la persona reclamada consiente la entrega, la resolucin judicial deber adoptarse en los diez das siguientes a la celebracin de la audiencia.

3. Si no media consentimiento, el plazo mximo para adoptar una resolucin firme ser de sesenta das desde que se produjera la detencin.

4. Cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisin en los plazos sealados, stos podrn prorrogarse por otros treinta das. Se comunicar a la autoridad judicial de emisin tal circunstancia y sus motivos y se mantendrn entretanto las condiciones necesarias para la entrega.


[Bloque 66: #a55]

Artculo 55. Decisin de entrega condicionada.

1. Cuando la infraccin en que se basa la orden europea de detencin y entrega est castigada con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad, la ejecucin de la orden europea de detencin y entrega por la autoridad judicial espaola estar sujeta a la condicin de que el Estado miembro de emisin tenga dispuesto en su ordenamiento una revisin de la pena impuesta o la aplicacin de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con vistas a la no ejecucin de la pena o medida.

2. Asimismo, cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detencin y entrega a efectos de entablar una accin penal fuera de nacionalidad espaola o residente en Espaa, su entrega se podr supeditar, despus de ser oda al respecto, a la condicin de que sea devuelta a Espaa para cumplir la pena o medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciar en su contra el Estado de emisin. El cumplimiento de esta condicin se articular a travs de lo dispuesto para la resolucin de cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad.


[Bloque 67: #a56]

Artculo 56. Decisin de entrega suspendida.

Cuando la persona reclamada tenga algn proceso penal pendiente ante la jurisdiccin espaola por un hecho distinto del que motive la orden europea de detencin y entrega, la autoridad judicial espaola, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podr suspender la entrega hasta la celebracin de juicio o hasta el cumplimiento de la pena impuesta.

En este caso la autoridad judicial espaola acordar, si as lo solicitara la autoridad judicial de emisin, la entrega temporal de la persona reclamada en las condiciones que formalice por escrito con dicha autoridad judicial y que tendrn carcter vinculante para todas las autoridades del Estado miembro emisor.


[Bloque 68: #a57]

Artculo 57. Decisin en caso de concurrencia de solicitudes.

1. En el caso de que dos o ms Estados miembros hubieran emitido una orden europea de detencin y entrega en relacin con la misma persona, la decisin sobre la prioridad de ejecucin ser adoptada por el Juez Central de Instruccin, previa audiencia del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, en particular, el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de las rdenes, as como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecucin penal o a efectos de ejecucin de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2. En caso de concurrencia entre una orden europea de detencin y entrega y una solicitud de extradicin presentada por un tercer Estado, la autoridad judicial espaola suspender el procedimiento y remitir toda la documentacin al Ministerio de Justicia. La propuesta de decisin sobre si debe darse preferencia a la orden europea de detencin y entrega o a la solicitud de extradicin se elevar por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros, una vez consideradas todas las circunstancias y, en particular, las contempladas en el apartado 1 y las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable. Este trmite se regir por lo dispuesto en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradicin Pasiva.

3. En caso de que se decida otorgar preferencia a la solicitud de extradicin, se notificar a la autoridad judicial espaola, que lo pondr en conocimiento de la autoridad judicial de emisin.

En caso de que se decida otorgar preferencia a la orden europea de detencin y entrega, se notificar a la autoridad judicial espaola al objeto de que se contine con el procedimiento en el trmite en el que se suspendi.

4. Lo dispuesto en este artculo se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Estatuto de la Corte Penal Internacional.


[Bloque 69: #a58]

Artculo 58. Entrega de la persona reclamada.

1. La entrega de la persona reclamada se har efectiva por agente de la autoridad espaola, previa notificacin a la autoridad designada al efecto por la autoridad judicial de emisin del lugar y fechas fijados, siempre dentro de los diez das siguientes a la decisin judicial de entrega.

2. Si por causas ajenas al control de alguno de los Estados de emisin o de ejecucin no pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondrn en contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez das desde la fecha inicialmente fijada.

3. Excepcionalmente, la autoridad judicial podr suspender provisionalmente la entrega por motivos humanitarios graves, pero sta deber realizarse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La entrega se verificar en los diez das siguientes a la nueva fecha que se acuerde cuando dichos motivos dejen de existir.

4. En caso de que hubiere de ser suspendida o aplazada la entrega de la persona reclamada por tener algn proceso penal pendiente en Espaa y estuviese privado de libertad, deber garantizarse que la autoridad judicial espaola que conoce del procedimiento de la orden europea de detencin y entrega recibe la informacin sobre la futura puesta en libertad del reclamado para que adopte inmediatamente la decisin que corresponda sobre su situacin personal a efectos de su entrega a la autoridad de ejecucin.

Si la persona reclamada estuviera cumpliendo condena, el centro penitenciario deber poner en conocimiento de la autoridad judicial espaola que conozca del procedimiento de la orden europea de detencin y entrega la fecha efectiva de cumplimiento con, al menos, quince das de antelacin, para que ste pueda adoptar la decisin que corresponda sobre su situacin personal.

En el caso de que la persona reclamada se encuentre en prisin provisional en una causa abierta en Espaa, el Tribunal que conozca de ese procedimiento deber poner inmediatamente al reclamado a disposicin de la autoridad judicial espaola que conozca del procedimiento de orden europea de detencin y entrega, comunicando con antelacin suficiente su decisin de acordar la libertad en su procedimiento, para que se adopte en el plazo de setenta y dos horas la decisin sobre su situacin personal para garantizar la ejecucin de la entrega.

5. Transcurridos los plazos mximos para la entrega sin que la persona reclamada haya sido recibida por el Estado de emisin, se proceder a la puesta en libertad de la persona reclamada o la aplicacin de las medidas que procedan con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal si tuviere alguna causa pendiente en Espaa, sin que ello sea fundamento para la denegacin de la ejecucin de una posterior orden europea de detencin y entrega basada en los mismos hechos.

6. En todo caso, en el momento de la entrega el Secretario judicial pondr en conocimiento de la autoridad judicial de emisin el perodo de privacin de libertad que haya sufrido la persona a que se refiera la orden europea de detencin y entrega, a fin de que sea deducido de la pena o medida de seguridad que se imponga, as como si el detenido renunci o no al principio de especialidad.


[Bloque 70: #a59]

Artculo 59. Entrega de objetos.

1. A peticin de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, el Juez Central de Instruccin intervendr y entregar, de conformidad con el Derecho interno, los objetos que constituyan medio de prueba o efectos del delito, sin perjuicio de los derechos que el Estado espaol o terceros puedan haber adquirido sobre los mismos. En este caso, una vez concluido el juicio, se proceder a su restitucin.

2. Los objetos mencionados en el apartado anterior debern entregarse aun cuando la orden europea de detencin y entrega no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasin de la persona reclamada.

3. En el caso de que los bienes estn sujetos a embargo o decomiso en Espaa, la autoridad judicial espaola podr denegar su entrega o efectuarla con carcter meramente temporal, si ello es preciso para el proceso penal pendiente.


[Bloque 71: #civ]

CAPTULO IV

Otras disposiciones


[Bloque 72: #a60]

Artculo 60. Aplicacin del principio de especialidad a la ejecucin de una orden europea de detencin y entrega.

1. El consentimiento o autorizacin para el enjuiciamiento, condena o detencin con vistas a la ejecucin de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad, por toda infraccin cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motiv dicha entrega al Estado espaol, se presumir que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecucin haya notificado a la Secretara General del Consejo de la Unin Europea su disposicin favorable al respecto, salvo que en un caso particular la autoridad judicial de ejecucin declare lo contrario en su resolucin de entrega.

2. Si no se hubiese notificado la declaracin a que se refiere el apartado anterior, la persona entregada a Espaa no podr ser procesada, condenada o privada de libertad por una infraccin cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado sta, salvo que el Estado de ejecucin lo autorizase. A tal efecto, la autoridad judicial de emisin espaola presentar a la autoridad judicial de ejecucin una solicitud de autorizacin, acompaada de la informacin mencionada en el artculo 36.

3. En el supuesto de que Espaa sea el Estado de ejecucin, en tanto no se practique la notificacin a la Secretara General del Consejo a que se refiere el apartado 1, para el enjuiciamiento, condena o detencin con vistas a la ejecucin de una condena o medida de seguridad privativa de libertad por toda infraccin cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motiv dicha entrega, el Estado de emisin deber solicitar la autorizacin a la que se refiere el apartado anterior.

Para resolver sobre la autorizacin se oir al Ministerio Fiscal por el plazo de cinco das. Hecho lo cual, deber ser designado abogado para la defensa de los intereses del reclamado, si no lo tuviera, y se le dar traslado para que pueda formular alegaciones en plazo de cinco das. El Juez Central de instruccin resolver por auto motivado en el plazo de diez das, sin que la tramitacin de la solicitud recibida pueda exceder del plazo de treinta das desde su recepcin. Se conceder la autorizacin si se dieran las condiciones para ejecutar una orden europea de detencin y entrega y no concurriera ninguna de las causas previstas para denegar la ejecucin de sta.

4. Los apartados anteriores no sern de aplicacin cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente ante la autoridad judicial de ejecucin al principio de especialidad antes de la entrega.

b) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente, despus de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relacin con determinadas infracciones anteriores a su entrega. La renuncia se efectuar ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantar acta de la misma con arreglo al derecho interno de ste. La renuncia se efectuar en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona tendr derecho a la asistencia de un abogado.

c) Cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco das desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio despus de haber salido del mismo.

d) Cuando la infraccin no sea sancionable con una pena o medida de seguridad privativas de libertad.

e) Cuando el proceso penal no concluye con la aplicacin de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona.

f) Cuando la persona est sujeta a una pena o medida no privativa de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual.


[Bloque 73: #a61]

Artculo 61. Entrega ulterior a una extradicin.

1. En caso de que la persona reclamada haya sido extraditada a Espaa desde un tercer Estado, y de que la misma estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad, la autoridad judicial espaola de ejecucin solicitar la autorizacin del Estado que la haya extraditado para que pueda ser entregada al Estado de emisin. Los plazos contemplados en el artculo 54 empezarn a contar en la fecha en que dichas reglas relativas al principio de especialidad dejen de aplicarse.

2. En tanto se tramita la autorizacin, la autoridad judicial espaola de ejecucin garantizar que siguen dndose las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva.


[Bloque 74: #a62]

Artculo 62. Extradicin ulterior.

1. Cuando una persona haya sido entregada a Espaa en virtud de una orden europea de detencin y entrega, si es solicitada posteriormente su extradicin por un Estado que no sea miembro de la Unin Europea, no podr otorgarse dicha extradicin sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecucin que acord la entrega, a cuyo efecto el Juez Central de Instruccin cursar la pertinente solicitud.

2. Si las autoridades judiciales espaolas hubieran acordado la entrega de una persona a otro Estado miembro de la Unin Europea, en virtud de una orden europea de detencin y entrega, y les fuera solicitado su consentimiento por las autoridades judiciales de emisin con el fin de proceder a su extradicin a un tercer Estado no miembro de la Unin Europea, dicho consentimiento se prestar de conformidad con los convenios bilaterales o multilaterales en los que Espaa sea parte, teniendo la peticin de autorizacin la consideracin de demanda de extradicin a estos efectos.


[Bloque 75: #tiii]

TTULO III

Resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad


[Bloque 76: #ci-3]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 77: #a63]

Artculo 63. Resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. Las sentencias cuyo rgimen de reconocimiento y ejecucin se regula en este Ttulo son aquellas resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro tras la celebracin de un proceso penal, por las que se condena a una persona fsica a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisin de una infraccin penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad con la Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. Lo dispuesto en este Ttulo se aplica nicamente a las penas o medidas pendientes, total o parcialmente, de ejecucin. Cuando hayan sido totalmente cumplidas, su consideracin en un nuevo proceso penal se regir por la Ley Orgnica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informacin de antecedentes penales y consideracin de resoluciones judiciales penales en la Unin Europea.


[Bloque 78: #a64]

Artculo 64. Autoridades judiciales competentes en Espaa para transmitir y ejecutar una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. Son autoridades competentes para la transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, as como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, ser autoridad competente el tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia.

2. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecucin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad ser el Juez Central de lo Penal. Para llevar a cabo la ejecucin de la misma, ser competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuando la resolucin se refiera a una medida de internamiento en rgimen cerrado de un menor la competencia corresponder al Juez Central de Menores.

3. La autoridad judicial remitir al Ministerio de Justicia, en el plazo de tres das desde su emisin o desde su reconocimiento y ejecucin, una copia de los certificados transmitidos o reconocidos en Espaa.


[Bloque 79: #cii-3]

CAPTULO II

Transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad


[Bloque 80: #a65]

Artculo 65. Solicitudes de transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. Se podr transmitir una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad tanto de oficio por la autoridad judicial espaola competente como a solicitud del Estado de ejecucin o de la persona condenada.

La solicitud de la persona condenada para que se inicie un procedimiento para la transmisin de la resolucin se podr efectuar ante la autoridad competente espaola o ante la del Estado de ejecucin.

Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecucin y de la persona condenada no obligarn a la autoridad judicial espaola competente a la transmisin de la resolucin.

2. Antes del inicio de la ejecucin de la condena, en caso de que la persona condenada no estuviera cumpliendo ninguna otra, el Juez o Tribunal sentenciador, una vez que la sentencia sea firme, podr transmitir la resolucin a la autoridad competente del Estado de ejecucin directamente o a travs del Juez de Vigilancia Penitenciaria.


[Bloque 81: #a66]

Artculo 66. Requisitos para transmitir una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. La autoridad judicial espaola competente podr transmitir una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unin Europea para que proceda a su ejecucin, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el condenado se encuentre en Espaa o en el Estado de ejecucin.

b) Que la autoridad judicial espaola considere que la ejecucin de la condena por el Estado de ejecucin contribuir a alcanzar el objetivo de facilitar la reinsercin social del condenado, despus de haber consultado al Estado de ejecucin, cuando corresponda.

c) Que medie el consentimiento del condenado, salvo que el mismo no sea necesario, en los trminos previstos en el artculo siguiente.

2. El hecho de que, adems de la condena a la pena o medida de seguridad privativa de libertad, se haya impuesto una sancin pecuniaria o decomiso que todava no haya sido abonada o ejecutado no impedir la transmisin de la resolucin por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad. Los pronunciamientos condenatorios de carcter patrimonial podrn amparar la transmisin de resoluciones judiciales de decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.

3. Antes de transmitir la resolucin, la autoridad judicial competente se asegurar de que no existe ninguna sentencia condenatoria pendiente de devenir firme en relacin al condenado.


[Bloque 82: #a67]

Artculo 67. Consentimiento del condenado.

1. La transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por la autoridad judicial espaola competente a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecucin, exigir recabar previamente el consentimiento del condenado ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deber estar asistido de abogado y en su caso, de intrprete y habr tenido que ser informado en trminos claros y comprensibles de la finalidad de la audiencia y del consentimiento.

2. Sin embargo, no ser necesario su consentimiento cuando el Estado de ejecucin sea:

a) El Estado de nacionalidad del condenado en que posea vnculos atendiendo a su residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales.

b) El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsin o traslado contenida en la sentencia o en una resolucin judicial o administrativa derivada de la sentencia.

c) El Estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el proceso penal abierto contra l en Espaa o por haber sido condenado en Espaa.

3. En todo caso, la autoridad judicial competente dar la oportunidad al condenado que se encuentre en Espaa de formular verbalmente o por escrito su opinin. sta se tendr en cuenta al decidir sobre la transmisin de la resolucin y se remitir a la autoridad del Estado de ejecucin junto con el resto de la documentacin.

Cuando la persona condenada, a causa de su edad o estado fsico o psquico, no pueda dar su opinin, la misma se recabar a travs de su representante legal.


[Bloque 83: #a68]

Artculo 68. Consultas sobre la transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad entre el Estado de emisin y el de ejecucin.

1. Antes de la transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, la autoridad judicial competente podr consultar a la autoridad competente del Estado de ejecucin, por todos los medios apropiados, sobre aquellos aspectos que permitan concluir que la transmisin de la resolucin contribuir a facilitar la reinsercin del condenado.

2. Esta consulta ser obligatoria en los casos en que la resolucin se transmita a un Estado de ejecucin distinto de aqul en que el condenado vive y del que es nacional o de aqul al que vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad.

3. Cuando el Estado de ejecucin haya respondido a la consulta formulada, la autoridad judicial competente decidir si transmite o no la resolucin o si la retira, en caso de que sta hubiera sido ya transmitida.


[Bloque 84: #a69]

Artculo 69. Documentacin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

Una vez decidida por la autoridad judicial competente la ejecucin de la sentencia condenatoria en otro Estado miembro de la Unin Europea, transmitir a la autoridad competente dicha sentencia junto con el certificado que figura en el anexo II, debidamente cumplimentado.


[Bloque 85: #a70]

Artculo 70. Notificacin de la transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

El auto por el que la autoridad judicial competente acuerde la transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se notificar personalmente al condenado, asistido de intrprete si fuera necesario y de acuerdo con el certificado del anexo III.

Cuando, al dictarse el auto, el condenado se encuentre en el Estado de ejecucin se transmitir el certificado del anexo III a la autoridad judicial competente de aqul para que lleve a cabo esa notificacin.


[Bloque 86: #a71]

Artculo 71. Transmisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. La resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se transmitir a un nico Estado de ejecucin.

2. Se podr transmitir a uno de los siguientes Estados miembros:

a) El Estado del que el condenado es nacional y en el que tenga su residencia habitual.

b) El Estado del que el condenado es nacional y al que, de acuerdo con la sentencia o una resolucin administrativa, ser expulsado una vez puesto en libertad.

c) Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le transmita la resolucin.

d) Cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando as lo haya declarado ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Que el condenado resida de forma legal y continuada en ese Estado desde hace al menos cinco aos y mantenga en l su derecho de residencia permanente.

2. Que sea nacional de ese Estado de ejecucin pero no tenga su residencia habitual en el mismo.

3. La transmisin de la resolucin se comunicar al Juez o Tribunal que dict la sentencia condenatoria.


[Bloque 87: #a72]

Artculo 72. Solicitud del Juez de Vigilancia Penitenciaria de medidas cautelares sobre el condenado para su adopcin por la autoridad de ejecucin.

Si el condenado se encuentra en el Estado de ejecucin, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a instancia del Ministerio Fiscal, podr pedir a la autoridad competente del Estado de ejecucin que adopte una medida restrictiva de la libertad personal del condenado o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio. Esta solicitud podr hacerse incluso antes de que la autoridad de ejecucin reciba la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o antes de que decida si procede a su ejecucin.

De adoptarse por la autoridad de ejecucin una medida privativa de libertad del condenado, el tiempo que transcurra privado de libertad se abonar en la correspondiente liquidacin de condena.


[Bloque 88: #a73]

Artculo 73. Traslado del condenado al Estado de ejecucin.

1. Cuando la autoridad de ejecucin comunique que acepta la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se proceder al traslado del condenado al Estado de ejecucin si ste se encontrara en Espaa.

2. El plazo para hacer efectivo este traslado no podr superar los treinta das desde la adopcin por el Estado de ejecucin de la resolucin firme sobre el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

En caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informar de inmediato a la autoridad de ejecucin, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizar en un plazo mximo de diez das desde la nueva fecha acordada.


[Bloque 89: #a74]

Artculo 74. Retirada de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria emisor.

1. Antes del comienzo de la ejecucin de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, tras or al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por cinco das, podr acordar la retirada del certificado mediante auto motivado que deber dictarse en el plazo de cinco das y en el que se solicitar al Estado de ejecucin que no adopte medida alguna de ejecucin.

La retirada del certificado podr llevarse a cabo en los siguientes casos:

a) Si no ha habido consulta previa alguna y recibiera de la autoridad de ejecucin un dictamen o parecer relativo a que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecucin no contribuir al objetivo de facilitar la reinsercin social ni la reintegracin con xito del condenado en la sociedad.

b) Si no se alcanza un acuerdo con la autoridad de ejecucin en relacin con la ejecucin parcial de la condena.

c) Si, tras solicitar informacin a la autoridad de ejecucin sobre las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional, no se alcanza un acuerdo sobre su aplicacin.

2. Cuando se solicite por el Estado de ejecucin, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podr comunicar a la autoridad de ejecucin las disposiciones aplicables en Derecho espaol en relacin con la libertad anticipada o condicional del condenado, as como solicitarle informacin sobre las disposiciones aplicables en esta materia en virtud de la legislacin del Estado de ejecucin. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, recibida esta informacin y tras or a las partes personadas por cinco das, dictar auto motivado en el plazo de otros cinco. El auto contendr las disposiciones a aplicar por la autoridad de ejecucin o acordar retirar el certificado.


[Bloque 90: #a75]

Artculo 75. Consecuencias en el proceso espaol de la ejecucin en otro Estado miembro de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

Una vez iniciada la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria dejar de ser competente para adoptar resoluciones sobre la pena o medida privativa de libertad impuesta al condenado, incluidos los motivos de la libertad anticipada o condicional, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artculo anterior.

Esta circunstancia, as como la posterior retirada del certificado o la reversin de la ejecucin a Espaa, se comunicar a los rganos sentenciadores que hubieran pronunciado la condena privativa de libertad cuya ejecucin ha sido transmitida, retirada o revertida.


[Bloque 91: #a76]

Artculo 76. Reversin de la ejecucin de la condena a Espaa.

Podr reanudarse la ejecucin de la condena en Espaa cuando la autoridad competente del Estado de ejecucin informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la no ejecucin de la condena como consecuencia de la fuga del condenado.


[Bloque 92: #ciii-2]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad


[Bloque 93: #a77]

Artculo 77. Requisitos para el reconocimiento y la ejecucin en Espaa de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal reconocer las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unin Europea cuando de esta forma se facilite la reinsercin social del condenado y se d alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el condenado sea espaol y resida en nuestro pas.

b) Que el condenado sea espaol y vaya a ser expulsado a Espaa con motivo de esa condena.

c) Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la ejecucin de la sentencia en Espaa salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado espaol, este consentimiento no sea necesario.

2. La ejecucin en Espaa de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por el Estado de emisin no estar sujeta a control de la doble tipificacin cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artculo 20, siempre que estn castigados en el Estado de emisin con penas o medidas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos.


[Bloque 94: #a78]

Artculo 78. Consultas sobre la transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal contestar las solicitudes de informacin dirigidas por la autoridad de emisin relativas a la transmisin a nuestro pas de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad en un plazo mximo de veinte das desde su recepcin.

2. Cuando la consulta tenga por objeto conocer las posibilidades de reinsercin social del condenado en Espaa, el Juez Central de lo Penal oir a ste si estuviera en Espaa, recabar la informacin que entienda necesaria sobre el arraigo del condenado en nuestro pas, oir al respecto al Ministerio Fiscal, y remitir su respuesta a la autoridad que ha realizado la consulta.

3. En los casos en que no haya habido consulta y una vez se hayan transmitido la sentencia y el certificado, el Juez Central de lo Penal podr remitir un dictamen sobre la eventual ejecucin de la condena en Espaa y su contribucin a la reinsercin social del condenado.


[Bloque 95: #a79]

Artculo 79. Solicitud de transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

El Juez Central de lo Penal, de oficio o a solicitud del condenado, podr solicitar a la autoridad competente del Estado de emisin, previa audiencia al Ministerio Fiscal o a iniciativa de ste, la transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad para su ejecucin en Espaa.


[Bloque 96: #a80]

Artculo 80. Acuerdo para la ejecucin parcial de la condena.

1. El Juez Central de lo Penal consultar a la autoridad competente del Estado de emisin sobre el posible reconocimiento y ejecucin parcial de la resolucin condenatoria, antes de decidir que deniega el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin de manera total.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior y en atencin a las circunstancias del caso concreto, el Juez Central de lo Penal podr llegar a un acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisin para reconocer y ejecutar parcialmente la resolucin condenatoria. A falta de acuerdo, el certificado ser devuelto.

El acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecucin parciales de la resolucin no podr suponer, en ningn caso, el aumento de la duracin de la condena.


[Bloque 97: #a81]

Artculo 81. Procedimiento para el reconocimiento de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en Espaa.

1. Dentro de los cinco das siguientes a la recepcin del certificado, se dar traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez das se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecucin de la resolucin.

2. El Juez Central de lo Penal comprobar si concurre alguna causa de denegacin del reconocimiento o de la ejecucin, y tambin si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislacin del Estado de emisin. En todo caso, no ser necesario el consentimiento del condenado cuando:

a) Sea espaol y resida en Espaa.

b) Vaya a ser expulsado a Espaa una vez puesto en libertad en el Estado de emisin sobre la base de una orden de expulsin o traslado contenida en la sentencia o en una resolucin judicial o administrativa derivada de la sentencia.

c) Se haya fugado o haya regresado a Espaa por la condena dictada o por el proceso penal seguido en el Estado de emisin.

3. El Juez Central de lo Penal resolver mediante auto en el plazo de otros diez das el reconocimiento de la resolucin condenatoria o su denegacin.

En todo caso, en el plazo de noventa das el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecucin deber ser firme y se remitir, en su caso, al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.

4. En el auto se determinar el perodo total de privacin de libertad que haya de cumplirse en Espaa, deduciendo exclusivamente del mismo el que ya se haya cumplido en el Estado de emisin o el que proceda en virtud del tiempo que haya permanecido el condenado en prisin preventiva o cualquier otra medida restrictiva de su libertad que, adoptada por la autoridad del Estado de emisin, fuese computable.


[Bloque 98: #a82]

Artculo 82. Retirada del certificado de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

Si la autoridad competente del Estado de emisin notificara la retirada del certificado antes del comienzo de la ejecucin de la condena, el Juez Central de lo Penal archivar el procedimiento y le remitir lo actuado.

En la devolucin del certificado se har constar el tiempo que, en su caso, el condenado hubiera permanecido privado de libertad en Espaa en cumplimiento de alguna medida cautelar.


[Bloque 99: #a83]

Artculo 83. Adaptacin de condena.

1. En el caso de que la duracin de la condena impuesta en la resolucin sea incompatible con la legislacin espaola vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolucin por superar el lmite de la pena mxima prevista para ese delito, el Juez Central de lo Penal podr adaptar la condena. La adaptacin consistir en limitar la duracin de la condena al mximo de lo previsto en la referida legislacin para los delitos por los que el afectado fuera condenado.

2. En el caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislacin espaola, el Juez Central de lo Penal podr adaptar la condena a la pena o medida contemplada en nuestra legislacin para los delitos por los que el afectado fuera condenado. La pena adaptada debe corresponder a la pena impuesta en la resolucin judicial extranjera y, en consecuencia, no podr transformarse en pena de otra naturaleza como la pena de multa.

3. En ninguno de estos supuestos podr la adaptacin agravar la condena impuesta en el Estado de emisin.


[Bloque 100: #a84]

Artculo 84. Aplazamiento del reconocimiento de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal aplazar el reconocimiento de la resolucin condenatoria cuando el certificado que le haya remitido la autoridad competente del Estado de emisin est incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolucin que debe ejecutarse.

2. El nuevo plazo concedido para que la autoridad de emisin pueda completar o corregir el certificado no podr superar los sesenta das.


[Bloque 101: #a85]

Artculo 85. Denegacin del reconocimiento y la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de lo Penal denegar el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, adems de en los supuestos previstos en los artculos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habra podido ser declarada penalmente responsable por los hechos motivadores de la resolucin condenatoria, de acuerdo con la legislacin penal espaola.

b) Cuando la autoridad judicial espaola competente constate que, en el momento de recibir la resolucin condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir es inferior a seis meses.

c) Cuando, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 81, la resolucin transmitida imponga una medida privativa de libertad que no resulte ejecutable de acuerdo con el Derecho espaol.

d) Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en Espaa por una infraccin cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del Estado de emisin no diera su consentimiento.

e) Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del artculo 32, en el apartado 1 del artculo 33 o en las letras c) y e) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, el Juez Central de lo Penal consultar a la autoridad competente del Estado de emisin para que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.


[Bloque 102: #a86]

Artculo 86. Legislacin aplicable en la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria deber ejecutar la resolucin condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurdico espaol, con deduccin del perodo de privacin de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisin en relacin con la misma resolucin condenatoria, del perodo total que haya de cumplirse en Espaa.

No obstante, los efectos de la resolucin transmitida sobre las condenas dictadas por los Tribunales espaoles, o sobre las resoluciones que, conforme a lo dispuesto en el prrafo tercero del artculo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijen los lmites de cumplimiento de condena, se determinarn con arreglo a lo dispuesto en el artculo 14 y la disposicin adicional nica de la Ley Orgnica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informacin de antecedentes penales y consideracin de resoluciones judiciales penales en la Unin Europea.

2. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria ser la nica autoridad competente para determinar el procedimiento de ejecucin y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesin de la libertad condicional. Si la autoridad de emisin informara de la fecha en virtud de la cual el condenado tendra derecho a disfrutar de la libertad condicional, con arreglo a su ordenamiento jurdico, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria podr tenerla en cuenta.


[Bloque 103: #a87]

Artculo 87. Medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado cuando se encuentre en Espaa.

1. Si el condenado se encuentra en Espaa, a instancias de la autoridad de emisin o del Ministerio Fiscal, el Juez Central de lo Penal podr adoptar medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado que garanticen su permanencia en Espaa hasta el reconocimiento y ejecucin de la condena.

2. Recibida esta solicitud, el Juez Central de lo Penal podr ordenar la detencin del condenado y, una vez puesto a su disposicin, celebrar comparecencia en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tambin podr ordenar otra medida cautelar restrictiva de la libertad del condenado, siempre de conformidad con las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Estas medidas podrn solicitarse por la autoridad de emisin antes de transmitir la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

4. El tiempo de detencin y el de prisin provisional se computarn en la liquidacin de la condena a ejecutar en Espaa en virtud del reconocimiento y ejecucin de la resolucin para cuya garanta se adopt la medida.


[Bloque 104: #a88]

Artculo 88. Traslado del condenado a Espaa para el cumplimiento de la privacin de libertad.

Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisin ser trasladada a Espaa en el momento acordado entre la autoridad de emisin y el Juez Central de lo Penal, siempre dentro de los treinta das siguientes a la firmeza del auto de reconocimiento y ejecucin de la resolucin.

Si debido a circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el momento acordado se fijar una nueva fecha, inmediata a la desaparicin de esas circunstancias, desde la que debe verificarse el traslado en el plazo de diez das.


[Bloque 105: #a89]

Artculo 89. Suspensin de la ejecucin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

El Juez Central de lo Penal suspender la ejecucin de la resolucin tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisin le informe de la adopcin de cualquier resolucin o medida que tenga por efecto anular o dejar sin efecto la resolucin.


[Bloque 106: #a90]

Artculo 90. Devolucin a la autoridad de emisin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

Si durante la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr en conocimiento, sin dilacin, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisin y deduzca testimonio para la investigacin de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.

Cuando proceda la devolucin del certificado se har constar el tiempo que el condenado ha permanecido privado de libertad en Espaa en ejecucin de esta resolucin.

Se modifica por el art. nico.17 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 107: #a91]

Artculo 91. Ejecucin de condenas a raz de una orden europea de detencin y entrega.

Cuando se deniegue o se condicione una orden europea de detencin y entrega con fundamento en la nacionalidad espaola del condenado, el Juez Central de lo Penal aplicar las disposiciones de este Captulo a efectos de cumplimiento de la condena impuesta en el otro Estado miembro, impidiendo la impunidad del condenado.


[Bloque 108: #civ-2]

CAPTULO IV

Otras disposiciones


[Bloque 109: #a92]

Artculo 92. Aplicacin del principio de especialidad a la ejecucin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

1. La persona trasladada a Espaa en el marco de un proceso de reconocimiento y ejecucin de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad no podr ser procesada, condenada, ni privada de libertad en Espaa como consecuencia de la comisin de una infraccin anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado.

2. El apartado anterior no ser aplicable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de Espaa y no lo haya hecho en el plazo de cuarenta y cinco das desde su puesta en libertad definitiva, o bien lo ha hecho pero ha vuelto despus de haber salido.

b) Cuando la infraccin no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento.

c) Cuando el proceso penal no concluya con la aplicacin de una medida que restrinja la libertad individual.

d) Cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sancin o medida no privativa de libertad, aun cuando puedan restringir su libertad individual.

e) Cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado.

f) Cuando la persona condenada hubiera renunciado despus del traslado, de manera expresa y voluntaria, a acogerse al principio de especialidad en relacin con determinadas infracciones anteriores a su traslado.

La renuncia deber realizarla el condenado, asistido de un abogado, ante el Juez Central de lo Penal, que levantar acta de la misma.

g) Cuando el Estado de emisin d su consentimiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.

3. El Juez Central de lo Penal, como autoridad de ejecucin, remitir la correspondiente solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisin, acompaada de una orden europea de detencin y entrega.

4. En el supuesto de que Espaa sea el Estado emisor, las autoridades judiciales competentes consentirn la no aplicacin del principio de especialidad cuando el Estado de ejecucin le presente una solicitud de consentimiento acompaada de una orden europea de detencin y entrega y exista la obligacin de entrega de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

En este caso, la autoridad judicial espaola competente dar su consentimiento en un plazo no superior a treinta das desde la recepcin de la solicitud.


[Bloque 110: #tiv]

TTULO IV

Resolucin de libertad vigilada


[Bloque 111: #ci-4]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 112: #a93]

Artculo 93. Resolucin de libertad vigilada.

1. Las sentencias cuyo rgimen de reconocimiento y ejecucin se regula por este Ttulo son aquellas resoluciones firmes dictadas por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponga una pena o medida privativa de libertad o alguna de las medidas previstas en el artculo 94 a una persona fsica, cuando en relacin con su cumplimiento se acuerde:

a) La libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolucin ulterior de libertad vigilada.

b) La suspensin de la condena, bien en parte o bien en su totalidad, imponiendo una o ms medidas de libertad vigilada que pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resolucin de libertad vigilada aparte.

c) La sustitucin de la pena por otra que imponga una privacin de un derecho, una obligacin o una prohibicin que no constituya ni una pena o medida privativa de libertad, ni una sancin pecuniaria.

d) De acuerdo con el Derecho del Estado de emisin, una condena condicional mediante la cual se impone una o ms medidas de libertad vigilada, pudiendo, en su caso, diferir de forma condicional la pena privativa de libertad impuesta.

2. Se rigen tambin por las disposiciones de este Ttulo el reconocimiento y ejecucin de la resolucin de libertad vigilada cuando se hubiera adoptado por la autoridad competente para la ejecucin de la pena o medida privativa de libertad en el Estado de emisin.

3. Las disposiciones de este Ttulo no se aplicarn a los supuestos de reconocimiento y ejecucin de resoluciones que impongan penas privativas de libertad, sanciones pecuniarias o decomiso previstos en esta Ley.


[Bloque 113: #a94]

Artculo 94. mbito de aplicacin de la resolucin de libertad vigilada.

Son susceptibles de transmisin y ejecucin en otro Estado miembro de la Unin Europea o de recepcin por las autoridades judiciales espaolas competentes las siguientes medidas de libertad vigilada:

a) La obligacin de la persona condenada de comunicar a una autoridad especfica todo cambio de domicilio o lugar de trabajo.

b) La prohibicin de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del Estado de emisin o de ejecucin.

c) La imposicin de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de ejecucin.

d) Los requerimientos relativos a la conducta, la residencia, la educacin y la formacin o las actividades de ocio, o que establezcan lmites o determinen modalidades del ejercicio de una actividad profesional.

e) La obligacin de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad especfica.

f) La obligacin de evitar todo contacto con determinadas personas.

g) La obligacin de evitar todo contacto con determinados objetos que la persona condenada ha utilizado o podra utilizar para cometer infracciones penales.

h) La obligacin de reparar econmicamente los daos causados por la infraccin o de presentar pruebas del cumplimiento de esta obligacin.

i) La obligacin de realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

j) La obligacin de cooperar con un agente de vigilancia o con un representante de un servicio social que tenga responsabilidades con respecto a la persona condenada.

k) La obligacin de someterse a un tratamiento teraputico o de deshabituacin.


[Bloque 114: #a95]

Artculo 95. Autoridades judiciales competentes en Espaa para transmitir y ejecutar una resolucin de libertad vigilada.

1. Son autoridades de emisin de una resolucin de libertad vigilada los Jueces o Tribunales que conozcan de la ejecucin de la sentencia o resolucin de libertad vigilada.

2. Es autoridad competente para reconocer y acordar la ejecucin de una resolucin de libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unin Europea, el Juez Central de lo Penal. Cuando la resolucin de libertad vigilada transmitida se refiera a un menor ser competente el Juez Central de Menores.


[Bloque 115: #cii-4]

CAPTULO II

Transmisin de una resolucin de libertad vigilada


[Bloque 116: #a96]

Artculo 96. Requisitos para emitir una resolucin de libertad vigilada.

1. Son requisitos para que la autoridad judicial espaola competente emita a otro Estado miembro una resolucin de libertad vigilada:

a) Que se haya dictado una resolucin judicial firme de libertad vigilada en los trminos prescritos en esta ley.

b) Que el condenado no tenga su residencia legal y habitual en Espaa.

c) Que haya regresado al Estado donde reside legal y habitualmente o que, aun estando en nuestro pas, haya manifestado su voluntad de regresar a ste o a otro Estado miembro que lo autorice.

2. El hecho de que, adems de la libertad vigilada, se haya impuesto una sancin pecuniaria o una resolucin de decomiso que todava no haya sido abonada o ejecutada, no impedir la emisin de la resolucin de libertad vigilada. Los pronunciamientos condenatorios de carcter patrimonial podrn amparar la emisin de resoluciones de decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.


[Bloque 117: #a97]

Artculo 97. Documentacin de la orden europea de libertad vigilada.

La resolucin de libertad vigilada ir acompaada del certificado que figura en el anexo IV, con mencin expresa a las medidas cuya ejecucin se transmite, ya sean stas de las previstas con carcter general o de las especficas que el Estado de ejecucin haya aceptado en la declaracin efectuada ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea.

Junto al certificado se enviar la sentencia y, en su caso, la resolucin judicial firmes.


[Bloque 118: #a98]

Artculo 98. Transmisin de una resolucin de libertad vigilada.

1. La autoridad judicial espaola competente transmitir la resolucin de libertad vigilada a la autoridad competente del Estado miembro en el que la persona condenada tenga su residencia legal y habitual y al que haya regresado o desee regresar.

Tambin podr transmitirse a un Estado miembro distinto a aqul en el que la persona condenada tenga su residencia legal y habitual, a solicitud de la misma y siempre que la autoridad competente del Estado de la residencia del condenado haya dado su consentimiento a la transmisin.

2. Con carcter previo a la transmisin de la resolucin de libertad vigilada, la autoridad judicial preguntar a la persona condenada si desea regresar o permanecer en su Estado de residencia, concedindole a tal efecto un plazo de treinta das.

En caso de que la persona condenada manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado distinto, la autoridad judicial solicitar de la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisin de la resolucin.

3. La autoridad judicial espaola competente transmitir la sentencia y, en su caso, la resolucin de libertad vigilada a un nico Estado de ejecucin cada vez.

4. La autoridad judicial espaola transmitir tambin a la autoridad competente del Estado de ejecucin las medidas que, en su caso, se hubieren impuesto al condenado para el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito y dems responsabilidades pecuniarias, cuya satisfaccin se debe acreditar por el mismo.


[Bloque 119: #a99]

Artculo 99. Consecuencias de la resolucin de libertad vigilada.

1. Una vez que la autoridad competente del Estado de ejecucin comunique el reconocimiento de la resolucin de libertad vigilada que se le hubiera transmitido, la autoridad judicial espaola dejar de tener competencia tanto para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada, como para adoptar resoluciones ulteriores en relacin con la misma, salvo cuando el Estado de ejecucin haya hecho declaracin en contrario.

2. El Juez o Tribunal emisor, una vez transmitida la resolucin de libertad vigilada, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas, podr solicitar a la autoridad de ejecucin que le comunique la duracin mxima de la pena privativa de libertad prevista por el Derecho nacional del Estado de ejecucin en casos de incumplimiento de las medidas cuya ejecucin ha sido transmitida con la resolucin de libertad vigilada.


[Bloque 120: #a100]

Artculo 100. Devolucin de la resolucin de libertad vigilada.

1. El Juez o Tribunal emisor podr retirar el certificado, solicitando al Estado de ejecucin que no adopte medida alguna, siempre que no haya comenzado todava la ejecucin de la resolucin de libertad vigilada y dentro del plazo mximo de diez das:

a) Desde la recepcin de la informacin solicitada en relacin con la duracin mxima de la pena privativa de libertad prevista en el ordenamiento jurdico del Estado de ejecucin para la infraccin que dio lugar a la resolucin y que podra imponerse en caso de incumplimiento de la medida de libertad vigilada.

b) O desde la recepcin de la informacin sobre la decisin motivada del Estado de ejecucin de adaptar las medidas de libertad vigilada impuestas a las que se apliquen para infracciones equivalentes segn su ordenamiento jurdico.

El Juez o Tribunal, despus de la recepcin de la informacin del Estado de ejecucin, oir al Ministerio Fiscal en el plazo de cinco das y dictar auto, que deber ser motivado, dentro de los cinco das siguientes.

2. El Juez o Tribunal emisor podr solicitar la devolucin de la resolucin de libertad vigilada cuya ejecucin ha sido iniciada en otro Estado miembro, cuando en Espaa se estn llevando a cabo nuevos procesos penales contra el interesado.

3. Cuando la autoridad del Estado de ejecucin devuelva la competencia para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y para la adopcin de las decisiones ulteriores, la misma se ejercer de nuevo por el Juez o Tribunal competente, que tendr en cuenta el perodo y grado de cumplimiento en el Estado de ejecucin, as como aquellas decisiones ulteriores que ya se hubieran adoptado.


[Bloque 121: #ciii-3]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin de libertad vigilada


[Bloque 122: #a101]

Artculo 101. Requisitos para la transmisin a Espaa de la resolucin de libertad vigilada.

1. El reconocimiento en Espaa de una resolucin de libertad vigilada dictada por otro Estado miembro de la Unin Europea no estar sujeto a control de la doble tipificacin cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artculo 20, siempre que estn castigados en el Estado de emisin con penas o medidas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos.

2. Slo se podrn reconocer las resoluciones de libertad vigilada:

a) Cuando el condenado tenga su residencia legal y habitual en Espaa y conste fehacientemente que haya regresado a nuestro pas o que ha manifestado su voluntad de hacerlo ante la autoridad de emisin.

b) Cuando, a pesar de no tener el condenado su residencia legal y habitual en Espaa, s la tengan, desde hace al menos cinco aos, sus ascendientes, descendientes o hermanos, o su cnyuge o persona unida a l por relacin de naturaleza anloga, siempre que el condenado hubiera conseguido un contrato de trabajo o haya solicitado el cumplimiento en Espaa de la resolucin de libertad vigilada.


[Bloque 123: #a102]

Artculo 102. Solicitud para que Espaa preste su consentimiento a la transmisin de la resolucin de libertad vigilada.

Cuando el condenado no tenga residencia legal y habitual en Espaa, el Juez Central de lo Penal que reciba la solicitud de la autoridad de emisin para que preste su consentimiento a que la resolucin de libertad vigilada le sea transmitida, slo podr otorgarlo si se dan las condiciones previstas en la letra b) del apartado 2 del artculo anterior.


[Bloque 124: #a103]

Artculo 103. Procedimiento para el reconocimiento de la resolucin de libertad vigilada.

1. El Juez Central de lo Penal, en el plazo de cinco das desde la recepcin del certificado, oir al Ministerio Fiscal sobre si procede el reconocimiento y ejecucin de la resolucin de libertad vigilada, debiendo evacuarse ese trmite en el plazo de diez das. A continuacin, el Juez Central de lo Penal resolver en el plazo de otros diez das.

2. El Juez Central de lo Penal comprobar si concurre alguna causa de denegacin del reconocimiento o de la ejecucin, y tambin si concurren los requisitos en relacin con la residencia en Espaa del condenado, su regreso o voluntad de regresar a Espaa.

3. En todo caso, en el plazo de sesenta das desde la recepcin en Espaa de la resolucin de libertad vigilada, el Juez debe dictar auto motivado reconociendo o denegando su ejecucin. En circunstancias excepcionales en las que tal plazo no pueda respetarse, deber informarse de los motivos a la autoridad de emisin, as como de la fecha en que se estima que se adoptar dicha decisin.


[Bloque 125: #a104]

Artculo 104. Adaptacin de la resolucin de libertad vigilada.

1. En el caso de que la medida recogida en la resolucin de libertad vigilada, por su duracin, sea incompatible con el ordenamiento jurdico espaol por superar el lmite mximo previsto en nuestra legislacin, el Juez Central de lo Penal adaptar la condena. La adaptacin consistir en limitar la duracin de la medida de libertad vigilada al mximo de lo previsto en nuestra legislacin para infracciones equivalentes que se correspondan con las dictadas en el Estado de emisin.

2. En el caso de que la medida de libertad vigilada, por su naturaleza, sea incompatible con el ordenamiento jurdico espaol, el Juez Central de lo Penal adaptar la medida a la contemplada en nuestra legislacin para casos similares. La medida adaptada debe corresponderse tanto como sea posible con la medida impuesta en la sentencia o resolucin del Estado miembro de emisin.

3. En ninguno de estos dos casos la adaptacin podr agravar o alargar la medida impuesta en el Estado de emisin.


[Bloque 126: #a105]

Artculo 105. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de una resolucin de libertad vigilada.

1. El Juez Central de lo Penal denegar el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones de libertad vigilada, adems de en los supuestos de los artculos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habra podido ser declarada penalmente responsable de los hechos en que se basa la sentencia, de acuerdo con la legislacin penal espaola.

b) Cuando la duracin de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva sea inferior a seis meses.

c) Cuando la sentencia o, en su caso, la resolucin de libertad vigilada incluye medidas mdicas o teraputicas que, de acuerdo con el Derecho espaol, el Juez Central de lo Penal no puede vigilar.

d) Cuando no se cumplan las condiciones exigidas para la transmisin de una resolucin de libertad vigilada.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del artculo 32, en el apartado 1 del artculo 33 o en las letras b), c) y d) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecucin de la sentencia o de la resolucin de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal habr de consultar a la autoridad del Estado de emisin para que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

3. Cuando el Juez Central de lo Penal hubiera decidido alegar alguno de los motivos de denegacin contemplados en los apartados 2 y 3 del artculo 32, podr ponerse de acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisin para realizar la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas, sin asumir la responsabilidad de adoptar ninguna decisin ulterior.

En este caso, el Juez informar a la autoridad competente del Estado de emisin, a travs del certificado que figura en el anexo V, en caso de incumplimiento de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva por la persona condenada.


[Bloque 127: #a106]

Artculo 106. Adopcin por el Juez Central de lo Penal de resoluciones ulteriores en relacin con la libertad vigilada.

1. El Juez Central de lo Penal ser competente para la adopcin de las resoluciones ulteriores en relacin con la libertad vigilada ante el incumplimiento de la medida de libertad vigilada o de la comisin de una nueva infraccin penal del condenado, salvo que la adopcin corresponda a la autoridad de emisin por tratarse de alguno de estos supuestos:

a) Cuando la sentencia no imponga una pena o medida privativa de libertad que deba aplicarse en caso de incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en que consista la medida de libertad vigilada.

b) En los casos de condenas condicionales.

c) En los casos en que la sentencia se refiera a hechos que no constituyan infraccin legal en nuestro ordenamiento jurdico.

Cuando se diera alguno de estos supuestos se comunicar, sin demora, al Estado de emisin requirindole para que adopte la decisin oportuna, mantenindose mientras tanto las medidas de vigilancia del condenado.

2. Entre las decisiones ulteriores que la autoridad judicial espaola adoptar, de acuerdo con el ordenamiento jurdico espaol, se encuentran:

a) La modificacin de las obligaciones o prohibiciones contenidas en la medida de libertad vigilada, as como de su duracin.

b) La revocacin de la suspensin de la ejecucin de la sentencia o resolucin de la puesta en libertad condicional.

c) La imposicin de una pena privativa de libertad o de medidas de privacin de libertad cuando ya se hubiera concretado por la autoridad de emisin.

3. Las penas o medidas privativas de libertad que procediera ejecutar de conformidad con estas resoluciones ulteriores se llevarn a cabo de conformidad con la legislacin espaola.

4. El Juez Central de lo Penal informar a la autoridad competente del Estado de emisin de la adopcin de cualquiera de las decisiones sealadas en este artculo, as como de su ejecucin y de aquellas que se refieran a la extincin de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas.

5. El Juez Central de lo Penal tambin informar, previa solicitud de la autoridad de emisin, de la duracin mxima de la pena privativa de libertad prevista en el Cdigo Penal para la infraccin que dio lugar a la condena y que podra imponerse a la persona condenada en caso de quebrantamiento de condena.

Si, una vez recibida la resolucin de libertad vigilada, la autoridad de emisin solicitara informacin sobre la duracin mxima de la pena privativa de libertad prevista en nuestro Derecho para la infraccin que dio lugar a la resolucin y que podra imponerse en caso de incumplimiento del condenado de las medidas de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal le informar al respecto.


[Bloque 128: #a107]

Artculo 107. Retirada de la resolucin de libertad vigilada por la autoridad de emisin.

Si la autoridad de emisin retirara la resolucin de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal devolver la orden y remitir todo lo actuado a la autoridad de emisin.


[Bloque 129: #a108]

Artculo 108. Devolucin de la resolucin de libertad vigilada a la autoridad de emisin.

El Juez Central de lo Penal devolver a la autoridad competente del Estado de emisin la competencia respecto de la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas y de cualquier decisin ulterior relacionada con la sentencia:

a) En caso de fuga de la persona condenada.

b) En caso de que la persona condenada deje de tener su residencia habitual en Espaa.

c) A peticin del Estado de emisin, cuando existan nuevos procesos penales abiertos contra el interesado en dicho Estado.


[Bloque 130: #tv]

TTULO V

Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisin provisional


[Bloque 131: #ci-5]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 132: #a109]

Artculo 109. Resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. Las resoluciones cuyo rgimen de reconocimiento y ejecucin se regula por este Ttulo son aquellas adoptadas en un proceso penal por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponen a una persona fsica una o ms medidas de vigilancia en sustitucin de la prisin provisional.

2. Con la transmisin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional debe garantizarse la debida accin de la justicia y, de modo especial, la comparecencia en juicio de la persona de que se trate.

Asimismo, debe mejorar la proteccin de las vctimas, la seguridad ciudadana y promover la adopcin de resoluciones de libertad provisional en relacin con imputados que no sean residentes en el Estado miembro donde se sigue el proceso penal en su contra.


[Bloque 133: #a110]

Artculo 110. mbito de aplicacin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. Son susceptibles de transmisin y ejecucin en otro Estado miembro de la Unin Europea o de recepcin por las autoridades judiciales espaolas competentes las siguientes medidas de vigilancia:

a) La obligacin de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecucin cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir citaciones a comparecer en las diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales.

b) La prohibicin de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del Estado de emisin o del Estado de ejecucin.

c) La obligacin de permanecer en un lugar determinado durante el perodo de tiempo sealado.

d) La obligacin de respetar las limitaciones impuestas en relacin con la salida del territorio del Estado de ejecucin.

e) La obligacin de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad especfica.

f) La prohibicin de aproximarse a determinadas personas relacionadas con los delitos presuntamente cometidos.

g) La inhabilitacin para ejercer determinadas profesiones o actividades ligadas con el delito presuntamente cometido.

h) La obligacin de no conducir vehculos de motor.

i) La obligacin de depositar una fianza o prestar otra garanta, ya sea en determinados plazos o en un pago nico.

j) La obligacin de someterse a un tratamiento de desintoxicacin o deshabituacin de adicciones.

k) La prohibicin de tenencia y porte de armas o de otros objetos especficos relacionados con el delito enjuiciado.

2. No obstante lo dispuesto en apartado anterior, las medidas previstas en las letras g) a k) del mismo slo podrn transmitirse a aquellos Estados miembros de la Unin Europea que asuman su supervisin mediante notificacin a la Secretara General del Consejo de la Unin Europea.

3. La resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional dictada por una autoridad extranjera podr incluir estas medidas u otras previstas en su ordenamiento jurdico cuyo reconocimiento hayan sido objeto de notificacin por Espaa.


[Bloque 134: #a111]

Artculo 111. Autoridades competentes en Espaa para emitir y ejecutar una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. Son autoridades de emisin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional los Jueces o Tribunales que hayan dictado la resolucin de libertad provisional del imputado en el procedimiento penal.

2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional los Jueces de Instruccin o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia.


[Bloque 135: #cii-5]

CAPTULO II

Transmisin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional


[Bloque 136: #a112]

Artculo 112. Requisitos para transmitir una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. El Juez o Tribunal competente transmitir la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional a la autoridad competente del Estado miembro en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el imputado tenga su residencia legal y habitual en el Estado de ejecucin y consienta en regresar a dicho Estado.

b) Que el imputado solicite trasladarse a un Estado distinto del de su residencia y la autoridad competente de este Estado as lo consienta.

2. La resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional se transmitir a un nico Estado de ejecucin cada vez.


[Bloque 137: #a113]

Artculo 113. Consultas e intercambio de informacin entre autoridades competentes sobre la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

El Juez espaol mantendr la necesaria comunicacin con la autoridad competente del otro Estado miembro de la Unin Europea, mediante las consultas que procedan, tanto antes de transmitir la resolucin y el certificado, como durante su ejecucin para facilitar la adecuada supervisin de las medidas de vigilancia. Asimismo, se consultarn en relacin con la peligrosidad del imputado y en caso de incumplimiento grave de alguna de las medidas de vigilancia impuestas en la resolucin.

Estas consultas permitirn a la autoridad competente del Estado de ejecucin verificar la identidad y el lugar de residencia del interesado y conocer toda aquella informacin contenida en el registro de antecedentes penales.


[Bloque 138: #a114]

Artculo 114. Procedimiento para la transmisin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. La emisin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional debe acordarse de conformidad con el procedimiento recogido en este artculo bien de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o del imputado, sin que estas solicitudes tengan carcter vinculante.

2. Antes de la emisin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional, el Juez o Tribunal verificar si ya se haban acordado, en relacin con ese mismo imputado y en causas diferentes, otras resoluciones sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

Cuando concurran varias causas en las que se hubieran impuesto medidas alternativas a la prisin provisional del imputado, deber seguirse el trmite previsto en este artculo en cada autoridad judicial que conozca de cada una de ellas. Tambin deber seguirse en la autoridad judicial que tuviera decretada la busca y captura del imputado a fin de acordar su ingreso en prisin preventiva.

Si alguno de los Jueces o Tribunales decidiera no emitir la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional y mantener las medidas de vigilancia acordadas para que se ejecuten en Espaa o mantener la medida interesada de prisin preventiva, lo comunicar a la mayor brevedad posible al resto de autoridades judiciales que estn tramitando la emisin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional, a fin de que suspendan la tramitacin o dejen sin efecto la resolucin ya emitida, todo ello sin perjuicio de su reanudacin o transmisin en un momento ulterior.

3. Con carcter previo a la transmisin de la resolucin, la autoridad judicial preguntar al imputado si desea regresar o permanecer en su Estado de residencia, concedindole a tal efecto un plazo mximo de treinta das.

En caso de que el imputado manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado distinto, la autoridad judicial solicitar de la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisin de la resolucin.

Si se siguiera el trmite en varios rganos judiciales, por ser varios los que han decretado su libertad provisional, el consentimiento del imputado prestado en una causa se entender extensivo a todas las dems.

4. En el caso de que la tramitacin se lleve a cabo con ocasin de la detencin y puesta a disposicin del detenido, el traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas se har de manera simultnea a la celebracin de comparecencia en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se recabar el consentimiento del imputado para regresar al Estado de ejecucin. El Juez o Tribunal deber resolver sobre la emisin en el plazo previsto para la regularizacin de la situacin personal del detenido.

La prestacin del consentimiento del imputado podr hacerse de manera simultnea a cualquier otra audiencia o vista que se celebre durante el procedimiento.


[Bloque 139: #a115]

Artculo 115. Documentacin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. La resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional que se transmita a otro Estado miembro ir acompaada del certificado cuyo modelo figura en el anexo VI.

2. Si la autoridad de ejecucin lo solicita, se le transmitir el original del certificado y el original o copia certificada de la resolucin.


[Bloque 140: #a116]

Artculo 116. Plazo de supervisin de las medidas alternativas a la prisin provisional en el Estado de ejecucin y su ampliacin.

1. La resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional especificar el plazo por el que deben supervisarse las medidas, cuya duracin mxima vendr determinada por la prescripcin del delito que motiva la resolucin de libertad provisional de conformidad con la legislacin espaola, y si es posible su renovacin.

2. Si al tiempo de caducar el plazo de supervisin de las medidas de vigilancia stas siguen siendo necesarias, el Juez o Tribunal espaol de emisin oir de nuevo al Ministerio Fiscal, al imputado y a las partes personadas por cinco das, resolviendo a continuacin por auto motivado, dictado en el plazo de otros cinco das, si procede solicitar a la autoridad de ejecucin que ample la supervisin de la libertad provisional en vista de las circunstancias especficas del caso. En la solicitud deber recogerse expresamente el plazo mximo de ampliacin que se considere necesario.

3. Si la autoridad de ejecucin exige confirmacin peridica de la necesidad de supervisin de las medidas, el Juez o Tribunal emisor proceder a informarle al respecto en el plazo de cinco das desde la recepcin de la solicitud de confirmacin.


[Bloque 141: #a117]

Artculo 117. Retirada de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. Mientras no haya comenzado la ejecucin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional en el Estado de ejecucin, el Juez o Tribunal emisor podr retirar el certificado de conformidad con lo previsto en este artculo.

2. La decisin se tomar una vez conocida la informacin facilitada por la autoridad de ejecucin sobre el plazo mximo previsto en su Derecho para la supervisin de las medidas, la necesidad de adaptar stas o sobre la imposibilidad de entregar al imputado a travs de la orden europea de detencin y entrega si incumpliera la medida de vigilancia impuesta en la resolucin de libertad provisional.

3. Recibida esta informacin en el Juez o Tribunal emisor, se oir al Ministerio Fiscal en el plazo de tres das. A continuacin, el Juez o Tribunal dictar auto en el plazo de otros tres das, que podr acordar la retirada del certificado, solicitando al Estado de ejecucin que no adopte o supervise medida alguna.

4. En todo caso, el auto debe notificarse a la autoridad de ejecucin en el plazo mximo de diez das desde la recepcin en Espaa de la informacin sobre el plazo mximo de supervisin, la adaptacin de las medidas o la imposibilidad de acudir al mecanismo de la orden europea de detencin en caso de incumplimiento.


[Bloque 142: #a118]

Artculo 118. Competencias de supervisin de la autoridad judicial espaola emisora de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

Mientras la autoridad competente del Estado de ejecucin no haya notificado el reconocimiento de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional que le hubiera sido transmitida, la autoridad judicial espaola de emisin seguir siendo competente para la supervisin de las medidas de vigilancia impuestas. Una vez recibida esa notificacin, el Juez o Tribunal dejar de tener competencia para la supervisin de las medidas de vigilancia impuestas.


[Bloque 143: #a119]

Artculo 119. Recuperacin de la competencia para la supervisin de las medidas de vigilancia.

1. La competencia para la supervisin de las medidas de vigilancia revertir al Juez o Tribunal competente en los casos en que:

a) Retire el certificado y as lo notifique a la autoridad competente del Estado de ejecucin.

b) El imputado traslade su residencia legal y habitual a un Estado distinto al Estado de ejecucin.

c) El Juez o Tribunal haya modificado las medidas de vigilancia y la autoridad competente del Estado de ejecucin se haya negado a supervisar dichas medidas.

d) Haya transcurrido el plazo mximo sealado por el Estado de ejecucin para la supervisin de las medidas de vigilancia.

e) La autoridad competente del Estado de ejecucin decida dejar de supervisar las medidas de vigilancia y as lo comunique al Juez o Tribunal competente.

2. En todo caso, el Juez o Tribunal estar en contacto permanente con la autoridad competente del Estado de ejecucin a fin de evitar cualquier posible interrupcin en la supervisin de las medidas de vigilancia.


[Bloque 144: #a120]

Artculo 120. Competencias de la autoridad judicial espaola emisora para la adopcin de decisiones ulteriores en relacin con la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. El Juez o Tribunal emisor espaol ser el competente para adoptar decisiones ulteriores en relacin con la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional, de oficio o como consecuencia de la notificacin de la autoridad de ejecucin que advierta de cualquier incumplimiento por el imputado de una medida de vigilancia u otra informacin que pueda dar lugar a la adopcin de una decisin ulterior a la libertad provisional.

En particular, el Juez o Tribunal ser competente para decidir sobre:

a) La renovacin, revisin o revocacin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

b) La modificacin de las medidas de vigilancia acordadas.

c) La emisin de una orden europea de detencin y entrega o de cualquier otra resolucin judicial ejecutiva que surta los mismos efectos.

2. Asimismo, la autoridad judicial espaola de emisin notificar inmediatamente a la autoridad de ejecucin la adopcin de estas decisiones ulteriores, as como del hecho de que se haya interpuesto un recurso frente a las medidas de vigilancia acordadas.


[Bloque 145: #ciii-4]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional


[Bloque 146: #a121]

Artculo 121. Ejecucin en Espaa de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. El reconocimiento de las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisin provisional no estar sujeto a control de la doble tipificacin cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artculo 20, siempre que estn castigados en el Estado de emisin con penas o medidas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos.

2. nicamente se podr reconocer la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional remitida a Espaa cuando, cumplindose las finalidades exigidas para su emisin, se d alguna de las siguientes circunstancias:

a) El imputado tenga su residencia legal y habitual en Espaa, siempre que consienta en regresar, despus de haberle informado de las medidas de que se trata.

b) Las autoridades competentes espaolas consientan el traslado de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional para su ejecucin en Espaa cuando el imputado as lo hubiera solicitado en el Estado de emisin.


[Bloque 147: #a122]

Artculo 122. Procedimiento para la toma de decisin sobre el reconocimiento de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. El Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer competente decidir y comunicar a la mayor brevedad posible a la autoridad del Estado de emisin si reconoce la resolucin y si asume la responsabilidad de la supervisin de las medidas de vigilancia.

El plazo mximo para emitir esta decisin ser de veinte das hbiles desde la recepcin de la resolucin, salvo que excepcionalmente el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer competente informe a la autoridad del Estado de emisin de la imposibilidad de respetar ese plazo mximo, comunicndole los motivos de la demora y el nuevo plazo que estime necesario.

2. Cuando se interponga un recurso contra la resolucin por la que se imponen medidas de vigilancia, el plazo para el reconocimiento de la resolucin se ampliar otros veinte das hbiles.

3. Una vez reconocida la resolucin del Estado de emisin, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer proceder a la supervisin de las medidas de vigilancia desde el momento en que el imputado se encuentre en Espaa.


[Bloque 148: #a123]

Artculo 123. Adaptacin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

Cuando las medidas de vigilancia impuestas sean incompatibles con el ordenamiento jurdico espaol, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer las adaptar, previa audiencia al Ministerio Fiscal, a las que se apliquen en virtud de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras normas procesales en materia penal que resulten aplicables para infracciones equivalentes, que se correspondern en la medida de lo posible con las dictadas en el Estado de emisin.

En ningn caso la medida de vigilancia adaptada podr ser ms severa que la inicialmente impuesta.


[Bloque 149: #a124]

Artculo 124. Denegacin del reconocimiento y la ejecucin de la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. El Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer denegar el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones que imponen medidas alternativas a la prisin provisional, adems de en los supuestos de los apartados 1 y 2 del artculo 32, en los siguientes casos:

a) Cuando en virtud de su edad, el imputado no pueda ser considerado penalmente responsable de los hechos en que se basa la resolucin, de acuerdo con la legislacin penal espaola.

b) Cuando no se cumplan las condiciones para la transmisin de una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

c) Cuando, en el supuesto de que el imputado incumpliera las medidas de vigilancia, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer se viera obligado a negarse a entregarlo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sobre la orden europea de detencin y entrega.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a) y d) del apartado 1 del artculo 32, o en la letra b) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, el Juez de Instruccin solicitar a la autoridad del Estado de emisin que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.

3. Cuando el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer considere de aplicacin el motivo de denegacin contemplado en la letra c) apartado 1 de este artculo, pero est dispuesto a reconocer la resolucin y a supervisar las medidas de vigilancia, informar de ello a la autoridad competente del Estado de emisin, solicitndole que retire el certificado o que acepte dicho reconocimiento, con la advertencia de que el imputado podra no ser entregado en virtud de una orden europea de detencin y entrega.


[Bloque 150: #a125]

Artculo 125. Competencias para la adopcin de decisiones ulteriores relacionadas con la resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional.

1. En caso de que la autoridad competente del Estado de emisin decida renovar, revisar o retirar la resolucin o emitir una orden europea de detencin y entrega, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer competente reconocer dichas medidas ulteriores con el fin de hacerlas efectivas en Espaa. En caso de emisin de una orden europea de detencin y entrega, el Juez competente comunicar las medidas que estuviera ejecutando al Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional.

2. Si la autoridad competente del Estado de emisin modifica las medidas de vigilancia, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer podr:

a) Adaptar las medidas modificadas cuando sean incompatibles con el ordenamiento jurdico espaol.

b) Negarse a supervisar las medidas de vigilancia modificadas si stas no se encuentran entre las medidas que Espaa se ha comprometido a supervisar.


[Bloque 151: #a126]

Artculo 126. Ampliacin de la supervisin de las medidas de vigilancia.

Cuando la autoridad competente del Estado de emisin solicite la ampliacin del plazo mximo de supervisin de las medidas de vigilancia previamente fijado, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer decidir atendiendo a las circunstancias del caso y a lo dispuesto en el ordenamiento jurdico espaol, indicando, en su caso, el nuevo plazo mximo de supervisin.


[Bloque 152: #a127]

Artculo 127. Obligaciones del Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer durante la supervisin de las medidas de vigilancia.

1. El Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer notificar a la autoridad competente del Estado de emisin, mediante el certificado que figura en el anexo VII, cualquier incumplimiento de una medida de vigilancia y cualquier otra informacin que pudiera dar lugar a la adopcin de una decisin ulterior.

2. En caso de que la autoridad del Estado de emisin retire el certificado, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer pondr fin a la supervisin de las medidas de vigilancia en cuanto reciba la correspondiente notificacin.

3. El Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer competente informar sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin de cualquier cambio de residencia del imputado o de la imposibilidad de ejecutar las medidas por no encontrarlo en Espaa.

Asimismo, informar del perodo mximo durante el cual podrn supervisarse las medidas de vigilancia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurdico espaol y de cualquier decisin de adaptar las medidas de vigilancia impuestas.

4. Durante la supervisin de las medidas de vigilancia, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer podr solicitar de la autoridad competente del Estado de emisin informacin sobre la necesidad de su continuidad en atencin a las circunstancias del caso.

Se modifica el apartado 4 por el art. nico.18 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 153: #a128]

Artculo 128. Entrega de la persona sometida a medidas de vigilancia.

En caso de que la autoridad competente del Estado de emisin haya emitido una orden europea de detencin y entrega, el imputado ser entregado de acuerdo con lo previsto en el Ttulo II.


[Bloque 154: #a129]

Artculo 129. Notificaciones sin respuesta.

1. Cuando el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer competente haya transmitido varias notificaciones sobre la misma persona a la autoridad competente del Estado de emisin que requieran de la adopcin de una decisin ulterior, y sta no la hubiese adoptado, requerir a dicha autoridad para que adopte tal decisin, en un plazo mximo de sesenta das.

Si la autoridad del Estado de emisin no adopta ninguna decisin en el plazo sealado, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer podr decidir dejar de supervisar las medidas de vigilancia, devolviendo la competencia para ello.


[Bloque 155: #tvi]

TTULO VI

Orden europea de proteccin


[Bloque 156: #ci-6]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 157: #a130]

Artculo 130. Orden europea de proteccin.

1. La orden europea de proteccin es una resolucin en materia penal dictada por una autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro en relacin con una medida de proteccin que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las vctimas o posibles vctimas de delitos que puedan poner en peligro su vida, su integridad fsica o psicolgica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, cuando se encuentren en su territorio.

2. La orden de proteccin puede emitirse tanto en relacin con medidas impuestas cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas privativas de derechos, siempre que consistan en:

a) La prohibicin de entrar o aproximarse a determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta.

b) La prohibicin o reglamentacin de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefnicos, por correo electrnico o postal, por fax o por cualquier otro medio.

c) O la prohibicin o reglamentacin del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.


[Bloque 158: #a131]

Artculo 131. Autoridades competentes en Espaa para emitir y recibir una orden europea de proteccin.

1. Son autoridades competentes para emitir y transmitir una orden europea de proteccin, los Jueces o Tribunales que conozcan del procedimiento penal en el que se ha emitido la resolucin adoptando la medida de proteccin.

2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden europea de proteccin, los Jueces de Instruccin o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde la vctima resida o tenga intencin de hacerlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente.

No obstante, cuando se hubieran emitido resoluciones de libertad vigilada o de medidas alternativas a la prisin provisional ser competente para reconocer y ejecutar la orden europea de proteccin, el mismo Juez o Tribunal que ya hubiera reconocido y ejecutado aquellas resoluciones.


[Bloque 159: #a132]

Artculo 132. Relacin de la orden europea de proteccin con otras resoluciones de reconocimiento mutuo.

Cuando previamente se haya transmitido a otro Estado miembro o se transmita con posterioridad una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional o de libertad vigilada previstas en esta Ley, las medidas de proteccin de la vctima o posible vctima se adoptarn de acuerdo con las normas que regulan esas resoluciones y por la autoridad competente para adoptar estas resoluciones, sin perjuicio de que pueda transmitirse a otro Estado miembro distinto una orden europea de proteccin.


[Bloque 160: #cii-6]

CAPTULO II

Emisin y Transmisin de una orden europea de proteccin


[Bloque 161: #a133]

Artculo 133. Requisitos para emitir y transmitir una orden europea de proteccin.

El Juez o Tribunal espaol competente podr adoptar una orden europea de proteccin, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la duracin del perodo o perodos en que la persona protegida tiene intencin de permanecer en el Estado de ejecucin, as como la importancia de la necesidad de proteccin, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que se haya dictado una resolucin judicial penal adoptando la medida de proteccin, tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas privativas de derechos que, por su contenido anlogo, persigan idntica finalidad de proteccin de la vctima.

b) Que la vctima resida, permanezca o tenga intencin de hacerlo en otro Estado miembro de la Unin Europea.

c) Que la vctima solicite la adopcin de la orden de proteccin, por s misma o a travs de su tutor o representante legal.


[Bloque 162: #a134]

Artculo 134. Procedimiento para la emisin de la orden europea de proteccin.

1. La autoridad judicial espaola que adopte alguna de las medidas de proteccin previstas en este Captulo informar a la persona protegida o a su representante legal de la posibilidad de solicitar que se dicte una orden europea de proteccin en caso de que decida trasladarse a otro Estado miembro, as como de las condiciones bsicas para presentar dicha solicitud. La autoridad aconsejar a la persona protegida que presente su solicitud antes de salir del territorio del Estado de emisin.

2. La vctima podr formular su solicitud en el Estado de ejecucin.

3. Antes de emitir la orden europea de proteccin, se dar audiencia a la persona causante del peligro, sin comunicarle en ningn caso la direccin ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecucin de la medida adoptada.

Si el imputado o condenado no hubiera sido odo en el proceso previamente en relacin con la adopcin de la resolucin que decretaba medidas de proteccin, se convocar a ste, asistido de letrado, al Ministerio Fiscal y a las dems partes personadas, a una comparecencia, que deber celebrarse en el plazo de 72 horas desde la recepcin de la solicitud. El Juez o Tribunal resolver por auto motivado.


[Bloque 163: #a135]

Artculo 135. Documentacin de la orden europea de proteccin.

La orden europea de proteccin se documentar en el certificado previsto en el anexo VIII y expresar si se ha transmitido a otro Estado, distinto del de ejecucin, una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional o de libertad vigilada, con indicacin de la autoridad de ese Estado al que los respectivos certificados fueron enviados.


[Bloque 164: #a136]

Artculo 136. Transmisin de una orden europea de proteccin a varios Estados de ejecucin.

La orden europea de proteccin podr transmitirse, de manera simultnea, a varios Estados de ejecucin si la vctima manifiesta su intencin de permanecer en varios de ellos.


[Bloque 165: #a137]

Artculo 137. Competencias del Juez o Tribunal espaol tras la transmisin de la orden europea de proteccin.

1. La autoridad judicial espaola que haya emitido la orden europea de proteccin tendr competencia exclusiva para adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurdico espaol, las resoluciones relativas a:

a) La prrroga, revisin, modificacin, revocacin y anulacin de la medida de proteccin y de la orden europea de proteccin.

b) La imposicin de una medida privativa de libertad como consecuencia de la revocacin de la medida de proteccin, siempre que la medida de proteccin se haya adoptado con motivo de una resolucin de adopcin de medidas de libertad provisional o de libertad vigilada, de acuerdo con esta Ley.

2. La autoridad judicial espaola informar sin demora a la autoridad competente del Estado de ejecucin de cualquier resolucin de modificacin de la orden europea de proteccin. Asimismo, responder a la solicitud de informacin que sta pueda realizar en cuanto a la necesidad de mantener la proteccin otorgada por la orden europea de proteccin en las circunstancias del caso concreto de que se trate.

3. Cuando la medida de proteccin se incluya en una sentencia o resolucin de libertad vigilada y sta se modifique, la autoridad de emisin proceder sin dilacin a prorrogar, revisar, modificar, revocar o anular en consecuencia la orden europea de proteccin, informando a la autoridad competente para su ejecucin.


[Bloque 166: #ciii-5]

CAPTULO III

Ejecucin de una orden europea de proteccin


[Bloque 167: #a138]

Artculo 138. Ejecucin de una orden europea de proteccin.

1. El Juez o Tribunal competente que reciba una orden europea de proteccin para su ejecucin, tras dar audiencia al Ministerio Fiscal por plazo de tres das, la reconocer sin dilacin y adoptar una resolucin en la que imponga cualquiera de las medidas previstas en el Derecho espaol para un caso anlogo a fin de garantizar la proteccin de la persona protegida.

Una orden europea de proteccin se reconocer con la misma prioridad que corresponda a estas medidas en el Derecho espaol, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecucin y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.

2. La medida de proteccin que adopte el Juez o Tribunal como autoridad competente de ejecucin, as como la que se adopte posteriormente en caso de incumplimiento, se ajustarn en la mayor medida posible a la medida de proteccin ordenada por el Estado de emisin.

3. El Juez o Tribunal informar a la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisin y a la persona protegida de las medidas que haya adoptado y de las consecuencias jurdicas de la infraccin de tales medidas, con arreglo a lo dispuesto en el Derecho espaol y en este Captulo. No se darn a conocer a la persona causante del peligro la direccin ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecucin de la medida adoptada.

4. En el auto que acuerde el reconocimiento se darn las instrucciones oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que velen por el cumplimiento de las medidas recogidas en la orden de proteccin, as como para su inscripcin en los registros que correspondan.

5. En caso de que el Juez o Tribunal de ejecucin estime que la informacin transmitida con la orden europea de proteccin es incompleta, lo comunicar sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin, fijando un plazo razonable para que la autoridad de emisin aporte la informacin que falta.

6. Cuando la vctima solicite la adopcin de las medidas de ejecucin ante el Juez o Tribunal competente para su reconocimiento y ejecucin en Espaa, stos transmitirn sin dilacin dicha solicitud a la autoridad competente del Estado de emisin.


[Bloque 168: #a139]

Artculo 139. Incumplimiento de una medida de proteccin.

1. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas de proteccin adoptadas, la autoridad judicial espaola ser competente para:

a) Imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento constituya una infraccin penal con arreglo al Derecho espaol.

b) Adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incumplimiento.

c) Adoptar las medidas provisionales urgentes para poner fin al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resolucin del Estado de emisin.

2. La autoridad judicial espaola notificar a la autoridad competente del Estado de emisin cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud de la orden europea de proteccin. La notificacin se efectuar a travs del certificado que figura como anexo IX.


[Bloque 169: #a140]

Artculo 140. Denegacin del reconocimiento y la ejecucin de la orden europea de proteccin.

1. La autoridad judicial espaola denegar el reconocimiento de una orden europea de proteccin cuando concurra, adems de alguno de los motivos previstos en el artculo 32, alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la resolucin no se refiera a alguna de las medidas previstas en este Ttulo.

b) Que la medida de proteccin se refiera a un hecho que no constituye infraccin penal en Espaa.

c) Que la proteccin derive de la ejecucin de una pena o medida que, conforme al Derecho espaol, haya sido objeto de indulto y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia.

d) Que, conforme al Derecho espaol, la persona causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopcin de la medida de proteccin, por razn de su edad.

2. La autoridad judicial espaola que deniegue el reconocimiento de una orden europea de proteccin notificar su decisin y los motivos de la misma, adems de a la autoridad competente del Estado de emisin, a la persona protegida, informando a sta, en su caso, de la posibilidad de solicitar la adopcin de una medida de proteccin de conformidad con su Derecho nacional y de las vas de recurso existentes.


[Bloque 170: #a141]

Artculo 141. Modificacin de la orden europea de proteccin.

Cuando la autoridad competente del Estado de emisin modifique la orden europea de proteccin, la autoridad judicial espaola, previa audiencia al Ministerio Fiscal, modificar las medidas adoptadas, salvo los casos en que aquella modificacin no se ajuste a los tipos de prohibiciones o restricciones previstos en este Captulo o en caso de que la informacin transmitida con la orden europea de proteccin sea incompleta y no se haya completado dentro del plazo fijado.


[Bloque 171: #a142]

Artculo 142. Finalizacin de las medidas adoptadas en virtud de una orden europea de proteccin.

1. La autoridad judicial espaola, previa audiencia al Ministerio Fiscal, podr poner fin a las medidas adoptadas en ejecucin de una orden europea de proteccin:

a) En caso de que la autoridad competente del Estado de emisin haya revocado o anulado la orden europea de proteccin, tan pronto como haya recibido la correspondiente notificacin.

b) Cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside ni permanece en Espaa o ha abandonado definitivamente el territorio espaol.

c) Cuando haya expirado, con arreglo al ordenamiento jurdico espaol, el plazo mximo de vigencia de las medidas adoptadas.

d) En el caso de que no se modifique la medida de proteccin por las causas previstas en el artculo anterior.

e) Cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de proteccin, se haya transmitido al Estado de ejecucin una resolucin sobre medidas alternativas a la prisin provisional o de libertad vigilada.

2. La autoridad judicial espaola informar inmediatamente de tal resolucin, adems de a la autoridad competente del Estado de emisin, a la persona protegida cuando sea posible.

3. Antes de poner fin a las medidas de proteccin, la autoridad judicial espaola podr solicitar a la autoridad competente del Estado de emisin que informe sobre la necesidad de mantener la proteccin otorgada por la orden europea de proteccin en las circunstancias del caso concreto de que se trate, concedindole a tal efecto el plazo mximo de un mes.


[Bloque 172: #tvii]

TTULO VII

Resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas


[Bloque 173: #ci-7]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 174: #a143]

Artculo 143. Resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Las resoluciones cuyo rgimen de reconocimiento y ejecucin se regula por este Ttulo son aquellas que se dirigen a impedir provisionalmente la destruccin, transformacin, desplazamiento, transferencia o enajenacin de bienes que pudieran ser sometidos a decomiso o utilizarse como medios de prueba.

2. Las resoluciones de embargo podrn adoptarse en relacin con cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, as como con los documentos acreditativos de un ttulo o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad judicial del Estado de emisin considere que constituyen el producto de una infraccin o los instrumentos u objetos de dicha infraccin.

3. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas podrn adoptarse en relacin con los objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un procedimiento penal.

4. La resolucin de aseguramiento de pruebas regulada en este Ttulo nicamente podr ser emitida o reconocida y ejecutada en Espaa cuando se dirija o provenga, respectivamente, de Estados miembros de la Unin Europea que no estuvieran vinculados por la orden europea de investigacin regulada en el Ttulo X.

Se aade el apartado 4 por el art. nico.19 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 175: #a144]

Artculo 144. Autoridades judiciales competentes en Espaa para emitir y ejecutar una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Son autoridades de emisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que se deba adoptar la medida, as como los Fiscales que dirijan las diligencias de investigacin en las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que no sea limitativa de derechos fundamentales.

2. Son autoridades competentes en Espaa para ejecutar una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas los Jueces de Instruccin del lugar donde se encuentren los bienes o documentos objeto de aseguramiento o las pruebas que deban ser aseguradas, as como los Fiscales para la ejecucin de aquellas medidas de aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias sin adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales.

El cambio sobrevenido de la ubicacin del objeto de la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas no implicar una prdida sobrevenida de competencia del Juez de Instruccin o del Fiscal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin transmitida a Espaa.

Si el certificado se hubiese emitido en relacin con varios bienes ubicados en circunscripciones distintas, el Juez de Instruccin que primero lo reciba y en cuya circunscripcin se encuentre al menos uno de dichos bienes ser competente para conocer del embargo o aseguramiento de todos los dems.

Si en una misma orden se instara el embargo o aseguramiento preventivo de un bien cuyo embargo o aseguramiento sea competencia del Juez de Instruccin y de otro que podra serlo del Ministerio Fiscal, el primero conocer ntegramente de esta resolucin, sin que pueda desglosarse en dos resoluciones distintas.


[Bloque 176: #cii-7]

CAPTULO II

Emisin y transmisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas


[Bloque 177: #a145]

Artculo 145. Transmisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Cuando una autoridad judicial espaola considere necesaria una medida de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro de la Unin Europea, enviar su resolucin a la autoridad judicial competente para que proceda a su ejecucin.

2. Son requisitos para la emisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas:

a) Que la misma se haya dictado en un proceso penal por el Juez o Tribunal con la finalidad de proceder al posterior decomiso de los bienes o para que surtan efectos como elemento probatorio, o que el Ministerio Fiscal haya adoptado una medida de aseguramiento de pruebas no limitativa de derechos fundamentales en unas diligencias de investigacin.

b) Que conste indiciariamente en el proceso penal o en las diligencias de investigacin que los efectos cuyo embargo preventivo o aseguramiento se persigue se encuentran en otro Estado miembro.

3. En la resolucin se expresar con claridad si la cooperacin judicial que se requiere consiste en la transferencia a la autoridad judicial espaola de los elementos de prueba o de los bienes objeto de embargo, o si va acompaada de una solicitud de decomiso, o bien si requiere su permanencia en ese Estado a la espera de la adopcin de alguna de las medidas anteriores.


[Bloque 178: #a146]

Artculo 146. Procedimiento para la emisin de la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Con carcter previo a la emisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, podr recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecucin informacin suficiente sobre si efectivamente el bien objeto de aseguramiento se encuentra en dicho Estado. Esta misma informacin podr solicitarse a travs de los registros informticos u organismos que se considere puedan facilitarlos.

2. La resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas podr acordarse de oficio o a instancia de parte.

3. Si durante el proceso penal las partes instaran la emisin de la resolucin, se les solicitar que aporten justificacin documental u otro tipo de indicio fehaciente que evidencie que el bien existe y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecucin.


[Bloque 179: #a147]

Artculo 147. Documentacin de la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. La resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se documentar en el certificado previsto en el anexo X y se remitir conjuntamente con la resolucin judicial que acuerda la medida cautelar.

2. Cuando sea necesario para garantizar la validez de los medios de prueba, se har constar que la ejecucin de las medidas acordadas deber realizarse observando las formalidades y los procedimientos previstos en el Derecho espaol que expresamente se indiquen en el certificado.


[Bloque 180: #a148]

Artculo 148. Transmisin a varios Estados de ejecucin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

La resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se podr transmitir simultneamente a ms de un Estado de ejecucin cuando la autoridad judicial espaola competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resolucin se encuentran en distintos Estados de ejecucin.


[Bloque 181: #a149]

Artculo 149. Competencias de la autoridad de emisin espaola tras la transmisin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Transmitida la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, si la autoridad de ejecucin hubiera limitado la duracin del aseguramiento y recabase alegaciones sobre el levantamiento de la medida por el transcurso del tiempo, el Juez o Tribunal oir al Ministerio Fiscal y dems partes personadas por el plazo de cinco das. A continuacin, el Juez o Tribunal dirigir comunicacin a la autoridad de ejecucin explicitando los motivos para el mantenimiento de la medida o si ha dejado de ser necesaria.

Esta misma comunicacin la realizar el Ministerio Fiscal que, en el seno de unas diligencias de investigacin, recibiera el traslado para alegaciones solicitadas por la autoridad de ejecucin.

2. Si la autoridad de ejecucin interesara alegaciones por parte de la autoridad emisora espaola durante la tramitacin de un recurso interpuesto frente a la resolucin que se hubiera dictado en el Estado de ejecucin, el Juez o Tribunal, odas las partes personadas y el Ministerio Fiscal, emitir las mismas en el plazo de diez das desde que el traslado le hubiera sido efectuado.

Estas alegaciones se remitirn por el Ministerio Fiscal cuando hubiera efectuado la transmisin de la resolucin en el seno de unas diligencias de investigacin.

3. Cuando en la resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida se haya hecho constar que la cooperacin judicial requerida es la permanencia de los mismos en el Estado de ejecucin a la espera de que se decrete el decomiso de los bienes o la transferencia de los elementos de prueba a Espaa, la autoridad espaola de emisin podr remitir al Estado de ejecucin la solicitud de decomiso o transferencia.


[Bloque 182: #ciii-6]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas


[Bloque 183: #a150]

Artculo 150. Ausencia de control de doble tipificacin.

Cuando la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categoras de delitos enumeradas en el apartado 1 del artculo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisin con una pena privativa de libertad cuya duracin mxima sea, al menos, de tres aos, la autoridad judicial espaola competente acordar la realizacin de la medida sin control de la doble tipificacin de los hechos.


[Bloque 184: #a151]

Artculo 151. Procedimiento para el reconocimiento de la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. La decisin de ejecucin de la resolucin deber ser adoptada inmediatamente y comunicada sin dilacin a la autoridad judicial de emisin y al Ministerio Fiscal, por cualquier medio que deje constancia escrita. Las autoridades judiciales espaolas resolvern lo procedente y lo comunicarn dentro de las 24 horas siguientes a la recepcin de la resolucin.

2. La autoridad competente que recibiera la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas adoptar, en el plazo de cinco das desde la recepcin, las medidas necesarias para la averiguacin de la localizacin del bien objeto de embargo preventivo.

Asimismo, podr dirigir comunicacin a la autoridad judicial emisora para que ample cualquier circunstancia relevante para la ejecucin de la medida del aseguramiento.


[Bloque 185: #a152]

Artculo 152. Medidas de cumplimiento de la resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. La resolucin que acuerde el reconocimiento y ejecucin del embargo preventivo de bienes o del aseguramiento de pruebas, determinar qu concreta medida cautelar debe adoptarse para llevar a cabo su ejecucin. La medida podr consistir en el depsito del bien, su embargo preventivo, el bloqueo de cuentas bancarias, depsitos, valores u otros ttulos valores o activos financieros, as como la prohibicin de disponer del bien o cualquier otra medida cautelar que pueda acordarse en el proceso penal, debiendo realizarse siempre de conformidad con las previsiones del ordenamiento jurdico espaol.

2. La autoridad competente informar a la autoridad de emisin con carcter inmediato del contenido concreto de las medidas adoptadas para llevar a cabo el aseguramiento.

3. Tres meses antes de que la medida adoptada alcance la duracin determinada en el auto, se dar traslado a la autoridad competente del Estado de emisin para que alegue sobre la procedencia de mantener o levantar aqulla.

4. Tanto si el objeto del aseguramiento es un elemento probatorio como si es un producto, instrumento o efecto del delito, el Juez de Instruccin o el Fiscal competente respetar las formalidades y procedimientos indicados por la autoridad de emisin, siempre que los mismos no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurdico.


[Bloque 186: #a153]

Artculo 153. Duracin de la medida de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

1. La medida se mantendr hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de transferencia o decomiso cursada por la autoridad judicial de emisin, sin perjuicio de las medidas coercitivas complementarias que se pudieran adoptar.

2. Sin embargo, previa consulta a la autoridad de emisin, la autoridad espaola competente, de conformidad con las normas procesales nacionales, podr imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duracin o modificar la medida de que se trate, incluyendo la destruccin y la realizacin anticipada de los efectos judiciales. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto o modificar la medida, lo comunicar inmediatamente a la autoridad de emisin, para que exponga lo que estime oportuno.

3. Cuando la autoridad de emisin comunique que la medida que solicit ha sido dejada sin efecto, sta se alzar sin dilacin.


[Bloque 187: #a154]

Artculo 154. Denegacin del reconocimiento y la ejecucin de una resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

La autoridad competente espaola denegar el reconocimiento de una resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas cuando concurra alguno de los motivos previstos en el artculo 32.


[Bloque 188: #a155]

Artculo 155. Imposibilidad de ejecucin de una resolucin de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

Se comunicar inmediatamente a la autoridad de emisin la imposibilidad de ejecutar en la prctica la medida, debido a que los bienes o las pruebas hayan desaparecido, hayan sido destruidos, no se hayan encontrado en el lugar indicado en el certificado o no se haya indicado con la suficiente precisin dnde se encuentra el bien o el elemento de prueba, incluso tras consultar a aqulla.


[Bloque 189: #a156]

Artculo 156. Suspensin de la ejecucin de una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

1. Se podr suspender la ejecucin de una resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea en los casos siguientes:

a) Cuando la ejecucin pueda impedir el buen desarrollo de una investigacin penal en curso en Espaa, durante el tiempo necesario.

b) Cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate se haya dictado una medida anterior en un procedimiento judicial o administrativo, hasta que se deje sin efecto sta, siempre que dicha medida tenga prioridad sobre posteriores resoluciones de intervencin de efectos e instrumentos dictadas en causas penales con arreglo al derecho nacional.

2. La autoridad espaola competente comunicar a la autoridad de emisin cualesquiera otras medidas restrictivas que hayan recado sobre el bien de que se trate.


[Bloque 190: #tviii]

TTULO VIII

Resoluciones de decomiso


[Bloque 191: #ci-8]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 192: #a157]

Artculo 157. Resoluciones de decomiso.

1. Las resoluciones cuyo rgimen de reconocimiento y ejecucin se regula por este Ttulo son aquellas por las que un rgano jurisdiccional impone una sancin o medida firme a raz de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tiene como resultado la privacin definitiva de bienes.

2. La resolucin de decomiso puede afectar a cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, as como a los documentos con fuerza jurdica u otros documentos acreditativos de un ttulo o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el rgano jurisdiccional del Estado de emisin haya decidido:

a) Que constituyen el producto de una infraccin penal o equivalen total o parcialmente al valor de dicho producto.

b) Que constituyen los instrumentos de dicha infraccin.

c) Que pueden ser decomisados con motivo de la aplicacin en el Estado de emisin de cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el artculo 3, apartados 1 y 2, de la Decisin Marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.

d) O que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del Estado de emisin.


[Bloque 193: #a158]

Artculo 158. Autoridades judiciales competentes en Espaa para transmitir y ejecutar una resolucin de decomiso.

1. Son autoridades de emisin de una resolucin de decomiso los Jueces o Tribunales penales que conozcan de la ejecucin de la sentencia donde se imponga como consecuencia accesoria el decomiso de un bien.

2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resolucin de decomiso el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes objeto de decomiso.

El cambio sobrevenido de la ubicacin del bien no implicar una prdida de la competencia del Juez de lo Penal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin de decomiso transmitida a Espaa.

Si el certificado se hubiese emitido en relacin con varios bienes ubicados en circunscripciones distintas, el Juez de lo Penal que primero lo reciba y en cuya circunscripcin se encuentre al menos uno de dichos bienes ser competente para conocer del decomiso de todos los dems.

Si la autoridad emisora no conociera el lugar de ubicacin del bien a decomisar y s indicara en el certificado el lugar de residencia o domicilio social de la persona frente a la que se dict la resolucin, ser competente el Juez de lo Penal de dicha localidad, aun cuando se constatase con posterioridad que el bien est ubicado en otra circunscripcin o que la persona ha trasladado su domicilio.

Si un mismo certificado se hubiese emitido en relacin con varias personas, con residencia en varios lugares distintos del territorio espaol, el Juez de lo Penal que primero lo reciba y en cuya circunscripcin se encuentre al menos uno de dichos domicilios ser competente para conocer del decomiso decretado frente al resto de las personas reseadas en el certificado.


[Bloque 194: #cii-8]

CAPTULO II

Transmisin de una resolucin de decomiso


[Bloque 195: #a159]

Artculo 159. Transmisin de una resolucin de decomiso.

1. La resolucin de decomiso se transmitir a la autoridad competente del Estado miembro de la Unin Europea en el que tenga motivos fundados de que se encuentran los bienes objeto de decomiso.

2. En caso de que en relacin con esos bienes se hubiera dictado y ejecutado con anterioridad una resolucin de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, el Juez de lo Penal recabar los antecedentes al Juez de Instruccin a los efectos de continuar su tramitacin.

3. Cuando se trate de una resolucin de decomiso relativa a una cantidad de dinero, se transmitir a la autoridad competente del Estado miembro de la Unin Europea en el que tenga motivos fundados para creer que la persona natural o jurdica contra la que se ha dictado la resolucin tiene bienes o ingresos.

4. Si la autoridad judicial penal espaola no tiene motivos fundados que le permitan determinar el Estado al que pueda trasladar la resolucin de decomiso, la transmitir a la autoridad competente del Estado miembro donde la persona natural o jurdica contra la que se ha dictado la resolucin resida habitualmente o tenga su domicilio social, respectivamente.


[Bloque 196: #a160]

Artculo 160. Documentacin de la resolucin de decomiso.

La resolucin de decomiso se documentar en el certificado previsto en el anexo XI y se remitir conjuntamente con la resolucin judicial que acuerde la privacin definitiva del bien.

En el certificado se sealar especficamente que no cabe imponer penas privativas de libertad o de otros derechos como alternativa a la resolucin de decomiso.

Asimismo, en caso de que en relacin con los bienes objeto de decomiso se hubiera ejecutado con anterioridad una resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas se har constar as expresamente.


[Bloque 197: #a161]

Artculo 161. Procedimiento para la transmisin de la resolucin de decomiso.

1. Con carcter previo a la emisin podr recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecucin o de los organismos que puedan facilitar la informacin sobre los bienes o ingresos a los que afecta la medida, as como la residencia habitual o domicilio social de la persona a la que afecta el decomiso.

2. La resolucin de decomiso podr emitirse de oficio o a instancia de parte. En este ltimo caso, se solicitar a la parte que aporte justificacin documental u otro tipo de indicio fehaciente que evidencie la existencia del bien concreto y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecucin, de la existencia de ingresos en dicho Estado o de que la persona frente a la que se dirige la resolucin tiene en el mismo su residencia habitual o sede social.

3. Durante esta tramitacin podrn emitirse resoluciones de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas u otro tipo de peticiones de asistencia judicial convencional que garanticen la ejecucin del decomiso una vez sea emitido.


[Bloque 198: #a162]

Artculo 162. Transmisin de una resolucin de decomiso a ms de un Estado miembro.

1. Una resolucin de decomiso referente a bienes concretos se podr transmitir simultneamente a ms de un Estado de ejecucin cuando se d alguno de los siguientes supuestos:

a) Que la autoridad judicial espaola competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resolucin de decomiso se encuentran en distintos Estados de ejecucin.

b) Que el decomiso de un bien concreto incluido en la resolucin de decomiso requiera la intervencin en ms de un Estado de ejecucin.

c) Que la autoridad judicial espaola competente tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resolucin de decomiso est localizado en uno de los dos o ms Estados de ejecucin determinados.

2. Una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero podr transmitirse simultneamente a ms de un Estado de ejecucin cuando la autoridad judicial espaola competente considere que hay motivos especficos para hacerlo. Entre otros supuestos, se considera que concurren tales motivos:

a) Cuando no se hubiere decretado con carcter preventivo su embargo, con arreglo a esta Ley.

b) Cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisin y en cualquier Estado de ejecucin probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resolucin de decomiso.

3. Siempre que no se haya cumplido en su totalidad la resolucin de decomiso, se efectuar su remisin de forma sucesiva a los Estados en los que se presuma que se encuentran bienes del condenado.


[Bloque 199: #a163]

Artculo 163. Consecuencias de la transmisin de una resolucin de decomiso.

1. La transmisin de una resolucin de decomiso no impedir que la autoridad judicial penal espaola pueda proceder a su ejecucin.

2. En caso de transmisin a uno o ms Estados de ejecucin de una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero, la autoridad judicial espaola garantizar que el valor total derivado de la ejecucin de la resolucin no exceda del importe mximo especificado en la misma.

3. La autoridad judicial penal espaola informar de inmediato a la autoridad competente de todo Estado de ejecucin afectado, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, en los siguientes casos:

a) Cuando considere que hay riesgo de que la ejecucin supere el importe mximo especificado. Informar, asimismo, cuando considere que el riesgo mencionado ha dejado de existir.

b) Cuando la totalidad o parte de la resolucin de decomiso haya sido ejecutada en Espaa o en otro Estado de ejecucin. En este caso, se especificar en la comunicacin el importe de la sentencia de decomiso que an no haya sido ejecutado.

c) Si, con posterioridad a la transmisin de una resolucin de decomiso, una autoridad espaola ha recibido una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el condenado en cumplimiento de la resolucin de decomiso. En este caso, se indicar si queda parte de la resolucin por ejecutar y su importe.


[Bloque 200: #a164]

Artculo 164. Transformacin del decomiso.

1. Cuando una resolucin de decomiso afecte a un bien en concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, la autoridad judicial espaola solicitar a la autoridad competente del Estado de ejecucin que el decomiso adopte la forma de obligacin de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.

2. Para dicha transformacin, una vez se reciba noticia de la imposibilidad de llevar a cabo el decomiso del bien concreto de que se trate, se acordar en el plazo de cinco das que se practique la tasacin judicial del bien. De su resultado se dar traslado por cinco das al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, a fin de que impugnen la tasacin o manifiesten lo que a su derecho convenga. El incidente finalizar con el auto dictado por el Juez o Tribunal determinando la cuanta de la obligacin de pago que, una vez firme, se comunicar a la autoridad de ejecucin.


[Bloque 201: #a165]

Artculo 165. Acuerdo entre autoridades sobre la disposicin de los bienes decomisados.

1. El Juez o Tribunal competente que hubiera emitido la resolucin de decomiso podr alcanzar un acuerdo en relacin con la disposicin de los bienes decomisados cuando as lo solicitase la autoridad de ejecucin. En este caso, la ejecucin del decomiso quedar a expensas de lo que al respecto se acuerde.

2. La autoridad judicial espaola que reciba una comunicacin de la autoridad del Estado de ejecucin sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecucin de la resolucin de decomiso, lo comunicar al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el reparto de costes con el Estado de ejecucin.

La Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos podr llegar a un acuerdo con el Estado de ejecucin sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gestin de los bienes decomisados.

Se modifica el apartado 2 por el art. nico.20 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 202: #ciii-7]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin de decomiso


[Bloque 203: #a166]

Artculo 166. Reconocimiento de una resolucin de decomiso.

1. El Juez de lo Penal competente reconocer y ejecutar una resolucin de decomiso cuando se encuentre en Espaa el bien sobre el que recaiga o el domicilio o, en su caso, el domicilio social de la persona afectada.

2. Cuando la resolucin de decomiso hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categoras de delitos enumeradas en el apartado 1 del artculo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisin con una pena privativa de libertad cuya duracin mxima sea, al menos, de tres aos, el Juez de lo Penal acordar la realizacin de la medida sin control de la doble tipificacin de los hechos.

3. Tambin se ejecutar la resolucin de decomiso que se haya impuesto en el Estado de emisin a una persona jurdica por una infraccin para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espaol.


[Bloque 204: #a167]

Artculo 167. Procedimiento sobre el reconocimiento de la resolucin de decomiso.

1. El Juez de lo Penal que recibiera la resolucin de decomiso proceder a la averiguacin de la localizacin del bien objeto de decomiso.

Asimismo, el Juez de lo Penal podr dirigir comunicacin a la autoridad judicial emisora para que ample cualquier circunstancia relevante para la ejecucin del decomiso.

2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal y dems partes personadas emitido en el plazo de cinco das, acordar mediante auto el despacho de ejecucin de la resolucin de decomiso debidamente transmitida, en un plazo mximo de diez das desde su recepcin. La adopcin de la resolucin de decomiso de que se trate suceder, en su caso, a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicacin de un embargo preventivo.


[Bloque 205: #a168]

Artculo 168. Ejecucin de una resolucin de decomiso.

1. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, el Juez de lo Penal competente acordar que el decomiso adopte la forma de la obligacin de pago de una cantidad de dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.

2. En caso de que una resolucin de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el Juez de lo Penal competente, en caso de que no pueda obtener el pago, ejecutar la resolucin de decomiso sobre cualquier bien disponible a tal efecto.

3. En caso de que una resolucin de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el Juez de lo Penal competente convertir, cuando sea necesario, el importe que deba decomisarse a la moneda del Estado de ejecucin, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de dictarse la resolucin de decomiso.

4. En todos los supuestos previstos en este artculo se oir al Ministerio Fiscal y dems partes personadas por el plazo de cinco das.


[Bloque 206: #a169]

Artculo 169. Ejecucin de resoluciones de decomiso mltiples.

1. Cuando el Juez de lo Penal competente estuviera tramitando dos o ms resoluciones de decomiso referentes a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona natural o jurdica que no disponga de medios suficientes en Espaa para que se ejecuten todas ellas, o cuando se refieran a un mismo bien, decidir cul o cules de aquellas resoluciones se ejecutarn, tras considerar debidamente todas esas circunstancias. Para adoptar esta decisin se tendr en cuenta principalmente y por este orden la existencia de un embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infraccin, las fechas de las resoluciones respectivas y las fechas de su transmisin. El Juez de lo Penal competente comunicar sin dilacin su decisin a las autoridades competentes del Estado o Estados de emisin.

2. En caso de que el condenado pudiera facilitar la prueba del decomiso, total o parcial, efectuado en otro Estado, el Juez de lo Penal competente consultar a la autoridad competente del Estado de emisin. En caso de decomiso de productos de un delito, toda porcin del valor de los bienes afectados que se recupere en virtud de la resolucin de decomiso en otro Estado se deducir en su totalidad del valor de los bienes que se han de decomisar en Espaa.


[Bloque 207: #a170]

Artculo 170. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de una resolucin de decomiso.

1. El Juez de lo Penal competente denegar el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones de decomiso, adems de en los supuestos de los artculos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con arreglo a la legislacin espaola, impidan la ejecucin de la resolucin de decomiso.

b) Cuando el Juez considere incompatible con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitucin la resolucin adoptada en aplicacin de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artculo 157.

c) Cuando la resolucin se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espaol no permita la persecucin de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a), c) y d) del apartado 1 del artculo 32, en el apartado 1 del artculo 33 o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, el Juez de lo Penal consultar a la autoridad competente del Estado de emisin para que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido. Esta previsin tambin ser de aplicacin en el caso de la letra a) del apartado anterior cuando no se hubiera informado de la interposicin de un recurso en Espaa.


[Bloque 208: #a171]

Artculo 171. Suspensin de la ejecucin de una resolucin de decomiso.

1. El Juez de lo Penal competente podr suspender la ejecucin de una resolucin de decomiso transmitida en los siguientes supuestos:

a) Cuando, en el caso de una resolucin de decomiso referente a una cantidad de dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecucin pueda exceder del importe especificado en la resolucin como consecuencia de su ejecucin simultnea en ms de un Estado miembro.

b) Cuando la ejecucin de la resolucin de decomiso pueda impedir el buen desarrollo de una investigacin o actuacin penal en curso, durante el tiempo que estime razonable.

c) Cuando considere necesario traducir, sin repercutir su coste al Estado de emisin, la resolucin de decomiso o partes de ella, por el tiempo necesario para obtener su traduccin.

d) Cuando el bien ya fuera objeto de un procedimiento de decomiso en Espaa.

2. El Juez de lo Penal competente adoptar, durante el perodo de suspensin, las medidas necesarias para asegurar la ejecucin de la resolucin de decomiso.

3. En caso de suspensin de conformidad con la letra a) del apartado 1 de este artculo, el Juez de lo Penal competente informar de ello sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

4. En los casos contemplados en letras b), c) y d) del apartado 1 de este artculo, el Juez de lo Penal comunicar sin dilacin la suspensin de la ejecucin de la resolucin de decomiso, sus motivos y, si es posible, su duracin prevista, a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

5. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensin, el Juez de lo Penal competente tomar de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolucin de decomiso e informar de ello a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.


[Bloque 209: #a172]

Artculo 172. Disposicin de los bienes decomisados.

1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisin, dispondr del dinero obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si el importe obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

b) En todos los dems casos, se transferir al Estado de emisin el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

Las cantidades que, en aplicacin de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espaa sern transferidas al Tesoro Pblico con aplicacin, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el Cdigo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa de desarrollo.

2. El Juez de lo Penal competente decidir que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecucin de la resolucin de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

Tambin podrn ser transferidos al Estado de emisin, siendo necesario su consentimiento en el supuesto de que la resolucin de decomiso se refiera a una suma de dinero en efectivo.

La enajenacin de los bienes se realizar de acuerdo con la legislacin espaola, observndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando y su normativa de desarrollo.

3. Cuando de la ejecucin de la resolucin de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio histrico espaol, el Juez de lo Penal en ningn caso proceder a su enajenacin o restitucin al Estado de emisin. En tal supuesto, lo comunicar a las autoridades espaolas competentes y sern de aplicacin las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol y su normativa de desarrollo.

Se modifica por el art. nico.21 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 210: #tix]

TTULO IX

Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias


[Bloque 211: #ci-9]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 212: #a173]

Artculo 173. Sancin pecuniaria.

1. Se entender por sancin pecuniaria la cantidad de dinero exigida por una resolucin firme en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisin por una persona fsica o jurdica de una infraccin penal o administrativa, siempre que, en relacin con estas ltimas, las sanciones administrativas fueran recurribles ante un rgano jurisdiccional penal.

2. A los efectos de esta Ley, tambin se incluirn en las sanciones pecuniarias las cantidades que figuren en las correspondientes resoluciones y se refieran a los siguientes conceptos:

a) Aquella cantidad de dinero impuesta en concepto de costas judiciales o gastos administrativos originados en el procedimiento.

b) Una compensacin en beneficio de las vctimas, siempre que la vctima no pueda ser parte civil en el procedimiento y el rgano jurisdiccional acte en el ejercicio de su competencia penal.

c) Una cantidad destinada a un fondo pblico o a una organizacin de apoyo a las vctimas.

3. La sancin pecuniaria a los efectos de esta Ley no podr comprender rdenes de confiscacin de instrumentos o productos del delito, para las cuales se aplicarn las normas previstas en el Captulo III del presente Ttulo.

La sancin pecuniaria tampoco podr comprender resoluciones de restitucin, ni reparacin del dao ni la indemnizacin de perjuicios materiales y morales, determinadas en un procedimiento penal, sin perjuicio de lo previsto en la letra b) del apartado anterior.

Cuando una sentencia dictada en Espaa incluyera una condena de reparacin del dao o la indemnizacin de perjuicios materiales y morales a favor de las vctimas o perjudicados, la autoridad judicial penal espaola instar su ejecucin a travs de los mecanismos previstos en las normas de cooperacin judicial civil en la Unin Europea.


[Bloque 213: #a174]

Artculo 174. Autoridades judiciales competentes en Espaa para transmitir y ejecutar una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. Es autoridad competente para transmitir una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria impuesta a una persona fsica o jurdica que posea propiedades u obtenga ingresos en otro Estado miembro de la Unin Europea, el rgano jurisdiccional penal competente para su ejecucin en Espaa.

2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria:

a) Con carcter principal, el Juez de lo Penal del lugar de residencia del condenado o donde tenga su sede social si se tratara de una persona jurdica.

b) Subsidiariamente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes inmuebles propiedad de la persona fsica o jurdica condenada al pago de multa.

c) Finalmente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de las fuentes de ingresos del condenado en Espaa.

El cambio de cualquiera de estas circunstancias por traslado de residencia del condenado o de su sede social, venta del bien inmueble o cambio en sus fuentes de ingresos, no implicar una prdida sobrevenida de competencia del Juez de lo Penal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria transmitida a Espaa.

En el caso de que un mismo certificado se refiera a varias personas y una de ellas cumpla alguno de los requisitos establecidos en este apartado, el Juez de lo Penal competente podr asumir la ejecucin en relacin con todos los condenados, sin que proceda dividir una nica resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria en varias.


[Bloque 214: #a175]

Artculo 175. Destino de las cantidades cobradas.

1. Las cantidades percibidas en concepto de ejecucin de una resolucin en Espaa se ingresarn en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales, salvo que se hubiese acordado otra cosa con el Estado de emisin respecto de las cantidades que constituyan una compensacin en beneficio de las vctimas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artculo 173.

En este caso, si el Estado de emisin solicitase estas cantidades, por el Juez de lo Penal se recabar dictamen del Ministerio Fiscal, concedindole un plazo de diez das, y resolver lo que proceda sobre el destino de las cantidades compensatorias a vctimas y perjudicados. El Secretario judicial transferir las cantidades de conformidad con los trminos literales del mismo.

2. Fuera del caso de la compensacin en beneficio de las vctimas, no se admitir ningn otro acuerdo que pudiera variar la regla expresada en el apartado anterior.


[Bloque 215: #cii-9]

CAPTULO II

Transmisin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria


[Bloque 216: #a176]

Artculo 176. Transmisin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. La resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria se transmitir a la autoridad competente del Estado miembro de la Unin Europea en el que la persona fsica o jurdica condenada posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual o su sede social, para que proceda a su ejecucin.

2. La autoridad judicial penal espaola transmitir la resolucin a un nico Estado de ejecucin cada vez.


[Bloque 217: #a177]

Artculo 177. Documentacin de la resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. La resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria se documentar en el certificado previsto en el anexo XII, y se remitir conjuntamente con la sentencia o resolucin firme que impone la condena de multa.

2. En el certificado se fijar, en su caso, la cantidad lquida cuyo pago procede en virtud del sistema das-multa previsto en el Cdigo Penal.

3. En el certificado se contendr la previsin de que la pena de multa se convierta en pena privativa de libertad o en trabajos en beneficio de la comunidad en caso de impago, conforme a lo dispuesto en el Cdigo Penal, debiendo especificarse su duracin.


[Bloque 218: #a178]

Artculo 178. Procedimiento para la transmisin de la resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. El Juez o Tribunal oir al Ministerio Fiscal en un plazo de cinco das y resolver por auto motivado dictado en los cinco das siguientes.

2. Con carcter previo a la emisin, podr recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecucin o de los organismos que puedan facilitarla informacin suficiente sobre si efectivamente el condenado dispone de bienes o ingresos en dicho Estado, o sobre si en el mismo tiene su residencia.


[Bloque 219: #a179]

Artculo 179. Consecuencias de la transmisin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. Una vez transmitida la resolucin, la autoridad judicial penal espaola no podr proceder a su ejecucin, salvo en los casos en que se produzca su devolucin.

Tal suspensin alcanzar slo a los pronunciamientos relativos a la imposicin de una pena de multa y a las costas.

2. Si, despus de transmitir una resolucin, la sancin pecuniaria hubiera sido pagada voluntariamente por el condenado o se hubiese ejecutado como resultado de actuaciones judiciales anteriores, la autoridad judicial penal espaola aplicar el pago recibido en la forma legalmente prevista e informar inmediatamente de ello a la autoridad competente del Estado de ejecucin, con indicacin de la reduccin que haya experimentado la cuanta y los conceptos incluidos en la sancin pecuniaria sometida a ejecucin.


[Bloque 220: #ciii-8]

CAPTULO III

Ejecucin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria


[Bloque 221: #a180]

Artculo 180. Reconocimiento y ejecucin en Espaa de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal competente estar obligado a reconocer y ejecutar una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria que le haya sido remitida por la autoridad competente de otro Estado miembro, sin sujecin a control de doble tipificacin cuando se refiera a alguno de los delitos enumerados en los apartados 1 y 2 del artculo 20.

2. Tambin se ejecutar la sancin pecuniaria que se haya impuesto en el Estado de emisin a una persona jurdica por una infraccin penal para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espaol.


[Bloque 222: #a181]

Artculo 181. Procedimiento para el reconocimiento y ejecucin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal que recibiera la resolucin proceder a la averiguacin de los siguientes extremos:

a) Si el condenado tiene su residencia o sede social en Espaa.

b) Slo si no consta domicilio o sede social en Espaa del condenado, si el mismo tiene a su nombre inscrito algn bien en el Registro de la Propiedad.

c) Si no se dieran ninguna de las dos circunstancias anteriores, si al condenado le consta alguna fuente de ingresos en Espaa.

2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal emitido en el plazo de cinco das, acordar el despacho de ejecucin de la resolucin de sanciones pecuniarias debidamente transmitida mediante auto, en un plazo mximo de cinco das desde su recepcin.

3. Cuando la cuanta de la sancin estuviese reseada en el certificado en una divisa extranjera, el Secretario judicial convertir el importe a euros, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento que se impuso la sancin.


[Bloque 223: #a182]

Artculo 182. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

1. El Juez de lo Penal competente denegar el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones que exijan el pago de una sancin pecuniaria, adems de en los supuestos de los artculos 32 y 33, en los siguientes casos:

a) Cuando la resolucin castigue a una persona fsica que, debido a su edad, no habra podido ser considerada responsable penal de acuerdo con lo previsto en la legislacin espaola.

b) Cuando, segn el certificado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado de su derecho a impugnar la resolucin y de los plazos para la interposicin de dicho recurso.

c) Cuando, segn el certificado, el imputado no ha sido informado, personalmente o a travs de un representante, de su derecho a impugnar la resolucin y de los plazos para la interposicin de dicho recurso.

d) Cuando la sancin pecuniaria sea inferior a setenta euros o, tratndose de otra divisa, a un importe equivalente.

e) Cuando, del certificado y resolucin comunicada para su ejecucin, se evidencie que se ha producido una vulneracin de los derechos fundamentales y los principios jurdicos fundamentales consagrados en el artculo 6 del Tratado de la Unin Europea y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unin Europea.

f) Cuando la resolucin se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espaol no permita la persecucin de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.

2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en la letra d) del apartado 1 o en el apartado 3 del artculo 32, en el apartado 1 del artculo 33, o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecucin de la resolucin, el Juez de lo Penal consultar a la autoridad competente del Estado de emisin para que aclare la situacin y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.


[Bloque 224: #a183]

Artculo 183. Revisin de la cuanta de la sancin.

1. En el supuesto de que la persona sancionada presente una prueba de pago total o parcial en cualquier Estado, el Juez de lo Penal deber consultar con la autoridad competente del Estado de emisin y deducir la parte de la sancin que haya sido efectivamente cobrada en otro Estado de la cantidad sometida a ejecucin en Espaa.

2. Cuando se demuestre que la resolucin se refiere a hechos que no fueron cometidos dentro del territorio del Estado de emisin y sobre los que las autoridades judiciales penales espaolas tengan competencia, el Juez de lo Penal podr decidir la reduccin del importe de la multa ejecutada a la cuanta mxima prevista para hechos del mismo tipo conforme a lo previsto en el ordenamiento jurdico espaol.

3. En estos casos, el Juez de lo Penal competente informar del carcter parcial de la ejecucin de la resolucin a la autoridad competente del Estado de emisin por cualquier medio que deje constancia escrita.

4. En aquellos casos en que la sancin se hubiera impuesto en un Estado con distinta divisa, el Juez de lo Penal convertir a euros la cuanta de la sancin, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento en que se impuso la misma.


[Bloque 225: #a184]

Artculo 184. Sanciones alternativas en caso de impago de la sancin pecuniaria.

1. Cuando sea imposible ejecutar total o parcialmente una resolucin, el Juez de lo Penal competente podr aplicar sanciones alternativas, incluida la privacin de libertad, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurdico espaol, en los casos en que el Estado de emisin hubiera aceptado aplicar dichas sanciones alternativas en el certificado presentado y, en todo caso, sin exceder del nivel mximo de la sancin previsto en el mismo.

En ningn caso se aplicar como sancin alternativa la privacin de libertad cuando la sancin pecuniaria cuya ejecucin se solicite se hubiera impuesto por la comisin de una infraccin administrativa, aun cuando hubiera sido recurrida ante un rgano jurisdiccional penal del Estado de emisin.

2. El Juez de lo Penal competente informar inmediatamente de la aplicacin de una sancin alternativa conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.


[Bloque 226: #a185]

Artculo 185. Suspensin de la ejecucin de una resolucin por la que se exija el pago de una sancin pecuniaria.

El Juez de lo Penal estar obligado a suspender la ejecucin de la resolucin tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisin le informe de la adopcin de cualquier resolucin o medida que tenga por efecto suspender o dejar sin efecto la resolucin por cualquier otro motivo, incluida la concesin de la amnista o el indulto.

En cualquiera de estos casos, el Juez de lo Penal devolver la resolucin a la autoridad competente del Estado de emisin.


[Bloque 227: #tx]

TTULO X

Orden europea de investigacin en materia penal

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 228: #ci-10]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 229: #a186]

Artculo 186. Orden europea de investigacin.

1. La orden europea de investigacin es una resolucin penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unin Europea, dictada con vistas a la realizacin de una o varias medidas de investigacin en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtencin de pruebas para su uso en un proceso penal. Tambin se podr emitir una orden europea de investigacin con vistas a la remisin de pruebas o de diligencias de investigacin que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecucin.

Se considerarn vlidos en Espaa los actos de investigacin realizados por el Estado de ejecucin, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jurdico espaol ni resulten contrarios a las garantas procesales reconocidas en ste.

2. La orden europea de investigacin podr referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea, tanto administrativas como judiciales, por la comisin de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisin pueda dar lugar a un proceso ante un rgano jurisdiccional, en particular en el orden penal.

3. La orden europea de investigacin podr comprender todas las medidas de investigacin, con excepcin de la creacin de un equipo conjunto de investigacin y la obtencin de pruebas en dicho equipo.

No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigacin necesite que las diligencias de investigacin se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya participado en el equipo, podr emitirse una orden europea de investigacin a las autoridades competentes de dicho Estado.

4. Queda fuera del mbito de la orden europea de investigacin el rgimen de transmisin de los antecedentes penales, que se regir por su normativa especfica.

5. A efectos de la emisin y de la ejecucin de rdenes europeas de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:

a) Se considerar como entidad financiera aqulla que se ajuste a la definicin establecida por la legislacin de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

b) Se considerar como dato de la cuenta o el depsito al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representacin y de las facultades de disposicin relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con posterioridad a ella.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 230: #a187]

Artculo 187. Autoridades competentes en Espaa para emitir y ejecutar una orden europea de investigacin.

1. Son autoridades de emisin de una orden europea de investigacin los jueces o tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de investigacin o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento.

Son tambin autoridades de emisin los Fiscales en los procedimientos que dirijan, siempre que la medida que contenga la orden europea de investigacin no sea limitativa de derechos fundamentales.

A estos efectos, las autoridades competentes sealadas podrn emitir rdenes europeas de investigacin para la ejecucin de medidas que podran ordenar o ejecutar conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en Espaa para recibir las rdenes europeas de investigacin emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisin, el Ministerio Fiscal conocer del reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin o la remitir al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Cuando la orden europea de investigacin no contenga medida alguna limitativa de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal ser competente para reconocer y ejecutar la orden europea de investigacin.

b) Cuando la orden europea de investigacin contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos derechos, sta ser remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecucin. Tambin ser remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecucin la orden europea de investigacin en la que se indique expresamente por la autoridad de emisin que la medida de investigacin debe ser ejecutada por un rgano judicial.

En estos supuestos se acompaar de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegacin de la ejecucin de la orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopcin de cada una de las medidas de investigacin que la orden contenga.

3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, sern competentes:

a) Los Jueces de Instruccin o de Menores del lugar donde deban practicarse las medidas de investigacin o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexin territorial con el delito, con el investigado o con la vctima. Si no hubiera ningn elemento de conexin territorial para poder concretar la competencia, sern competentes los Jueces Centrales de Instruccin.

b) Los Jueces Centrales de Instruccin, si la orden europea de investigacin se emiti por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia Nacional, o si se trata de la notificacin prevista en el artculo 222.

c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al Estado de emisin de personas privadas de libertad en Espaa, de conformidad con lo previsto en el artculo 214.

El Ministerio Fiscal podr practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigacin para su ejecucin.

El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigacin no implicar una prdida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin.

Si dicha orden europea de investigacin se hubiese emitido en relacin con varias diligencias de investigacin que tuvieran que practicarse en lugares distintos, ser competente para el reconocimiento y ejecucin de la orden el juez o tribunal al que el Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez o tribunal a quien corresponda la ejecucin notificar al Ministerio Fiscal el reconocimiento y ejecucin de las medidas de investigacin y su remisin a la autoridad de emisin.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 231: #ci-11]

CAPTULO II

Emisin y transmisin de una orden europea de investigacin

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 232: #s1-2]

Seccin 1. Rgimen general de emisin y transmisin de rdenes europeas de investigacin

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 233: #a188]

Artculo 188. Contenido de la orden europea de investigacin.

1. La orden europea de investigacin se documentar en el formulario que figura en el anexo XIII, con mencin expresa a la siguiente informacin:

a) Los datos de la autoridad de emisin.

b) El objeto y motivos de la orden europea de investigacin.

c) La informacin necesaria sobre la persona o personas afectadas.

d) La descripcin de la conducta delictiva que es objeto de la investigacin o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal espaol.

e) La descripcin de la medida o medidas de investigacin que se solicitan y de las pruebas a obtener.

f) Las formalidades, procedimientos y garantas cuya observancia solicita que sean respetadas por el Estado de ejecucin.

2. La autoridad espaola competente podr expedir una orden europea de investigacin complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para el mismo proceso penal.

La orden europea de investigacin complementaria se documentar en la forma sealada en el apartado 1 e indicar su relacin con la orden anterior en la seccin D del mismo formulario del anexo XIII.

Cuando la autoridad espaola competente colabore en la ejecucin de la orden europea de investigacin en el Estado de ejecucin, podr transmitir una orden complementaria directamente a la autoridad de ejecucin mientras se encuentre en dicho Estado.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 235: #a189]

Artculo 189. Requisitos para la emisin de una orden europea de investigacin.

1. La autoridad de emisin podr emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden europea de investigacin cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que la emisin de una orden europea de investigacin sea necesaria y proporcionada a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.

b) Que la medida o medidas de investigacin solicitadas cuyo reconocimiento y ejecucin se pretende se hayan acordado en el proceso penal espaol en el que se emite la orden europea de investigacin y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones para un caso interno similar.

2. La autoridad espaola competente podr indicar en la orden que se requiere un plazo ms corto que el previsto con carcter general para la ejecucin de la medida, o que la medida de investigacin tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta peticin se fundamentar de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 236: #a190]

Artculo 190. Solicitud de informacin a la autoridad de ejecucin.

1. La autoridad espaola competente podr solicitar a la autoridad de ejecucin que le informe sin dilacin, cuando proceda, de los siguientes supuestos:

a) Si considera que en la ejecucin de la orden europea de investigacin puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigacin no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisin pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantas expresamente indicados.

2. La autoridad espaola competente podr consultar a la autoridad competente del Estado de ejecucin a fin de facilitar la ejecucin de la orden europea de investigacin.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 237: #a191]

Artculo 191. Solicitud de participacin de la autoridad espaola competente.

La autoridad espaola competente, justificando las razones por las que lo considera conveniente, podr solicitar la participacin en la ejecucin de la orden europea de investigacin de una o varias autoridades o funcionarios espaoles, en la misma forma en que hubieran podido estar presentes en su ejecucin en territorio nacional. La autoridad o funcionario espaol que participe en la ejecucin de la orden europea de investigacin podr recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecucin, siempre que as se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del Estado de ejecucin.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 238: #a192]

Artculo 192. Comunicacin con la autoridad de ejecucin.

La autoridad espaola competente comunicar a la autoridad de ejecucin en el plazo de diez das si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigacin en los siguientes supuestos:

a) Cuando la autoridad de ejecucin comunique que el resultado perseguido por la orden europea de investigacin puede conseguirse mediante una medida de investigacin menos restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisin.

b) Cuando la autoridad de ejecucin comunique que la medida de investigacin solicitada no existe en su Derecho o no est prevista para un caso interno similar, pero existe otra medida distinta que puede ser idnea para los fines de la orden solicitada.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 239: #a193]

Artculo 193. Utilizacin en Espaa de los datos personales obtenidos en la ejecucin de la orden europea de investigacin en otro Estado miembro.

1. Los datos personales obtenidos de la ejecucin de una orden europea de investigacin slo podrn ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado esa resolucin, en aquellos otros relacionados de manera directa con aqul o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pblica.

Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad espaola competente deber recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecucin o del titular de los datos.

2. Cuando en un caso concreto as lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecucin, la autoridad espaola competente le informar del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a travs de una orden europea de investigacin, con excepcin de aqullos obtenidos durante su ejecucin en Espaa.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 240: #a194]

Artculo 194. Confidencialidad en la emisin de una orden europea de investigacin.

La autoridad competente espaola, con arreglo al ordenamiento jurdico espaol y, a menos que la autoridad de ejecucin haya indicado otra cosa, no desvelar prueba o informacin alguna facilitada por la autoridad de ejecucin para ser utilizada en el procedimiento espaol, excepto en la medida en que su revelacin sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigacin.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 241: #s2-2]

Seccin 2. Emisin de rdenes europeas de investigacin con medidas especficas de investigacin

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 243: #a195]

Artculo 195. Emisin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de ejecucin.

1. La autoridad espaola competente emitir una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de una persona privada de libertad en el Estado de ejecucin cuando la investigacin requiera su presencia en Espaa; y siempre que no tenga por finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deber optar por la emisin de una orden europea de detencin y entrega.

2. La autoridad espaola competente acordar con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones prcticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as como los detalles de sus condiciones de privacin de libertad, con inclusin de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artculos 12 y 27, garantizndose que se tiene en cuenta la condicin fsica y mental de la persona de que se trate, as como el nivel de seguridad requerido en Espaa.

3. La persona trasladada permanecer privada de libertad en Espaa en relacin con los hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecucin, a menos que ste pida su puesta en libertad.

4. La persona trasladada no ser perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restriccin de su libertad personal en Espaa por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecucin y que no estuvieran especificados en la orden europea de investigacin. No obstante, esta inmunidad quedar sin efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio espaol durante los quince das siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la autoridad espaola competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 244: #a196]

Artculo 196. Emisin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal al Estado de ejecucin de personas privadas de libertad en Espaa.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin para el traslado temporal de un detenido en Espaa con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecucin, siempre que la persona privada de libertad d su consentimiento. A tal fin sern de aplicacin las previsiones del artculo 214.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 245: #a197]

Artculo 197. Emisin de una orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

1. Cuando la autoridad competente espaola que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario or al investigado o encausado o a un testigo o perito que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir una orden europea de investigacin para que dicha declaracin se realice por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

A tal fin se determinarn de acuerdo con la autoridad de ejecucin competente las disposiciones prcticas con arreglo a las cuales se llevar a cabo la comparecencia.

Si en un caso concreto la autoridad de ejecucin no dispusiera de los medios tcnicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, la autoridad competente espaola que la hubiera solicitado podr ponerlos a su disposicin previo acuerdo.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 246: #a198]

Artculo 198. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

1. Cuando la autoridad espaola competente necesite determinar si la persona fsica o jurdica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o ms cuentas o depsitos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y depsitos identificadas que obren todava en su poder, podr emitir una orden europea de investigacin. La informacin requerida incluir, siempre que se solicite en la orden europea de investigacin, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representacin.

2. En la orden europea de investigacin se indicarn las razones por las que considera que la informacin solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en algn banco u otra entidad financiera del Estado de ejecucin y, siempre que cuente con dicha informacin, de qu banco o entidad financiera se trata. Tambin incluir en la orden europea de investigacin cualquier informacin de la que disponga que pueda facilitar su ejecucin.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 247: #a199]

Artculo 199. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin para obtener los datos que obren todava en poder del banco u otra entidad financiera correspondientes a:

a) Cuentas bancarias especficas.

b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o ms cuentas indicadas en la orden, con inclusin de los datos de toda cuenta remitente o receptora.

c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.

En la orden se indicarn las razones por las que estima que la informacin solicitada es pertinente para el proceso penal de que se trate.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 248: #a200]

Artculo 200. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

Cuando la autoridad competente que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario emitir una orden europea de investigacin a efectos de la ejecucin de una medida de investigacin que requiera la obtencin de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicar las razones por las que estima que la informacin solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 249: #a2-2]

Artculo 201. Emisin de una orden europea de investigacin para realizar investigaciones encubiertas.

Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes de otro Estado miembro colaboren en la investigacin encubierta de una o varias actividades delictivas, a travs de agentes que acten infiltrados o con una identidad falsa, emitir una orden europea de investigacin solicitando dicha colaboracin e indicar las razones por las que considera pertinente realizar una investigacin encubierta.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 250: #a2-3]

Artculo 202. Emisin de una orden europea de investigacin para intervencin de telecomunicaciones.

1. La autoridad espaola competente emitir una orden europea de investigacin cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proceda la intervencin de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su asistencia tcnica. La medida solicitada podr abarcar igualmente la obtencin de datos de trfico y localizacin correspondiente a tales comunicaciones.

2. Cuando la asistencia tcnica requerida pueda ser prestada por ms de un Estado miembro, se enviar la orden europea de investigacin solo a uno de ellos. A tal efecto, se dar siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el investigado o encausado.

3. La autoridad espaola competente podr acordar con la autoridad de ejecucin que la intervencin se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:

a) Transmitiendo directamente la telecomunicacin al Estado de emisin,

b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecucin la telecomunicacin para proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisin.

La autoridad espaola competente podr someter a consulta y ser consultada por la autoridad de ejecucin respecto de la eleccin de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigacin.

4. La orden europea de investigacin emitida para la intervencin de telecomunicaciones deber especificar:

a) Las razones por las que la intervencin es necesaria para los fines del proceso penal.

b) La informacin necesaria para la identificacin de la persona afectada por la intervencin.

c) La duracin de la intervencin.

d) Los datos tcnicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.

5. En la orden europea de investigacin se podr pedir una transcripcin, descodificacin o desencriptado del registro. Esta peticin podr hacerse, asimismo, durante la prctica de la intervencin. En ambos casos, la transcripcin, descodificacin o desencriptado debern ser acordados con la autoridad de ejecucin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 251: #a2-4]

Artculo 203. Emisin de una orden europea de investigacin para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigacin en relacin con los medios de prueba.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin con la finalidad de impedir de forma cautelar la destruccin, transformacin, desplazamiento, transferencia o enajenacin de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.

En la orden europea de investigacin se indicar si el medio de prueba habr de transferirse a Espaa o conservarse en el Estado de ejecucin.

Cuando en la orden europea de investigacin se solicite que el medio de prueba se conserve en el Estado de ejecucin, se indicar la fecha en que habr de levantarse la medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formular la solicitud para que la prueba sea trasladada a Espaa.

Se notificar inmediatamente a la autoridad de ejecucin el levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran instado.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 252: #a2-5]

Artculo 204. Notificacin al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia tcnica no sea necesaria.

1. La autoridad espaola competente que haya acordado la intervencin de telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro sin su asistencia tcnica, notificar a la autoridad competente de ese Estado dicha intervencin. Esta notificacin se llevar a cabo:

a) antes de la intervencin, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se encuentra o se encontrar en el territorio del otro Estado miembro;

b) durante la intervencin o despus de sta, inmediatamente despus de tener conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervencin, en el territorio del otro Estado miembro.

Esta notificacin se efectuar por medio del formulario contenido en el anexo XV.

2. La autoridad espaola competente que haya acordado esta intervencin no la llevar a cabo o pondr fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado as lo indicara. Asimismo, la autoridad espaola competente slo podr utilizar el material intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.

En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad espaola competente ordenar su destruccin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 253: #ci-12]

CAPTULO III

Reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin

Se modifica por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 254: #s1-3]

Seccin 1. Rgimen general de reconocimiento y ejecucin de rdenes europeas de investigacin

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 255: #a2-6]

Artculo 205. Requisitos para el reconocimiento y ejecucin en Espaa de una orden de investigacin europea. .

1. La autoridad competente espaola que reciba una orden europea de investigacin dictar auto o decreto de reconocimiento y ejecucin de la misma, salvo que concurra alguno de los motivos de denegacin o suspensin a que se refieren los artculos 207 y 209.

2. La autoridad competente espaola que reciba una orden europea de investigacin que no hubiera sido emitida por la autoridad de emisin competente, o validada en su caso por el juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisin, proceder a su devolucin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 256: #a2-7]

Artculo 206. Ejecucin de las medidas de investigacin solicitadas en la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin solicitada si dicha medida de investigacin existiera en Derecho espaol y estuviera prevista para un caso interno similar.

En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente, la autoridad competente ordenar la ejecucin en todo caso si la medida de investigacin solicitada fuera alguna de las siguientes:

a) La obtencin de informacin o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad competente espaola siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa informacin o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la orden europea de investigacin;

b) la obtencin de informacin contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un procedimiento penal;

c) la declaracin de un testigo, un perito, una vctima, un investigado o encausado o un tercero en territorio espaol;

d) cualquier medida de investigacin no restrictiva de los derechos fundamentales y garantas procesales prevista en el Derecho espaol;

e) la identificacin de personas que sean titulares de un nmero de telfono o una direccin IP determinados.

2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigacin pudiera conseguirse mediante una medida de investigacin menos restrictiva de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola ordenar la ejecucin de esta ltima.

3. Cuando la medida de investigacin solicitada no existiera en Derecho espaol o no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente espaola ordenar la ejecucin de una medida de investigacin distinta a la solicitada, si dicha medida fuera idnea para los fines de la orden solicitada.

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resolucin, la autoridad competente informar a la autoridad de emisin. Si la autoridad de emisin no comunicara su decisin de retirar o completar la orden europea de investigacin en el plazo de diez das, la autoridad de ejecucin ordenar la ejecucin de la medida de investigacin alternativa.

5. Cuando la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin no exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso interno similar y, adems, no exista ninguna otra medida de investigacin que pudiera obtener el mismo resultado que la medida de investigacin solicitada, la autoridad espaola competente notificar a la autoridad del Estado de emisin que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 257: #a2-8]

Artculo 207. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola denegar el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin, adems de en los supuestos del apartado 1 del artculo 32, en los siguientes casos:

a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de investigacin o normas sobre determinacin y limitacin de la responsabilidad penal en relacin con la libertad de prensa y la libertad de expresin en otros medios de comunicacin que imposibiliten a la autoridad competente espaola su ejecucin.

b) Cuando la ejecucin pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informacin o implicar la utilizacin de informacin clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.

c) Cuando la resolucin se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y total o parcialmente en territorio espaol, y la conducta en relacin con la cual se emite la orden europea de investigacin no sea constitutiva de delito en Espaa.

d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecucin de la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin es incompatible con las obligaciones del Estado espaol de conformidad con el artculo 6 del Tratado de la Unin Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea.

e) Cuando la conducta que dio origen a la emisin de la orden europea de investigacin no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho espaol y no est recogida en las categoras de delitos a que se refiere el apartado 1 del artculo 20, siempre que la pena o medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisin para el delito a que se refiere la orden europea de investigacin fuera de un mximo de al menos tres aos.

Para comprobar si dicha conducta est o no incluida dentro de los delitos enumerados en el apartado 1 del artculo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se estar a lo indicado por la autoridad del Estado de emisin en el formulario de emisin remitido.

f) Cuando el uso de la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin est limitado, con arreglo al Derecho espaol, a una lista o categora de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la orden europea de investigacin.

g) Cuando la orden europea de investigacin se refiera a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea por la comisin de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento cuando la decisin pueda dar lugar a un proceso ante un rgano jurisdiccional en el orden penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecucin, para un caso interno similar.

2. Las letras e) y f) del apartado anterior no sern de aplicacin, en ningn caso, a las medidas de investigacin a que se refiere el apartado 1 del artculo 206.

3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del artculo 32 o en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 de este artculo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecucin de la orden europea de investigacin, la autoridad espaola competente solicitar a la autoridad de emisin la informacin complementaria necesaria y, en su caso, la subsanacin del defecto en que se hubiera incurrido.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 258: #a2-9]

Artculo 208. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola que reciba la orden europea de investigacin, si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegacin o suspensin, dictar sin dilacin auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y ordenando su ejecucin. Elauto o decreto contendr las instrucciones necesarias para la prctica de las medidas de investigacin solicitadas.

La decisin de reconocer y ejecutar la orden europea de investigacin o, en su caso, denegar su ejecucin deber ser tomada cuanto antes y, a ms tardar, en el plazo de treinta das desde su recepcin por la autoridad competente.

2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente espaola aprecie que no podr cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento y ejecucin de la orden, informar sin demora a la autoridad de emisin explicando las razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resolucin. En este caso, el plazo establecido para dictar la resolucin de reconocimiento y ejecucin podr prorrogarse hasta un mximo de treinta das.

3. Cuando el Estado de emisin participe en la ejecucin de la orden europea de investigacin y si la autoridad de emisin emite una orden complementaria a la anterior, la autoridad competente espaola podr recibir directamente la orden complementaria que la autoridad de emisin dicte mientras est en Espaa.

4. La autoridad competente espaola llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin sin demora y, a ms tardar, en el plazo de noventa das despus de que se adopte la resolucin de reconocimiento y ejecucin, a menos que, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 209, exista algn motivo para la suspensin del procedimiento de reconocimiento y ejecucin o que la prueba mencionada en la medida de investigacin incluida en la orden europea de investigacin ya se encuentre en posesin del Estado espaol.

5. Cuando la autoridad de emisin haya indicado en la orden que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo ms corto para la ejecucin de la medida, o si la medida de investigacin tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente espaola estar a lo dispuesto en la orden en relacin con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo comunicar a la autoridad de emisin sin demora.

6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecucin de la medida de investigacin dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente espaola informar sin demora a la autoridad competente del Estado de emisin explicando las razones de la demora y consultar a la autoridad de emisin sobre el plazo o la fecha adecuados para llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 259: #a2-10]

Artculo 209. Suspensin del reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola suspender el reconocimiento y la ejecucin de una orden europea de investigacin cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que su ejecucin pudiera perjudicar una investigacin penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.

b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate estn siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.

2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensin, la autoridad competente espaola adoptar las medidas necesarias para la ejecucin de la orden europea de investigacin, informando sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 260: #a2-11]

Artculo 210. Participacin de las autoridades del Estado de emisin en la prctica de diligencias en territorio espaol.

1. En el caso de que la autoridad de emisin solicite que una o varias autoridades de su Estado participen en la ejecucin de la orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola acceder a ello siempre que dichas autoridades estn facultadas para participar en la ejecucin de las medidas de investigacin requeridas en la orden en un caso interno similar de su Estado y que esa participacin no sea contraria a los principios jurdicos fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.

Dichas autoridades tendrn la consideracin de funcionario pblico espaol a efectos penales mientras se encuentren en Espaa participando en la ejecucin de la orden europea de investigacin. En el caso del agente encubierto se acordarn con el Estado de emisin, atenindose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duracin de la investigacin encubierta, las condiciones concretas y el rgimen jurdico de los agentes de que se trate.

2. Las autoridades del Estado de emisin que participaran en la ejecucin de la orden europea de investigacin se sometern al Derecho espaol y solo podrn ejercer competencia coercitiva en territorio espaol si el ejercicio de dicha competencia es conforme con el Derecho espaol y nicamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen acordado.

3. La autoridad competente espaola podr consultar en cualquier momento a la autoridad competente del Estado de emisin a fin de facilitar la ejecucin de la orden europea de investigacin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 261: #a2-12]

Artculo 211. Traslado de las pruebas obtenidas.

1. Las pruebas obtenidas se trasladarn de manera inmediata a la autoridad del Estado de emisin y se indicar si deben ser devueltas a las autoridades competentes espaolas tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisin.

En el caso de que el Estado de emisin participara en la ejecucin de la orden, siempre que as se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho espaol, las pruebas obtenidas se trasladarn inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr acordarse la suspensin del traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y ejecucin de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigacin o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspender el traslado de pruebas si ste pudiera causar un dao grave o irreversible a la persona interesada.

3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la autoridad competente espaola, previa peticin expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisin, podr trasladar temporalmente las pruebas con la condicin de que se devuelvan a las autoridades competentes espaolas tan pronto como el Estado de emisin deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasin que se acordara entre las autoridades competentes.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 262: #a2-13]

Artculo 212. Informacin especfica sobre el curso de la ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigacin, acusar recibo en el plazo mximo de una semana desde la recepcin, mediante la cumplimentacin del anexo XIV.

2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artculo 206, la autoridad competente espaola encargada de la ejecucin informar sin dilacin a la autoridad de emisin en los casos siguientes:

a) Si es imposible adoptar una resolucin de reconocimiento y ejecucin debido a que el formulario del anexo XIII est incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por Espaa.

b) Si considera que en la ejecucin de la orden europea de investigacin puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigacin no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisin pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantas expresamente indicados.

d) De cualquier resolucin adoptada de conformidad con lo dispuesto en los artculos 206, 207 y 209.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 263: #a2-14]

Artculo 213. Confidencialidad en la ejecucin de una orden europea de investigacin.

Cuando ejecute una orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola tiene la obligacin de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigacin, y cualquier publicidad ser siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 264: #s2-3]

Seccin 2. Reconocimiento y ejecucin de rdenes europeas de investigacin con medidas especficas de investigacin

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 265: #a2-15]

Artculo 214. Ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal al Estado de emisin de personas privadas de libertad en Espaa.

1. La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal de personas privadas de libertad en Espaa, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 208, en caso de que:

a) La persona privada de libertad no d su consentimiento. Cuando debido a su edad o estado fsico o psquico, no pueda dar su opinin, la misma se recabar a travs de su representante legal.

b) El traslado pueda causar la prolongacin de la privacin de libertad de la persona.

2. La autoridad espaola competente acordar con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones prcticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as como los detalles de sus condiciones de privacin de libertad, con inclusin de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artculos 12 y 27, garantizndose que se tienen en cuenta la condicin fsica y mental de la persona de que se trate, as como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisin.

3. La autoridad espaola competente deducir, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, del perodo mximo de prisin al que est sometido o se vaya a someter al reclamado por una orden europea de investigacin cualquier perodo de privacin de libertad en el territorio del Estado de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 266: #a2-16]

Artculo 215. Ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin.

La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en caso de que la persona privada de libertad no d su consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado fsico o psquico, no pueda dar su opinin, la misma se recabar a travs de su representante legal.

En todo lo dems, la ejecucin de la orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin se sujetar a lo dispuesto en el artculo 214.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 267: #a2-17]

Artculo 216. Ejecucin de una orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

1. La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en caso de que la ejecucin de dicha medida de investigacin en un caso concreto sea contraria a los principios jurdicos fundamentales del Derecho espaol.

Tambin podr denegar el reconocimiento y ejecucin si el investigado o el acusado no da su consentimiento para la prctica de la medida.

2. Cuando la autoridad competente espaola reciba una orden europea de investigacin en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, la llevar a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisin. En todo caso, la autoridad competente espaola se encargar de:

a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar de la comparecencia.

b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas especficas que establezca el Derecho espaol, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisin, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garantas procesales.

c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaracin.

3. La autoridad espaola competente se pondr de acuerdo con la autoridad de emisin sobre la prctica de la ejecucin de la medida que, en todo caso, se regir por las siguientes normas:

a) Durante la declaracin estar presente la autoridad espaola competente, asistida por un intrprete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar declaracin y velar por el respeto del ordenamiento jurdico espaol.

b) La autoridad espaola competente acordar, en su caso, con la autoridad de emisin, la adopcin de medidas de proteccin de la persona que deba declarar.

c) La declaracin tendr lugar ante la autoridad competente del Estado de emisin o bajo su direccin.

d) Si as lo solicita la autoridad de emisin o la persona compareciente, la autoridad espaola facilitar un intrprete para que le asista.

e) Con carcter previo a la declaracin, se informar a los testigos o peritos de los derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisin como del espaol, incluido el derecho a no declarar cuando as se disponga.

4. Finalizada la declaracin, la autoridad espaola en cuyo territorio se haya ejecutado la medida levantar acta de la misma, en la que constarn la fecha y el lugar, la identidad de la persona oda, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento formulado y las condiciones tcnicas en las que se haya llevado a cabo la declaracin. El acta se transmitir a la autoridad competente del Estado de emisin.

5. En el caso de que la persona que deba ser oda en Espaa en ejecucin de una orden europea de investigacin no preste testimonio estando sometida a la obligacin de testificar o no preste testimonio veraz, se le aplicar el ordenamiento jurdico espaol del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 268: #a2-18]

Artculo 217. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

Cuando la autoridad espaola competente reciba una orden europea de investigacin en la que se requiera informacin sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la proporcionar de conformidad con el Derecho espaol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma. La informacin a proporcionar a la autoridad de emisin incluir, cuando as lo solicite la orden europea de investigacin, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representacin.

La autoridad competente espaola, adems de por los motivos de denegacin del reconocimiento y de la ejecucin previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

La autoridad espaola competente adoptar las medidas necesarias para garantizar que los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informacin al Estado de emisin en virtud de este artculo y el siguiente, o de que se est llevando a cabo una investigacin, pudiendo utilizar a esos efectos la informacin obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiacin del terrorismo.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 269: #a2-19]

Artculo 218. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad espaola competente para el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin proporcionar la informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho espaol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma.

En el caso de la letra c) del artculo 199, adems de por los motivos de denegacin del reconocimiento y de la ejecucin contemplados en esta Ley, la autoridad espaola competente denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 270: #a2-20]

Artculo 219. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de investigacin que requiera la obtencin de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegar su ejecucin, adems de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de las previstas en este artculo, ser la competente para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con su ejecucin, si bien las disposiciones prcticas las acordar con la autoridad competente del Estado de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 271: #a2-21]

Artculo 220. Ejecucin de una orden europea de investigacin para realizar investigaciones encubiertas.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigacin con el fin de recabar su colaboracin en la realizacin de una investigacin encubierta en Espaa, denegar su ejecucin, adems de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, cuando:

a) La realizacin de investigaciones encubiertas no se autorizara en casos internos similares.

b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisin respecto a las condiciones para llevar a cabo la investigacin correspondiente.

2. La autoridad que acuerde la ejecucin de una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de las previstas en este artculo, la ejecutar de acuerdo con el ordenamiento jurdico espaol asumiendo la direccin y el control de las operaciones relacionadas con la medida, si bien la duracin de la misma, las condiciones concretas y el rgimen jurdico de los agentes intervinientes sern acordadas con la autoridad competente del Estado de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 272: #a2-22]

Artculo 221. Ejecucin de una orden europea de investigacin para intervencin de telecomunicaciones.

1. La autoridad judicial competente espaola denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin, adems de por los motivos previstos en el apartado1 del artculo 32 y en el artculo 207, en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

2. Cuando la autoridad judicial competente espaola reciba una orden europea de investigacin para la intervencin de telecomunicaciones podr ejecutarla mediante alguna de las siguientes formas:

a) La transmisin inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisin.

b) La intervencin, registro y ulterior transmisin del resultado de la intervencin de las telecomunicaciones a la autoridad de emisin.

La eleccin de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigacin se acordar con la autoridad de emisin.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 273: #a2-23]

Artculo 222. Notificacin a Espaa de la intervencin de telecomunicaciones con interceptacin de la direccin de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espaa y cuya asistencia tcnica no sea necesaria.

Cuando se notifique a Espaa la intervencin de telecomunicaciones con interceptacin de la direccin de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espaa, en el caso de que dicha intervencin no fuera objeto de autorizacin en un caso interno similar, la autoridad espaola competente comunicar al Estado que se encuentre ejecutando la intervencin, sin dilacin y a ms tardar en un plazo de noventa y seis horas desde la recepcin de la notificacin:

a) Que no podr efectuarse la intervencin o que se pondr fin a la misma.

b) Y, en su caso, que no podr utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona objeto de la intervencin se encontraba en Espaa, o que solo podr utilizarse en las condiciones que se especifiquen. Deber informarse a la autoridad competente del Estado que realiza la intervencin de los motivos de tales condiciones.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 274: #a2-24]

Artculo 223. Ejecucin de una orden europea de investigacin para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigacin en relacin con los medios de prueba.

La autoridad espaola competente para el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de pruebas comunicar su decisin a la autoridad de emisin dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepcin de la orden.

En ejecucin de la orden europea de investigacin, los medios de prueba se trasladarn al Estado de emisin en la forma prevista en el artculo 211.

Previa consulta a la autoridad de emisin, la autoridad espaola competente, de conformidad con el Derecho espaol, podr imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duracin del plazo de aplicacin de la medida cautelar requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informar de ello a la autoridad de emisin y se le ofrecer la posibilidad de formular alegaciones.

La autoridad espaola competente podr recabar la asistencia de la Oficina de Recuperacin y Gestin de activos en la ejecucin de una orden europea de investigacin cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.

Se aade por el art. nico.22 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 275: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Remisin y ejecucin de rdenes europeas de detencin y entrega provenientes o dirigidas a Gibraltar.

Las rdenes europeas de detencin y entrega provenientes o dirigidas a la colonia britnica de Gibraltar se regirn por lo dispuesto en el Rgimen acordado sobre autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la Unin Europea y de la Comunidad Europea y Tratados Conexos, contenido en el documento del Consejo 7998/00 JAI 45 MI 73, de 19 de abril de 2000.


[Bloque 276: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Transmisin de medidas de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la Repblica de Irlanda.

La transmisin de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la Repblica de Irlanda se efectuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, a menos que estos Estados manifiesten mediante declaracin depositada ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea y notificada a la Comisin que optan por la transmisin de sus resoluciones y del certificado correspondiente por conducto de una autoridad central o de las autoridades especificadas en la declaracin.


[Bloque 277: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Informacin sobre las declaraciones efectuadas ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscala General del Estado se coordinarn para que a travs de sus sitios web se puedan conocer las declaraciones que Espaa y los dems Estados miembros hayan efectuado ante la Secretara General del Consejo de la Unin Europea, renunciando a exigir su consentimiento para determinadas actuaciones relativas al reconocimiento y ejecucin de los instrumentos de reconocimiento mutuo.


[Bloque 278: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Ejecucin de resoluciones de decomiso dictadas por autoridades de terceros Estados no miembros de la Unin Europea.

Cuando, en ejecucin de una resolucin de decomiso dictada por la autoridad competente de un Estado no miembro de la Unin Europea, se acuerde por los jueces o tribunales espaoles el decomiso de bienes, valores o efectos que se hallen en Espaa, el reparto de los mismos se llevar a cabo del siguiente modo:

1. Si el valor de los bienes, valores y efectos decomisados, descontados los gastos realizados para su localizacin, administracin y conservacin, fuera inferior a 10.000 euros, se adjudicarn ntegramente al Estado espaol, y se les dar el destino que se determine legal o reglamentariamente.

2. En el resto de los casos, descontados los gastos realizados para su localizacin, administracin y conservacin, corresponder al Estado de emisin el 50 por 100 del valor de los bienes, valores y efectos decomisados cuando la resolucin de decomiso haya sido dictada por la autoridad competente de un Estado que haya garantizado reciprocidad a Espaa.

El resto de los bienes, valores y efectos decomisados sern adjudicados al Estado espaol, que les dar el destino que se determine legal o reglamentariamente.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior ser nicamente aplicable en defecto de acuerdo entre el Reino de Espaa y el Estado requirente.

4. Se dispondr de los bienes, valores o efectos decomisados del siguiente modo:

a) Si se trata de dinero, se transferir al Estado requirente la cantidad que corresponda.

b) Si se trata de bienes, valores o efectos de otra naturaleza, se transferirn al Estado requirente, en la parte que corresponda, salvo que la resolucin de decomiso se hubiera referido a una cantidad de dinero y el Estado requirente no se muestre conforme; se proceder a su venta conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, y se transferir el efectivo obtenido, una vez descontados los gastos de ejecucin, al Estado requirente, en la parte que corresponda. Cuando ninguno de los dos procedimientos anteriores pueda ser aplicado, se proceder conforme a cualquier otro procedimiento autorizado legal o reglamentariamente.

5. Cuando de la ejecucin de la resolucin de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio histrico espaol, en ningn caso se proceder a su enajenacin o restitucin al Estado de emisin. En tal supuesto, el decomiso ser inmediatamente comunicado a las autoridades espaolas competentes y sern de aplicacin las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol y su normativa de desarrollo.

Se aade por la disposicin final 4 de la Ley Orgnica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Texto aadido, publicado el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015.


[Bloque 279: #da]

Disposicin adicional quinta. Proteccin de datos de carcter personal.

Los datos de carcter personal obtenidos como consecuencia de la emisin o ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo estarn protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y espaola de proteccin de datos de carcter personal.

Se aade por el art. nico.23 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 280: #da-2]

Disposicin adicional sexta. Declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica.

En el caso de que la declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica sea introducida en la legislacin procesal penal espaola, regirn las siguientes reglas para la emisin y ejecucin de una orden europea de investigacin que contemple dicha medida:

a) Cuando la autoridad espaola competente que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario or, como testigo o perito, a una persona que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir una orden europea de investigacin para que la declaracin del testigo o perito se realice por conferencia telefnica, siempre que no considere ms conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no hubiera sido posible utilizar otro medio ms adecuado.

b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica, tanto para la emisin como para la ejecucin de una orden europea de investigacin que incluya dicha declaracin, se regir por lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artculo 216.

A los efectos de esta disposicin adicional, se entender por autoridad espaola competente la definida en el artculo 187.

Se aade por el art. nico.24 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 281: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Rgimen transitorio.

1. Esta Ley ser aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes espaolas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.

2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecucin hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales espaolas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguirn tramitndose hasta su conclusin conforme a las normas vigentes en aquel momento.

3. A los solos efectos de lo dispuesto en el artculo 83.1 de la presente Ley, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento y ejecucin que hubieran podido ser presentadas a partir del 5 de diciembre de 2011 y antes de la entrada en vigor de la presente Ley, ser aplicable la legislacin vigente al tiempo de la solicitud de ser ms favorable para el condenado.


[Bloque 282: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Remisin y ejecucin de resoluciones condenatorias en Polonia.

Lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artculo 67 no ser aplicable a Polonia, tanto si ste es Estado de emisin como si es Estado de ejecucin, en aquellos casos en que la resolucin condenatoria haya sido dictada antes de un perodo de cinco aos a partir del 5 de diciembre de 2011, salvo que renuncie a recurrir a esta excepcin mediante notificacin a la Secretara General del Consejo de la Unin Europea.


[Bloque 283: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Equivalencia de la descripcin del Sistema de Informacin Schengen.

Con carcter provisional, hasta el momento en que el Sistema de Informacin Schengen tenga capacidad para transmitir toda la informacin que figura en el artculo 36, la descripcin equivaldr a una orden europea de detencin y entrega hasta que la autoridad judicial de ejecucin reciba el original en buena y debida forma.


[Bloque 284: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega; la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de resoluciones judiciales de decomiso.


[Bloque 285: #dfprimera]

Disposicin final primera. Actualizacin de anexos.

Se autoriza al Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Justicia, a actualizar los modelos de certificados recogidos en los anexos de esta Ley cuando hayan sido modificados por normas de la Unin Europea.


[Bloque 286: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislacin procesal.


[Bloque 287: #dftercera]

Disposicin final tercera. Incorporacin de derecho de la Unin Europea.

Mediante esta ley se incorporan al Derecho espaol:

a) La Decisin Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados.

b) La Decisin Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.

c) La Decisin Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.

d) La Decisin Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

e) La Decisin Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecucin en la Unin Europea.

f) La Decisin Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.

g) La Decisin Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtencin de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal.

h) La Decisin Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.

i) La Decisin Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicacin, entre Estados miembros de la Unin Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitucin de la prisin provisional.

j) Y la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la orden europea de proteccin.

k) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigacin en materia penal.

Se aade la letra k) por el art. nico.25 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 288: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 289: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY


[Bloque 290: #ani]

Anexo I

ORDEN EUROPEA DE DETENCIN Y ENTREGA (1)

La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detencin y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuacin, a efectos de enjuiciamiento penal o de ejecucin de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad.

(1) La presente orden deber redactarse o traducirse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecucin, si se conoce dicho Estado, o en cualquier otra lengua aceptada por ste.

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[Bloque 291: #anii]

Anexo II

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[Bloque 292: #aniii]

Anexo III

CERTIFICADO DE NOTIFICACIN AL CONDENADO DE LA TRANSMISIN A OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIN EUROPEA DE LA RESOLUCIN POR LA QUE SE LE IMPONEN PENAS U OTRAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Se le notifica por la presente la resolucin de ............................................... (autoridad competente del Estado de emisin) de transmitir la sentencia de ................................. (autoridad competente del Estado de emisin) de fecha .................................... (fecha de la sentencia), ........................... (nmero de referencia, si lo hubiera) a .................................. (Estado de ejecucin) a efectos de su reconocimiento y de la ejecucin de la correspondiente condena con arreglo a la legislacin nacional de aplicacin de la Decisin Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecucin en la Unin Europea.

La ejecucin de la condena se regir por el Derecho de .................................... (Estado de ejecucin). Las autoridades del Estado de ejecucin sern competentes para determinar el procedimiento de ejecucin y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesin de libertad anticipada o condicional.

La autoridad competente de ................................................... (Estado de ejecucin) debe deducir del perodo total de privacin de libertad que haya de cumplirse, todo el perodo de privacin de libertad ya cumplido en conexin con la condena. La autoridad competente de ............................................. (Estado de ejecucin) podr adaptar la condena nicamente cuando sea incompatible con el Derecho de dicho Estado en cuanto a su duracin o a su naturaleza. La condena adaptada no deber agravar por su naturaleza o por su duracin la condena impuesta en .................................. (Estado de emisin).


[Bloque 293: #aniv]

Anexo IV

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[Bloque 294: #anv]

Anexo V

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[Bloque 295: #anvi]

Anexo VI

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[Bloque 296: #anvii]

Anexo VII

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[Bloque 297: #anviii]

Anexo VIII

Orden Europea de Proteccin

contemplada en el artculo 7 de la

DIRECTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2011, SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIN

La informacin contenida en este formulario debe recibir el debido tratamiento confidencial.

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Se modifica por el art. nico.26 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 298: #anix]

Anexo IX

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[Bloque 299: #anx]

Anexo X

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[Bloque 300: #anxi]

Anexo XI

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[Bloque 301: #anxii]

Anexo XII

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[Bloque 302: #anxiii]

Anexo XIII

Orden Europea de Investigacin (OEI)

Esta OEI ha sido emitida por una autoridad competente. La autoridad de emisin certifica que la emisin de la presente OEI es necesaria y proporcionada a efectos de los procedimientos que en ella se especifican teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado y que las medidas de investigacin solicitadas podran haberse ordenado en las mismas condiciones en un caso interno similar. Solicito la realizacin de la medida o medidas de investigacin especificadas a continuacin teniendo debidamente en cuenta la confidencialidad de la investigacin y el traslado de la prueba obtenida como resultado de la ejecucin de la OEI.

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Se modifica por el art. nico.26 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831




[Bloque 303: #ax]

Anexo XIV

Confirmacin de la recepcin de una OEI

Este formulario deber ser cumplimentado por la autoridad del Estado de ejecucin tras la recepcin de la OEI descrito a continuacin.

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Se modifica por el art. nico.26 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.


[Bloque 304: #ax-2]

Anexo XV

Notificacin

Se utilizar este formulario para notificar a un Estado miembro las intervenciones de telecomunicaciones que se vayan a efectuar, se estn efectuando o se hayan efectuado en su territorio sin su asistencia tcnica. Por la presente se informa a ................................ (Estado miembro notificado) de la intervencin.

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Se modifica por el art. nico.26 de la Ley 3/2018, de 11 de junio. Ref. BOE-A-2018-7831

Texto aadido, publicado el 12/06/2018, en vigor a partir del 02/07/2018.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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