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Legislación consolidada

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia.

Publicado en: BOE núm. 180, de 29/07/2015.
Entrada en vigor: 18/08/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-8470
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/28/26

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 31/10/2015

Incluye la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 2: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La Constitucin Espaola establece en su artculo 39 la obligacin de los poderes pblicos de asegurar la proteccin social, econmica y jurdica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de Naciones Unidas, la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos, y la Convencin de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificacin de 23 noviembre de 2007. Adems, resultan reseables dos Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de 2010. Por otra parte, deben destacarse tambin tres Convenios del Consejo de Europa, el relativo a la adopcin de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 16 de julio de2010, el relativo a la proteccin de los nios contra la explotacin y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010, as como el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Nios, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. Y, finalmente, el Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000.

La Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor constituye, junto a las previsiones del Cdigo Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizndoles una proteccin uniforme en todo el territorio del Estado. Esta ley ha sido el referente de la legislacin que las Comunidades Autnomas han ido aprobando posteriormente, de acuerdo con sus competencias en esta materia.

Sin embargo, transcurridos casi veinte aos desde su publicacin, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situacin de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de proteccin jurdica, en aras del cumplimiento efectivo del citado artculo 39 de la Constitucin y las normas de carcter internacional mencionadas.

As se constata en diversas propuestas y observaciones formuladas estos aos atrs por el Comit de los Derechos del Nio de Naciones Unidas (singularmente, la Observacin general n. 13 de 2011 sobre el derecho del nio a no ser objeto de ninguna forma de violencia y las observaciones finales a Espaa de 3 de noviembre de 2010), por el Defensor del Pueblo (en sus documentos Menores o adultos. Procedimientos para la determinacin de la edad de 2011 y La trata de seres humanos en Espaa: vctimas invisibles de 2012), por la Fiscala General del Estado (en sus Circulares 8/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuacin especializada del Ministerio Fiscal en materia de proteccin de menores, y la 1/2012, de 3 de octubre, sobre el tratamiento sustantivo y procesal ante transfusiones de sangre y otras intervenciones mdicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave) y en las conclusiones y recomendaciones de la Comisin Especial del Senado de estudio de la problemtica de la adopcin nacional y otros temas afines (BOCG. Senado, serie I, nm. 545, de 17 de noviembre de 2010).

De acuerdo con todo ello, la presente ley tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislacin espaola de proteccin a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una proteccin uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las comunidades autnomas en el desarrollo de su respectiva legislacin en la materia. Adems, y de modo recproco, esta ley incorpora algunas novedades que ya han sido introducidas por algunas normas autonmicas estos aos atrs.

La reforma consta de cuatro artculos, veintiuna disposiciones finales, adems de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposicin derogatoria. En el artculo primero se recogen las modificaciones de la Ley Orgnica, de Proteccin Jurdica del Menor; en el segundo las que afectan al Cdigo Civil; en el tercero las correspondientes a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional, en adelante Ley de Adopcin Internacional; en el cuarto las relativas a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo Ley de Enjuiciamiento Civil; en la disposicin final primera las que afectan a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, en adelante, Ley de Jurisdiccin Contencioso-administrativa; en la disposicin final segunda las relativas a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica, en adelante Ley de la Autonoma del Paciente; en la disposicin final tercera la relativa al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en la disposicin final cuarta la que afecta a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico; en la disposicin final quinta las que afectan a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas; en las disposiciones finales sexta y sptima, las relativas a la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, y a la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa; en la disposicin final octava las correspondientes a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; en la disposicin final novena, la que afecta a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promocin de la autonoma personal y atencin a las personas en situacin de dependencia; en las disposiciones finales dcima a decimocuarta las que afectan a la modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 35/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdiccin Social, y al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Las siete ltimas disposiciones finales se refieren al ttulo competencial, habilitacin normativa a las Ciudades de Ceuta y Melilla y al Gobierno en general, a la creacin del registro central de delincuentes sexuales, a las modificaciones y desarrollos reglamentarios, a la incorporacin de normativa europea, al no incremento del gasto presupuestario y a la entrada en vigor.

En la disposicin adicional primera, se recoge la referencia a la utilizacin en los textos legales de la expresin Entidad Pblica en relacin a la Entidad Pblica de proteccin de menores competente territorialmente; en la disposicin adicional segunda, las referencias al acogimiento preadoptivo, al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopcin Internacional; la disposicin adicional tercera habilita al Gobierno a promover, con las Comunidades Autnomas, el establecimiento de criterios comunes y mnimos estndares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicacin de la presente ley; la disposicin adicional cuarta establece el rgimen jurdico de los centros especficos de proteccin de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades pblicas competentes; la disposicin adicional quinta establece un mecanismo interterritorial de asignaciones de familias para acogimiento, o, en su caso, adopcin; y la disposicin adicional sexta establece una equiparacin de regmenes jurdicos de acogimiento previstos en la presente ley con relacin a las normas existentes con anterioridad a la misma y a las legislaciones correspondientes de las Comunidades Autnomas. Las dos primeras disposiciones transitorias establecen la normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados a la fecha de su entrada en vigor, as como al cese de los acogimientos constituidos judicialmente.

II

Las modificaciones de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor se refieren, bsicamente, a la adaptacin de los principios de actuacin administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en Espaa, tales como la situacin de los menores extranjeros, los que son vctimas de violencia y la regulacin de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza una profunda revisin de las instituciones del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia.

Los artculos 5 y 7 sufren modificaciones derivadas de la ratificacin por Espaa de la Convencin de derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de adaptar la regulacin en consecuencia.

Asimismo, se introduce una mencin expresa a la alfabetizacin digital y meditica, como herramienta imprescindible para que los menores puedan desarrollar su pensamiento crtico y tomar parte activa en una sociedad participativa y en un mundo actual que no puede entenderse al margen de las nuevas tecnologas de la informacin y de la comunicacin.

Se introduce un nuevo captulo III en el ttulo I con la rbrica Deberes del menor, en lnea con diversas normas internacionales y tambin autonmicas, en el que, desde la concepcin de los menores como ciudadanos, se les reconoce como corresponsables de las sociedades en las que participan y, por tanto, no solo titulares de derechos sino tambin de deberes. En este sentido, se introducen cuatro nuevos artculos en los que se regulan los deberes de los menores en general y en los mbitos familiar, escolar y social en particular.

En el artculo 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en Espaa y con independencia de su situacin administrativa, sus derechos a la educacin, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales, tal y como se recogen en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentacin de residencia a todos los menores extranjeros que estn tutelados por las Entidades Pblicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pas de origen.

En el artculo 11 se introduce como principio rector de la actuacin administrativa la proteccin de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno familiar, de gnero, la trata y el trfico de seres humanos y la mutilacin genital femenina, entre otras. De acuerdo con ello, los poderes pblicos desarrollarn actuaciones de sensibilizacin, prevencin, asistencia y proteccin frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinacin entre las Administraciones Pblicas competentes.

En estrecha relacin con lo anterior, en el artculo 12 se garantiza el apoyo necesario para que los menores bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una vctima de violencia de gnero o domstica puedan permanecer con la misma. Asimismo, se introduce la presuncin de minora de edad de una persona cuya mayora de edad no haya podido establecerse con seguridad, hasta que se determine finalmente la misma.

En este mismo artculo se recogen los principios rectores de la reforma de las instituciones de proteccin a la infancia y a la adolescencia sealando que se dar prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Estos principios, vertebradores del sistema, ya haban sido establecidos en las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los nios de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de febrero de 2010, y en diversos documentos aprobados por el Servicio Social Internacional. Adems, en el artculo 12, se recoge otro de los ejes de esta reforma, como es la obligacin de las Entidades Pblicas de revisar, en plazos concretos, las medidas de proteccin adoptadas. De esta manera se obliga a realizar un seguimiento personal de cada nio, nia o adolescente y una revisin de la medida de proteccin.

En el artculo 13 se incorporan dos nuevos apartados en relacin a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotacin de los menores. Por una parte, se establece el deber que tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotacin de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece, adems, como requisito para poder acceder y ejercer una profesin o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotacin de menores, dando con ello cumplimiento a los compromisos asumidos por Espaa al ratificar el Convenio relativo a la Proteccin de los Nios contra la explotacin y abuso sexual, de25 de octubre de 2007, y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotacin sexual de los menores y la pornografa infantil y por la que se sustituye la Decisin marco 2004/68/JAI del Consejo.

Directamente relacionado con lo anterior y a los efectos de prevencin, se crea, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administracin de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendr la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotacin de menores, e informacin sobre su perfil gentico de ADN. Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos no solo en Espaa sino tambin en otros pases. Asimismo, la Administracin General del Estado colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unin Europea, para facilitar el intercambio de informacin en este mbito.

De acuerdo a los principios mencionados anteriormente, se opera la reforma de las instituciones de proteccin a la infancia y a la adolescencia, y se establece una regulacin estatal ms completa de las situaciones de riesgo y de desamparo, conceptos jurdicos indeterminados que, por vez primera, se definen en una normativa de rango estatal que bsicamente incorpora, como contenido sustantivo de las mismas, lo que la jurisprudencia y la legislacin autonmica haban recogido en estos aos.

As, en el artculo 14 se regula la institucin de la guarda provisional dentro de las medidas de atencin inmediata, que posteriormente se desarrollar en el artculo 172 del Cdigo Civil.

En relacin con la situacin de riesgo, y mediante la reforma del artculo 17, se desarrolla de forma integral esta figura y su procedimiento, cuestiones ambas que no estaban reguladas a nivel estatal. La intervencin adecuada para paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que pueden encontrarse los menores se torna de capital importancia para preservar su superior inters, evitando en muchos casos que la situacin se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho ms traumticas y de mayor coste individual, familiar y social, como la separacin del menor de su familia.

La regulacin prev que el proyecto de actuacin pueda ser consensuado con los progenitores u otros responsables legales, respondiendo as al principio ya aludido de primar las soluciones consensuadas frente a las impuestas. En caso de que se nieguen a su suscripcin o no colaboren posteriormente en el mismo, se declarar la situacin de riesgo mediante resolucin administrativa, a fin de garantizarles la informacin de cmo deben actuar para evitar una ulterior declaracin de desamparo.

Especial relevancia se otorga a la intervencin en las situaciones de posible riesgo prenatal a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaracin de situacin de riesgo o desamparo del recin nacido. Tambin se prev una solucin para los casos de atencin sanitaria necesaria para el menor no consentida por sus progenitores u otros responsables legales, que conlleva tambin la modificacin de la Ley de la Autonoma del Paciente.

Son dos las principales novedades respecto de la regulacin del desamparo. En el artculo 18 se completa la definicin de la situacin de desamparo regulada en el artculo172 del Cdigo Civil, estableciendo, por primera vez en una norma de carcter estatal, las circunstancias que la determinan, con lo que se introduce una importante clarificacin y unificacin de criterios para su declaracin. Debe advertirse que a los efectos del apartadod), que establece como causa de desamparo el consumo habitual de sustancias con potencial adictivo por parte de progenitores, tutores o guardadores, se entiende como habitual los criterios de consumo perjudicial, abuso o dependencia, segn las definiciones de la Organizacin Mundial de la Salud o de la Asociacin Americana de Psiquiatra.

Adems, se regula por vez primera la competencia de las Entidades Pblicas respecto a la proteccin de los menores espaoles en situacin de desproteccin en un pas extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido desde una Comunidad Autnoma a otra distinta, cuestiones que no estaban contempladas hasta el momento.

En el artculo 19 se establece la duracin mxima de dos aos de la guarda de menores solicitada por los progenitores, salvo que el inters superior aconseje excepcionalmente la prrroga de la misma. De esta manera, se pretende evitar que se hagan crnicas situaciones de guardas voluntarias en las que los progenitores ceden el cuidado de sus hijos a las Administraciones Pblicas sine die, privndoles por esta va de soluciones familiares y permanentes, precisamente durante los aos clave de la primera infancia.

Debe destacarse el principio de la prioridad de la familia de origen, tanto a travs de la ya mencionada regulacin de la situacin de riesgo, como cuando se seala, en el nuevo artculo 19 bis que, en los casos de guarda o tutela administrativa del menor, la Entidad Pblica deber elaborar un plan individual de proteccin en el que se incluir un programa de reintegracin familiar, cuando sta ltima sea posible. Este artculo incorpora los criterios que la sentencia 565/2009, de 31 de julio de 2009, del Tribunal Supremo ha establecido para decidir si la reintegracin familiar procede en inters superior del menor, entre los que destacan el paso del tiempo o la integracin en la familia de acogida. En este mismo artculo se prev la reagrupacin familiar de los menores extranjeros no acompaados.

En el artculo 20, a fin de favorecer la agilidad y preservar el inters de los menores, se simplifica la constitucin del acogimiento familiar, equiparndolo al residencial, incluso aunque no exista previa conformidad de los progenitores o tutores, sin perjuicio del control jurisdiccional del mismo. Por otra parte, y por razones de tcnica jurdica y mejora de ubicacin, se traslada al artculo 20 lo establecido hasta ahora en el artculo 173 del Cdigo Civil sobre formalizacin del acogimiento y contenido del documento anexo que debe acompaar al mismo, y se introduce la necesidad, como ocurre en la adopcin, de que se valore la adecuacin de los acogedores, y se definen los criterios de la misma, criterios que no estaban hasta ahora recogidos en la normativa estatal. Adems, se definen, de forma ms acorde con la realidad de la proteccin de menores actual, los dos tipos de acogimiento en relacin con las caractersticas de la familia acogedora, refirindose al acogimiento en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

En el artculo 20 bis, por vez primera, se regula el estatuto del acogedor familiar como conjunto de derechos y deberes. La trascendente funcin desempeada por las familias de acogida hace muy conveniente que una disposicin general perfile su estatus y as se haba destacado en las conclusiones de la Comisin Especial del Senado de Estudio de la problemtica de la adopcin nacional y otros temas afines. Asimismo, se ha incluido un artculo 21 bis en el que se recogen los derechos de los menores acogidos.

En relacin al acogimiento residencial, el artculo 21 recoge la previsin de la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial. Se trata de una disposicin ambiciosa cuyo fundamento estriba en que el menor necesita un ambiente familiar para un adecuado desarrollo de su personalidad, aspecto ste en el que existe total consenso entre los psiclogos y pedagogos. Si este objetivo es comn para todos, cuando son menores de seis aos, y de forma an ms sealada e imprescindible si son menores de tres, la conveniencia se torna en necesidad ineludible, sin perjuicio de introducir una previsin flexible para dar cobertura a los supuestos en los que, por motivos debidamente justificados, el ingreso en centro de proteccin sea la nica medida de la que se disponga, o cuando el acogimiento residencial convenga al inters superior del menor.

Por otra parte, y en lo relativo a los servicios de acogimiento residencial (denominados hasta ahora servicios especializados y ahora llamados acogimiento residencial para utilizar una terminologa equivalente a la de acogimiento familiar), se establecen con carcter general sus caractersticas bsicas, su necesario ajuste a criterios de calidad y el carcter preferente de las soluciones familiares.

Asimismo, todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el mbito de la proteccin debern estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad Pblica.

Por otra parte, el artculo 22 bis recoge la obligacin de la Administracin de preparar para la vida independiente a los jvenes ex tutelados, cuestin de gran calado social y de la que ya hay buenas prcticas de Entidades Pblicas y del Tercer Sector de accin social en Espaa.

El artculo 22 ter establece la creacin de un sistema de informacin estatal sobre proteccin de menores a realizar por las Entidades Pblicas y la Administracin General del Estado que permitir el conocimiento y el seguimiento de la situacin de la proteccin de la infancia y la adolescencia en Espaa, no solo a efectos estadsticos sino tambin de seguimiento concreto de las medidas de proteccin adoptadas respecto de cada menor, as como de las personas que se ofrecen para el acogimiento y la adopcin. El artculo 22 quter introduce normas que regulan el tratamiento de datos de carcter personal de los menores atendiendo a su inters superior y el artculo 22 quinquies establece la obligacin de valorar el impacto en la infancia y adolescencia en todos los proyectos normativos.

Finalmente, los artculos 23 y 24 sufren reformas terminolgicas.

III

Las principales modificaciones del Cdigo Civil estn referidas al sistema espaol de proteccin de menores y, por tanto, se encuentran en estrecha relacin con las ya sealadas en el apartado anterior. No obstante, se modifican tambin otros aspectos relacionados con esta materia.

Se reforman, en primer lugar, las normas de Derecho internacional privado, en concreto los apartados 4, 6 y 7 del artculo 9, normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la filiacin, a la proteccin de menores y mayores y a las obligaciones de alimentos. Estas modificaciones responden, por un lado, a la incorporacin de normas comunitarias o internacionales y adaptaciones terminolgicas a las mismas y, por otro, a mejoras tcnicas en la determinacin de los supuestos de hecho o de los puntos de conexin y su precisin temporal.

Se introduce un nuevo apartado en el artculo 19 para prever el reconocimiento, por parte del ordenamiento jurdico espaol, de la doble nacionalidad en supuestos de adopcin internacional, en los cuales la legislacin del pas de origen del menor adoptado prev la conservacin de su nacionalidad de origen.

Por otra parte, se modifican las normas sobre acciones de filiacin. La regulacin que se propone responde a que el primer prrafo del artculo 133 ha sido declarado inconstitucional, en cuanto impide al progenitor no matrimonial la reclamacin de la filiacin en los casos de inexistencia de posesin de estado (sentencias del Tribunal Constitucional nmero 273/2005, de 27 de octubre de 2005, y nmero 52/2006, de 16 de febrero).

En parecidos trminos ha sido declarado inconstitucional el primer prrafo del artculo136, en cuanto comporta que el plazo para el ejercicio de la accin de impugnacin de la paternidad matrimonial empiece a correr aunque el marido ignore no ser el progenitor biolgico de quien ha sido inscrito como hijo suyo en el Registro Civil (sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo de 2005 y 156/2005, de 9 de junio de2005), siendo sta la principal razn de la reforma que se propone. Se completa el cuadro de reformas en este punto con las recogidas en los artculos 137, 138 y 140 del Cdigo Civil.

Se opera una modificacin del artculo 158 del Cdigo Civil, partiendo del principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a menores, para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores, tanto respecto al menor vctima de los malos tratos como en relacin con los que, sin ser vctimas, puedan encontrarse en situacin de riesgo. Con la modificacin del artculo 158 se posibilita la adopcin de nuevas medidas, prohibicin de aproximacin y de comunicacin, en las relaciones paterno-filiales.

El artculo 160 ampla el derecho del menor a relacionarse con sus parientes incluyendo expresamente a los hermanos.

En relacin con la regulacin del rgimen de visitas y comunicaciones, con la modificacin efectuada en el artculo 161, se aclara la competencia de la Entidad Pblica para establecer por resolucin motivada el rgimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situacin de tutela o guarda, as como su suspensin temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal. Debe tenerse en cuenta que el reconocimiento internacional del derecho del nio a mantener contacto directo y regular con ambos progenitores, salvo que ello sea contrario a su superior inters (artculo 9.3 de la Convencin de Derechos del Nio), se extiende tambin a los menores separados de su familia por la Entidad Pblica.

En relacin con la regulacin del desamparo, y adems de lo previsto en el artculo 18 de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor ya citado, el anterior artculo 172 del Cdigo Civil se desdobla en tres artculos al objeto de separar la regulacin de las situaciones de desamparo (artculo 172), de la guarda a solicitud de los progenitores o tutores (artculo 172 bis) y de las medidas de la intervencin en ambos supuestos (artculo172 ter) mediante el acogimiento residencial y familiar.

En relacin con el artculo 172 se mantiene la legitimacin de los progenitores para promover la revocacin de la resolucin administrativa de desamparo y para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la proteccin del menor durante el plazo de dos aos desde la notificacin, aadindose que transcurridos esos dos aos nicamente estar legitimado el Ministerio Fiscal para impugnar las resoluciones que sobre el menor dicte la Entidad Pblica. Por otra parte, se seala que durante ese periodo de dos aos las Entidades Pblicas, ponderando la situacin, podrn adoptar cualquier medida de proteccin que consideren necesaria, incluida la propuesta de adopcin, cuando exista un pronstico de irreversibilidad.

En este mismo artculo se establece la posibilidad de asumir la guarda provisional sin declaracin previa de desamparo ni solicitud expresa de los progenitores, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificacin del menor, la investigacin de sus circunstancias y la constatacin de la situacin real de desamparo. La guarda provisional, aunque imprescindible para atender situaciones de urgencia, debe tener lmites temporales pues en otro caso podran generarse situaciones de inseguridad jurdica. Por ello, se prevn las obligaciones de las Entidades y el papel a desempear por el Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuacin administrativa. Adems, se prevn nuevos supuestos de cese de la tutela administrativa que responden a la creciente movilidad de algunos menores protegidos.

En relacin con la guarda voluntaria, en estrecha conexin con el artculo 19 de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor, en el artculo 172 bis se establece que la guarda a peticin de los progenitores no podr sobrepasar el plazo mximo de dos aos, salvo prrroga por concurrir circunstancias excepcionales, transcurrido el cual, o la prrroga, el menor debe regresar con sus progenitores o tutores o ser dictada una nueva medida de proteccin permanente.

En el artculo 172 ter se recoge la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial, y se regula tambin la posibilidad de acordar, por las Entidades Pblicas, estancias, salidas de fin de semana o vacaciones con familias, de origen o alternativas, o instituciones adecuadas para los menores en acogimiento y se establece la posibilidad de que, en los casos de desamparo o guarda a peticin de los progenitores, la Entidad Pblica pueda fijar una cantidad a abonar por los progenitores o tutores en concepto de alimentos y gastos de cuidado y atencin del menor.

Tras algunas leves modificaciones en el artculo 173, el artculo 173 bis redefine las modalidades de acogimiento familiar en funcin de su duracin. Se suprime el acogimiento provisional, que ya no ser necesario ante la simplificacin del acogimiento familiar, as como el acogimiento preadoptivo que, en definitiva, es actualmente una fase del procedimiento de adopcin. Con ello se introduce claridad en los verdaderos supuestos de acogimiento familiar, que quedarn concretados en acogimiento de urgencia, acogimiento temporal (hasta ahora denominado simple), con una duracin mxima de dos aos, salvo que el inters superior del menor aconseje una prrroga, y acogimiento permanente.

Las altas funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuacin administrativa en proteccin de menores, deben verse acompaadas de los suficientes medios a fin de que pueda ejercerlas de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple voluntarismo carente de operatividad prctica o que su actuacin sea meramente simblica. A tales efectos, expresamente se le asigna la posibilidad de solicitar informes adicionales a los presentados por la Entidad Pblica.

En el artculo 175 y en relacin con la capacidad de los adoptantes, se establece la incapacidad para adoptar de aquellos que no pudieran ser tutores, y, adems de la previsin sobre la diferencia de edad mnima entre adoptante y adoptado, se establece tambin una diferencia de edad mxima para evitar que las discrepancias que existen en la normativa autonmica sobre edades mximas en la idoneidad, provoquen distorsiones no deseables.

Por otra parte, se incorpora al artculo 176 una definicin de la idoneidad para adoptar a fin de fortalecer la seguridad jurdica, y se incluye expresamente una previsin en funcin de la cual no podrn ser declarados idneos para la adopcin los progenitores que se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, o hayan confiado la guarda de su hijo a una Entidad Pblica. En relacin con la actuacin de la Entidad Pblica en el procedimiento judicial de adopcin, se producen dos importantes novedades. En primer lugar, se exige que la declaracin de idoneidad de los adoptantes sea necesariamente previa a la propuesta de adopcin que la Entidad Pblica formula al Juez, cuestin que no estaba claramente establecida; y, en segundo lugar, se modifican los supuestos en los que no es preceptiva la propuesta previa de la Entidad Pblica de proteccin de menores para iniciar el expediente judicial de adopcin.

Se introduce un artculo 176 bis que regula ex novo la guarda con fines de adopcin. Esta previsin legal permitir que, con anterioridad a que la Entidad Pblica formule la correspondiente propuesta al Juez para la constitucin de la adopcin, pueda iniciarse la convivencia provisional entre el menor y las personas consideradas idneas para tal adopcin hasta que se dicte la oportuna resolucin judicial, con el fin de evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de proteccin o con otra familia. Esto podr tener lugar mediante la correspondiente delegacin de guarda de la Entidad Pblica.

En relacin con el procedimiento de adopcin, el artculo 177 aade, entre quienes deben asentir a la adopcin, a la persona a la que est unida por anloga relacin de afectividad a la conyugal. Por otra parte, con el fin de dar coherencia al sistema, se seala que, sin perjuicio del derecho a ser odos, no ser necesario el asentimiento de los progenitores para la adopcin cuando hubieran transcurrido dos aos sin ejercitar acciones de revocacin de la situacin de desamparo o cuando habindose ejercitado, stas hubieran sido desestimadas. Igualmente se establece, en este artculo, que el asentimiento de la madre no podr prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas desde el parto, en lugar de los 30 das ahora vigentes, dando as cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Adopcin hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por Espaa.

En el artculo 178 se incluye, como una importante novedad, la posibilidad de que, a pesar de que al constituirse la adopcin se extingan los vnculos jurdicos entre el adoptado y su familia de procedencia, pueda mantenerse con algn miembro de ella alguna forma de relacin o contacto a travs de visitas o de comunicaciones, lo que podra denominarse como adopcin abierta. Para ello ser necesario que en la resolucin de constitucin de la adopcin as se acuerde por el Juez, a propuesta de la Entidad Pblica, previa valoracin positiva en inters del menor por parte de los profesionales de esa Entidad Pblica, y consentido por la familia adoptiva y el menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si tuviera ms de doce aos. Los profesionales de la Entidad Pblica debern apoyar a las partes y participar en el seguimiento de esa relacin, informando sobre la conveniencia o no de su permanencia en el tiempo, a partir de una valoracin de los resultados y consecuencias que la misma tenga para el menor, como prioridad absoluta, ms all del inters que pueda suponer para los adoptantes y su familia de origen.

Se trata de una figura establecida con diferente amplitud y contenido en la legislacin de diversos pases, tales como los Estados Unidos de Amrica, Gran Bretaa, Austria, Canad o Nueva Zelanda. En unos casos est configurada como un acuerdo privado entre las partes, con supervisin y apoyo de las Entidades Pblicas, y en otros debe ser confirmado por un Juez, a quien correspondera la decisin sobre su posible modificacin o finalizacin, como es el modelo que se incluye en esta ley.

La oportunidad de introducir esta figura en nuestro ordenamiento jurdico obedece a la bsqueda de alternativas consensuadas, familiares y permanentes que permitan dotar de estabilidad familiar a algunos menores, especialmente los ms mayores, cuya adopcin presenta ms dificultades. A travs de la adopcin abierta, se flexibiliza la institucin de la adopcin, posibilitando que la familia de origen acepte mejor la prdida, y que el menor pueda beneficiarse de una vida estable en su familia adoptante, manteniendo vnculos con la familia de la que proviene, en especial con sus hermanos, y con la que, en muchos casos, ha mantenido relacin durante el acogimiento, relacin que aunque no estuviera formalizada contina por la va de hecho.

El artculo 180 refuerza el derecho de acceso a los orgenes de las personas adoptadas, obligando a las Entidades Pblicas a garantizarlo y mantener la informacin durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de Adopcin, y al resto de entidades a colaborar con las primeras y con el Ministerio Fiscal.

El artculo 216 contiene la limitacin de la legitimacin activa para solicitar las medidas y disposiciones previstas en el artculo 158 del Cdigo Civil, en el caso de los menores que estn bajo la tutela de la Entidad Pblica, a instancia de esta, del Ministerio Fiscal o del propio menor.

Se introducen las oportunas modificaciones en la regulacin de la tutela ordinaria de menores y personas con la capacidad modificada judicialmente en situacin de desamparo prevista en los artculos 239 y 239 bis. Por otra parte, en el artculo 303 se incluye la posibilidad de otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores de hecho. Se establecen adems los supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaracin de desamparo y los supuestos ante los que ha de procederse a la privacin de la patria potestad o nombramiento de tutor.

Finalmente, se da una nueva redaccin a los artculos 1263 y 1264 en relacin a la prestacin del consentimiento de los menores en determinados mbitos.

IV

Las modificaciones que se proponen a la Ley de Adopcin Internacional responden a varias necesidades. Por una parte, se clarifica el mbito de aplicacin de la ley que, en su redaccin inicial, solo aluda al contenido de los ttulos II y III, obviando el ttulo I, y se define el concepto de adopcin internacional a los efectos de la misma como lo hace el Convenio de La Haya de 1993, toda vez que con la definicin que apareca en el apartado2 del artculo 1, las previsiones del ttulo I no eran aplicables a muchos de los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores, habindose generado confusin en situaciones concretas.

Se deslindan las competencias de las diversas Administraciones Pblicas. As, se determinan como competencias de la Administracin General del Estado, por afectar a la poltica exterior, la decisin de iniciar, suspender o limitar la tramitacin de adopciones con determinados pases, as como la acreditacin de los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, en terminologa del Convenio de La Haya, referido a las antes denominadas entidades colaboradoras de adopcin internacional, sin perjuicio de la necesaria intervencin de las Entidades Pblicas de las Comunidades Autnomas.

Por otra parte, se mantiene la competencia autonmica para el control, inspeccin y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio pero se prev que la Administracin General del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la intermediacin que el organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.

Se subraya el inters superior del menor como consideracin fundamental en la adopcin y se define a los futuros adoptantes, no como solicitantes, sino como personas que se ofrecen para la adopcin. Siguiendo la terminologa del Convenio de La Haya, las Entidades colaboradoras de adopcin internacional pasan a denominarse organismos acreditados para la adopcin internacional.

Adems, se refuerzan las previsiones de garanta de las adopciones internacionales sealando que solo podrn realizarse a travs de la intermediacin de organismos acreditados y en los casos de pases signatarios del Convenio de La Haya y con determinadas condiciones por la intermediacin de las Entidades Pblicas. Se refuerzan en los artculos 4, 6 y 26 los controles sobre los beneficios financieros indebidos.

Se detallan con mayor claridad en el artculo 11 las obligaciones de los adoptantes, tanto en la fase preadoptiva, dado que la informacin y formacin previa es la mayor garanta para el xito de las adopciones, como en la fase postadoptiva mediante el establecimiento de consecuencias jurdicas del incumplimiento de las obligaciones postadoptivas a las que los progenitores y las Administraciones Pblicas estn obligadas respecto de los pases de origen de los menores.

Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado que bsicamente responden a las siguientes cuestiones: suprimir las referencias a la modificacin y revisin de la adopcin, figuras jurdicas inexistentes en nuestro Derecho (artculo 15); mejorar la regulacin de la adopcin consular circunscribindola a los supuestos en los que no se precisa propuesta de la Entidad Pblica (artculo 17); establecer la imposibilidad de constituir adopciones de menores cuya ley nacional las prohba, con alguna matizacin, para evitar la existencia de adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jurdica del menor (artculo 19.4); modificar los presupuestos de reconocimiento de adopciones constituidas por autoridades extranjeras, reformulando el control de la competencia internacional de la autoridad extranjera a travs de la determinacin de los vnculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido, lo cual puede valorarse a travs de la bilateralizacin de las normas espaolas de competencia previstas en los artculos 14 y 15 de la ley, lo que permite a la autoridad que reconoce realizar su funcin sin tener que acudir a una compleja e innecesaria prueba de derecho extranjero. Por otra parte, se sustituye el presupuesto del control de la ley aplicada o aplicable, ajeno al sistema espaol de reconocimiento de decisiones y resoluciones extranjeras, por el de la no contrariedad de la adopcin constituida en el extranjero con el orden pblico espaol, concretando este concepto jurdico indeterminado en los casos de adopciones en las que el consentimiento de la familia de origen no ha existido, no ha sido informado o se ha obtenido mediante precio, para evitar que en este mbito de la adopcin internacional se produzcan supuestos de nios robados.

Finalmente, se modifica el artculo 24 para regular la cooperacin internacional de autoridades en los casos de adopciones realizadas por adoptante espaol y residente en el pas de origen del adoptado.

Por ltimo, y en relacin con las otras medidas de proteccin de menores, se introduce la oportuna referencia a dos Reglamentos comunitarios y un Convenio de La Haya esenciales en esta materia, y se mejora el sistema de reconocimiento en Espaa de estas medidas, de forma similar a la prevista en el Derecho francs, que ha sido recientemente avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Harroudj c. Francia, de 4 de enero de 2013.

V

Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de reforzar la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos e intereses de los menores, introduciendo mejoras en los procedimientos ya existentes, orientadas a hacerlos ms efectivos y aclarando puntos que en la prctica han generado interpretaciones contradictorias.

Con el fin de fortalecer el principio de celeridad, vital en los procesos en los que se resuelve sobre intereses de menores y con el objeto de evitar resoluciones contradictorias, se introducen disposiciones, en lnea con las previsiones de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor, para promover la acumulacin cuando existieran varios procesos de impugnacin de resoluciones administrativas en materia de proteccin en curso que afecten a un mismo menor.

Por ello, se introduce en el artculo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la regla general de la acumulacin de procesos y se introduce una previsin especial en el artculo 76, para determinar que, con carcter general, todos los procesos de oposicin a resoluciones administrativas que se sigan respecto de un mismo menor de edad se acumulen al ms antiguo de ellos y sean seguidos y resueltos, con la debida economa procesal, por el mismo juzgado. Ello se garantiza previendo que la acumulacin sea promovida, incluso de oficio, por el juzgado que tenga conocimiento de la existencia de un segundo o posterior proceso.

La necesidad de clarificar aspectos procesales de la proteccin de la infancia y la adolescencia se pone de manifiesto en el rgimen actual de ejecucin provisional de las sentencias dictadas en los procesos de oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores. Aunque la interpretacin generalizada del artculo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene conduciendo a la imposibilidad de ejecucin provisional de esta clase de sentencias y, en particular, de las dictadas como consecuencia de un proceso de los previstos por el artculo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que el tenor literal del apartado 1. del citado artculo 525 no se refiere clara y expresamente a las mismas.

Se introduce, en consecuencia, de forma expresa, clara y terminante en este artculo la prohibicin de ejecucin provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor de edad supondra la revocacin de una sentencia de esta naturaleza que se estuviera ejecutando provisionalmente. Cuando la sentencia dictada en primera instancia decide revocar una medida de proteccin y la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal recurren, el inters superior del menor exige que no se modifique su estatus hasta que la cuestin no sea resuelta en segunda instancia, pues otro proceder podra lesionar gravemente sus derechos y perturbar la necesaria estabilidad en sus relaciones familiares. Ello justifica sobradamente la expresa previsin de la exclusin de la ejecucin provisional de este tipo de sentencias.

Por otra parte, en los artculos 779 y 780, adems de incluir las adaptaciones terminolgicas necesarias en coherencia con la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor, se unifica el plazo a dos meses para formular oposicin respecto a todas las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores, eliminando la diferenciacin que se haca respecto a las declaraciones de desamparo.

Se establece un mismo procedimiento para la oposicin a todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas afectadas, amplindose la legitimacin activa.

Y, finalmente, con la reforma del artculo 781 se concentran en un solo procedimiento los supuestos en los que durante la tramitacin del expediente de adopcin los progenitores del adoptando pretendieran que se les reconociera la necesidad de otorgar su asentimiento a la adopcin, con la finalidad de dar unidad de actuacin a tales pretensiones, lo que repercutir en una agilizacin del procedimiento.

VI

En la disposicin final primera se modifica la Ley de Jurisdiccin Contencioso-administrativa. La atribucin de la competencia para la autorizacin de entrada en domicilio para la ejecucin de una resolucin administrativa en materia de proteccin de menores al Juzgado de Primera Instancia y no a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, como hasta ahora, hace necesaria la modificacin de las competencias atribuidas a los mismos en la citada ley.

La Ley de la Autonoma del Paciente es reformada en la disposicin final segunda incorporando los criterios recogidos en la Circular 1/2012 de la Fiscala General del Estado sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones mdicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave. Esta Circular postula en sus conclusiones la necesaria introduccin del criterio subjetivo de madurez del menor junto al objetivo, basado en la edad. Este criterio mixto es asumido en el texto legal.

Se introduce, para mayor claridad, un nuevo apartado 4 en el artculo 9 referido a los menores emancipados o mayores de 16 aos en relacin a los cuales no cabe otorgar el consentimiento por representacin, salvo cuando se trate de una actuacin de grave riesgo para la vida o salud.

Por otra parte, se aade a ese artculo 9 un apartado 6 en el que se establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, la decisin debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente, y en caso contrario deber ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a travs del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolucin correspondiente.

La disposicin final tercera modifica el Estatuto de los Trabajadores cuyo artculo 37, apartado 3.f), prev el permiso de la trabajadora por el tiempo indispensable para la realizacin de exmenes prenatales y tcnicas de preparacin al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Este artculo slo tiene en cuenta la maternidad biolgica y no la maternidad/paternidad adoptiva y, en algunos casos, el acogimiento familiar. Las familias adoptantes, guardadoras con fines de adopcin y acogedoras, en algunas comunidades autnomas, deben acudir obligatoriamente a unas sesiones informativas y a una preparacin, y en el caso de la adopcin deben obtener preceptivamente un certificado de idoneidad tras un estudio psicosocial que en ocasiones supone ms de cinco entrevistas. Estas exigencias legales podran considerarse propiamente una preparacin para la adopcin y deberan, por tanto, contemplarse normativamente como permisos retribuidos, ya que son obligatorias para todas las familias adoptantes, a diferencia de la preparacin al parto, que no lo es. Adems, en estos casos, ambos progenitores deben acudir a la preparacin y a las entrevistas, en contraste con los exmenes prenatales y las tcnicas de preparacin al parto, a los que solo es estrictamente necesario que acuda la madre. Por todo ello, esta modificacin equipara a las familias adoptantes o acogedoras a las biolgicas.

En relacin con esta iniciativa, debe significarse que, si bien la modificacin introducida sera aplicable al personal laboral de las Administraciones Pblicas, no resulta de aplicacin al personal funcionario, que se rige por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril. Por ello, se incorpora en la disposicin final cuarta la modificacin del artculo 48, letra e), de esta ley que contempla la misma previsin del Estatuto de los Trabajadores, con objeto de que tambin los funcionarios pblicos puedan disfrutar de este permiso.

La disposicin final quinta modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, para reformar las condiciones de mantenimiento de los efectos del ttulo oficial de familia numerosa. La normativa actual condiciona la vigencia del ttulo hasta que el nmero de hijos que cumplan los requisitos previstos sea el mnimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van saliendo del ttulo, por dejar de cumplir el requisito de edad, fundamentalmente, la familia puede perder el derecho al ttulo si quedan menos de tres o dos hermanos que cumplan los requisitos, dndose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al ttulo luego no pueden disfrutar de estos beneficios. Teniendo en cuenta que, en un porcentaje elevadsimo, los ttulos vigentes corresponden a familias numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad mxima por parte del mayor arrastra la prdida del ttulo y de todos los beneficios para toda la familia con bastante frecuencia. Por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situacin efectiva de las familias numerosas y evitar una situacin de discriminacin entre los hermanos.

Las disposiciones finales sexta y sptima introducen sendas modificaciones de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, y de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para revisar los criterios de asignacin de plaza escolar con vistas a tener en cuenta la condicin legal de familia numerosa y situacin de acogimiento familiar del alumno o la alumna, as como incrementar la reserva de plazas en los centros educativos para casos del inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.

La disposicin final octava modifica la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, como consecuencia de la necesidad de proteccin de las personas que hayan sido vctimas de trata de seres humanos.

La disposicin final novena modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia para que las prestaciones econmicas no puedan ser embargadas salvo en el caso del pago de alimentos, en los que ser el tribunal el que fijar la cantidad que pueda ser objeto de embargo. De este modo se preserva el inters del menor, al que la persona en situacin de dependencia pudiera deber alimentos.

Por su transcendencia e importancia merecen ser destacadas las disposiciones finales dcima a decimocuarta que introducen modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de la Jurisdiccin Social, con el fin de regular las consecuencias del delito de homicidio doloso en el mbito de las prestaciones de muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social y en favor de familiares del Rgimen de Clases Pasivas del Estado, desde una perspectiva global que refuerza la lucha contra la violencia de gnero y garantiza los derechos de los colectivos ms vulnerables, singularmente de los menores.

Ms especficamente, la nueva normativa impide el acceso a las citadas prestaciones y el mantenimiento de su disfrute a quienes fueran condenados por sentencia firme por la comisin de un delito doloso de homicidio, en cualquiera de sus formas, cuando la vctima sea el sujeto causante de la prestacin. Y todo ello viene acompaado por instrumentos que, desde el respeto de las garantas jurdicas necesarias, permiten a la Administracin la suspensin cautelar del abono de las prestaciones que, en su caso, se hubieran reconocido cuando haya recado sobre el solicitante resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisin del indicado delito, as como la revisin de oficio de los derechos reconocidos cuando recaiga sentencia firme al respecto. Adems, se articulan los mecanismos de comunicacin y coordinacin necesarios con los juzgados y tribunales de justicia para una ms adecuada aplicacin de la nueva regulacin, dentro de un contexto que tambin presta atencin a los derechos de los hurfanos, a fin de evitar que las personas condenadas por el delito de homicidio doloso puedan percibir en su nombre la pensin correspondiente, contemplndose igualmente los incrementos de cuanta pertinentes cuando la pensin de viudedad sea denegada o retirada a los condenados.

Se completa as un nuevo entorno normativo que mejora el anteriormente existente y supone un paso adicional de gran importancia desde la perspectiva de los mecanismos de proteccin social dentro de un mbito especialmente sensible y en el que ha de contarse con iniciativas y actuaciones desde las diferentes reas para garantizar un marco de proteccin integral.


[Bloque 3: #aprimero]

Artculo primero. Modificacin de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica la rbrica del ttulo I, que queda redactada como sigue:

TTULO I

De los derechos y deberes de los menores

Dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del artculo 5, que quedan redactados como sigue:

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informacin adecuada a su desarrollo.

Se prestar especial atencin a la alfabetizacin digital y meditica, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en lnea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilizacin de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin as como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

3. Las Administraciones Pblicas incentivarn la produccin y difusin de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarn el acceso de los menores a los servicios de informacin, documentacin, bibliotecas y dems servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilizacin sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

En particular, velarn porque los medios de comunicacin en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los dems, eviten imgenes de violencia, explotacin en las relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el mbito de la autorregulacin, las autoridades y organismos competentes impulsarn entre los medios de comunicacin, la generacin y supervisin del cumplimiento de cdigos de conducta destinados a salvaguardar la promocin de los valores anteriormente descritos, limitando el acceso a imgenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo contemplado en los cdigos de autorregulacin de contenidos aprobados. Se garantizar la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnolgico, para los menores con discapacidad.

Los poderes pblicos y los prestadores fomentarn el disfrute pleno de la comunicacin audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prcticas que evite cualquier discriminacin o repercusin negativa hacia dichas personas.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 7, que queda redactado como sigue:

1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artstica y recreativa de su entorno, as como a una incorporacin progresiva a la ciudadana activa.

Los poderes pblicos promovern la constitucin de rganos de participacin de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

Se garantizar la accesibilidad de los entornos y la provisin de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artstica y recreativa.

Cuatro. Se introduce un nuevo captulo III en el ttulo I, con la redaccin siguiente, pasando el actual captulo III a ser el captulo IV:

CAPTULO III

Deberes del menor

Artculo 9 bis. Deberes de los menores.

1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, debern asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los mbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.

2. Los poderes pblicos promovern la realizacin de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminacin y accesibilidad universal.

Artculo 9 ter. Deberes relativos al mbito familiar.

1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos as como a otros familiares.

2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizacin de las tareas domsticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonoma personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Artculo 9 quter. Deberes relativos al mbito escolar.

1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, as como al resto de sus compaeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A travs del sistema educativo se implantar el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilizacin en el entorno docente de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.

Artculo 9 quinquies. Deberes relativos al mbito social.

1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.

2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o tnico, religin, sexo, orientacin e identidad sexual, discapacidad, caractersticas fsicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, as como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos pblicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservacin dentro de un desarrollo sostenible.

Cinco. Se modifican los apartados 1, 3 y 4, y se introducen una nueva letra f) en el apartado 2 y un apartado 5 al artculo 10, que quedan redactados como sigue:

1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Pblicas, o a travs de sus entidades colaboradoras, la informacin en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, as como a que se garantice su respeto.

2. (…)

f) Presentar denuncias individuales al Comit de Derechos del Nio, en los trminos de la Convencin sobre los Derechos del Nio y de la normativa que la desarrolle.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en Espaa tienen derecho a la educacin, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales bsicas, en las mismas condiciones que los menores espaoles. Las Administraciones Pblicas velarn por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompaados, los que presenten necesidades de proteccin internacional, los menores con discapacidad y los que sean vctimas de abusos sexuales, explotacin sexual, pornografa infantil, de trata o de trfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes pblicos, en el diseo y elaboracin de las polticas pblicas, tendrn como objetivo lograr la plena integracin de los menores extranjeros en la sociedad espaola, mientras permanezcan en el territorio del Estado espaol, en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social.

4. Cuando la Entidad Pblica asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en Espaa, la Administracin General del Estado le facilitar, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentacin del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pblica, la documentacin acreditativa de su situacin y la autorizacin de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pas de origen, y segn lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjera e inmigracin.

5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Pblicas, el reconocimiento de su condicin de asegurado en relacin con la asistencia sanitaria se realizar de oficio, previa presentacin de la certificacin de su tutela o guarda expedida por la Entidad Pblica, durante el periodo de duracin de las mismas.

Seis. Se modifica el artculo 11, que queda redactado como sigue:

Artculo 11. Principios rectores de la accin administrativa.

1. Las Administraciones Pblicas facilitarn a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.

Las Administraciones Pblicas, en los mbitos que les son propios, articularn polticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrn derecho a acceder a tales servicios por s mismos o a travs de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendrn el deber de utilizarlos en inters de los menores.

Se impulsarn polticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podr quedar afectado por falta de recursos sociales bsicos. Se garantizar a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Pblicas debern tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educacin, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espectculos, medios de comunicacin, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologas (TICs).

Las Administraciones Pblicas tendrn particularmente en consideracin la adecuada regulacin y supervisin de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones fsico-ambientales, higinico-sanitarias, de accesibilidad y diseo universal y de recursos humanos, as como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participacin de los menores y a las dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Sern principios rectores de la actuacin de los poderes pblicos en relacin con los menores:

a) La supremaca de su inters superior.

b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su inters, en cuyo caso se garantizar la adopcin de medidas de proteccin familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

c) Su integracin familiar y social.

d) La prevencin y la deteccin precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

e) La sensibilizacin de la poblacin ante situaciones de desproteccin.

f) El carcter educativo de todas las medidas que se adopten.

g) La promocin de la participacin, voluntariado y solidaridad social.

h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurdica en la actuacin protectora, garantizando el carcter colegiado e interdisciplinar en la adopcin de medidas que les afecten.

i) La proteccin contra toda forma de violencia, incluido el maltrato fsico o psicolgico, los castigos fsicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotacin, la realizada a travs de las nuevas tecnologas, los abusos sexuales, la corrupcin, la violencia de gnero o en el mbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, as como la trata y el trfico de seres humanos, la mutilacin genital femenina y cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminacin por cualquier circunstancia.

k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, as como su inclusin y participacin plenas y efectivas.

l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientacin e identidad sexual.

m)  El respeto y la valoracin de la diversidad tnica y cultural.

3. Los poderes pblicos desarrollarn actuaciones encaminadas a la sensibilizacin, prevencin, deteccin, notificacin, asistencia y proteccin de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinacin y la colaboracin entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto pblicos como privados, para garantizar una actuacin integral.

4. Las Entidades Pblicas dispondrn de programas y recursos destinados al apoyo y orientacin de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayora de edad y queden fuera del sistema de proteccin, con especial atencin a los que presentan discapacidad.

Siete. Se modifica el artculo 12, que queda redactado como sigue:

Artculo 12. Actuaciones de proteccin.

1. La proteccin de los menores por los poderes pblicos se realizar mediante la prevencin, deteccin y reparacin de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaracin de desamparo, la asuncin de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de proteccin debern primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

2. Los poderes pblicos velarn para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarn servicios accesibles de prevencin, asesoramiento y acompaamiento en todas las reas que afectan al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una vctima de violencia de gnero o domstica, las actuaciones de los poderes pblicos estarn encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aqulla, as como su proteccin, atencin especializada y recuperacin.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayora de edad de una persona, ser considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deber realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realizacin de pruebas mdicas para la determinacin de la edad de los menores se someter al principio de celeridad, exigir el previo consentimiento informado del afectado y se llevar a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.

5. Cualquier medida de proteccin no permanente que se adopte respecto de menores de tres aos se revisar cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisin tendr lugar el primer ao cada seis meses y, a partir del segundo ao, cada doce meses.

6. Adems, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pblica remitir al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situacin de un determinado menor cuando ste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos aos, debiendo justificar la Entidad Pblica las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de carcter ms estable en ese intervalo.

7. Los poderes pblicos garantizarn los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopcin o instituciones similares, velando al mximo por el inters superior del menor. Asimismo, garantizarn que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultacin, abandono, negligencia o segregacin velarn porque se proporcione con anticipacin informacin, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Ocho. Se modifica el apartado 1 y se aaden los apartados 4 y 5 al artculo 13, que quedan redactados como sigue:

1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesin o funcin detecten una situacin de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarn a la autoridad o sus agentes ms prximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

4. Toda persona que tuviera noticia, a travs de cualquier fuente de informacin, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotacin de menores, tendr la obligacin de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin procesal penal.

5. Ser requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algn delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresin y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacin sexual, prostitucin y explotacin sexual y corrupcin de menores, as como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber acreditar esta circunstancia mediante la aportacin de una certificacin negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Nueve. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

Artculo 14. Atencin inmediata.

Las autoridades y servicios pblicos tendrn la obligacin de prestar la atencin inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su mbito de competencias o de dar traslado en otro caso al rgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pblica y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pblica podr asumir, en cumplimiento de la obligacin de prestar la atencin inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artculo 172.4 del Cdigo Civil, que ser comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situacin real de desamparo.

Diez. Se modifica el artculo 17, que queda redactado como sigue:

Artculo 17. Actuaciones en situacin de riesgo.

1. Se considerar situacin de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaran su declaracin de situacin de desamparo y la asuncin de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervencin de la administracin pblica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptacin que le afectan y evitar su desamparo y exclusin social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerar indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situacin salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerar indicador de riesgo, pero nunca podr desembocar en la separacin del entorno familiar.

2. En situacin de riesgo de cualquier ndole, la intervencin de la administracin pblica competente deber garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientar a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situacin personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su proteccin y preservacin del entorno familiar.

3. La intervencin en la situacin de riesgo corresponde a la administracin pblica competente conforme a lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicable, en coordinacin con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo mbito territorial o cualesquiera otras.

4. La valoracin de la situacin de riesgo conllevar la elaboracin y puesta en marcha de un proyecto de intervencin social y educativo familiar que deber recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsin de plazos, promoviendo los factores de proteccin del menor y manteniendo a ste en su medio familiar. Se procurar la participacin de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboracin del proyecto. En cualquier caso, ser oda y tenida en cuenta la opinin de stos en el intento de consensuar el proyecto, que deber ser firmado por las partes, para lo que se les comunicar de manera comprensible y en formato accesible. Tambin se comunicar y consultar con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce aos.

5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborarn activamente, segn su capacidad, en la ejecucin de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisin de la colaboracin prevista en el mismo dar lugar a la declaracin de la situacin de riesgo del menor.

6. La situacin de riesgo ser declarada por la administracin pblica competente conforme a lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicable mediante una resolucin administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce aos. La resolucin administrativa incluir las medidas tendentes a corregir la situacin de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolucin administrativa que declare la situacin de riesgo del menor, se podr interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. Cuando la administracin pblica competente est desarrollando una intervencin ante una situacin de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al mbito de otra entidad territorial, la administracin pblica de origen lo pondr en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, sta contine la intervencin que se vena realizando, con remisin de la informacin y documentacin necesaria. Si la administracin pblica de origen desconociera el lugar de destino, podr solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguacin. Una vez conocida la localizacin del menor, se pondr en conocimiento de la Entidad Pblica competente en dicho territorio, que continuar la intervencin.

8. En los supuestos en que la administracin pblica competente para apreciar e intervenir en la situacin de riesgo estime que existe una situacin de desproteccin que puede requerir la separacin del menor de su mbito familiar o cuando, concluido el perodo previsto en el proyecto de intervencin o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeo de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondr en conocimiento de la Entidad Pblica a fin de que valore la procedencia de declarar la situacin de desamparo, comunicndolo al Ministerio Fiscal.

Cuando la Entidad Pblica considere que no procede declarar la situacin de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administracin pblica competente para apreciar la situacin de riesgo, lo pondr en conocimiento de la administracin pblica que haya intervenido en la situacin de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este ltimo har una supervisin de la situacin del menor, pudiendo para ello recabar la colaboracin de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.

9. La administracin pblica competente para intervenir en la situacin de riesgo adoptar, en colaboracin con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevencin, intervencin y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaracin de situacin de riesgo o desamparo del recin nacido. A tales efectos, se entender por situacin de riesgo prenatal la falta de cuidado fsico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as como cualquier otra accin propia de la mujer o de terceros tolerada por sta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalas fsicas, mentales o sensoriales al recin nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario debern notificar esta situacin a la administracin pblica competente, as como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendr la intervencin con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situacin de riesgo o desamparo del menor para su adecuada proteccin.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos mdicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad fsica o psquica de un menor constituye una situacin de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondrn inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a travs del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisin correspondiente en salvaguarda del mejor inters del menor.

Once. Se modifica el artculo 18, que queda redactado como sigue:

Artculo 18. Actuaciones en situacin de desamparo.

1. Cuando la Entidad Pblica constate que el menor se encuentra en situacin de desamparo, actuar en la forma prevista en el artculo 172 y siguientes del Cdigo Civil, asumiendo la tutela de aqul por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de proteccin y ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artculo 172 y siguientes del Cdigo Civil, se considerar situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La situacin de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podr ser tenida en cuenta para la valoracin de la situacin de desamparo. Asimismo, en ningn caso se separar a un menor de sus progenitores en razn de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerar un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situacin, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entender que existe situacin de desamparo cuando se d alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad fsica o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque stas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estn en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada ms all del plazo de dos aos.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad fsica del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos fsicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; tambin cuando el menor sea identificado como vctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecucin de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. Tambin se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recin nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicolgico continuado o a la falta de atencin grave y crnica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atencin est condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboracin suficiente durante el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

f) La induccin a la mendicidad, delincuencia o prostitucin, o cualquier otra explotacin del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarizacin o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la induccin al absentismo escolar durante las etapas de escolarizacin obligatoria.

h) Cualquier otra situacin gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

3. Cada Entidad Pblica designar al rgano que ejercer la tutela de acuerdo con sus estructuras orgnicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de proteccin desde la Comunidad Autnoma que la adopt a otra distinta, corresponde a sta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo mximo de tres meses desde que esta ltima sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autnoma de origen y sea previsible una reintegracin familiar a corto o medio plazo, se mantendr la medida adoptada y la Entidad Pblica del lugar de residencia del menor colaborar en el seguimiento de la evolucin de ste. Tampoco ser necesaria la adopcin de nuevas medidas de proteccin en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autnoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autnomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situacin de posible desproteccin de un menor de nacionalidad espaola que se encuentre fuera del territorio nacional, para su proteccin en Espaa ser competente la Entidad Pblica correspondiente a la Comunidad Autnoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, ser competente la Entidad Pblica correspondiente a la Comunidad Autnoma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores vnculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, ser competente la Entidad Pblica de la Comunidad Autnoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su ltima residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de Espaa hubiera sido objeto de una medida de proteccin previamente a su desplazamiento, ser competente la Entidad Pblica que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrn de resolverse conforme a los principios de celeridad y de inters superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administracin General del Estado se encargar del traslado del menor a Espaa. La Comunidad Autnoma que corresponda asumir la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en Espaa.

6. En los supuestos en que las medidas de proteccin adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en Espaa, se atender, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estar a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para Espaa y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estar a las normas espaolas de produccin interna sobre eficacia en Espaa de medidas de proteccin de menores.

Doce. Se modifica el artculo 19, que queda redactado como sigue:

Artculo 19. Guarda de menores.

1. Adems de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situacin de desamparo, la Entidad Pblica deber asumir la guarda en los trminos previstos en el artculo 172 bis del Cdigo Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

2. La guarda voluntaria tendr una duracin mxima de dos aos, salvo que el inters superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prrroga de la medida por la previsible reintegracin familiar en un plazo breve de tiempo.

En estos supuestos de guarda voluntaria ser necesario el compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervencin profesional.

Trece. Se incluye un artculo 19 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela.

1. Cuando la Entidad Pblica asuma la tutela o guarda del menor elaborar un plan individualizado de proteccin que establecer los objetivos, la previsin y el plazo de las medidas de intervencin a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegracin familiar.

En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pblica garantizar la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopcin de otros ms adecuados para sus necesidades.

2. Cuando del pronstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la Entidad Pblica aplicar el programa de reintegracin familiar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompaados.

3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen ser imprescindible que se haya comprobado una evolucin positiva de la misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vnculos, que concurra el propsito de desempear las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a travs del correspondiente informe tcnico. En los casos de acogimiento familiar, deber ponderarse, en la toma de decisin sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integracin en la familia de acogida y su entorno, as como el desarrollo de vnculos afectivos con la misma.

4. Cuando se proceda a la reunificacin familiar, la Entidad Pblica realizar un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

5. En el caso de los menores extranjeros no acompaados, se procurar la bsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inters superior y no coloque al menor o a su familia en una situacin que ponga en riesgo su seguridad.

6. Las menores y las jvenes sujetas a medidas de proteccin que estn embarazadas, recibirn el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situacin. En el plan individual de proteccin se contemplar esta circunstancia, as como la proteccin del recin nacido.

Catorce. Se modifica el artculo 20, que queda redactado como sigue:

Artculo 20. Acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir las modalidades establecidas en el Cdigo Civil y, en razn de la vinculacin del menor con la familia acogedora, podr tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

El acogimiento en familia ajena podr ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificacin, experiencia y formacin especfica para desempear esta funcin respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensacin econmica, sin suponer en ningn caso una relacin laboral.

El acogimiento especializado podr ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificacin, experiencia y formacin especfica, exista una relacin laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pblica.

2. El acogimiento familiar se formalizar por resolucin de la Entidad Pblica que tenga la tutela o la guarda, previa valoracin de la adecuacin de la familia para el acogimiento. En esta valoracin se tendr en cuenta su situacin familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda ndole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivacin y la naturaleza y finalidad del acogimiento segn su modalidad, as como la disposicin a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atencin y, si lo hubiera, del programa de reintegracin familiar, propiciando la relacin del menor con su familia de procedencia. El rgimen de visitas podr tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando as lo aconseje el inters superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento as lo aconseje, se valorar la adecuacin de la edad de los acogedores con la del menor acogido, as como la relacin previa entre ellos, priorizando, salvo que el inters del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, renan condiciones adecuadas para el acogimiento.

3. A la resolucin de formalizacin del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior, acordada conforme a los trminos previstos en el Cdigo Civil, se acompaar un documento anexo que incluir los siguientes extremos:

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.

b) Los consentimientos y audiencias necesarias.

c) La modalidad del acogimiento, duracin prevista para el mismo, as como su carcter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razn de la vinculacin del menor con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

1. El rgimen de visitas, estancia, relacin o comunicacin, en los supuestos de declaracin de desamparo, por parte de la familia de origen, que podr modificarse por la Entidad Pblica en atencin al inters superior del menor.

2. El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pblica de los daos que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

3. La asuncin por parte de los acogedores de los gastos de manutencin, educacin y atencin socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en funcin de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la Entidad Pblica y el compromiso de colaboracin con dicho seguimiento por parte de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.

g) La compensacin econmica, apoyos tcnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.

h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.

La resolucin y el documento anexo se remitirn al Ministerio Fiscal en el plazo mximo de un mes.

Quince. Se incluye el artculo 20 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares.

1. Los acogedores familiares tendrn derecho a:

a) Recibir informacin acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, as como preparacin previa, seguimiento y apoyo tcnico especializado durante y al trmino del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrn derecho a orientacin, acompaamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

b) Ser odos por la Entidad Pblica antes de que sta adopte cualquier resolucin que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el rgimen de visitas o de relacin o comunicacin con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de proteccin as como de las medidas de proteccin relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones peridicas y a obtener informacin del expediente de proteccin del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepcin de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la proteccin de datos de carcter personal.

d) Ser parte en todos los procesos de oposicin a las medidas de proteccin y a la declaracin de situacin de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposicin relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.

e) Cooperar con la Entidad Pblica en los planes de actuacin y seguimiento establecidos para el acogimiento.

f) Disponer de la documentacin identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.

g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.

h) Ser respetados por el menor acogido.

i) Recabar el auxilio de la Entidad Pblica en el ejercicio de sus funciones.

j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pblica y no exista oposicin de sta.

k) Percibir una compensacin econmica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.

l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biolgicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.

m)  Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pblica entiende que conviniere a su inters superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislacin vigente.

) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pblica que debern ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 das y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.

o) La familia acogedora tendr los mismos derechos que la Administracin reconoce al resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrn los siguientes deberes:

a) Velar por el bienestar y el inters superior del menor, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una formacin integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros ms adecuados a sus necesidades.

b) Or al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 aos, sin exclusin alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad Pblica las peticiones que ste pueda realizar dentro de su madurez.

c) Asegurar la plena participacin del menor en la vida de familia.

d) Informar a la Entidad Pblica de cualquier hecho de trascendencia en relacin con el menor.

e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del rgimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegracin familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Pblicas en el desarrollo de la intervencin individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.

h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situacin familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideracin como base para el acogimiento.

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, as como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

j) Participar en las acciones formativas que se propongan.

k) Colaborar en el trnsito de la medida de proteccin del menor a la reintegracin a su entorno de origen, la adopcin, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopcin de una medida de proteccin ms estable.

l) Los acogedores familiares tendrn las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Diecisis. Se modifica el artculo 21, que queda redactado como sigue:

Artculo 21. Acogimiento residencial.

1. En relacin con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Pblicas y los servicios y centros donde se encuentren debern actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrn las siguientes obligaciones bsicas:

a) Asegurarn la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarn los derechos de los menores adaptando su proyecto general a las caractersticas personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo fsico, psicolgico, social y educativo en el marco del plan individualizado de proteccin que defina la Entidad Pblica.

b) Contarn con el plan individual de proteccin de cada menor que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecucin, en el cual se prever la preparacin del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarn todas sus decisiones en relacin con el acogimiento residencial de los menores en inters de los mismos.

d) Fomentarn la convivencia y la relacin entre hermanos siempre que ello redunde en inters de los menores y procurarn la estabilidad residencial de los menores, as como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor.

e) Promovern la relacin y colaboracin familiar, programndose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el inters del menor.

f) Potenciarn la educacin integral e inclusiva de los menores, con especial consideracin a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarn por su preparacin para la vida plena, de manera especial su escolarizacin y formacin.

En el caso de los menores de diecisis a dieciocho aos uno de los objetivos prioritarios ser la preparacin para la vida independiente, la orientacin e insercin laboral.

g) Poseern una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de proteccin, y tendrn recogido un procedimiento de formulacin de quejas y reclamaciones.

h) Administrarn los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripcin y seguimiento mdico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos se llevar un registro con la historia mdica de cada uno de los menores.

i) Revisarn peridicamente el plan individual de proteccin con el objeto de valorar la adecuacin del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarn las salidas de los menores en fines de semana y perodos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.

k) Promovern la integracin normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.

l) Establecern los necesarios mecanismos de coordinacin con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de proteccin.

m)  Velarn por la preparacin para la vida independiente, promoviendo la participacin en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestin del centro, la autonoma y la asuncin progresiva de responsabilidades.

n) Establecern medidas educativas y de supervisin que garanticen la proteccin de los datos personales del menor al acceder a las tecnologas de la informacin y de la comunicacin y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el mbito de la proteccin debern estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad Pblica, debiendo respetar el rgimen de habilitacin lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado. Adems, debern existir estndares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pblica regular el rgimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial e inscribir en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atencin a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, nmero, ratio y cualificacin profesional de su personal, proyecto educativo, participacin de los menores en su funcionamiento interno y dems condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

Asimismo, la Entidad Pblica promover modelos de acogimiento residencial con ncleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecer la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis aos. No se acordar el acogimiento residencial para menores de tres aos salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inters superior del menor. Esta limitacin para acordar el acogimiento residencial se aplicar tambin a los menores de seis aos en el plazo ms breve posible. En todo caso, y con carcter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendr una duracin superior a tres meses.

4. A los efectos de asegurar la proteccin de los derechos de los menores, la Entidad Pblica deber realizar la inspeccin y supervisin de los centros y servicios semestralmente y siempre que as lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deber ejercer la vigilancia sobre las decisiones de acogimiento residencial que se adopten, as como la inspeccin sobre todos los servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administracin pblica competente podr adoptar las medidas adecuadas para garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carcter educativo, que no podrn atentar, en ningn caso, contra la dignidad de los menores. En casos graves de perturbacin de la convivencia, podrn limitarse las salidas del centro de acogida. Estas medidas debern ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de stos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias contra la convivencia en el mbito residencial, se dar cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

Diecisiete. Se incluye un artculo 21 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 21 bis. Derechos de los menores acogidos.

1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendr derecho a:

a) Ser odo en los trminos del artculo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de oposicin a las medidas de proteccin y declaracin en situacin de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, y en funcin de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalizacin y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurdica gratuita cuando se encuentre en situacin de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pblica y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del rgimen de visitas, relacin y comunicacin establecido por la Entidad Pblica.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar la asuncin de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipacin la informacin, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoteraputico por parte de la Entidad Pblica, para superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoteraputico que sea necesario.

j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orgenes y parientes biolgicos, una vez alcanzada la mayora de edad.

2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, adems, los siguientes derechos:

a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.

b) Mantener relacin con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad Pblica entiende que conviniere a su inters superior y siempre que lo consintieren el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos, la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

c) Solicitar informacin o pedir, por s mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del acogimiento familiar.

3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, adems, los siguientes derechos:

a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.

b) Participar en la elaboracin de la programacin de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas.

c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atencin y reclamacin que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pblica.

Dieciocho. Se aade el artculo 22 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 bis. Programas de preparacin para la vida independiente.

Las Entidades Pblicas ofrecern programas de preparacin para la vida independiente dirigidos a los jvenes que estn bajo una medida de proteccin, particularmente en acogimiento residencial o en situacin de especial vulnerabilidad, desde dos aos antes de su mayora de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participacin activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas debern propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, insercin socio-laboral, apoyo psicolgico y ayudas econmicas.

Diecinueve. Se aade el artculo 22 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 ter. Sistema de informacin sobre la proteccin a la infancia y a la adolescencia.

Las Comunidades Autnomas y la Administracin General del Estado establecern un sistema de informacin compartido que permita el conocimiento uniforme de la situacin de la proteccin a la infancia y a la adolescencia en Espaa, y de ofrecimientos para el acogimiento y la adopcin, con datos desagregados por gnero y discapacidad, tanto a efectos de seguimiento de las medidas concretas de proteccin de menores como a efectos estadsticos. A estos mismos efectos se desarrollar el Registro Unificado de Maltrato Infantil.

Veinte. Se aade el artculo 22 quter, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 quter. Tratamiento de datos de carcter personal.

1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el captulo I del ttulo II de esta ley, las Administraciones Pblicas competentes podrn proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situacin del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Pblicas y privadas y, en general, cualquier persona facilitarn a las Administraciones Pblicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

2. Las entidades a las que se refiere el artculo 13 podrn tratar sin consentimiento del interesado la informacin que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto con la nica finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las Administraciones Pblicas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos recabados por las Administraciones Pblicas podrn utilizarse nica y exclusivamente para la adopcin de las medidas de proteccin establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garanta del inters superior del menor y slo podrn ser comunicados a las Administraciones Pblicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los rganos judiciales.

4. Los datos podrn ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio Fiscal, que los tratar para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la normativa que le es aplicable.

5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedar sometido a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y sus disposicin de desarrollo, siendo exigible la implantacin de las medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.

Veintiuno. Se aade el artculo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:

Artculo 22 quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.

Las memorias del anlisis de impacto normativo que deben acompaar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirn el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Veintids. Se modifica el artculo 23, que queda redactado como sigue:

Artculo 23. ndice de tutelas.

Para el ejercicio de la funcin de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el Cdigo Civil respecto de la tutela asumida por la Entidad Pblica por ministerio de la ley, se llevar en cada Fiscala un ndice de Tutelas de Menores.

Veintitrs. Se modifica el artculo 24 que queda redactado como sigue:

Artculo 24. Adopcin de menores.

La adopcin nacional e internacional se ajustar a lo establecido por la legislacin civil aplicable.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 4: #asegundo]

Artculo segundo. Modificacin del Cdigo Civil.

El Cdigo Civil queda modificado en los siguientes trminos:

Uno. Se modifican los apartados 4, 6 y 7 del artculo 9, que quedan redactados como sigue:

4. La determinacin y el carcter de la filiacin por naturaleza se regirn por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiacin. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiacin, se aplicar la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiacin o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicar la ley sustantiva espaola. En lo relativo al establecimiento de la filiacin por adopcin, se estar a lo dispuesto en el apartado 5.

La ley aplicable al contenido de la filiacin, por naturaleza o por adopcin, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinar con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios.

6. La ley aplicable a la proteccin de menores se determinar de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este artculo.

La ley aplicable a la proteccin de las personas mayores de edad se determinar por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se aplicar la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en Espaa de las medidas de proteccin acordadas en otros Estados. Ser de aplicacin, sin embargo, la ley espaola para la adopcin de medidas provisionales o urgentes de proteccin.

7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinar de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.

Dos. Se introduce un apartado 3 en el artculo 19, que queda redactado como sigue:

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurdico del pas de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, sta ser reconocida tambin en Espaa.

Tres. Se modifica el artculo 133, que queda redactado como sigue:

Artculo 133.

1. La accin de reclamacin de filiacin no matrimonial, cuando falte la respectiva posesin de estado, corresponder al hijo durante toda su vida.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro aos desde que alcanzare mayora de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos, o durante el ao siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su accin corresponder a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

2. Igualmente podrn ejercitar la presente accin de filiacin los progenitores en el plazo de un ao contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamacin.

Esta accin no ser transmisible a los herederos quienes solo podrn continuar la accin que el progenitor hubiere iniciado en vida.

Cuatro. Se modifica el artculo 136, que queda redactado como sigue:

Artculo 136.

1. El marido podr ejercitar la accin de impugnacin de la paternidad en el plazo de un ao contado desde la inscripcin de la filiacin en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correr mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el ao se contar desde que lo conozca el heredero.

2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biolgica, el cmputo del plazo de un ao comenzar a contar desde que tuviera tal conocimiento.

3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo sealado en los prrafos anteriores, la accin corresponder a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo.

Cinco. Se modifica el artculo 137, que pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 137.

1. La paternidad podr ser impugnada por el hijo durante el ao siguiente a la inscripcin de la filiacin. Si fuere menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, el plazo contar desde que alcance la mayora de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos.

El ejercicio de la accin, en inters del hijo que sea menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, corresponder, asimismo, durante el ao siguiente a la inscripcin de la filiacin, a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.

2. Si el hijo, pese a haber transcurrido ms de un ao desde la inscripcin en el registro, desde su mayora de edad o desde la recuperacin de la capacidad suficiente a tales efectos, desconociera la falta de paternidad biolgica de quien aparece inscrito como su progenitor, el cmputo del plazo de un ao comenzar a contar desde que tuviera tal conocimiento.

3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los prrafos anteriores, su accin corresponder a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

4. Si falta en las relaciones familiares la posesin de estado de filiacin matrimonial, la demanda podr ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.

Seis. Se modifica el artculo 138, que pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 138.

El reconocimiento y dems actos jurdicos que determinen conforme a la ley una filiacin matrimonial o no matrimonial podrn ser impugnados por vicio de consentimiento segn lo dispuesto en el artculo 141. La impugnacin de la paternidad por otras causas se atendr a las normas contenidas en esta seccin.

Siete. Se modifica el prrafo final del artculo 140, que tendr la siguiente redaccin:

Los hijos tendrn en todo caso accin durante un ao despus de alcanzar la mayora de edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos.

Ocho. Se modifica el artculo 154, que queda redactado como sigue:

Artculo 154.

Los hijos no emancipados estn bajo la patria potestad de los progenitores.

La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercer siempre en inters de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad fsica y mental.

Esta funcin comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por ellos, tenerlos en su compaa, alimentarlos, educarlos y procurarles una formacin integral.

2. Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente madurez debern ser odos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los progenitores podrn, en el ejercicio de su funcin, recabar el auxilio de la autoridad.

Nueve. Se modifica el nmero 4., se aaden los nmeros 5. y 6. y se modifica el ltimo prrafo del artculo 158, que quedan redactados como sigue:

4. La medida de prohibicin a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.

5. La medida de prohibicin de comunicacin con el menor, que impedir a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicacin o medio informtico o telemtico, con respeto al principio de proporcionalidad.

6. En general, las dems disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizar por el Juez que el menor pueda ser odo en condiciones idneas para la salvaguarda de sus intereses.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicar las medidas a la Entidad Pblica.

Todas estas medidas podrn adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdiccin voluntaria.

Diez. Se modifica el artculo 160, que queda redactado como sigue:

Artculo 160.

1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque stos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolucin judicial o por la Entidad Pblica en los casos establecidos en el artculo161. En caso de privacin de libertad de los progenitores, y siempre que el inters superior del menor recomiende visitas a aquellos, la Administracin deber facilitar el traslado acompaado del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administracin competente o por un profesional que velarn por la preparacin del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deber realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor.

Los menores adoptados por otra persona, solo podrn relacionarse con su familia de origen en los trminos previstos en el artculo 178.4.

2. No podrn impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposicin, el Juez, a peticin del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolver atendidas las circunstancias. Especialmente deber asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infraccin de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Once. Se modifica el artculo 161, que queda redactado como sigue:

Artculo 161.

La Entidad Pblica a la que, en el respectivo territorio, est encomendada la proteccin de menores regular las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y dems parientes y allegados respecto a los menores en situacin de desamparo, pudiendo acordar motivadamente, en inters del menor, la suspensin temporal de las mismas previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos, con inmediata notificacin al Ministerio Fiscal. A tal efecto, el Director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados informarn a la Entidad Pblica de cualquier indicio de los efectos nocivos de estas visitas sobre el menor.

El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal podrn oponerse a dichas resoluciones administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Doce. Se modifica la redaccin del punto primero del artculo 162, en los siguientes trminos:

Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representacin legal de sus hijos menores no emancipados.

Se exceptan:

1. Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por s mismo.

No obstante, los responsables parentales intervendrn en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.

2. Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.

3. Los relativos a bienes que estn excluidos de la administracin de los padres.

Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de ste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 158.

Trece. Se modifica el artculo 172, que queda redactado como sigue:

Artculo 172.

1. Cuando la Entidad Pblica a la que, en el respectivo territorio, est encomendada la proteccin de los menores constate que un menor se encuentra en situacin de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deber adoptar las medidas de proteccin necesarias para su guarda, ponindolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord la tutela ordinaria. La resolucin administrativa que declare la situacin de desamparo y las medidas adoptadas se notificar en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce aos, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo mximo de cuarenta y ocho horas. La informacin ser clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervencin de la Administracin y los efectos de la decisin adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta informacin se facilitar de forma presencial.

Se considera como situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asuncin de la tutela atribuida a la Entidad Pblica lleva consigo la suspensin de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, sern vlidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representacin del menor y que sean en inters de ste.

La Entidad Pblica y el Ministerio Fiscal podrn promover, si procediere, la privacin de la patria potestad y la remocin de la tutela.

2. Durante el plazo de dos aos desde la notificacin de la resolucin administrativa por la que se declare la situacin de desamparo, los progenitores que continen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el apartado 1, o los tutores que, conforme al mismo apartado, tengan suspendida la tutela, podrn solicitar a la Entidad Pblica que cese la suspensin y quede revocada la declaracin de situacin de desamparo del menor, si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.

Igualmente, durante el mismo plazo podrn oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la proteccin del menor.

Pasado dicho plazo decaer el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la proteccin del menor. No obstante, podrn facilitar informacin a la Entidad Pblica y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaracin de situacin de desamparo.

En todo caso, transcurridos los dos aos, nicamente el Ministerio Fiscal estar legitimado para oponerse a la resolucin de la Entidad Pblica.

Durante ese plazo de dos aos, la Entidad Pblica, ponderando la situacin y ponindola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podr adoptar cualquier medida de proteccin, incluida la propuesta de adopcin, cuando exista un pronstico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

3. La Entidad Pblica, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podr revocar la declaracin de situacin de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, siempre que se entienda que es lo ms adecuado para su inters. Dicha decisin se notificar al Ministerio Fiscal.

4. En cumplimiento de la obligacin de prestar la atencin inmediata, la Entidad Pblica podr asumir la guarda provisional de un menor mediante resolucin administrativa, y lo comunicar al Ministerio Fiscal, procediendo simultneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situacin real de desamparo.

Tales diligencias se realizarn en el plazo ms breve posible, durante el cual deber procederse, en su caso, a la declaracin de la situacin de desamparo y consecuente asuncin de la tutela o a la promocin de la medida de proteccin procedente. Si existieran personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en inters de ste, se promover el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias.

Cuando hubiera transcurrido el plazo sealado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resolucin, el Ministerio Fiscal promover las acciones procedentes para asegurar la adopcin de la medida de proteccin ms adecuada del menor por parte de la Entidad Pblica.

5. La Entidad Pblica cesar en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situacin de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparicin de las causas que motivaron su asuncin, por alguno de los supuestos previstos en los artculos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro pas.

b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autnoma cuya Entidad Pblica hubiere dictado resolucin sobre declaracin de situacin de desamparo y asumido su tutela o medida de proteccin correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de proteccin a tenor de la situacin del menor.

c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandon voluntariamente el centro de proteccin, encontrndose en paradero desconocido.

La guarda provisional cesar por las mismas causas que la tutela.

Catorce. Se incluye el artculo 172 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 172 bis.

1. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrn solicitar de la Entidad Pblica que sta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no podr sobrepasar dos aos como plazo mximo de cuidado temporal del menor, salvo que el inters superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prrroga de las medidas. Transcurrido el plazo o la prrroga, en su caso, el menor deber regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situacin legal de desamparo.

La entrega voluntaria de la guarda se har por escrito dejando constancia de que los progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, as como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Entidad Pblica garantizndose, en particular a los menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopcin de otros ms adecuados a sus necesidades.

La resolucin administrativa sobre las asuncin de la guarda por la Entidad Pblica, as como sobre cualquier variacin posterior de su forma de ejercicio, ser fundamentada y comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal.

2. Asimismo, la Entidad Pblica asumir la guarda cuando as lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda, adoptando la medida de proteccin correspondiente.

Quince. Se aade el artculo 172 ter, con la siguiente redaccin:

Artculo 172 ter.

1. La guarda se realizar mediante el acogimiento familiar y, no siendo ste posible o conveniente para el inters del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizar por la persona o personas que determine la Entidad Pblica. El acogimiento residencial se ejercer por el Director o responsable del centro donde est acogido el menor, conforme a los trminos establecidos en la legislacin de proteccin de menores.

No podrn ser acogedores los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en la ley.

La resolucin de la Entidad Pblica en la que se formalice por escrito la medida de guarda se notificar a los progenitores o tutores que no estuvieran privados de la patria potestad o tutela, as como al Ministerio Fiscal.

2. Se buscar siempre el inters del menor y se priorizar, cuando no sea contrario a ese inters, su reintegracin en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confe a una misma institucin o persona para que permanezcan unidos. La situacin del menor en relacin con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al rgimen de visitas y otras formas de comunicacin, ser revisada, al menos cada seis meses.

3. La Entidad Pblica podr acordar, en relacin con el menor en acogida familiar o residencial, cuando sea conveniente a su inters, estancias, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto slo se seleccionar a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor. Dichas medidas debern ser acordadas una vez haya sido odo el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos.

La delegacin de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones contendr los trminos de la misma y la informacin que fuera necesaria para asegurar el bienestar del menor, en especial de todas las medidas restrictivas que haya establecido la Entidad Pblica o el Juez. Dicha medida ser comunicada a los progenitores o tutores, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del ejercicio de la tutela, as como a los acogedores. Se preservarn los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el inters del menor o concurra justa causa.

4. En los casos de declaracin de situacin de desamparo o de asuncin de la guarda por resolucin administrativa o judicial, podr establecerse por la Entidad Pblica la cantidad que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en funcin de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atencin del menor, as como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por actos realizados por los mismos.

Diecisis. Se modifica el artculo 173, que queda redactado como sigue:

Artculo 173.

1. El acogimiento familiar produce la plena participacin del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por l, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una formacin integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros ms adecuados a sus necesidades.

2. El acogimiento requerir el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce aos.

3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aqul, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o de la tutela o cualquier persona interesada podrn solicitar a la Entidad Pblica la remocin de la guarda.

4. El acogimiento familiar del menor cesar:

a) Por resolucin judicial.

b) Por resolucin de la Entidad Pblica, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el inters del mismo, odos los acogedores, el menor, sus progenitores o tutor.

c) Por la muerte o declaracin de fallecimiento del acogedor o acogedores del menor.

d) Por la mayora de edad del menor.

5. Todas las actuaciones de formalizacin y cesacin del acogimiento se practicarn con la obligada reserva.

Diecisiete. Se modifica el artculo 173 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 173 bis.

1. El acogimiento familiar podr tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este ltimo caso ser especializado.

2. El acogimiento familiar podr adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duracin y objetivos:

a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis aos, que tendr una duracin no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de proteccin familiar que corresponda.

b) Acogimiento familiar temporal, que tendr carcter transitorio, bien porque de la situacin del menor se prevea la reintegracin de ste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de proteccin que revista un carcter ms estable como el acogimiento familiar permanente o la adopcin. Este acogimiento tendr una duracin mxima de dos aos, salvo que el inters superior del menor aconseje la prrroga de la medida por la previsible e inmediata reintegracin familiar, o la adopcin de otra medida de proteccin definitiva.

c) Acogimiento familiar permanente, que se constituir bien al finalizar el plazo de dos aos de acogimiento temporal por no ser posible la reintegracin familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia as lo aconsejen. La Entidad Pblica podr solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeo de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al inters superior del menor.

Dieciocho. Se modifica el artculo 174, que queda redactado como sigue:

Artculo 174.

1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta seccin.

2. A tal fin, la Entidad Pblica le dar noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitir copia de las resoluciones administrativas de formalizacin de la constitucin, variacin y cesacin de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar cuenta de cualquier novedad de inters en las circunstancias del menor.

El Ministerio Fiscal habr de comprobar, al menos semestralmente, la situacin del menor y promover ante la Entidad Pblica o el Juez, segn proceda, las medidas de proteccin que estime necesarias.

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximir a la Entidad Pblica de su responsabilidad para con el menor y de su obligacin de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalas que observe.

4. Para el cumplimiento de la funcin de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, cuando sea necesario, podr el Ministerio Fiscal recabar la elaboracin de informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones Pblicas competentes.

A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones Pblicas competentes atendern las solicitudes de informacin remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situacin de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor.

Diecinueve. Se modifica el artculo 175, que queda redactado como sigue:

Artculo 175.

1. La adopcin requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco aos. Si son dos los adoptantes bastar con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando ser de, al menos, diecisis aos y no podr ser superior a cuarenta y cinco aos, salvo en los casos previstos en el artculo 176.2. Cuando fueran dos los adoptantes, ser suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia mxima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes estn en disposicin de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia mxima de edad podr ser superior.

No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este cdigo.

2. nicamente podrn ser adoptados los menores no emancipados. Por excepcin, ser posible la adopcin de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipacin, hubiere existido una situacin de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un ao.

3. No puede adoptarse:

1. A un descendiente.

2. A un pariente en segundo grado de la lnea colateral por consanguinidad o afinidad.

3. A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

4. Nadie podr ser adoptado por ms de una persona, salvo que la adopcin se realice conjunta o sucesivamente por ambos cnyuges o por una pareja unida por anloga relacin de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopcin permitir al cnyuge la adopcin de los hijos de su consorte. Esta previsin ser tambin de aplicacin a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusin prevista en el artculo 179, ser posible una nueva adopcin del adoptado.

5. En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con fines de adopcin de dos cnyuges o de una pareja unida por anloga relacin de afectividad a la conyugal, la separacin o divorcio legal o ruptura de la relacin de los mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopcin no impedir que pueda promoverse la adopcin conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva del adoptando con ambos cnyuges o con la pareja unida por anloga relacin de naturaleza anloga a la conyugal durante al menos dos aos anteriores a la propuesta de adopcin.

Veinte. Se modifica el artculo 176, que queda redactado como sigue:

Artculo 176.

1. La adopcin se constituir por resolucin judicial, que tendr en cuenta siempre el inters del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopcin ser necesaria la propuesta previa de la Entidad Pblica a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad Pblica haya declarado idneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaracin de idoneidad deber ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requerir tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Ser hurfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.

2. Ser hijo del cnyuge o de la persona unida al adoptante por anloga relacin de afectividad a la conyugal.

3. Llevar ms de un ao en guarda con fines de adopcin o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo.

4. Ser mayor de edad o menor emancipado.

3. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivacin adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopcin.

La declaracin de idoneidad por la Entidad Pblica requerir una valoracin psicosocial sobre la situacin personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, as como su capacidad para establecer vnculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funcin de sus singulares circunstancias. Dicha declaracin de idoneidad se formalizar mediante la correspondiente resolucin.

No podrn ser declarados idneos para la adopcin quienes se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de su hijo a la Entidad Pblica.

Las personas que se ofrezcan para la adopcin debern asistir a las sesiones informativas y de preparacin organizadas por la Entidad Pblica o por Entidad colaboradora autorizada.

4. Cuando concurra alguna de las circunstancias 1., 2. o 3. previstas en el apartado 2 podr constituirse la adopcin, aunque el adoptante hubiere fallecido, si ste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante documento pblico o en testamento. Los efectos de la resolucin judicial en este caso se retrotraern a la fecha de prestacin de tal consentimiento.

Veintiuno. Se aade el artculo 176 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 176 bis.

1. La Entidad Pblica podr delegar la guarda de un menor declarado en situacin de desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en el artculo 175 y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas idneas y asignadas para su adopcin. A tal efecto, la Entidad Pblica, con anterioridad a la presentacin de la propuesta de adopcin, delegar la guarda con fines de adopcin hasta que se dicte la resolucin judicial de adopcin, mediante resolucin administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce aos, que se notificar a los progenitores o tutores no privados de la patria potestad o tutela.

Los guardadores con fines de adopcin tendrn los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares.

2. Salvo que convenga otra cosa al inters del menor, la Entidad Pblica proceder a suspender el rgimen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el perodo de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior, excepto en los casos previstos en el artculo 178.4.

3. La propuesta de adopcin al Juez tendr que realizarse en el plazo ms breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses desde el da en el que se hubiera acordado la delegacin de guarda con fines de adopcin. No obstante, cuando la Entidad Pblica considere necesario, en funcin de la edad y circunstancias del menor, establecer un perodo de adaptacin del menor a la familia, dicho plazo de tres meses podr prorrogarse hasta un mximo de un ao.

En el supuesto de que el Juez no considerase procedente esa adopcin, la Entidad Pblica deber determinar la medida protectora ms adecuada para el menor.

Veintids. Se modifica el artculo 177, que queda redactado como sigue:

Artculo 177.

1. Habrn de consentir la adopcin, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce aos.

2. Debern asentir a la adopcin:

1. El cnyuge o persona unida al adoptante por anloga relacin de afectividad a la conyugal salvo que medie separacin o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopcin se vaya a formalizar de forma conjunta.

2. Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privacin. Esta situacin solo podr apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio que se tramitar conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No ser necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar motivadamente en la resolucin judicial que constituya la adopcin.

Tampoco ser necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos aos desde la notificacin de la declaracin de situacin de desamparo, en los trminos previstos en el artculo 172.2, sin oposicin a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada.

El asentimiento de la madre no podr prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.

En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitir que el asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados.

3. Debern ser odos por el Juez:

1. Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no fuera necesario para la adopcin.

2. El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores.

3. El adoptando menor de doce aos de acuerdo con su edad y madurez.

4. Los consentimientos y asentimientos debern otorgarse libremente, en la forma legal requerida y por escrito, previa informacin de sus consecuencias.

Veintitrs. Se modifica el artculo 178, que queda redactado como sigue:

Artculo 178.

1. La adopcin produce la extincin de los vnculos jurdicos entre el adoptado y su familia de origen.

2. Por excepcin subsistirn los vnculos jurdicos con la familia del progenitor que, segn el caso, corresponda:

a) Cuando el adoptado sea hijo del cnyuge o de la persona unida al adoptante por anloga relacin de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido.

b) Cuando slo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce aos y el progenitor cuyo vnculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

4. Cuando el inters del menor as lo aconseje, en razn de su situacin familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pblica, podr acordarse el mantenimiento de alguna forma de relacin o contacto a travs de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, favorecindose especialmente, cuando ello sea posible, la relacin entre los hermanos biolgicos.

En estos casos el Juez, al constituir la adopcin, podr acordar el mantenimiento de dicha relacin, determinando su periodicidad, duracin y condiciones, a propuesta de la Entidad Pblica o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuere mayor de doce aos. En todo caso, ser odo el adoptando menor de doce aos de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relacin se llevar a cabo con la intermediacin de la Entidad Pblica o entidades acreditadas a tal fin. El Juez podr acordar, tambin, su modificacin o finalizacin en atencin al inters superior del menor. La Entidad Pblica remitir al Juez informes peridicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, as como propuestas de mantenimiento o modificacin de las mismas durante los dos primeros aos, y, transcurridos estos a peticin del Juez.

Estn legitimados para solicitar la suspensin o supresin de dichas visitas o comunicaciones la Entidad Pblica, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce aos.

En la declaracin de idoneidad deber hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopcin aceptaran adoptar a un menor que fuese a mantener la relacin con la familia de origen.

Veinticuatro. Se modifican los apartados 2 y 5 y se introduce el apartado 6 en el artculo 180, que quedan redactados como sigue:

2. El Juez acordar la extincin de la adopcin a peticin de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hubieren intervenido en el expediente en los trminos expresados en el artculo 177. Ser tambin necesario que la demanda se interponga dentro de los dos aos siguientes a la adopcin y que la extincin solicitada no perjudique gravemente al menor.

Si el adoptado fuere mayor de edad, la extincin de la adopcin requerir su consentimiento expreso.

5. Las Entidades Pblicas asegurarn la conservacin de la informacin de que dispongan relativa a los orgenes del menor, en particular la informacin respecto a la identidad de sus progenitores, as como la historia mdica del menor y de su familia, y se conservarn durante al menos cincuenta aos con posterioridad al momento en que la adopcin se haya hecho definitiva. La conservacin se llevar a cabo a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho al que se refiere el apartado siguiente.

6. Las personas adoptadas, alcanzada la mayora de edad o durante su minora de edad a travs de sus representantes legales, tendrn derecho a conocer los datos sobre sus orgenes biolgicos. Las Entidades Pblicas, previa notificacin a las personas afectadas, prestarn a travs de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho.

A estos efectos, cualquier entidad privada o pblica tendr obligacin de facilitar a las Entidades Pblicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.

Veinticinco. Se modifica el artculo 216, al que se aade el siguiente prrafo:

Si se tratara de menores que estn bajo la tutela de la Entidad Pblica, estas medidas solo podrn ser acordadas de oficio, o a instancia de sta, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La Entidad Pblica ser parte en el procedimiento y las medidas acordadas sern comunicadas a la Entidad Pblica, la cual dar traslado de dicha comunicacin al Director del centro residencial o a la familia acogedora.

Veintisis. Se modifica el artculo 239, que queda redactado como sigue:

Artculo 239.

1. La tutela de los menores que se encuentren en situacin de desamparo corresponder por ministerio de la ley a la Entidad Pblica.

2. No obstante, se proceder al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en inters de ste.

En estos supuestos, previamente a la designacin judicial de tutor ordinario o en la misma resolucin, deber acordarse la suspensin o la privacin de la patria potestad o remocin del tutor, en su caso.

3. Estarn legitimados para el ejercicio de las acciones de privacin de patria potestad, remocin del tutor y para la solicitud de nombramiento de tutor de los menores en situacin de desamparo, el Ministerio Fiscal, la Entidad Pblica y los llamados al ejercicio de la tutela.

Veintisiete. Se aade el artculo 239 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 239 bis.

La Entidad Pblica a la que en el respectivo territorio est encomendada la proteccin y apoyo de las personas con la capacidad modificada judicialmente, ser designada como tutora cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al artculo 234.

Asimismo, asumir por ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situacin de desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modific su capacidad.

Se considera como situacin de desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer de tutor.

Veintiocho. Se modifica el artculo 303, que queda redactado como sigue:

Artculo 303.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podr requerirle para que informe de la situacin de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institucin de proteccin y apoyo, y de su actuacin en relacin con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Cautelarmente, mientras se mantenga la situacin de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de proteccin adecuada, si procediera, se podrn otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, si fuera menor de edad, se podr constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.

2. Proceder la declaracin de situacin de desamparo de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente en situacin de guarda de hecho, cuando, adems de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los artculos 172 y 239 bis.

En los dems casos, el guardador de hecho podr promover la privacin o suspensin de la patria potestad, remocin de la tutela o el nombramiento de tutor.

Veintinueve. Se modifica el artculo 1263, que queda redactado como sigue:

Artculo 1263.

No pueden prestar consentimiento:

1. Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por s mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.

2. Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los trminos sealados por la resolucin judicial.

Treinta. Se modifica el artculo 1264, que queda redactado como sigue:

Artculo 1264.

Lo previsto en el artculo anterior se entiende sin perjuicio de las prohibiciones legales o de los requisitos especiales de capacidad que las leyes puedan establecer.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 5: #atercero]

Artculo tercero. Modificacin de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional.

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 1, que queda redactado como sigue:

Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin de la ley.

1. La presente ley regula la intervencin de la Administracin General del Estado, de las Entidades Pblicas y de los organismos acreditados para la adopcin internacional, la capacidad y requisitos que deben reunir las personas que se ofrecen para adoptar, as como las normas de Derecho internacional privado relativas a la adopcin y otras medidas de proteccin internacional de menores en los supuestos en que exista algn elemento extranjero.

2. A los efectos del ttulo I de esta ley se entiende por adopcin internacional aquella en la que un menor considerado adoptable por la autoridad extranjera competente y con residencia habitual en el extranjero, es o va a ser desplazado a Espaa por adoptantes con residencia habitual en Espaa, bien despus de su adopcin en el Estado de origen, bien con la finalidad de constituir tal adopcin en Espaa.

Dos. Se modifica el apartado segundo del artculo 2, que queda redactado como sigue:

2. La finalidad de esta ley es proteger los derechos de los menores que van a ser adoptados, considerando tambin los de las personas que se ofrecen para la adopcin y dems personas implicadas en el proceso de adopcin internacional.

Tres. Se modifica el artculo 3, que queda redactado como sigue:

Artculo 3. Principios informadores.

La regulacin contenida en esta ley, as como en el resto de normas del ordenamiento jurdico espaol relativas a la adopcin y otras medidas de proteccin internacional de menores, respetarn los principios inspiradores de la Convencin de Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989, del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la proteccin de derechos del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios, del Convenio del Consejo de Europa en materia de adopcin de menores hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y del Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

El Estado, en la medida de lo posible, incluir los estndares y salvaguardas previstos en dichos instrumentos en los acuerdos o Convenios bilaterales relativos a la adopcin y proteccin internacional de menores que suscriba con Estados no contratantes u obligados por los mismos.

Cuatro. Se modifica el artculo 4, que queda redactado como sigue:

Artculo 4. Poltica Exterior.

1. La Administracin General del Estado, en colaboracin con las Entidades Pblicas, determinar la iniciacin de la tramitacin de adopciones con cada pas de origen de los menores, as como la suspensin o paralizacin de la misma.

2. No se tramitarn ofrecimientos para la adopcin de menores nacionales de otro pas o con residencia habitual en otro Estado en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el pas en que el menor adoptando tenga su residencia habitual se encuentre en conflicto blico o inmerso en un desastre natural.

b) Si no existe en el pas una autoridad especfica que controle y garantice la adopcin y que remita a las autoridades espaolas la propuesta de asignacin con informacin sobre la adoptabilidad del menor y el resto de la informacin recogida en el prrafo e) del artculo 5.1.

c) Cuando en el pas no se den las garantas adecuadas para la adopcin y las prcticas y trmites de la misma no respeten el inters del menor o no cumplan los principios ticos y jurdicos internacionales referidos en el artculo 3.

3. La Administracin General del Estado, en colaboracin con las Entidades Pblicas, determinar en cada momento qu pases estn incursos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior a efectos de decidir si procede iniciar o suspender la tramitacin de adopciones en ellos.

4. La tramitacin de ofrecimientos para la adopcin de aquellos menores extranjeros que hayan sido desplazados a Espaa en programas humanitarios de estancia temporal por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento mdico, requerir que tales estancias hayan finalizado y que en su pas de origen hayan sido declarados adoptables.

5. La Administracin General del Estado, en colaboracin con las Entidades Pblicas, establecer el nmero de expedientes de adopcin internacional que remitir anualmente a cada pas de origen de los menores, teniendo en cuenta la media de adopciones constituidas en los ltimos dos aos y el nmero de expedientes que se encuentran pendientes de asignacin de un menor.

A tal efecto, no podr tramitarse con cada pas un nmero de expedientes superior a tres veces la media de adopciones constituidas en dicho periodo, salvo que los cambios de legislacin, prcticas y polticas sobre adopcin internacional de los pases de origen lo justifiquen.

En el supuesto de inicio de la tramitacin con un nuevo pas, se fijar este nmero en funcin de la informacin disponible sobre expectativas de adopcin con ese pas.

La distribucin de este nmero mximo entre comunidades autnomas y organismos acreditados se fijar por acuerdo con las Entidades Pblicas.

No se establecer cupo alguno para la tramitacin de adopciones de menores con necesidades especiales, salvo que existan circunstancias que lo justifiquen.

Lo dispuesto en el presente apartado se realizar con los criterios y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.

6. La Administracin General del Estado, antes de determinar la iniciacin, suspensin o paralizacin de la tramitacin de adopciones con cada pas de origen de los menores, recabar informacin de los organismos acreditados, si los hubiera. Tambin podr recabar informacin de aquellos terceros pases que hayan iniciado, suspendido o paralizado la tramitacin de adopciones con el citado pas de origen, as como con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Cinco. Se modifica la rbrica del captulo II del ttulo I, que pasa a tener la siguiente redaccin:

CAPTULO II

Entidades Pblicas y organismos acreditados

Seis. Se modifica el artculo 5, que queda redactado como sigue:

Artculo 5. Intervencin de las Entidades Pblicas.

1. En materia de adopcin internacional corresponde a las Entidades Pblicas:

a) Organizar y facilitar la informacin sobre legislacin, requisitos y trmites necesarios en Espaa y en los pases de origen de los menores, velando para que esa informacin sea lo ms completa, veraz y actualizada posible y de libre acceso para las familias interesadas y por los organismos acreditados.

b) Facilitar a las familias la formacin necesaria a lo largo de todo el proceso que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopcin internacional, preparndolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez constituida aqulla. Podrn delegar esta funcin en organismos acreditados o en instituciones o entidades debidamente autorizadas.

c) Recibir los ofrecimientos para la adopcin en todo caso, y su tramitacin, ya sea directamente o a travs de organismos acreditados.

d) Expedir, en todo caso, los certificados de idoneidad, previa elaboracin, bien directamente o a travs de instituciones o entidades debidamente autorizadas, del informe psicosocial de las personas que se ofrecen para la adopcin, y, cuando lo exija el pas de origen del adoptando, el compromiso de seguimiento.

e) Recibir la asignacin del menor de las autoridades competentes del pas de origen en la que figure informacin sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia mdica y necesidades particulares; as como la informacin relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y autoridades requeridas por la legislacin del pas de origen.

f) Dar la conformidad respecto a la adecuacin de las caractersticas del menor asignado por el organismo competente del pas de origen con las que figuren en el informe psicosocial que acompaa al certificado de idoneidad.

g) Ofrecer a lo largo del proceso de adopcin internacional apoyo tcnico dirigido a los menores y a las personas que se ofrecen para la adopcin, prestndose particular atencin a las personas que vayan a adoptar o hayan adoptado menores con caractersticas o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el extranjero podrn contar con la colaboracin del Servicio Exterior.

h) Realizar los informes de los seguimientos requeridos por el pas de origen del menor, que podrn encomendarse a los organismos acreditados o a otras entidades autorizadas.

i) Establecer recursos cualificados de apoyo postadoptivo y de mediacin para la bsqueda de orgenes, para la adecuada atencin de adoptados y adoptantes, que podrn encomendarse a organismos acreditados o a entidades autorizadas.

j) Informar preceptivamente a la Administracin General del Estado sobre la acreditacin de los organismos, as como controlar, inspeccionar y elaborar las directrices de seguimiento de los organismos que tengan su sede en su mbito territorial para aquellas actividades de intermediacin que se lleven a cabo en su territorio.

2. En sus actuaciones en materia de adopcin internacional, las Entidades Pblicas promovern medidas para lograr la mxima coordinacin y colaboracin entre ellas. En particular, procurarn la homogeneizacin de procedimientos, plazos y costes.

3. Las Entidades Pblicas facilitarn a la Administracin General del Estado informacin estadstica sobre la tramitacin de expedientes de adopcin internacional.

Siete. Se modifica el artculo 6, que queda redactado como sigue:

Artculo 6. La actividad de intermediacin en la adopcin internacional.

1. Se entiende por intermediacin en adopcin internacional toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relacin a las personas que se ofrecen para la adopcin con las autoridades, organizaciones e instituciones del pas de origen o residencia del menor susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopcin se pueda llevar a cabo.

2. La funcin de intermediacin en la adopcin internacional podr efectuarse por las entidades Pblicas directamente con las autoridades centrales en los pases de origen de los menores que hayan ratificado el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, siempre que en la fase de tramitacin administrativa en el pas de origen no intervenga persona fsica o jurdica u organismo que no haya sido debidamente acreditado.

La funcin de intermediacin en la adopcin internacional podr efectuarse por los organismos debidamente acreditados.

Ninguna otra persona o entidad podr intervenir en funciones de intermediacin para adopciones internacionales.

No obstante, la Administracin General del Estado, en colaboracin con las Entidades Pblicas, podr establecer que, con respecto a un determinado Estado, nicamente se tramiten ofrecimientos de adopcin internacional a travs de organismos acreditados o autorizados por las autoridades de ambos Estados.

3. Las funciones que deben realizar los organismos acreditados para la intermediacin sern las siguientes:

a) Informacin a los interesados en materia de adopcin internacional.

b) Asesoramiento, formacin y apoyo a las personas que se ofrecen para la adopcin en el significado e implicaciones de la adopcin, en los aspectos culturales relevantes y en los trmites que necesariamente deben realizar en Espaa y en los pases de origen de los menores.

c) Intervencin en la tramitacin de expedientes de adopcin ante las autoridades competentes, tanto espaolas como extranjeras.

d) Intervencin en la tramitacin y realizacin de las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones postadoptivas establecidas para los adoptantes en la legislacin del pas de origen del menor adoptado, que les sern encomendadas en los trminos fijados por la Entidad Pblica espaola donde resida la familia que se ofrece para la adopcin.

4. Los organismos acreditados intervendrn en los trminos y con las condiciones establecidas en esta ley y en las normas de las comunidades autnomas.

5. Los organismos acreditados podrn establecer entre ellos acuerdos de cooperacin para solventar situaciones sobrevenidas o para un mejor cumplimiento de sus fines.

6. En las adopciones internacionales nunca podrn producirse beneficios financieros distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir estrictamente los gastos necesarios de la intermediacin y aprobados por la Administracin General del Estado y por las Entidades Pblicas.

Ocho. Se modifica el artculo 7, que queda redactado como sigue:

Artculo 7. Acreditacin, seguimiento y control de los organismos acreditados.

1. Slo podrn ser acreditadas para la adopcin internacional las entidades sin nimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en sus estatutos la proteccin de menores, dispongan en territorio nacional de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estn dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral, por su formacin y por su experiencia en el mbito de la adopcin internacional.

2. Competer a la Administracin General del Estado, en los trminos y con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la acreditacin de los organismos anteriormente referenciados, previo informe de la Entidad Pblica en cuyo territorio tengan su sede, as como su control y seguimiento respecto a las actividades de intermediacin que vayan a desarrollar en el pas de origen de los menores.

En la Administracin General del Estado existir un registro pblico nacional especfico de organismos acreditados, cuyo funcionamiento ser objeto de desarrollo reglamentario.

3. El control, inspeccin y seguimiento de estos organismos con respecto a las actividades que se vayan a desarrollar en el territorio de cada comunidad autnoma corresponder a la Entidad Pblica competente en cada una de ellas, de acuerdo con la normativa autonmica aplicable.

Las Entidades Pblicas competentes procurarn la mayor homogeneidad posible en los requisitos bsicos para la realizacin de esa actividad de control, inspeccin y seguimiento.

4. Los organismos acreditados designarn a la persona que actuar como su representante y de las familias ante la autoridad del pas de origen del menor. Los profesionales empleados por los organismos acreditados en los pases de origen de los menores se considerarn personal adscrito al organismo, que ser responsable de los actos de dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones de intermediacin. Estos profesionales debern ser evaluados por la Administracin General del Estado, previa informacin de las Entidades Pblicas.

5. En el supuesto de que el pas extranjero para el que se prev la autorizacin fije un nmero limitado de organismos acreditados, la Administracin General del Estado, en colaboracin con las Entidades Pblicas y con las autoridades de dicho pas, determinar cules son los organismos que deben ser acreditados para actuar en el mismo.

Si algn pas de origen de menores susceptibles de adopcin estableciera un lmite en el nmero de expedientes a tramitar por cada organismo acreditado y resultase que alguno de ellos con cupo asignado no tuviera expedientes que tramitar en dicho pas, los mismos podrn tramitar, previa autorizacin de la Administracin General del Estado en colaboracin con las Entidades Pblicas y con el consentimiento de las personas que se ofrecen para la adopcin, expedientes que estuvieran tramitndose por otros organismos acreditados.

6. La Administracin General del Estado, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, podr establecer un nmero mximo de organismos acreditados para intermediacin en un pas concreto, en funcin de las necesidades de adopcin internacional en ese pas, las adopciones constituidas u otras cuestiones sobre la previsin de posibilidades de adopcin internacional en el mismo.

7. La Administracin General de Estado, a iniciativa propia o a propuesta de las Entidades Pblicas en su mbito territorial, podr suspender o retirar, mediante expediente contradictorio, la acreditacin concedida a aquellos organismos que dejen de cumplir las condiciones que motivaron su concesin o que infrinjan en su actuacin el ordenamiento jurdico. Esta suspensin o retirada de la acreditacin podr tener lugar con carcter general para todos los pases autorizados o slo para algn pas concreto. En estos casos se podr determinar, si procede, la necesaria finalizacin de los expedientes pendientes por parte del organismo acreditado objeto de prdida de habilitacin.

8. Para el seguimiento y control de los organismos acreditados se establecer la correspondiente coordinacin de la Administracin General del Estado con las Entidades Pblicas.

9. Los organismos acreditados facilitarn a la Administracin General del Estado informacin estadstica sobre la tramitacin de expedientes de adopcin internacional.

10. La Administracin General del Estado ejercer las competencias previstas en los apartados 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente artculo, en los trminos y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.

Nueve. Se modifica el artculo 8, que queda redactado como sigue:

Artculo 8. Relacin de las personas que se ofrecen para la adopcin y los organismos acreditados.

1. Las personas que se ofrecen para la adopcin podrn contratar los servicios de intermediacin de cualquier organismo que se encuentre acreditado por la Administracin General del Estado.

2. El organismo y las personas que se ofrecen para la adopcin formalizarn un contrato referido exclusivamente a las funciones de intermediacin que aqulla asume con respecto a la tramitacin del ofrecimiento de adopcin.

El modelo bsico de contrato ha de ser previamente homologado por la Administracin General del Estado y las Entidades Pblicas, en la forma en que se determine reglamentariamente.

3. Para el exclusivo cumplimiento de las competencias establecidas en los artculos 5.1.j) y 7.2, la Administracin General del Estado y las Entidades Pblicas llevarn un registro de las reclamaciones y de incidencias sobre procesos de adopcin internacional, cuyo funcionamiento ser objeto de desarrollo reglamentario.

4. Los organismos acreditados debern llevar un registro nico de procedimientos de adopcin en el que figuren todas aquellas personas que se ofrecen para la adopcin para cuya tramitacin tengan firmado un contrato, independientemente de cual sea la comunidad autnoma de residencia.

Diez. Se modifica el artculo 9, que queda redactado como sigue:

Artculo 9. Comunicacin entre autoridades competentes espaolas y autoridades competentes de otros Estados.

La comunicacin entre las autoridades centrales espaolas competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinar de acuerdo con lo previsto en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, aunque no sean parte del mismo.

Once. Se modifica el artculo 10, que queda redactado como sigue:

Artculo 10. Idoneidad de los adoptantes.

1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivacin adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopcin.

2. A tal efecto, la declaracin de idoneidad requerir una valoracin psicosocial sobre la situacin personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopcin, su capacidad para establecer vnculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funcin de sus particulares circunstancias, as como cualquier otro elemento til relacionado con la singularidad de la adopcin internacional. Asimismo, en dicha valoracin psicosocial se deber escuchar a los hijos de quienes se ofrecen para la adopcin, de conformidad con lo establecido en el artculo 9 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las Entidades Pblicas procurarn la necesaria coordinacin con el fin de homogeneizar los criterios de valoracin de la idoneidad.

3. La declaracin de idoneidad y los informes psicosociales referentes a la misma tendrn una vigencia mxima de tres aos desde la fecha de su emisin por la Entidad Pblica, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situacin personal y familiar de las personas que se ofrecen para la adopcin que dieron lugar a dicha declaracin, sujeta a las condiciones y a las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislacin autonmica aplicable en cada supuesto.

4. Corresponde a las Entidades Pblicas la declaracin de idoneidad de las personas que se ofrecen para la adopcin a partir de la valoracin psicosocial a la que se refiere el apartado 2, que estar sujeta a las condiciones, requisitos y limitaciones establecidos en la legislacin correspondiente.

5. Las personas que se ofrecen para la adopcin podrn ser valoradas y, si corresponde, ser declaradas idneas simultneamente para la adopcin nacional y la adopcin internacional, siendo compatible la tramitacin de su ofrecimiento para los dos mbitos.

Doce. Se modifica el artculo 11, que queda redactado como sigue:

Artculo 11. Obligaciones preadoptivas y postadoptivas de los adoptantes.

1. Las personas que se ofrecen para la adopcin deben asistir a las sesiones informativas y de preparacin organizadas por la Entidad Pblica o por el organismo acreditado con carcter previo y obligatorio a la solicitud de la declaracin de idoneidad.

2. Los adoptantes debern facilitar, en el tiempo previsto, la informacin, documentacin y entrevistas que la Entidad Pblica, organismo acreditado o entidad autorizada precisen para la elaboracin de los informes de seguimiento postadoptivo exigidos por la Entidad Pblica o por la autoridad competente del pas de origen. La no colaboracin de los adoptantes en esta fase podr dar lugar a sanciones administrativas previstas en la legislacin autonmica y podr ser considerada causa de no idoneidad en un proceso posterior de adopcin.

3. Los adoptantes debern cumplir en el tiempo previsto los trmites postadoptivos establecidos por la legislacin del pas de origen del menor adoptado, recibiendo para ello la ayuda y asesoramiento preciso por parte de las Entidades Pblicas y los organismos acreditados.

Trece. Se modifica el artculo 12, que queda redactado como sigue:

Artculo 12. Derecho a conocer los orgenes biolgicos.

Las personas adoptadas, alcanzada la mayora de edad o durante su minora de edad a travs de sus representantes legales, tendrn derecho a conocer los datos que sobre sus orgenes obren en poder de las Entidades Pblicas, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislacin de los pases de procedencia de los menores. Este derecho se har efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediacin de los servicios especializados de la Entidad Pblica, los organismos acreditados o entidades autorizadas para tal fin.

Las Entidades Pblicas competentes asegurarn la conservacin de la informacin de que dispongan relativa a los orgenes del nio, en particular la informacin respecto a la identidad de sus progenitores, as como la historia mdica del nio y de su familia.

Los organismos acreditados que hubieran intermediado en la adopcin debern informar a las Entidades Pblicas de los datos de los que dispongan sobre los orgenes del menor.

Catorce. Se modifica el artculo 13, que queda redactado como sigue:

Artculo 13. Proteccin de datos de carcter personal.

1. El tratamiento y la cesin de datos derivados del cumplimiento de las previsiones de la presente ley se encontrarn sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

2. Los datos obtenidos por las Entidades Pblicas o por los organismos acreditados nicamente podrn ser tratados para las finalidades relacionadas con el desarrollo, en cada caso, de las funciones descritas para cada una de ellas en los artculos 5 y 6.3 de la presente ley.

3. La transferencia internacional de los datos a autoridades extranjeras de adopcin nicamente se efectuar en los supuestos expresamente previstos en esta ley y en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional y dems legislacin internacional.

Quince. Se modifica el apartado 2 del artculo 14, que queda redactado como sigue:

2. La nacionalidad espaola y la residencia habitual en Espaa se apreciarn, en todo caso, en el momento de la presentacin del ofrecimiento para la adopcin a la Entidad Pblica.

Diecisis. Se modifica la rbrica del artculo 15, se suprime su apartado 3 y se reenumera el apartado 4 que pasa a ser el 3, quedando redactados como sigue:

Artculo 15. Competencia judicial internacional para la declaracin de nulidad o conversin en adopcin plena de una adopcin no plena en supuestos internacionales.

3. A efectos de lo establecido en esta ley, se entender por adopcin simple o no plena aquella constituida por autoridad extranjera competente cuyos efectos no se correspondan sustancialmente con los previstos para la adopcin en la legislacin espaola.

Diecisiete. Se modifica el artculo 17, que queda redactado como sigue:

Artculo 17. Competencia de los cnsules en la constitucin de adopciones internacionales.

1. Siempre que el Estado local no se oponga a ello ni lo prohba su legislacin, de conformidad con los Tratados internacionales y otras normas internacionales de aplicacin, los Cnsules podrn constituir adopciones en el caso de que el adoptante sea espaol, el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcacin consular correspondiente y no sea necesaria la propuesta previa de la Entidad Pblica de acuerdo con lo establecido en las circunstancias 1., 2. y 4. del artculo 176.2 del Cdigo Civil. La nacionalidad del adoptante y la residencia habitual del adoptando se determinarn en el momento de inicio del expediente de adopcin.

2. En la tramitacin y resolucin de este expediente de adopcin ser de aplicacin la legislacin sobre jurisdiccin voluntaria.

Dieciocho. Se suprime la divisin por secciones del captulo II del ttulo II.

Diecinueve. Se modifica el artculo 18, que queda redactado como sigue:

Artculo 18. Ley aplicable a la constitucin de la adopcin.

La constitucin de la adopcin por la autoridad competente espaola se regir por lo dispuesto en la ley material espaola en los siguientes casos:

a) Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en Espaa en el momento de constitucin de la adopcin.

b) Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a Espaa con la finalidad de establecer su residencia habitual en Espaa.

Veinte. Se aade un apartado 4 en el artculo 19, que queda redactado como sigue:

4. En el caso de menores cuya ley nacional prohba o no contemple la adopcin se denegar la constitucin de la adopcin, excepto cuando el menor se encuentre en situacin de desamparo y tutelado por la Entidad Pblica.

Veintiuno. Se suprime el artculo 21.

Veintids. Se modifica el artculo 22, que queda redactado como sigue:

Artculo 22. Ley aplicable a la conversin y nulidad de la adopcin.

La ley aplicable a la conversin de la adopcin no plena en plena y a la nulidad de la adopcin ser la aplicada para su constitucin.

Veintitrs. Se modifica el artculo 24, que queda redactado como sigue:

Artculo 24. Cooperacin internacional de autoridades.

Cuando la autoridad extranjera que va a constituir la adopcin, siendo el adoptante espaol y residente en dicho pas, solicite informacin sobre l a las autoridades espaolas, el Cnsul podr recabarla de las autoridades del ltimo lugar de residencia en Espaa, o facilitar la informacin que obre en poder del Consulado o pueda obtener por otros medios.

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artculo 26, que queda redactado como sigue:

1. En defecto de Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espaa que resulten aplicables, la adopcin constituida por autoridades extranjeras ser reconocida en Espaa como adopcin si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Que haya sido constituida por autoridad extranjera competente. Se considerar que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta vnculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido. Se presumir, en todo caso, que son competentes aplicando de forma recproca las normas de competencia previstas en el artculo 14 de esta Ley.

2. Que la adopcin no vulnere el orden pblico.

A estos efectos se considerar que vulneran el orden pblico espaol aquellas adopciones en cuya constitucin no se ha respetado el inters superior del menor, en particular cuando se ha prescindido de los consentimientos y audiencias necesarios, o cuando se constate que no fueron informados y libres o se obtuvieron mediante pago o compensacin.

Veinticinco. Se modifica el artculo 27, que queda redactado como sigue:

Artculo 27. Control de la validez de la adopcin constituida por autoridad extranjera.

La autoridad pblica espaola ante la que se suscite la validez de una adopcin constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la inscripcin de la adopcin constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espaa, controlar, incidentalmente, la validez de dicha adopcin en Espaa con arreglo a las normas contenidas en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, a travs de la presentacin del certificado de conformidad con lo previsto en su artculo 23 y de que no se ha incurrido en la causa de no reconocimiento prevista en el artculo 24 de dicho Convenio.

En los casos de menores que provengan de pases no signatarios del mismo, el Encargado del Registro Civil realizar dicho control incidental verificando si la adopcin rene las condiciones de reconocimiento previstas en los artculos 5.1.e), 5.1.f) y 26.

Veintisis. Se modifica el artculo 28, que queda redactado como sigue:

Artculo 28. Requisitos para la validez en Espaa de decisiones extranjeras de conversin o nulidad de una adopcin.

Las decisiones de la autoridad pblica extranjera en cuya virtud se establezca la conversin o nulidad de una adopcin surtirn efectos legales en Espaa con arreglo a las exigencias recogidas en el artculo 26.

Veintisiete. Se modifica el artculo 29, que queda redactado como sigue:

Artculo 29. Inscripcin de la adopcin en el Registro Civil.

Cuando la adopcin internacional se haya constituido en el extranjero y los adoptantes tengan su residencia habitual en Espaa debern solicitar la inscripcin de nacimiento del menor y de adopcin conforme a las normas contenidas en la Ley de Registro Civil para que la adopcin se reconozca en Espaa.

Veintiocho. Se modifica el artculo 30, que queda redactado como sigue:

Artculo 30. Adopcin simple o no plena legalmente constituida por autoridad extranjera.

1. La adopcin simple o no plena constituida por autoridad extranjera surtir efectos en Espaa, como adopcin simple o no plena, si se ajusta a la ley designada por el artculo 9.4 del Cdigo Civil.

2. La ley designada por el artculo 9.4 del Cdigo Civil determinar la existencia, validez y efectos de tales adopciones, as como la atribucin de la patria potestad.

3. La adopcin simple o no plena no ser objeto de inscripcin en el Registro Civil espaol como adopcin ni comportar la adquisicin de la nacionalidad espaola con arreglo al artculo 19 del Cdigo Civil.

4. La adopcin simple o no plena constituida por autoridad extranjera competente podr ser convertida en la adopcin regulada por el Derecho espaol cuando se den los requisitos previstos para ello, a travs de un expediente de jurisdiccin voluntaria. La conversin se regir por la ley determinada con arreglo a la ley de su constitucin.

Para instar el correspondiente expediente judicial no ser necesaria la propuesta previa de la Entidad Pblica competente.

En todo caso, para la conversin de una adopcin simple o no plena en una adopcin plena el Juez competente deber examinar la concurrencia de los siguientes extremos:

a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopcin hayan sido convenientemente asesoradas e informadas sobre las consecuencias de su consentimiento, sobre los efectos de la adopcin y, en concreto, sobre la extincin de los vnculos jurdicos entre el menor y su familia de origen.

b) Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento haya sido prestado por escrito.

c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o compensacin de clase alguna y que tales consentimientos no hayan sido revocados.

d) Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el nacimiento del menor.

e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, ste haya sido convenientemente asesorado e informado sobre los efectos de la adopcin y, cuando se exija, de su consentimiento a la misma.

f) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, ste haya sido odo.

g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopcin, se examine que ste lo manifest libremente, en la forma y con las formalidades legalmente previstas, y sin que haya mediado precio o compensacin de ninguna clase.

Veintinueve. Se modifica el artculo 31, que queda redactado como sigue:

Artculo 31. Orden pblico internacional.

En ningn caso proceder el reconocimiento de una decisin extranjera de adopcin simple o no plena si produce efectos manifiestamente contrarios al orden pblico internacional espaol. A tal efecto, se tendr en cuenta el inters superior del menor.

Treinta. Se modifica el artculo 32, que queda redactado como sigue:

Artculo 32. Competencia para la constitucin de otras medidas de proteccin de menores.

La competencia para la constitucin de las dems medidas de proteccin de menores se regir por los criterios recogidos en los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espaa, en particular por el Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios.

Treinta y uno. Se modifica el artculo 33, que queda redactado como sigue:

Artculo 33. Ley aplicable a otras medidas de proteccin de menores.

La ley aplicable a las dems medidas de proteccin de los menores se determinar con arreglo a los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espaa, en particular por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecucin y la cooperacin en materia de responsabilidad parental y de medidas de proteccin de los nios.

Treinta y dos. Se modifica el artculo 34, que queda redactado como sigue:

Artculo 34. Efectos legales en Espaa de las decisiones relativas a instituciones de proteccin de menores que no produzcan vnculos de filiacin acordadas por autoridades extranjeras.

1. Las instituciones de proteccin de menores constituidas por autoridad extranjera y que, segn la ley de su constitucin, no determinen ningn vnculo de filiacin se equipararn al acogimiento familiar o, en su caso, a una tutela, regulados en el derecho espaol, si concurren los requisitos siguientes:

1. Que los efectos sustanciales de la institucin extranjera sean equivalentes a los del acogimiento familiar o, en su caso, a los de una tutela, previstos por la ley espaola.

2. Que las instituciones de proteccin hayan sido acordadas por autoridad extranjera competente, sea judicial o administrativa. Se considerar que la autoridad extranjera que constituy la medida de proteccin era internacionalmente competente si el supuesto presenta vnculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido.

No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso de que la institucin de proteccin no presentare conexiones razonables de origen, de antecedentes familiares o de otros rdenes similares con el pas cuya autoridad ha constituido esa institucin se estimar que la autoridad extranjera careca de competencia internacional.

3. Que los efectos de la institucin de proteccin extranjera no vulneren el orden pblico espaol atendiendo al inters superior del menor.

4. Que el documento en el que consta la institucin constituida ante autoridad extranjera rena los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalizacin o apostilla y en la traduccin al idioma espaol oficial. Se exceptan los documentos eximidos de legalizacin o traduccin en virtud de otras normas vigentes.

2. La autoridad pblica espaola ante la que se suscite la cuestin de la validez de una medida de proteccin constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la anotacin de la medida de proteccin constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espaa, controlar, incidentalmente, la validez de dicha medida en Espaa con arreglo a este artculo.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 6: #acuao]

Artculo cuarto. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se incluye un nuevo ordinal 3. en el apartado 2 del artculo 76 y se modifica el ltimo prrafo de dicho apartado, con la siguiente redaccin:

3. Cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposicin a resoluciones administrativas en materia de proteccin de un mismo menor, tramitados conforme al artculo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista.

En todo caso, en los lugares donde hubiere ms de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los nmeros 1. y2., o en materia civil, en el caso del nmero 3., las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartirn al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.

Dos. Se modifica la circunstancia 1. del apartado 1 del artculo 525, que queda redactada como sigue:

1. Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiacin, nulidad de matrimonio, separacin y divorcio, oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores, capacidad y estado civil y derechos honorficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.

Tres. Se modifica el artculo 779, que queda redactado como sigue:

Artculo 779. Carcter preferente del procedimiento. Competencia.

Los procedimientos en los que se sustancie la oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores tendrn carcter preferente.

Ser competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pblica y, en su defecto o en los supuestos de los artculos 179 y 180 del Cdigo Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.

Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 y se aade un apartado 5 al artculo 780, que quedan redactados como sigue:

1. No ser necesaria reclamacin previa en va administrativa para formular oposicin, ante los Tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores. La oposicin a las mismas podr formularse en el plazo de dos meses desde su notificacin.

Estarn legitimados para formular oposicin a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de menores, siempre que tengan inters legtimo y directo en tal resolucin, los menores afectados por la resolucin, los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimacin. Aunque no fueran actores podrn personarse en cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.

Los menores tendrn derecho a ser parte y a ser odos en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor. Ejercitarn sus pretensiones en relacin a las resoluciones administrativas que les afecten a travs de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a travs de la persona que se designe como su defensor para que les represente.

2. El proceso de oposicin a una resolucin administrativa en materia de proteccin de menores se iniciar mediante la presentacin de un escrito inicial en el que el actor sucintamente expresar la pretensin y la resolucin a que se opone.

En el escrito consignar expresamente la fecha de notificacin de la resolucin administrativa y manifestar si existen procedimientos relativos a ese menor.

5. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la existencia de ms de un procedimiento de oposicin a resoluciones administrativas relativas a la proteccin de un mismo menor, pedirn los primeros y dispondr el segundo, incluso de oficio, la acumulacin ante el Juzgado que estuviera conociendo del procedimiento ms antiguo.

Acordada la acumulacin, se proceder segn dispone el artculo 84, con la especialidad de que no se suspender la vista que ya estuviera sealada si fuera posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el sealamiento. En caso contrario, el Secretario Judicial acordar la suspensin del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo sealamiento para todos con carcter preferente y, en todo caso, dentro de los diez das siguientes.

Contra el auto que deniegue la acumulacin podrn interponerse los recursos de reposicin y apelacin sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulacin no se dar recurso alguno.

Cinco. Se modifica el artculo 781, que queda redactado como sigue:

Artculo 781. Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopcin.

1. Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la adopcin podrn comparecer ante el Tribunal que est conociendo del correspondiente expediente de adopcin y manifestarlo as. El Secretario Judicial, con suspensin del expediente, otorgar el plazo de quince das para la presentacin de la demanda, para cuyo conocimiento ser competente el mismo Tribunal.

2. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario Judicial dictar decreto dando por finalizado el trmite y alzando la suspensin del expediente de adopcin, que continuar tramitndose de conformidad con lo establecido en la legislacin de jurisdiccin voluntaria. El decreto ser recurrible directamente en revisin ante el Tribunal. Firme dicha resolucin, no se admitir ninguna reclamacin posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de asentimiento para la adopcin de que se trate.

3. Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario Judicial dictar decreto declarando contencioso el expediente de adopcin y acordar la tramitacin de la demanda presentada en el mismo procedimiento, como pieza separada, con arreglo a lo previsto en el artculo 753.

Una vez firme la resolucin que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordar la citacin ante el Juez de las personas indicadas en el artculo 177 del Cdigo Civil que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopcin as como ser odos, y que todava no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuacin sobre la adopcin.

Las citaciones se efectuaran de conformidad con las normas establecidas en la Ley de Jurisdiccin Voluntaria para tales supuestos.

El auto que ponga fin al procedimiento ser susceptible de recurso de apelacin, que tendr efectos suspensivos.

El testimonio de la resolucin firme en la que se acuerde la adopcin se remitir al Registro Civil, para que se practique su inscripcin.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 7: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Utilizacin de la expresin Entidad Pblica.

Se utilizar en los textos legales la expresin Entidad Pblica referida a la Entidad Pblica de proteccin de menores competente territorialmente.


[Bloque 8: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Referencias al acogimiento preadoptivo y al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopcin Internacional.

Todas las referencias que en las leyes y dems disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo debern entenderse hechas a la delegacin de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artculo 176 bis del Cdigo Civil. Las que se realizasen al acogimiento simple debern entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artculo 173 bis del Cdigo Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopcin internacional se entendern hechas a los organismos acreditados para la adopcin internacional.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 9: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad.

El Gobierno promover con las Comunidades Autnomas el establecimiento de criterios comunes y mnimos estndares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicacin de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a:

1. Composicin, nmero y titulacin de los equipos profesionales de la entidad pblica de proteccin de menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones tales como: riesgo y desamparo de menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los jvenes que estn bajo una medida de proteccin, procesos de acogimiento y adopcin.

2. Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoracin de la aptitud educadora de las familias; compensacin econmica, para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atencin a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; medidas de fomento y apoyo al acogimiento familiar; campaas informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.

3. Elementos esenciales en los procedimientos de adopcin relativos a: preparacin preadoptiva; declaracin de idoneidad; concepto de menores con necesidades especiales; acreditacin de organismos Acreditados para la adopcin internacional; campaas informativas, con especial atencin a las enfocadas a la adopcin de menores con necesidades especiales.

4. Estndares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotacin de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organizacin y funcionamiento tienda a seguir patrones de organizacin familiar. Incorporacin de modelos de excelencia en la gestin.

5. Estndares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotacin de los puntos de encuentro familiar.

6. Atencin integral a jvenes ex tutelados: formacin en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonoma personal y social al cumplir los 18 aos de edad; garanta de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formacin para el empleo, que facilite o priorice su participacin en ofertas de empleo como medida de discriminacin.


[Bloque 10: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Rgimen jurdico de los centros especficos de proteccin de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades pblicas competentes.

A los centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta de las entidades privadas colaboradoras de las entidades pblicas competentes donde estn previstas la utilizacin de medidas de seguridad y de restriccin de libertades o derechos fundamentales les ser de aplicacin lo previsto en el ttulo II, captulo IV de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor.

Estos centros privados debern contar con la autorizacin administrativa para su funcionamiento emitida por la Entidad Pblica competente en materia de proteccin a las personas menores de edad, y sujetos a su rgimen de inspeccin y, en su caso, sancin administrativa.


[Bloque 11: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Mecanismo interterritorial de asignaciones.

Las Administraciones Pblicas realizarn las actuaciones necesarias para establecer un mecanismo eficaz que permita la asignacin a familias adecuadas de aquellos menores con un perfil determinado en cuya Comunidad Autnoma no existan ofrecimientos de familias para acogimientos o, en su caso, adopciones.


[Bloque 12: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Equiparacin de regmenes jurdicos en materia de acogimiento.

A los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley y de las legislaciones correspondientes de las Comunidades Autnomas con Cdigo Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situacin de acogimiento familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situacin de guarda con fines de adopcin con el acogimiento preadoptivo.


[Bloque 13: #daseptima]

Disposicin adicional sptima. Planes especficos de proteccin para los menores.

Las Administraciones Pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, debern aprobar planes especficos de proteccin para los menores de seis aos en los que se recojan medidas concretas de fomento del acogimiento familiar de los mismos.


[Bloque 14: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados.

Los procedimientos y expedientes judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitacin se continuarn tramitando conforme a la legislacin procesal vigente en el momento del inicio del procedimiento o expediente judicial.


[Bloque 15: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Cese de los acogimientos constituidos judicialmente.

Los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrn cesar por resolucin de la Entidad Pblica sin necesidad de resolucin judicial.


[Bloque 16: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Normativa aplicable a los expedientes de adopcin internacional ya iniciados; y vigencia de la acreditacin de los organismos acreditados.

1. Los expedientes de adopcin internacional de menores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitacin se continuarn tramitando conforme a la legislacin vigente en el momento del inicio del expediente.

2. Los organismos acreditados para intermediar en la adopcin internacional que tengan la acreditacin en la fecha de entrada en vigor de esta ley, la mantendrn vigente hasta su caducidad o en tanto se produce una nueva acreditacin o autorizacin, en su caso, en los trminos previstos en esta ley.


[Bloque 17: #dtcuaa]

Disposicin transitoria cuarta. Certificacin de antecedentes penales.

Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificacin a la que se refiere el artculo 13 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ser emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 18: #dtquinta]

Disposicin transitoria quinta. Extensin de los beneficios relativos a los derechos de matriculacin y examen en el mbito de la educacin a los ttulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015.

La modificacin del artculo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, prevista en la disposicin final quinta, ser aplicable, a los exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el mbito de la educacin relativos a los derechos de matriculacin y examen previstos en el artculo 12.2.a) de la citada ley, a los ttulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 19: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Se deroga la disposicin adicional nica de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional.

Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.


[Bloque 20: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Se modifica el apartado 6 del artculo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, que queda redactado como sigue:

6. Conocern tambin los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la administracin pblica, salvo que se trate de la ejecucin de medidas de proteccin de menores acordadas por la Entidad Pblica competente en la materia.

Asimismo, corresponder a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorizacin o ratificacin judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pblica e impliquen privacin o restriccin de la libertad o de otro derecho fundamental.

Adems, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocern de las autorizaciones para la entrada e inspeccin de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisin Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspeccin el consentimiento de su titular, ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposicin.


[Bloque 21: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica.

Se modifican los apartados 3, 4 y 5 y se aaden los apartados 6 y 7 al artculo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica, que quedan redactados como sigue:

3. Se otorgar el consentimiento por representacin en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del mdico responsable de la asistencia, o su estado fsico o psquico no le permita hacerse cargo de su situacin. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarn las personas vinculadas a l por razones familiares o de hecho.

b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y as conste en la sentencia.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervencin. En este caso, el consentimiento lo dar el representante legal del menor, despus de haber escuchado su opinin, conforme a lo dispuesto en el artculo 9 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor.

4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 aos que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representacin.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, cuando se trate de una actuacin de grave riesgo para la vida o salud del menor, segn el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestar el representante legal del menor, una vez oda y tenida en cuenta la opinin del mismo.

5. La prctica de ensayos clnicos y la prctica de tcnicas de reproduccin humana asistida se rigen por lo establecido con carcter general sobre mayora de edad y por las disposiciones especiales de aplicacin.

6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisin deber adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses debern ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a travs del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolucin correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorizacin judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarn las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificacin de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.

7. La prestacin del consentimiento por representacin ser adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participar en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecern las medidas de apoyo pertinentes, incluida la informacin en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseo para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por s su consentimiento.


[Bloque 22: #dftercera]

Disposicin final tercera. Modificacin del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Se modifica la letra f) del apartado 3 del artculo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactado como sigue:

f) Por el tiempo indispensable para la realizacin de exmenes prenatales y tcnicas de preparacin al parto y, en los casos de adopcin o acogimiento, o guarda con fines de adopcin, para la asistencia a las preceptivas sesiones de informacin y preparacin y para la realizacin de los preceptivos informes psicolgicos y sociales previos a la declaracin de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.


[Bloque 23: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

(Derogada)

Se deroga por la disposicin derogatoria nica.11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11719.




[Bloque 24: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas.

Uno. Se modifica el apartado 4 del artculo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:

4. Tendrn la misma consideracin que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. Los menores que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayora de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarn la condicin de hijos en los trminos establecidos en el artculo 3 de la presente ley.

Dos. Se modifica el artculo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:

Artculo 6. Renovacin, modificacin o prdida del ttulo.

El ttulo de familia numerosa deber renovarse o dejarse sin efecto cuando vare el nmero de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedicin del ttulo y ello suponga un cambio de categora o la prdida de la condicin de familia numerosa.

El ttulo seguir en vigor, aunque el nmero de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del ttulo sea inferior al establecido en el artculo 2, mientras al menos uno de ellos rena las condiciones previstas en el artculo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del ttulo se entender exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no ser aplicable a los hijos que ya no las cumplen.

Tres. Se aade una disposicin adicional en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, con el siguiente texto:

Disposicin adicional dcima. Impacto de las normas en la familia.

Las memorias del anlisis de impacto normativo que deben acompaar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirn el impacto de la normativa en la familia.

Cuatro. El Gobierno remitir a las Cortes Generales, en el plazo ms breve posible, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a las Familias Numerosas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios pblicos, contribuyendo a la redistribucin de la renta y la riqueza de las familias.


[Bloque 25: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Modificacin de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin.

La Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 84, que queda redactado como sigue:

2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisin se regir por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cpita de la unidad familiar y condicin legal de familia numerosa, situacin de acogimiento familiar del alumno o la alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carcter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artculo.

No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especializacin curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una accin destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el artculo 122 bis, podrn reservar al criterio del rendimiento acadmico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuacin asignada a las solicitudes de admisin a enseanzas postobligatorias. Dicho porcentaje podr reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesin del sistema.

Dos. Se modifica el apartado 2 del artculo 87, que queda redactado como sigue:

2. Para facilitar la escolarizacin y garantizar el derecho a la educacin del alumnado con necesidad especfica de apoyo educativo, las Administraciones educativas debern reservarle hasta el final del perodo de preinscripcin y matrcula una parte de las plazas de los centros pblicos y privados concertados.

Asimismo, podrn autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del nmero mximo de alumnos y alumnas por aula en los centros pblicos y privados concertados de una misma rea de escolarizacin, bien para atender necesidades inmediatas de escolarizacin del alumnado de incorporacin tarda, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en perodo de escolarizacin extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.


[Bloque 26: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Modificacin de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Uno. El apartado sesenta del artculo nico de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa queda modificado del modo que el primer prrafo del apartado 2 del artculo 84 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, tendr el siguiente contenido:

Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisin se regir por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cpita de la unidad familiar y condicin legal de familia numerosa, situacin de acogimiento familiar del alumno o alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carcter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artculo.

Dos. El apartado sesenta del artculo nico de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa queda modificado del modo que el apartado 2 del artculo 87 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, tendr el siguiente contenido:

Asimismo, podrn autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del nmero mximo de alumnos y alumnas por aula en los centros pblicos y privados concertados de una misma rea de escolarizacin, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en perodo de escolarizacin extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.


[Bloque 27: #dfoctava]

Disposicin final octava. Modificacin de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Se introduce un nuevo apartado 4 ter en el artculo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo en los siguientes trminos:

4 ter. Los empleadores que contraten indefinidamente a vctimas de trata de seres humanos, identificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 59 bis de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, y que, en su caso, hayan obtenido la autorizacin de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, sin que sea necesaria la condicin de estar en desempleo, tendrn derecho, desde la fecha de celebracin del contrato, a una bonificacin mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/ao) durante 2 aos.

En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendr derecho a una bonificacin mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/ao), durante toda la vigencia del contrato.


[Bloque 28: #dfnovena]

Disposicin final novena. Modificacin de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia.

Se aade un nuevo apartado 8 al artculo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia, con la siguiente redaccin:

8. Las prestaciones econmicas establecidas en virtud de esta Ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artculo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 29: #dfdecima]

Disposicin final dcima. Modificacin del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se aade un nuevo artculo 179 ter con la siguiente redaccin:

Artculo 179 ter. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, no podr tener la condicin de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin.

2. La Entidad Gestora podr revisar, por s misma y en cualquier momento, la resolucin por la cual hubiera reconocido el derecho a una prestacin de muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

La facultad de revisin de oficio a que se refiere el prrafo anterior no estar sujeta a plazo, si bien la obligacin de reintegro del importe de las prestaciones percibidas prescribir en el plazo previsto en el artculo 45.3. En todo caso, la prescripcin de esta obligacin se interrumpir cuando recaiga resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, as como por la tramitacin del proceso penal y de los diferentes recursos.

En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisin del reconocimiento de la prestacin a que se refiere este artculo se acordar, si no se hubiera producido antes, la suspensin cautelar de su percibo hasta la resolucin firme que ponga fin a dicho procedimiento.

Dos. Se aade un nuevo artculo 179 quter con la siguiente redaccin:

Artculo 179 quter. Suspensin cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos.

1. La Entidad Gestora suspender cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin, con efectos del da primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

Cuando la Entidad Gestora tenga conocimiento, antes o durante el trmite del procedimiento para el reconocimiento de la prestacin de muerte y supervivencia, de que ha recado contra el solicitante resolucin judicial de la que deriven indicios racionales de criminalidad por la comisin del indicado delito, proceder a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con suspensin cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos econmicos.

En los casos indicados en los dos prrafos precedentes, la suspensin cautelar se mantendr hasta que recaiga sentencia firme u otra resolucin firme que ponga fin al procedimiento penal, o determine la no culpabilidad del beneficiario.

Si el beneficiario de la prestacin fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisin del indicado delito, proceder la revisin del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el artculo 179 ter. Cuando recaiga sentencia absolutoria o resolucin judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar el pago de la prestacin suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensin, una vez descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligacin de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3.

2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la suspensin cautelar se alzar hasta la resolucin del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme recada en dicho recurso fuese tambin absolutoria, se abonarn al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord la suspensin cautelar hasta que se alz esta, con descuento de las cantidades que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de obligacin de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia firme recada en el recurso resultara condenatoria, proceder la revisin del reconocimiento de la prestacin as como la devolucin de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este artculo, incluidas las correspondientes al perodo en que estuvo alzada la suspensin.

3. Durante la suspensin del pago de una pensin de viudedad, acordada conforme a lo previsto en este artculo, se podrn hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el lmite del importe que le hubiera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha pensin, las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensin de orfandad o en favor de familiares causada por la vctima del delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el artculo 179 quinquies si finalmente recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad a percibir en concepto de alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podr superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.

Tres. Se aade un nuevo artculo 179 quinquies con la siguiente redaccin:

Artculo 179 quinquies. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados supuestos.

1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artculo 179 ter, el condenado por sentencia firme por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condicin de beneficiario de la pensin de viudedad, o la hubiese perdido, los hijos del mismo que sean titulares de la pensin de orfandad causada por la vctima del delito tendrn derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

Los titulares de la pensin en favor de familiares podrn, en esos mismos supuestos, ser beneficiarios del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya otras personas con derecho a pensin de muerte y supervivencia causada por la vctima.

2. Los efectos econmicos del citado incremento se retrotraern a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensin de orfandad o en favor de familiares, cuando no se hubiera reconocido previamente la pensin de viudedad a quien resulte condenado por sentencia firme. En otro caso, dichos efectos econmicos se iniciarn a partir de la fecha en que hubiera cesado el pago de la pensin de viudedad, como consecuencia de la revisin de su reconocimiento por la Entidad gestora conforme a lo previsto en el artculo 179 ter o, en su caso, a partir de la fecha de la suspensin cautelar contemplada en el artculo 179 quter.

En todo caso, el abono del incremento de la pensin de orfandad o en favor de familiares por los perodos en que el condenado hubiera percibido la pensin de viudedad solo podr llevarse a cabo una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la Entidad Gestora, de no producirse el reintegro, sea responsable subsidiaria ni solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de familiares del incremento sealado, ni venga obligada a su anticipo.

De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensin de orfandad o en favor de familiares se descontar, en su caso, el importe que por alimentos hubiera percibido su beneficiario a cargo de la pensin de viudedad suspendida, conforme a lo dispuesto en el artculo 179 quter.

Cuatro. Se aade un nuevo artculo 179 sexies con la siguiente redaccin:

Artculo 179 sexies. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.

En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los trminos sealados en el artculo 179 ter, siendo menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, fueran beneficiarios de pensin de orfandad causada por la vctima, dicha pensin no le ser abonable a la persona condenada.

En todo caso, la Entidad Gestora pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensin de orfandad, as como toda resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de que el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 158 del Cdigo Civil, proceda, en su caso, a instar la adopcin de las medidas oportunas en relacin con la persona fsica o institucin tutelar del menor o persona con capacidad judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensin de orfandad. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situacin procesal, la Entidad Gestora, cuando as proceda, comunicar tambin al Ministerio Fiscal la resolucin por la que se ponga fin al proceso y la firmeza o no de la resolucin judicial en que se acuerde.

Cinco. El apartado 1 de la disposicin adicional octava queda redactado de la siguiente forma:

1. Ser de aplicacin a todos los regmenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artculos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y apartado2.B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo prrafo; 179, 179 ter, 179 quter, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, sern de aplicacin las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el captulo IX del ttulo II; las disposiciones adicionales sptima bis, cuadragsima tercera y quincuagsima novena y las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, se excepta la aplicacin a los regmenes especiales de lo previsto en el artculo 138 en el ltimo prrafo de su apartado 2, as como lo regulado por su apartado 5.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015. Ref. BOE-A-2015-12888.


[Bloque 30: #dfundecima]

Disposicin final undcima. Modificacin del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

El texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda modificado como sigue:

Uno. Se aade un apartado tres al artculo 15 con la siguiente redaccin:

Artculo 15.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el nmero 1, la Administracin podr revisar los actos de reconocimiento del derecho a una prestacin en favor de familiares motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin, que podr efectuarse en cualquier momento, as como la reclamacin de las cantidades que, en su caso, hubiere percibido por tal concepto.

Dos. Se aade un nuevo artculo, el 37 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 37 bis. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, no podr tener la condicin de beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin.

La Administracin podr revisar, por s misma y en cualquier momento, el acto o acuerdo por el cual hubiera reconocido el derecho a una prestacin en favor de los familiares a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisin del reconocimiento de la prestacin a que se refiere este artculo se acordar, si no se hubiera producido antes, la suspensin cautelar de su percibo hasta la resolucin que ponga fin a dicho procedimiento.

Tres. Se aade un nuevo artculo, el 37 ter, con la siguiente redaccin:

Artculo 37 ter. Suspensin cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos.

1. La Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas suspender cautelarmente el abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin, con efectos del da primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

En los casos indicados, la suspensin cautelar se mantendr hasta que recaiga sentencia firme u otra resolucin firme que ponga fin al procedimiento penal o determine la no culpabilidad del beneficiario.

Si el beneficiario de la prestacin fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisin del indicado delito, proceder la revisin del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el artculo 37 bis. En este supuesto la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas o la Direccin General de Personal del Ministerio de Defensa, en el mbito de sus respectivas competencias, fijarn el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona condenada.

Cuando, mediante sentencia o resolucin judicial firme, finalice el proceso sin la referida condena o se determine la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar el pago de la prestacin suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensin.

2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y sta fuera recurrida, la suspensin cautelar se alzar hasta la resolucin del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme recada en dicho recurso fuese tambin absolutoria se abonarn al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord la suspensin cautelar hasta que se alz sta. Por el contrario, si la sentencia firme recada en el recurso resultara condenatoria proceder la revisin del reconocimiento de la prestacin, as como la devolucin de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este artculo, incluidas las correspondientes al perodo en que estuvo alzada la suspensin.

3. Durante la suspensin del pago de una prestacin acordada conforme a lo previsto en este artculo, la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas o la Direccin General de Personal del Ministerio de Defensa, en el mbito de sus respectivas competencias, fijarn el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona contra la que se hubiera dictado la resolucin a que se refiere el apartado 1. Dicho importe tendr carcter provisional hasta que se dicte la resolucin firme que ponga fin al proceso penal.

En el caso de archivo de la causa o de sentencia firme absolutoria, se proceder al abono de las prestaciones cautelarmente suspendidas. No obstante, el beneficiario de la pensin calculada conforme a lo dispuesto en el prrafo anterior no vendr obligado a devolver cantidad alguna.

Cuatro. Se aade un nuevo artculo, 37 quter, con la siguiente redaccin:

Artculo 37 quter. Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos.

En el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, cuya patria potestad o tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se hubiera dictado resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisin del delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, la pensin no le ser abonable a dicha persona.

En todo caso, la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensin, as como toda resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de que una persona que tenga atribuida la patria potestad o tutela es responsable del delito doloso de homicidio para que proceda, en su caso, a instar la adopcin de las medidas oportunas en relacin con la persona fsica o institucin tutelar del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe abonarse la pensin. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situacin procesal, la Administracin, cuando as proceda, comunicar tambin al Ministerio Fiscal la resolucin por la que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no de la resolucin judicial en que se acuerde.

Cinco. La disposicin adicional undcima queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin adicional undcima. Prestaciones en favor de los familiares.

La regulacin contenida tanto en el artculo 38 y en la disposicin transitoria duodcima como en el artculo 41 de este texto, a excepcin de lo dispuesto en el prrafo segundo del apartado 1 del ltimo artculo citado, ser de aplicacin, respectivamente, a las pensiones de viudedad y de orfandad de Clases Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislacin vigente a 31 de diciembre de 1984, as como a las causadas en aplicacin de la legislacin especial de guerra; siempre que, en uno y otro caso y tratndose de orfandad, el lmite de edad determinante de la condicin de beneficiario de la pensin de orfandad fuese igual o menor de veintin aos.

Asimismo, lo dispuesto en los artculos 37 bis y 37 ter ser de aplicacin a todas las pensiones de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislacin reguladora, as como a las pensiones causadas al amparo de la legislacin especial de guerra.


[Bloque 31: #dfduodecima]

Disposicin final duodcima. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se aade una nueva disposicin adicional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional quinta. Comunicacin de actuaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina, a la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y a la Direccin General de Personal del Ministerio de Defensa.

Los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales comunicarn al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, cualquier resolucin judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la vctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cnyuge o excnyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a l por una relacin de afectividad anloga a la conyugal. Asimismo, comunicarn a dichos organismos oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos penales. Dichas comunicaciones se realizarn a los efectos previstos en los artculos 179 ter, 179 quter, 179 quinquies y 179 sexies del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en los artculos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de30 de abril.


[Bloque 32: #dfdecimotercera]

Disposicin final decimotercera. Modificacin de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdiccin Social.

El artculo 146.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdiccin Social, queda redactado del siguiente modo:

2. Se exceptan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificacin de errores materiales o de hecho y los aritmticos, as como las revisiones motivadas por la constatacin de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, as como la reclamacin de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

b) Las revisiones de los actos en materia de proteccin por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autnomos, siempre que se efecten dentro del plazo mximo de un ao desde la resolucin administrativa o del rgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 147.

c) La revisin de los actos de reconocimiento del derecho a una prestacin de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisin de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la vctima fuera el sujeto causante de la prestacin, que podr efectuarse en cualquier momento, as como la reclamacin de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.


[Bloque 33: #dfdecimocuaa]

Disposicin final decimocuarta. Eficacia en la aplicacin de las modificaciones legales.

Las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social, en la ley de Clases Pasivas del Estado, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley reguladora de la Jurisdiccin Social por medio de las disposiciones finales dcima a decimotercera de la presente Ley, sern de aplicacin a los hechos causantes de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y del Rgimen especial de Clases Pasivas del Estado producidos a partir de la fecha de su entrada en vigor, siempre que los hechos delictivos hayan ocurrido, asimismo, a partir de la misma fecha.


[Bloque 34: #dfdecimoquinta]

Disposicin final decimoquinta. Ttulos competenciales.

La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislacin civil atribuida al Estado por el artculo 149.1.8. de la Constitucin Espaola, sin perjuicio de la conservacin, modificacin y desarrollo por las Comunidades Autnomas de los derechos civiles forales o especiales, all donde existan.

El artculo cuarto, la disposicin transitoria primera y la disposicin final primera se dictan al amparo del artculo 149.1.6. de la Constitucin Espaola que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislacin procesal.

La disposicin final segunda tiene la condicin de bsica, de conformidad con lo establecido en el artculo 149.1.1. y 16. de la Constitucin Espaola.

La disposicin final tercera se dicta al amparo del artculo 149.1.7. de la Constitucin Espaola, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislacin laboral.

La disposicin final cuarta se dicta al amparo del artculo 149.1.18. de la Constitucin Espaola, constituyendo bases del rgimen estatutario de los funcionarios, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas que ya disponen de competencia exclusiva sobre el rgimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones Pblicas y especialidades derivadas de la organizacin administrativa y funcionarial propias de las Comunidades Autnomas.

La disposicin final quinta se dicta al amparo del artculo 149.1.1., 7. y 17. de laConstitucin Espaola.


[Bloque 35: #dfdecimosexta]

Disposicin final decimosexta. Desarrollo reglamentario de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposicin adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacin y sostenibilidad de la Administracin Local, las Ciudades de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria, podrn desarrollar el contenido de la presente ley de acuerdo con los criterios y circunstancias en ella contenidos, al objeto de ajustarlo a las condiciones particulares de stas, en desarrollo de su capacidad reglamentaria y dentro del alcance de la misma.


[Bloque 36: #dfdecimoseptima]

Disposicin final decimosptima. Creacin del registro central de delincuentes sexuales.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, odo el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Proteccin de Datos, dictar en el plazo de seis meses desde la publicacin de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organizacin del Registro Central de delincuentes sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrndose en el sistema de registros de apoyo a la Administracin de Justicia, as como el rgimen de inscripcin y cancelacin de sus asientos y el acceso a la informacin contenida en aqul, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formar, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil gentico (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresin y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacin sexual, prostitucin y explotacin sexual y corrupcin de menores. La Administracin General del Estado colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unin Europea para facilitar el intercambio de informacin en este mbito.


[Bloque 37: #dfdecimoctava]

Disposicin final decimoctava. Modificaciones y desarrollos reglamentarios.

El Gobierno llevar a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicacin de la presente ley.


[Bloque 38: #dfdecimonovena]

Disposicin final decimonovena. Incorporacin de normas de la Unin Europea.

En esta ley se contienen las normas de incorporacin al Derecho espaol de los artculos 10 y 15 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotacin sexual de los menores y la pornografa infantil y por la que se sustituye la Decisin marco 2004/68/JAI del Consejo.


[Bloque 39: #dfvigesima]

Disposicin final vigsima. No incremento del gasto.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de gasto pblico, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.


[Bloque 40: #dfvigesimoprimera]

Disposicin final vigesimoprimera. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 41: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 28 de julio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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