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Legislación consolidada

Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Publicado en: BOE núm. 15, de 17/01/1996.
Entrada en vigor: 16/02/1996
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1996-1069
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/1996/01/15/1/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 29/07/2015


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

1

La Constitucin Espaola de 1978 al enumerar, en el captulo III del Ttulo I, los principios rectores de la poltica social y econmica, hace mencin en primer lugar a la obligacin de los Poderes Pblicos de asegurar la proteccin social, econmica y jurdica de la familia y dentro de sta, con carcter singular, la de los menores.

Esta preocupacin por dotar al menor de un adecuado marco jurdico de proteccin trasciende tambin de diversos Tratados Internacionales ratificados en los ltimos aos por Espaa y, muy especialmente, de la Convencin de Derechos del Nio, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espaa el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una nueva filosofa en relacin con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que ste desempea en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el Parlamento Europeo que, a travs de la Resolucin A 3-0172/92, aprob la Carta Europea de los Derechos del Nio.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, en los ltimos aos, un importante proceso de renovacin de nuestro ordenamiento jurdico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificacin de la Filiacin, Patria Potestad y Rgimen Econmico del Matrimonio, que suprimi la distincin entre filiacin legtima e ilegtima, equipar al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introdujo la investigacin de la paternidad.

Despus se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artculos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopcin; la Ley Orgnica 5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocacin sexual en relacin con los menores; la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; y la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinacin de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva.

De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido cambios ms sustanciales en el mbito de la proteccin del menor.

A raz de la misma, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institucin del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilizacin de los procedimientos de proteccin del menor al permitir la asuncin automtica, por parte de la entidad pblica competente, de la tutela de aqul en los supuestos de desproteccin grave del mismo.

Asimismo, introdujo la consideracin de la adopcin como un elemento de plena integracin familiar, la configuracin del acogimiento familiar como una nueva institucin de proteccin del menor, la generalizacin del inters superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aqul, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relacin con los menores, as como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes innovaciones que introdujo, su aplicacin ha ido poniendo de manifiesto determinadas lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgacin ha hecho surgir nuevas necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto pblicas como privadas -las dos Cmaras Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones relacionadas con los menores-, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.

2

La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de proteccin del menor reguladas en el Cdigo Civil.

En este sentido -y aunque el ncleo central de la Ley lo constituye, como no poda ser de otra forma, la modificacin de los correspondientes preceptos del citado Cdigo-, su contenido trasciende los lmites de ste para construir un amplio marco jurdico de proteccin que vincula a todos los Poderes Pblicos, a las instituciones especficamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del nio y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construccin del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la proteccin de la infancia vigente en Espaa y en la mayora de los pases desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos.

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condicin de sujeto de derechos a las personas menores de edad. As, el concepto ser escuchado si tuviere suficiente juicio se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurdico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensin del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma restrictiva. Ms an, esas limitaciones deben centrarse ms en los procedimientos, de tal manera que se adoptarn aqullos que sean ms adecuados a la edad del sujeto.

El ordenamiento jurdico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepcin de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la bsqueda y satisfaccin de sus necesidades y en la satisfaccin de las necesidades de los dems.

El conocimiento cientfico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de proteccin y las necesidades relacionadas con la autonoma del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurdicamente la proteccin a la infancia es promover su autonoma como sujetos. De esta manera podrn ir construyendo progresivamente una percepcin de control acerca de su situacin personal y de su proyeccin de futuro. Este es el punto crtico de todos los sistemas de proteccin a la infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurdicos y los dispositivos de promocin y proteccin de las personas menores de edad. Esta es la concepcin del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su proteccin.

El Ttulo I comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en los Tratados Internacionales de los que Espaa es parte, que adems deben ser utilizados como mecanismo de interpretacin de las distintas normas de aplicacin a las personas menores de edad.

Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad de matizar algunos de ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la necesaria proteccin que, por razn de la edad, los menores merecen.

As, con el fin de reforzar los mecanismos de garanta previstos en la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se prohbe la difusin de datos o imgenes referidos a menores de edad en los medios de comunicacin cuando sea contrario a su inters, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que puede ser objeto de manipulacin incluso por sus propios representantes legales o grupos en que se mueve. Completa esta modificacin la legitimacin activa al Ministerio Fiscal.

El derecho a la participacin de los menores tambin se ha recogido expresamente en el articulado, con referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas, establecindose el requisito de la autorizacin de los padres, tutores o guardadores.

La Ley regula los principios generales de actuacin frente a situaciones de desproteccin social, incluyendo la obligacin de la entidad pblica de investigar los hechos que conozca para corregir la situacin mediante la intervencin de los Servicios Sociales o, en su caso, asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.

De igual modo, se establece la obligacin de toda persona que detecte una situacin de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la autoridad o sus agentes ms prximos. Con carcter especfico se prev, asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades pblicas competentes la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificacin, del centro escolar.

De innovadora se puede calificar la distincin, dentro de las situaciones de desproteccin social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervencin de la entidad pblica. Mientras en las situaciones de riesgo, caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separacin del ncleo familiar, la citada intervencin se limita a intentar eliminar, dentro de la institucin familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extraccin del menor de la familia, aqulla se concreta en la asuncin por la entidad pblica de la tutela del menor y la consiguiente suspensin de la patria potestad o tutela ordinaria.

Subyace a lo largo de la Ley una preocupacin basada en la experiencia extrada de la aplicacin de la Ley 21/1987, por agilizar y clarificar los trmites de los procedimientos administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que ste no quede indefenso o desprotegido en ningn momento.

Esta es la razn por la que, adems de establecerse como principio general, el de que toda actuacin habr de tener fundamentalmente en cuenta el inters del menor y no interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien la existencia de la situacin de desamparo debern notificarse a los padres, tutores y guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informndoles, asimismo, y, a ser posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar a la intervencin de la Administracin y de los posibles efectos de la decisin adoptada.

Respecto a las medidas que los Jueces pueden adoptar para evitar situaciones perjudiciales para los hijos, que contempla actualmente el Cdigo Civil en el artculo 158, se amplan a todos los menores, y a situaciones que exceden del mbito de las relaciones paterno-filiales, hacindose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda, y se establece la posibilidad de que el Juez las adopte con carcter cautelar al inicio o en el curso de cualquier proceso civil o penal.

En definitiva, se trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aqullos.

Mencin especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. Este puede constituirse por la entidad pblica competente cuando concurre el consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea ste quien constituya el acogimiento. La aplicacin de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las entidades pblicas a internar a los menores en algn centro, incluso en aquellos casos en los que la familia extensa ha manifestado su intencin de acoger al menor, por no contar con la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicolgico y emocional que ello lleva consigo para los nios, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un ambiente familiar.

Para remediar esta situacin, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad pblica pueda acordar en inters del menor un acogimiento provisional en familia. Este podr ser acordado por la entidad pblica cuando los padres no consientan o se opongan al acogimiento, y subsistir mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se produzca resolucin judicial. De esta manera, se facilita la constitucin del acogimiento de aquellos nios sobre los que sus padres han mostrado el mximo desinters.

Hasta ahora, la legislacin conceba el acogimiento como una situacin temporal y por tanto la regulacin del mismo no haca distinciones respecto a las distintas circunstancias en que poda encontrarse el menor, dando siempre a la familia acogedora una autonoma limitada en cuanto al cuidado del menor.

Una reflexin que actualmente se est haciendo en muchos pases es si las instituciones jurdicas de proteccin de menores dan respuesta a la diversidad de situaciones de desproteccin en la que stos se encuentran. La respuesta es que tanto la diversificacin de instituciones jurdicas como la flexibilizacin de las prcticas profesionales, son indispensables para mejorar cualitativamente los sistemas de proteccin a la infancia. Esta Ley opta en esta direccin, flexibilizando la acogida familiar y adecuando el marco de relaciones entre los acogedores y el menor acogido en funcin de la estabilidad de la acogida.

Atendiendo a la finalidad del mismo, se recogen tres tipos de acogimiento. Junto al acogimiento simple, cuando se dan las condiciones de temporalidad, en las que es relativamente previsible el retorno del menor a su familia, se introduce la posibilidad de constituirlo con carcter permanente, en aquellos casos en los que la edad u otras circunstancias del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad, ampliando la autonoma de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del menor, mediante la atribucin por el Juez de aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeo de sus responsabilidades. Tambin se recoge expresamente la modalidad del acogimiento preadoptivo que en la Ley 21/1987 apareca nicamente en la exposicin de motivos, y que tambin existe en otras legislaciones. Esta Ley prev la posibilidad de establecer un perodo preadoptivo, a travs de la formalizacin de un acogimiento con esta finalidad, bien sea porque la entidad pblica eleve la propuesta de adopcin de un menor o cuando considere necesario establecer un perodo de adaptacin del menor a la familia antes de elevar al Juez dicha propuesta.

Con ello, se subsanan las insuficiencias de que adoleca el artculo 173.1 del Cdigo Civil diferenciando entre los distintos tipos de acogimiento en funcin de que la situacin de la familia pueda mejorar y que el retorno del menor no implique riesgos para ste, que las circunstancias aconsejen que se constituya con carcter permanente, o que convenga constituirlo con carcter preadoptivo. Tambin se contemplan los extremos que deben recogerse en el documento de formalizacin que el Cdigo Civil exige.

En materia de adopcin, la Ley introduce la exigencia del requisito de idoneidad de los adoptantes, que habr de ser apreciado por la entidad pblica, si es sta la que formula la propuesta, o directamente por el Juez, en otro caso. Este requisito, si bien no estaba expresamente establecido en nuestro derecho positivo, su exigencia aparece explcitamente en la Convencin de los Derechos del Nio y en el Convenio de La Haya sobre proteccin de menores y cooperacin en materia de adopcin internacional y se tena en cuenta en la prctica en los procedimientos de seleccin de familias adoptantes.

La Ley aborda la regulacin de la adopcin internacional. En los ltimos aos se ha producido un aumento considerable de las adopciones de nios extranjeros por parte de adoptantes espaoles. En el momento de la elaboracin de la Ley 21/1987 no era un fenmeno tan extendido y no haba suficiente perspectiva para abordarlo en dicha reforma. La Ley diferencia las funciones que han de ejercer directamente las entidades pblicas de aquellas funciones de mediacin que puedan delegar en agencias privadas que gocen de la correspondiente acreditacin. Asimismo, establece las condiciones y requisitos para la acreditacin de estas agencias, entre los que es de destacar la ausencia de fin de lucro por parte de las mismas.

Adems se modifica el artculo 9.5 del Cdigo Civil estableciendo la necesidad de la idoneidad de los adoptantes para la eficacia en nuestro pas de las adopciones constituidas en el extranjero, dando de esta manera cumplimiento al compromiso adquirido en el momento de la ratificacin de la Convencin de Derechos del Nio de Naciones Unidas que obliga a los Estados Parte a velar porque los nios o nias que sean adoptados en otro pas gocen de los mismos derechos que los nacionales en la adopcin.

Finalmente, se abordan tambin en la presente Ley algunos aspectos de la tutela, desarrollando aquellos artculos del Cdigo Civil que requieren matizaciones cuando afecten a menores de edad. As, la tutela de un menor de edad debe tender, cuando sea posible, a la integracin del menor en la familia del tutor. Adems se introduce como causa de remocin la existencia de graves y reiterados problemas de convivencia y se da en este procedimiento audiencia al menor.

En todo el texto aparece reforzada la intervencin del Ministerio Fiscal, siguiendo la tendencia iniciada con la Ley 21/1987, ampliando los cauces de actuacin de esta institucin, a la que, por su propio Estatuto, corresponde la representacin de los menores e incapaces que carezcan de representacin legal.

Otra cuestin que se aborda en la Ley es el internamiento del menor en centro psiquitrico y que con el objetivo de que se realice con las mximas garantas por tratarse de un menor de edad, se somete a la autorizacin judicial previa y a las reglas del artculo 211 del Cdigo Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, el menor al presunto incapaz y no considerando vlido el consentimiento de sus padres para que el internamiento se considere voluntario, excepcin hecha del internamiento de urgencia.

3

La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de competencias entre Estado y Comunidades Autnomas.

En este sentido, la Ley regula aspectos relativos a la legislacin civil y procesal y a la Administracin de Justicia, para los que goza de habilitacin constitucional especfica en los apartados 5., 6. y 8. del artculo 149.1.

No obstante, se dejan a salvo, en una disposicin final especfica, las competencias de las Comunidades Autnomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para las que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones especficas vigentes en aqullas.

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carcter administrativo, se especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autnomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las asumidas por aqullas en sus respectivos Estatutos.

4

Por ltimo se incorpora a la Ley la modificacin de una serie de artculos del Cdigo Civil con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las sucesivas reformas parciales operadas en el Cdigo.

Al margen de otras reformas que tan slo afectaron tangencialmente a la institucin de la tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modific el Ttulo X del Libro I del Cdigo Civil, rubricado De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados y mejor el rgimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Cdigo Civil. Asimismo, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redaccin a los artculos que regulan la tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades pblicas y cuya reforma ahora se aborda.

La coexistencia de estas dos vertientes de la institucin de la tutela demanda una armona interna en el Cdigo Civil que la Seccin Primera, de Derecho Privado, de la Comisin General de Codificacin ha cubierto a travs de la modificacin de los artculos citados que, tras la reforma de 1983, ya resultaban incoherentes o de compleja aplicacin prctica.

De este modo, y dado que la Ley tiene como objetivo bsico la proteccin de los menores de edad a travs de la tutela administrativa se ha incorporado la modificacin de otros artculos en su gran mayora conexos con esta materia.


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

De los derechos y deberes de los menores

Se modifica la rbrica por el art. 1.1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio.Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 3: #ci]

CAPTULO I

mbito e inters superior del menor

Se modifica la rbrica por el art. 1.1 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.




[Bloque 4: #a1]

Artculo 1. Ambito de aplicacin.

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicacin a los menores de dieciocho aos que se encuentren en territorio espaol, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayora de edad.


[Bloque 5: #a2]

Artculo2. Inters superior del menor.

1. Todo menor tiene derecho a que su inters superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el mbito pblico como privado. En la aplicacin de la presente ley y dems normas que le afecten, as como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, pblicas o privadas, los Tribunales, o los rganos legislativos primar el inters superior de los mismos sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarn de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el inters superior del menor.

2. A efectos de la interpretacin y aplicacin en cada caso del inters superior del menor, se tendrn en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislacin especfica aplicable, as como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La proteccin del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfaccin de sus necesidades bsicas, tanto materiales, fsicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideracin de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, as como su derecho a participar progresivamente, en funcin de su edad, madurez, desarrollo y evolucin personal, en el proceso de determinacin de su inters superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizar la permanencia en su familia de origen y se preservar el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de proteccin, se priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su ncleo familiar, se valorarn las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolucin de la familia desde que se adopt la medida protectora y primando siempre el inters y las necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservacin de la identidad, cultura, religin, convicciones, orientacin e identidad sexual o idioma del menor, as como la no discriminacin del mismo por stas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armnico de su personalidad.

3. Estos criterios se ponderarn teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminacin por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientacin e identidad sexual, su condicin de refugiado, solicitante de asilo o proteccin subsidiaria, su pertenencia a una minora tnica, o cualquier otra caracterstica o circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integracin y desarrollo del menor en la sociedad, as como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situacin material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

e) La preparacin del trnsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderacin que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos debern ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el inters superior del menor no restrinja o limite ms derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro inters legtimo junto al inters superior del menor debern priorizarse las medidas que, respondiendo a este inters, respeten tambin los otros intereses legtimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legtimos concurrentes, deber primar el inters superior del menor sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en inters superior del menor debern valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda medida en el inters superior del menor deber ser adoptada respetando las debidas garantas del proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, odo y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervencin en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formacin suficiente para determinar las especficas necesidades de los nios con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contar con el informe colegiado de un grupo tcnico y multidisciplinar especializado en los mbitos adecuados.

c) La participacin de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

d) La adopcin de una decisin que incluya en su motivacin los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre s y con otros intereses presentes y futuros, y las garantas procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisin adoptada que no haya considerado el inters superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisin hagan necesario revisarla. Los menores gozarn del derecho a la asistencia jurdica gratuita en los casos legalmente previstos.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.




[Bloque 6: #cii]

CAPTULO II

Derechos del menor


[Bloque 7: #a3]

Artculo3. Referencia a Instrumentos Internacionales.

Los menores gozarn de los derechos que les reconoce la Constitucin y los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte, especialmente la Convencin de Derechos del Nio de Naciones Unidas y la Convencin de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los dems derechos garantizados en el ordenamiento jurdico, sin discriminacin alguna por razn de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religin, lengua, cultura, opinin o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y dems disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarn de conformidad con los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convencin de los Derechos del Nio de Naciones Unidas y la Convencin de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los poderes pblicos garantizarn el respeto de los derechos de los menores y adecuarn sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

Se modifica por el art. 1.3 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.




[Bloque 8: #a4]

Artculo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende tambin la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, as como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusin de informacin o la utilizacin de imgenes o nombre de los menores en los medios de comunicacin que puedan implicar una intromisin ilegtima en su intimidad, honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses, determinar la intervencin del Ministerio Fiscal, que instar de inmediato las medidas cautelares y de proteccin previstas en la Ley y solicitar las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisin ilegtima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilizacin de su imagen o su nombre en los medios de comunicacin que pueda implicar menoscabo de su honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podr actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, fsica, jurdica o entidad pblica.

5. Los padres o tutores y los poderes pblicos respetarn estos derechos y los protegern frente a posibles ataques de terceros.


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Derecho a la informacin.

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informacin adecuada a su desarrollo. Se prestar especial atencin a la alfabetizacin digital y meditica, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en lnea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilizacin de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin as como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

2. Los padres o tutores y los poderes pblicos velarn porque la informacin que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

3. Las Administraciones Pblicas incentivarn la produccin y difusin de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarn el acceso de los menores a los servicios de informacin, documentacin, bibliotecas y dems servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilizacin sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

En particular, velarn porque los medios de comunicacin en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los dems, eviten imgenes de violencia, explotacin en las relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el mbito de la autorregulacin, las autoridades y organismos competentes impulsarn entre los medios de comunicacin, la generacin y supervisin del cumplimiento de cdigos de conducta destinados a salvaguardar la promocin de los valores anteriormente descritos, limitando el acceso a imgenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo contemplado en los cdigos de autorregulacin de contenidos aprobados. Se garantizar la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnolgico, para los menores con discapacidad.

Los poderes pblicos y los prestadores fomentarn el disfrute pleno de la comunicacin audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prcticas que evite cualquier discriminacin o repercusin negativa hacia dichas personas.

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la programacin dirigida a stos, no les perjudique moral o fsicamente, podr ser regulada por normas especiales.

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a las Administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificacin de publicidad ilcita.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 1.2 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 10: #a6]

Artculo 6. Libertad ideolgica.

1. El menor tiene derecho a la libertad de ideologa, conciencia y religin.

2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene nicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los dems.

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Derecho de participacin, asociacin y reunin.

1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artstica y recreativa de su entorno, as como a una incorporacin progresiva a la ciudadana activa.

Los poderes pblicos promovern la constitucin de rganos de participacin de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

Se garantizar la accesibilidad de los entornos y la provisin de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artstica y recreativa.

2. Los menores tienen el derecho de asociacin que, en especial, comprende:

a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos polticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Los menores podrn formar parte de los rganos directivos de estas asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, debern haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad.

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociacin impida o perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona fsica o jurdica, o entidad pblica, podr dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurdicas de proteccin que estime necesarias.

3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas, convocadas en los trminos establecidos por la Ley.

En iguales trminos, tienen tambin derecho a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.3 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 12: #a8]

Artculo 8. Derecho a la libertad de expresin.

1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresin en los trminos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresin tiene tambin su lmite en la proteccin de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artculo 4 de esta Ley.

2. En especial, el derecho a la libertad de expresin de los menores se extiende:

a) A la publicacin y difusin de sus opiniones.

b) A la edicin y produccin de medios de difusin.

c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones pblicas establezcan con tal fin.

3. El ejercicio de este derecho podr estar sujeto a las restricciones que prevea la Ley para garantizar el respeto de los derechos de los dems o la proteccin de la seguridad, salud, moral u orden pblico.


[Bloque 13: #a9]

Artculo9. Derecho a ser odo y escuchado.

1. El menor tiene derecho a ser odo y escuchado sin discriminacin alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediacin en que est afectado y que conduzca a una decisin que incida en su esfera personal, familiar o social, tenindose debidamente en cuenta sus opiniones, en funcin de su edad y madurez. Para ello, el menor deber recibir la informacin que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrn carcter preferente, y se realizarn de forma adecuada a su situacin y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para l, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informndole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinin, con pleno respeto a todas las garantas del procedimiento.

2. Se garantizar que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por s mismo o a travs de la persona que designe para que le represente. La madurez habr de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce aos cumplidos.

Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por s mismo ser asistido, en su caso, por intrpretes. El menor podr expresar su opinin verbalmente o a travs de formas no verbales de comunicacin.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inters del menor se podr conocer la opinin del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a travs de otras personas que, por su profesin o relacin de especial confianza con l, puedan transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en va administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolucin ser motivada en el inters superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explcitamente los recursos existentes contra tal decisin. En las resoluciones sobre el fondo habr de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, as como su valoracin.

Se modifica por el art. 1.4 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.




[Bloque 14: #ciii]

CAPTULO III

Deberes del menor

Se aade por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 15: #a9bis]

Artculo 9 bis. Deberes de los menores.

1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, debern asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los mbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.

2. Los poderes pblicos promovern la realizacin de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminacin y accesibilidad universal.

Se aade por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 16: #a9ter]

Artculo 9 ter. Deberes relativos al mbito familiar.

1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos as como a otros familiares.

2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizacin de las tareas domsticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonoma personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Se aade por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 17: #a9quater]

Artculo 9 quter. Deberes relativos al mbito escolar.

1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, as como al resto de sus compaeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A travs del sistema educativo se implantar el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilizacin en el entorno docente de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.

Se aade por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 18: #a9quinquies]

Artculo 9 quinquies. Deberes relativos al mbito social.

1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.

2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o tnico, religin, sexo, orientacin e identidad sexual, discapacidad, caractersticas fsicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, as como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos pblicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservacin dentro de un desarrollo sostenible.

Se aade por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 19: #civ-2]

CAPTULO IV

Medidas y principios rectores de la accin administrativa

Se renumera por el art. 1.4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 20: #a10]

Artculo 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.

1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Pblicas, o a travs de sus entidades colaboradoras, la informacin en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, as como a que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garanta de sus derechos el menor puede:

a) Solicitar la proteccin y tutela de la entidad pblica competente.

b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que ste promueva las acciones oportunas.

c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonmicas homlogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se har cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitndoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizndoles la confidencialidad.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones pblicas.

e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la proteccin y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podr actuar en defensa de los derechos de los menores.

f) Presentar denuncias individuales al Comit de Derechos del Nio, en los trminos de la Convencin sobre los Derechos del Nio y de la normativa que la desarrolle.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en Espaa tienen derecho a la educacin, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales bsicas, en las mismas condiciones que los menores espaoles. Las Administraciones Pblicas velarn por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompaados, los que presenten necesidades de proteccin internacional, los menores con discapacidad y los que sean vctimas de abusos sexuales, explotacin sexual, pornografa infantil, de trata o de trfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes pblicos, en el diseo y elaboracin de las polticas pblicas, tendrn como objetivo lograr la plena integracin de los menores extranjeros en la sociedad espaola, mientras permanezcan en el territorio del Estado espaol, en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social.

4. Cuando la Entidad Pblica asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en Espaa, la Administracin General del Estado le facilitar, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentacin del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pblica, la documentacin acreditativa de su situacin y la autorizacin de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pas de origen, y segn lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjera e inmigracin.

5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Pblicas, el reconocimiento de su condicin de asegurado en relacin con la asistencia sanitaria se realizar de oficio, previa presentacin de la certificacin de su tutela o guarda expedida por la Entidad Pblica, durante el periodo de duracin de las mismas.

Se modifican los apartados 1 a 4 y se aade el apartado 5 por el art. 1.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Se modifica la letra c) y se aade la e) al apartado 2 por el art. 1.5 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.





[Bloque 21: #a11]

Artculo 11. Principios rectores de la accin administrativa.

1. Las Administraciones Pblicas facilitarn a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.

Las Administraciones Pblicas, en los mbitos que les son propios, articularn polticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrn derecho a acceder a tales servicios por s mismos o a travs de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendrn el deber de utilizarlos en inters de los menores.

Se impulsarn polticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podr quedar afectado por falta de recursos sociales bsicos. Se garantizar a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Pblicas debern tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educacin, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espectculos, medios de comunicacin, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologas (TICs).

Las Administraciones Pblicas tendrn particularmente en consideracin la adecuada regulacin y supervisin de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones fsico-ambientales, higinico-sanitarias, de accesibilidad y diseo universal y de recursos humanos, as como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participacin de los menores y a las dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Sern principios rectores de la actuacin de los poderes pblicos en relacin con los menores:

a) La supremaca de su inters superior.

b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su inters, en cuyo caso se garantizar la adopcin de medidas de proteccin familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

c) Su integracin familiar y social.

d) La prevencin y la deteccin precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

e) La sensibilizacin de la poblacin ante situaciones de desproteccin.

f) El carcter educativo de todas las medidas que se adopten.

g) La promocin de la participacin, voluntariado y solidaridad social.

h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurdica en la actuacin protectora, garantizando el carcter colegiado e interdisciplinar en la adopcin de medidas que les afecten.

i) La proteccin contra toda forma de violencia, incluido el maltrato fsico o psicolgico, los castigos fsicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotacin, la realizada a travs de las nuevas tecnologas, los abusos sexuales, la corrupcin, la violencia de gnero o en el mbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, as como la trata y el trfico de seres humanos, la mutilacin genital femenina y cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminacin por cualquier circunstancia.

k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, as como su inclusin y participacin plenas y efectivas.

l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientacin e identidad sexual.

m)  El respeto y la valoracin de la diversidad tnica y cultural.

3. Los poderes pblicos desarrollarn actuaciones encaminadas a la sensibilizacin, prevencin, deteccin, notificacin, asistencia y proteccin de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinacin y la colaboracin entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto pblicos como privados, para garantizar una actuacin integral.

4. Las Entidades Pblicas dispondrn de programas y recursos destinados al apoyo y orientacin de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayora de edad y queden fuera del sistema de proteccin, con especial atencin a los que presentan discapacidad.

Se modifica por el art. 1.6 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 22: #tii]

TTULO II

Actuaciones en situacin de desproteccin social del menor e instituciones de proteccin de menores


[Bloque 23: #ci-2]

CAPTULO I

Actuaciones en situaciones de desproteccin social del menor


[Bloque 24: #a12]

Artculo 12. Actuaciones de proteccin.

1. La proteccin de los menores por los poderes pblicos se realizar mediante la prevencin, deteccin y reparacin de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaracin de desamparo, la asuncin de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de proteccin debern primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

2. Los poderes pblicos velarn para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarn servicios accesibles de prevencin, asesoramiento y acompaamiento en todas las reas que afectan al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una vctima de violencia de gnero o domstica, las actuaciones de los poderes pblicos estarn encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aqulla, as como su proteccin, atencin especializada y recuperacin.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayora de edad de una persona, ser considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deber realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realizacin de pruebas mdicas para la determinacin de la edad de los menores se someter al principio de celeridad, exigir el previo consentimiento informado del afectado y se llevar a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.

5. Cualquier medida de proteccin no permanente que se adopte respecto de menores de tres aos se revisar cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisin tendr lugar el primer ao cada seis meses y, a partir del segundo ao, cada doce meses.

6. Adems, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pblica remitir al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situacin de un determinado menor cuando ste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos aos, debiendo justificar la Entidad Pblica las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de carcter ms estable en ese intervalo.

7. Los poderes pblicos garantizarn los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopcin o instituciones similares, velando al mximo por el inters superior del menor. Asimismo, garantizarn que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultacin, abandono, negligencia o segregacin velarn porque se proporcione con anticipacin informacin, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Se modifica por el art. 1.7 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 25: #a13]

Artculo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesin o funcin detecten una situacin de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarn a la autoridad o sus agentes ms prximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no est escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificacin, durante el perodo obligatorio, deber ponerlo en conocimiento de las autoridades pblicas competentes, que adoptarn las medidas necesarias para su escolarizacin.

3. Las autoridades y las personas que por su profesin o funcin conozcan el caso actuarn con la debida reserva.

En las actuaciones se evitar toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

4. Toda persona que tuviera noticia, a travs de cualquier fuente de informacin, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotacin de menores, tendr la obligacin de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin procesal penal.

5. Ser requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algn delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresin y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacin sexual, prostitucin y explotacin sexual y corrupcin de menores, as como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber acreditar esta circunstancia mediante la aportacin de una certificacin negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Se modifica el apartado 1 y se aaden los apartados 4 y 5 por el art. 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 26: #a14]

Artculo 14. Atencin inmediata.

Las autoridades y servicios pblicos tendrn la obligacin de prestar la atencin inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su mbito de competencias o de dar traslado en otro caso al rgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pblica y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pblica podr asumir, en cumplimiento de la obligacin de prestar la atencin inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artculo 172.4 del Cdigo Civil, que ser comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situacin real de desamparo.

Se modifica por el art. 1.9 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 27: #a15]

Artculo 15. Principio de colaboracin.

En toda intervencin se procurar contar con la colaboracin del menor y su familia y no interferir en su vida escolar, social o laboral.


[Bloque 28: #a16]

Artculo 16. Evaluacin de la situacin.

Las entidades pblicas competentes en materia de proteccin de menores estarn obligadas a verificar la situacin denunciada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en funcin del resultado de aquella actuacin.


[Bloque 29: #a17]

Artculo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.

1. Se considerar situacin de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaran su declaracin de situacin de desamparo y la asuncin de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervencin de la administracin pblica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptacin que le afectan y evitar su desamparo y exclusin social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerar indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situacin salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerar indicador de riesgo, pero nunca podr desembocar en la separacin del entorno familiar.

2. En situacin de riesgo de cualquier ndole, la intervencin de la administracin pblica competente deber garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientar a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situacin personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su proteccin y preservacin del entorno familiar.

3. La intervencin en la situacin de riesgo corresponde a la administracin pblica competente conforme a lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicable, en coordinacin con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo mbito territorial o cualesquiera otras.

4. La valoracin de la situacin de riesgo conllevar la elaboracin y puesta en marcha de un proyecto de intervencin social y educativo familiar que deber recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsin de plazos, promoviendo los factores de proteccin del menor y manteniendo a ste en su medio familiar. Se procurar la participacin de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboracin del proyecto. En cualquier caso, ser oda y tenida en cuenta la opinin de stos en el intento de consensuar el proyecto, que deber ser firmado por las partes, para lo que se les comunicar de manera comprensible y en formato accesible. Tambin se comunicar y consultar con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce aos.

5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborarn activamente, segn su capacidad, en la ejecucin de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisin de la colaboracin prevista en el mismo dar lugar a la declaracin de la situacin de riesgo del menor.

6. La situacin de riesgo ser declarada por la administracin pblica competente conforme a lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicable mediante una resolucin administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce aos. La resolucin administrativa incluir las medidas tendentes a corregir la situacin de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolucin administrativa que declare la situacin de riesgo del menor, se podr interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. Cuando la administracin pblica competente est desarrollando una intervencin ante una situacin de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al mbito de otra entidad territorial, la administracin pblica de origen lo pondr en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, sta contine la intervencin que se vena realizando, con remisin de la informacin y documentacin necesaria. Si la administracin pblica de origen desconociera el lugar de destino, podr solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguacin. Una vez conocida la localizacin del menor, se pondr en conocimiento de la Entidad Pblica competente en dicho territorio, que continuar la intervencin.

8. En los supuestos en que la administracin pblica competente para apreciar e intervenir en la situacin de riesgo estime que existe una situacin de desproteccin que puede requerir la separacin del menor de su mbito familiar o cuando, concluido el perodo previsto en el proyecto de intervencin o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeo de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondr en conocimiento de la Entidad Pblica a fin de que valore la procedencia de declarar la situacin de desamparo, comunicndolo al Ministerio Fiscal.

Cuando la Entidad Pblica considere que no procede declarar la situacin de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administracin pblica competente para apreciar la situacin de riesgo, lo pondr en conocimiento de la administracin pblica que haya intervenido en la situacin de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este ltimo har una supervisin de la situacin del menor, pudiendo para ello recabar la colaboracin de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.

9. La administracin pblica competente para intervenir en la situacin de riesgo adoptar, en colaboracin con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevencin, intervencin y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaracin de situacin de riesgo o desamparo del recin nacido. A tales efectos, se entender por situacin de riesgo prenatal la falta de cuidado fsico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as como cualquier otra accin propia de la mujer o de terceros tolerada por sta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalas fsicas, mentales o sensoriales al recin nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario debern notificar esta situacin a la administracin pblica competente, as como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendr la intervencin con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situacin de riesgo o desamparo del menor para su adecuada proteccin.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos mdicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad fsica o psquica de un menor constituye una situacin de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondrn inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a travs del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisin correspondiente en salvaguarda del mejor inters del menor.

Se modifica por el art. 1.10 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 30: #a18]

Artculo 18. Actuaciones en situacin de desamparo.

1. Cuando la Entidad Pblica constate que el menor se encuentra en situacin de desamparo, actuar en la forma prevista en el artculo 172 y siguientes del Cdigo Civil, asumiendo la tutela de aqul por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de proteccin y ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artculo 172 y siguientes del Cdigo Civil, se considerar situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La situacin de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podr ser tenida en cuenta para la valoracin de la situacin de desamparo. Asimismo, en ningn caso se separar a un menor de sus progenitores en razn de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerar un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situacin, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entender que existe situacin de desamparo cuando se d alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad fsica o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque stas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estn en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada ms all del plazo de dos aos.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad fsica del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos fsicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; tambin cuando el menor sea identificado como vctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecucin de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. Tambin se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recin nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicolgico continuado o a la falta de atencin grave y crnica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atencin est condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboracin suficiente durante el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

f) La induccin a la mendicidad, delincuencia o prostitucin, o cualquier otra explotacin del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarizacin o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la induccin al absentismo escolar durante las etapas de escolarizacin obligatoria.

h) Cualquier otra situacin gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

3. Cada Entidad Pblica designar al rgano que ejercer la tutela de acuerdo con sus estructuras orgnicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de proteccin desde la Comunidad Autnoma que la adopt a otra distinta, corresponde a sta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo mximo de tres meses desde que esta ltima sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autnoma de origen y sea previsible una reintegracin familiar a corto o medio plazo, se mantendr la medida adoptada y la Entidad Pblica del lugar de residencia del menor colaborar en el seguimiento de la evolucin de ste. Tampoco ser necesaria la adopcin de nuevas medidas de proteccin en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autnoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autnomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situacin de posible desproteccin de un menor de nacionalidad espaola que se encuentre fuera del territorio nacional, para su proteccin en Espaa ser competente la Entidad Pblica correspondiente a la Comunidad Autnoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, ser competente la Entidad Pblica correspondiente a la Comunidad Autnoma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores vnculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, ser competente la Entidad Pblica de la Comunidad Autnoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su ltima residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de Espaa hubiera sido objeto de una medida de proteccin previamente a su desplazamiento, ser competente la Entidad Pblica que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrn de resolverse conforme a los principios de celeridad y de inters superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administracin General del Estado se encargar del traslado del menor a Espaa. La Comunidad Autnoma que corresponda asumir la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en Espaa.

6. En los supuestos en que las medidas de proteccin adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en Espaa, se atender, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estar a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para Espaa y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estar a las normas espaolas de produccin interna sobre eficacia en Espaa de medidas de proteccin de menores.

Se modifica por el art. 1.11 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 31: #a19]

Artculo 19. Guarda de menores.

1. Adems de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situacin de desamparo, la Entidad Pblica deber asumir la guarda en los trminos previstos en el artculo 172 bis del Cdigo Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

2. La guarda voluntaria tendr una duracin mxima de dos aos, salvo que el inters superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prrroga de la medida por la previsible reintegracin familiar en un plazo breve de tiempo.

En estos supuestos de guarda voluntaria ser necesario el compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervencin profesional.

Se modifica por el art. 1.12 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 32: #a19bis]

Artculo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela.

1. Cuando la Entidad Pblica asuma la tutela o guarda del menor elaborar un plan individualizado de proteccin que establecer los objetivos, la previsin y el plazo de las medidas de intervencin a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegracin familiar.

En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pblica garantizar la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopcin de otros ms adecuados para sus necesidades.

2. Cuando del pronstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la Entidad Pblica aplicar el programa de reintegracin familiar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompaados.

3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen ser imprescindible que se haya comprobado una evolucin positiva de la misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vnculos, que concurra el propsito de desempear las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a travs del correspondiente informe tcnico. En los casos de acogimiento familiar, deber ponderarse, en la toma de decisin sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integracin en la familia de acogida y su entorno, as como el desarrollo de vnculos afectivos con la misma.

4. Cuando se proceda a la reunificacin familiar, la Entidad Pblica realizar un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

5. En el caso de los menores extranjeros no acompaados, se procurar la bsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inters superior y no coloque al menor o a su familia en una situacin que ponga en riesgo su seguridad.

6. Las menores y las jvenes sujetas a medidas de proteccin que estn embarazadas, recibirn el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situacin. En el plan individual de proteccin se contemplar esta circunstancia, as como la proteccin del recin nacido.

Se aade por el art. 1.13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 33: #a20]

Artculo 20. Acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir las modalidades establecidas en el Cdigo Civil y, en razn de la vinculacin del menor con la familia acogedora, podr tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

El acogimiento en familia ajena podr ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificacin, experiencia y formacin especfica para desempear esta funcin respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensacin econmica, sin suponer en ningn caso una relacin laboral.

El acogimiento especializado podr ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificacin, experiencia y formacin especfica, exista una relacin laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pblica.

2. El acogimiento familiar se formalizar por resolucin de la Entidad Pblica que tenga la tutela o la guarda, previa valoracin de la adecuacin de la familia para el acogimiento. En esta valoracin se tendr en cuenta su situacin familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda ndole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivacin y la naturaleza y finalidad del acogimiento segn su modalidad, as como la disposicin a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atencin y, si lo hubiera, del programa de reintegracin familiar, propiciando la relacin del menor con su familia de procedencia. El rgimen de visitas podr tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando as lo aconseje el inters superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento as lo aconseje, se valorar la adecuacin de la edad de los acogedores con la del menor acogido, as como la relacin previa entre ellos, priorizando, salvo que el inters del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, renan condiciones adecuadas para el acogimiento.

3. A la resolucin de formalizacin del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior, acordada conforme a los trminos previstos en el Cdigo Civil, se acompaar un documento anexo que incluir los siguientes extremos:

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.

b) Los consentimientos y audiencias necesarias.

c) La modalidad del acogimiento, duracin prevista para el mismo, as como su carcter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razn de la vinculacin del menor con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

1. El rgimen de visitas, estancia, relacin o comunicacin, en los supuestos de declaracin de desamparo, por parte de la familia de origen, que podr modificarse por la Entidad Pblica en atencin al inters superior del menor.

2. El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pblica de los daos que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

3. La asuncin por parte de los acogedores de los gastos de manutencin, educacin y atencin socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en funcin de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la Entidad Pblica y el compromiso de colaboracin con dicho seguimiento por parte de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.

g) La compensacin econmica, apoyos tcnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.

h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.

La resolucin y el documento anexo se remitirn al Ministerio Fiscal en el plazo mximo de un mes.

Se modifica por el art. 1.14 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 34: #a20bis]

Artculo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares.

1. Los acogedores familiares tendrn derecho a:

a) Recibir informacin acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, as como preparacin previa, seguimiento y apoyo tcnico especializado durante y al trmino del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrn derecho a orientacin, acompaamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

b) Ser odos por la Entidad Pblica antes de que sta adopte cualquier resolucin que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el rgimen de visitas o de relacin o comunicacin con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de proteccin as como de las medidas de proteccin relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones peridicas y a obtener informacin del expediente de proteccin del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepcin de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la proteccin de datos de carcter personal.

d) Ser parte en todos los procesos de oposicin a las medidas de proteccin y a la declaracin de situacin de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposicin relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.

e) Cooperar con la Entidad Pblica en los planes de actuacin y seguimiento establecidos para el acogimiento.

f) Disponer de la documentacin identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.

g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.

h) Ser respetados por el menor acogido.

i) Recabar el auxilio de la Entidad Pblica en el ejercicio de sus funciones.

j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pblica y no exista oposicin de sta.

k) Percibir una compensacin econmica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.

l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biolgicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.

m)  Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pblica entiende que conviniere a su inters superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislacin vigente.

) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pblica que debern ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 das y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.

o) La familia acogedora tendr los mismos derechos que la Administracin reconoce al resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrn los siguientes deberes:

a) Velar por el bienestar y el inters superior del menor, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una formacin integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros ms adecuados a sus necesidades.

b) Or al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 aos, sin exclusin alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad Pblica las peticiones que ste pueda realizar dentro de su madurez.

c) Asegurar la plena participacin del menor en la vida de familia.

d) Informar a la Entidad Pblica de cualquier hecho de trascendencia en relacin con el menor.

e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del rgimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegracin familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Pblicas en el desarrollo de la intervencin individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.

h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situacin familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideracin como base para el acogimiento.

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, as como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

j) Participar en las acciones formativas que se propongan.

k) Colaborar en el trnsito de la medida de proteccin del menor a la reintegracin a su entorno de origen, la adopcin, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopcin de una medida de proteccin ms estable.

l) Los acogedores familiares tendrn las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Se aade por el art. 1.15 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 35: #a21]

Artculo 21. Acogimiento residencial.

1. En relacin con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Pblicas y los servicios y centros donde se encuentren debern actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrn las siguientes obligaciones bsicas:

a) Asegurarn la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarn los derechos de los menores adaptando su proyecto general a las caractersticas personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo fsico, psicolgico, social y educativo en el marco del plan individualizado de proteccin que defina la Entidad Pblica.

b) Contarn con el plan individual de proteccin de cada menor que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecucin, en el cual se prever la preparacin del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarn todas sus decisiones en relacin con el acogimiento residencial de los menores en inters de los mismos.

d) Fomentarn la convivencia y la relacin entre hermanos siempre que ello redunde en inters de los menores y procurarn la estabilidad residencial de los menores, as como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor.

e) Promovern la relacin y colaboracin familiar, programndose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el inters del menor.

f) Potenciarn la educacin integral e inclusiva de los menores, con especial consideracin a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarn por su preparacin para la vida plena, de manera especial su escolarizacin y formacin.

En el caso de los menores de diecisis a dieciocho aos uno de los objetivos prioritarios ser la preparacin para la vida independiente, la orientacin e insercin laboral.

g) Poseern una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de proteccin, y tendrn recogido un procedimiento de formulacin de quejas y reclamaciones.

h) Administrarn los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripcin y seguimiento mdico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos se llevar un registro con la historia mdica de cada uno de los menores.

i) Revisarn peridicamente el plan individual de proteccin con el objeto de valorar la adecuacin del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarn las salidas de los menores en fines de semana y perodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.

k) Promovern la integracin normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.

l) Establecern los necesarios mecanismos de coordinacin con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de proteccin.

m)  Velarn por la preparacin para la vida independiente, promoviendo la participacin en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestin del centro, la autonoma y la asuncin progresiva de responsabilidades.

n) Establecern medidas educativas y de supervisin que garanticen la proteccin de los datos personales del menor al acceder a las tecnologas de la informacin y de la comunicacin y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el mbito de la proteccin debern estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad Pblica, debiendo respetar el rgimen de habilitacin lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado. Adems, debern existir estndares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pblica regular el rgimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial e inscribir en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atencin a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, nmero, ratio y cualificacin profesional de su personal, proyecto educativo, participacin de los menores en su funcionamiento interno y dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

Asimismo, la Entidad Pblica promover modelos de acogimiento residencial con ncleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecer la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis aos. No se acordar el acogimiento residencial para menores de tres aos salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inters superior del menor. Esta limitacin para acordar el acogimiento residencial se aplicar tambin a los menores de seis aos en el plazo ms breve posible. En todo caso, y con carcter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendr una duracin superior a tres meses.

4. A los efectos de asegurar la proteccin de los derechos de los menores, la Entidad Pblica deber realizar la inspeccin y supervisin de los centros y servicios semestralmente y siempre que as lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deber ejercer la vigilancia sobre las decisiones de acogimiento residencial que se adopten, as como la inspeccin sobre todos los servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administracin pblica competente podr adoptar las medidas adecuadas para garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carcter educativo, que no podrn atentar, en ningn caso, contra la dignidad de los menores. En casos graves de perturbacin de la convivencia, podrn limitarse las salidas del centro de acogida. Estas medidas debern ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de stos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias contra la convivencia en el mbito residencial, se dar cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

Se modifica por el art. 1.16 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 36: #a21bis]

Artculo 21 bis. Derechos de los menores acogidos.

1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendr derecho a:

a) Ser odo en los trminos del artculo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de oposicin a las medidas de proteccin y declaracin en situacin de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, y en funcin de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalizacin y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurdica gratuita cuando se encuentre en situacin de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pblica y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del rgimen de visitas, relacin y comunicacin establecido por la Entidad Pblica.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar la asuncin de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipacin la informacin, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoteraputico por parte de la Entidad Pblica, para superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoteraputico que sea necesario.

j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orgenes y parientes biolgicos, una vez alcanzada la mayora de edad.

2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, adems, los siguientes derechos:

a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.

b) Mantener relacin con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad Pblica entiende que conviniere a su inters superior y siempre que lo consintieren el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos, la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

c) Solicitar informacin o pedir, por s mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del acogimiento familiar.

3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, adems, los siguientes derechos:

a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.

b) Participar en la elaboracin de la programacin de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas.

c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atencin y reclamacin que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pblica.

Se aade por el art. 1.17 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 37: #a22]

Artculo 22. Informacin a los familiares.

La entidad pblica que tenga menores bajo su guarda o tutela deber informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situacin de aqullos cuando no exista resolucin judicial que lo prohba.


[Bloque 38: #a22bis]

Artculo 22 bis. Programas de preparacin para la vida independiente.

Las Entidades Pblicas ofrecern programas de preparacin para la vida independiente dirigidos a los jvenes que estn bajo una medida de proteccin, particularmente en acogimiento residencial o en situacin de especial vulnerabilidad, desde dos aos antes de su mayora de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participacin activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas debern propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, insercin socio-laboral, apoyo psicolgico y ayudas econmicas.

Se aade por el art. 1.18 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 39: #a22ter]

Artculo 22 ter. Sistema de informacin sobre la proteccin a la infancia y a la adolescencia.

Las Comunidades Autnomas y la Administracin General del Estado establecern un sistema de informacin compartido que permita el conocimiento uniforme de la situacin de la proteccin a la infancia y a la adolescencia en Espaa, y de ofrecimientos para el acogimiento y la adopcin, con datos desagregados por gnero y discapacidad, tanto a efectos de seguimiento de las medidas concretas de proteccin de menores como a efectos estadsticos. A estos mismos efectos se desarrollar el Registro Unificado de Maltrato Infantil.

Se aade por el art. 1.19 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 40: #a22quater]

Artculo 22 quter. Tratamiento de datos de carcter personal.

1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el captulo I del ttulo II de esta ley, las Administraciones Pblicas competentes podrn proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situacin del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Pblicas y privadas y, en general, cualquier persona facilitarn a las Administraciones Pblicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

2. Las entidades a las que se refiere el artculo 13 podrn tratar sin consentimiento del interesado la informacin que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto con la nica finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las Administraciones Pblicas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos recabados por las Administraciones Pblicas podrn utilizarse nica y exclusivamente para la adopcin de las medidas de proteccin establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garanta del inters superior del menor y slo podrn ser comunicados a las Administraciones Pblicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los rganos judiciales.

4. Los datos podrn ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio Fiscal, que los tratar para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la normativa que le es aplicable.

5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedar sometido a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y sus disposicin de desarrollo, siendo exigible la implantacin de las medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.

Se aade por el art. 1.20 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 41: #a22quinquies]

Artculo 22 quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.

Las memorias del anlisis de impacto normativo que deben acompaar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirn el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Se aade por el art. 1.21 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.

Texto aadido, publicado el 29/07/2015, en vigor a partir del 18/08/2015.


[Bloque 42: #cii-2]

CAPTULO II

De la tutela


[Bloque 43: #a23]

Artculo 23. Indices de tutelas.

Para el ejercicio de la funcin de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el Cdigo Civil respecto de la tutela asumida por la Entidad Pblica por ministerio de la ley, se llevar en cada Fiscala un ndice de Tutelas de Menores.

Se modifica por el art. 1.22 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 44: #ciii-2]

CAPTULO III

De la adopcin


[Bloque 45: #a24]

Artculo 24. Adopcin de menores.

La adopcin nacional e internacional se ajustar a lo establecido por la legislacin civil aplicable.

Se modifica por el art. 1.23 de la Ley 28/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470.




[Bloque 46: #civ]

CAPTULO IV

Centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 47: #a25]

Artculo25. Acogimiento residencial en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta.

1. Se sometern a las disposiciones previstas en este captulo, los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta dependientes de las Entidades Pblicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en los que est prevista la utilizacin de medidas de seguridad y de restriccin de libertades o derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estndares internacionales y a control de calidad, estarn destinados al acogimiento residencial de menores que estn en situacin de guarda o tutela de la Entidad Pblica, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando adems as est justificado por sus necesidades de proteccin y determinado por una valoracin psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizar exclusivamente cuando no sea posible la intervencin a travs de otras medidas de proteccin, y tendr como finalidad proporcionar al menor un marco adecuado para su educacin, la normalizacin de su conducta, su reintegracin familiar cuando sea posible, y el libre y armnico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas especficos en el marco de un proyecto educativo. As pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarn como ltimo recurso y tendrn siempre carcter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artculo19, ser necesario el compromiso de la familia a someterse a la intervencin profesional.

4. Estos centros dispondrn de una ratio adecuada entre el nmero de menores y el personal destinado a su atencin para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.

5. En el caso de menores con discapacidad, se continuar con los apoyos especializados que vinieran recibiendo o se adoptarn otros ms adecuados, incorporando en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a cabo.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Se deroga por la disposicin derogatoria nica de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2007-22438.





[Bloque 48: #a26]

Artculo26. Ingreso en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta.

1. La Entidad Pblica que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, estarn legitimados para solicitar la autorizacin judicial para el ingreso del menor en los centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de ingreso estar motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en proteccin de menores.

2. No podrn ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento especfico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atencin a las personas con discapacidad.

3. Para el ingreso de un menor en estos centros ser necesario que la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorizacin judicial, garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser odo segn lo establecido en el artculo9. Dicha autorizacin se otorgar tras la tramitacin del procedimiento regulado en el artculo778 bis de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deber pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, as como de limitarles temporalmente el rgimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la inmediata adopcin del ingreso, la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal podr acordarlo previamente a la autorizacin judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificacin del mismo para lo que deber aportar la informacin de que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolver en el plazo mximo de setenta y dos horas desde que reciba la comunicacin, dejndose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirn a su ingreso en el centro, informacin escrita sobre sus derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organizacin general, el rgimen educativo, el rgimen disciplinario y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Dicha informacin se transmitir de forma que se garantice su comprensin en atencin a la edad y a las circunstancias del menor.

5. Los menores no permanecern en el centro ms tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades especficas. El cese ser acordado por el rgano judicial que est conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pblica o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar fundamentada en un informe psicosocial.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 49: #a27]

Artculo27. Medidas de seguridad.

1. Las medidas de seguridad podrn consistir en la contencin mecnica o en la contencin fsica del menor, en su aislamiento o en registros personales y materiales.

Estas medidas tendrn una finalidad educativa y debern responder a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibicin del exceso, aplicndose con la mnima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y se llevarn a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor.

2. Las medidas de seguridad debern aplicarse por personal especializado y con formacin en materia de proteccin de menores. Este personal slo podr usar medidas de seguridad con los menores como ltimo recurso, en defensa propia o en casos de intentos de fuga, resistencia fsica a una orden o riesgo directo de autolesin, de lesiones a otros o daos graves a la propiedad.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopcin de decisiones sobre las medidas de seguridad, que debern ser motivadas y habrn de notificarse con carcter inmediato a la Entidad Pblica y al Ministerio Fiscal y podrn ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pblica, ante el rgano judicial que est conociendo del ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas debern registrarse en el Libro Registro de Incidencias, que ser supervisado por parte de la direccin del centro.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 50: #a28]

Artculo28. Medidas de contencin.

1. Las medidas de contencin podrn ser de tipo verbal y emocional, de tipo fsico y de tipo mecnico, en atencin a las circunstancias en presencia.

2. El personal de los centros nicamente podr utilizar medidas de contencin fsica o mecnica, previo intento de contencin verbal y emocional, sin uso de la fuerza fsica, si la situacin lo permite.

3. La contencin fsica solo podr consistir en la interposicin entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restriccin fsica de espacios y movimientos y, en ltima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizacin fsica.

4. La contencin mecnica solo ser admisible para evitar grave riesgo para la vida o la integridad fsica del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estrs o de trastorno del menor por otros medios. Deber realizarse con equipos homologados de contencin mecnica, bajo un estricto protocolo.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 51: #a29]

Artculo29. Aislamiento del menor.

1. El aislamiento de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida solo podr utilizarse en prevencin de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, as como de daos graves a sus instalaciones. Se aplicar puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningn caso como medida disciplinaria y se cumplir preferentemente en la propia habitacin del menor, y en caso de que esto no sea posible, se cumplir en otro espacio de similar habitabilidad y dimensiones.

2. El aislamiento no podr exceder de seis horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estar acompaado o supervisado por un educador.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 52: #a30]

Artculo30. Registros personales y materiales.

1. Los registros personales y materiales se llevarn a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona.

2. El registro personal y cacheo del menor se efectuar por el personal indispensable que requerir al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando implique alguna exposicin corporal, se realizar en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

Se utilizarn preferentemente medios electrnicos.

3. El personal del centro podr realizar el registro de las pertenencias del menor, pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesin que pudieran ser de ilcita procedencia, resultar dainos para s, para otros o para las instalaciones del centro o que no estn autorizados para menores de edad. Los registros materiales se debern comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 53: #a31]

Artculo31. Rgimen disciplinario.

1. El rgimen disciplinario en estos centros se fundar siempre en el proyecto socio-educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informar del mismo.

2. El procedimiento disciplinario ser el ltimo recurso a utilizar, dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolucin de conflictos e interaccin educativa. No podrn establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

3. En ningn caso podrn utilizarse las medidas contenidas en los artculos27 a30 con fines disciplinarios.

4. La regulacin autonmica sobre rgimen disciplinario deber ser suficiente y adecuada a los principios de la Constitucin, de esta ley y del ttulo IX de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, garantizando al menor la asistencia legal de un abogado independiente, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los menores y sin que en ningn caso se les pueda privar de los mismos.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 54: #a32]

Artculo32. Supervisin y control.

Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor del Pueblo, las instituciones autonmicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de ingreso del menor en el centro de proteccin especfico deber revisarse al menos trimestralmente por la Entidad Pblica, debiendo remitir al rgano judicial competente que autoriz el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el prrafo anterior, el Libro de Registro de Incidencias deber respetar, respecto a los cesionarios de datos, la adopcin de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 55: #a33]

Artculo33. Administracin de medicamentos.

1. La administracin de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su salud, deber tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre consentimiento informado, y en los trminos y condiciones previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica.

2. En todo caso, deber ser un facultativo mdico autorizado quien recete medicamentos sujetos a prescripcin mdica y realice el seguimiento de su correcta administracin y de la evolucin del tratamiento. A estos efectos se llevar un registro con la historia mdica de cada uno de los menores.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 56: #a34]

Artculo34. Rgimen de visitas y permisos de salida.

1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas slo podrn ser restringidas o suspendidas en inters del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso.

El derecho de visitas no podr ser restringido por la aplicacin de medidas disciplinarias.

2. El Director del centro de proteccin especfico de menores con problemas de conducta podr restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en inters del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso.

3. Las medidas limitativas del rgimen de visitas y de los permisos de salida debern ser notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la legislacin aplicable.

Dichas medidas podrn ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por el menor al que se garantizar asistencia legal de abogado independiente, ante el rgano judicial que est conociendo el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 57: #a35]

Artculo35. Rgimen de comunicaciones del menor.

1. Los menores ingresados en los centros tendrn derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonmicas homlogas. Este derecho no podr ser restringido por la aplicacin de medidas disciplinarias.

2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas sern libres y secretas.

Slo podrn ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en inters del menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso. La restriccin o suspensin del derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deber ser adoptada de acuerdo con la legislacin aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrn recurrirla ante el rgano jurisdiccional que autoriz el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Se aade por el art. 1.6 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Texto aadido, publicado el 23/07/2015, en vigor a partir del 12/08/2015.


[Bloque 58: #daprimera]

Disposicin adicional primera.

Se aplicarn las normas de la jurisdiccin voluntaria a las actuaciones que se sigan:

1. Para adoptar las medidas previstas en el artculo 158 del Cdigo Civil.

2. Contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley y la idoneidad de los solicitantes de adopcin.

3. Para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades pblicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o guarda de menores.

En el indicado procedimiento, los recursos se admitirn, en todo caso en un solo efecto.

Quedar siempre a salvo el ejercicio de las acciones en la va judicial ordinaria.


[Bloque 59: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda.

Para la inscripcin en el Registro espaol de las adopciones constituidas en el extranjero, el encargado del Registro apreciar la concurrencia de los requisitos del artculo 9.5 del Cdigo Civil.


[Bloque 60: #datercera]

Disposicin adicional tercera.

Con excepcin de las declaraciones de incapacitacin y de prodigalidad, las dems actuaciones judiciales previstas en los Ttulos IX y X del Libro I del Cdigo Civil se ajustarn al procedimiento previsto para la jurisdiccin voluntaria, con las siguientes particularidades:

1. Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarn de oficio en inters del menor o incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que estimen oportunas. Suplirn la pasividad de los particulares y les asesorarn sobre sus derechos y sobre el modo de subsanar los defectos de sus solicitudes.

2. No ser necesaria la intervencin de Abogado ni de Procurador.

3. La oposicin de algn interesado se ventilar en el mismo procedimiento, sin convertirlo en contencioso.


[Bloque 61: #dtunica]

Disposicin transitoria nica.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirn por la normativa anterior.


[Bloque 62: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica.

Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislacin sobre Proteccin de Menores y cuantas normas se opongan a la presente Ley.


[Bloque 63: #dfprimera]

Disposicin final primera.

El artculo 9.4 del Cdigo Civil, tendr la siguiente redaccin:

El carcter y contenido de la filiacin, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirn por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse sta, se estar a la de la residencia habitual del hijo.


[Bloque 64: #dfsegunda]

Disposicin final segunda.

El artculo 9.5 del Cdigo Civil, prrafos tercero, cuarto y quinto, tendr la siguiente redaccin:

Para la constitucin de la adopcin, los Cnsules espaoles tendrn las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea espaol y el adoptando est domiciliado en la demarcacin consular. La propuesta previa ser formulada por la entidad pblica correspondiente al ltimo lugar de residencia del adoptante en Espaa. Si el adoptante no tuvo residencia en Espaa en los dos ltimos aos, no ser necesaria propuesta previa, pero el Cnsul recabar de las autoridades del lugar de residencia de aqul informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopcin constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del adoptando regir en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal Ley podrn prestarse ante una autoridad del pas en que se inici la constitucin o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso, para la adopcin de un espaol ser necesario el consentimiento de la entidad pblica correspondiente a la ltima residencia del adoptando en Espaa.

No ser reconocida en Espaa como adopcin la constituida en el extranjero por adoptante espaol, si los efectos de aqulla no se corresponden con los previstos por la legislacin espaola. Tampoco lo ser, mientras la entidad pblica competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si ste fuera espaol y estuviera domiciliado en Espaa al tiempo de la adopcin.


[Bloque 65: #dftercera]

Disposicin final tercera.

El artculo 149 del Cdigo Civil, tendr la siguiente redaccin:

El obligado a prestar alimentos podr, a su eleccin, satisfacerlos, o pagando la pensin que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.

Esta eleccin no ser posible en cuanto contradiga la situacin de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolucin judicial. Tambin podr ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el inters del alimentista menor de edad.


[Bloque 66: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta.

El artculo 158 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictar:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestacin de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.

2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones daosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3. En general, las dems disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrn adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdiccin voluntaria.


[Bloque 67: #dfquinta]

Disposicin final quinta.

El artculo 172 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

1. La entidad pblica a la que, en el respectivo territorio, est encomendada la proteccin de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situacin de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deber adoptar las medidas de proteccin necesarias para su guarda, ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificacin se les informar de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervencin de la Administracin y de los posibles efectos de la decisin adoptada.

Se considera como situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asuncin de la tutela atribuida a la entidad pblica lleva consigo la suspensin de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, sern vlidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representacin del menor y que sean beneficiosos para l.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrn solicitar de la entidad pblica competente que sta asuma su guarda durante el tiempo necesario.

La entrega de la guarda se har constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, as como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administracin.

Cualquier variacin posterior de la forma de ejercicio ser fundamentada y comunicada a aqullos y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, se asumir la guarda por la entidad pblica cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como funcin de la tutela por ministerio de la Ley, se realizar mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercer por la persona o personas que determine la entidad pblica. El acogimiento residencial se ejercer por el Director del centro donde sea acogido el menor.

4. Se buscar siempre el inters del menor y se procurar, cuando no sea contrario a ese inters, su reinsercin en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confe a una misma institucin o persona.

5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aqul o persona interesada podr solicitar la remocin de sta.

6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asuncin de la tutela por ministerio de la Ley sern recurribles ante la jurisdiccin civil sin necesidad de reclamacin administrativa previa.


[Bloque 68: #dfsexta]

Disposicin final sexta.

El artculo 173 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

1. El acogimiento familiar produce la plena participacin del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por l, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una formacin integral. Este acogimiento se podr ejercer por la persona o personas que sustituyan al ncleo familiar del menor o por responsable del hogar funcional.

2. El acogimiento se formalizar por escrito, con el consentimiento de la entidad pblica, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de ste si tuviera doce aos cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, ser necesario tambin que presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que hace referencia el apartado 3 de este artculo.

El documento de formalizacin del acogimiento familiar, a que se refiere el prrafo anterior, incluir los siguientes extremos:

1. Los consentimientos necesarios.

2. Modalidad del acogimiento y duracin prevista para el mismo.

3. Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.

b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pblica o de otros responsables civiles de los daos que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

c) La asuncin de los gastos de manutencin, educacin y atencin sanitaria.

4. El contenido del seguimiento que, en funcin de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pblica, y el compromiso de colaboracin de la familia acogedora al mismo.

5. La compensacin econmica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.

6. Si los acogedores actan con carcter profesionalizado o si el acogimiento se realiza en un hogar funcional, se sealar expresamente.

7. Informe de los servicios de atencin a menores.

Dicho documento se remitir al Ministerio Fiscal.

3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento slo podr ser acordado por el Juez, en inters del menor, conforme a los trmites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pblica contendr los mismos extremos referidos en el nmero anterior.

No obstante, la entidad pblica podr acordar en inters del menor, un acogimiento familiar provisional, que subsistir hasta tanto se produzca resolucin judicial.

La entidad pblica, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el expediente, deber presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo mximo de quince das.

4. El acogimiento del menor cesar:

1. Por decisin judicial.

2. Por decisin de las personas que lo tienen acogido, previa comunicacin de stas a la entidad pblica.

3. A peticin del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen su compaa.

4. Por decisin de la entidad pblica que tenga la tutela o guarda del menor, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inters de ste odos los acogedores.

Ser precisa resolucin judicial de cesacin cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalizacin y cesacin del acogimiento se practicarn con la obligada reserva.


[Bloque 69: #dfseptima]

Disposicin final sptima.

Se introduce en el Cdigo Civil un nuevo artculo con el nmero 173 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 173 bis.

El acogimiento familiar, podr adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:

1. Acogimiento familiar simple, que tendr carcter transitorio, bien porque de la situacin del menor se prevea la reinsercin de ste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida de proteccin que revista un carcter ms estable.

2. Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia as lo aconsejen y as lo informen los servicios de atencin al menor. En tal supuesto, la entidad pblica podr solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeo de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al inters superior del menor.

3. Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizar por la entidad pblica cuando sta eleve la propuesta de adopcin del menor, informada por los servicios de atencin al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores renan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pblica su consentimiento a la adopcin, y se encuentre el menor en situacin jurdica adecuada para su adopcin.

La entidad pblica podr formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentacin de la propuesta de adopcin, que fuera necesario establecer un perodo de adaptacin del menor a la familia. Este perodo ser lo ms breve posible y, en todo caso, no podr exceder del plazo de un ao.


[Bloque 70: #dfoctava]

Disposicin final octava.

El artculo 174.2 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

2. A tal fin, la entidad pblica le dar noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitir copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalizacin relativos a la constitucin, variacin y cesacin de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar cuenta de cualquier novedad de inters en las circunstancias del menor.

El Fiscal habr de comprobar, al menos semestralmente, la situacin del menor, y promover ante el Juez las medidas de proteccin que estime necesarias.


[Bloque 71: #dfnovena]

Disposicin final novena.

El artculo 175.1 del Cdigo Civil queda redactado como sigue:

1. La adopcin requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco aos. En la adopcin por ambos cnyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habr de tener, por lo menos, catorce aos ms que el adoptado.


[Bloque 72: #dfdecima]

Disposicin final dcima.

El artculo 176 del Cdigo Civil quedar redactado como sigue:

1. La adopcin se constituye por resolucin judicial, que tendr en cuenta siempre el inters del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopcin es necesaria la propuesta previa de la entidad pblica a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pblica haya declarado idneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaracin de idoneidad podr ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Ser hurfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.

2. Ser hijo del consorte del adoptante.

3. Llevar ms de un ao acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo.

4. Ser mayor de edad o menor emancipado.

3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podr constituirse la adopcin, aunque el adoptante hubiere fallecido, si ste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento. Los efectos de la resolucin judicial en este caso se retrotraern a la fecha de prestacin de tal consentimiento.


[Bloque 73: #dfundecima]

Disposicin final undcima.

El artculo 177 del Cdigo Civil quedar redactado como sigue:

1. Habrn de consentir la adopcin, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce aos.

2. Debern asentir a la adopcin en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1. El cnyuge del adoptante, salvo que medie separacin legal por sentencia firme o separacin de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

2. Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privacin. Esta situacin slo podr apreciarse en procedimiento judicial contradictorio, el cual podr tramitarse como dispone el artculo 1.827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No ser necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar motivadamente en la resolucin judicial que constituya la adopcin.

El asentimiento de la madre no podr prestarse hasta que hayan transcurrido treinta das desde el parto.

3. Debern ser simplemente odos por el Juez:

1. Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no sea necesario para la adopcin.

2. El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.

3. El adoptando menor de doce aos, si tuviere suficiente juicio.

4. La entidad pblica, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve ms de un ao acogido legalmente por aqul.


[Bloque 74: #dfduodecima]

Disposicin final duodcima.

El primer prrafo del artculo 211 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El internamiento por razn de trastorno psquico, de una persona que no est en condiciones de decidirlo por s, aunque est sometida a la patria potestad, requerir autorizacin judicial. Esta ser previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopcin de la medida, de la que se dar cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizar en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

Se declara inconstitucional, con el efecto establecido en el fundamento jurdico 6, por Sentencia del TC 131/2010, de 2 de diciembre.Ref. BOE-A-2011-273.




[Bloque 75: #dfdecimotercera]

Disposicin final decimotercera.

El artculo 216 del Cdigo Civil tendr un segundo prrafo con la siguiente redaccin:

Las medidas y disposiciones previstas en el artculo 158 de este Cdigo podrn ser acordadas tambin por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo requiera el inters de stos.


[Bloque 76: #dfdecimocuaa]

Disposicin final decimocuarta.

El artculo 234 del Cdigo Civil tendr un ltimo prrafo con la siguiente redaccin:

Se considera beneficiosa para el menor la integracin en la vida de familia del tutor.


[Bloque 77: #dfdecimoquinta]

Disposicin final decimoquinta.

El artculo 247 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

Sern removidos de la tutela los que despus de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeo de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.


[Bloque 78: #dfdecimosexta]

Disposicin final decimosexta.

El artculo 248 del Cdigo Civil tendr la siguiente redaccin:

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada, decretar la remocin del tutor, previa audiencia de ste si, citado, compareciere. Asimismo, se dar audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio.


[Bloque 79: #dfdecimoseptima]

Disposicin final decimosptima.

Se aade un segundo prrafo al artculo 260 del Cdigo Civil con la siguiente redaccin:

No obstante, la entidad pblica que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la desempee por resolucin judicial no precisar prestar fianza.


[Bloque 80: #dfdecimoctava]

Disposicin final decimoctava.

1. Los artculos del Cdigo Civil que se relacionan a continuacin quedarn redactados como sigue:

Prrafo segundo del artculo 166:

Los padres debern recabar autorizacin judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorizacin, la herencia slo podr ser aceptada a beneficio de inventario.

Prrafo segundo del artculo 185:

Sern aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representacin, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remocin y excusa de los tutores.

Artculo 271:

El tutor necesita autorizacin judicial:

1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educacin o formacin especial.

2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carcter dispositivo y sean susceptibles de inscripcin. Se excepta la venta del derecho de suscripcin preferente de acciones.

3. Para renunciar derechos, as como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar sta o las liberalidades.

5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuanta.

7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis aos.

8. Para dar y tomar dinero a prstamo.

9. Para disponer a ttulo gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10. Para ceder a terceros los crditos que el tutelado tenga contra l, o adquirir a ttulo oneroso los crditos de terceros contra el tutelado.

Artculo 272:

No necesitarn autorizacin judicial la particin de herencia ni la divisin de cosa comn realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirn aprobacin judicial.

Artculo 273:

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artculos anteriores, el Juez oir al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce aos o lo considera oportuno, y recabar los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

Artculo 300:

El Juez, en procedimiento de jurisdiccin voluntaria, de oficio o a peticin del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrar defensor a quien estime ms idneo para el cargo.

Artculo 753:

Tampoco surtir efecto la disposicin testamentaria en favor de quien sea tutor o curador del testador, salvo cuando se haya hecho despus de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse stas, despus de la extincin de la tutela o curatela.

Sern, sin embargo, vlidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cnyuge del testador.

Artculo 996:

Si la sentencia de incapacitacin por enfermedades o deficiencias fsicas o psquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podr, asistido del curador, aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.

Prrafo tercero del artculo 1.057:

Lo dispuesto en este artculo y en el anterior se observar aunque entre los coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por prodigalidad o por enfermedades o deficiencias fsicas o psquicas; pero el contador partidor deber en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citacin de los representantes legales o curadores de dichas personas.

Artculo 1.329:

El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podr otorgar capitulaciones, pero necesitar el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el rgimen de separacin o el de participacin.

Artculo 1.330:

El incapacitado judicialmente slo podr otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador.

Nmero 1. del artculo 1.459:

Los que desempeen algn cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estn bajo su guarda o proteccin.

Nmero 3. del artculo 1.700:

Por muerte, insolvencia, incapacitacin o declaracin de prodigalidad de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artculo 1.699.

Nmero 3. del artculo 1.732:

Por muerte, incapacitacin, declaracin de prodigalidad, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario.

2. Quedan modificados los siguientes artculos del Cdigo Civil:

En los artculos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras plena, plena y plenamente.

En los artculos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras tutor y tutores por curador y curadores.

Queda suprimido el prrafo tercero del artculo 163.

En el primer prrafo del artculo 171 se eliminan las palabras no se constituir la tutela, sino que.

Al final del ltimo prrafo de este mismo artculo 171 se agrega la frase o curatela, segn proceda.

El nmero 1. del artculo 234 se sustituye por el siguiente:

Al cnyuge que conviva con el tutelado.

En el artculo 852 se sustituye y 5. por , 5. y 6..

En el artculo 855 se sustituye y 6. por , 5. y 6.; 169 por 170, y se suprime su ltimo prrafo.

Queda suprimido el prrafo segundo del artculo 992 y en el tercero, que pasar a ser segundo, se elimina la palabra tambin.

Se agrega un segundo prrafo al artculo 1.060 del siguiente tenor:

El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en una particin, deber obtener la aprobacin del Juez, si ste no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

El nmero 2. del artculo 1.263 queda sustituido por el siguiente:

Los incapacitados.

En el nmero 1. del artculo 1.291 las palabras sin autorizacin judicial sustituyen a sin autorizacin del consejo de familia.

En el artculo 1.338 se sustituyen las palabras El menor por El menor no emancipado.

En el nmero 1. del artculo 1.393 se sustituyen las palabras declarado ausente por declarado prdigo, ausente.


[Bloque 81: #dfdecimonovena]

Disposicin final decimonovena.

La Ley de Enjuiciamiento Civil quedar modificada en el siguiente sentido:

1. Los actuales artculos 1.910 a 1.918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarn a integrar la Seccin Tercera del Ttulo IV del Libro III, titulada Medidas provisionales en relacin con los hijos de familia.

2. La Seccin Segunda del Ttulo IV del Libro III, se denominar Medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustraccin internacional y comprender los artculos 1.901 a 1.909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:

Artculo 1901

En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda la restitucin de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retencin ilcita, se proceder de acuerdo con lo previsto en esta Seccin.

Artculo 1902

Ser competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcacin judicial se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retencin ilcitos.

Podr promover el procedimiento la persona, institucin u organismo que tenga atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central espaola encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, en representacin de sta, la persona que designe dicha autoridad.

Las actuaciones se practicarn con intervencin del Ministerio Fiscal y los interesados podrn actuar bajo la direccin de Abogado.

La tramitacin del procedimiento tendr carcter preferente y deber realizarse en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez la restitucin del menor.

Artculo 1903

A peticin de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez podr adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Seccin siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime pertinente.

Artculo 1904

Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompaar la documentacin requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez dictar, en el plazo de veinticuatro horas, resolucin en la que se requerir a la persona que ha sustrado o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para que en la fecha que se determine, que no podr exceder de los tres das siguientes, comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitucin del menor a la persona, institucin y organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,

b) Si se opone a la restitucin por existir alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio cuyo texto se acompaar al requerimiento.

Artculo 1905

Si no compareciese el requerido, el Juez dispondr a continuacin del procedimiento de su rebelda citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una comparecencia que tendr lugar en plazo no superior a los cinco das siguientes y decretar las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relacin con el menor.

En la comparecencia se oir al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y separadamente, al menor sobre su restitucin. El Juez resolver por auto dentro de los dos das siguientes a contar desde la fecha de la comparecencia, si procede o no la restitucin, teniendo en cuenta el inters del menor y los trminos del correspondiente convenio.

Artculo 1906

Si compareciese el requerido y accediere a la restitucin voluntaria del menor, se levantar acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusin del procedimiento y la entrega del menor a la persona, institucin y organismo titular del derecho de custodia, as como lo procedente en cuanto a costas y gastos.

Artculo 1907

Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposicin a la restitucin del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 1.817 de esta Ley, ventilndose la oposicin ante el mismo Juez por los trmites del juicio verbal. A este fin:

a) En el mismo acto de comparecencia sern citados todos los interesados y el Ministerio Fiscal, para que expongan lo que estimen procedente y, en su caso, se practiquen las pruebas, en ulterior comparecencia, que se celebrar de conformidad con lo dispuesto en el artculo 730 y concordantes de esta Ley dentro del plazo improrrogable de los cinco das a contar desde la primera.

b) Asimismo, tras la primera comparecencia el Juez oir, en su caso, separadamente al menor sobre su restitucin y podr recabar los informes que estime pertinentes.

Artculo 1908

Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes dentro de los seis das posteriores, el Juez dictar auto dentro de los tres das siguientes, resolviendo, en inters del menor y en los trminos del convenio, si procede o no su restitucin. Contra dicho auto slo cabr recurso de apelacin en un solo efecto, que deber resolverse en el improrrogable plazo de veinte das.

Artculo 1909

Si el Juez resolviese la restitucin del menor, en el auto se establecer que la persona que traslad o retuvo al menor abone las costas del procedimiento as como los gastos en que haya incurrido el solicitante, includos los del viaje y los que ocasione la restitucin del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustraccin, que se harn efectivos por los trmites previstos en el artculo 928 y concordantes de esta Ley.

En los dems supuestos, se declararn de oficio las costas del procedimiento.


[Bloque 82: #dfvigesima]

Disposicin final vigsima.

El Ministerio Fiscal velar para que, incoado un procedimiento sobre reclamacin frente a las resoluciones de las entidades pblicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promover ante los rganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislacin procesal.


[Bloque 83: #dfvigesimaprimera]

Disposicin final vigsima primera.

1. El artculo 5, en sus apartados 3 y 4; el artculo 7 en su apartado 1; el artculo 8, en su apartado 2 letra c); el artculo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artculos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artculo 22, son legislacin supletoria de la que dicten las Comunidades Autnomas con competencia en materia de asistencia social.

2. El artculo 10, en su apartado 3, el artculo 21, en su apartado 4, el artculo 23, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposicin transitoria nica y las disposiciones finales decimonovena y vigsima, se dictan al amparo del artculo 149.1.2., 5. y 6. de la Constitucin.

3. Los restantes preceptos no orgnicos de la Ley, as como las revisiones al Cdigo Civil contenidas en la misma, se dictan al amparo del artculo 149.1.8. de la Constitucin y se aplicarn sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autnomas con competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.


[Bloque 84: #dfvigesimasegunda]

Disposicin final vigsima segunda.

Las entidades pblicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las Comunidades Autnomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin.


[Bloque 85: #dfvigesimatercera]

Disposicin final vigsima tercera.

Tienen carcter de ley ordinaria los artculos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, apartado 2, prrafo c; 9 bis; 9 ter; 9 quter; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, prrafos a, b, d y f, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 22 quter, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposicin transitoria; la disposicin derogatoria, y las disposiciones finales primera a vigsima segunda y vigsima cuarta.

Los preceptos relacionados en el prrafo anterior se aplicarn segn lo previsto en la disposicin final vigsima primera.

Se modifica por el art. 1.7 de la Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.

Se declara inconstitucional y nula por Sentencia del TC 131/2010, de 2 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-273.





[Bloque 86: #dfvigesimacuaa]

Disposicin final vigsima cuarta.

La presente Ley entrar en vigor a los treinta das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 87: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 15 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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