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Legislación consolidada

Ley Orgnica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Peticin.

Publicado en: BOE núm. 272, de 13/11/2001.
Entrada en vigor: 14/11/2001
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2001-21090
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/11/12/4

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 28/07/2011


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El derecho de peticin se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artculo 29 de la Constitucin espaola. Dicho precepto remite a la ley la regulacin del modo en que el mismo ha de ejercerse y los efectos que produce su ejercicio.

Hasta ahora ha sido en una norma preconstitucional, la Ley de 22 de diciembre de 1960, donde se encontraba su rgimen jurdico, aunque convenientemente adaptado por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Parece llegado el momento de proceder a la actualizacin del desarrollo normativo del derecho fundamental de peticin desde una perspectiva constitucional.

Probablemente su carcter residual respecto a otros instrumentos de relacin entre los ciudadanos y los poderes pblicos, unido a que la Ley de 1960 contiene una regulacin eminentemente tcnica de carcter administrativo y, por ende, neutral, han sido razones suficientes para mantener una norma preconstitucional en materia de derechos fundamentales.

Ahora bien, no debe pensarse que el de peticin es un derecho menor. Desde luego, histricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participacin de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pblica, una mayor implicacin en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrtico de Derecho.

Al abordar de nueva planta el desarrollo legal de un precepto constitucional en el que se reconoce un derecho fundamental es ineludible atender a la construccin doctrinal que el Tribunal Constitucional, como intrprete supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. En consecuencia, la presente Ley se ajusta a los pronunciamientos del Alto Tribunal contenidos en diversas sentencias y autos, con especial atencin a la sentencia de 14 de julio de 1993.

La delimitacin del mbito subjetivo de titulares del derecho de peticin se realiza extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurdica prescindiendo de su nacionalidad, como cauce de expresin en defensa de los intereses legtimos y como participacin ciudadana en las tareas pblicas, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan slo se establece la limitacin que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitucin, y determina que aqullos solo pueden ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislacin especfica.

Como es tradicional en nuestros precedentes legales, as como en el Derecho comparado, se introduce la previsin de que del ejercicio del derecho no puede derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo cuando incurra, con ocasin de su ejercicio, en delito o falta.

Los destinatarios de la peticin pueden ser cualesquiera poderes pblicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y rganos constitucionales, as como todas las Administraciones pblicas existentes. El mbito de competencia de cada uno de los posibles destinatarios determinar su capacidad para atender las peticiones que se les dirijan.

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una informacin, expresar quejas o splicas.

Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y est referido a cualquier asunto de inters general, colectivo o particular. Ahora bien, su carcter supletorio respecto a los procedimientos formales especficos de carcter parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su mbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado.

La regulacin del ejercicio del derecho de peticin debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo.

Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilizacin de cualquier medio -con especial atencin al impulso de los de carcter electrnico-, siempre que resulte acreditada la declaracin de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mnimos imprescindibles para su ejercicio ; adems en la lnea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autnomas donde estn estatutariamente reconocidas, as como por la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentacin.

Sin entrar en el detalle de su tramitacin, orientada necesariamente a la satisfaccin del derecho, la Ley presta singular atencin a las obligaciones de los poderes pblicos y autoridades destinatarias de las peticiones.

En los trminos establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional se regula la obligacin de los destinatarios pblicos de las peticiones de acusar recibo de las recibidas y, salvo excepciones tipificadas restrictivamente, la obligacin de tramitarlas y contestarlas adecuadamente, lo que constituye desarrollo del contenido esencial de este derecho.

En todo caso, existe una vocacin definida hacia la efectiva satisfaccin del derecho que se manifiesta tanto en la regulacin de los problemas de competencia de la institucin o autoridad que deben resolverla, como en el rgimen de proteccin jurisdiccional del derecho que, como no puede ser de otra forma, tratndose de un derecho fundamental, goza del tratamiento que se deriva del artculo 53.2 de la Constitucin.

Por ltimo y en reconocimiento obligado a la autonoma organizativa y regulatoria se remite a su rgimen especial al ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas. Por otras razones, tambin se respeta el especfico rgimen de las quejas al Defensor del Pueblo e instituciones anlogas de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Titulares del derecho de peticin.

1. Toda persona natural o jurdica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de peticin, individual o colectivamente, en los trminos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarn exentos de responsabilidad quienes con ocasin del ejercicio del derecho de peticin incurriesen en delito o falta.

2. (Sin contenido)

Se deja sin contenido el apartado 2 por la disposicin final 3 de la Ley Orgnica 9/2011, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2011-12961.




[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. Destinatarios.

El derecho de peticin podr ejercerse ante cualquier institucin pblica, administracin, o autoridad, as como ante los rganos de direccin y administracin de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones pblicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el mbito territorial o funcional de sta.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. Objeto de las peticiones.

Las peticiones podrn versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el mbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de inters colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfaccin el ordenamiento jurdico establezca un procedimiento especfico distinto al regulado en la presente Ley.


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4. Formalizacin.

1. Las peticiones se formularn por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carcter electrnico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirn necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la prctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la peticin.

2. En el caso de peticiones colectivas, adems de cumplir los requisitos anteriores, sern firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.

3. El peticionario podr dar cuenta del ejercicio de su derecho a institucin u rgano diferente de aqul ante quien dirigi la peticin, remitindole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.

4. Los peticionarios podrn exigir la confidencialidad de sus datos.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5. Utilizacin de lenguas cooficiales.

1. En el mbito territorial de las Comunidades Autnomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingstica, los peticionarios tendrn derecho a formular sus peticiones a la Administracin General del Estado o a los organismos pblicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su eleccin.

2. En aquellas peticiones que se dirijan a las instituciones autonmicas y entidades locales, el uso de la lengua se ajustar a lo previsto en la legislacin autonmica correspondiente.

3. La institucin, administracin u rgano instructor deber traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autnoma y los documentos dirigidos a los interesados que as lo soliciten expresamente. Si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autnoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no ser precisa su traduccin.


[Bloque 7: #a6]

Artculo 6. Presentacin de escritos.

1. El escrito en que se deduzca la peticin, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrn presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislacin reguladora del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

2. La administracin, institucin pblica o autoridad que reciba una peticin acusar recibo de la misma y lo comunicar al interesado dentro de los diez das siguientes a su recepcin. Esta actuacin se llevar a efecto por el rgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.


[Bloque 8: #a7]

Artculo 7. Tramitacin de peticiones. Subsanacin.

1. Recibido el escrito de peticin, la autoridad u rgano al que se dirija proceder a comprobar su adecuacin a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciacin deber declararse su inadmisin o tramitarse la peticin correspondiente.

2. Si el escrito de peticin no reuniera los requisitos establecidos en el artculo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerir al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de quince das con el apercibimiento de que, si as no lo hiciera, se le tendr por desistido de su peticin, notificndose entonces su archivo con expresin de la causa.

3. Asimismo se podr requerir al peticionario la aportacin de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtencin est a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la peticin. La no aportacin de tales datos y documentos no determinar por s sola la inadmisibilidad de la peticin, sin perjuicio de sus efectos en la contestacin que finalmente se adopte.


[Bloque 9: #a8]

Artculo 8. Inadmisin de peticiones.

No se admitirn las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes pblicos, instituciones u organismos a que se dirijan, as como aqullas cuya resolucin deba ampararse en un ttulo especfico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.

Tampoco se admitirn aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recado acuerdo o resolucin firme.


[Bloque 10: #a9]

Artculo 9. Declaracin de inadmisibilidad. Plazo.

1. La declaracin de inadmisibilidad ser siempre motivada y deber acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco das hbiles siguientes al de presentacin del escrito de peticin.

Cuando la inadmisin traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurdico de otros procedimientos especficos para la satisfaccin del objeto de la peticin, la declaracin de inadmisin deber indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, as como el rgano competente para ella.

2. En otro caso, se entender que la peticin ha sido admitida a trmite.


[Bloque 11: #a10]

Artculo 10. Decisiones sobre competencia.

1. Siempre que la declaracin de inadmisibilidad de una peticin se base en la falta de competencia de su destinatario, ste la remitir a la institucin, administracin u organismo que estime competente en el plazo de diez das y lo comunicar as al peticionario. En este caso, los plazos se computarn desde la recepcin del escrito, aplicndose lo dispuesto en el artculo 6.2.

2. Cuando un rgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una peticin remitir directamente las actuaciones al rgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institucin, administracin u organismo.


[Bloque 12: #a11]

Artculo 11. Tramitacin y contestacin de peticiones admitidas.

1. Una vez admitida a trmite una peticin, la autoridad u rgano competente vendrn obligados a contestar y a notificar la contestacin en el plazo mximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentacin.

Asimismo podr, si as lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

2. Cuando la peticin se estime fundada, la autoridad u rgano competente para conocer de ella, vendr obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposicin de carcter general.

3. La contestacin recoger, al menos, los trminos en los que la peticin ha sido tomada en consideracin por parte de la autoridad u rgano competente e incorporar las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la peticin o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la peticin, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolucin especfica, se agregar a la contestacin.

4. La autoridad u rgano competente podr acordar, cuando lo juzgue conveniente, la insercin de la contestacin en el diario oficial que corresponda.

5. Anualmente la autoridad u rgano competente confeccionar una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.


[Bloque 13: #a12]

Artculo 12. Proteccin jurisdiccional.

El derecho de peticin es susceptible de tutela judicial mediante las vas establecidas en el artculo 53.2 de la Constitucin, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrn ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artculos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa:

a) La declaracin de inadmisibilidad de la peticin.

b) La omisin de la obligacin de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestacin de los requisitos mnimos establecidos en el artculo anterior.


[Bloque 14: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Regmenes especiales.

1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas se tramitarn de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que debern recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si as se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al rgimen de garantas fijado en el artculo 42 de la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional.

2. En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a peticin de sus firmantes podr convertirse en peticin ante las Cmaras, en los trminos establecidos en sus respectivos Reglamentos.


[Bloque 15: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Defensor del Pueblo e instituciones autonmicas anlogas.

Queda excluida de la aplicacin de esta Ley el rgimen de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonmicas de naturaleza anloga, que se regirn por su legislacin especfica.


[Bloque 16: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Peticiones de los internos en las instituciones penitenciarias.

Las peticiones formuladas por los internos en el mbito regulado por la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se ajustarn a lo dispuesto en la misma.


[Bloque 17: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

1. Queda derogada la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del derecho de peticin.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las dems normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley Orgnica.


[Bloque 18: #dfunica]

Disposicin final nica. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. El Gobierno y las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, dictarn las disposiciones de desarrollo y aplicacin de la presente Ley Orgnica que resulten necesarias.

2. La presente Ley Orgnica entrar en vigor el da siguiente de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".


[Bloque 19: #firma]

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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