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Legislación consolidada

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacin, de participacin pblica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Publicado en: BOE núm. 171, de 19/07/2006.
Entrada en vigor: 20/07/2006
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2006-13010
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/07/18/27/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 26/01/2008


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El artculo 45 de la Constitucin configura el medio ambiente como un bien jurdico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservacin es una obligacin que comparten los poderes pblicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes pblicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada proteccin del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligacin de preservar y respetar ese mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de proteccin de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significacin la participacin en el proceso de toma de decisiones pblicas. Pues la participacin, que con carcter general consagra el artculo 9.2 de la Constitucin, y para el mbito administrativo el artculo 105, garantiza el funcionamiento democrtico de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestin de los asuntos pblicos.

La definicin jurdica de esta participacin y su instrumentacin a travs de herramientas legales que la hagan realmente efectiva constituyen en la actualidad uno de los terrenos en los que con mayor intensidad ha progresado el Derecho medioambiental internacional y, por extensin, el Derecho Comunitario y el de los Estados que integran la Unin Europea. En esta lnea, debe destacarse el Convenio de la Comisin Econmica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la informacin, la participacin del pblico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. Conocido como Convenio de Aarhus, parte del siguiente postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la informacin medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carcter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus:

- El pilar de acceso a la informacin medioambiental desempea un papel esencial en la concienciacin y educacin ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos pblicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener informacin que est en poder de las autoridades pblicas, y el derecho a recibir informacin ambientalmente relevante por parte de las autoridades pblicas, que deben recogerla y hacerla pblica sin necesidad de que medie una peticin previa.

- El pilar de participacin del pblico en el proceso de toma de decisiones, que se extiende a tres mbitos de actuacin pblica: la autorizacin de determinadas actividades, la aprobacin de planes y programas y la elaboracin de disposiciones de carcter general de rango legal o reglamentario.

- El tercer y ltimo pilar del Convenio de Aarhus est constituido por el derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. Se pretende as asegurar y fortalecer, a travs de la garanta que dispensa la tutela judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos y, por ende, la propia ejecucin del Convenio. Finalmente, se introduce una previsin que habilitara al pblico a entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier accin u omisin imputable, bien a otro particular, bien a una autoridad pblica, que constituya una vulneracin de la legislacin ambiental nacional.

Espaa ratific el Convenio de Aarhus en diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de 2005. La propia Unin Europea, al igual que todos los Estados miembros, tambin firm este Convenio, si bien condicion su ratificacin a la adecuacin previa del derecho comunitario a las estipulaciones contenidas en aqul, lo que efectivamente ya se ha producido: en efecto, la tarea legislativa emprendida por la Unin Europea ha dado como resultado un proyecto de Reglamento comunitario por el que se regula la aplicacin del Convenio al funcionamiento de las Instituciones comunitarias, y dos Directivas a travs de las cuales se incorporan de manera armonizada para el conjunto de la Unin las obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a la informacin y de participacin en los asuntos ambientales. Se trata de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del pblico a la informacin ambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participacin del pblico en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participacin pblica y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. En consecuencia, el objeto de esta Ley es definir un marco jurdico que a la vez responda a los compromisos asumidos con la ratificacin del Convenio y lleve a cabo la transposicin de dichas Directivas al ordenamiento interno.

La Ley se estructura en cuatro Ttulos. El primero se ocupa de las disposiciones generales, identificando como objeto de la norma el reconocimiento de los derechos de acceso a la informacin, de participacin y de acceso a la justicia, derechos que, a fin de facilitar su ejercicio, aparecen catalogados de forma sistemtica con independencia de que su regulacin concreta se recoja en esta Ley o en la normativa sectorial. En este primer Ttulo se recogen igualmente aquellas definiciones necesarias para la mejor comprensin y aplicacin de la Ley. Destaca la distincin legal entre los conceptos de pblico en general, referido al conjunto de los ciudadanos y de sus asociaciones y agrupaciones, y el de persona interesada, que refuerza el mismo concepto ya recogido en la legislacin administrativa con la atribucin de esta condicin, en todo caso, a aquellas personas jurdicas sin nimo de lucro que se dedican a la proteccin y defensa del medio ambiente y que acrediten el cumplimiento de unos requisitos mnimos, dirigidos a perfilar una actuacin rigurosa en este mbito.

El Ttulo II contiene la regulacin especfica del derecho de acceso a la informacin ambiental, en su doble faceta de suministro activo y pasivo de informacin. En la primera vertiente, se obliga a las Administraciones Pblicas a informar a los ciudadanos sobre los derechos que les reconoce la Ley y a ayudarles en la bsqueda de la informacin, al tiempo que se impone la obligacin de elaborar listas de las autoridades pblicas que poseen informacin ambiental, que debern ser pblicamente accesibles con el fin de que los ciudadanos puedan localizar la informacin que precisan con la mayor facilidad. Se ampla considerablemente el tipo de informacin objeto de difusin, identificando unos mnimos de obligado cumplimiento en funcin de su importancia y de su urgencia. Adems, para evitar y prevenir daos en caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente, deber difundirse la informacin que permita adoptar las medidas necesarias para paliar o prevenir el dao. En cuanto a la segunda vertiente, la Ley pretende superar algunas de las dificultades detectadas en la prctica anterior, de forma que la obligacin de suministrar la informacin no deriva del ejercicio de una competencia sustantiva sino del hecho de que la informacin solicitada obre en poder de la autoridad a la que se ha dirigido la solicitud, o del de otro sujeto en su nombre. Se reduce el plazo de contestacin a un mes y slo podr ampliarse cuando el volumen y la complejidad de la informacin lo justifiquen. Tambin la regulacin de las excepciones a la obligacin de facilitar la informacin ambiental supone un avance notable, puesto que la denegacin no opera automticamente, sino que la autoridad pblica deber ponderar en cada caso los intereses pblicos en presencia, y justificar la negativa a suministrar la informacin solicitada. Y, en todo caso, los motivos de excepcin debern interpretarse de manera restrictiva.

El Ttulo III de la Ley se ocupa del derecho de participacin pblica en los asuntos de carcter ambiental en relacin con la elaboracin, revisin o modificacin de determinados planes, programas y disposiciones de carcter general. La regulacin de las dems modalidades de participacin previstas en el Convenio y en la legislacin comunitaria (procedimientos administrativos que deben tramitarse para la concesin de autorizaciones ambientales integradas, para evaluar el impacto ambiental de ciertos proyectos, para llevar a cabo la evaluacin ambiental estratgica de determinados planes y programas o para elaborar y aprobar los planes y programas previstos en la legislacin de aguas) se difiere a la legislacin sectorial correspondiente. Este Ttulo se cierra con un artculo a travs del cual se regulan las funciones y la composicin del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Al ser un mbito de competencia compartida con las Comunidades Autnomas, la Ley no regula procedimiento alguno, sino que se limita a establecer el deber general de promover la participacin real y efectiva del pblico; sern las Administraciones pblicas las que, al establecer y tramitar los correspondientes procedimientos, habrn de velar por el cumplimiento de una serie de garantas reconocidas tanto por la legislacin comunitaria como por el Convenio de Aarhus, que la Ley enuncia como principios informadores de la actuacin pblica en esta materia: hacer pblicamente accesible la informacin relevante sobre el plan, programa o disposicin normativa; informar del derecho a participar y de la forma en la que lo pueden hacer; reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estn an abiertas todas las opciones de la decisin que haya de adoptarse; justificar la decisin finalmente adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trmite de participacin. En ambos casos, corresponder a cada Administracin determinar qu miembros del pblico tienen la condicin de persona interesada y pueden, por consiguiente, participar en tales procedimientos. La Ley establece que se entender que tienen en todo caso tal condicin las personas jurdicas sin nimo de lucro que se dediquen a la proteccin del medio ambiente y cumplan los dems requisitos previstos por la Ley en su artculo 23. Estas garantas en materia de participacin sern de aplicacin, segn dispone el artculo 17, en relacin con aquellos planes y programas previstos en la Directiva 2003/35/CE. En cuanto a los procedimientos de elaboracin de disposiciones reglamentarias, el artculo 18 incorpora una lista abierta en la que se enumeran las materias en cuya regulacin debern observarse los principios y garantas que en materia de participacin establece la Ley. Se excluyen, no obstante, las normas que tengan como nico objetivo la defensa nacional o la proteccin civil, las que persiguen exclusivamente la aprobacin de planes y programas y las que supongan modificaciones no sustanciales de normas ya existentes.

El Ttulo IV y ltimo de la Ley se ocupa del acceso a la justicia y a la tutela administrativa y tiene por objeto asegurar y fortalecer, a travs de la garanta que dispensa la tutela judicial y administrativa, la efectividad de los derechos de informacin y participacin. As, el artculo 20 reconoce el derecho a recurrir en va administrativa o contencioso-administrativa cualquier acto u omisin imputable a una autoridad pblica que suponga una vulneracin de estos derechos. Estos recursos se rigen por el rgimen general; no obstante, el artculo 21 regula un tipo de reclamacin especfica para las vulneraciones cometidas por sujetos privados sometidos por la Ley a los deberes de suministrar informacin medioambiental. Asimismo, la Ley incorpora la previsin del artculo 9.3 del Convenio de Aarhus e introduce una especie de accin popular cuyo ejercicio corresponde a las personas jurdicas sin nimo de lucro dedicadas a la proteccin del medio ambiente, que se hubieran constituido legalmente al menos dos aos antes del ejercicio de la accin y desarrollen su actividad en el mbito territorial afectado por el acto u omisin impugnados. Se consagra definitivamente, de esta manera, una legitimacin legal para tutelar un inters difuso como es la proteccin del medio ambiente a favor de aquellas organizaciones cuyo objeto social es, precisamente, la tutela de los recursos naturales.

Dentro de la parte final, destacan las modificaciones operadas, respectivamente, en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacin de Impacto Ambiental, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin. Ambas traen causa de la Directiva 2003/35, cuya transposicin es abordada por las disposiciones finales primera y segunda de la Ley con el objeto de adecuar ambas normas a las reglas sobre participacin previstas en el Convenio de Aarhus y asumidas por el legislador comunitario a travs de la mencionada Directiva.

Por ltimo, los ttulos competenciales se recogen en la disposicin final tercera. As, esta Ley se dicta, en su mayor parte, al amparo del artculo 149.1.23. de la Constitucin, si bien es preciso invocar el artculo 149.1.14. de la Constitucin en relacin con las tasas y precios que corresponda satisfacer a los solicitantes de informacin ambiental en el mbito de la Administracin General del Estado, el artculo 149.1.18., en lo relativo a recursos en va administrativa que puedan presentarse por vulneracin de los derechos de informacin y participacin reconocidos en la Ley, y el artculo 149.1.6., por lo que respecta a la accin popular en materia de medio ambiente.

Atendiendo a la distribucin de competencias en materia de medio ambiente, y al amparo de la competencia que el artculo 149.1.23. de la Constitucin atribuye al Estado, la Ley se limita a establecer aquellas garantas y principios que deben ser observados por todas las autoridades pblicas ante las que pretendan ejercerse los derechos de acceso a la informacin, participacin y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sin entrar a regular el procedimiento para su ejercicio. Pues en la medida en que se reconocen derechos que contribuyen a hacer efectivos los derechos, pero tambin los deberes, proclamados en el artculo 45 de la Constitucin, constituyen una herramienta decisiva para reforzar la participacin de la sociedad civil en el proceso poltico de toma de decisiones, ya que la implantacin de un modelo de desarrollo sostenible depende, en buena medida, de la efectiva participacin de la sociedad civil en el proceso poltico decisorio, de manera que durante el debate se hayan tenido en cuenta las informaciones y aportaciones que haya podido realizar cualquier persona interesada y en el resultado final sean palpables y tangibles las preocupaciones y consideraciones de carcter medioambiental.

Esta idea, expresamente recogida en la Declaracin de Ro de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo principio nmero 10 establece que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participacin de todos los ciudadanos, encuentra su razn de ser ltima en la necesidad de avanzar hacia la transformacin del modelo de desarrollo, basada en planteamientos democrticos que postulan la participacin activa, real y efectiva de la sociedad civil como nica va para, en primer lugar, legitimar las decisiones que se hayan de adoptar y, en segundo lugar, garantizar su acierto y eficacia en el terreno prctico.


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Objeto de la Ley.

1. Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes derechos:

a) A acceder a la informacin ambiental que obre en poder de las autoridades pblicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.

b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboracin o aprobacin corresponda a las Administraciones Pblicas.

c) A instar la revisin administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades pblicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental

2. Esta ley garantiza igualmente la difusin y puesta a disposicin del pblico de la informacin ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemtica y de tecnologa lo ms amplia posible.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entender por:

1. Pblico: cualquier persona fsica o jurdica, as como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicacin.

2. Personas interesadas:

a) Toda persona fsica o jurdica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artculo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

b) Cualesquiera personas jurdicas sin nimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artculo 23 de esta Ley.

3. Informacin ambiental: toda informacin en forma escrita, visual, sonora, electrnica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmsfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biolgica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genticamente; y la interaccin entre estos elementos.

b) Los factores, tales como sustancias, energa, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).

c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como polticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), as como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.

d) Los informes sobre la ejecucin de la legislacin medioambiental.

e) Los anlisis de la relacin coste-beneficio y otros anlisis y supuestos de carcter econmico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y

f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminacin de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histrico, cultural y artstico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a travs de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).

4. Autoridades pblicas:

1. Tendrn la condicin de autoridad pblica a los efectos de esta Ley:

a) El Gobierno de la Nacin y los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas.

b) La Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas, las Entidades que integran la Administracin local y las Entidades de Derecho Pblico que sean dependientes o estn vinculadas al Estado, a las Comunidades Autnomas o a las Entidades locales.

c) Los rganos pblicos consultivos.

d) Las Corporaciones de derecho pblico y dems personas fsicas o jurdicas cuando ejerzan, con arreglo a la legislacin vigente, funciones pblicas, incluidos Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

2. Tendrn la condicin de autoridad pblica, a los solos efectos de lo previsto en los Ttulos I y II de esta Ley, las personas fsicas o jurdicas cuando asuman responsabilidades pblicas, ejerzan funciones pblicas o presten servicios pblicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, rganos o instituciones previstos en el apartado anterior.

3. Quedan excluidos del concepto de autoridad pblica las entidades, rganos o instituciones cuando acten en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales. En todo caso, cuando acten en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales, quedan excluidos del mbito de aplicacin de esta Ley las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas, el Tribunal Constitucional, los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas u rganos de fiscalizacin externa de las Comunidades Autnomas.

5. Informacin que obra en poder de las autoridades pblicas: informacin ambiental que dichas autoridades posean y haya sido recibida o elaborada por ellas.

6. Informacin poseda en nombre de las autoridades pblicas: informacin ambiental que obra fsicamente en poder de una persona jurdica o fsica en nombre de una autoridad pblica.

7. Solicitante: cualquier persona fsica o jurdica, as como sus asociaciones, organizaciones y grupos, que solicite informacin ambiental, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el Ttulo II, la condicin de interesado.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Derechos en materia de medio ambiente.

Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrn ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades pblicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artculo 7 del Cdigo Civil:

1) En relacin con el acceso a la informacin:

a) A acceder a la informacin ambiental que obre en poder de las autoridades pblicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estn obligados a declarar un inters determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.

b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio.

c) A ser asistidos en su bsqueda de informacin.

d) A recibir la informacin que soliciten en los plazos mximos establecidos en el artculo 10.

e) A recibir la informacin ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los trminos previstos en el artculo 11.

f) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la informacin, total o parcialmente, y tambin aquellos por los cuales no se les facilita dicha informacin en la forma o formato solicitados.

g) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepcin de la informacin solicitada, as como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.

2) En relacin con la participacin pblica:

a) A participar de manera efectiva y real en la elaboracin, modificacin y revisin de aquellos planes, programas y disposiciones de carcter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el mbito de aplicacin de esta Ley.

b) A acceder con antelacin suficiente a la informacin relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carcter general.

c) A formular alegaciones y observaciones cuando estn an abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisin sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carcter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administracin Pblica correspondiente.

d) A que se haga pblico el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisin adoptada, incluyendo la informacin relativa al proceso de participacin pblica.

e) A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislacin sobre prevencin y control integrado de la contaminacin, para la concesin de los ttulos administrativos regulados en la legislacin en materia de organismos modificados genticamente, y para la emisin de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislacin sobre evaluacin de impacto ambiental, as como en los procesos planificadores previstos en la legislacin de aguas y en la legislacin sobre evaluacin de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.

3) En relacin con el acceso a la justicia y a la tutela administrativa:

a) A recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades pblicas que contravengan los derechos que esta Ley reconoce en materia de informacin y de participacin pblica.

b) A ejercer la accin popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades pblicas que constituyan vulneraciones de la legislacin ambiental en los trminos previstos en esta Ley.

4) Cualquier otro que reconozca la Constitucin o las leyes.


[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Colaboracin interadministrativa.

Las Administraciones Pblicas establecern los mecanismos ms eficaces para un efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley. A tal efecto, ajustarn sus actuaciones a los principios de informacin mutua, cooperacin y colaboracin.


[Bloque 7: #tii]

TTULO II

Derecho de acceso a la informacin ambiental


[Bloque 8: #ci]

CAPTULO I

Obligaciones de las autoridades pblicas en materia de informacin ambiental


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Obligaciones generales en materia de informacin ambiental.

1. Las Administraciones pblicas debern realizar las siguientes actuaciones:

a) Informar al pblico de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Ley, as como de las vas para ejercitar tales derechos.

b) Facilitar informacin para su correcto ejercicio, as como consejo y asesoramiento en la medida en que resulte posible.

c) Elaborar listas de autoridades pblicas en atencin a la informacin ambiental que obre en su poder, las cuales se harn pblicamente accesibles. A tal efecto, existir al menos una lista unificada de autoridades pblicas por cada Comunidad Autnoma.

d) Garantizar que su personal asista al pblico cuando trate de acceder a la informacin ambiental.

e) Fomentar el uso de tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso a la informacin.

f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitacin y resolucin de las solicitudes de informacin ambiental.

2. Las autoridades pblicas velarn porque, en la medida de sus posibilidades, la informacin recogida por ellas o la recogida en su nombre est actualizada y sea precisa y susceptible de comparacin.

3. Las autoridades pblicas adoptarn cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la informacin ambiental y, entre ellas, al menos alguna de las que se seala a continuacin:

a) Designacin de unidades responsables de informacin ambiental.

b) Creacin y mantenimiento de medios de consulta de la informacin solicitada.

c) Creacin de registros o listas de la informacin ambiental que obre en poder de las autoridades pblicas o puntos de informacin, con indicaciones claras sobre dnde puede encontrarse dicha informacin.


[Bloque 10: #cii]

CAPTULO II

Difusin por las autoridades pblicas de la informacin ambiental


[Bloque 11: #a6]

Artculo 6. Obligaciones especficas en materia de difusin de informacin ambiental.

1. Las autoridades pblicas adoptarn las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusin de la informacin ambiental y su puesta a disposicin del pblico de la manera ms amplia y sistemtica posible.

2. Las autoridades pblicas organizarn y actualizarn la informacin ambiental relevante para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre con vistas a su difusin activa y sistemtica al pblico, particularmente por medio de las tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones siempre que pueda disponerse de las mismas.

3. Las autoridades pblicas adoptarn las medidas necesarias para garantizar que la informacin ambiental se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrnicas de fcil acceso al pblico a travs de redes pblicas de telecomunicaciones.

4. Las obligaciones relativas a la difusin de la informacin ambiental por medio de las tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones se entendern cumplidas creando enlaces con direcciones electrnicas a travs de las cuales pueda accederse a dicha informacin.

5. La Administracin General del Estado deber mantener actualizado un catlogo de normas y de resoluciones judiciales sobre aspectos claves de la Ley y lo har pblicamente accesible de la manera ms amplia y sistemtica posible.


[Bloque 12: #a7]

Artculo 7. Contenido mnimo de la informacin objeto de difusin.

La informacin que se difunda ser actualizada, si procede, e incluir, como mnimo, los siguientes extremos:

1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos comunitarios, estatales, autonmicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.

2. Las polticas, programas y planes relativos al medio ambiente, as como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.

3. Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicacin de los elementos enumerados en los apartados 1 y 2 de este artculo cuando stos hayan sido elaborados en formato electrnico o mantenidos en dicho formato por las autoridades pblicas.

4. Los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artculo 8.

5. Los datos o resmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente.

6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos en materia de medio ambiente. En su defecto, la referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la informacin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5.

7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio ambiente mencionados en el artculo 2.3.a). En su defecto, una referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la informacin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5.


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Informes sobre el estado del medio ambiente.

Las Administraciones pblicas elaborarn y publicarn, como mnimo, cada ao un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro aos un informe completo. Estos informes sern de mbito nacional y autonmico y, en su caso, local e incluirn datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que ste sufra, as como un sumario no tcnico que sea comprensible para el pblico.


[Bloque 14: #a9]

Artculo 9. Amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente.

1. En caso de amenaza inminente para la salud humana o para el medio ambiente ocasionada por actividades humanas o por causas naturales, las Administraciones pblicas difundirn inmediatamente y sin demora toda la informacin que obre en poder de las autoridades pblicas o en el de otros sujetos en su nombre, de forma que permita al pblico que pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para prevenir o limitar los daos que pudieran derivarse de dicha amenaza.

La informacin se diferenciar por razn de sexo cuando ste sea un factor significativo para la salud humana.

Lo anterior se entender sin perjuicio de cualquier obligacin especfica de informar derivada de la legislacin vigente.

2. De conformidad con lo previsto en el artculo 13, lo dispuesto en este artculo no ser de aplicacin cuando concurran causas de defensa nacional o seguridad pblica.


[Bloque 15: #ciii]

CAPTULO III

Acceso a la informacin ambiental previa solicitud


[Bloque 16: #a10]

Artculo 10. Solicitudes de informacin ambiental.

1. Las solicitudes de informacin ambiental debern dirigirse a la autoridad pblica competente para resolverlas y se tramitarn de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto.

Se entender por autoridad pblica competente para resolver una solicitud de informacin ambiental, aquella en cuyo poder obra la informacin solicitada, directamente o a travs de otros sujetos que la posean en su nombre.

2. Tales procedimientos debern respetar, al menos, las garantas que se indican a continuacin:

a) Cuando una solicitud de informacin ambiental est formulada de manera imprecisa, la autoridad pblica pedir al solicitante que la concrete y le asistir para concretar su peticin de informacin lo antes posible y, a ms tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 2.c).1.

b) Cuando la autoridad pblica no posea la informacin requerida remitir la solicitud a la que la posea y dar cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, deber informar directamente al solicitante sobre la autoridad pblica a la que, segn su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha informacin.

c) La autoridad pblica competente para resolver facilitar la informacin ambiental solicitada o comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a ms tardar, en los plazos que se indican a continuacin:

1. En el plazo mximo de un mes desde la recepcin de la solicitud en el registro de la autoridad pblica competente para resolverla, con carcter general.

2. En el plazo de dos meses desde la recepcin de la solicitud en el registro de la autoridad pblica competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la informacin son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deber informarse al solicitante, en el plazo mximo de un mes, de toda ampliacin de aqul, as como de las razones que lo justifican.

En el caso de comunicar una negativa a facilitar la informacin, la notificacin ser por escrito o electrnicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor as lo solicita. La notificacin tambin informar sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el artculo 20.


[Bloque 17: #a11]

Artculo 11. Forma o formato de la informacin.

1. Cuando se solicite que la informacin ambiental sea suministrada en una forma o formato determinados, la autoridad pblica competente para resolver deber satisfacer la solicitud a menos que concurra cualquiera de las circunstancias que se indican a continuacin:

a) Que la informacin ya haya sido difundida, de conformidad con lo dispuesto en el Captulo I de este Ttulo, en otra forma o formato al que el solicitante pueda acceder fcilmente. En este caso, la autoridad pblica competente informar al solicitante de dnde puede acceder a dicha informacin o se le remitir en el formato disponible.

b) Que la autoridad pblica considere razonable poner a disposicin del solicitante la informacin en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

2. A estos efectos, las autoridades pblicas procurarn conservar la informacin ambiental que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fcil reproduccin y acceso mediante telecomunicaciones informticas o por otros medios electrnicos.

3. Cuando la autoridad pblica resuelva no facilitar la informacin, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deber comunicar al solicitante los motivos de dicha negativa en el plazo mximo de un mes desde la recepcin de la solicitud en el registro de la autoridad pblica competente para resolver, hacindole saber la forma o formatos en que, en su caso, se podra facilitar la informacin solicitada e indicando los recursos que procedan contra dicha negativa en los trminos previstos en el artculo 20.


[Bloque 18: #a12]

Artculo 12. Mtodo utilizado en la obtencin de la informacin.

En la contestacin a las solicitudes sobre la informacin ambiental relativa a las cuestiones a las que se refiere el artculo 2.3.b), las autoridades pblicas debern informar, si as se solicita y siempre que est disponible, del lugar donde se puede encontrar informacin sobre los siguientes extremos:

a) El mtodo de medicin, incluido el mtodo de anlisis, de muestreo y de tratamiento previo de las muestras, utilizado para obtencin de dicha informacin, o

b) La referencia al procedimiento normalizado empleado.


[Bloque 19: #civ]

CAPTULO IV

Excepciones


[Bloque 20: #a13]

Artculo 13. Excepciones a la obligacin de facilitar la informacin ambiental.

1. Las autoridades pblicas podrn denegar las solicitudes de informacin ambiental cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se indican a continuacin:

a) Que la informacin solicitada a la autoridad pblica no obre en poder de sta o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 10.2.b).

b) Que la solicitud sea manifiestamente irrazonable.

c) Que la solicitud est formulada de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artculo 10.2.a).

d) Que la solicitud se refiera a material en curso de elaboracin o a documentos o datos inconclusos. Por estos ltimos se entendern aquellos sobre los que la autoridad pblica est trabajando activamente. Si la denegacin se basa en este motivo, la autoridad pblica competente deber mencionar en la denegacin la autoridad que est preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboracin.

e) Que la solicitud se refiera a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el inters pblico atendido por la revelacin.

2. Las solicitudes de informacin ambiental podrn denegarse si la revelacin de la informacin solicitada puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se enumeran a continuacin:

a) A la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades pblicas, cuando tal confidencialidad est prevista en una norma con rango de Ley.

b) A las relaciones internacionales, a la defensa nacional o a la seguridad pblica.

c) A causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trmite ante los tribunales, al derecho de tutela judicial efectiva o a la capacidad para realizar una investigacin de ndole penal o disciplinaria. Cuando la causa o asunto estn sujetos a procedimiento judicial o en trmite ante los tribunales, deber, en todo caso, identificarse el rgano judicial ante el que se tramita.

d) A la confidencialidad de datos de carcter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad est prevista en una norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses econmicos legtimos, incluido el inters pblico de mantener la confidencialidad estadstica y el secreto fiscal.

e) A los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptan los supuestos en los que el titular haya consentido en su divulgacin.

f) Al carcter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, siempre y cuando la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelacin.

g) A los intereses o a la proteccin de un tercero que haya facilitado voluntariamente la informacin solicitada sin estar obligado a ello por la legislacin vigente. Se exceptan los supuestos en los que la persona hubiese consentido su divulgacin.

h) A la proteccin del medio ambiente al que se refiere la informacin solicitada. En particular, la que se refiera a la localizacin de las especies amenazadas o a la de sus lugares de reproduccin.

3. Las excepciones previstas en los apartados anteriores se podrn aplicar en relacin con las obligaciones de difusin contempladas en el captulo II de este Ttulo.

4. Los motivos de denegacin mencionados en este artculo debern interpretarse de manera restrictiva. Para ello, se ponderar en cada caso concreto el inters pblico atendido con la divulgacin de una informacin con el inters atendido con su denegacin.

5. Las autoridades pblicas no podrn en ningn caso ampararse en los motivos previstos en el apartado 2, letras a), d), f), g) y h) de este artculo, para denegar una solicitud de informacin relativa a emisiones en el medio ambiente.

6. La negativa a facilitar la totalidad o parte de la informacin solicitada se notificar al solicitante indicando los motivos de la denegacin en los plazos contemplados en el artculo 10.2.c).


[Bloque 21: #a14]

Artculo 14. Suministro parcial de la informacin.

La informacin ambiental solicitada que obre en poder de las autoridades pblicas o en el de otro sujeto en su nombre se pondr parcialmente a disposicin del solicitante cuando sea posible separar del texto de la informacin solicitada la informacin a que se refiere el artculo 13, apartados 1.d), 1.e) y 2.


[Bloque 22: #cv]

CAPTULO V

Ingresos de derecho pblico y privado


[Bloque 23: #a15]

Artculo 15. Ingresos de derecho pblico y privado.

1. Las autoridades pblicas elaborarn, publicarn y pondrn a disposicin de los solicitantes de informacin ambiental el listado de las tasas y precios pblicos y privados que sean de aplicacin a tales solicitudes, as como los supuestos en los que no proceda pago alguno.

2. El acceso a cualesquiera listas o registros pblicos creados y mantenidos tal como se indica en el artculo 5 apartado 1.c) y apartado 3.c) sern gratuitos, as como el examen in situ de la informacin solicitada.


[Bloque 24: #tiii]

TTULO III

Derecho de participacin pblica en asuntos de carcter medioambiental


[Bloque 25: #a16]

Artculo 16. Participacin del pblico en la elaboracin de determinados planes, programas y disposiciones de carcter general relacionados con el medio ambiente.

1. Para promover una participacin real y efectiva del pblico en la elaboracin, modificacin y revisin de los planes, programas y disposiciones de carcter general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artculos 17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Pblicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicacin, velarn porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artculo:

a) Se informe al pblico, mediante avisos pblicos u otros medios apropiados, como los electrnicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de carcter general, o, en su caso, de su modificacin o de su revisin, y porque la informacin pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposicin del pblico, incluida la relativa al derecho a la participacin en los procesos decisorios y a la Administracin pblica competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.

b) El pblico tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estn abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposicin de carcter general.

c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participacin pblica.

d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el pblico, se informar al pblico de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la informacin relativa al proceso de participacin pblica.

2. Las Administraciones pblicas competentes determinarn, con antelacin suficiente para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qu miembros del pblico tienen la condicin de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior. Se entender que tienen esa condicin, en todo caso, las personas fsicas o jurdicas a las que se refiere el artculo 2.2 de esta Ley.

3. Lo previsto en este artculo no sustituye en ningn caso cualquier otra disposicin que ample los derechos reconocidos en esta Ley.


[Bloque 26: #a17]

Artculo 17. Planes y programas relacionados con el medio ambiente.

1. Las Administraciones pblicas asegurarn que se observan las garantas en materia de participacin establecidas en el artculo 16 de esta Ley en relacin con la elaboracin, modificacin y revisin de los planes y programas que versen sobre las materias siguientes:

a) Residuos.

b) Pilas y acumuladores.

c) Nitratos.

d) Envases y residuos de envases.

e) Calidad del aire.

f) Aquellas otras materias que establezca la normativa autonmica.

2. La participacin del pblico en planes y programas en materia de aguas, as como en aquellos otros afectados por la legislacin sobre evaluacin de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente, se ajustar a lo dispuesto en su legislacin especfica.

3. Quedan excluidos en todo caso del mbito de aplicacin de esta Ley los planes y programas que tengan como nico objetivo la defensa nacional o la proteccin civil en casos de emergencia.


[Bloque 27: #a18]

Artculo 18. Normas relacionadas con el medio ambiente.

1. Las Administraciones pblicas asegurarn que se observen las garantas en materia de participacin establecidas en el artculo 16 de esta Ley en relacin con la elaboracin, modificacin y revisin de las disposiciones de carcter general que versen sobre las materias siguientes:

a) Proteccin de las aguas.

b) Proteccin contra el ruido.

c) Proteccin de los suelos.

d) Contaminacin atmosfrica.

e) Ordenacin del territorio rural y urbano y utilizacin de los suelos.

f) Conservacin de la naturaleza, diversidad biolgica.

g) Montes y aprovechamientos forestales.

h) Gestin de los residuos.

i) Productos qumicos, incluidos los biocidas y los plaguicidas.

j) Biotecnologa.

k) Otras emisiones, vertidos y liberacin de sustancias en el medio ambiente.

l) Evaluacin de impacto medioambiental.

m) Acceso a la informacin, participacin pblica en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

n) Aquellas otras materias que establezca la normativa autonmica.

2. La participacin en la elaboracin, modificacin y revisin de las normas cuyo objeto exclusivo sea la prevencin de riesgos laborales se ajustar a lo dispuesto en su normativa especfica.

3. Lo dispuesto en este Ttulo no ser de aplicacin a:

a) Los procedimientos administrativos de elaboracin de disposiciones de carcter general que tengan por objeto la regulacin de materias relacionadas exclusivamente con la defensa nacional, con la seguridad pblica, con la proteccin civil en casos de emergencia o con el salvamento de la vida humana en el mar.

b) Las modificaciones de las disposiciones de carcter general que no resulten sustanciales por su carcter organizativo, procedimental o anlogo, siempre que no impliquen una reduccin de las medidas de proteccin del medio ambiente.

c) Los procedimientos de elaboracin de disposiciones de carcter general que tengan por nico objeto la aprobacin de planes o programas, que se ajustarn a lo establecido en su normativa especfica.


[Bloque 28: #a19]

Artculo 19. Consejo Asesor de Medio Ambiente.

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente, es un rgano colegiado que tiene por objeto la participacin y el seguimiento de las polticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible.

2. Corresponden al Consejo Asesor las siguientes funciones:

a) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento con incidencia ambiental y, en especial, sobre las cuestiones que han de ostentar la condicin de normativa bsica.

b) Asesorar sobre los planes y programas de mbito estatal que la presidencia del Consejo le proponga en razn a la importancia de su incidencia sobre el medio ambiente.

c) Emitir informes y efectuar propuestas en materia medioambiental, a iniciativa propia o a peticin de los departamentos ministeriales que as lo soliciten a la presidencia del Consejo.

Las Administraciones de las Comunidades Autnomas y las entidades que integran la Administracin local podrn, igualmente, solicitar a la presidencia del Consejo que ste emita informes sobre materias de su competencia relativas al medio ambiente.

d) Proponer medidas que incentiven la creacin de empleo ligado a actividades relacionadas con la proteccin del medio ambiente, as como la participacin ciudadana en la solucin de los problemas ambientales.

e) Proponer medidas de educacin ambiental que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad de los valores ecolgicos y medioambientales.

f) Proponer las medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, valorando la efectividad de las normas y programas en vigor y proponiendo, en su caso, las oportunas modificaciones.

g) Impulsar la coordinacin entre la iniciativa pblica y privada en materia de medio ambiente.

h) Fomentar la colaboracin con rganos similares creados por las Comunidades Autnomas.

3. El Consejo Asesor de Medio Ambiente estar presidido por el Ministro de Medio Ambiente y lo integrarn los siguientes miembros:

a) Una persona en representacin de cada una de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se enumeran en el anexo.

b) Una persona en representacin de cada una de las organizaciones sindicales ms representativas, de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 6 y 7 de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

c) Dos personas en representacin de las organizaciones empresariales ms representativas, designados por ellas en proporcin a su representatividad, de acuerdo con lo establecido en la disposicin adicional sexta del texto refundido de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

d) Dos personas en representacin de las organizaciones de consumidores y usuarios, designados a iniciativa del Consejo de Consumidores y Usuarios.

e) Tres personas en representacin de las organizaciones profesionales agrarias ms representativas en el mbito estatal.

f) Una persona en representacin de la Federacin Nacional de Cofradas de Pescadores.

Para cada uno de los miembros del Consejo Asesor se designar un suplente. Actuar como suplente del Presidente el Subsecretario de Medio Ambiente. Actuar como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

4. Los miembros del Consejo Asesor y sus suplentes sern nombrados por el Ministro de Medio Ambiente, a propuesta, en su caso, de las entidades y organizaciones referidas en el apartado 3. El nombramiento de los miembros electivos del Consejo y de los suplentes ser por un perodo de dos aos, que podr ser renovado por perodos iguales.

Los miembros del Consejo Asesor cesarn a propuesta de las organizaciones o entidades que propusieron su nombramiento.

5. El Gobierno desarrollar mediante Real Decreto la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente.


[Bloque 29: #tiv]

TTULO IV

Acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales

Este ttulo entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 30: #a20]

Artculo 20. Recursos.

El pblico que considere que un acto o, en su caso, una omisin imputable a una autoridad pblica ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de informacin y participacin pblica podr interponer los recursos administrativos regulados en el Ttulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y dems normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Este artculo entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 31: #a21]

Artculo 21. Reclamaciones y ejecucin forzosa.

1. El pblico que considere que un acto u omisin imputable a cualquiera de las personas a las que se refiere el artculo 2.4.2 ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley podr interponer directamente una reclamacin ante la Administracin Pblica bajo cuya autoridad ejerce su actividad. La Administracin competente deber dictar y notificar la resolucin correspondiente, la cual agotar la va administrativa y ser directamente ejecutiva, en el plazo que determine la normativa autonmica, o la disposicin adicional dcima, segn proceda.

2. En caso de incumplimiento de la resolucin, la Administracin Pblica requerir a la persona objeto de la reclamacin, de oficio o a instancia del solicitante, para que la cumpla en sus propios trminos. Si el requerimiento fuera desatendido, la Administracin Pblica podr acordar la imposicin de multas coercitivas por el importe que determine la normativa autonmica, o la disposicin adicional dcima, segn proceda.

3. La cuanta de las multas coercitivas a que hace referencia el apartado anterior se calcular atendiendo al inters pblico de la pretensin ejercitada.

Este artculo entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 32: #a22]

Artculo 22. Accin popular en asuntos medioambientales.

Los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades pblicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artculo 18.1 podrn ser recurridas por cualesquiera personas jurdicas sin nimo de lucro que renan los requisitos establecidos en el artculo 23 a travs de los procedimientos de recurso regulados en el Ttulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como a travs del recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Se exceptan los actos y omisiones imputables a las autoridades pblicas enumeradas en el artculo 2.4.2.

Este artculo entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 33: #a23]

Artculo 23. Legitimacin.

1. Estn legitimadas para ejercer la accin popular regulada en el artculo 22 cualesquiera personas jurdicas sin nimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la proteccin del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos aos antes del ejercicio de la accin y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

c) Que segn sus estatutos desarrollen su actividad en un mbito territorial que resulte afectado por la actuacin, o en su caso, omisin administrativa.

2. Las personas jurdicas sin nimo de lucro a las que se refiere el apartado anterior tendrn derecho a la asistencia jurdica gratuita en los trminos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita.

Este artculo entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 34: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Tasa por suministro de informacin ambiental para la Administracin General del Estado y sus Organismos Pblicos.

1. Se crea la tasa por el suministro de informacin ambiental que se regir por la presente Ley y por las dems fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artculo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la reproduccin y envo de documentos por la Administracin General del Estado o por sus Organismos Pblicos, en cualquier soporte material, con informacin ambiental disponible en fondos documentales de la Administracin General del Estado, cuando la solicitud de dicha actividad no sea voluntaria o no se preste o realice por el sector privado.

No estarn sujetos a la tasa el examen in situ de la informacin solicitada y el acceso a cualquier lista o registro creado y mantenido en los trminos previstos en el artculo 5.3.c) de esta Ley.

3. La tasa se devengar en el momento de la solicitud del suministro de la informacin ambiental, la cual no se tramitar hasta tanto no se haya acreditado el abono que resultare exigible.

Cuando en el momento de la solicitud la cuanta exigible no pueda determinarse, se exigir un depsito previo que tendr carcter estimativo a reserva de la liquidacin que se practique, sin perjuicio de la devolucin del depsito constituido en los supuestos previstos en el apartado siguiente.

4. Proceder la devolucin del importe de la tasa o del depsito previo constituido, cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.

5. Son sujetos pasivos de la tasa las personas fsicas o jurdicas as como las entidades a que se refiere el artculo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten el suministro de la informacin ambiental que constituye el hecho imponible.

6. Exenciones.

a) Exenciones subjetivas.

Estarn exentos del pago de la tasa los suministros de informacin ambiental realizados entre entidades y rganos pertenecientes a la Administracin General del Estado, as como los efectuados a entidades y rganos de otras Administraciones Pblicas, excepcin hecha de las entidades que integran la Administracin corporativa.

b) Exenciones objetivas.

Estarn exentos del pago de la tasa:

1. Las entregas de copias de menos de 20 pginas de formato DIN A4.

2. El envo de informacin por va telemtica.

7. Cuantas.

a) Se consideran elementos de cuantificacin del importe de la tasa los siguientes:

1. El coste de los materiales utilizados como soporte de la informacin a suministrar.

2. El coste del envo de la informacin solicitada.

b) El establecimiento y modificacin de las cuantas resultantes de la aplicacin de los elementos de cuantificacin anteriores podr efectuarse mediante Orden Ministerial que deber ir acompaada de una Memoria econmico-financiera en los trminos previstos en el artculo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.

8. El pago de la tasa se realizar mediante ingreso en efectivo en entidad de depsito autorizada por el Ministerio de Economa y Hacienda, sindole aplicable lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudacin, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

La gestin de la tasa en perodo voluntario se llevar a cabo por los rganos que determine la normativa reglamentaria que se dicte en desarrollo de la presente Ley.

Esta disposicin entra en vigor el 19 de octubre de 2006, segn establece la disposicin final octava.


[Bloque 35: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Tasa por suministro de informacin ambiental para la Administracin Local.

Las Entidades Locales podrn establecer tasas por el suministro de informacin ambiental, que se regirn por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y, en lo que se refiere a su hecho imponible y supuestos de no sujecin y exencin, por lo previsto en la disposicin adicional primera de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de las de los regmenes financieros forales de los Territorios Histricos del Pas Vasco y Navarra.


[Bloque 36: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Precios privados.

1. Cuando las autoridades pblicas divulguen informacin ambiental a ttulo comercial se podr percibir un precio conforme a valores de mercado, siempre que ello sea necesario para asegurar la continuidad de los trabajos de recopilacin y publicacin de dicha informacin.

2. Tales precios podrn ser igualmente percibidos por Entidades u Organismos pblicos que acten segn normas de derecho privado al amparo de lo previsto en el artculo 2.c) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos.


[Bloque 37: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Procedimiento aplicable a la Administracin General del Estado.

La Administracin General del Estado podr reservarse la facultad de resolver las solicitudes de informacin ambiental que reciban las autoridades pblicas a las que se refiere el artculo 2.4.2 cuando tales personas asuman responsabilidades pblicas, ejerzan funciones pblicas o presten servicios pblicos relacionados con el medio ambiente bajo su autoridad.


[Bloque 38: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Planes y programas relacionados con el medio ambiente de competencia de la Administracin General del Estado.

La elaboracin, modificacin y revisin de los planes y programas previstos en el artculo 17 de la presente Ley que sean competencia de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos se sometern en su tramitacin al procedimiento regulado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacin de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.


[Bloque 39: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Colaboracin interadministrativa.

El Gobierno, en el marco de los programas del Ministerio de Administraciones Pblicas para el fomento de las tecnologas de informacin y comunicacin, propondr en el plazo de seis meses frmulas de colaboracin entre administraciones que faciliten la aplicacin de la Ley.


[Bloque 40: #daseptima]

Disposicin adicional sptima. Convenio de colaboracin para la constitucin de puntos de informacin digitalizada.

A fin de cumplir con las obligaciones en materia de informacin ambiental establecidas en esta Ley, la Administracin General del Estado podr promover la celebracin de convenios de colaboracin con el sector empresarial y con otras organizaciones para establecer puntos de informacin digitalizada.


[Bloque 41: #daoctava]

Disposicin adicional octava. Informacin sobre la aplicacin de la Ley en materia de acceso a la informacin ambiental.

Las Administraciones Pblicas elaborarn y publicarn informacin peridica de carcter estadstico sobre las solicitudes de informacin ambiental recibidas, as como informacin sobre la experiencia adquirida en la aplicacin de esta Ley, garantizando en todo caso la confidencialidad de los solicitantes.

Para este cometido, as como para el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, las diferentes Administraciones Pblicas colaborarn e intercambiarn la informacin que resulte necesaria.


[Bloque 42: #danovena]

Disposicin adicional novena. Registros telemticos.

Los registros telemticos de la Administracin General del Estado debern incluir entre sus procedimientos telemticos los relativos a la resolucin de solicitudes de informacin ambiental.


[Bloque 43: #dadecima]

Disposicin adicional dcima. Reclamaciones administrativas planteadas ante la Administracin General del Estado al amparo del artculo 21.

1. La Administracin General del Estado deber dictar y notificar la resolucin correspondiente a la reclamacin a la que se refiere el artculo 21 en el plazo mximo de tres meses.

2. En el mbito de la Administracin General del Estado, el importe de las multas coercitivas a las que se refiere el artculo 21 no exceder de 6.000 euros por cada da que transcurra sin cumplir.


[Bloque 44: #daundecima]

Disposicin adicional undcima. Plan de formacin en el marco de la Administracin General del Estado.

La Administracin General del Estado pondr en marcha, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un Plan de Formacin especfico tendente a sensibilizar al personal a su servicio respecto de los derechos y las obligaciones previstos en esta Ley.


[Bloque 45: #daduodecima]

Disposicin adicional duodcima. Difusin de informacin ambiental por operadores econmicos.

Las Administraciones Pblicas promovern que los operadores econmicos, cuando no estn legalmente obligados a ello, informen peridicamente al pblico sobre aquellas de sus actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.


[Bloque 46: #dtunica]

Disposicin transitoria nica. Difusin de la informacin ambiental disponible en soporte electrnico, en fecha previa a la entrada en vigor de la presente Ley.

La informacin a la que se refiere el artculo 7 deber incluir los datos recogidos desde el 14 de febrero de 2003. Los datos anteriores a dicha fecha slo se incluirn cuando ya existieran en forma electrnica.


[Bloque 47: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Queda derogada la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la informacin en materia de medio ambiente, as como cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 48: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacin de Impacto Ambiental.

(Derogada)

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.h) del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Ref. BOE-A-2008-1405





[Bloque 49: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin.

La Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin, se modifica en los siguientes trminos:

Uno. Se aaden las siguientes definiciones al artculo 3:

o) Pblico: cualquier persona fsica o jurdica, as como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicacin.

p) Personas interesadas:

a) Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artculo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

b) Cualesquiera personas jurdicas sin nimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la proteccin del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisin sobre la concesin o actualizacin de la Autorizacin Ambiental Integrada o de sus condiciones.

2. Que lleve dos aos legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

3. Que segn sus estatutos desarrolle su actividad en un mbito territorial que resulte afectado por la instalacin para la que se solicita la autorizacin ambiental integrada.

Dos. El artculo 14 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 14. Tramitacin.

En todos aquellos aspectos no regulados en esta Ley, el procedimiento para otorgar la autorizacin ambiental integrada se ajustar a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Las Administraciones Pblicas promovern la participacin real y efectiva de las personas interesadas en los procedimientos para la concesin de la Autorizacin Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o aquellas que realicen cualquier cambio sustancial en la instalacin y en los procedimientos para la renovacin o modificacin de la Autorizacin Ambiental Integrada de una instalacin con arreglo a lo dispuesto en los artculos 25 y 26.

Las Administraciones Pblicas garantizarn que la participacin a la que se refiere el apartado anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los respectivos procedimientos. A tal efecto, sern aplicables a tales procedimientos las previsiones en materia de participacin establecidas en el Anejo 5.

Tres. Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 23:

4. Las Comunidades Autnomas harn pblicas las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado o modificado las autorizaciones ambientales integradas y pondrn a disposicin del pblico la siguiente informacin:

a) El contenido de la decisin, incluidas una copia de la Autorizacin Ambiental Integrada y de cualesquiera condiciones y actualizaciones posteriores.

b) Una memoria en la que se recojan los principales motivos y consideraciones en los que se basa la resolucin administrativa, con indicacin de los motivos y consideraciones en los que se basa tal decisin, incluyendo la informacin relativa al proceso de participacin pblica.

Cuatro. El artculo 27 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 27. Actividades con efectos transfronterizos.

1. Cuando se estime que el funcionamiento de la instalacin para la que se solicita la autorizacin ambiental integrada pudiera tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unin Europea, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el rgano competente de la Comunidad Autnoma, a travs del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, comunicar a dicho Estado la posibilidad de abrir un periodo de consultas bilaterales para estudiar tales efectos, as como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad y con anterioridad a la resolucin de la solicitud, se facilitar al Estado miembro en cuestin una copia de la solicitud y cuanta informacin resulte relevante con arreglo a lo establecido en el anejo 5.

2. Si el Estado miembro manifestara su voluntad de abrir dicho periodo de consultas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, previa consulta al rgano competente de la Comunidad Autnoma, negociar con las autoridades competentes de dicho Estado el calendario razonable de reuniones y trmites a que debern ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades ambientales y las personas interesadas de dicho Estado, en la medida en la que pueda resultar significativamente afectado, tengan ocasin de manifestar su opinin sobre la instalacin para la que se solicita la autorizacin ambiental integrada.

3. La delegacin del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin responsable de la negociacin incluir, al menos, un representante de la Comunidad Autnoma competente para resolver la solicitud de autorizacin.

4. El procedimiento de consulta transfronteriza se iniciar mediante comunicacin del rgano competente de la Comunidad Autnoma dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, acompaada de la documentacin a la que se refiere el apartado 1. Igualmente se acompaar una memoria sucinta en la que se expondr de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la necesidad de poner en conocimiento de otro Estado miembro la solicitud de autorizacin ambiental de que se trate y en la que se identifiquen los representantes de la Comunidad Autnoma competente que, en su caso, hayan de integrarse en la delegacin del citado ministerio.

5. Si la apertura del periodo de consultas transfronterizas hubiera sido promovida por la autoridad del Estado miembro susceptible de ser afectado por el funcionamiento de la instalacin para la que se solicita la autorizacin ambiental integrada, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin lo pondr en conocimiento del rgano competente de la Comunidad Autnoma y le solicitar la remisin de la documentacin a que se refiere el apartado anterior, a fin de iniciar el procedimiento de consulta transfronteriza.

6. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de concesin de la autorizacin ambiental integrada quedarn suspendidos hasta que concluya el procedimiento de consultas transfronterizas. Los resultados de las consultas debern ser tenidos debidamente en cuenta por el rgano competente de la Comunidad Autnoma a la hora de resolver la solicitud de autorizacin ambiental integrada, la cual ser formalmente comunicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacin a las autoridades del Estado Miembro que hubieran participado en las consultas transfronterizas.

7. Cuando un Estado miembro de la Unin Europea comunique que en su territorio se ha solicitado una autorizacin ambiental integrada para una instalacin cuyo funcionamiento puede tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente en el Estado espaol, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin lo pondr en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, con la participacin de los rganos competentes de las Comunidades Autnomas afectadas, actuar como rgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan para estudiar tales efectos, as como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos.

El Ministerio de Medio Ambiente garantizar que las Administraciones pblicas afectadas y las personas interesadas son consultados de acuerdo con lo establecido en el artculo 14 y en el Anejo V. A estos efectos, definir los trminos en los que se evacuar el trmite de consultas en colaboracin con los rganos competentes de las comunidades autnomas afectadas por la instalacin para la que se solicita la autorizacin ambiental integrada en otro Estado miembro de la Unin Europea.

Cinco. La disposicin transitoria segunda queda redactada del siguiente modo:

Disposicin Transitoria segunda.

A los procedimientos de autorizacin ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la legislacin aplicable, en los trminos establecidos en el artculo 3.d).

En estos casos, y sin perjuicio del rgimen previsto en esta Ley para las modificaciones sustanciales, una vez otorgada las autorizaciones sern renovadas en los plazos previstos en la legislacin sectorial aplicable y en todo caso, al cabo de cinco aos, cumpliendo con lo establecido en esta Ley para las instalaciones existentes.

Seis. Las categoras 4.1 y 9.3 del anejo 1 quedan redactadas del siguiente modo:

Categora 4.1:

Instalaciones qumicas para la fabricacin de productos qumicos orgnicos de base, en particular:

b) hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehdos, cetonas, cidos orgnicos, steres, acetatos, teres, perxidos, resinas epxi;

Categora 9.3:

Instalaciones destinadas a la cra intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de ms de:

a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del nmero equivalente para otras orientaciones productivas de aves.

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de ms de 30 kg.

c) 2.500 plazas para cerdos de cebo de ms de 20 kg.

750 plazas para cerdas reproductoras.

530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.

d) En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los apartados b) y c) de esta Categora 9.3, el nmero de animales para determinar la inclusin de la instalacin en este Anejo se determinar de acuerdo con las equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de los distintos tipos de ganado porcino, recogidas en el Anexo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas bsicas de ordenacin de las explotaciones porcinas.

Siete. Se aade un nuevo anejo 5:

Anejo 5: Participacin del pblico en la toma de decisiones.

1. El rgano competente de la Comunidad Autnoma informar al pblico en aquellas fases iniciales del procedimiento, siempre previas a la toma de una decisin o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la informacin sobre los siguientes extremos:

a) La solicitud de la Autorizacin Ambiental Integrada o, en su caso, de la renovacin o modificacin del contenido de aquella, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 16.

b) En su caso, el hecho de que la resolucin de la solicitud est sujeta a una evaluacin de impacto ambiental, nacional o transfronteriza, o a consultas entre los Estados miembros de conformidad con lo previsto en el artculo 27.

c) La identificacin de los rganos competentes para resolver, de aquellos de los que pueda obtenerse informacin pertinente y de aquellos a los que puedan remitirse observaciones o formularse preguntas, con expresa indicacin del plazo del que se dispone para ello.

d) La naturaleza jurdica de la resolucin de la solicitud o, en su caso, de la propuesta de resolucin.

e) En su caso, los detalles relativos a la renovacin o modificacin de la Autorizacin Ambiental Integrada.

f) Las fechas y el lugar o lugares en los que se facilitar la informacin pertinente, as como los medios empleados para ello.

g) Las modalidades de participacin del pblico y de consulta al pblico definidas con arreglo al apartado 5.

2. Los rganos competentes de las Comunidades Autnomas asegurarn que, dentro de unos plazos adecuados, se pongan a disposicin de las personas interesadas los siguientes datos:

a) De conformidad con la legislacin nacional, los principales informes y dictmenes remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento en que deba informarse a las personas interesadas conforme a lo previsto en el apartado 1.

b) De conformidad con lo dispuesto en la legislacin reguladora de los derechos de acceso a la informacin y de participacin pblica en materia de medio ambiente, toda informacin distinta a la referida en el punto 1 que resulte pertinente para la resolver la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 8, y que slo pueda obtenerse una vez expirado el perodo de informacin a las personas interesadas regulado en el apartado 1.

3. Las personas interesadas tendrn derecho a poner de manifiesto al rgano competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas antes de que se resuelva la solicitud.

4. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente anexo debern ser tenidos en cuenta debidamente por el rgano competente a la hora de resolver la solicitud.

5. El rgano competente de la Comunidad Autnoma para otorgar la autorizacin ambiental integrada determinar las modalidades de informacin al pblico y de consulta a las personas interesadas. En todo caso, se establecern plazos razonables para las distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al pblico y para que las personas interesadas se preparen y participen efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente anexo.


[Bloque 50: #dftercera]

Disposicin final tercera. Ttulo Competencial.

Esta Ley tiene carcter de legislacin bsica al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.23. de la Constitucin. Se exceptan de lo anterior los siguientes artculos:

1. El artculo 19 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sptima y octava, que sern nicamente de aplicacin a la Administracin General del Estado y sus Organismos Pblicos.

2. El artculo 15 y las disposiciones adicionales primera y segunda, que se dictan al amparo del artculo 149.1.14. de la Constitucin.

3. Las disposiciones de los artculos 20 a 23, que en lo relativo a recursos en va administrativa se dictan al amparo del artculo 149.1.18. de la Constitucin y en lo relativo a recursos en va contencioso-administrativa al amparo del artculo 149.1.6. de la Constitucin.


[Bloque 51: #dfcuarta]

Disposicin final cuarta. Incorporacin de derecho de la Unin Europea.

Por medio de la presente Ley se desarrollan determinados derechos y obligaciones reconocidos en el Convenio sobre acceso a la informacin, la participacin del pblico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998; y se adapta el ordenamiento jurdico vigente a las disposiciones contenidas en la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del pblico a la informacin ambiental y en la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participacin del pblico en la elaboracin de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participacin del pblico y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.


[Bloque 52: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Texto refundido de evaluacin de impacto ambiental.

El Gobierno elaborar y aprobar en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley un texto refundido en el que se regularice, aclare y armonice las disposiciones legales vigentes en materia de evaluacin de impacto ambiental.


[Bloque 53: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Desarrollo reglamentario del artculo 16 en el mbito de la Administracin General del Estado.

El Gobierno, en el plazo mximo de un ao desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobar un reglamento que desarrolle los contenidos regulados en los artculos 16, relativos a la participacin del pblico en los procedimientos de elaboracin de normas que versen sobre las materias a las que se refiere el artculo 18 y que sean competencia de la Administracin General del Estado.


[Bloque 54: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Autorizacin de desarrollo.

El Gobierno, en el mbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecucin y desarrollo de lo establecido en esta Ley.


[Bloque 55: #dfoctava]

Disposicin final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, salvo el ttulo IV y la disposicin adicional primera que entrarn en vigor tres meses despus de dicha publicacin.


[Bloque 56: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 18 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO


[Bloque 57: #an]

ANEXO

Organizaciones no gubernamentales que integran el consejo asesor de medio ambiente

Amigos de la Tierra.

Ecologistas en Accin.

Greenpeace Espaa.

Sociedad Espaola de Ornitologa SEO/Birdlife.

WWF/Asociacin de Defensa de la Naturaleza (ADENA).

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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