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Legislación consolidada

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Publicado en: BOE núm. 167, de 14/07/1998.
Entrada en vigor: 14/12/1998
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1998-16718
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/13/29

TEXTO CONSOLIDADO: Modificación publicada el 19/07/2017

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I. Justificacin de la reforma

La Jurisdiccin Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades.

Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dot de las caractersticas que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misin que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legtimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administracin.

Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principios en los que se inspira y por la excelencia de su tcnica, que combina a la perfeccin rigor y sencillez, acert a generalizar el control judicial de la actuacin administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que impona el rgimen poltico bajo el que fue aprobada. Ratific con nfasis el carcter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido por la legislacin precedente, preocupndose por la especializacin de sus Magistrados. Y dio luz a un procedimiento simple y en teora gil, coherente con su propsito de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y prcticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De esta manera, la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de 1956 abri una va necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y limitaciones histricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina espaola del Derecho Administrativo.

Sin embargo, las cuatro dcadas transcurridas desde que aquella Ley se aprob han trado consigo numerosos y trascendentales cambios, en el ordenamiento jurdico, en las instituciones poltico-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no est ajustada a la evolucin del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administracin de Justicia.

Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitucin de 1978. Si bien algunos de los principios en que sta se funda son los mismos que inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es evidente que las consecuencias que el texto constitucional depara en punto al control judicial de la actividad administrativa son muy superiores. Slo a raz de la Constitucin de 1978 se garantizan en nuestro pas plenamente los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legtimos, el sometimiento de la Administracin pblica a la ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuacin administrativa por los Tribunales. La proclamacin de estos derechos y principios en la Constitucin y su eficacia jurdica directa han producido la derogacin implcita de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que establecan limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificacin en un sistema democrtico. Pero el alcance de este efecto derogatorio en relacin a algunos extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de polmica, lo que haca muy conveniente una clarificacin legal. Adems, la jurisprudencia, tanto constitucional como contencioso-administrativa, ha extrado de los principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas, que imponen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades y actuaciones judiciales no contempladas expresamente en su texto. Por ltimo, la influencia de la Constitucin en el rgimen de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa no se reduce a lo que disponen los artculos 9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manera ms o menos mediata, la organizacin, el mbito y extensin material y el funcionamiento de este orden jurisdiccional se ve afectado por otras muchas disposiciones constitucionales, tanto las que regulan principios sustantivos y derechos fundamentales, como las que disean la estructura de nuestra Monarqua parlamentaria y la organizacin territorial del Estado. Como el resto del ordenamiento, tambin el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa debe adecuarse por entero a la letra y al espritu de la Constitucin.

Por otra parte, durante los ltimos lustros la sociedad y la Administracin espaolas han experimentado enormes transformaciones. La primera es hoy incomparablemente ms desarrollada, ms libre y plural, emancipada y consciente de sus derechos que hace cuarenta aos. Mientras, la Administracin reducida, centralizada y jerarquizada de antao se ha convertido en una organizacin extensa y compleja, dotada de funciones mltiples y considerables recursos, descentralizada territorial y funcionalmente. Al hilo de estas transformaciones han variado en buena medida y se han diversificado las formas jurdicas de la organizacin administrativa, los fines, el contenido y las formas de la actividad de la Administracin, los derechos que las personas y los grupos sociales ostentan frente a ella y, en definitiva, el sistema de relaciones regido por el Derecho Administrativo.

Todos estos cambios repercuten de una u otra forma sobre la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Concebida en origen como jurisdiccin especializada en la resolucin de un limitado nmero de conflictos jurdicos, ha sufrido hasta la saturacin el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos y Administraciones y de stas entre s que se ha producido en los ltimos tiempos. En este aspecto los problemas son comunes a los que los sistemas de control judicial de la Administracin estn soportando en otros muchos pases.

Pero adems, el instrumental jurdico que en el nuestro se otorga a la Jurisdiccin para el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente desfasado. En particular, para someter a control jurdico las actividades materiales y la inactividad de la Administracin, pero tambin para hacer ejecutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso. De ah que, pese al aumento de los efectivos de la Jurisdiccin, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la Jurisdiccin Contencioso-administrativa est atravesando un perodo crtico ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas.

Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afrontndose por el legislador en diferentes textos, ms lejanos o recientes. De hecho, las normas que han modificado o que complementan en algn aspecto el rgimen de la Jurisdiccin son ya tan numerosas y dispersas que justificaran de por s una refundicin.

La reforma que ahora se aborda, que toma como base los trabajos parlamentarios realizados durante la anterior Legislatura -en los que se alcanz un estimable grado de consenso en muchos aspectos-, va bastante ms all. De un lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o indirectas, pero no slo para incorporarlas a un texto nico, sino tambin para corregir aquellos de sus elementos que la prctica judicial o la crtica doctrinal han revelado inapropiados o susceptibles de mejora. De otro lado, pretende completar la adecuacin del rgimen jurdico del recurso contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales, tomando en consideracin las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la nueva organizacin del Estado y la evolucin de la doctrina jurdica. Por ltimo, persigue dotar a la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su funcin, a la vista de las circunstancias en que hoy en da se enmarca.

Desde este ltimo punto de vista, la reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursosyaladefensa de las partes, sin concesin alguna a tentaciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolucin de los litigios. La preocupacin por conseguir un equilibrio entre las garantas, tanto de los derechos e intereses pblicos y privados en juego como del acierto y calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tarda o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el artculo 24.1 de la Constitucin.

Bien es verdad que lograr una justicia gil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. Tambin es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vas complementarias de la judicial, que sera necesario perfeccionar para evitar la proliferacin de recursos innecesarios y para ofrecer frmulas poco costosas y rpidas de resolucin de numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, insustituible en su doble funcin garantizadora y creadora de jurisprudencia, debe adaptarse a las condiciones del momento para hacer posible aquel objetivo.

En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez continuista y profundamente renovadora. Continuista porque mantiene la naturaleza estrictamente judicial que la Jurisdiccin Contencioso-administrativa ya tena en la legislacin anterior y que la Constitucin ha venido a consolidar definitivamente; porque mantiene asimismo el carcter de juicio entre partes que el recurso contencioso-administrativo tiene y su doble finalidad de garanta individual y control del sometimiento de la Administracin al derecho, y porque se ha querido conservar, conscientemente, todo aquello que en la prctica ha funcionado bien, de conformidad con los imperativos constitucionales.

No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las que la institucin debe acomodarse hacan inevitable una revisin general de su rgimen jurdico, imposible de abordar mediante simples retoques de la legislacin anterior. Adems, la reforma no slo pretende responder a los retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aqu y all preceptos y clusulas generales que a la doctrina y a la jurisprudencia corresponde dotar de contenido preciso, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdiccin.

II. mbito y extensin de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa

Fiel al propsito de no alterar ms de lo necesario la sistemtica de la Ley anterior, el nuevo texto legal comienza definiendo el mbito propio, el alcance y los lmites de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Respetando la tradicin y de conformidad con el artculo 106.1 de la Constitucin, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuacin administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definicin del mbito de la Jurisdiccin ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales.

En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administracin pblica vlido a los efectos de la Ley, en atencin a los cambios organizativos que se han venido produciendo y en conexin con lo que disponen otras Leyes. Tambin era imprescindible confirmar en sta la sujecin al enjuiciamiento de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de actos y disposiciones emanados de otros rganos pblicos que no forman parte de la Administracin, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Sin intencin de inmiscuirse en ningn debate dogmtico, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema prctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones pblicas.

En segundo trmino, es evidente que a la altura de nuestro tiempo histrico el mbito material de la Jurisdiccin quedara muy incompleto si aqulla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relacin con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto.

Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdiccin Contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del inters general, el exacto sometimiento de la Administracin al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condicin de poder pblico y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuacin administrativa, como es notorio, se expresa a travs de reglamentos, actos administrativos o contratos pblicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan tambin la voluntad de la Administracin, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos estas otras manifestaciones de la accin administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones.

Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdiccin la actividad de la Administracin pblica de cualquier clase que est sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas.

En esta lnea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relacin no slo con los contratos administrativos, sino tambin con los actos separables de preparacin y adjudicacin de los dems contratos sujetos a la legislacin de contratos de las Administraciones pblicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la va contencioso-administrativa a la legislacin de contratos, evitando que la pura y simple aplicacin del Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad pblica se realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infraccin de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos pblicos. La garanta de la necesaria observancia de tales principios, muy distintos de los que rigen la contratacin puramente privada, debe corresponder, como es natural, a la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacin con la responsabilidad patrimonial de la Administracin pblica. Los principios de su peculiar rgimen jurdico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza pblica y hoy en da la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a travs de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, evitando la dispersin de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial, salvo, como es lgico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisin de una infraccin penal.

La delimitacin del mbito material de la Jurisdiccin lleva tambin a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribucin de ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros rdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragmticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la ms reciente legislacin sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos polticos del Gobierno, a que se refera la Ley de 1956.

Sobre este ltimo aspecto conviene hacer alguna precisin. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes pblicos al ordenamiento jurdico, verdadera clusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categora genrica de actos de autoridad -llmense actos polticos, de Gobierno, o de direccin poltica excluida per se del control jurisdiccional. Sera ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa a la letra y al espritu de la Constitucin, llevase a cabo la introduccin de toda una esfera de actuacin gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto poltico se halla hoy en franca retirada en el Derecho pblico europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genricamente un mbito en la actuacin del poder ejecutivo regido slo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.

Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley seala -en trminos positivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre ser posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolucin gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinacin de las indemnizaciones procedentes.

III. Los rganos de la Jurisdiccin y sus competencias

Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdiccin Contencioso-administrativa se enfrenta a un gravsimo problema por la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma de sus aspectos organizativos deba considerarse prioritaria.

La novedad ms importante en este captulo consiste en la regulacin de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. La creacin de estos rganos judiciales, que previ la Ley Orgnica del Poder Judicial, fue recibida en su da con divisin de opiniones.

Si, por un lado, pareca imprescindible descongestionar a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo de un buen nmero de asuntos, por otro surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juzgados, rganos unipersonales, para afrontar el ejercicio de las competencias que habran de corresponderles en virtud de la clusula general establecida en la citada Ley Orgnica.

Ciertamente, la complejidad tcnica de muchos de los asuntos y la trascendencia poltica de otros que habran de enjuiciar a tenor de dicha clusula ha dado origen a una larga controversia, que era necesario resolver para implantar definitivamente los Juzgados.

La presente reforma aborda el problema con decisin y con cautela a la vez. Define la competencia de los Juzgados mediante un sistema de lista tasada. En la elaboracin de esta lista se ha tenido en cuenta la conveniencia de atribuir a estos rganos unipersonales un conjunto de competencias relativamente uniformes y de menor trascendencia econmica y social, pero que cubren un elevado porcentaje de los recursos que cotidianamente se interponen ante los rganos de la Jurisdiccin. De esta manera es posible aportar remedio a la saturacin que soportan los Tribunales Superiores de Justicia, que se vern descargados de buen nmero de pleitos, aunque conservan la competencia para juzgar en primera instancia los ms importantes a priori y toda la variedad de los que se incluyen en la clusula residual, que ahora se traslada a su mbito competencial.

Por su parte, los Juzgados obtienen un conjunto de competencias que pueden razonablemente ejercer y que parecen suficientes para consolidar la experiencia. Nada impide, antes al contrario, que tras un primer perodo de rodaje la lista de competencias se revise a la vista de esa experiencia. De todas formas, es evidente que el xito de la reforma depende ms que nada de la pronta y adecuada seleccin y formacin de los titulares de los Juzgados.

No termina aqu la reforma en cuanto a rganos unipersonales. Se regulan tambin las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con jurisdiccin en toda Espaa, para contribuir a paliar la sobrecarga de trabajo de rganos jurisdiccionales actualmente muy saturados.

IV. Las partes

La regulacin de las partes que se contena en la Ley de 27 de diciembre de 1956, fundada en un criterio sustancialmente individualista con ciertos ribetes corporativos, ha quedado hace tiempo superada y ha venido siendo corregida por otras normas posteriores, adems de reinterpretada por la jurisprudencia en un sentido muy distinto al que originariamente tena. La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas modificaciones, clarificando algunos puntos todava oscuros y sistematizando los preceptos de la manera ms sencilla posible. Lo que se pretende es que nadie, persona fsica o jurdica, privada o pblica, que tenga capacidad jurdica suficiente y sea titular de un inters legtimo que tutelar, concepto comprensivo de los derechos subjetivos pero ms amplio, pueda verse privado del acceso a la justicia.

Sobre esta base, que ya se deduce de la Constitucin, las novedades de la Ley tienen un carcter esencialmente tcnico. Las ms significativas se incorporan en los preceptos que regulan la legitimacin. En cuanto a la activa, se han reducido a sistema todas las normas generales o especiales que pueden considerarse vigentes y conformes con el criterio elegido. El enunciado de supuestos da idea, en cualquier caso, de la evolucin que ha experimentado el recurso contencioso-administrativo, hoy en da instrumento til para una pluralidad de fines: la defensa del inters personal, la de los intereses colectivos y cualesquiera otros legtimos, incluidos los de naturaleza poltica, mecanismo de control de legalidad de las Administraciones inferiores, instrumento de defensa de su autonoma, cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones pblicas y para la del inters objetivo de la ley en los supuestos legales de accin popular, entre otros.

Por lo que se refiere a la legitimacin pasiva, el criterio de fondo es el mismo y conduce a simplificar las reglas anteriores. En particular, carece de sentido mantener la figura del coadyuvante, cuando ninguna diferencia hay ya entre la legitimacin por derecho subjetivo y por inters legtimo. En cambio, ha parecido necesario precisar un poco ms qu Administracin tiene carcter de demandada en caso de impugnacin de actos sujetos a fiscalizacin previa y, sobre todo, atribuir tambin este carcter, en caso de impugnacin indirecta de una disposicin general, a la Administracin autora de la misma, aunque no lo sea de la actuacin directamente recurrida.

Esta previsin viene a dar cauce procesal al inters de cada Administracin en defender en todo caso la legalidad de las normas que aprueba y constituye una de las especialidades de los recursos que versan sobre la conformidad a derecho de disposiciones generales, que se desgranan a lo largo de todo el articulado.

En cuanto a la representacin y defensa, se distingue entre rganos colegiados y unipersonales. En los primeros, procurador y abogado son obligatorios; en los segundos, el procurador es potestativo y el abogado obligatorio. Los funcionarios pblicos podrn comparecer por s mismos en cuestiones de personal que no impliquen separacin de empleados pblicos inamovibles.

Por lo que atae a la representacin y defensa de las Administraciones pblicas y rganos constitucionales, la Ley se remite a lo que disponen la Ley Orgnica del Poder Judicial y la Ley de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas para todo tipo de procesos, as como a las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autnomas, pues no hay en los contencioso-administrativos ninguna peculiaridad que merezca recogerse en norma con rango de ley.

V. Objeto del recurso

Los escasos preceptos incluidos en los dos primeros captulos del Ttulo III contienen algunas de las innovaciones ms importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de control judicial de la Administracin. Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepcin del recurso contencioso-administrativo como una revisin judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilcito de la Administracin.

Pero al mismo tiempo, es necesario diferenciar las pretensiones que pueden deducirse en cada caso, pues es evidente que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser objeto del recurso no permiten seguir configurando ste como una accin procesal uniforme.

Sin merma de sus caractersticas comunes, empezando por el nomen iuris, el recurso admite modulaciones de relieve en funcin del objeto sobre el que recae.

Cohonestar los elementos comunes y los diferenciales en un esquema simple y flexible es otro de los objetivos de la reforma.

Por razn de su objeto se establecen cuatro modalidades de recurso: el tradicional dirigido contra actos administrativos, ya sean expresos o presuntos; el que, de manera directa o indirecta, versa sobre la legalidad de alguna disposicin general, que precisa de algunas reglas especiales; el recurso contra la inactividad de la Administracin y el que se interpone contra actuaciones materiales constitutivas de va de hecho.

Del recurso contra actos, el mejor modelado en el perodo precedente, poco hay que renovar. La Ley, no obstante, depura el ordenamiento anterior de algunas normas limitativas que carecen de justificacin, aunque mantiene la inadmisibilidad del recurso contra actos confirmatorios de otros firmes y consentidos. Esta ltima regla se apoya en elementales razones de seguridad jurdica, que no slo deben tenerse en cuenta en favor del perjudicado por un acto administrativo, sino tambin en favor del inters general y de quienes puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o amparados por l. Por lo dems, el relativo sacrificio del acceso a la tutela judicial que se mantiene por dicha causa resulta hoy menos gravoso que antao, si se tiene en cuenta la reciente ampliacin de los plazos del recurso administrativo ordinario, la falta de eficacia que la legislacin en vigor atribuye, sin lmite temporal alguno, a las notificaciones defectuosas e inclusive la ampliacin de las facultades de revisin de oficio. Conservar esa excepcin es una opcin razonable y equilibrada.

En cambio, ha parecido necesario destacar en el texto de la Ley las peculiaridades de los recursos en que se enjuicia la conformidad a derecho de las disposiciones generales, hasta ahora no suficientemente consideradas.

En realidad, los efectos que tienen estos tipos de recurso y, en particular, la declaracin de ilegalidad de una disposicin general por cualquier va que se produzca, no pueden compararse, en trminos generales, con los del recurso contra actos. La diferencia asume cada vez mayor relieve en la prctica, si se tiene en cuenta la extensin y relevancia que en el polifactico Estado moderno ha asumido la produccin reglamentaria.

La nueva Ley asegura las ms amplias posibilidades de someter a control judicial la legalidad de las disposiciones generales, preservando los que se han dado en llamar recursos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limitaciones para recurrir que estableci la legislacin anterior. Ahora bien, al mismo tiempo procura que la impugnacin de las disposiciones generales se tramite con celeridad y que aboque siempre a una decisin judicial clara y nica, de efectos generales, con el fin de evitar innecesarios vacos normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las normas. Este criterio se plasma, entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento procesal que se da al denominado recurso indirecto.

Hasta ahora ha existido una cierta confusin en la teora jurdica y en la prctica judicial sobre los efectos de esta clase de recurso, cuando la norma que aplica el acto impugnado es considerada contraria a derecho.

Y, lo que es ms grave, el carcter difuso de este tipo de control ha generado situaciones de inseguridad jurdica y desigualdad manifiesta, pues segn el criterio de cada rgano judicial y a falta de una instancia unificadora, que no siempre existe, determinadas disposiciones se aplican en unos casos o mbitos y se inaplican en otros.

La solucin pasa por unificar la decisin judicial sobre la legalidad de las disposiciones generales en un solo rgano, el que en cada caso es competente para conocer del recurso directo contra ellas, dotando siempre a esa decisin de efectos erga omnes. De ah que, cuando sea ese mismo rgano el que conoce de un recurso indirecto, la Ley disponga que declarar la validez o nulidad de la disposicin general. Para cuando el rgano competente en un recurso de este tipo sea otro distinto del que puede conocer del recurso directo contra la disposicin de que se trate, la Ley introduce la cuestin de ilegalidad.

La regulacin de este procedimiento ha tenido en cuenta la experiencia de la cuestin de inconstitucionalidad prevista por el artculo 163 de la Constitucin y se inspira parcialmente en su mecnica; las analogas acaban aqu. La cuestin de ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio tcnico tendente a reforzar la seguridad jurdica, que no impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisin unitaria a todo eventual pronunciamiento indirecto sobre su validez.

Largamente reclamado por la doctrina jurdica, la Ley crea un recurso contra la inactividad de la Administracin, que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos. El recurso se dirige a obtener de la Administracin, mediante la correspondiente sentencia de condena, una prestacin material debida o la adopcin de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, all donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. De esta manera se otorga un instrumento jurdico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones administrativas. Claro est que este remedio no permite a los rganos judiciales sustituir a la Administracin en aspectos de su actividad no prefigurados por el derecho, incluida la discrecionalidad en el quando de una decisin o de una actuacin material, ni les faculta para traducir en mandatos precisos las genricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones legales de creacin de servicios o realizacin de actividades, pues en tal caso estaran invadiendo las funciones propias de aqulla. De ah que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopcin y de ah que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones administrativas en los concretos trminos en que estn establecidas. El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan slo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad.

Otra novedad destacable es el recurso contra las actuaciones materiales en va de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la Administracin que carecen de la necesaria cobertura jurdica y lesionan derechos e intereses legtimos de cualquier clase. La accin tiene una naturaleza declarativa y de condenayalavez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulacin de las medidas cautelares. Por razn de la materia, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de estos recursos se explica sobradamente.

En el caso del recurso contra la inactividad de la Administracin, la Ley establece una reclamacin previa en sede administrativa; en el del recurso contra la va de hecho, un requerimiento previo de carcter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimacin, en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional carcter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimacin, total o parcial, de la reclamacin o el requerimiento constituyan autnticos actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la Administracin la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervencin judicial.

En caso contrario, lo que se impugna sin ms trmites es, directamente, la inactividad o actuacin material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso.

El resto de los preceptos del Ttulo III se cie a introducir algunas mejoras tcnicas. La preocupacin por agilizar la tramitacin de las causas es dominante y, en particular, explica la regla que permite al Juez o Tribunal suspender la tramitacin de los recursos masivos que tengan idntico objeto y resolver con carcter preferente uno o varios de ellos. De esta manera se puede eludir la reiteracin de trmites, pues los efectos de la primera o primeras sentencias resultantes podran aplicarse a los dems casos en va de ejecucin o, eventualmente, podran inducir al desistimiento de otros recursos.

VI. El procedimiento

1. La regulacin del procedimiento contencioso-administrativo ordinario se basa en el esquema de la legislacin anterior. Sin embargo, las modificaciones son muy numerosas, pues, por una parte, se han tenido muy en cuenta la experiencia prctica y las aportaciones doctrinales y, por otra, se han establecido normas especiales para diferentes tipos de recursos, que no precisan de un procedimiento especial. Basado en principios comunes y en un mismo esquema procesal, la Ley arbitra un procedimiento dctil, que ofrece respuestas parcialmente distintas para cada supuesto. En todo momento se ha buscado conciliar las garantas de eficacia y celeridad del proceso con las de defensa de las partes.

Constituye una novedad importante la introduccin de un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuanta determinada limitada, basado en el principio de oralidad.

Las garantas que la Ley establece para lograr la pronta y completa remisin del expediente administrativo al rgano judicial han sido reformadas con la intencin de poner definitivamente coto a prcticas administrativas injustificables y demasiado extendidas, que alargan la tramitacin de muchas causas. Incompatibles con los deberes que la Administracin tiene para con los ciudadanos y con el de colaboracin con la Administracin de Justicia, es necesario que dichas prcticas queden desterradas para siempre.

En la lnea de procurar la rpida resolucin de los procesos, la Ley arbitra varias facultades en manos de las partes o del rgano judicial, tales como la posibilidad de iniciar el recurso mediante demanda en algunos casos, la de solicitar que se falle sin necesidad de prueba, vista o conclusiones o la de llevar a cabo un intento de conciliacin. Del criterio de los Jueces y Magistrados y de la colaboracin de las partes depender que estas medidas alcancen sus fines.

Por lo que se refiere a la sentencia, la Ley sigue de cerca la regulacin anterior. En particular, se mantiene la referencia de la conformidad o disconformidad de la disposicin, actuacin o acto genricamente al derecho, al ordenamiento jurdico, por entender -en frase de la exposicin de motivos de la Ley de1956 que reconducirla simplemente a las leyes equivale a olvidar que lo jurdico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones. Aade, no obstante, algunas prescripciones sobre el contenido y efectos de algunos fallos estimatorios: los que condenen a la Administracin a hacer algo, los que estimen pretensiones de resarcimiento de daos y perjuicios, los que anulen disposiciones generales y los que versen sobre actuaciones discrecionales.

En relacin con estos ltimos, la Ley recuerda la naturaleza de control en derecho que tiene el recurso contencioso-administrativo y de ah que precise que no pueden los Jueces y Tribunales determinar el contenido discrecional de los actos que anulen. Como es lgico, esta regla no pretende coartar en absoluto la potestad de los rganos judiciales para extender su control de los actos discrecionales hasta donde lo exija el sometimiento de la Administracin al derecho, es decir mediante el enjuiciamiento de los elementos reglados de dichos actos y la garanta de los lmites jurdicos de la discrecionalidad.

2. Por lo que se refiere a los recursos contra las resoluciones judiciales, la Ley se atiene en general a los que dispuso la reciente Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Pero introduce algunos cambios necesarios, motivados unos por la creacin de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, que conduce a reimplantar los recursos de apelacin contra sus resoluciones, y otros por la experiencia, breve pero significativa, derivada de aquella ltima reforma procesal.

El nuevo recurso de apelacin ordinario contra las sentencias de los Juzgados no tiene, sin embargo, carcter universal. No siendo la doble instancia en todo tipo de procesos una exigencia constitucional, ha parecido conveniente descargar a los Tribunales Superiores de Justicia de conocer tambin en segunda instancia de los asuntos de menor entidad, para resolver el agobio que hoy padecen. Sin embargo, la apelacin procede siempre que el asunto no ha sido resuelto en cuanto al fondo, en garanta del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, as como en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales, en los litigios entre Administraciones y cuando se resuelve la impugnacin indirecta de disposiciones generales, por la mayor trascendencia que a priori tienen todos estos asuntos.

La Ley eleva sustancialmente la cuanta de los que tienen acceso a la casacin ordinaria y en menor medida la de los que pueden acceder a la casacin para unificacin de doctrina. Aunque rigurosa, la medida es necesaria a la vista de la experiencia de los ltimos aos, pues las cuantas fijadas por la Ley 10/1992 no han permitido reducir la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Si bien las nuevas reglas eliminan la posibilidad de doble instancia en muchos supuestos, la alternativa sera consentir el agravamiento progresivo de aquella carga, ya hoy muy superior a lo que sera razonable. Los efectos de tal situacin son mucho ms perniciosos, pues se corre el riesgo de alargar la resolucin de los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo hasta extremos totalmente incompatibles con el derecho a una justicia efectiva. Por otro lado, no es posible aumentar sustancialmente el nmero de Secciones y Magistrados del Alto Tribunal, que ha de poder atender a su importantsima funcin objetiva de fijar la doctrina jurisprudencial.

Se regulan dos modalidades de recurso para la unificacin de doctrina, cuyo conocimiento corresponder, respectivamente, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia.

Se ha considerado oportuno mantener el recurso de casacin en inters de la Ley, que se adapta a la creacin de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y que, junto al tradicional recurso de revisin, cierra el sistema de impugnaciones en este orden jurisdiccional.

3. La Ley ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantas de ejecucin de las sentencias, desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso-administrativo. El punto de partida reside en la imperiosa obligacin de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecucin de lo resuelto, que la Constitucin prescribe, y en la potestad de los rganos judiciales de hacer ejecutar lo juzgado, que la propia Constitucin les atribuye. Prescripciones que entroncan directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene sealando la jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una justicia meramente terica, sino que conlleva el derecho a la ejecucin puntual de lo fallado en sus propios trminos. La negativa, expresa o implcita, a cumplir una resolucin judicial constituye un atentado a la Constitucin frente al que no caben excusas.

La Ley Orgnica del Poder Judicial, que elimin la potestad gubernativa de suspensin e inejecucin de sentencias, abri paso, en cambio, a la expropiacin de los derechos reconocidos por stas frente a la Administracin. Sin embargo, no especific las causas de utilidad pblica e inters social que habran de legitimar el ejercicio de esta potestad expropiatoria. La Ley atiende a esta necesidad, concretando tres supuestos muy determinados, entre los que debe destacarse el de la preservacin del libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades pblicas.

A salvo lo anterior, la Ley regula la forma de ejecutar las sentencias que condenan a la Administracin al pago de cantidad, sin eliminar la prerrogativa de inembargabilidad de los bienes y derechos de la Hacienda Pblica, ya que dicha modificacin no puede abordarse aisladamente en la Ley Jurisdiccional, sino -en su casoa travs de una nueva regulacin, completa y sistemtica, del estatuto jurdico de los bienes pblicos. Pero compensa al interesado econmicamente frente a cualquier retraso injustificado; previene frente a las ejecuciones aparentes, declarando la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a los pronunciamientos y estableciendo una forma rpida para anularlos, y especifica las formas posibles de ejecucin forzosa de las sentencias que condenan a la Administracin a realizar una actividad o dictar un acto y otorga a los rganos judiciales potestades sancionadoras para lograr la efectividad de lo mandado, aparte las consecuencias que se deduzcan en el mbito penal.

Dos novedades importantes completan este captulo de la Ley. La primera se refiere a la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme en materia de personal y en materia tributaria a personas distintas de las partes que se encuentren en situacin idntica. Aun regulada con la necesaria cautela, la apertura puede ahorrar la reiteracin de mltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa. La segunda consiste en otorgar al acuerdo de conciliacin judicial la misma fuerza que a la sentencia a efectos de ejecucin forzosa, lo que refuerza el inters de la Ley por esta forma de terminacin del procedimiento.

4. De los recursos especiales se ha suprimido el de personal, aunque subsisten algunas especialidades relativas a esta materia a lo largo del articulado. Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulacin del proceso especial en materia de derechos fundamentales, con el mismo carcter preferente y urgente que ya tiene y con importantes variaciones sobre la normativa vigente, cuyo carcter restrictivo ha conducido, en la prctica, a un importante deterioro de esta va procesal. La ms relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso -y, por tanto, de lasentencia de acuerdo con el fundamento comn de los procesos contencioso-administrativos, esto es, contemplando la lesin de los derechos susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuacin administrativa con el ordenamiento jurdico. La Ley pretende superar, por tanto, la rgida distincin entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la proteccin del derecho fundamental o libertad pblica no ser factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos.

El procedimiento de la cuestin de ilegalidad, que se inicia de oficio, ana la garanta de defensa de las partes con la celeridad que le es inherente.

Por ltimo, el procedimiento en caso de suspensin administrativa previa de acuerdos se adapta a los supuestos legales de suspensin previstos en la legislacin vigente, al tiempo que establece las reglas que permiten su rpida tramitacin.

5. De las disposiciones comunes sobresale la regulacin de las medidas cautelares. El espectacular desarrollo de estas medidas en la jurisprudencia y la prctica procesal de los ltimos aos ha llegado a desbordar las moderadas previsiones de la legislacin anterior, certificando su antigedad en este punto. La nueva Ley actualiza considerablemente la regulacin de la materia, ampla los tipos de medidas cautelares posibles y determina los criterios que han de servir de gua a su adopcin.

Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia ms reciente, por lo que la adopcin de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepcin, sino como facultad que el rgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario.

La Ley aborda esta cuestin mediante una regulacin comn a todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su naturaleza. El criterio para su adopcin consiste en que la ejecucin del acto o la aplicacin de la disposicin pueden hacer perder la finalidad del recurso, pero siempre sobre la base de una ponderacin suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto.

Adems, teniendo en cuenta la experiencia de los ltimos aos y la mayor amplitud que hoy tiene el objeto del recurso contencioso-administrativo, la suspensin de la disposicin o acto recurrido no puede constituir ya la nica medida cautelar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carcter positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado el fundamento comn a todas las medidas cautelares. Corresponder al Juez o Tribunal determinar las que, segn las circunstancias, fuesen necesarias. Se regulan medidas inaudita parte debitoris -con comparecencia posterior sobre el levantamiento, mantenimiento o modificacin de la medida adoptada-, as como medidas previas a la interposicin del recurso en los supuestos de inactividad o va de hecho.

TTULO I

Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo

CAPTULO I

mbito

Artculo 1.

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocern de las pretensiones que se deduzcan en relacin con la actuacin de las Administraciones pblicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los lmites de la delegacin.

2. Se entender a estos efectos por Administraciones pblicas:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin local.

d) Las Entidades de Derecho pblico que sean dependientes o estn vinculadas al Estado, las Comunidades Autnomas o las Entidades locales.

3. Conocern tambin de las pretensiones que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administracin y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico adoptados por los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, as como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los rganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los trminos de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

c) La actuacin de la Administracin electoral, en los trminos previstos en la Ley Orgnica del Rgimen Electoral General.

Artculo 2.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las cuestiones que se susciten en relacin con:

a) La proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinacin de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relacin con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparacin y adjudicacin de los dems contratos sujetos a la legislacin de contratacin de las Administraciones pblicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho pblico, adoptados en el ejercicio de funciones pblicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalizacin dictados por la Administracin concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios pblicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, as como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislacin sectorial correspondiente.

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacin de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los rdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la produccin del dao concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

Artculo 3.

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los rdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estn relacionadas con la actividad de la Administracin pblica.

b) El recurso contencioso-disciplinario militar.

c) Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados y Tribunales y la Administracin pblica y los conflictos de atribuciones entre rganos de una misma Administracin.

d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Histricos de lava, Guipzcoa y Vizcaya, que correspondern, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los trminos establecidos por la disposicin adicional quinta de su Ley Orgnica.

Artculo 4.

1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisin de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carcter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

2. La decisin que se pronuncie no producir efectos fuera del proceso en que se dicte y no vincular al orden jurisdiccional correspondiente.

Artculo 5.

1. La Jurisdiccin Contencioso-administrativa es improrrogable.

2. Los rganos de este orden jurisdiccional apreciarn de oficio la falta de jurisdiccin y resolvern sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das.

3. En todo caso, esta declaracin ser fundada y se efectuar indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente. Si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificacin de la resolucin que declare la falta de jurisdiccin, se entender haberlo efectuado en la fecha en que se inici el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado ste siguiendo las indicaciones de la notificacin del acto o sta fuese defectuosa.

CAPTULO II

rganos y competencias

Artculo 6.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes rganos:

a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Artculo 7.

1. Los rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo sern tambin para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los trminos sealados en el artculo 103.1.

2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no ser prorrogable y deber ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das.

3. La declaracin de incompetencia adoptar la forma de auto y deber efectuarse antes de la sentencia, remitindose las actuaciones al rgano de la Jurisdiccin que se estime competente para que ante l siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en grado, se acompaar una exposicin razonada, estndose a lo que resuelva ste.

Artculo 8.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocern, en nica o primera instancia segn lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanstico.

2. Conocern, asimismo, en nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administracin de las comunidades autnomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios pblicos de carrera.

b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privacin de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.

c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuanta no exceda de 30.050 euros.

3. Conocern en nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administracin perifrica del Estado y de las comunidades autnomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho pblico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los rganos superiores cuando confirmen ntegramente los dictados por aqullos en va de recurso, fiscalizacin o tutela.

Se exceptan los actos de cuanta superior a 60.000 euros dictados por la Administracin perifrica del Estado y los organismos pblicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio pblico, obras pblicas del Estado, expropiacin forzosa y propiedades especiales.

4. Conocern, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjera por la Administracin perifrica del Estado o por los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.

5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamacin de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los trminos previstos en la legislacin electoral.

6. Conocern tambin los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la administracin pblica, salvo que se trate de la ejecucin de medidas de proteccin de menores acordadas por la Entidad Pblica competente en la materia.

Asimismo, corresponder a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorizacin o ratificacin judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pblica e impliquen privacin o restriccin de la libertad o de otro derecho fundamental.

Adems, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocern de las autorizaciones para la entrada e inspeccin de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisin Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspeccin el consentimiento de su titular, ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposicin.

Artculo 9.

1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocern de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:

a) En primera o nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en va de recurso, fiscalizacin o tutela, actos dictados por rganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artculo 11.1.a) sobre personal militar.

b) En nica o primera instancia contra los actos de los rganos centrales de la Administracin General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artculo 8.

c) En primera o nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos pblicos con personalidad jurdica propia y entidades pertenecientes al sector pblico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo i) del apartado 1 del artculo 10.

d) En primera o nica instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.

e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisin de las peticiones de asilo poltico.

f) En nica o primera instancia, de las resoluciones que, en va de fiscalizacin, sean dictadas por el Comit Espaol de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.

Tngase en cuenta que el Comit de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, segn se establece en la disposicin adicional 4 de la Ley Orgnica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732.

2. Corresponder a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorizacin a que se refiere el artculo 8.2 de la Ley 34/2002 as como autorizar la ejecucin de los actos adoptados por la Seccin Segunda de la Comisin de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestacin de servicios de la sociedad de la informacin o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicacin de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la informacin y de Comercio Electrnico.

3. Igualmente conocern los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el artculo 12 bis de la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos.

Artculo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocern en nica instancia de los recursos que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, cuyo conocimiento no est atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autnomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los rganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas, y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administracin y gestin patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Econmico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la va econmico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econmico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autnomas, as como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamacin de electos y eleccin y proclamacin de Presidentes de Corporaciones locales, en los trminos de la legislacin electoral.

g) Los convenios entre Administraciones pblicas cuyas competencias se ejerzan en el mbito territorial de la correspondiente Comunidad Autnoma.

h) La prohibicin o la propuesta de modificacin de reuniones previstas en la Ley Orgnica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunin.

i) Los actos y resoluciones dictados por rganos de la Administracin General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgnico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiacin forzosa.

j) Los actos y resoluciones de los rganos de las Comunidades Autnomas competentes para la aplicacin de la Ley de Defensa de la Competencia.

k) Las resoluciones dictadas por el rgano competente para la resolucin de recursos en materia de contratacin previsto en el artculo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico, en relacin con los contratos incluidos en el mbito competencial de las Comunidades Autnomas o de las Corporaciones locales.

l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.

m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros rganos de este orden jurisdiccional.

2. Conocern, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

3. Tambin les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisin contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocern de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autnoma.

5. Conocern del recurso de casacin para la unificacin de doctrina previsto en el artculo 99.

6. Conocern del recurso de casacin en inters de la ley previsto en el artculo 101.

Artculo 11.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia:

a) De los recursos que se deduzcan en relacin con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios de carrera.

Asimismo conocer de los recursos contra los actos de cualesquiera rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigedad en el escalafonamiento y destinos.

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o de tutela los dictados por rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

c) De los recursos en relacin con los convenios entre Administraciones pblicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.

d) De los actos de naturaleza econmico-administrativa dictados por el Ministro de Economa y Hacienda y por el Tribunal Econmico-Administrativo Central, con excepcin de lo dispuesto en el artculo 10.1.e).

e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisin de Vigilancia de Actividades de Financiacin del Terrorismo, y de la autorizacin de prrroga de los plazos de las medidas de dicha Comisin, conforme a los previsto en la Ley de Prevencin y Bloqueo de la Financiacin del Terrorismo.

f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepcin de lo dispuesto en el artculo 10.1.k).

g) De los recursos contra los actos del Banco de Espaa, de la Comisin Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley11/2015, de 18 de junio, de recuperacin y resolucin de entidades de crdito y empresas de servicios de inversin.

h) De los recursos interpuestos por la Comisin Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

2. Conocer, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

3. Conocer de los recursos de revisin contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

4. Tambin conocer de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

Artculo 12.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocer en nica instancia de los recursos que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.

c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administracin y gestin patrimonial adoptados por los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

2. Conocer tambin de:

a) Los recursos de casacin de cualquier modalidad, en los trminos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.

b) Los recursos de casacin y revisin contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.

c) Los recursos de revisin contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artculo 61.1.1. o de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

3. Asimismo conocer de:

a) Los recursos que se deduzcan en relacin con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, as como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamacin de electos en los trminos previstos en la legislacin electoral.

b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para eleccin de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los trminos de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Artculo 13.

Para aplicar las reglas de distribucin de competencia contenidas en los artculos anteriores, se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

a) Las referencias que se hacen a la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.

b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de va de hecho.

c) Salvo disposicin expresa en contrario, la atribucin de competencia por razn de la materia prevalece sobre la efectuada en razn del rgano administrativo autor del acto.

CAPTULO III

Competencia territorial de los Juzgados y Tribunales

Artculo 14.

1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar conforme a las siguientes reglas:

Primera. Con carcter general, ser competente el rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano que hubiere dictado la disposicin o el acto originario impugnado.

Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones pblicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones ser competente, a eleccin del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripcin tenga aqul su domicilio o se halle la sede del rgano autor del acto originario impugnado.

Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autnomas o de las entidades de la Administracin Local, la eleccin a que se refiere esta regla segunda se entender limitada a la circunscripcin del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

Tercera. La competencia corresponder al rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenacin urbana y actuaciones urbansticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervencin administrativa en la propiedad privada.

2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes segn las reglas anteriores, la competencia vendr atribuida al rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

CAPTULO IV

Constitucin y actuacin de las Salas de lo Contencioso-administrativo

Artculo 15.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuar dividida en Secciones, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los que integren la Seccin, salvo en el supuesto previsto en el artculo 96.6 en el que la Seccin a que se refiere ser presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.

2. Para la vista o deliberacin y fallo ser necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:

a) Todos los que componen la Seccin para decidir los recursos de casacin y revisin.

b) Cuatro en los dems casos.

3. Para el despacho ordinario ser suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.

Artculo 16.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondr de las Secciones que aconseje el nmero de asuntos, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los integrantes de la Seccin.

2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el nmero de sus miembros exceda de cinco, actuarn divididas en Secciones, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los que integren la Seccin.

3. Para la vista o deliberacin y fallo, y despacho ordinario, ser suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.

4. La resolucin de los recursos de casacin en inters de la ley, de casacin para la unificacin de doctrina y de revisin se encomendar a una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidir, por el Presidente o Presidentes de las dems Salas de lo Contenciosoadministrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en nmero no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen ms de una Seccin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para cada ao judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Seccin ocuparn los puestos de la regulada en este apartado. Tambin lo establecer entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

CAPTULO V

Distribucin de asuntos

Artculo 17.

1. La distribucin de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una misma Sala, ser acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.

2. Idntico criterio se tendr en cuenta para la distribucin de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Contencioso-administrativo de una misma poblacin. La aprobacin corresponder a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional.

3. Los acuerdos sobre distribucin de asuntos se adoptarn cada dos aos y se comunicarn al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicacin, antes de la apertura de Tribunales, en el Boletn Oficial del Estado o en el de la Comunidad Autnoma, segn corresponda.

En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una Sala por razn de una nueva distribucin de asuntos, de los procesos en tramitacin continuar conociendo y fallar el rgano jurisdiccional que resultare competente al tiempo de la interposicin del recurso, segn los acuerdos entonces vigentes.

TTULO II

Las partes

CAPTULO I

Capacidad procesal

Artculo 18.

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, adems de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legtimos cuya actuacin les est permitida por el ordenamiento jurdico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autnomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integracin en las estructuras formales de las personas jurdicas, tambin tendrn capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley as lo declare expresamente.

CAPTULO II

Legitimacin

Artculo 19.

1. Estn legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las personas fsicas o jurdicas que ostenten un derecho o inters legtimo.

b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artculo 18 que resulten afectados o estn legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legtimos colectivos.

c) La Administracin del Estado, cuando ostente un derecho o inters legtimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administracin de las Comunidades Autnomas y de los Organismos pblicos vinculados a stas, as como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin de rgimen local, y los de cualquier otra entidad pblica no sometida a su fiscalizacin.

d) La Administracin de las Comunidades Autnomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al mbito de su autonoma, emanados de la Administracin del Estado y de cualquier otra Administracin u Organismo pblico, as como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin de rgimen local.

e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al mbito de su autonoma, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas, as como los de Organismos pblicos con personalidad jurdica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

g) Las Entidades de Derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones pblicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al mbito de sus fines.

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la accin popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.

i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, adems de los afectados y siempre con su autorizacin, estarn tambin legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.

Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difcil determinacin, la legitimacin para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder exclusivamente a los organismos pblicos con competencia en la materia, a los sindicatos ms representativos y a las asociaciones de mbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimacin procesal.

La persona acosada ser la nica legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razn de sexo.

2. La Administracin autora de un acto est legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaracin de lesividad para el inters pblico en los trminos establecidos por la Ley.

3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inters de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislacin de rgimen local.

4. Las Administraciones pblicas y los particulares podrn interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratacin a que se refiere la legislacin de Contratos del Sector Pblico sin necesidad, en el primer caso, de declaracin de lesividad.

5. Tendrn legitimacin para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artculo 40.4 de la Ley Orgnica de Proteccin de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

Artculo 20.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administracin pblica:

a) Los rganos de la misma y los miembros de sus rganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.

b) Los particulares cuando obren por delegacin o como meros agentes o mandatarios de ella.

c) Las Entidades de Derecho pblico que sean dependientes o estn vinculadas al Estado, las Comunidades Autnomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administracin de la que dependan. Se exceptan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto especfico de autonoma respecto de dicha Administracin.

Artculo 21.

1. Se considera parte demandada:

a) Las Administraciones pblicas o cualesquiera de los rganos mencionados en el artculo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legtimos pudieran quedar afectados por la estimacin de las pretensiones del demandante.

c) Las aseguradoras de las Administraciones pblicas, que siempre sern parte codemandada junto con la Administracin a quien aseguren.

2. A efectos de lo dispuesto en el prrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones pblicos sujetos a fiscalizacin de una Administracin territorial, se entiende por Administracin demandada:

a) El Organismo o Corporacin autores del acto o disposicin fiscalizados, si el resultado de la fiscalizacin es aprobatorio.

b) La que ejerza la fiscalizacin, si mediante ella no se aprueba ntegramente el acto o disposicin.

3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratacin a que se refiere la legislacin de Contratos del Sector Pblico los citados rganos no tendrn la consideracin de parte demandada, sindolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artculo 49.

4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposicin general, se considerar tambin parte demandada a la Administracin autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuacin recurrida.

Artculo 22.

Si la legitimacin de las partes derivare de alguna relacin jurdica transmisible, el causahabiente podr suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.

CAPTULO III

Representacin y defensa de las partes

Artculo 23.

1. En sus actuaciones ante rganos unipersonales, las partes podrn conferir su representacin a un Procurador y sern asistidas, en todo caso, por Abogado.

Cuando las partes confieran su representacin al Abogado, ser a ste a quien se notifiquen las actuaciones.

2. En sus actuaciones ante rganos colegiados, las partes debern conferir su representacin a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

3. Podrn, no obstante, comparecer por s mismos los funcionarios pblicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separacin de empleados pblicos inamovibles.

Artculo 24.

La representacin y defensa de las Administraciones pblicas y de los rganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas, as como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autnomas.

TTULO III

Objeto del recurso contencioso-administrativo

CAPTULO I

Actividad administrativa impugnable

Artculo 25.

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relacin con las disposiciones de carcter general y con los actos expresos y presuntos de la Administracin pblica que pongan fin a la va administrativa, ya sean definitivos o de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos o intereses legtimos.

2. Tambin es admisible el recurso contra la inactividad de la Administracin y contra sus actuaciones materiales que constituyan va de hecho, en los trminos establecidos en esta Ley.

Artculo 26.

1. Adems de la impugnacin directa de las disposiciones de carcter general, tambin es admisible la de los actos que se produzcan en aplicacin de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

2. La falta de impugnacin directa de una disposicin general o la desestimacin del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnacin de los actos de aplicacin con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.

Artculo 27.

1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contenciosoadministrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposicin general aplicada, deber plantear la cuestin de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposicin, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposicin general lo fuere tambin para conocer del recurso directo contra sta, la sentencia declarar la validez o nulidad de la disposicin general.

3. Sin necesidad de plantear cuestin de ilegalidad, el Tribunal Supremo anular cualquier disposicin general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.

Artculo 28.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproduccin de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Artculo 29.

1. Cuando la Administracin, en virtud de una disposicin general que no precise de actos de aplicacin o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, est obligada a realizar una prestacin concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administracin el cumplimiento de dicha obligacin. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamacin, la Administracin no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, stos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administracin.

2. Cuando la Administracin no ejecute sus actos firmes podrn los afectados solicitar su ejecucin, y si sta no se produce en el plazo de un mes desde tal peticin, podrn los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitar por el procedimiento abreviado regulado en el artculo 78.

Artculo 30.

En caso de va de hecho, el interesado podr formular requerimiento a la Administracin actuante, intimando su cesacin. Si dicha intimacin no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez das siguientes a la presentacin del requerimiento, podr deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

CAPTULO II

Pretensiones de las partes

Artculo 31.

1. El demandante podr pretender la declaracin de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulacin de los actos y disposiciones susceptibles de impugnacin segn el captulo precedente.

2. Tambin podr pretender el reconocimiento de una situacin jurdica individualizada y la adopcin de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnizacin de los daos y perjuicios, cuando proceda.

Artculo 32.

1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administracin pblica, conforme a lo dispuesto en el artculo 29, el demandante podr pretender del rgano jurisdiccional que condene a la Administracin al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos trminos en que estn establecidas.

2. Si el recurso tiene por objeto una actuacin material constitutiva de va de hecho, el demandante podr pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuacin y que se adopten, en su caso, las dems medidas previstas en el artculo 31.2.

Artculo 33.

1. Los rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarn dentro del lmite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposicin.

2. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestin sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposicin, lo someter a aqullas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondr y conceder a los interesados un plazo comn de diez das para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensin del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabr recurso alguno.

3. Esto mismo se observar si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposicin general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposicin por razones de conexin o consecuencia con los preceptos recurridos.

CAPTULO III

Acumulacin

Artculo 34.

1. Sern acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relacin con un mismo acto, disposicin o actuacin.

2. Lo sern tambin las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproduccin, confirmacin o ejecucin de otros o exista entre ellos cualquier otra conexin directa.

Artculo 35.

1. El actor podr acumular en su demanda cuantas pretensiones renan los requisitos sealados en el artculo anterior.

2. Si el Secretario judicial no estimare pertinente la acumulacin, dar cuenta al Tribunal, quien, en su caso, ordenar a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta das. Si no lo efectuare, el Juez tendr por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.

Artculo 36.

1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algn acto, disposicin o actuacin que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitacin la relacin prevista en el artculo 34, el demandante podr solicitar, dentro del plazo que seala el artculo 46, la ampliacin del recurso a aquel acto administrativo, disposicin o actuacin.

2. De esta peticin, que producir la suspensin del curso del procedimiento, el Secretario judicial dar traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo comn de cinco das.

3. Si el rgano jurisdiccional accediere a la ampliacin, continuar la suspensin de la tramitacin del proceso en tanto no se alcance respecto de aqulla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.

4. Ser asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administracin dictare durante su tramitacin resolucin expresa respecto de la pretensin inicialmente deducida. En tal caso podr el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptacin de la resolucin expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliacin a la resolucin expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolucin expresa, que ser de dos meses, se contar desde el da siguiente al de la notificacin de la misma.

Artculo 37.

1. Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasin de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias sealadas en el artculo 34, el rgano jurisdiccional podr en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo comn de cinco das, acordar la acumulacin de oficio o a instancia de alguna de ellas.

2. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idntico objeto, el rgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado, deber tramitar uno o varios con carcter preferente previa audiencia de las partes por plazo comn de cinco das, suspendiendo el curso de los dems hasta que se dicte sentencia en los primeros.

3. Una vez firme, el Secretario judicial llevar testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificar a los recurrentes afectados por la suspensin a fin de que en el plazo de cinco das puedan interesar la extensin de sus efectos en los trminos previstos en el artculo 111, la continuacin del procedimiento o bien desistir del recurso.

Artculo 38.

1. La Administracin comunicar al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulacin que previene el presente captulo.

2. El Secretario judicial pondr en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir los supuestos de acumulacin que previene el presente Captulo.

Artculo 39.

Contra las resoluciones sobre acumulacin, ampliacin y tramitacin preferente slo se dar recurso de splica(*).

(*) La referencia al "recurso de splica" se entiende hecha al "recurso de reposicin" segn establece la disposicin adicional 8 de la presente ley, aadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

CAPTULO IV

Cuanta del recurso

Artculo 40.

1. El Secretario judicial fijar la cuanta del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestacin, en los que las partes podrn exponer, por medio de otros, su parecer al respecto.

2. Cuando as no se hiciere, el Secretario judicial requerir al demandante para que fije la cuanta, concedindole al efecto un plazo no superior a diez das, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estar a la que fije el Secretario judicial, previa audiencia del demandado.

3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuanta fijada por el demandante, lo expondr por escrito dentro del trmino de diez das, resolviendo el Secretario judicial lo procedente. En este caso el Juez o Tribunal, en la sentencia, resolver definitivamente la cuestin.

4. La parte perjudicada por la resolucin prevista en el apartado anterior podr fundar el recurso de queja en la indebida determinacin de la cuanta si por causa de sta no se tuviere por preparado el recurso de casacin o no se admitiera el recurso de casacin para la unificacin de doctrina o el de apelacin.

Artculo 41.

1. La cuanta del recurso contencioso-administrativo vendr determinada por el valor econmico de la pretensin objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atender al valor econmico de la pretensin deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulacin o de ampliacin, la cuanta vendr determinada por la suma del valor econmico de las pretensiones objeto de aqullas, pero no comunicar a las de cuanta inferior la posibilidad de casacin o apelacin.

Artculo 42.

1. Para fijar el valor econmico de la pretensin se tendrn en cuenta las normas de la legislacin procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulacin del acto, se atender al contenido econmico del mismo, para lo cual se tendr en cuenta el dbito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de stos fuera de importe superior a aqul.

b) Cuando el demandante solicite, adems de la anulacin, el reconocimiento de una situacin jurdica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligacin administrativa, la cuanta vendr determinada:

Primero. Por el valor econmico total del objeto de la reclamacin, si la Administracin pblica hubiere denegado totalmente, en va administrativa, las pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuanta entre el objeto de la reclamacin y el del acto que motiv el recurso, si la Administracin hubiera reconocido parcialmente, en va administrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarn de cuanta indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanstico, los que se refieran a los funcionarios pblicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoracin econmica, as como aqullos en los que junto a pretensiones evaluables econmicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoracin.

Tambin se reputarn de cuanta indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripcin de empresas, formalizacin de la proteccin frente a riesgos profesionales, tarifacin, cobertura de la prestacin de incapacidad temporal, afiliacin, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.

TTULO IV

Procedimiento contencioso-administrativo

CAPTULO I

Procedimiento en primera o nica instancia

Seccin 1. Diligencias preliminares

Artculo 43.

Cuando la propia Administracin autora de algn acto pretenda demandar su anulacin ante la Jurisdiccin Contencioso-administrativa deber, previamente, declararlo lesivo para el inters pblico.

Artculo 44.

1. En los litigios entre Administraciones pblicas no cabr interponer recurso en va administrativa. No obstante, cuando una Administracin interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podr requerirla previamente para que derogue la disposicin, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuacin material, o inicie la actividad a que est obligada.

Cuando la Administracin contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratacin a que se refiere la legislacin de Contratos del Sector Pblico interpondrn el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.

2. El requerimiento deber dirigirse al rgano competente mediante escrito razonado que concretar la disposicin, acto, actuacin o inactividad, y deber producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicacin de la norma o desde que la Administracin requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuacin o inactividad.

3. El requerimiento se entender rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepcin, el requerido no lo contestara.

4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislacin de rgimen local.

Seccin 2. Interposicin del recurso y reclamacin del expediente

Artculo 45.

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciar por un escrito reducido a citar la disposicin, acto, inactividad o actuacin constitutiva de va de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompaar:

a) El documento que acredite la representacin del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podr solicitarse que se expida certificacin para su unin a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la legitimacin del actor cuando la ostente por habrsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro ttulo.

c) La copia o traslado de la disposicin o del acto expreso que se recurran, o indicacin del expediente en que haya recado el acto o el peridico oficial en que la disposicin se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administracin o una va de hecho, se mencionar el rgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurdicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicacin, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

3. El Secretario judicial examinar de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposicin. Si estima que es vlida, admitir a trmite el recurso. Si con el escrito de interposicin no se acompaan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerir inmediatamente la subsanacin de los mismos, sealando un plazo de diez das para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciar sobre el archivo de las actuaciones.

4. El recurso de lesividad se iniciar por demanda formulada con arreglo al artculo 56.1, que fijar con precisin la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompaarn en todo caso la declaracin de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artculo.

5. El recurso dirigido contra una disposicin general, acto, inactividad o va de hecho en que no existan terceros interesados podr iniciarse tambin mediante demanda en que se concretar la disposicin, acto o conducta impugnados y se razonar su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompaarn los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artculo.

Artculo 46.

1. El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo ser de dos meses contados desde el da siguiente al de la publicacin de la disposicin impugnada o al de la notificacin o publicacin del acto que ponga fin a la va administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser de seis meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aqul en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.

2. En los supuestos previstos en el artculo 29, los dos meses se contarn a partir del da siguiente al vencimiento de los plazos sealados en dicho artculo.

3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuacin en va de hecho, el plazo para interponer el recurso ser de diez das a contar desde el da siguiente a la terminacin del plazo establecido en el artculo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo ser de veinte das desde el da en que se inici la actuacin administrativa en va de hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contar desde el da siguiente a aquel en que se notifique la resolucin expresa del recurso potestativo de reposicin o en que ste deba entenderse presuntamente desestimado.

5. El plazo para interponer recurso de lesividad ser de dos meses a contar desde el da siguiente a la fecha de la declaracin de lesividad.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo ser de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artculo 44, el plazo se contar desde el da siguiente a aquel en que se reciba la comunicacin del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Artculo 47.

1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artculo 45.3, el Secretario judicial en el siguiente da hbil acordar, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposicin del recurso y remitir el oficio para su publicacin por el rgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el peridico oficial que proceda atendiendo al mbito territorial de competencia del rgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Secretario judicial podr tambin acordar de oficio la publicacin, si lo estima conveniente.

2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artculo 45.5 y ste se dirige contra una disposicin general, deber procederse a la publicacin del anuncio de interposicin de aqul, en el que se concedern quince das para la personacin de quienes tengan inters legtimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposicin, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial proceder a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompaen para que sea contestada primero por la Administracin y luego por los dems demandados que se hubieran personado.

Artculo 48.

1. El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artculo anterior, o mediante diligencia si la publicacin no fuere necesaria, requerir a la Administracin que le remita el expediente administrativo, ordenndole que practique los emplazamientos previstos en el artculo 49. El expediente se reclamar al rgano autor de la disposicin o acto impugnado o a aqul al que se impute la inactividad o va de hecho. Se har siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.

2. No se reclamar el expediente en el caso del apartado 2 del artculo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este artculo 48.

3. El expediente deber ser remitido en el plazo improrrogable de veinte das, a contar desde que la comunicacin judicial tenga entrada en el registro general del rgano requerido. La entrada se pondr en conocimiento del rgano jurisdiccional.

4. El expediente, original o copiado, se enviar completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompaado de un ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administracin conservar siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que enve. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administracin enviar copias autentificadas del original o de la copia que conserve.

5. Cuando el recurso contra la disposicin se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podr recabar de oficio o a peticin del actor el expediente de elaboracin. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondr de manifiesto a las partes por cinco das para que formulen alegaciones.

6. Se excluirn del expediente, mediante resolucin motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, hacindolo constar as en el ndice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.

7. Transcurrido el plazo de remisin del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar la reclamacin y, si no se enviara en el trmino de diez das contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulacin de alegaciones, el Juez o Tribunal impondr una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa ser reiterada cada veinte das, hasta el cumplimiento de lo requerido.

De darse la causa de imposibilidad de determinacin individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administracin ser la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.

8. Contra los autos en los que se acuerde la imposicin de multas a las que se refiere el apartado anterior podr interponerse recurso de splica(*) en los trminos previstos en el artculo 79.

9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harn efectivas por va judicial de apremio.

10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondr los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatencin pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendr el oportuno apercibimiento.

(*) La referencia al "recurso de splica" se entiende hecha al "recurso de reposicin" segn establece la disposicin adicional 8 de la presente ley, aadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

Seccin 3. Emplazamiento de los demandados y admisin del recurso

Artculo 49.

1. La resolucin por la que se acuerde remitir el expediente se notificar en los cinco das siguientes a su adopcin, a cuantos aparezcan como interesados en l, emplazndoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve das. La notificacin se practicar con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo comn.

En los recursos contra las decisiones adoptadas por los rganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratacin a que se refiere la legislacin de Contratos del Sector Pblico se emplazar como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve das.

2. Hechas las notificaciones, se enviar el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificacin del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisin del expediente, en cuyo caso ste se enviar sin demora, y la justificacin de los emplazamientos una vez se ultimen.

3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposicin y documentos anejos, comprobar que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenar a la Administracin que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algn interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial mandar insertar el correspondiente edicto en el peridico oficial que proceda atendiendo al mbito territorial de competencia del rgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrn personarse hasta el momento en que hubiere de drseles traslado para contestar a la demanda.

5. En el supuesto previsto en el artculo 47.2 se estar a lo que en l se dispone.

6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuar personalmente por plazo de nueve das.

Artculo 50.

1. El emplazamiento de la Administracin se entender efectuado por la reclamacin del expediente.

2. Las Administraciones pblicas se entendern personadas por el envo del expediente.

3. Los demandados legalmente emplazados podrn personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendr por parte para los trmites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuar el procedimiento por sus trmites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Artculo 51.

1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarar no haber lugar a la admisin del recurso cuando constare de modo inequvoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdiccin o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimacin del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnacin.

d) Haber caducado el plazo de interposicin del recurso.

2. El Juzgado o Sala podr inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este ltimo caso, la resolucin o resoluciones desestimatorias.

3. Cuando se impugne una actuacin material constitutiva de va de hecho, el Juzgado o Sala podr tambin inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuacin administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, cuando se impugne la no realizacin por la Administracin de las obligaciones a que se refiere el artculo 29, el recurso se inadmitir si fuera evidente la ausencia de obligacin concreta de la Administracin respecto de los recurrentes.

4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisin del recurso, har saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo comn de diez das, aleguen lo que estimen procedente y acompaen los documentos a que hubiera lugar.

5. Contra el auto que declare la inadmisin podrn interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisin no ser recurrible pero no impedir oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.

6. Declarada la inadmisin al amparo de lo establecido en el prrafo a) del apartado 1 de este artculo, se estar a lo que determinan los artculos 5.3 y 7.3.

Seccin 4. Demanda y contestacin

Artculo 52.

1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordar que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte das, salvo que concurra alguno de los supuestos del artculo51, en cuyo caso dar cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma direccin, la demanda se formular simultneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuar en original o copia.

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarar por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitir el escrito de demanda, y producir sus efectos legales, si se presentare dentro del da en que se notifique el auto.

Artculo 53.

1. Transcurrido el trmino para la remisin del expediente administrativo sin que ste hubiera sido enviado, la parte recurrente podr pedir, por s o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.

2. Si despus de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondr ste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo comn de diez das para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.

Artculo 54.

1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dar traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte das. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazar a la Administracin demandada para contestar, apercibindola de que no se admitir la contestacin si no va acompaada de dicho expediente.

2. Si el defensor de la Administracin demandada estima que la disposicin o actuacin administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podr solicitar la suspensin del procedimiento por un plazo de veinte das para comunicar su parecer razonado a aqulla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordar lo procedente.

3. La contestacin se formular primero por la Administracin demandada. Cuando hubieren de hacerlo, adems de la Administracin, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma direccin, la contestacin se formular simultneamente por todos ellos. En este caso no habr lugar a la entrega del expediente administrativo, que ser puesto de manifiesto en la Oficina judicial, pero s de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.

4. Si la Administracin demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dar no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte das, pueda designar representante en juicio o comunicar al rgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensin del actor.

Artculo 55.

1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no est completo, podrn solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestacin, que se reclamen los antecedentes para completarlo.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspender el curso del plazo correspondiente.

3. El Secretario judicial resolver lo pertinente en el plazo de tres das. La Administracin, al remitir de nuevo el expediente, deber indicar en el ndice a que se refiere el artculo 48.4 los documentos que se han adicionado.

Artculo 56.

1. En los escritos de demanda y de contestacin se consignarn con la debida separacin los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificacin de las cuales podrn alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administracin.

2. El Secretario judicial examinar de oficio la demanda y requerir que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez das. Realizada la subsanacin, admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisin.

3. Con la demanda y la contestacin las partes acompaarn los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarn el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

4. Despus de la demanda y contestacin no se admitirn a las partes ms documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podr aportar, adems, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citacin de vista o conclusiones.

Artculo 57 .

El Secretario judicial declarar concluso el pleito, sin ms trmite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artculo 61 en los siguientes supuestos:

1. Si el actor pide por otros en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.

2. Si en los escritos de demanda y contestacin no se solicita el recibimiento a prueba ni los trmites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la ndole del asunto, acuerde la celebracin de vista o la formulacin de conclusiones escritas.

En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisin del recurso, se dar traslado al demandante para que en el plazo de cinco das formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisin, y seguidamente se declarar concluso el pleito.

Seccin 5. Alegaciones previas

Artculo 58.

1. Las partes demandadas podrn alegar, dentro de los primeros cinco das del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del rgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artculo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del rgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestacin, incluso si hubiesen sido desestimados como alegacin previa.

2. Para hacer uso de este trmite la Administracin demandada habr de acompaar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.

Artculo 59.

1. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dar traslado por cinco das al actor, el cual podr subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez das.

2. Evacuado el traslado, se seguir la tramitacin prevista para los incidentes.

3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no ser susceptible de recurso y dispondr que se conteste la demanda en el plazo que reste.

4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarar la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, el Secretario judicial ordenar la devolucin del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdiccin o de competencia, se estar a lo que determinan los artculos 5.3 y 7.3.

Seccin 6. Prueba

Artculo 60.

1. Solamente se podr pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros, en los escritos de demanda y contestacin y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos debern expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.

2. Si de la contestacin a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolucin del pleito, el recurrente podr pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco das siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 56.

3. Se recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y stos fueran de trascendencia, a juicio del rgano jurisdiccional, para la resolucin del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sancin administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.

4. La prueba se desarrollar con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta das. No obstante, se podrn aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.

5. Las Salas podrn delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la prctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administracin podr, a su vez, delegar en un funcionario pblico de la misma la facultad de intervenir en la prctica de pruebas.

6. En el acto de emisin de la prueba pericial, el Juez otorgar, a peticin de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco das para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razn del sexo, corresponder al demandado probar la ausencia de discriminacin en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, el rgano judicial, a instancia de parte, podr recabar, si lo estimase til y pertinente, informe o dictamen de los organismos pblicos competentes.

Artculo 61.

1. El Juez o Tribunal podr acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la prctica de cuantas estime pertinentes para la ms acertada decisin del asunto.

2. Finalizado el perodo de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el rgano jurisdiccional podr tambin acordar la prctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.

3. Las partes tendrn intervencin en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la prctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondr de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrn, en el plazo de cinco das, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.

5. El Juez podr acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensin de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos los efectos de la aplicacin de las normas sobre costas procesales en relacin al coste de estas pruebas se entender que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensin de sus efectos, prorratendose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.

Seccin 7. Vista y conclusiones

Artculo 62.

1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podrn solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin ms trmites, para sentencia.

2. Dicha solicitud habr de formularse por medio de otros en los escritos de demanda o contestacin o por escrito presentado en el plazo de cinco das contados desde que se notifique la diligencia de ordenacin declarando concluso el perodo de prueba.

3. El Secretario judicial proveer segn lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, slo acordar la celebracin de vista o la formulacin de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habindose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 61.

4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la ndole del asunto, podr acordar la celebracin de vista o la formulacin de conclusiones escritas.

Artculo 63.

1. Si se acordara la celebracin de vista, el Secretario judicial sealar la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripcin de la ley o por acuerdo motivado del rgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrn ser antepuestos a los dems cuyo sealamiento an no se hubiera hecho. En el sealamiento de las vistas el Secretario judicial atender asimismo a los criterios establecidos en el artculo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el acto de la vista, se dar la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por s o a travs del Magistrado ponente, podr invitar a los defensores de las partes, antes o despus de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.

3. El desarrollo de la vista se registrar en soporte apto para la grabacin y reproduccin del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deber custodiar el documento electrnico que sirva de soporte a la grabacin. Las partes podrn pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

4. Siempre que se cuente con los medios tecnolgicos necesarios, el Secretario judicial garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizacin de la firma electrnica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantas. En este caso, la celebracin del acto no requerir la presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos das antes de la celebracin de la vista, o que excepcionalmente el Secretario judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, al nmero y naturaleza de las pruebas a practicar, al nmero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extender acta sucinta en los trminos previstos en el apartado siguiente.

5. Si los mecanismos de garanta previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deber consignar en el acta los siguientes extremos: nmero y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebracin; tiempo de duracin, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; as como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarn los soportes de la grabacin de las sesiones.

6. Cuando los medios de registro previstos en este artculo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extender acta de cada sesin, recogiendo en ella, con la extensin y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artculo, se extender por procedimientos informticos, sin que pueda ser manuscrita ms que en las ocasiones en que la sala en que se est celebrando la actuacin careciera de medios informticos. En estos casos, al terminar la sesin el Secretario judicial leer el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmar por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

Artculo 64.

1. Cuando se acuerde el trmite de conclusiones, las partes presentarn unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurdicos en que apoyen sus pretensiones.

2. El plazo para formular el escrito ser de diez das sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido ms de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representacin.

3. El sealamiento de da para votacin y fallo se ajustar al orden expresado en el apartado 1 del artculo anterior.

4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarar que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artculo 61, en cuyo caso dicha declaracin se har inmediatamente despus de que finalice la prctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.

Artculo 65.

1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrn plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestacin.

2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondr en conocimiento de las partes mediante providencia, dndoles plazo de diez das para ser odas sobre ello. Contra esta providencia no cabr recurso alguno.

3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podr solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuanta de los daos y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.

Artculo 66.

Los recursos directos contra disposiciones generales gozarn de preferencia y, una vez conclusos, sern antepuestos para su votacin y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de proteccin de derechos fundamentales.

Seccin 8. Sentencia

Artculo 67.

1. La sentencia se dictar en el plazo de diez das desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podr dictarse dentro del plazo indicado, lo razonar debidamente y sealar una fecha posterior concreta en la que se dictar la misma, notificndolo a las partes.

Artculo 68.

1. La sentencia pronunciar alguno de los fallos siguientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b) Estimacin o desestimacin del recurso contencioso-administrativo.

2. La sentencia contendr adems el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Artculo 69.

La sentencia declarar la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdiccin.

b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnacin.

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

Artculo 70.

1. La sentencia desestimar el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposicin, acto o actuacin impugnados.

2. La sentencia estimar el recurso contenciosoadministrativo cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurrieran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder.

Se entiende por desviacin de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurdico.

Artculo 71.

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarar no ser conforme a Derecho y, en su caso, anular total o parcialmente la disposicin o acto recurrido o dispondr que cese o se modifique la actuacin impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situacin jurdica individualizada, reconocer dicha situacin jurdica y adoptar cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisin de un acto o en la prctica de una actuacin jurdicamente obligatoria, la sentencia podr establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensin de resarcir daos y perjuicios, se declarar en todo caso el derecho a la reparacin, sealando asimismo quin viene obligado a indemnizar. La sentencia fijar tambin la cuanta de la indemnizacin cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecern las bases para la determinacin de la cuanta, cuya definitiva concrecin quedar diferida al perodo de ejecucin de sentencia.

2. Los rganos jurisdiccionales no podrn determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposicin general en sustitucin de los que anularen ni podrn determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Artculo 72.

1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimacin del recurso contencioso-administrativo slo producir efectos entre las partes.

2. La anulacin de una disposicin o acto producir efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposicin general tendrn efectos generales desde el da en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo peridico oficial en que lo hubiera sido la disposicin anulada. Tambin se publicarn las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimacin de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situacin jurdica individualizada slo producir efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrn extenderse a terceros en los trminos previstos en los artculos 110 y 111.

Artculo 73.

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposicin general no afectarn por s mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulacin alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulacin del precepto supusiera la exclusin o la reduccin de las sanciones an no ejecutadas completamente.

Seccin 9. Otros modos de terminacin del procedimiento

Artculo 74.

1. El recurrente podr desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos ser necesario que lo ratifique el recurrente o que est autorizado para ello. Si desistiere la Administracin pblica, habr de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el rgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.

3. El Secretario judicial dar traslado a las dems partes, y en los supuestos de accin popular al Ministerio Fiscal, por plazo comn de cinco das Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a l, dictar decreto en el que declarar terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolucin del expediente administrativo a la oficina de procedencia.

4. En otro caso, o cuando apreciare dao para el inters pblico, dar cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.

5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuar respecto de aquellos que no hubieren desistido.

6. El desistimiento no implicar necesariamente la condena en costas.

7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administracin demandada hubiera reconocido totalmente en va administrativa las pretensiones del demandante, y despus la Administracin dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podr pedir que contine el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendindose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, conceder a las partes un plazo comn de diez das para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocacin.

8. Desistido un recurso de apelacin o de casacin, el Secretario judicial sin ms trmites declarar terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devolucin de las actuaciones recibidas al rgano jurisdiccional de procedencia.

Artculo 75.

1. Los demandados podrn allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artculo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin ms trmites, dictar sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infraccin manifiesta del ordenamiento jurdico, en cuyo caso el rgano jurisdiccional comunicar a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimacin de las pretensiones y las oir por plazo comn de diez das, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguir respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.

Artculo 76.

1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administracin demandada reconociese totalmente en va administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podr ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administracin no lo hiciera.

2. El Secretario judicial mandar or a las partes por plazo comn de cinco das y, previa comprobacin de lo alegado, el Juez o Tribunal dictar auto en el que declarar terminado el procedimiento y ordenar el archivo del recurso y la devolucin del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurdico. En este ltimo caso dictar sentencia ajustada a Derecho.

Artculo 77.

1. En los procedimientos en primera o nica instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestacin, podr someter a la consideracin de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, as como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transaccin y, en particular, cuando verse sobre estimacin de cantidad.

Los representantes de las Administraciones pblicas demandadas necesitarn la autorizacin oportuna para llevar a efecto la transaccin, con arreglo a las normas que regulan la disposicin de la accin por parte de los mismos.

2. El intento de conciliacin no suspender el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podr producirse en cualquier momento anterior al da en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparicin de la controversia, el Juez o Tribunal dictar auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurdico ni lesivo del inters pblico o de terceros.

CAPTULO II

Procedimiento abreviado

Artculo 78.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Pblicas, sobre extranjera y sobre inadmisin de peticiones de asilo poltico, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, as como todas aquellas cuya cuanta no supere los 30.000 euros.

2. El recurso se iniciar por demanda, a la que se acompaar el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artculo 45.2.

3. Presentada la demanda, el Secretario judicial, apreciada la jurisdiccin y competencia objetiva del Tribunal, admitir la demanda. En otro caso, dar cuenta a ste para que resuelva lo que proceda.

Admitida la demanda, el Secretario judicial acordar su traslado al demandado, citando a las partes para la celebracin de vista, con indicacin de da y hora, y requerir a la Administracin demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince das de antelacin del trmino sealado para la vista. En el sealamiento de las vistas atender a los criterios establecidos en el artculo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, si el actor pide por otros en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dar traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte das, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artculo 54. Las partes demandadas podrn, dentro de los diez primeros das del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebracin de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citar a las partes al acto conforme a lo previsto en el prrafo anterior. En caso contrario, el Secretario judicial proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 57, declarando concluso el pleito sin ms trmite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el artculo 61.

4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitir al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar abierta la vista.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere slo el demandado, el Juez o Tribunal tendr al actor por desistido del recurso y le condenar en costas, y si compareciere slo el actor, acordar que prosiga la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzar con exposicin por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificacin de los expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podr formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdiccin, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la vlida prosecucin y trmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Odo el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuacin del procedimiento por razn de la cuanta, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidir el Juez, que dar al proceso el curso procedimental que corresponda segn la cuanta que l determine. Frente a la decisin del Juez no se dar recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habindose suscitado, se resolviese por el Juez la continuacin del juicio, se dar la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrn las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o intiles, se practicarn seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carcter meramente jurdico de la controversia, la ausencia de proposicin de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar sentencia sin ms dilacin. .

Formulada oposicin, el Juez resolver estimndola, en cuyo caso proseguir la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestimndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el prrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarn en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trmites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrn verbalmente, sin admisin de pliegos.

14. No se admitirn escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el nmero de testigos fuese excesivo y, a criterio del rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir intil reiteracin del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqul podr limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrn ser tachados y, nicamente en conclusiones, las partes podrn hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la prctica de la prueba pericial no sern de aplicacin las reglas generales sobre insaculacin de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegacin de pruebas o sobre admisin de las que se denunciaran como obtenidas con violacin de derechos fundamentales, las partes podrn interponer en el acto recurso de splica(*), que se sustanciar y resolver seguidamente.

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender, sealando el Secretario judicial competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificacin, el lugar, da y hora en que deba reanudarse.

19. Tras la prctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, odos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrn, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusin de la vista, antes de darla por terminada.

20. El Juez dictar sentencia en el plazo de diez das desde la celebracin de la vista.

21. La vista se documentar en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artculo 63.

22. Si los mecanismos de garanta previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar debern consignarse en el acta los siguientes extremos: nmero y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebracin; tiempo de duracin, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; as como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarn los soportes de la grabacin de las sesiones.

Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Secretario judicial extender acta de cada sesin, en la que se har constar:

a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaracin expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegacin y protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:

1. Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.

2. Relacin circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo nmero haga desaconsejable la citada relacin.

3. Relacin de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.

4. Resumen suficiente de los informes periciales, as como tambin de la resolucin del Juez en torno a las propuestas de recusacin de los peritos.

5. Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, sta deber recogerse en el acta.

e) Declaracin hecha por el Juez de conclusin de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

Las actas previstas en este apartado se extendern por procedimientos informticos, sin que puedan ser manuscritas ms que en las ocasiones en que la sala en que se est celebrando la actuacin careciera de medios informticos. En estos casos, al terminar la sesin el Secretario judicial leer el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmar por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este captulo, se regir por las normas generales de la presente Ley.

(*) La referencia al "recurso de splica" se entiende hecha al "recurso de reposicin" segn establece la disposicin adicional 8 de la presente ley, aadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

CAPTULO III

Recursos contra resoluciones procesales

Seccin 1. Recursos contra providencias y autos

Artculo 79.

1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelacin o casacin podr interponerse recurso de splica(*), sin perjuicio del cual se llevar a efecto la resolucin impugnada, salvo que el rgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.

2. No es admisible el recurso de reposicin contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposicin y los de aclaracin.

3. El recurso de splica(*) se interpondr en el plazo de cinco das a contar desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin impugnada.

4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dar traslado de las copias del escrito a las dems partes, por trmino comn de cinco das, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el rgano jurisdiccional resolver por auto dentro del tercer da.

(*) Las referencias al "recurso de splica" se entienden hechas al "recurso de reposicin" segn establece la disposicin adicional 8 de la presente ley, aadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

Artculo 80.

1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:

a) Los que pongan trmino a la pieza separada de medidas cautelares.

b) Los recados en ejecucin de sentencia.

c) Los que declaren la inadmisin del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuacin.

d) Los recados sobre las autorizaciones previstas en el artculo 8.6 y en los artculos 9.2 y 122 bis.

e) Los recados en aplicacin de los artculos 83 y 84.

2. La apelacin de los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los artculos 110 y 111, se regir por el mismo rgimen de admisin de la apelacin que corresponda a la sentencia cuya extensin se pretende.

3. La tramitacin de los recursos de apelacin interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo se ajustar a lo establecido en la seccin 2 de este captulo.

Seccin 2. Recurso ordinario de apelacin

Artculo 81.

1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo sern susceptibles de recurso de apelacin, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuanta no exceda de 30.000 euros..

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artculo 8.4.

2. Sern siempre susceptibles de apelacin las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones pblicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

Artculo 82.

El recurso de apelacin podr interponerse por quienes, segn esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.

Artculo 83.

1. El recurso de apelacin contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podr adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecucin de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el captulo II del Ttulo VI.

Artculo 84.

1. La interposicin de un recurso de apelacin no impedir la ejecucin provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrn instar su ejecucin provisional. Cuando de sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la prestacin de caucin o garanta para responder de aqullos. En este caso no podr llevarse a cabo la ejecucin provisional hasta que la caucin o la medida acordada est constituida y acreditada en autos.

2. La constitucin de la caucin se ajustar a lo establecido en el artculo 133.2.

3. No se acordar la ejecucin provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparacin.

4. Previa audiencia de las dems partes por plazo comn de cinco das, el Juez resolver sobre la ejecucin provisional en el trmino de los cinco das siguientes.

5. Cuando quien inste la ejecucin provisional sea una Administracin pblica, quedar exenta de la prestacin de caucin.

Artculo 85.

1. El recurso de apelacin se interpondr ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince das siguientes al de su notificacin, mediante escrito razonado que deber contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quince das sin haberse interpuesto el recurso de apelacin, el Secretario judicial declarar la firmeza de la sentencia.

2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelacin, el Secretario judicial dictar resolucin admitiendo el recurso, contra la que no cabr recurso alguno, y dar traslado del mismo a las dems partes para que, en el plazo comn de quince das, puedan formalizar su oposicin. En otro caso, lo pondr en conocimiento del Juez que, si lo estima oportuno, denegar la admisin por medio de auto, contra el que podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. En los escritos de interposicin del recurso y de oposicin al mismo las partes podrn pedir el recibimiento a prueba para la prctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. En dichos escritos, los funcionarios pblicos, en los procesos a que se refiere el artculo 23.3, designarn un domicilio para notificaciones en la sede de la Sala de lo Contencioso-administrativo competente.

4. En el escrito de oposicin, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelacin, deber hacerlo constar, en cuyo caso el Secretario judicial dar vista a la apelante, por cinco das, de esta alegacin. Tambin podr el apelado, en el mismo escrito, adherirse a la apelacin, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, y en este caso el Secretario dar traslado al apelante del escrito de oposicin por plazo de diez das, al solo efecto de que pueda oponerse a la adhesin.

5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevar los autos y el expediente administrativo, en unin de los escritos presentados, ordenndose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta das ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolver, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisin del recurso o sobre el recibimiento a prueba.

6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su prctica tendr lugar con citacin de las partes.

7. Las partes, en los escritos de interposicin y de oposicin al recurso, podrn solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin ms trmites, para sentencia.

8. El Secretario judicial acordar la celebracin de vista, en cuyo caso har el oportuno sealamiento, o la presentacin de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba. La Sala tambin podr acordar que se celebre vista, que sealar el secretario, o que se presenten conclusiones escritas cuando lo estimare necesario, atendida la ndole del asunto. Ser de aplicacin a estos trmites lo dispuesto en los artculos 63 a 65.

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarar que el pleito ha quedado concluso para sentencia.

9. La Sala dictar sentencia en el plazo de diez das desde la declaracin de que el pleito est concluso para sentencia.

10. Cuando la Sala revoque en apelacin la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolver al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.

Seccin 3. Recurso de casacin

Artculo 86.

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en nica instancia o en apelacin por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sern susceptibles de recurso de casacin ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En el caso de las sentencias dictadas en nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, nicamente sern susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente daosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensin de efectos.

2. Se exceptan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la proteccin del derecho fundamental de reunin y en los procesos contencioso-electorales.

3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casacin, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia slo sern recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infraccin de normas de Derecho estatal o de la Unin Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

Cuando el recurso se fundare en infraccin de normas emanadas de la Comunidad Autnoma ser competente una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir, por el Presidente o Presidentes de las dems Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en nmero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen ms de una Seccin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para cada ao judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Seccin ocuparn los puestos de la regulada en este apartado. Tambin lo establecer entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable sern susceptibles de recurso de casacin en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

Artculo 87.

1. Tambin son susceptibles de recurso de casacin los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepcin e igual lmite dispuestos en los apartados2 y3 del artculoanterior:

a) Los que declaren la inadmisin del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuacin.

b) Los que pongan trmino a la pieza separada de suspensin o de otras medidas cautelares.

c) Los recados en ejecucin de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqulla o que contradigan los trminos del fallo que se ejecuta.

d) Los dictados en el caso previsto en el artculo91.

e) Los dictados en aplicacin de los artculos110 y111.

2. Para que pueda prepararse el recurso de casacin en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de splica(*).

(*) La referencia al "recurso de splica" se entiende hecha al "recurso de reposicin" segn establece la disposicin adicional 8 de la presente ley, aadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

Artculo 87 bis.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo93.3, el recurso de casacin ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitar a las cuestiones de derecho, con exclusin de las cuestiones de hecho.

2. Las pretensiones del recurso de casacin debern tener por objeto la anulacin, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolucin de los autos al Tribunal de instancia o la resolucin del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los trminos en que apareciese planteado el debate.

3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podr determinar, mediante acuerdo que se publicar en el “Boletn Oficial del Estado”, la extensin mxima y otras condiciones extrnsecas, incluidas las relativas a su presentacin por medios telemticos, de los escritos de interposicin y de oposicin de los recursos de casacin.

Artculo 88.

1. El recurso de casacin podr ser admitido a trmite cuando, invocada una concreta infraccin del ordenamiento jurdico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

2. El Tribunal de casacin podr apreciar que existe inters casacional objetivo, motivndolo expresamente en el auto de admisin, cuando, entre otras circunstancias, la resolucin que se impugna:

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretacin de las normas de Derecho estatal o de la Unin Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros rganos jurisdiccionales hayan establecido.

b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente daosa para los intereses generales.

c) Afecte a un gran nmero de situaciones, bien en s misma o por trascender del caso objeto del proceso.

d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestin de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.

e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisin una doctrina constitucional.

f)  Interprete y aplique el Derecho de la Unin Europea en contradiccin aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervencin de ste a ttulo prejudicial.

g) Resuelva un proceso en que se impugn, directa o indirectamente, una disposicin de carcter general.

h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones pblicas.

i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de proteccin de derechos fundamentales.

3. Se presumir que existe inters casacional objetivo:

a) Cuando en la resolucin impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razn de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolucin se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errnea.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposicin de carcter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisin o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas.

No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podr inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

Artculo 89.

1. El recurso de casacin se preparar ante la Sala de instancia en el plazo de treinta das, contados desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.

2. El escrito de preparacin deber, en apartados separados que se encabezarn con un epgrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimacin y la recurribilidad de la resolucin que se impugna.

b) Identificar con precisin las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideracin por la Sala de instancia, o que sta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.

c) Acreditar, si la infraccin imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantas procesales que produjo indefensin, que se pidi la subsanacin de la falta o transgresin en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.

d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisin adoptada en la resolucin que se pretende recurrir.

e) Justificar, en el caso de que sta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unin Europea.

f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados2 y3 del artculoanterior, permiten apreciar el inters casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

3. Si el escrito de preparacin no se presentara en el plazo de treinta das, la sentencia o auto quedar firme, declarndolo as el Letrado de la Administracin de Justicia mediante decreto. Contra esta decisin slo cabr el recurso directo de revisin regulado en el artculo102 bis de esta Ley.

4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado2 de este artculo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendr por no preparado el recurso de casacin, denegando el emplazamiento de las partes y la remisin de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto nicamente podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivar suficientemente su concurrencia, tendr por preparado el recurso de casacin, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta das ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, as como la remisin a sta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitir opinin sucinta y fundada sobre el inters objetivo del recurso para la formacin de jurisprudencia, que unir al oficio de remisin.

6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casacin, la parte recurrida no podr interponer recurso alguno, pero podr oponerse a su admisin al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del trmino del emplazamiento.

Artculo 90.

1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podr acordar, excepcionalmente y slo si las caractersticas del asunto lo aconsejan, or a las partes personadas por plazo comn de treinta das acerca de si el recurso presenta inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

2. La admisin o inadmisin a trmite del recurso ser decidida por una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepcin del Presidente de la Sala, dicha composicin se renovar por mitad transcurrido un ao desde la fecha de su primera constitucin y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinar sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicar en la pgina web del Poder Judicial.

3. La resolucin sobre la admisin o inadmisin del recurso adoptar la siguiente forma:

a) En los supuestos del apartado2 del artculo88, en los que ha de apreciarse la existencia de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia, la resolucin adoptar la forma de providencia, si decide la inadmisin, y de auto, si acuerda la admisin a trmite. No obstante, si el rgano que dict la resolucin recurrida hubiera emitido en el trmite que prev el artculo89.5 opinin que, adems de fundada, sea favorable a la admisin del recurso, la inadmisin se acordar por auto motivado.

b) En los supuestos del apartado3 del artculo88, en los que se presume la existencia de inters casacional objetivo, la inadmisin se acordar por auto motivado en el que se justificar que concurren las salvedades que en aqul se establecen.

4. Los autos de admisin precisarn la cuestin o cuestiones en las que se entiende que existe inters casacional objetivo e identificarn la norma o normas jurdicas que en principio sern objeto de interpretacin, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si as lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisin nicamente indicarn si en el recurso de casacin concurre una de estas circunstancias:

a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimacin o recurribilidad de la resolucin impugnada;

b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artculo89.2 impone para el escrito de preparacin;

c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o

d) carencia en el recurso de inters casacional objetivo para la formacin de jurisprudencia.

5. Contra las providencias y los autos de admisin o inadmisin no cabr recurso alguno.

6. El Letrado de la Administracin de Justicia de Sala comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisin adoptada y, si es de inadmisin, le devolver las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.

7. Los autos de admisin del recurso de casacin se publicarn en la pgina web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo har pblico, en la mencionada pgina web y en el Boletn Oficial del Estado, el listado de recursos de casacin admitidos a trmite, con mencin sucinta de la norma o normas que sern objeto de interpretacin y de la programacin para su resolucin.

8. La inadmisin a trmite del recurso de casacin comportar la imposicin de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposicin ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

Artculo 91.

1. La preparacin del recurso de casacin no impedir la ejecucin provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrn instar su ejecucin provisional. Cuando de sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la presentacin de caucin o garanta para responder de aqullos. No podr llevarse a efecto la ejecucin provisional hasta que la caucin o la medida acordada est constituida y acreditada en autos.

2. La constitucin de la caucin se ajustar a lo establecido en el artculo133.2 de esta Ley.

3. El Tribunal de instancia denegar la ejecucin provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difcil reparacin.

4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casacin, el Letrado de la Administracin de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolucin recurrida a los efectos previstos en este artculo.

Artculo 92.

1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administracin de Justicia de la Seccin de Admisin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictar diligencia de ordenacin en la que dispondr remitir las actuaciones a la Seccin de dicha Sala competente para su tramitacin y decisin y en la que har saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta das, a contar desde la notificacin de aqulla, para presentar en la Secretara de esa Seccin competente el escrito de interposicin del recurso de casacin. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarn de manifiesto en la Oficina judicial.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposicin, el Letrado de la Administracin de Justicia declarar desierto el recurso, ordenando la devolucin de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaracin slo podrn interponerse los recursos que prev el artculo102 bis de esta Ley.

3. El escrito de interposicin deber, en apartados separados que se encabezarn con un epgrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Exponer razonadamente por qu han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparacin, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no slo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y

b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.

4. Si el escrito de interposicin no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolucin del recurso acordar or a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin ms trmites, dictar sentencia inadmitindolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondr a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposicin ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

5. En otro caso, acordar dar traslado del escrito de interposicin a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo comn de treinta das. Durante este plazo estarn de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposicin no podr pretenderse la inadmisin del recurso.

6. Transcurrido dicho plazo, hyanse presentado o no los escritos de oposicin, la Seccin competente para la decisin del recurso, de oficio o a peticin de cualquiera de las partes formulada por otros en los escritos de interposicin u oposicin, acordar la celebracin de vista pblica salvo que entendiera que la ndole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarar que el recurso queda concluso y pendiente de votacin y fallo. El sealamiento del da en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votacin y fallo respetar la programacin que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigedad del recurso, se haya podido establecer.

7. Cuando la ndole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a peticin de la mayora de los Magistrados de la Seccin antes indicada, podr acordar que los actos de vista pblica o de votacin y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.

8. La Seccin competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictar sentencia en el plazo de diez das desde que termine la deliberacin para votacin y fallo.

Artculo 93.

1. La sentencia fijar la interpretacin de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unin Europea sobre las que, en el auto de admisin a trmite, se consider necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolver las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmndolos. Podr asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroaccin de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminacin.

2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el rgano judicial de instancia, anular la resolucin recurrida e indicar, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prev el artculo5.3 de esta Ley, o remitir, en el segundo, las actuaciones al rgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.

3. En la resolucin de la concreta controversia jurdica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podr integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por sta, estn suficientemente justificados segn las actuaciones y cuya toma en consideracin resulte necesaria para apreciar la infraccin alegada de las normas del ordenamiento jurdico o de la jurisprudencia, incluso la desviacin de poder.

4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado8 del artculoanterior, resolver sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artculo139.1 de esta ley y dispondr, en cuanto a las del recurso de casacin, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podr imponer las del recurso de casacin a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y as lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposicin que podr limitar a una parte de ellas o hasta una cifra mxima.

Artculo 94.

(Suprimido)

Artculo 95.

(Suprimido)

Seccin 4. Recursos de casacin para la unificacin de doctrina

Artculo 96.

(Suprimido)

Artculo 97.

(Suprimido)

Artculo 98.

(Suprimido)

Artculo 99.

(Suprimido)

Seccin 5. Recursos de casacin en inters de la Ley

Artculo 100.

(Suprimido)

Artculo 101.

(Suprimido)

Seccin 6. De la revisin de sentencias

Artculo 102.

1. Habr lugar a la revisin de una sentencia firme:

a) Si despus de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recado en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqulla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despus.

c) Si habindose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricacin, violencia u otra maquinacin fraudulenta.

2. Asimismo se podr interponer recurso de revisin contra una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin ha sido dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

3. En lo referente a legitimacin, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisin, regirn las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, slo habr lugar a la celebracin de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.

4. La revisin en materia de responsabilidad contable proceder en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Seccin 7. Recursos contra las resoluciones del Secretario judicial

Artculo 102 bis.

1. Contra las diligencias de ordenacin y decretos no definitivos del Secretario judicial cabr recurso de reposicin ante el Secretario que dict la resolucin recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisin.

El recurso de reposicin se interpondr en el plazo de cinco das a contar desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin impugnada.

Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el prrafo anterior, se inadmitir mediante decreto directamente recurrible en revisin.

Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dar traslado de las copias del escrito a las dems partes, por trmino comn de tres das, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el Secretario judicial resolver mediante decreto dentro del tercer da.

2. Contra el decreto resolutivo de la reposicin no se dar recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestin al recurrir, si fuere procedente, la resolucin definitiva.

Cabr recurso directo de revisin contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuacin. Dicho recurso carecer de efectos suspensivos sin que, en ningn caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.

Cabr interponer igualmente recurso directo de revisin contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.

Tngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del primer prrafo del apartado 2, en la redaccin dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, por Sentencia 58/2016, de 17 de marzo. Ref. BOE-A-2016-3911.

3. El recurso de revisin deber interponerse en el plazo de cinco das mediante escrito en el que deber citarse la infraccin en que la resolucin hubiera incurrido.

Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenacin, admitir el recurso, concediendo a las dems partes personadas un plazo comn de cinco das para impugnarlo, si lo estiman conveniente.

Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Juzgado o Tribunal lo inadmitir mediante providencia.

Transcurrido el plazo para impugnacin, hyanse presentado o no escritos, el Juzgado o Tribunal resolver sin ms trmites, mediante auto, en un plazo de cinco das.

Contra las resoluciones sobre admisin o inadmisin no cabr recurso alguno.

4. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisin nicamente cabr recurso de apelacin y de casacin en los supuestos previstos en los artculos 80 y87 de esta Ley, respectivamente.

CAPTULO IV

Ejecucin de sentencias

Artculo 103.

1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y dems resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o nica instancia.

2. Las partes estn obligadas a cumplir las sentencias en la forma y trminos que en stas se consignen.

3. Todas las personas y entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar la colaboracin requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecucin de lo resuelto.

4. Sern nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

5. El rgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecucin de la sentencia declarar, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trmites previstos en los apartados2y3delartculo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artculo 104.

1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicar en el plazo de diez das al rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicacin, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el rgano responsable del cumplimiento de aqul.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicacin de la sentencia o el plazo fijado en sta para el cumplimiento del fallo conforme al artculo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr instar su ejecucin forzosa.

3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, sta podr fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

Artculo 105.

1. No podr suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecucin total o parcial del fallo.

2. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el rgano obligado a su cumplimiento lo manifestar a la autoridad judicial a travs del representante procesal de la Administracin, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artculo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnizacin que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.

3. Son causas de utilidad pblica o de inters social para expropiar los derechos o intereses legtimos reconocidos frente a la Administracin en una sentencia firme el peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaracin de la concurrencia de alguna de las causas citadas se har por el Gobierno de la Nacin; podr tambin efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma cuando se trate de peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposicin impugnados proviniera de los rganos de la Administracin de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, as como de las Entidades de Derecho pblico y Corporaciones dependientes de una y otras.

La declaracin de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el prrafo anterior habr de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicacin de la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecucin sealar, por el trmite de los incidentes, la correspondiente indemnizacin y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciar, adems, la concurrencia de dicho motivo.

Artculo 106.

1. Cuando la Administracin fuere condenada al pago de cantidad lquida, el rgano encargado de su cumplimiento acordar el pago con cargo al crdito correspondiente de su presupuesto que tendr siempre la consideracin de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificacin presupuestaria, deber concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al da de notificacin de la resolucin judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se aadir el inters legal del dinero, calculado desde la fecha de notificacin de la sentencia dictada en nica o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artculo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al rgano que deba cumplirla, se podr instar la ejecucin forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, odo el rgano encargado de hacerla efectiva, podr incrementar en dos puntos el inters legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.

4. Si la Administracin condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habra de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondr en conocimiento del Juez o Tribunal acompaado de una propuesta razonada para que, odas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aqulla.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser de aplicacin asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecucin provisional de las sentencias conforme a esta Ley.

6. Cualquiera de las partes podr solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con crditos que la Administracin ostente contra el recurrente.

Artculo 107.

1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispondr, a instancia de parte, la inscripcin del fallo en los registros pblicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, as como su publicacin en los peridicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicacin sea en peridicos privados, se deber acreditar ante el rgano jurisdiccional un inters pblico que lo justifique.

2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposicin general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del rgano judicial ordenar su publicacin en diario oficial en el plazo de diez das a contar desde la firmeza de la sentencia.

Artculo 108.

1. Si la sentencia condenare a la Administracin a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podr, en caso de incumplimiento:

a) Ejecutar la sentencia a travs de sus propios medios o requiriendo la colaboracin de las autoridades y agentes de la Administracin condenada o, en su defecto, de otras Administraciones pblicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.

b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sera inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecucin subsidiaria con cargo a la Administracin condenada.

2. Si la Administracin realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, proceder a reponer la situacin al estado exigido por el fallo y determinar los daos y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, adems de declarar contraria a la normativa la construccin de un inmueble, ordene motivadamente la demolicin del mismo y la reposicin a su estado originario de la realidad fsica alterada, exigir, como condicin previa a la demolicin, y salvo que una situacin de peligro inminente lo impidiera, la prestacin de garantas suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Artculo 109.

1. La Administracin pblica, las dems partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecucin de la sentencia, podrn promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecucin y especialmente las siguientes:

a) rgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.

b) Plazo mximo para su cumplimiento, en atencin a las circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

2. Del escrito planteando la cuestin incidental el Secretario judicial dar traslado a las partes para que, en plazo comn que no exceder de veinte das, aleguen lo que estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictar auto, en el plazo de diez das, decidiendo la cuestin planteada.

Artculo 110.

1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administracin pblica y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situacin jurdica individualizada a favor de una o varias personas podrn extenderse a otras, en ejecucin de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idntica situacin jurdica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera tambin competente, por razn del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situacin individualizada.

c) Que soliciten la extensin de los efectos de la sentencia en el plazo de un ao desde la ltima notificacin de sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inters de ley o de revisin, este plazo se contar desde la ltima notificacin de la resolucin que ponga fin a ste.

2. La solicitud deber dirigirse directamente al rgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolucin de la que se pretende que se extiendan los efectos.

3. La peticin al rgano jurisdiccional se formular en escrito razonado al que deber acompaarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artculo.

4. Antes de resolver, en los veinte das siguientes, el Secretario judicial recabar de la Administracin los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensin solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo comn de cinco das, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensin. Una vez evacuado el trmite, el Juez o Tribunal resolver sin ms por medio de auto, en el que no podr reconocerse una situacin jurdica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.

5. El incidente se desestimar, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si existiera cosa juzgada.

b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensin se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artculo 99.

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolucin que, habiendo causado estado en va administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo.

6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisin o un recurso de casacin en inters de la ley, quedar en suspenso la decisin del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.

7. El rgimen de recurso del auto dictado se ajustar a las reglas generales previstas en el artculo 80.

Artculo 111.

Cuando se hubiere acordado suspender la tramitacin de uno o ms recursos con arreglo a lo previsto en el artculo 37.2, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con carcter preferente, el Secretario judicial requerir a los recurrentes afectados por la suspensin para que en el plazo de cinco das interesen la extensin de los efectos de la sentencia o la continuacin del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso.

Si se solicitase la extensin de los efectos de aquella sentencia, el Juez o Tribunal la acordar, salvo que concurra la circunstancia prevista en el artculo110.5.b) o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el artculo69 de esta Ley.

Artculo 112.

Transcurridos los plazos sealados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptar, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulacin de alegaciones, el Juez o la Sala podrn:

a) Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, as como reiterar estas multas hasta la completa ejecucin del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposicin de estas multas les ser aplicable lo previsto en el artculo 48.

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Artculo 113.

1. Transcurrido el plazo de ejecucin que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el artculo 77.3, cualquiera de las partes podr instar su ejecucin forzosa.

2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podr requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podr proceder a instar su ejecucin forzosa.

TTULO V

Procedimientos especiales

CAPTULO I

Procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona

Artculo 114.

1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artculo 53.2 de la Constitucin espaola, se regir, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este captulo y, en lo no previsto en l, por las normas generales de la presente Ley.

2. Podrn hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artculos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razn de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

3. Todos los efectos, la tramitacin de estos recursos tendr carcter preferente.

Artculo 115.

1. El plazo para interponer este recurso ser de diez das, que se computarn, segn los casos, desde el da siguiente al de notificacin del acto, publicacin de la disposicin impugnada, requerimiento para el cese de la va de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolucin, sin ms trmites. Cuando la lesin del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratndose de una actuacin en va de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez das se iniciar transcurridos veinte das desde la reclamacin, la presentacin del recurso o el inicio de la actuacin administrativa en va de hecho, respectivamente.

2. En el escrito de interposicin se expresar con precisin y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso.

Artculo 116.

1. En el mismo da de la presentacin del recurso o en el siguiente, el Secretario judicial requerir con carcter urgente al rgano administrativo correspondiente, acompaando copia del escrito de interposicin, para que en el plazo mximo de cinco das a contar desde la recepcin del requerimiento remita el expediente acompaado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el artculo 48.

2. Al remitir el expediente, el rgano administrativo lo comunicar a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompaando copia del escrito de interposicin y emplazndoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco das.

3. La Administracin, con el envo del expediente, y los dems demandados, al comparecer, podrn solicitar razonadamente la inadmisin del recurso y la celebracin de la comparecencia a que se refiere el artculo 117.2.

4. La falta de envo del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender el curso de los autos.

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artculo, el Secretario judicial lo pondr de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrn hacer alegaciones, y sin alteracin del curso del procedimiento.

Artculo 117.

1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisin y, en su caso, el del emplazamiento a los dems interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente da, dictar decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisin, dar cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicar a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisin del procedimiento.

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisin del procedimiento, el Secretario judicial convocar a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habr de tener lugar antes de transcurrir cinco das, en la que se les oir sobre la procedencia de dar al recurso la tramitacin prevista en este captulo.

3. En el siguiente da, el rgano jurisdiccional dictar auto mandando proseguir las actuaciones por este trmite o acordando su inadmisin por inadecuacin del procedimiento.

Artculo 118.

Acordada la prosecucin del procedimiento especial de este captulo, el Secretario judicial pondr de manifiesto al recurrente el expediente y dems actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho das pueda formalizar la demanda y acompaar los documentos.

Artculo 119.

Formalizada la demanda, el Secretario judicial dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo comn e improrrogable de ocho das y acompaen los documentos que estimen oportunos.

Artculo 120.

Evacuado el trmite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el rgano jurisdiccional decidir en el siguiente da sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 57. El perodo probatorio no ser en ningn caso superior a veinte das comunes para su proposicin y prctica.

Artculo 121.

1. Conclusas las actuaciones, el rgano jurisdiccional dictar sentencia en el plazo de cinco das.

2. La sentencia estimar el recurso cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.

3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo proceder siempre la apelacin en un solo efecto.

Artculo 122.

1. En el caso de prohibicin o de propuesta de modificacin de reuniones previstas en la Ley Orgnica Reguladora del Derecho de Reunin que no sean aceptadas por los promotores, stos podrn interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondr dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificacin de la prohibicin o modificacin, trasladndose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que sta remita inmediatamente el expediente.

2. El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro das, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocar al representante legal de la Administracin, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que stos designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oir a todos los personados y resolver sin ulterior recurso.

En cuanto se refiere a la grabacin de la audiencia y a su documentacin, sern aplicables las disposiciones contenidas en el artculo 63.

3. La decisin que se adopte nicamente podr mantener o revocar la prohibicin o las modificaciones propuestas.

Artculo 122 bis.

1. El procedimiento para obtener la autorizacin judicial a que se refiere el artculo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y del Comercio Electrnico, se iniciar con la solicitud de los rganos competentes en la que se expondrn las razones que justifican la peticin acompaada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la peticin y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictar resolucin autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el artculo 18 apartados 1 y 3 de la Constitucin.

2. La ejecucin de las medidas para que se interrumpa la prestacin de servicios de la sociedad de la informacin o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Seccin Segunda de la Comisin de Propiedad Intelectual en aplicacin de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la informacin y de Comercio Electrnico, requerir de autorizacin judicial previa de conformidad con lo establecido en los prrafos siguientes.

Acordada la medida por la Comisin, solicitar del Juzgado competente la autorizacin para su ejecucin, referida a la posible afectacin a los derechos y libertades garantizados en el artculo 20 de la Constitucin.

En el plazo improrrogable de dos das siguientes a la recepcin de la notificacin de la resolucin de la Comisin y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocar al representante legal de la Administracin, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que stos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oir a todos los personados y resolver en el plazo improrrogable de dos das mediante auto. La decisin que se adopte nicamente podr autorizar o denegar la ejecucin de la medida.

CAPTULO II

Cuestin de ilegalidad

Artculo 123.

1. El Juez o Tribunal plantear, mediante auto, la cuestin de ilegalidad prevista en el artculo 27.1 dentro de los cinco das siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestin habr de ceirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaracin de ilegalidad haya servido de base para la estimacin de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dar recurso alguno.

2. En este auto se acordar emplazar a las partes para que, en el plazo de quince das, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestin. Transcurrido este plazo, no se admitir la personacin.

Artculo 124.

1. Planteada la cuestin, el Secretario judicial remitir urgentemente, junto con la certificacin del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo.

2. Acordar igualmente la publicacin del auto de planteamiento de la cuestin en el mismo peridico oficial en que lo hubiera sido la disposicin cuestionada.

Artculo 125.

1. Con el escrito de personacin y alegaciones podr acompaarse la documentacin que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposicin cuestionada.

2. Terminado el plazo de personacin y alegaciones, el Secretario judicial declarar concluso el procedimiento. La sentencia se dictar en los diez das siguientes a dicha declaracin. No obstante, podr el Tribunal rechazar, en trmite de admisin, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestin de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.

3. El plazo para dictar sentencia quedar interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboracin de la disposicin cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos el Secretario judicial acordar or a las partes por plazo comn de cinco das sobre el expediente o el resultado de la prueba.

Artculo 126.

1. La sentencia estimar o desestimar parcial o totalmente la cuestin, salvo que faltare algn requisito procesal insubsanable, caso en que la declarar inadmisible.

2. Se aplicar a la cuestin de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los artculos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73.

Se publicarn tambin las sentencias firmes que desestimen la cuestin.

3. Firme la sentencia que resuelva la cuestin de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicar al Juez o Tribunal que la plante.

4. Cuando la cuestin de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, ser objeto de tramitacin y resolucin preferente.

5. La sentencia que resuelva la cuestin de ilegalidad no afectar a la situacin jurdica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que plante aqulla.

CAPTULO III

Procedimiento en los casos de suspensin administrativa previa de acuerdos

Artculo 127.

1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensin administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades pblicas deba ir seguida de la impugnacin o traslado de aqullos ante la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, se proceder conforme a lo dispuesto en este precepto.

2. En el plazo de los diez das siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensin o en el que la Ley establezca, deber interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al rgano jurisdiccional, segn proceda, acompaando en todo caso copia del citado acto de suspensin.

3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario judicial requerir a la corporacin o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez das remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aqul y notifique a cuantos tuvieran inters legtimo en su mantenimiento o anulacin la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el rgano jurisdiccional en el plazo de diez das.

4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo pondr de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocndolos para la celebracin de la vista, que se celebrar como mnimo a los diez das de la puesta de manifiesto del expediente.

5. El rgano jurisdiccional podr, motivadamente, sustituir el trmite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarn en el plazo comn de los diez das siguientes a la notificacin del auto en que as se acuerde. Podr tambin abrir un perodo de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince das.

6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictar sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensin.

CAPTULO IV

Procedimiento para la garanta de la unidad de mercado

Artculo 127 bis.

1. Cuando la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposicin, acto, actuacin, inactividad o va de hecho procedente de cualquier Administracin pblica sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulacin en los trminos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado, podr presentar el recurso contencioso-administrativo regulado en este Captulo.

2. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo para la garanta de la unidad de mercado ser de dos meses conforme a lo previsto en los apartados 1 a 3 del artculo 46. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador econmico el plazo de dos meses se computar desde la presentacin de la solicitud ante la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia.

Artculo 127 ter.

1. En el mismo da de la interposicin del recurso por la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia en garanta de la unidad de mercado o en el siguiente, el Secretario judicial requerir con carcter urgente al rgano administrativo correspondiente, acompaando copia del escrito de interposicin, para que en el plazo mximo de cinco das a contar desde la recepcin del requerimiento remita el expediente acompaado de los informes y datos que se soliciten en el recurso, con apercibimiento de cuanto se establece en el artculo 48.

2. La falta de envo del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender el curso de los autos.

3. El Secretario judicial pondr de manifiesto al recurrente el expediente y dems actuaciones para que en el plazo improrrogable de diez das pueda formalizar la demanda y acompaar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se conceder un trmite adicional de alegaciones a las partes.

4. Formalizada la demanda, el Secretario judicial dar traslado de la misma a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten contestacin en el plazo comn e improrrogable de diez das y acompaen los documentos que estimen oportunos.

5. Evacuado el trmite de contestacin, el rgano jurisdiccional decidir en el siguiente da sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 57. El perodo de prctica de prueba no ser en ningn caso superior a veinte das.

6. Conclusas las actuaciones, el rgano jurisdiccional dictar sentencia en el plazo de cinco das. La sentencia estimar el recurso cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurrieran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulacin, incluida la desviacin de poder.

Conforme a lo dispuesto en el artculo 71, la sentencia que estime el recurso implicar la correccin de la conducta infractora, as como el resarcimiento de los daos y perjuicios, incluido el lucro cesante, que dicha conducta haya causado.

Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el rgano jurisdiccional podr convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisin, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposicin y pronunciando su fallo, de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 68 a 71.

La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedir el dictado de la sentencia de viva voz.

En cuanto se refiere a la grabacin de la comparecencia y a su documentacin, sern aplicables las disposiciones contenidas en el artculo 63.

Caso de haberse dictado la Sentencia de forma oral, el Secretario judicial expedir certificacin que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicacin de su firmeza y de la actuacin administrativa a que se refiera. Dicha certificacin ser expedida en el plazo mximo de cinco das notificndose a las partes.

La anterior certificacin se registrar e incorporar al Libro de Sentencias del rgano judicial. El soporte videogrfico de la comparecencia quedar unido al procedimiento.

7. Durante la tramitacin del procedimiento, podr solicitar su intervencin, como parte recurrente, cualquier operador econmico que tuviere inters directo en la anulacin del acto, actuacin o disposicin impugnada y no la hubiera recurrido de forma independiente.

La solicitud del operador se resolver por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo comn de cinco das.

Admitida la intervencin, no se retrotraern las actuaciones, pero el interviniente ser considerado parte en el proceso a todos los efectos y podr defender las pretensiones formuladas o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello.

El interviniente podr utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales para su inters, aunque las consienta la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia o las dems partes personadas.

8. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordar la acumulacin al promovido por la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia de todo procedimiento que, iniciado por un operador econmico ante el mismo u otro rgano jurisdiccional, se dirija frente a la misma disposicin o actuacin y se funde en la vulneracin de la libertad de establecimiento o de circulacin conforme a lo previsto en esta Ley.

9. A todos los efectos, la tramitacin de estos recursos tendr carcter preferente.

10. El procedimiento para la garanta de la unidad de mercado, en lo no dispuesto en este Captulo, se regir por las normas generales de la presente Ley.

Artculo 127 quter.

1. La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia podr solicitar en su escrito de interposicin la suspensin de la disposicin, acto o resolucin impugnados, as como cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad de la sentencia.

2. Solicitada la suspensin de la disposicin, acto o resolucin impugnados, la misma se producir de forma automtica, una vez admitido el recurso y sin exigencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquiera naturaleza que pudieran derivarse. La Administracin cuya actuacin se haya recurrido podr solicitar el levantamiento de la suspensin en el plazo de tres meses desde su adopcin, siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbacin grave de los intereses generales o de tercero que el tribunal ponderar en forma circunstanciada.

Formulada la solicitud se dar traslado de la misma a la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia para que, en el plazo de diez das, alegue lo procedente en orden al mantenimiento o el levantamiento de la suspensin en orden a los intereses en conflicto.

Evacuado el anterior trmite, el tribunal resolver lo que estime procedente mediante auto en los cinco das siguientes.

Tngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el apartado 2, nicamente en su aplicacin a actos o disposiciones de las Comunidades Autnomas, por Sentencia del TC 79/2017, de 22 de junio de 2017. Ref. BOE-A-2017-8464

3. La solicitud de cualquier otra medida cautelar se tramitar en la forma prevista en el Captulo II del Ttulo VI.

CAPTULO V

Procedimiento para la declaracin judicial de extincin de partidos polticos

Artculo 127 quinquies.

1. El procedimiento para la declaracin judicial de extincin de un partido poltico se regir por lo dispuesto en el artculo 78, con las siguientes especialidades:

a) En la demanda, deber especificarse en cul o cules de los motivos recogidos en el artculo 12 bis.1 de la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos, se fundamenta la peticin de declaracin judicial de extincin.

b) El plazo de dos meses para la presentacin de la demanda se contar a partir del da siguiente al vencimiento del plazo sealado en el artculo 12 bis.2 de la misma ley.

c) Cuando la sentencia declare la extincin del partido, ser notificada al registro para que ste proceda a la cancelacin de la inscripcin.

2. El Ministerio Fiscal ser parte del proceso.

TTULO VI

Disposiciones comunes a los Ttulos IV y V

CAPTULO I

Plazos

Artculo 128.

1. Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el Secretario judicial correspondiente tendr por caducado el derecho y por perdido el trmite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitir el escrito que proceda, y producir sus efectos legales, si se presentare dentro del da en que se notifique la resolucin, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.

2. Durante el mes de agosto no correr el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningn otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendr carcter de hbil.

3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrn solicitar al rgano jurisdiccional que habilite los das inhbiles en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensin o de adopcin de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oir a las dems partes y resolver por auto en el plazo de tres das, acordando en todo caso la habilitacin cuando su denegacin pudiera causar perjuicios irreversibles.

CAPTULO II

Medidas cautelares

Artculo 129.

1. Los interesados podrn solicitar en cualquier estado del proceso la adopcin de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.

2. Si se impugnare una disposicin general, y se solicitare la suspensin de la vigencia de los preceptos impugnados, la peticin deber efectuarse en el escrito de interposicin o en el de demanda.

Artculo 130.

1. Previa valoracin circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podr acordarse nicamente cuando la ejecucin del acto o la aplicacin de la disposicin pudieran hacer perder su finalidad legtima al recurso.

2. La medida cautelar podr denegarse cuando de sta pudiera seguirse perturbacin grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderar en forma circunstanciada.

Artculo 131.

El incidente cautelar se sustanciar en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenar el Secretario judicial por plazo que no exceder de diez das, y ser resuelto por auto dentro de los cinco das siguientes. Si la Administracin demandada no hubiere an comparecido, la audiencia se entender con el rgano autor de la actividad impugnada.

Artculo 132.

1. Las medidas cautelares estarn en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que ste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrn ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.

2. No podrn modificarse o revocarse las medidas cautelares en razn de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al anlisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razn de la modificacin de los criterios de valoracin que el Juez o Tribunal aplic a los hechos al decidir el incidente cautelar.

Artculo 133.

1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la presentacin de caucin o garanta suficiente para responder de aqullos.

2. La caucin o garanta podr constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se llevar a efecto hasta que la caucin o garanta est constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente.

3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administracin, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnizacin de los daos sufridos, podr solicitar sta ante el propio rgano jurisdiccional por el trmite de los incidentes, dentro del ao siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelar la garanta constituida.

Artculo 134.

1. El auto que acuerde la medida se comunicar al rgano administrativo correspondiente, el cual dispondr su inmediato cumplimiento, siendo de aplicacin lo dispuesto en el captulo IV del Ttulo IV, salvo el artculo 104.2 2. La suspensin de la vigencia de disposiciones de carcter general ser publicada con arreglo a lo dispuesto en el artculo 107.2. Lo mismo se observar cuando la suspensin se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

Artculo 135.

1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin or a la parte contraria, en el plazo de dos das podr mediante auto:

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artculo 130. Contra este auto no se dar recurso alguno. En la misma resolucin el rgano judicial dar audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres das alegue lo que estime procedente o bien convocar a las partes a una comparecencia que habr de celebrarse dentro de los tres das siguientes a la adopcin de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificacin de la medida adoptada, el cual ser recurrible conforme a las reglas generales.

En cuanto se refiere a la grabacin de la comparecencia y a su documentacin, sern aplicables las disposiciones contenidas en el artculo 63.

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitacin del incidente cautelar conforme al artculo 131, durante la cual los interesados no podrn solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artculo.

2. En los supuestos que tengan relacin con actuaciones de la Administracin en materia de extranjera, asilo poltico y condicin de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el rgano jurisdiccional oir al Ministerio Fiscal con carcter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artculo.

Artculo 136.

1. En los supuestos de los artculos 29 y 30, la medida cautelar se adoptar salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos artculos o la medida ocasione una perturbacin gravede los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderar en forma circunstanciada.

2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas tambin podrn solicitarse antes de la interposicin del recurso, tramitndose conforme a lo dispuesto en el artculo precedente. En tal caso el interesado habr de pedir su ratificacin al interponer el recurso, lo que habr de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez das a contar desde la notificacin de la adopcin de las medidas cautelares. En los tres das siguientes, el Secretario judicial convocar la comparecencia a la que hace referencia el artculo anterior.

De no interponerse el recurso, quedarn automticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daos y perjuicios que la medida cautelar haya producido.

CAPTULO III

Incidentes e invalidez de actos procesales

Artculo 137.

Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarn en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.

Artculo 138.

1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no rene los requisitos establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto podr subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez das siguientes al de la notificacin del escrito que contenga la alegacin.

2. Cuando el Juzgado o Tribunal de oficio aprecie la existencia de algn defecto subsanable, el Secretario judicial dictar diligencia de ordenacin en que lo resee y otorgue el mencionado plazo para la subsanacin, con suspensin, en su caso, del fijado para dictar sentencia.

3. Slo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podr ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto.

CAPTULO IV

Costas procesales

Artculo 139.

1. En primera o nica instancia, el rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimacin o desestimacin parcial de las pretensiones, cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el rgano jurisdiccional, razonndolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su accin o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En los recursos se impondrn las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el rgano jurisdiccional, razonndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposicin.

3. En el recurso de casacin se impondrn las costas de conformidad con lo previsto en el artculo93.4.

4. La imposicin de las costas podr ser a la totalidad, a una parte de stas o hasta una cifra mxima.

5. Para la exaccin de las costas impuestas a particulares, la Administracin acreedora utilizar el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

6. En ningn caso se impondrn las costas al Ministerio Fiscal.

7. Las costas causadas en los autos sern reguladas y tasadas segn lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin adicional primera. Territorios Histricos y Comisin Arbitral del Pas Vasco.

1. En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, la referencia del apartado 2 del artculo 1 de esta Ley incluye las Diputaciones Forales y la Administracin Institucional de ellas dependiente. Asimismo, la referencia del apartado 3, letra a), del artculo 1 incluye los actos y disposiciones en materia de personal y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico adoptados por los rganos competentes de las Juntas Generales de los Territorios Histricos.

2. No corresponde a la Jurisdiccin Contenciosoadministrativa el conocimiento de las decisiones o resoluciones dictadas por la Comisin Arbitral a que se refiere el artculo 39 del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco.

Disposicin adicional segunda. Actualizacin de cuantas.

El Gobierno queda autorizado para actualizar cada cinco aos las cuantas sealadas en esta Ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Disposicin adicional tercera. Registro de sentencias.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo remitirn al Consejo General del Poder Judicial, dentro de los diez das siguientes a su firma, testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que conozcan.

2. El Consejo General del Poder Judicial constituir, con dichas sentencias, un Registro, cuyas certificaciones harn fe en todo tipo de procesos.

Disposicin adicional cuarta. Recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones.

Sern recurribles:

1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espaa y las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espaa, as como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonoma del Banco de Espaa.

2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisin Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisin Nacional del Mercado de Valores, as como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisin Nacional de la Competencia, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificacin parcial de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Econmico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Seccin Segunda de la Comisin de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

6. Las resoluciones del Ministro de Economa y Competitividad que resuelvan recursos de alzada contra actos dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas, as como las resoluciones de carcter normativo dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Disposicin adicional quinta. Modificacin del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

El artculo 3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, quedar redactado como sigue:

"1. No conocern los rganos Jurisdiccionales del Orden Social:

a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga relativa a los funcionarios pblicos y al personal al que se refiere el artculo 1.3.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorera General de la Seguridad Social en materia de gestin recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudacin conjunta, as como de las relativas a las actas de liquidacin y de infraccin.

c) De las pretensiones que versen sobre la impugnacin de las disposiciones generales y actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo en materia laboral, salvo los que se expresan en el apartado siguiente.

2. Los rganos Jurisdiccionales del Orden Social conocern de las pretensiones sobre:

a) Las resoluciones administrativas relativas a la imposicin de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con las excepciones previstas en la letra b) del apartado 1 de este artculo.

b) Las resoluciones administrativas relativas a regulacin de empleo y actuacin administrativa en materia de traslados colectivos.

3. En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesales correspondientes a los supuestos del anterior nmero 2. Dicha Ley determinar la fecha de entrada en vigor de la atribucin a la Jurisdiccin del Orden Social de las materias comprendidas en el nmero 2 de este artculo."

Disposicin adicional sexta. Modificacin del texto articulado de la Ley de Bases sobre el procedimiento econmico-administrativo.

El artculo 40 del texto articulado de la Ley de Bases 39/1980, de 5 de julio, sobre el procedimiento econmico-administrativo, aprobado por Real Decreto legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, queda redactado como sigue:

1. Las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda y del Tribunal Econmico-Administrativo Central sern recurribles por va contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, salvo las resoluciones dictadas por el Tribunal Econmico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos, que sern recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

2. Las resoluciones dictadas por los TribunaleSEConmico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la va econmico-administrativa sern recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

Disposicin adicional sptima.

Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo tambin conocern de las cuestiones que se promuevan entre Sociedad Estatal Correos y Telegrfos, S.A., y los empleados de sta que conserven la condicin de funcionarios y presten servicios en la misma, en los mismos trminos en que conocen las cuestiones que se plantean entre los organismos pblicos y su personal funcionario, atendiendo a la naturaleza especfica de esta relacin.

Disposicin adicional octava. Referencias al recurso de splica.

Las referencias en el articulado de esta Ley al recurso de splica se entendern hechas al recurso de reposicin.

Disposicin adicional novena. Incidencia de las competencias de la Unin Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo1 de esta Ley, cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto un acto administrativo que, relativo a una deuda aduanera, est vinculado a una decisin adoptada por las instituciones de la Unin Europea, la revisin no podr extenderse al contenido de dicha decisin.

De no proceder la anulacin del acto administrativo recurrido en base al resto de alegaciones del demandante, en el supuesto de que la normativa de la Unin Europea haga depender la no contraccin a posteriori, la condonacin o la devolucin de la deuda aduanera de una Decisin de la Comisin Europea, y el acto objeto de recurso haya sido dictado sin someter dicha cuestin a la Comisin, el rgano jurisdiccional deber pronunciarse sobre si, conforme a lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea, procede tal sometimiento. Si el rgano jurisdiccional entiende que dicho sometimiento es procedente, suspender el procedimiento e instar a la Administracin Tributaria para que someta el asunto a la Comisin en el plazo mximo de dos meses.

2. Cuando el acto relativo a la liquidacin de una deuda aduanera objeto de recurso, haya sido sometido a una decisin de las instituciones de la Unin Europea que haya de pronunciarse sobre la no contraccin a posteriori, la devolucin o la condonacin de dicha deuda, se suspender el curso de los autos desde que esa circunstancia se ponga en conocimiento del rgano jurisdiccional y hasta que sea firme la resolucin adoptada por dichas instituciones.

Igualmente proceder la suspensin del curso de los autos desde que se inicie el procedimiento amistoso en materia de imposicin directa a que se refiere la disposicin adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2004, de5 de marzo, hasta que finalice dicho procedimiento amistoso.

Disposicin adicional dcima. Delitos contra la Hacienda pblica.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo3.a) de esta Ley, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pblica que se dicten al amparo del Ttulo VI de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria, salvo lo previsto en los artculos256 y258.3 de la misma.

Una vez iniciado el correspondiente proceso penal por delito contra la Hacienda Pblica, tampoco corresponder al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de las medidas cautelares adoptadas al amparo del artculo81 de la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

Disposicin transitoria primera. Asuntos de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

1. Los procesos pendientes ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuya competencia corresponda, conforme a esta Ley, a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, continuarn tramitndose ante dichas Salas hasta su conclusin.

2. En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ejercern competencia para conocer de los procesos que, conforme a esta Ley, se hayan atribuido a los Juzgados. En estos casos, el rgimen de recursos ser el establecido en esta Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Disposicin transitoria segunda. Procedimiento ordinario.

1. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarn sustancindose conforme a las normas que regan a la fecha de su iniciacin.

2. No obstante, cuando el plazo para dictar sentencia en tales procesos se hubiere iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se har aplicacin en la sentencia de lo dispuesto en la seccin 8 del captulo I del Ttulo IV. Si hubiera de aplicarse un precepto que supusiera innovacin, se otorgar a las partes un plazo comn extraordinario de diez das para orlas sobre ello.

3. Sern asimismo aplicables las reglas de la seccin 9 del captulo I del Ttulo IV a todos los recursos contencioso-administrativos en que no se hubiese dictado sentencia a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria tercera. Recursos de casacin.

1. El rgimen de los distintos recursos de casacin regulados en esta Ley ser de plena aplicacin a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor y a las de fecha anterior cuando al producirse aqulla no hubieren transcurrido los plazos establecidos en la normativa precedente para preparar o interponer el recurso de casacin que procediera. En este ltimo caso, el plazo para preparar o interponer el recurso de casacin que corresponda con arreglo a esta Ley se contar desde la fecha de su entrada en vigor.

2. Los recursos de casacin preparados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirn por la legislacin anterior.

Disposicin transitoria cuarta. Ejecucin de sentencias.

La ejecucin de las sentencias firmes dictadas despus de la entrada en vigor de esta Ley se llevar a cabo segn lo dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no constare en autos su total ejecucin se ejecutarn en lo pendiente con arreglo a la misma.

Disposicin transitoria quinta. Procedimiento especial para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona.

Los recursos interpuestos en materia de proteccin de los derechos fundamentales de la persona con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarn sustancindose por las normas que regan a la fecha de su iniciacin.

Disposicin transitoria sexta. Cuestin de ilegalidad.

La cuestin de ilegalidad slo podr plantearse en todos los procedimientos cuya sentencia adquiera firmeza desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria sptima. Procedimiento especial en materia de suspensin administrativa de acuerdos.

El rgimen del procedimiento especial en los casos de suspensin administrativa de acuerdos regulado en el artculo 127 ser de aplicacin a las impugnaciones y traslados de actos suspendidos que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigor, aunque dichos actos hubieran sido dictados antes de esa fecha.

Disposicin transitoria octava. Medidas cautelares.

En los procedimientos pendientes a la entrada en vigor de esta Ley podrn solicitarse y acordarse las medidas cautelares previstas en el captulo II del Ttulo VI.

Disposicin transitoria novena. Costas procesales.

El rgimen de costas procesales establecido en esta Ley ser aplicable a los procesos y a los recursos que se inicien o promuevan con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposicin derogatoria primera. Clusula general de derogacin.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente Ley.

Disposicin derogatoria segunda. Derogacin de normas.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

b) Los artculos 114 y 249 de la Ley 118/1973, de 12 de enero, texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

c) Los artculos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Proteccin Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

d) El apartado 3 del artculo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Disposicin final primera. Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En lo no previsto por esta Ley, regir como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. En concreto, en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, regular la organizacin y rgimen de acceso al Registro previsto en la disposicin adicional terceral mismo tiempo, el Gobierno elaborar los programas necesarios para la instauracin de los rganos unipersonales de lo contencioso-administrativo en el perodo comprendido entre 1998 y 2000, correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia o, en su caso, al rgano competente de la Comunidad Autnoma el desarrollo y ejecucin, dentro del mbito de sus respectivas competencias.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los cinco meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, sin perjuicio de lo establecido en la Disposicin Adicional Quinta.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 13 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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