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Legislación consolidada

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

Publicado en: BOE núm. 80, de 03/04/1985.
Entrada en vigor: 23/04/1985
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1985-5392
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 03/04/1985

Incluye la correccin de errores publicada en BOE nm. 139, de 11 de junio de 1985. Ref. BOE-A-1985-10629


[Bloque 2: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREMBULO

I

La organizacin democrtica de nuestra convivencia representada por la Constitucin es un hecho singular de nuestra convulsa historia de los ltimos siglos; singular por el grado de sosegado consenso que alcanz en su elaboracin y aprobacin, hecho de por s ya sin precedentes, y singular, tambin, por la importancia de los asuntos y viejas querellas que abord; as en lo tocante a libertades y organizacin territorial del Estado, en torno a los cuales tal historia es prdiga en mostrarnos las notables y graves diferencias que dividan el sentimiento de los ciudadanos y eran causa de profundas alteraciones en la cosa pblica.

La implantacin de un cimiento tan slido de convivencia, que vale tanto como decir de futuro, por fuerza ha de producir beneficiosos efectos a lo largo y ancho del ser nacional insuflando nueva savia y nuevas energas en los ltimos reductos de la organizacin social; en una palabra, regenerando un tejido social desatendido cuando no decrpito y lacerado por los sucesivos embates de cuantos vicios y abusos asolaron nuestra vida pblica, transformndola en campo de agramante de quienes disputaban el dominio de las instituciones para satisfaccin de privados intereses.

Uno de los mbitos en que mayores efectos produce y ha producido ya la aprobacin de nuestra querida Constitucin es el relativo a la Administracin local tan necesitada de adaptacin a la nueva realidad. En el da son numerosas las pruebas de la urgencia de definir desde el Estado el alcance de la autonoma que se reconoce a estas Entidades tan ricas en historia y en muestras de su importante contribucin a la defensa y engrandecimiento de Espaa, pero tan expuestas a sufrir los males que puedan derivarse de una abusiva limitacin de su capacidad de actuacin en los asuntos que son del pro-comn de las villas, pueblos, parroquias, alfoces, comunidades y otros lugares que con distintos nombres son conocidos en las diferentes regiones de nuestra patria.

La gravedad del asunto no admite demora y mucho menos cuando, por mor de la nueva configuracin territorial del Estado, las nuevas Comunidades Autnomas esperan, algunas con impaciencia, a que el Estado trace las lneas maestras definitorias de estas Entidades para, inmediatamente, proceder al ejercicio de las facultades que sus novsimos Estatutos les confan.

Se comprender fcilmente que, al elaborar las presentes normas reguladoras del rgimen local, el legislador sienta la carga de una especial responsabilidad, que le incita a extender sus reflexiones a todos aquellos mbitos relacionados con el asunto y a indagar sobre la misma desde todas las perspectivas posibles y en primer lugar volviendo la vista a la Historia. Y es que las Instituciones que conforman el rgimen local, adems de su importancia intrnseca, adems de su inmediata proximidad no ya a colectivos ms o menos nutridos, sino a la prctica totalidad de los ciudadanos, poseen extraordinaria densidad histrica; cuentan con un pasado multisecular susceptible por s solo de proporcionar valiosas enseanzas y de orientar el pulso del legislador.

Pensemos ante todo en el Municipio, marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en Espaa como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los perodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultnea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos lleg a consumarse con la ruina y extincin de los municipios.

Al clausurarse el primer milenio de nuestra era, la confluencia de factores mltiples y de diversa ndole provoc el resurgimiento de la poco menos que inexistente vida urbana. Los pases de Europa occidental, Espaa entre ellos, volvieron a presenciar la erupcin de ncleos humanos compactos. Sus asentamientos dejan de ser meros centros de poblacin para adquirir superior organicidad, personalidad progresivamente definida; para forjar lentamente un rgimen jurdico especfico. El municipio, claro es, no equivale sin ms a la ciudad, a la materialidad de sus calles y edificios. El municipio es la organizacin jurdica peculiar del ncleo urbano y tambin, con frecuencia, de su entorno geogrfico. No se olvide, en efecto, que los nacientes municipios medievales fueron durante varios siglos instrumentos esenciales de colonizacin de territorios ganados a los musulmanes. Con el decisivo concurso de los municipios y por impulso suyo se repoblaron amplias zonas y se crearon incontables villas y aldeas, organizndose, en suma, extensos trminos y alfoces estrechamente vinculados a las ciudades respectivas. La expresin ms acabada del alcance de la expansin municipal seguramente se encuentra en las numerosas comunidades castellanas de villa y tierra.

Se ha aludido a la singularidad de la organizacin municipal, pero en que consisti exactamente? Los hombres del siglo XX necesitamos ejercitar nuestra adormecida imaginacin, trascender el horizonte histrico inmediato, para comprender cabalmente lo que antao represent la emergencia del rgimen municipal. Es menester recordar la anterior exclusividad de la vida agraria, controlada por entero por sectores seoriales cuya prepotencia se tradujo en el establecimiento y generalizacin de las relaciones de servidumbre. En ese contexto seorial, el renacimiento de las ciudades y su organizacin en municipios posibilita el disfrute de libertades hasta entonces inasequibles; permite redimirse de los malos usos y de la opresin seorial, as como adquirir un estatuto jurdico liberador de las pasadas y pesadas restricciones. No le faltaban motivos al hombre medieval para pregonar que el aire de la ciudad hace libre. Si el Seoro es el arquetipo de la sujecin personal, el municipio es el reducto de las libertades. En verdad los municipios son enclaves liberadores en medio del ocano seorial de payeses, solariegos, etctera, sometidos a servidumbre.

No fue, naturalmente, el altruismo de los seores lo que motiv la concesin de esas libertades concretas. La iniciativa y el estmulo provienen de la Corona, interesada en debilitar la hegemona y contrarrestar la influencia de las fuerzas seoriales, que se erige en protectora y aliada de las ciudades. De ah que sea la monarqua la que otorga las normas singulares que cimentan el edificio municipal: innumerables y sucesivos fueros, privilegios, franquicias, exenciones, jalonan el rgimen jurdico de las poblaciones que, tras recibirlas, se convierten en municipios. Como consecuencia de ese proceso no se encuentran dos municipios con idntico rgimen. Antes bien, coexisten tipos o modelos municipales diversos y dotados de distinto grado de desarrollo. Comn a los municipios de realengo es, empero, el contraste jurdico con el seoro rural y la ntima conexin con la monarqua, como lo es, desde luego, haber obtenido generosas dosis de autogobierno consustanciales al municipio propiamente dicho. Porque, aun obviando los excesos interpretativos de la historiografa liberal, no es cuestionable que los municipios medievales -principal y precozmente los castellanos- cohonestaron su indiscutida dependencia de la realeza con el goce de amplia autonoma en todos los rdenes.

No obstante, la participacin inicialmente igualitaria de la totalidad de los vecinos en el gobierno municipal ni se mantuvo en toda su pureza ni fue demasiado duradera. La aceptacin de los criterios de estratificacin estamental, a los que se sumaron las acusadas diferencias de riqueza que entre los convecinos provoc en determinadas ciudades la prosperidad comercial, no favoreca la perpetuacin de la democracia municipal. La traduccin jurdica de las distinciones sociales de base estamental (o econmica) introdujo en el seno de las poblaciones un poderoso germen de desunin, engendr incesantes convulsiones y sumi a los municipios en una situacin de crisis permanente.

La tendencia a la oligarquizacin del gobierno municipal, la descomposicin y endmicos desrdenes del rgimen urbano, la paralela propensin del poder central (en camino hacia el absolutismo) a fortalecer sus atribuciones en detrimento de la autonoma local, facilitaron la intervencin de la monarqua. Entre mediados del siglo XIV y finales del XV la organizacin municipal experiment profundas mutaciones que contribuyeron a estrechar considerablemente el mbito del anterior autogobierno. Mencionemos, a ttulo de ejemplo, sendas manifestaciones paradigmticas del fenmeno que se acaba de indicar: las tempranas reformas de Alfonso XI en Castilla y las tardas de Fernando II en Catalua, distintas y distanciadas en el tiempo, pero inspiradas a la postre en directrices polticas anlogas.

A lo largo del bajo medievo los municipios quedaron, pues, literalmente atenazados de un lado -desde dentro-, por la accin de la nobleza y de los patriciados urbanos; de otro -desde fuera-, por las pretensiones intervencionistas de la propia monarqua. La pugna triangular que esmalta el acaecer del municipio hasta muy avanzado el Antiguo rgimen desembocar en todo caso en el menoscabo de los sectores ciudadanos, a pesar de haberse alineado habitualmente en el bando de la realeza. El desarrollo de las oligarquas municipales se vi facilitado por la sustitucin de las asambleas abiertas a todos los vecinos (Concejos abiertos) por organismos reducidos (Cabildos, Consells, Ayuntamientos) de los que todava suelen formar parte, con los titulares de cargos de designacin regia y sin confundirse con ellos, otros oficiales en principio rigurosamente electivos. La representatividad de las instituciones municipales es, sin embargo, decreciente. Mientras los oficios concebidos como resortes de proteccin del comn de los vecinos pierden sustantividad, se desnaturalizan o se eclipsan, el fenmeno de patrimonializacin de los cargos pblicos que recorre Europa rompe el de por s precario equilibrio y propicia el enquistamiento de las oligarquas locales gracias a la ocupacin de los regimientos adquiridos por juro de heredad, transmisibles y perpetuos.

Factores polticos y fiscales condujeron entre tanto a la monarqua a estrechar el cerco. Las vicisitudes del Estado absoluto repercutieron sobre los municipios en un doble orden de cosas. La formacin de aqul supuso, en primer trmino, el notorio reforzamiento del control sobre el discurrir ciudadano, que se materializar en el despliegue de los corregidores reales por las poblaciones de cierta relevancia de la Corona castellana, sea cual fuere su posicin geogrfica (de Guipzcoa a Cdiz, de La Corua a Murcia). A los efectos que aqu ataen bastar con sealar que los corregidores eran los agentes por excelencia del poder regio y presidentes de los respectivos Ayuntamientos. La consolidacin del Estado y los compromisos exteriores de los Austrias originaron, el segundo lugar, muy elevados costes y la consiguiente y crnica penuria de la Hacienda, que no repar en medios para satisfacer sus perentorias exigencias. De esta suerte, a la desafortunada e inescrupulosa gestin econmica de las oligarquas que gobiernan las ciudades, a la fortsima carga fiscal que gravita sobre la poblacin pechera, se sumaron los trastornos ocasionados a los municipios por el innecesario acrecentamiento de oficios, por la proliferacin de las exenciones de villas y lugares de los alfoces, por la imposicin de mltiples gravmenes. Para alimentarse la Hacienda real vende sin tasa -oficios, villas, baldos...-, a riesgo de empobrecer simultneamente a los municipios y de poner en peligro la integridad de sus patrimonios.

La historia del municipio moderno es, con todo, sumamente compleja y est colmada de hechos de significacin ambivalente, de matices an inexplorados. Desde una ptica general es indudable su decadencia. No obstante, el rgimen municipal preliberal tard en desplomarse; conserv durante un perodo quiz ms prolongado de lo que a menudo se cree parte de su potencia y los rescoldos de su pretrita autonoma distaron de apagarse al punto. Acaso los denostados corregidores, brazo ejecutor de los designios reales, no sirvieron a la vez de freno a los abusos de las minoras poderosas?

En el tramo postrero del Antiguo Rgimen, la organizacin municipal que los Austrias haban recibido, conservado y exportado a Amrica, fue objeto de reformas inspiradas en los principios uniformistas y centralizadores caractersticos de la ilustracin. Por ms que resulten antagnicos de la orientacin que preside esta Ley rehuyamos, en aras del rigor histrico, la tentacin de silenciarlos o valorarlos acrticamente. No sera aceptable la atribucin al Despotismo Ilustrado de pretensiones democratizadoras de la vida local. Interesa subrayar, sin embargo, tres vertientes de las reformas aludidas. Su gradacin misma no carece de significado, por cuanto insina el orden de prioridades de los gobernantes de la poca. En una primera etapa se acomete la unificacin de los modelos municipales regncolas.

Se aborda luego el saneamiento de las postradas haciendas locales. Y se ensaya, en fin, la tmida aplicacin de determinados mecanismos representativos. Salvo en lo que se refiere al primer aspecto, las transformaciones del longevo rgimen municipal absolutista no fueron demasiado profundas, a pesar de lo cual su ejecucin tropez con los intereses estamentales y provoc fuerte resistencia.

La llegada del liberalismo modific sustancialmente los supuestos del rgimen municipal que hasta aqu se ha descrito a grandes rasgos. El espritu uniformista y centralizado, entonces al servicio de la renovacin, se difundi por doquier. La abolicin de los privilegios estamentales y la consagracin del principio representativo torn imposible la continuidad de los regimientos perpetuos, alter por completo el procedimiento de acceso a los cargos municipales y prejuzg la composicin de los Ayuntamientos constitucionales. La concepcin de la propiedad sustentada por la burguesa no presagiaba, precisamente el disfrute pacfico e indefinido de los bienes municipales amortizados. El propsito de racionalizar y dotar de homogeneidad a la actuacin pblica en el mbito territorial condujo a la introduccin de la frmula provincial y a la paralela creacin de las Diputaciones.

La versin inicial del rgimen local constitucional, regulada en Cdiz, se estableci efectivamente en el trienio liberal. Se caracterizaba por la implantacin de Ayuntamientos de traza uniforme en todas las poblaciones que contaran al menos con 1.000 habitantes y por el tendido de la red provincial en torno al binomio Diputacin-Jefe poltico. Los integrantes de los Ayuntamientos son elegidos por sufragio indirecto. Es innegable que la articulacin de los rganos locales con los del poder central se realiz con el concurso de las tcnicas centralizadoras en boga, si bien la esfera de las competencias reservadas a los Ayuntamientos era todava amplia y, por otra parte, los autores de la Instruccin de 1823 no vacilaron en dar cabida a algunas soluciones que entonces resultaban prudentemente descentralizadoras.

Cuando, tras los consabidos interludios absolutistas se produce la definitiva instalacin del sistema constitucional, el legado doceaista en materia de rgimen local es prontamente reemplazado por un nuevo modelo de cuo doctrinario que moderados y progresistas comparten en lo fundamental, cierto que con variantes y diferencias de grado no desdeables. El sufragio indirecto cede ante el directo en su modalidad censitaria. El fortalecimiento del poder ejecutivo y el coetneo despegue de la Administracin del Estado reduplican las posibilidades de controlar eficazmente a las Entidades locales, sometidas, al fin, a la frrea centralizacin que, ahora ya con miras inmovilistas, los moderados llevaron a sus ultimas consecuencias en las leyes municipal y provincial de 1845. Los progresistas propugnarn, por el contrario, la ampliacin del censo y consiguiente extensin del sufragio, la suavizacin de los mecanismos centralizadores, el incremento de las facultades de los Ayuntamientos, la plena electividad de los alcaldes. En la mayora de las ocasiones, tales propuestas carecieron de eco y obtuvieron, en el mejor de los casos, xitos fugaces. En el periodo isabelino se emprende, por lo dems, y a fuerte ritmo, la desamortizacin civil, que priv a los municipios de buena parte de su patrimonio.

La aportacin de la inmediata Revolucin de septiembre al rgimen local -que se concret en la legislacin municipal y provincial de 1870- consistir en la adopcin de sufragio universal, en la electividad de todos los cargos municipales, en el robustecimiento de las Diputaciones provinciales y en la considerable atenuacin del centralismo. Los gobernantes de la Restauracin no tardaron, sin embargo, en retornar a la orientacin del rgimen local de corte moderado anterior al Sexenio. La modificacin en ese sentido de las Leyes de 1870 tuvo lugar en diciembre de 1876. El Real Decreto de 2 de octubre de 1877 contiene el texto refundido de la ltima Ley municipal del siglo, a la vez que la regulacin del rgimen provincial luego sustituida por la de la Ley de 29 de agosto de 1882.

En verdad, el panorama que ofrecan las instituciones locales finiseculares era desolador. En el plano provincial, las Diputaciones permanecen subordinadas por completo a los Gobernadores civiles; en el municipal, los Ayuntamientos, escasamente representativos, siguen sometidos a la estrecha tutela del Estado. El poder central contina investido de atribuciones sobradas para intervenir en la designacin de los alcaldes, remover a las autoridades locales o suspender los acuerdos municipales. Los criterios a que responda la legislacin local mencionada, lejos de infundir vitalidad a Ayuntamientos y Diputaciones, propiciaron su parlisis. La incidencia del caciquismo agrav la situacin: atrap al rgimen local en las mallas de la inautenticidad, lo rode de prcticas corruptoras y lo conden a pervivir en estado agnico. Los testimonios de los contemporneos, unnimes a este respecto, no dejan lugar a dudas.

En esa tesitura, el rgimen local, constreido por leyes caducas y asfixiado por la espesa trama caciquil, devino en problemas poltico de grueso calibre. Al tiempo que una serie de proyectos legislativos predestinados a fracasar desfila por las Cortes, las crticas se generalizan hasta alcanzar en la voz de los regeneracionistas un volumen clamoroso. Entre tales proyectos merecen ser recordados el de Snchez Toca de 1891, el de Silvela de 1899 y, sobre todo, el de Maura de 1907, sin duda el ms ambicioso y el que fue debatido con mayor ardor. Maura era consciente de la inocuidad de las reformas parciales y de la imposibilidad de frenar la degradacin de la vida local sin extirpar el caciquismo y sin invertir la orientacin centralizadora que inspiraba las leyes de 1877 y 1882 a la sazn vigentes. El suyo fue el intento ms serio y meditado de reconsideracin del rgimen local en su conjunto, de lucha contra la corrupcin y en favor del reforzamiento de los organismos municipales y Provinciales. El Proyecto reconoca la diversidad local, derogaba las disposiciones desamortizadoras, fortaleca la posicin de los alcaldes, aflojaba la tutela del Estado y simultneamente pretenda extender la accin de los entes locales por la va -entre otras- de la municipalizacin de servicios. Los proyectos posteriores al de 1907 corrieron la misma suerte. Si hasta entonces la reforma del rgimen local haba concitado fortsima oposicin, el planteamiento con caracteres agudos de la cuestin regional que a continuacin sobrevino, al abrir una nueva brecha en el de por s agrietado sistema poltico, aument las dificultades.

La trayectoria legislativa del rgimen local desemboc durante la dictadura de Primo de Rivera en los Estatutos municipal de 8 de marzo de 1924 y Provincial de 20 de marzo de 1925, obra de Jos Calvo Sotelo ntimamente conectada con el ideario local maurista. El Estatuto municipal participa, en efecto, de la conviccin de que el saneamiento de la vida local dependa, en buena parte, del previo abandono de las directrices uniformistas y centralizadoras. Se prest en consecuencia, cierta atencin a los municipios rurales y a las entidades menores, procedindose, por otro lado, a suprimir algunas de las manifestaciones ms rigurosas de la subordinacin de los Ayuntamientos a la Administracin del Estado y a ensanchar el mbito de las competencias municipales. Medidas antes previstas por Maura y ya aludidas, como la derogacin de la legisIacin desamortizadora y la municipalizacin de servicios, fueron igualmente incorporadas al Estatuto, expresin, en definitiva, de las soluciones tcnicas que se haban ido gestando en las dcadas precedentes y de las doctrinas polticas de signo autoritario, cuyo influjo se traduce, por ejemplo, en la introduccin de la representacin corporativa. Con independencia de las declaraciones formales en sentido contrario, rgimen dictatorial, descentralizacin y vigorizacin del rgimen local se excluan mutuamente; de hecho, la aplicacin de aquellos preceptos de los Estatutos que simbolizaban el reflujo de la centralizacin se dej en suspenso y no lleg a producirse.

El rapidsimo bosquejo que antecede sugiere algunas reflexiones, demasiado obvias por su misma elementalidad como para que el legislador prescinda de ellas y las olvide. La experiencia histrica demuestra de modo irrefutable que el florecimiento de la vida local presupone el disfrute de amplia autonoma nutrida por la participacin autntica de los vecinos. Es igualmente indudable que los entes locales precisan recursos suficientes, susceptibles de satisfacer las necesidades y de procurar los servicios que el administrado requiere y reclama. Tampoco parece cuestionable, por ltimo, que rgimen local y rgimen poltico han evolucionado al unsono, vertebrados ambos por idnticos principios. No por otro motivo la historia tarda de nuestro rgimen local es la historia de una prolongada, creciente y devastadora frustracin. Cuando, como ocurri de manera particularmente aleccionadora a partir de mediados del ochocientos, se coarta la participacin vecinal, se adultera la representacin, se usa y abusa de la centralizacin, las instituciones locales languidecen hasta agotarse. No se debi al azar que los reiterados intentos de reforma del rgimen local de la Restauracin resultaran a la postre estriles. El advenimiento del Estado democrtico y autonmico exige consolidar de forma definitiva unas instituciones locales capaces de responsabilizarse de sus propios intereses y vivificadoras de todo el tejido del Estado.

II

Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitucin, decir rgimen local es decir autonoma. La pervivencia misma, a lo largo del tiempo y bajo las mas diversas circunstancias polticas, de esta nota caracterizadora muestra, no obstante, la indeterminacin y ambigedad del concepto. Slo su configuracin positiva desde unos postulados y en un contexto jurdico-poltico determinado, es capaz de dotarlo de un contenido preciso.

Para empezar, el sentido de la autonoma local no puede prescindir de esa referencia fundamentadora de nuestro orden constitucional en que Espaa, designndose a s misma como sujeto real y protagonista de su historia, se constituye en Estado social y democrtico de derecho; anticipando as la formalizacin de ese dato en la frmula concisa de residenciar toda soberana en el pueblo espaol. La autonoma local ha de situarse, pues, a la luz de ese principio y en la perspectiva de los principios nucleares que la Constitucin contiene para la total estructuracin del Estado.

La voluntad del pueblo espaol ha sido la de enriquecer su trama organizativa, multiplicando sus centros de decisin, sin mengua de la superior unidad de su realidad unificadora. La definicin de los Municipios y Provincias se hace de forma suficiente, aunque no prolija, en el texto supremo. La autonoma municipal debe ser el principio rector de la regulacin de cada entidad. El criterio para evitar contradicciones con otras instancias radica en la determinacin de sus intereses respectivos. Qu cosa sea el inters respectivo no ha sido desarrollado por la Constitucin, aunque s ha determinado los asuntos de inters de la Comunidad Autnoma (art. 148.1) y del Estado (art.149.1). Con esos elementos y con los datos que se desprenden de la realidad misma de las cosas, es posible construir las instituciones locales mantenindolas en el lugar que debe corresponderles en un Estado complejo como el actual; y a las Cortes Generales compete enriquecer y concretar el diseo bsico de las entidades locales como una de las piezas de la entera organizacin territorial del Estado. Presupone, pues, una perspectiva territorial, es decir, global y no sectorial. Su desarrollo representa poner en pie una institucin territorial y, consecuentemente, su estatuto subjetivo -puntos de referencia del nuevo ordenamiento desde y por ellos vertebrado- y la ordenacin de la capacidad potencialmente universal de dicha institucin. Todos los sectores de la realidad a que se extiende la accin pblica se encuentran, por ello, aludidos y en mayor o menor medida afectados. Se est, en definitiva, ante una Ley que atae a la construccin misma del Estado y al diseo de uno de los ordenamientos jurdico-administrativos que en l se integran.

Si en sus orgenes medievales autonoma local es el municipio urbano, la ciudad que nace libre por exencin del mundo seorial en declive y si, en el momento del surgimiento del Estado constitucional, esa caracterizacin pudo completarse identificndola con un supuesto orden local de competencias, ninguna de esas dos ideas sirve hoy para determinar la autonoma. No se trata ahora de utilizar el escaln municipal como pieza decisiva en un proceso histrico de emergencia de un nuevo orden poltico, sino ms bien de delimitar el espacio y el papel propios de las entidades locales en el seno de un orden constituido, pero tampoco es posible entender hoy los poderes pblicos como estructuras monolticas, construidas en cascada de mayor a menor y dotadas de funciones relativamente estables y diferenciadas por serlo tambin el mundo al que se enfrenta.

Muy al contrario, la realidad social, cultural, tecnolgica y econmica ha roto definitivamente las situaciones singulares de relativo aislamiento y hoy la sociedad se nos muestra como un todo continuo donde la distancia, antes factor explicativo de supuestas autarquas, ha sido vencida por los medios de transporte, por las ondas y por la dependencia de un mercado nico a nivel nacional a su vez ya ntimamente relacionado con la realidad internacional.

Esa continuidad del tejido social hace imposible marcar unas fronteras ntidas a los intereses cuya tutela respectiva se encomienda a los distintos poderes que destacan as su condicin de formar parte de un conjunto institucional de arquitectura compleja en que las partes adquieren sentido en funcin del todo, pero articulndose entre s no por principios formales, sino por criterios materiales que tratan de adaptar las competencias a los intereses reales en juego.

La autonoma local no puede definirse de forma unidimensional desde el puro objetivismo localista o regionalista, sino que requiere ser situada en el marco del ordenamiento integral del Estado.

La dificultad especfica de ese objetivo radica en que ste no es nico y homogneo, sino constituido por la accin simultnea de los principios de unidad y autonoma de las nacionalidades y regiones, que encuentran su expresin organizativa en la distribucin del poder entre las instituciones generales de la Nacin y las Comunidades Autnomas. Puede calificarse de feliz la conceptuacin de esa frmula como Estado compuesto, un Estado con una nica soberana, un solo pueblo con un destino poltico comn, que -reconociendo su diversidad- constituye el sistema de resolucin permanente de sus contradicciones, conflictos y tensiones que no otra cosa es el Estado, sobre la base de una pluralidad de instancias autnomas y diversas, vertebradas entre s para el mantenimiento del valor de la unidad. Carece, pues, de verdadero sentido la apelacin sin ms a modelos preestablecidos, pues las Corporaciones locales tienen en el sistema as descrito una posicin propia, que no se define por relacin a ninguna otra de las instancias territoriales, afirmndose -igual que stas- en su condicin, ganada por su peso histrico y actual, de partes componentes de la total estructura del Estado.

Huelga decir que la autonoma local, para su realidad, precisa de una institucin capaz de actuarla; institucin que, por expreso mandato constitucional y cuando menos en el escaln bsico municipal, ha de montarse sobre la doble nota de la representatividad directa y la personificacin. Pero, en lo que ms interesa ahora, ello significa que el rgimen local tiene que ser, por de pronto, la norma institucional de los entes locales. Esta comprobacin elemental implica dos consecuencias de primera importancia. En primer trmino, que esa norma desarrolla la garanta constitucional de la autonoma local, funcin ordinamental que, al estarle reservada o, lo que es igual, vedada a cualesquiera otras normas, presta a su posicin en el ordenamiento en su conjunto una vis especfica, no obstante su condicin formal de Ley ordinaria. De otro lado, el hecho de que las entidades locales, no obstante su inequvoca sustancia poltica, desplieguen su capacidad en la esfera de lo administrativo, justifica tanto esta ltima condicin del marco definidor de su autonoma, como la identificacin del ttulo constitucional para su establecimiento en el artculo 149.1, apartado 18, en relacin con el 148.1, apartado 2., del texto fundamental.

Queda explicado, as, que la determinacin de ese marco es el resultado de la accin conjunta, segn la concreta distribucin de la potestad legislativa en la materia operada por el bloque normativo integrado por la Constitucin y los Estatutos de Autonoma, de la Ley general y la Ley territorial.

La peculiar estructura de dicho marco -decisin bsica constitucional en trminos de garanta institucional y remisin al legislador ordinario de los entes locales-, no significa, sin embargo, que ese Estatuto deba quedar regulado agotadoramente por la Ley. Resurge aqu la vieja polmica entre uniformismo y diversidad en la organizacin local, en modo alguno resuelta con los intentos frustrados de tipificacin de regmenes locales (que slo suponen una estril flexibilizacin del uniformismo), slo que ahora transmutada en la tensin entre los valores constitucionales de unidad y autonomas (de las nacionalidades y regiones y de los entes locales). La resolucin adecuada a esa tensin exige desde luego la constriccin del marco general a lo estrictamente indispensable para satisfacer el inters nacional, pero tambin desde luego una especfica ponderacin, segn su valor constitucional relativo, de las exigencias recprocas del inters autonmico y el estrictamente local. De esa ponderacin resulta que si en lo que trasciende a la conformacin de la organizacin territorial (procesos de alteracin de municipios y creacin de nuevos entes territoriales), debe primar el inters autonmico, no sucede lo mismo en el plano de la organizacin interna de las entidades locales; plano en el que procede reconocer la primaca del inters de la acomodacin de aquella a las caractersticas especificas de stas.

Pero el rgimen local, para cumplir su funcin de garanta de la autonoma e, incluso, su cometido especfico en cuanto norma institucional de la Administracin local, precisa extravasar lo puramente organizativo y de funcionamiento para penetrar en el campo de las competencias, las reglas de la actividad pblica y el rgimen de los medios personales y materiales. Obvio resulta decir que, en este campo, la regulacin legal ha de tener muy presente la opcin constitucional, expresada en el artculo 149.1, apartado 18, en favor de una ordenacin comn, configurando las inevitables peculiaridades de la Administracin local desde ese fondo homogneo, para su integracin coherente en el mismo.

En punto al aspecto, absolutamente crucial, de las competencias, la base de partida no puede ser hoy otra que la de la radical obsolescencia, por las razones ya dichas anteriormente, de la vinculacin de la autonoma a un bloque de competencias por naturaleza sedicentemente locales.

En efecto, salvo algunas excepciones son raras las materias que en su integridad puedan atribuirse al exclusivo inters de las corporaciones locales; lgicamente tambin son raras aquellas en las que no exista inters local en juego; de ah que la cuestin de los mbitos competenciales de los Entes locales deba tener en cuenta una composicin equilibrada de los siguientes factores:

a) La necesidad de la garanta suficiente de la autonoma local, que cumple satisfacer en primer trmino a la Ley general por tratarse del desarrollo de una opcin constructiva constitucional, que, por tanto, ha de tener vigencia en todo el territorio de la nacin en trminos de, cuando menos, un mnimo comn denominador en cuento al contenido de dicha autonoma.

b) La exigencia de la armonizacin de esa garanta general con la distribucin territorial de la disposicin legislativa sobre las distintas materias o sectores orgnicos de accin publica, pues es a todas luces claro que una y otra no pueden, so pena de inconstitucionalidad, anularse recprocamente.

c) La imposibilidad material, en todo caso, de la definicin cabal y suficiente de las competencias locales en todos y cada uno de los sectores de intervencin potencial de la Administracin local desde la legislacin del rgimen local.

El sistema legal de concrecin competencial de la autonoma local pretende realizar esa composicin equilibrada a que se ha hecho alusin. Sobre el fondo del reconocimiento expreso de las potestades y exorbitancias que corresponden a los entes locales territoriales en su condicin de Administracin Pblica, todo el sistema pivota sobre la plasmacin del criterio material desde el que debe producirse la concrecin legal de las competencias; criterio que no es otro que el derecho de las Corporaciones locales a intervenir, con la intensidad y el alcance mximos -desde el principio constitucional de la descentralizacin y para la realizacin del derecho fundamental a la participacin en los asuntos pblicos- que permita la implicacin relativa de los intereses de las diferentes colectividades territoriales en cualesquiera de dichos asuntos pblicos. El mecanismo de cierre lo proporciona, de un lado, la imposicin a la legislacin sectorial -desde la especial posicin ordinamental que a la Ley del rgimen local es propia segn ya se ha hecho notar- de la ponderacin del expresado criterio, y de otro, la articulacin de las competencias administrativas en la materia de que se trate de forma consecuente con la misma, as como la atribucin a la legislacin bsica estatal de una funcin de aseguramiento de un mnimo competencial a la Administracin Local.

Finalmente, la organizacin bsica de las Corporaciones locales y las relaciones de stas con las otras dos Administraciones Pblicas territoriales, se inscriben lgicamente en las lneas maestras que han quedado trazadas.

Por lo que hace a las relaciones interadministrativas, salta a la vista la radical inadecuacin del mantenimiento en el nuevo y compuesto Estado constitucional de las tcnicas y las categoras cristalizadas en el Estado centralista y autoritario. En particular, ese juicio de radical obsolescencia merece predicarse de las tcnicas formalizadas actuables por voluntad unilateral de una de las administraciones e incidentes normalmente en la validez o la eficacia de los actos emanados de otra, en este sentido subordinada a la anterior, tcnicas que no son sino trasunto y consecuencia lgicos de la construccin piramidal y jerrquica del poder pblico administrativo, puesto que la tutela, a la que todas ellas se reconducen, no es sino una categora que expresa una situacin de fuerte dependencia casi jerrquica. El principio constitucional de autonoma y el administrativo de la descentralizacin, en que se fundamenta el nuevo Estado, implican las diversificaciones de los centros del poder pblico administrativo y la actuacin de cada uno de ellos, en su mbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad, es decir, impiden la atribucin a alguno de ellos de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitacin de la capacidad de stos. Cierto que ello no significa en modo alguno la invertebracin del poder pblico administrativo, pues simultneamente juega el principio de unidad y su traduccin administrativa en los de coordinacin y eficacia. Sucede slo que ya no es legtima la realizacin de estos valores por las vas expuestas; antes bien, ha de ser el resultado del juego mismo de la vida institucional desde sus presupuestos de representatividad democrtica y gestin autnoma de las propias competencias (con lo que todas las instancias administrativas son idnticas en cuanto a capacidad en la esfera de sus asuntos, derivando la desigualdad nicamente de la estructura inherente al inters pblico) como fruto del esfuerzo permanente de integracin poltico-social en el orden constituido. De este modo, las tcnicas de relacin entre Administraciones han de tener por objeto ms bien la definicin del marco y de los procedimientos que faciliten el encuentro y la comunicacin, incluso de carcter informal, para la colaboracin y la coordinacin interadministrativas, fundamentalmente voluntarios y de base negocial. Naturalmente que el cuadro de tcnicas ha de cerrarse por un sistema resolutorio del supuesto lmite del conflicto, por fracaso de las mismas. La configuracin de ese sistema de conflictos tiene que ser, a la vez, respetuosa con la esencial igualdad posicional de las Administraciones territoriales y aseguradora de que el planteamiento y la sustanciacin del conflicto no alteran la especfica estructura constitucional de los intereses pblicos a los que sirven dichas Administraciones.

Las anteriores reflexiones son un compendio de la filosofa que inspira la Ley. Esta, ms que pretender garantizar la autonoma sobre la quietud de compartimentos estancos e incomunicados y, en definitiva, sobre un equilibrio esttico propio de las cosas inanimadas, busca fundamentar aqulla en el equilibrio dinmico propio de un sistema de distribucin del poder, tratando de articular los intereses del conjunto, reconociendo a cada uno lo suyo y estableciendo las competencias, principios, criterios y directrices que guen la aplicacin prctica de la norma en su conjunto de forma abierta a la realidad y a las necesidades del presente.


[Bloque 3: #ti]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 4: #a1]

Artculo 1.

1. Los Municipios son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y cauces inmediatos de participacin ciudadana en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades.

2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idntica autonoma para la gestin de los intereses respectivos.


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2.

1. Para la efectividad de la autonoma garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislacin del Estado y la de las Comunidades Autnomas, reguladora de los distintos sectores de accin pblica, segn la distribucin constitucional de competencias, deber asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al crculo de sus intereses, atribuyndoles las competencias que proceda en atencin a las caractersticas de la actividad pblica de que se trate y a la capacidad de gestin de la Entidad local, de conformidad con los principios de descentralizacin y de mxima proximidad de la gestin administrativa a los ciudadanos.

2. Las Leyes bsicas del Estado previstas constitucionalmente debern determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.




[Bloque 6: #a3]

Artculo 3.

1. Son entidades locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipilagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condicin de Entidades locales:

a) Las Entidades de mbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autnomas, conforme al artculo 45 de esta Ley.

b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autnomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonoma.

c) Las reas metropolitanas.

d) Las Mancomunidades de Municipios.




[Bloque 7: #a4]

Artculo 4.

1. En su calidad de Administraciones pblicas de carcter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganizacin.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programacin o planificacin.

d) Las potestades expropiatoria y de investigacin, deslinde y recuperacin de oficio de sus bienes.

e) La presuncin de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecucin forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisin de oficio de sus actos y acuerdos.

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los trminos previstos en las leyes; las prelaciones y preferencias y dems prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pblica para los crditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autnomas.

2. Lo dispuesto en el nmero precedente y en el artculo 2 podr ser de aplicacin a las Entidades territoriales de mbito inferior al municipal y, asimismo, a las Comarcas, reas Metropolitanas y dems Entidades locales, debiendo las Leyes de las Comunidades Autnomas concretar cules de aquellas potestades sern de aplicacin.





[Bloque 8: #a5]

Artculo 5.

Las Entidades locales se rigen en primer trmino por la presente Ley y adems:

A) En cuanto a su rgimen organizativo y de funcionamiento de sus rganos:

Por las leyes de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local y por el Reglamento orgnico propio de cada Entidad en los trminos previstos en esta Ley.

B) En cuanto al rgimen sustantivo de las funciones y los servicios:

a) Por la legislacin del Estado y la de las Comunidades Autnomas, segn la distribucin constitucional de competencias.

b) Por las Ordenanzas de cada Entidad.

C) En cuanto al rgimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo, contratos, concesiones y dems formas de prestacin de los servicios pblicos, expropiacin y responsabilidad patrimonial:

a) Por la legislacin del Estado y, en su caso, la de las Comunidades Autnomas, en los trminos del artculo 149.1.18. de la Constitucin.

b) Por las Ordenanzas de cada Entidad.

D) En cuanto al rgimen de sus bienes:

a) Por la legislacin bsica del Estado que desarrolle el artculo 132 de la Constitucin.

b) Por la legislacin de las Comunidades Autnomas.

c) Por las Ordenanzas propias de cada Entidad.

E) En cuanto a las Haciendas locales:

a) Por la legislacin general tributaria del Estado y la reguladora de las Haciendas de las Entidades locales, de las que ser supletoria la Ley General Presupuestaria.

b) Por las leyes de las Comunidades Autnomas en el marco y de conformidad con la legislacin a que se refiere el apartado anterior.

c) Por las Ordenanzas fiscales que dicte la correspondiente Entidad local, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en las leyes mencionadas en los apartados a) y b).





[Bloque 9: #a6]

Artculo 6.

1. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses pblicos que les estn encomendados y actan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades locales.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7.

1. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegacin.

Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y dems Entidades locales territoriales solo podrn ser determinadas por Ley.

2. Las competencias propias se ejercen en rgimen de autonoma y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinacin en su programacin y ejecucin con las dems Administraciones Pblicas.

3. Las competencias atribuidas se ejercen en los trminos de la delegacin, que puede prever tcnicas de direccin y control de oportunidad que, en todo caso, habrn de respetar la potestad de autoorganizacin de los servicios de la Entidad local.




[Bloque 11: #a8]

Artculo 8.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior, las Provincias y las islas podrn realizar la gestin ordinaria de servicios propios de la Administracin autonmica, de conformidad con los Estatutos de Autonoma y la legislacin de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 12: #a9]

Artculo 9.

Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras Entidades locales territoriales no podrn limitar su mbito de aplicacin a una o varias de dichas Entidades con carcter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regmenes municipales o provinciales especiales.


[Bloque 13: #a10]

Artculo 10.

1. La Administracin Local y las dems Administraciones pblicas ajustarn sus relaciones recprocas a los deberes de informacin mutua, colaboracin coordinacin y respeto a los mbitos competenciales respectivos.

2. Proceder la coordinacin de las competencias de las entidades locales entre s y, especialmente, con las de las restantes Administraciones pblicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el inters propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de stas.

3. Las funciones de coordinacin no afectaran en ningn caso a la autonoma de las Entidades locales.




[Bloque 14: #tii]

TTULO II

El municipio


[Bloque 15: #a11]

Artculo 11.

1. El Municipio es la Entidad local bsica de la organizacin territorial del Estado. Tiene personalidad jurdica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Son elementos del Municipio el territorio, la poblacin y la organizacin.


[Bloque 16: #ci-2]

CAPTULO I

Territorio y poblacin


[Bloque 17: #a12]

Artculo 12.

1. El trmino municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

2. Todos los residentes constituyen la poblacin del Municipio.





[Bloque 18: #a13]

Artculo 13.

1. La creacin o supresin de Municipios, as como la alteracin de trminos municipales, se regular por la legislacin de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local. Requerirn en todo caso audiencia de los Municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del rgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, si existiere. Simultneamente a la peticin de este dictamen se dar conocimiento a la Administracin del Estado.

2. La creacin de nuevos Municipios slo podr realizarse sobre la base de ncleos de poblacin territorialmente diferenciados y siempre que los Municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminucin en la calidad de los servicios que venan siendo prestados.

3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas, el Estado, atendiendo a criterios geogrficos, sociales, econmicos y culturales, podr establecer medidas que tiendan a fomentar la fusin de Municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestin de los asuntos pblicos locales.





[Bloque 19: #a14]

Artculo 14.

1. Los cambios de denominacin de los Municipios solo tendrn carcter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administracin del Estado para la inscripcin de todas las Entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el Boletn Oficial del Estado.

2. La denominacin de los Municipios podr ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua espaola oficial en la respectiva Comunidad Autnoma, o en ambas.


[Bloque 20: #a15]

Artculo 15.

1. Todo espaol o extranjero que viva en territorio espaol deber estar empadronado en el Municipio en el que resida habitualmente.

Quien viva en varios Municipios deber inscribirse en aquel en que habitara durante ms tiempo al ao.

Para poder obtener el alta en el Padrn de un Municipio ser necesario presentar el certificado de baja en el Padrn del Municipio en el que se hubiera residido anteriormente.

2. Los espaoles que, circunstancialmente, se hallen viviendo en un Municipio que no sea el de su residencia habitual, podrn inscribirse en l como transentes. En este caso no ser necesario cumplimentar lo dispuesto en el tercer prrafo del nmero anterior.




[Bloque 21: #a16]

Artculo 16.

1. La condicin de residente se adquiere en el momento de realizar la inscripcin en el Padrn. Los residentes se clasifican en vecinos y domiciliados.

2. Son vecinos los espaoles mayores de edad que residan habitualmente en el trmino municipal y figuren inscritos con tal carcter en el Padrn.

3. Son domiciliados los espaoles menores de edad y los extranjeros residentes habitualmente en el trmino municipal y que como tales figuren inscritos en el Padrn municipal.

4. A los efectos electorales, los espaoles que residan en el extranjero se considerarn vecinos o domiciliados en el Municipio en cuyo Padrn figuraran inscritos.






[Bloque 22: #a17]

Artculo 17.

1. La relacin de los residentes y transentes en el trmino municipal constituye el Padrn municipal, que tiene carcter de documento pblico y fehaciente para todos los efectos administrativos, y en el que debern constar, respecto de todos los residentes, los datos personales precisos para las relaciones jurdicas pblicas, con inclusin de los que el Estado o las Comunidades Autnomas soliciten a los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones de coordinacin que a aqul o a stas correspondan. En todo caso, se garantiza el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin.

2. La formacin, mantenimiento y rectificacin del Padrn corresponde al Ayuntamiento, que proceder a su renovacin cada cinco aos y a su rectificacin anual, de acuerdo con lo que establezca la legislacin del Estado.

3. Los Ayuntamientos confeccionarn un Padrn especial de espaoles residentes en el extranjero en coordinacin con las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas.





[Bloque 23: #a18]

Artculo 18.

1. Son derechos y deberes de los vecinos:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin electoral.

b) Participar en la gestin municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboracin con carcter voluntario de los vecinos sea interesada por los rganos de gobierno y administracin municipal.

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios pblicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

d) Contribuir mediante las prestaciones econmicas y personales legalmente previstas a la realizacin de las competencias municipales.

e) Ser informado, previa peticin razonada, y dirigir solicitudes a la Administracin municipal en relacin a todos los expedientes y documentacin municipal, de acuerdo con lo previsto en el artculo 105 de la Constitucin.

f) Pedir la consulta popular en los trminos previstos en la Ley.

g) Exigir la prestacin y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio pblico, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carcter obligatorio.

h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

2. Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de carcter poltico. No obstante, tendrn derecho de sufragio activo en los trminos que prevea la legislacin electoral general aplicable a las elecciones locales.





[Bloque 24: #cii]

CAPTULO II

Organizacin


[Bloque 25: #a19]

Artculo 19.

1. El gobierno y la administracin municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en rgimen de Concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los trminos que establezca la legislacin electoral general.




[Bloque 26: #a20]

Artculo 20.

1. La organizacin municipal responde a las siguientes reglas:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.

b) La Comisin de Gobierno existe en todos los Municipios con poblacin de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando as lo disponga su Reglamento orgnico o as lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

c) El resto de los rganos, complementarios de los anteriores, se establece y regula por los propios Municipios en sus Reglamentos orgnicos, sin otro lmite que el respeto a la organizacin determinada por esta Ley.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla c) del nmero anterior, las Leyes de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local podrn establecer una organizacin municipal complementaria de la prevista en este texto legal, que regir en cada Municipio en todo aquello que su Reglamento Orgnico no disponga lo contrario.

3. Todos los grupos polticos integrantes de la Corporacin tendrn derecho a participar, mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los mismos, en los rganos complementarios del Ayuntamiento que tengan por funcin el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisin del Pleno.






[Bloque 27: #a21]

Artculo 21.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporacin y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administracin municipales.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislacin electoral general, de la Comisin de Gobierno y de cualesquiera otros rganos municipales.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

e) Dictar bandos.

f) Disponer gastos, dentro de los lmites de su competencia; ordenar pagos y rendir cuentas.

g) Desempear la jefatura superior de todo el personal de la Corporacin.

h) Ejercer la jefatura de la Polica Municipal, as como el nombramiento y sancin de los funcionarios que usen armas.

i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

j) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catstrofe o infortunios pblicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

k) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infraccin de las Ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad est atribuida a otros rganos.

l) Contratar obras y servicios siempre que su cuanta no exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su Presupuesto ni del 50 por 100 del lmite general aplicable a la contratacin directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

ll) Otorgar las licencias cuando as lo dispongan las Ordenanzas.

m) Las dems que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la legislacin del Estado o de las Comunidades Autnomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros rganos municipales.

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisin de Gobierno, y las enumeradas en los apartados a), e), g), i) y j) del nmero 1 de este artculo.









[Bloque 28: #a22]

Artculo 22.

1. El Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el Alcalde.

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalizacin de los rganos de gobierno.

b) Los acuerdos relativos a la participacin en organizaciones supramunicipales; alteracin del termino municipal; creacin o supresin de Municipios y de las Entidades a que se refiere el artculo 45; creacin de rganos desconcentrados; alteracin de la capitalidad del Municipio y el cambio de nombre de ste o de aquellas Entidades y la adopcin o modificacin de su bandera, ensea o escudo.

c) La aprobacin de los planes y dems instrumentos de ordenacin y gestin previstos en la legislacin urbanstica.

d) La aprobacin del Reglamento orgnico y de las Ordenanzas.

e) La determinacin de los recursos propios de carcter tributario; la aprobacin y modificacin de los Presupuestos; la disposicin de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobacin de las cuentas.

f) La aprobacin de las formas de gestin de los servicios y de los expedientes de municipalizacin.

g) La aceptacin de la delegacin de competencias hecha por otras Administraciones pblicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y dems Administraciones pblicas.

i) La aprobacin de la plantilla de personal, la relacin de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la seleccin de personal y para los concursos de provisin de puestos de trabajo, la fijacin de la cuanta de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el nmero y rgimen del personal eventual, todo ello en los trminos del ttulo VII de esta Ley, as como la separacin del servicio de los funcionarios de la Corporacin, salvo lo dispuesto en el artculo 99, nmero 4, de esta Ley, y la ratificacin del despido del personal laboral.

j) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

k) La alteracin de la calificacin jurdica de los bienes de dominio pblico.

l) La enajejacin del patrimonio.

ll) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobacin una mayora especial.

m) Las dems que expresamente le confieran las Leyes.

3. Pertenece, igualmente, al Pleno la votacin sobre la mocin de censura al Alcalde, que se rige por lo dispuesto en la legislacin electoral general.











[Bloque 29: #a23]

Artculo 23.

1. La Comisin de Gobierno se integra por el Alcalde y un nmero de Concejales no superior al tercio del nmero legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aqul, dando cuenta al Pleno.

2. Corresponde a la Comisin de Gobierno:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro rgano municipal le delegue o le atribuyan las Leyes. No son delegables las atribuciones reservadas al Pleno en los nmeros 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) y ll) y 3 del artculo anterior.

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y revocados por ste de entre los miembros de la Comisin de Gobierno y, donde sta no exista, de entre los Concejales.

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisin de Gobierno y, donde sta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos especficos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisin.





[Bloque 30: #a24]

Artculo 24.

Para facilitar la participacin ciudadana en la gestin de los asuntos locales y mejorar sta, los Municipios podrn establecer rganos territoriales de gestin desconcentrada, con la organizacin, funciones y competencias que cada Ayuntamiento les confiera, atendiendo a las caractersticas del asentamiento de la poblacin en el trmino municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestin del Municipio.




[Bloque 32: #ciii]

CAPTULO III

Competencias


[Bloque 33: #a25]

Artculo 25.

1. El Municipio, para la gestin de sus intereses y en el mbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios pblicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

2. El Municipio ejercer, en todo caso, competencias, en los trminos de la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas, en las siguientes materias:

a) Seguridad en lugares pblicos.

b) Ordenacin del trfico de vehculos y personas en las vas urbanas.

c) Proteccin civil, prevencin y extincin de incendios.

d) Ordenacin, gestin, ejecucin y disciplina urbanstica; promocin y gestin de viviendas; parques y jardines, pavimentacin de vas pblicas urbanas y conservacin de caminos y vas rurales.

e) Patrimonio histrico-artstico.

f) Proteccin del medio ambiente.

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h) Proteccin de la salubridad pblica.

i) Participacin en la gestin de la atencin primaria de la salud.

j) Cementerios y servicios funerarios.

k) Prestacin de los servicios sociales y de promocin y reinsercin social.

l) Suministro de agua y alumbrado pblico; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll) Transporte pblico de viajeros.

m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupacin del tiempo libre; turismo.

n) Participar en la programacin de la enseanza y cooperar con la Administracin educativa en la creacin, construccin y sostenimiento de los centros docentes pblicos, intervenir en sus rganos de gestin y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3. Slo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artculo, de conformidad con los principios establecidos en el artculo 2.





[Bloque 34: #a26]

Artculo 26.

1. Los Municipios por s o asociados debern prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios:

Alumbrado pblico, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los ncleos de poblacin, pavimentacin de las vas pblicas y control de alimentos y bebidas.

b) En los Municipios con poblacin superior a 5.000 habitantes, adems:

Parque pblico, biblioteca pblica, mercado y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con poblacin superior a 20.000 habitantes, adems:

Proteccin civil, prestacin de servicios sociales, prevencin y extincin de incendios, instalaciones deportivas de uso pblico y matadero.

d) En los Municipios con poblacin superior a 50.000 habitantes, adems:

Transporte colectivo urbano de viajeros y proteccin del medio ambiente.

2. Los Municipios podrn solicitar de la Comunidad Autnoma respectiva la dispensa de la obligacin de prestar los servicios mnimos que les correspondan segn lo dispuesto en el nmero anterior cuando, por sus caractersticas peculiares, resulte de imposible o muy difcil cumplimiento el establecimiento y prestacin de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artculo 36, se dirigir preferentemente al establecimiento y adecuada prestacin de los servicios pblicos mnimos, as como la garanta del desempeo en las Corporaciones municipales de las funciones pblicas a que se refiere el nmero 3 del artculo 92 de esta Ley.







[Bloque 35: #a27]

Artculo 27.

1. La Administracin del Estado, de las Comunidades Autnomas y otras Entidades locales podrn delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestin pblica y se alcance una mayor participacin ciudadana. La disposicin o el acuerdo de delegacin debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duracin de sta, as como el control que se reserve la Administracin delegante y los medios personales, materiales y econmicos que sta transfiera.

2. En todo caso, la Administracin delegante podr, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, emanar instrucciones tcnicas de carcter general y recabar, en cualquier momento, informacin sobre la gestin municipal, as como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanacin de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegacin de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administracin delegante podr revocar la delegacin o ejecutar por s misma la competencia delegada en sustitucin del Municipio. Los actos de ste podrn ser recurridos ante los rganos competentes de la Administracin delegante.

3. La efectividad de la delegacin requerir su aceptacin por el Municipio interesado, y, en su caso, la previa consulta e informe de la Comunidad Autnoma, salvo que por Ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habr de ir acompaada necesariamente de la dotacin o el incremento de medios econmicos para desempearlos.

4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislacin del Estado o de las Comunidades Autnomas correspondientes o, en su caso, la reglamentacin aprobada por la Entidad local delegante.




[Bloque 36: #a28]

Artculo 28.

Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Pblicas y, en particular, las relativas a la educacin, la cultura, la promocin de la mujer, la vivienda, la sanidad y la proteccin del medio ambiente.




[Bloque 37: #civ]

CAPTULO IV

Regmenes Especiales


[Bloque 38: #a29]

Artculo 29.

1. Funcionan en Concejo Abierto:

a) Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular rgimen de gobierno y administracin.

b) Aquellos otros en los que su localizacin geogrfica, la mejor gestin de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

2. La constitucin en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b) del nmero anterior, requiere peticin de la mayora de los vecinos, decisin favorable por mayora de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobacin por la Comunidad Autnoma.

3. En el rgimen del Concejo Abierto, el gobierno y la administracin municipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las Leyes de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local.




[Bloque 39: #a30]

Artculo 30.

Las Leyes sobre rgimen local de las Comunidades Autnomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrn establecer regmenes especiales para Municipios pequeos o de carcter rural y para aquellos que renan otras caractersticas que lo hagan aconsejable, como su carcter histrico-artstico o el predominio en su trmino de las actividades tursticas, industriales, mineras u otras semejantes.


[Bloque 40: #tiii]

TTULO III

La Provincia


[Bloque 41: #a31]

Artculo 31.

1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupacin de Municipios, con personalidad jurdica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Son fines propios y especficos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la poltica econmica y social, y, en particular:

a) Asegurar la prestacin integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

b) Participar en la coordinacin de la Administracin local con la de la Comunidad Autnoma y la del Estado.

3. El gobierno y la administracin autnoma de la Provincia corresponden a la Diputacin u otras Corporaciones de carcter representativo.


[Bloque 42: #ci-3]

CAPTULO I

Organizacin


[Bloque 43: #a32]

Artculo 32.

La organizacin provincial responde a las siguientes reglas:

1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Comisin de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.

2. El resto de los rganos, complementarios de los anteriores, se establece y regula por las propias Diputaciones sin otro lmite que el respeto a la organizacin determinada por esta Ley. No obstante, la Leyes de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local podrn establecer una organizacin provincial complementaria de la prevista en este texto legal, que regir en cada Provincia en todo aquello en lo que sta no disponga lo contrario, en ejercicio de su potestad de autoorganizacin.

3. Todos los grupos polticos integrantes de la Corporacin tendrn derecho a participar, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en los rganos complementarios de la Diputacin Provincial que tengan por funcin el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisin del Pleno.






[Bloque 45: #a33]

Artculo 33.

1. El Pleno de la Diputacin est constituido por el Presidente y los Diputados.

2. Corresponde en todo caso al Pleno:

a) La organizacin de la Diputacin.

b) La aprobacin de las Ordenanzas.

c) La aprobacin y modificacin de los presupuestos, la disposicin de gastos dentro de los lmites de su competencia y la aprobacin provisional de las cuentas.

d) La aprobacin de los planes de carcter provincial.

e) El control y la fiscalizacin de la gestin de los rganos de gobierno.

f) La aprobacin de la plantilla de personal, la relacin de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la seleccin de personal y para los concursos de provisin de puestos de trabajo, la fijacin de la cuanta de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el nmero y rgimen del personal eventual, todo ello en los trminos del Ttulo VII de esta Ley, as como la separacin del servicio de los funcionarios de la Corporacin, salvo lo dispuesto en el artculo 99, nmero 4, de esta Ley, y la ratificacin del despido del personal laboral.

g) La alteracin de la calificacin jurdica de los bienes de dominio pblico.

h) La enajenacin del patrimonio.

i) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y dems Administraciones pblicas.

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

k) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobacin una mayora especial.

l) Las dems que expresamente la atribuyan las leyes.

3. Pertenece, igualmente, al Pleno la votacin sobre la mocin de censura al Presidente, que se rige por lo dispuesto en la legislacin electoral general.







[Bloque 46: #a34]

Artculo 34.

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputacin:

a) Dirigir el gobierno y la administracin de la Provincia.

b) Representar a la Diputacin.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, la Comisin de Gobierno y cualquier otro rgano de la Diputacin.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputacin Provincial.

e) Asegurar la gestin de los servicios propios de la Comunidad Autnoma cuya gestin ordinaria est encomendada por sta a la Diputacin.

f) Disponer gastos, dentro de los lmites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas.

g) La jefatura superior del personal de la Corporacin.

h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

i) Contratar obras y servicios siempre que su cuanta no exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto ni del 50 por 100 del lmite general aplicable a la contratacin directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

j) Ordenar la publicacin y ejecucin y hacer cumplir los acuerdos de la Diputacin.

k) Las dems que expresamente le atribuyan las Leyes.

l) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislacin del Estado o de las Comunidades Autnomas asigne a la Diputacin y no estn expresamente atribuidas a otros rganos.

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisin de Gobierno y las enumeradas en los apartados a), g) y h) del nmero anterior.

3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.







[Bloque 47: #a35]

Artculo 35.

1. La Comisin de Gobierno se integra por el Presidente y un nmero de Diputados no superior al tercio del nmero legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aqul, dando cuenta al Pleno.

2. Corresponde a la Comisin de Gobierno:

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Presidente u otro rgano provincial le delegue o le atribuyan las Leyes. No son delegables las atribuciones reservadas al Pleno en los nmeros 2, apartados a), b), c), d), e), f), i) y k), y 3 del artculo 33.

3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisin de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos especficos pueda realizar en favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenecieran a aquella Comisin.

4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por ste entre los miembros de la Comisin de Gobierno.





[Bloque 48: #cii-2]

CAPTULO II

Competencias


[Bloque 49: #a36]

Artculo 36.

1. Son competencias propias de la Diputacin las que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del Estado y de las Comunidades Autnomas en los diferentes sectores de la accin publica y, en todo caso:

a) La coordinacin de los servicios municipales entre s para la garanta de la prestacin integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del nmero 2 del artculo 31.

b) La asistencia y la cooperacin jurdica, econmica y tcnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad econmica y de gestin.

c) La prestacin de servicios pblicos de carcter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.

d) En general, el fomento y la administracin de los intereses peculiares de la Provincia.

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) del nmero anterior, la Diputacin:

a) Aprueba anualmente un Plan provincial de cooperacin a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboracin deben participar los Municipios de la Provincia. El Plan, que deber contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribucin de los fondos, podr financiarse con medios propios de la Diputacin, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autnoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonoma y de las anteriormente asumidas y ratificadas por stos, la Comunidad Autnoma asegura en su territorio, la coordinacin de los diversos Planes provinciales de acuerdo con lo previsto en el artculo 59 de esta Ley.

El Estado y la Comunidad Autnoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilizacin o empleo.

b) Asegura el acceso de la poblacin de la Provincia al conjunto de los servicios mnimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestacin de stos mediante cualesquiera frmulas de asistencia y cooperacin con los Municipios.





[Bloque 50: #a37]

Artculo 37.

1. Las Comunidades Autnomas podrn delegar competencias en las Diputaciones, as como encomendar a stas la gestin ordinaria de servicios propios en los trminos previstos en los Estatutos correspondientes. En este ltimo supuesto las Diputaciones actuarn con sujecin plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades.

2. El Estado podr, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autnoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecucin cuando el mbito provincial sea el ms idneo para la prestacin de los correspondientes servicios.

3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodar a lo dispuesto en el artculo 27.


[Bloque 51: #a38]

Artculo 38.

Las previsiones establecidas para la Diputacin en este Captulo y en los restantes de la presente Ley sern de aplicacin a aquellas otras Corporaciones de carcter representativo a las que corresponda el gobierno y la administracin autnoma de la Provincia.


[Bloque 52: #ciii-2]

CAPTULO III

Regmenes especiales


[Bloque 53: #a39]

Artculo 39.

Los rganos forales de lava, Guipzcoa y Vizcaya conservan su rgimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonoma de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les sern de aplicacin con carcter supletorio.


[Bloque 54: #a40]

Artculo 40.

Las Comunidades Autnomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el rgimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se excepta la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares en los trminos de su Estatuto propio.


[Bloque 55: #a41]

Artculo 41.

1. Los Cabildos, como rgano de gobierno, administracin y representacin de cada isla, se rigen por las normas de esta Ley que regulan la organizacin y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de stas, sin perjuicio de las que les corresponden por su legislacin especfica.

2. En el Archipilago Canario subsisten las Mancomunidades Provinciales Interinsulares exclusivamente como rganos de representacin y expresin de los intereses provinciales. Integran dichos rganos los Presidentes de los Cabildos Insulares de las Provincias correspondientes, presidindolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la Provincia.

3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicacin las normas de esta Ley que regulan la organizacin y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonoma de Baleares.




[Bloque 56: #tiv]

TTULO IV

Otras Entidades locales


[Bloque 57: #a42]

Artculo 42.

1. Las Comunidades Autnomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrn crear en su territorio comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas caractersticas determinen intereses comunes precisados de una gestin propia o demanden la prestacin de servicios de dicho mbito.

2. La iniciativa para la creacin de una comarca podr partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podr crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de ms de una Provincia, ser necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo mbito territorial pertenezcan tales Municipios.

3. Las Leyes de las Comunidades Autnomas determinarn el mbito territorial de las comarcas, la composicin y el funcionamiento de sus rganos de gobierno, que sern representativos de los Ayuntamientos que agrupen, as como las competencias y recursos econmicos que, en todo caso, se les asignen.

4. La creacin de las Comarcas no podr suponer la prdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artculo 26, ni privar a los mismos de toda intervencin en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artculo 25.


[Bloque 58: #a43]

Artculo 43.

1. Las Comunidades Autnomas, previa audiencia de la Administracin del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrn crear, modificar y suprimir, mediante Ley, reas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.

2. Las reas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos ncleos de poblacin existan vinculaciones econmicas y sociales que hagan necesaria la planificacin conjunta y la coordinacin de determinados servicios y obras.

3. La legislacin de la Comunidad Autnoma determinar los rganos de gobierno y administracin, en los que estarn representados todos los Municipio integrados en el rea; el rgimen econmico y de funcionamiento, que garantizar la participacin de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribucin de las cargas entre ellos; as como los servicios y obras de prestacin o realizacin metropolitana y el procedimiento para su ejecucin.


[Bloque 59: #a44]

Artculo 44.

1. Se reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecucin en comn de obras y servicios determinados de su competencia.

2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurdicas para el cumplimiento de sus fines especficos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el mbito territorial de la Entidad, su objeto y competencia, rganos de gobierno y recursos, plazo de duracin y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento.

En todo caso, los rganos de gobierno sern representativos de los Ayuntamientos mancomunados.

3. El procedimiento de aprobacin de los Estatutos de las Mancomunidades se determinar por la legislacin de las Comunidades Autnomas y se ajustar, en todo caso, a la siguientes reglas:

a) La elaboracin corresponder a los Concejales de la totalidad de los Municipios promotores de la Mancomunidad, constituidos en Asamblea.

b) La Diputacin o Diputaciones Provinciales interesadas emitirn informe sobre el proyecto de Estatutos.

c) Los Plenos de todos los Ayuntamientos aprueban los Estatutos.

4. Se seguir un procedimiento similar para la modificacin o supresin de Mancomunidades.




[Bloque 60: #a45]

Artculo 45.

1. Las Leyes de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local regularn las entidades de mbito territorial inferior al Municipio, para la administracin descentralizada de ncleos de poblacin separados, bajo su denominacin tradicional de caseros, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanas, lugares anejos y otros anlogos, o aquella que establezcan las Leyes.

2. En todo caso se respetarn las siguientes reglas:

a) La iniciativa corresponder indistintamente a la poblacin interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este ltimo debe ser odo en todo caso.

b) La entidad habr de contar con un rgano unipersonal ejecutivo de eleccin directa y un rgano colegiado de control, cuyo nmero de miembros no podr ser inferior a dos ni superior al tercio del nmero de Concejales que integren el respectivo Ayuntamiento.

La designacin de los miembros del rgano colegiado se har de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la Seccin o Secciones constitutivas de la circunscripcin para la eleccin del rgano unipersonal.

No obstante, podr establecerse el rgimen de Concejo Abierto para las Entidades en que concurran las caractersticas previstas en el nmero 1 del artculo 29.

c) Los acuerdos sobre disposicin de bienes, operaciones de crdito y expropiacin forzosa debern ser ratificados por el Ayuntamiento.




[Bloque 61: #tv]

TTULO V

Disposiciones comunes a las Entidades locales


[Bloque 62: #ci-4]

CAPTULO I

Rgimen de funcionamiento


[Bloque 63: #a46]

Artculo 46.

1. Los rganos colegiados de las Entidades locales funcionan en rgimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, adems, urgentes.

2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas:

a) El Pleno celebra sesin ordinaria como mnimo cada tres meses y extraordinaria cuando as lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del nmero legal de los miembros de la Corporacin. En este ltimo caso, la celebracin del mismo no podr demorarse por ms de dos meses desde que fuera solicitada.

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos das hbiles de antelacin, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carcter urgente, cuya convocatoria con este carcter deber ser ratificada por el Pleno. La documentacin ntegra de los asuntos incluidos en el orden del da, que deba servir de base al debate y, en su caso, votacin, deber figurar a disposicin de los Concejales o Diputados, desde el mismo da de la convocatoria, en la Secretara de la Corporacin.

c) El Pleno se constituye vlidamente con la asistencia de un tercio del nmero legal de miembros del mismo, que nunca podr ser inferior a tres. Este qurum deber mantenerse durante toda la sesin.

En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporacin o de quienes legalmente les sustituyan.

d) La adopcin de acuerdos se produce mediante votacin ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votacin nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.

La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberacin de un asunto, equivale, a efectos de la votacin correspondiente, a la abstencin.

En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuar una nueva votacin, y si persistiera el empate, decidir el voto de calidad del Presidente.





[Bloque 64: #a47]

Artculo 47.

1. Los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayora simple de los miembros presentes. Existe mayora simple cuando los votos afirmativos son ms que los negativos.

2. Se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del nmero de hecho y, en todo caso, de la mayora absoluta del nmero legal de miembros de las Corporaciones para la adopcin de acuerdos en las siguientes materias:

a) Creacin y supresin de Municipios y alteracin de trminos municipales.

b) Creacin, modificacin y supresin de las Entidades a que se refiere el artculo 45 de esta Ley.

c) Aprobacin de la delimitacin del trmino municipal.

d) Alteracin del nombre y de la capitalidad del Municipio.

3. Es necesario el voto favorable de la mayora absoluta del nmero legal de miembros de la Corporacin para la adopcin de acuerdos en las siguientes materias:

a) Aprobacin y modificacin del Reglamento orgnico propio de la Corporacin.

b) Creacin, modificacin o disolucin de Mancomunidades u otras organizaciones asociativas, as como aprobacin y modificacin de sus Estatutos.

c) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones pblicas.

d) Cesin por cualquier ttulo del aprovechamiento de los bienes comunales.

e) Concesin de bienes o servicios por ms de cinco aos, siempre que su cuanta exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.

f) Municipalizacin o provincializacin de actividades en rgimen de monopolio y aprobacin de la forma concreta de gestin del servicio correspondiente.

g) Aprobaciones de operaciones financieras o de crdito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto.

h) Imposicin y ordenacin de los recursos propios de carcter tributario.

i) Planes e instrumentos de ordenacin urbanstica.

j) Separacin del servicio de los funcionarios de la Corporacin y ratificacin del despido disciplinario del personal laboral.

k) Enajenacin de bienes, cuando su cuanta exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto.

l) Alteracin de la calificacin jurdica de los bienes demaniales o comunales.

ll) Cesin gratuita de bienes a otras Administraciones o Instituciones pblicas.

m) Las restantes determinadas por la Ley.







[Bloque 65: #a48]

Artculo 48.

En los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursar por conducto del Presidente de la Comunidad Autnoma y a travs del Ministerio de Administracin Territorial.





[Bloque 66: #a49]

Artculo 49.

La aprobacin de las Ordenanzas locales se ajustar al siguiente procedimiento:

a) Aprobacin inicial por el Pleno.

b) Informacin pblica y audiencia a los interesados por el plazo mnimo de treinta das para la presentacin de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolucin de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobacin definitiva por el Pleno.




[Bloque 67: #a50]

Artculo 50.

1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre rganos y Entidades dependientes de una misma Corporacin local se resolvern:

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a rganos colegiados, miembros de stos o Entidades locales de las previstas en el artculo 45.

b) Por el Alcalde o Presidente de la Corporacin, en el resto de los supuestos.

2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales sern resueltos por la Administracin de la Comunidad Autnoma o por la Administracin del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autnomas afectadas, segn se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolucin dictada ante la Jurisdiccin contencioso-administrativa.




[Bloque 68: #a51]

Artculo 51.

Los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposicin legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.


[Bloque 69: #a52]

Artculo 52.

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la va administrativa, los interesados podrn, previo recurso de reposicin, en los casos en que proceda, ejercer las acciones que procedan ante la Jurisdiccin competente.

2. Ponen fin a la va administrativa las resoluciones de los siguientes rganos y autoridades:

a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobacin ulterior de la Administracin del Estado o de la Comunidad Autnoma, o cuando proceda recurso ante stas en los supuestos del artculo 27.2.

b) Las de autoridades y rganos inferiores en los casos que resuelvan por delegacin del Alcalde, del Presidente o de otro rgano cuyas resoluciones pongan fin a la va administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u rgano cuando as lo establezca una disposicin legal.





[Bloque 70: #a53]

Artculo 53.

Sin perjuicio de las previsiones especficas contenidas en los artculos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrn revisar sus actos y acuerdos en los trminos y con el alcance que, para la Administracin del Estado, se establece en la legislacin del Estado reguladora del procedimiento administrativo comn.


[Bloque 71: #a54]

Artculo 54.

Las Entidades locales respondern directamente de los daos y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos o de la actuacin de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los trminos establecidos en la legislacin general sobre responsabilidad administrativa.


[Bloque 72: #cii-3]

CAPTULO II

Relaciones interadministrativas


[Bloque 73: #a55]

Artculo 55.

Para la efectividad de la coordinacin y la eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas, de un lado, y las Entidades locales, de otro, debern en sus relaciones recprocas:

a) Respetar el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.

b) Ponderar, en la actuacin de las competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la informacin sobre la propia gestin que sea relevante para el adecuado desarrollo por stas de sus cometidos.

d) Prestar, en el mbito propio, la cooperacin y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.




[Bloque 74: #a56]

Artculo 56.

1. Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones sern responsables del cumplimiento de este deber.

2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas estarn facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicacin y, respectivamente, de la legislacin estatal y la autonmica, para recabar y obtener informacin concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibicin de expedientes y la emisin de informes.

3. La Administracin del Estado y la de las Comunidades Autnomas debern facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades locales a los instrumentos de planificacin, programacin y gestin de obras y servicios que les afecten directamente.


[Bloque 75: #a57]

Artculo 57.

La cooperacin econmica, tcnica y administrativa entre la Administracin Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas, tanto en servicios locales como en asuntos de inters comn, se desarrollar con carcter voluntario, bajo las formas y en los trminos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.

De cada acuerdo de cooperacin formalizado por alguna de estas Administraciones se dar comunicacin a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recproca y constante informacin.




[Bloque 77: #a58]

Artculo 58.

1. Las leyes del Estado o de las Comunidades Autnomas podrn crear, para la coordinacin administrativa, rganos de colaboracin de las Administraciones correspondientes con las Entidades locales. Estos rganos, que sern nicamente deliberantes o consultivos, podrn tener mbito autonmico o provincial y carcter general o sectorial.

Para asegurar la colaboracin entre la Administracin del Estado y la Administracin Local en materia de inversiones y de prestacin de servicios, el Gobierno podr crear en cada Comunidad Autnoma una Comisin Territorial de Administracin Local. Reglamentariamente, se establecer la composicin, organizacin y funcionamiento de la Comisin.

2. Tanto la Administracin del Estado como las de las Comunidades Autnomas podrn participar en los respectivos rganos de colaboracin establecidos por cada una de ellas.

En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulacin y aprobacin de instrumentos de planificacin debern otorgar a las restantes una participacin que permita armonizar los intereses pblicos afectados.




[Bloque 78: #a59]

Artculo 59.

1. A fin de asegurar la coherencia de la actuacin de las Administraciones Pblicas, en los supuestos previstos en el nmero 2 del artculo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos contemplados en los artculos anteriores o stos resultaran manifiestamente inadecuados por razn de las caractersticas de la tarea pblica de que se trate, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autnomas, reguladoras de los distintos sectores de la accin pblica, podrn atribuir al Gobierno de la Nacin, o al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administracin Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias.

La coordinacin se realizar mediante la definicin concreta y en relacin con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios, a travs de planes sectoriales para la fijacin de los objetivos y la determinacin de las prioridades de la accin pblica en la materia correspondiente. En la tramitacin de los mismos se observar lo dispuesto en el nmero 2 del artculo anterior.

Las Entidades locales ejercern sus facultades de programacin, planificacin u ordenacin de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el prrafo anterior.

2. En todo caso, la Ley deber precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los lmites de la coordinacin, as como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas Legislativas.


[Bloque 79: #a60]

Artculo 60.

Cuando una Entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectar al ejercicio de competencias de la Administracin del Estado o de la Comunidad Autnoma, y cuya cobertura econmica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, segn su respectivo mbito competencial, deber recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se proceder a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligacin a costa y en sustitucin de la Entidad local.


[Bloque 80: #a61]

Artculo 61.

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma correspondiente o a solicitud de ste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podr proceder, mediante Real Decreto, a la disolucin de los rganos de las Corporaciones Locales en el supuesto de gestin gravemente daosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Acordada la disolucin, ser de aplicacin la legislacin electoral general en relacin a la convocatoria de elecciones parciales y a la provisional administracin ordinaria de la Corporacin.




[Bloque 81: #a62]

Artculo 62.

En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difcil o inconveniente una asignacin diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las Leyes reguladoras de la accin pblica en relacin con la misma asegurarn, en todo caso, a las Entidades locales su participacin o integracin en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la Administracin del Estado y/o con la de la Comunidad Autnoma correspondiente, atribuyndole a una de stas la decisin final.

En ningn caso estas tcnicas podrn afectar a la potestad de autoorganizacin de los servicios que corresponde a la Entidad local.


[Bloque 82: #ciii-3]

CAPTULO III

Impugnacin de actos y acuerdos y ejercicio de acciones


[Bloque 83: #a63]

Artculo 63.

1. Junto a los sujetos legitimados en el rgimen general del proceso contencioso-administrativo podrn impugnar los actos y acuerdos de las Entidades locales que incurran en infraccin del ordenamiento jurdico:

a) La Administracin del Estado y la de las Comunidades Autnomas, en los casos y trminos previstos en este Captulo.

b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.

2. Estn igualmente legitimadas en todo caso las Entidades locales territoriales para la impugnacin de las disposiciones y actos de la Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas que lesionen su autonoma, tal como sta resulta garantizada por la Constitucin y esta Ley.

3. Asimismo, las Entidades locales territoriales estarn legitimadas para promover, en los trminos del artculo 119 de esta Ley, la impugnacin ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autnomas cuando se estime que son stas las que lesionan la autonoma constitucionalmente garantizada.


[Bloque 84: #a64]

Artculo 64.

La Administracin del Estado y la de las Comunidades Autnomas pueden solicitar ampliacin de la informacin a que se refiere el nmero 1 del artculo 56 que deber remitirse en el plazo mximo de veinte das hbiles. En tales casos se interrumpe el cmputo del plazo a que se refiere el nmero 2 del artculo siguiente.




[Bloque 85: #a65]

Artculo 65.

1. Cuando la Administracin del Estado o de las Comunidades Autnomas considere, en el mbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurdico, podr requerirla, invocando expresamente el presente artculo, para que anule dicho acto o acuerdo.

2. El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

3. La Administracin del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autnoma, podr impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdiccin contencioso-administrativa bien directamente, una vez recibida la comunicacin del mismo, o bien una vez transcurrido el plazo sealado en el requerimiento dirigido a la Entidad local, si se hubiera optado por hacer uso de la posibilidad contemplada en los dos nmeros anteriores.




[Bloque 86: #a66]

Artculo 66.

Los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autnomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas Entidades, podrn ser impugnados directamente, sin necesidad de previo requerimiento, ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, por la Administracin del Estado o de la correspondiente Comunidad en el plazo sealado por el nmero 2 del artculo anterior.

La impugnacin deber precisar la lesin o, en su caso, extralimitacin competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda. En el caso de que, adems, contuviera peticin expresa de suspensin del acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del inters general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordar dicha suspensin en el primer trmite subsiguiente a la presentacin de la impugnacin. No obstante, a instancia de la Entidad local y oyendo a la Administracin demandante, podr alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensin decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al inters local no justificado por las exigencias del inters general o comunitario hecho valer en la impugnacin.




[Bloque 87: #a67]

Artculo 67.

Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al inters general de Espaa, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporacin y en el caso de no ser atendido, podr suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes a la proteccin de dicho inters, debiendo impugnarlos en el plazo de diez das desde la suspensin ante la jurisdiccin contencioso-administrativa.




[Bloque 88: #a68]

Artculo 68.

1. Las Entidades locales tienen la obligacin de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.

2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y polticos podr requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dar conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspender el plazo para el ejercicio de las mismas por un trmino de treinta das hbiles.

3. Si en el plazo de esos treinta das la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrn ejercitar dicha accin en nombre e inters de la Entidad local.

4. De prosperar la accin, el actor tendr derecho a ser reembolsado por la Entidad de las costas procesales y a la indemnizacin de cuantos daos y perjuicios se le hubieran seguido.


[Bloque 89: #civ-2]

CAPTULO IV

Informacin y participacin ciudadanas


[Bloque 90: #a69]

Artculo 69.

1. Las Corporaciones locales facilitarn la ms amplia informacin sobre su actividad y la participacin de todos los ciudadanos en la vida local.

2. Las formas, medios y procedimientos de participacin que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganizacin no podrn en ningn caso menoscabar las facultades de decisin que corresponden a los rganos representativos regulados por la Ley.


[Bloque 91: #a70]

Artculo 70.

1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones locales son pblicas. No obstante, podrn ser secretos el debate y votacin de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artculo 18.1 de la Constitucin, cuando as se acuerde por mayora absoluta.

No son pblicas las sesiones de las Comisiones de Gobierno.

2. Los acuerdos que adopten las Corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista en la Ley. Las Ordenanzas, incluidas las normas de los Planes urbansticos, se publican en el Boletn Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artculo 65.2. Idntica regla es de aplicacin a los presupuestos, en los trminos del artculo 112.3, de esta Ley.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y sus antecedentes, as como a consultar los archivos y registros en los trminos que disponga la legislacin de desarrollo del artculo 105, letra b), de la Constitucin. La denegacin o limitacin de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguacin de los delitos o la intimidad de las personas, deber verificarse mediante resolucin motivada.





[Bloque 94: #a71]

Artculo 71.

De conformidad con la legislacin del Estado y de la Comunidad Autnoma, cuando sta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayora absoluta del Pleno y autorizacin del Gobierno de la Nacin, podrn someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carcter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepcin de los relativos a la Hacienda local.


[Bloque 95: #a72]

Artculo 72.

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la ms amplia informacin sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios pblicos y el acceso a las ayudas econmicas para la realizacin de sus actividades e impulsan su participacin en la gestin de la Corporacin en los trminos del nmero 2 del artculo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pblica.


[Bloque 96: #cv]

CAPTULO V

Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales


[Bloque 97: #a73]

Artculo 73.

1. La determinacin del nmero de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su eleccin, la duracin de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularn en la legislacin electoral.

2. Los miembros de las Corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesin de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la Ley del Estado o de las Comunidades Autnomas y estn obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aqul.





[Bloque 98: #a74]

Artculo 74.

1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situacin de servicios especiales en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporacin para la que han sido elegidos.

b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones pblicas y desempeen en la Corporacin para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de dedicacin exclusiva.

En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarn las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendindose a las cuotas de clases pasivas.

2. Para el personal laboral rigen idnticas reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislacin especfica.

3. Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicacin exclusiva en dicha condicin tendrn garantizada, durante el perodo de su mandato, la permanencia en el centro o centros de trabajo pblicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la eleccin, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.


[Bloque 99: #a75]

Artculo 75.

1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirn retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeen con dedicacin exclusiva, en cuyo caso sern dados de alta en el Rgimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el articulo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepcin ser incompatible con la de cualquier otra retribucin con cargo a los Presupuestos de las Administraciones pblicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

2. Los miembros de las Corporaciones locales podrn percibir indemnizaciones en la cuanta y condiciones que acuerde el Pleno de la Corporacin.

3. Las Corporaciones locales consignarn en sus Presupuestos las retribuciones o indemnizaciones a que se hace referencia en los dos nmeros anteriores, dentro de los lmites que con carcter general se establezcan.

4. A efectos de lo dispuesto en el articulo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el articulo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeo del cargo electivo de una Corporacin Local, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporacin o de las Comisiones y atencin a las Delegaciones de que forme parte o que desempee el interesado.

5. Todos los miembros de las Corporaciones locales estn obligados a formular, antes de la toma de posesin y cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato, declaracin de sus bienes y de las actividades privadas que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos econmicos o afecten al mbito de competencias de la Corporacin. Tales declaraciones se inscribirn en un Registro de intereses constituido en cada Corporacin Local.










[Bloque 102: #a76]

Artculo 76.

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales debern abstenerse de participar en la deliberacin, votacin, decisin y ejecucin de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislacin de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Pblicas. La actuacin de los miembros en que concurran tales motivos implicar, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.


[Bloque 103: #a77]

Artculo 77.

Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisin de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporacin y resulten precisos para el desarrollo de su funcin.




[Bloque 104: #a78]

Artculo 78.

1. Los miembros de las Corporaciones locales estn sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirn ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarn por el procedimiento ordinario aplicable.

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.

3. Las Corporaciones locales podrn exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daos y perjuicios a la Corporacin o a terceros, si stos hubiesen sido indemnizados por aqulla.

4. Los Presidentes de las Corporaciones locales podrn sancionar con multa a los miembros de las mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los trminos que determine la Ley de la Comunidad Autnoma y, supletoriamente, la del Estado.


[Bloque 105: #tvi]

TTULO VI

Bienes, actividades y servicios, y contratacin


[Bloque 106: #ci-5]

CAPTULO I

Bienes


[Bloque 107: #a79]

Artculo 79.

1. El patrimonio de las Entidades locales est constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.

2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio pblico o patrimoniales.

3. Son bienes de dominio pblico los destinados a un uso o servicio pblico. Tienen la consideracin de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al comn de los vecinos.


[Bloque 108: #a80]

Artculo 80.

1. Los bienes comunales y dems bienes de dominio pblico son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no estn sujetos a tributo alguno.

2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislacin especfica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.


[Bloque 109: #a81]

Artculo 81.

1. La alteracin de la calificacin jurdica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

2. No obstante, la alteracin se produce automticamente en los siguientes supuestos:

a) Aprobacin definitiva de los planes de ordenacin urbana y de los proyectos de obras y servicios.

b) Adscripcin de bienes patrimoniales por ms de veinticinco aos a un uso o servicio pblicos.


[Bloque 110: #a82]

Artculo 82.

Las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas:

a) La de recuperar por s mismas su posesin en cualquier momento cuando se trate de los de dominio pblico, y en el plazo de un ao, los patrimoniales.

b) La de deslinde, que se ajustar a lo dispuesto en la legislacin del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislacin de los montes.


[Bloque 111: #a83]

Artculo 83.

Los montes vecinales en mano comn se regulan por su legislacin especfica.


[Bloque 112: #cii-4]

CAPTULO II

Actividades y servicios


[Bloque 113: #a84]

Artculo 84.

1. Las Corporaciones locales podrn intervenir la actividad de los ciudadanos a travs de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

c) rdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecucin de un acto o la prohibicin del mismo.

2. La actividad de intervencin se ajustar, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativas y respeto a la libertad individual.





[Bloque 116: #a85]

Artculo 85.

1. Son servicios pblicos locales cuantos tienden a la consecucin de los fines sealados como de la competencia de las Entidades locales.

2. Los servicios pblicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta. En ningn caso podrn prestarse por gestin indirecta los servicios pblicos que impliquen ejercicio de autoridad.

3. La gestin directa adoptar alguna de las siguientes formas:

a) Gestin por la propia Entidad local.

b) Organismo autnomo local.

c) Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca ntegramente a la Entidad local.

4. La gestin indirecta adoptar alguna de las siguientes formas:

a) Concesin.

b) Gestin interesada.

c) Concierto.

d) Arrendamiento.

e) Sociedad mercantil y cooperativas legalmente constituidas cuyo capital social slo parcialmente pertenezca a la Entidad local.






[Bloque 119: #a86]

Artculo 86.

1. Las Entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrn ejercer la iniciativa pblica para el ejercicio de actividades econmicas conforme al artculo 128.2 de la Constitucin.

2. Cuando el ejercicio de la actividad se haga en rgimen de libre concurrencia, la aprobacin definitiva corresponder al Pleno de la Corporacin, que determinar la forma concreta de gestin del servicio.

3. Se declara la reserva en favor de las Entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuracin de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefaccin; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte pblico de viajeros; servicios mortuorios. El Estado y las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, podrn establecer, mediante Ley, idntica reserva para otras actividades y servicios.

La efectiva ejecucin de estas actividades en rgimen de monopolio requiere, adems de lo dispuesto en el nmero 2 de este artculo, la aprobacin por el rgano de gobierno de la Comunidad Autnoma.






[Bloque 120: #a87]

Artculo 87.

Las Entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones pblicas para fines de inters comn o con entidades privadas sin nimo de lucro que persigan fines de inters pblico, concurrentes con los de las Administraciones Pblicas.





[Bloque 121: #ciii-4]

CAPTULO III

Contratacin


[Bloque 122: #a88]

Artculo 88.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 5, apartado C), la contratacin de las Corporaciones locales se ajustar a las siguientes peculiaridades:

1. La competencia para contratar de los distintos rganos se regir por lo dispuesto en la presente Ley y en la legislacin de las Comunidades Autnomas sobre rgimen local.

2. Los supuestos de incapacidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades locales se determinarn por la legislacin bsica del Estado.

3. Por razn de la cuanta, la contratacin directa slo podr acordarse en los contratos de obras, servicios y suministros cuando no excedan del 5 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto. En ningn caso podr superarse el lmite establecido para la contratacin directa en las normas bsicas aplicables a todas las Administraciones Pblicas.

4. Las fianzas debern depositarse en la Caja de la Corporacin contratante.




[Bloque 123: #tvii]

TTULO VII

Personal al servicio de las Entidades locales


[Bloque 124: #ci-6]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 125: #a89]

Artculo 89.

El personal al servicio de las Entidades locales estar integrado por funcionarios de carrera, contratados en rgimen de derecho laboral y personal eventual que desempea puestos de confianza o asesoramiento especial.


[Bloque 126: #a90]

Artculo 90.

1. Corresponde a cada Corporacin local aprobar anualmente, a travs del Presupuesto, la plantilla, que deber comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas debern responder a los principios de racionalidad, economa y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenacin general de la economa, sin que los gastos de personal puedan rebasar los lmites que se fijen con carcter general.

2. Las Corporaciones locales formarn la relacin de todos los puestos de trabajo existentes en su organizacin, en los trminos previstos en la legislacin bsica sobre funcin pblica.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripcin de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creacin, as como las normas bsicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promocin de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

3. Las Corporaciones locales constituirn Registros de personal, coordinados con los de las dems Administraciones pblicas, segn las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal Registro determinarn las nminas, a efectos de la debida justificacin de todas las retribuciones.


[Bloque 127: #a91]

Artculo 91.

1. Las Corporaciones locales formarn pblicamente su oferta de empleo, ajustndose a los criterios fijados en la normativa bsica estatal.

2. La seleccin de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo pblico, mediante convocatoria pblica y a travs del sistema de concurso, oposicin o concurso-oposicin libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad, as como el de publicidad.


[Bloque 128: #cii-5]

CAPTULO II

Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera


[Bloque 129: #a92]

Artculo 92.

1. Los funcionarios al servicio de la Administracin local se rigen, en lo no dispuesto por esta Ley, por la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas en los trminos del artculo 149.1.18. de la Constitucin.

2. Son funciones pblicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal sujeto al Estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pblica y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalizacin interna de la gestin econmico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorera y, en general, aquellas que, en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garanta de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la funcin.

3. Son funciones pblicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa est reservada a funcionarios con habilitacin de carcter nacional:

a) La de Secretara, comprensiva de la fe pblica y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalizacin interna de la gestin econmico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorera y recaudacin.

4. La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorera y recaudacin podr ser atribuida a miembros de la Corporacin o funcionarios sin habilitacin de carcter nacional, en aquellos supuestos excepcionales en que as se determine por la legislacin del Estado.





[Bloque 131: #a93]

Artculo 93.

1. Las retribuciones bsicas de los funcionarios locales tendrn la misma estructura e idntica cuanta que las establecidas con carcter general para toda la funcin pblica.

2. Las retribuciones complementarias se atendrn, asimismo, a la estructura y criterios de valoracin objetiva de las del resto de los funcionarios pblicos. Su cuanta global ser fijada por el Pleno de la Corporacin dentro de los lmites mximos y mnimos que se sealen por el Estado.

3. Las Corporaciones locales reflejarn anualmente en sus presupuestos la cuanta de las retribuciones de sus funcionarios en los trminos previstos en la legislacin bsica sobre funcin pblica.


[Bloque 132: #a94]

Artculo 94.

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administracin local ser en computo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administracin Civil del Estado.

Se les aplicarn las mismas normas sobre equivalencia y reduccin de jornada.


[Bloque 133: #a95]

Artculo 95.

La participacin de los funcionarios, a travs de sus organizaciones sindicales, en la determinacin de sus condiciones de empleo, ser la establecida con carcter general para todas las Administraciones Pblicas en el Estatuto bsico de la funcin publica.


[Bloque 134: #a96]

Artculo 96.

El Instituto de Estudios de Administracin Local desarrollar cursos de perfeccionamiento, especializacin y promocin para los funcionarios al servicio de las Entidades locales, y colaborar en dichas funciones con los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autnomas, as como con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.


[Bloque 135: #a97]

Artculo 97.

Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la funcin pblica local y de concursos para la provisin de puestos de trabajo debern publicarse en el Boletn Oficial del Estado.

Las bases se publicarn en el Boletn Oficial de la Provincia, salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtencin de la habilitacin de carcter nacional, que se publicarn en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 136: #ciii-5]

CAPTULO III

Seleccin y formacin de los funcionarios con habilitacin de carcter nacional y sistema de provisin de plazas





[Bloque 137: #a98]

Artculo 98.

1. La seleccin, formacin y habilitacin de los funcionarios a que se refiere el nmero 3 del artculo 92 corresponde al Instituto de Estudios de Administracin Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.

Podr descentralizarse territorialmente la realizacin de las pruebas de seleccin para el acceso a los cursos de formacin en relacin con las Corporaciones de determinado nivel de poblacin, en los trminos que establezca la Administracin del Estado.

El Instituto de Estudios de Administracin Local, deber encomendar, mediante convenio, a los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autnomas que as lo soliciten, la formacin, por delegacin, de los funcionarios que deben obtener una habilitacin de carcter nacional.

2. Quienes hayan obtenido la habilitacin a que se refiere el nmero anterior ingresarn en la Funcin Pblica Local y estarn legitimados para participar en los concursos de mritos convocados para la provisin de las plazas o puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada Entidad local.





[Bloque 138: #a99]

Artculo 99.

1. La Administracin del Estado establece las normas bsicas de los concursos para la provisin de plazas reservadas a funcionarios con habilitacin de carcter nacional, con inclusin de los mritos generales de preceptiva valoracin en todo caso, cuya puntuacin alcanzar el 75 por 100 del total posible conforme al baremo correspondiente. No rige esta limitacin cuando la Corporacin local interesada no establezca mritos especficos en razn a las caractersticas locales.

2. Las vacantes de plazas correspondientes a funcionarios con habilitacin de carcter nacional sern cubiertas mediante concursos anuales. Estos concursos sern convocados simultneamente por las Administraciones de las Comunidades Autnomas. La Administracin del Estado proceder supletoriamente a las convocatorias que no se realicen segn lo previsto en esta Ley por las Comunidades Autnomas y, en todo caso, ordenar la publicacin de todas ellas en el Boletn Oficial del Estado.

A este efecto, las Entidades locales debern remitir, anualmente a las Administraciones del Estado y a las de las Comunidades Autnomas relacin exhaustiva de las plazas o puestos de trabajo reservados en sus plantillas a funcionarios con habilitacin nacional que estn vacantes, as como, en su caso y para cada tipo de plaza o puesto de trabajo, las bases aprobadas que deban regir los concursos para su provisin, incluidos los correspondientes a baremos de mritos especficos fijados por dichas Corporaciones. La Administracin del Estado determinar la fecha de convocatoria anual de los concursos para todas las plazas vacantes.

En los concursos, la Administracin del Estado recibir las solicitudes correspondientes y las remitir a las Entidades locales interesadas.

3. Cada Corporacin local, previa evaluacin de los candidatos por un Tribunal nombrado en el seno de la Corporacin en la forma prevenida en las bases del concurso, formular a la Administracin del Estado la correspondiente propuesta de nombramiento que incluir los nombres por el orden de calificacin obtenida.

La Administracin del Estado proceder al nombramiento del candidato con mejor calificacin, segn el orden de preferencia que hubiera previamente manifestado, cuando hubiera solicitado ms de una plaza.

4. La toma de posesin determina la adquisicin de los derechos y deberes funcionariales inherentes a la situacin en activo, pasando a depender el funcionario de la correspondiente Corporacin sin perjuicio de la facultad disciplinaria de destitucin del cargo y de separacin definitiva del servicio que queda reservada en todo caso a la Administracin del Estado.

5. En todo caso, en esta ltima Administracin se llevar un Registro relativo a los funcionarios locales con habilitacin nacional, en el que debern inscribirse, para su efectividad, todas las incidencias y situaciones de dichos funcionarios.









[Bloque 139: #civ-3]

CAPTULO IV

Seleccin de los restantes funcionarios y reglas sobre provisin de puestos de trabajo


[Bloque 140: #a100]

Artculo 100.

1. Es de competencia de cada Corporacin local la seleccin de los funcionarios no comprendidos en el nmero 3 del artculo 92.

2. Corresponde, no obstante, a la Administracin del Estado, establecer reglamentariamente:

a) Las reglas bsicas y los programas mnimos a que debe ajustarse el procedimiento de seleccin y formacin de tales funcionarios.

b) Los ttulos acadmicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas, as como los Diplomas expedidos por el Instituto de Estudios de Administracin Local o por los Institutos o Escuelas de funcionarios establecidos por las Comunidades Autnomas, complementarios de los ttulos acadmicos, que puedan exigirse para participar en las mismas.




[Bloque 141: #a101]

Artculo 101.

Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artculo anterior se proveern por concurso de mritos entre funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones pblicas; no obstante, aquellos puestos en que as est establecido en la relacin de puestos de trabajo podrn ser provistos mediante libre designacin en convocatoria pblica, asimismo entre funcionarios.

Sern de aplicacin, en todo caso, las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones pblicas.




[Bloque 142: #a102]

Artculo 102.

1. Las pruebas de seleccin y los concursos para la provisin de puestos de trabajo, a que se refiere el presente Captulo, se regirn por las bases que apruebe el Pleno de la Corporacin.

2. En las pruebas selectivas, el Tribunal u rgano similar elevar la correspondiente relacin de aprobados a la autoridad competente para hacer el nombramiento. Y los concursos para la provisin de puestos de trabajo sern resueltos, motivadamente, por el Pleno de la Corporacin previa propuesta del Tribunal u rgano similar designado al efecto.




[Bloque 143: #cv-2]

CAPTULO V

Del personal laboral y eventual


[Bloque 144: #a103]

Artculo 103.

El personal laboral ser seleccionado por la propia Corporacin atenindose, en todo caso, a lo dispuesto en el artculo 91 y con el mximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos renan los requisitos exigidos.


[Bloque 146: #a104]

Artculo 104.

1. El nmero, caractersticas y retribuciones del personal eventual ser determinado por el Pleno de cada Corporacin, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones slo podrn modificarse con motivo de la aprobacin de los presupuestos anuales.

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad local correspondiente. Cesan automticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su funcin de confianza o asesoramiento.

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el rgimen de sus retribuciones y su dedicacin se publicarn en el Boletn Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporacin.


[Bloque 148: #tviii]

TTULO VIII

Haciendas Locales


[Bloque 149: #a105]

Artculo 105.

1. De conformidad con la legislacin prevista en el artculo 5, se dotar a las Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades locales.

2. Las Haciendas locales se nutren, adems de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autnomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley.


[Bloque 150: #a106]

Artculo 106.

1. Las Entidades locales tendrn autonoma para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislacin del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autnomas en los supuestos expresamente previstos en aqulla.

2. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se ejercer a travs de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestin, recaudacin e inspeccin. Las Corporaciones locales podrn emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.

3. Es competencia de las Entidades locales la gestin, recaudacin e inspeccin de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades locales de mbito superior o de las respectivas Comunidades Autnomas, y de las frmulas de colaboracin con otras Entidades locales, con las Comunidades Autnomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislacin del Estado.


[Bloque 151: #a107]

Artculo 107.

1. Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales entrarn en vigor simultneamente con el presupuesto del ejercicio econmico siguiente a la aprobacin de aqullas, salvo que en ellas mismas se prevea otra fecha.

2. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, segn los casos.




[Bloque 152: #a108]

Artculo 108.

Contra los actos sobre aplicacin y efectividad de los tributos locales podr formularse, ante el mismo rgano que los dict, el correspondiente recurso de reposicin; contra la denegacin expresa o tcita de dicho recurso los interesados podrn interponer directamente recurso contencioso-administrativo.





[Bloque 153: #a109]

Artculo 109.

La extincin total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autnomas, los organismos autnomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras entidades de Derecho Pblico tengan con las Entidades locales, o viceversa, podr acordarse por va de compensacin, cuando se trate de deudas vencidas, lquidas y exigibles.




[Bloque 154: #a110]

Artculo 110.

1. Corresponder al Pleno de la Corporacin la declaracin de nulidad de pleno derecho y la revisin de los actos dictados en va de gestin tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artculos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.

2. En los dems casos, las Entidades locales no podrn anular sus propios actos declarativos de derechos, y su revisin requerir la previa declaracin de lesividad para el inters publico y su impugnacin en va contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha Jurisdiccin.


[Bloque 155: #a111]

Artculo 111.

Los acuerdos de imposicin de tributos y de aprobacin y modificacin de las Ordenanzas fiscales sern aprobados y publicados de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 49 y 70.2 de esta Ley.




[Bloque 156: #a112]

Artculo 112.

1. Las Entidades locales aprueban anualmente un presupuesto nico que constituye la expresin cifrada, conjunta y sistemtica de las obligaciones que, como mximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio econmico. El Presupuesto coincide con el ao natural y est integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurdica propia dependientes de aqulla.

2. La Administracin del Estado determinar con carcter general la estructura de los Presupuestos de las Entidades locales.

3. Aprobado inicialmente el presupuesto, se expondr al pblico durante el plazo que seale la legislacin del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez resueltas las que se hayan presentado, en los trminos que prevea la Ley, el presupuesto definitivamente aprobado ser insertado en el Boletn Oficial de la Corporacin, si lo tuviera, y resumido, en el de la Provincia.

4. La aprobacin definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporacin habr de realizarse antes del 31 de diciembre del ao anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

5. Si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer da del ejercicio econmico correspondiente, quedar automticamente prorrogada la vigencia del anterior.


[Bloque 157: #a113]

Artculo 113.

1. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relacin con los acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposicin, aplicacin y efectividad de tributos o aprobacin y modificacin de Ordenanzas fiscales, los interesados podrn interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.

2. El Tribunal de Cuentas deber en todo caso emitir informe cuando la impugnacin afecte o se refiera a la nivelacin presupuestaria.

3. La interposicin del recurso previsto en el prrafo primero y de las reclamaciones establecidas en los artculos 49, 108 y 112, nmero 3, no suspender por s sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.


[Bloque 158: #a114]

Artculo 114.

Las Entidades locales quedan sometidas al rgimen de contabilidad pblica. La Administracin del Estado establecer, con carcter general, el plan de cuentas de las Entidades locales.


[Bloque 159: #a115]

Artculo 115.

La fiscalizacin externa de las cuentas y de la gestin econmica de las Entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgnica que lo regula, y sin perjuicio de los supuestos de delegacin previstos en la misma.


[Bloque 160: #a116]

Artculo 116.

Las cuentas anuales se sometern antes del 1 de junio a informe de la Comisin Especial de Cuentas de la Entidad local, la cual estar constituida por miembros de los distintos grupos polticos integrantes de la Corporacin, y sern asimismo objeto de informacin pblica antes de someterse a la aprobacin del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestin econmica y en las cuentas aprobadas.


[Bloque 163: #tix]

TTULO IX

Organizaciones para la cooperacin de la Administracin del Estado con la local




[Bloque 164: #a117]

Artculo 117.

1. La Comisin Nacional de Administracin local es el rgano permanente para la colaboracin entre la Administracin del Estado y la Administracin Local.

2. La Comisin estar formada, bajo la Presidencia del Ministro de Administracin Territorial, por un nmero igual de representantes de las Entidades locales y de la Administracin del Estado, que determinar reglamentariamente el Gobierno. La designacin de los representantes de las Entidades locales corresponde en todo caso a la asociacin de mbito estatal con mayor implantacin.

3. La Comisin se rene previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la representacin local. A sus reuniones podrn asistir representantes de las Comunidades Autnomas.

Los acuerdos se adoptan por consenso entre ambas representaciones. La voluntad de la representacin de las Entidades locales se obtiene por mayora absoluta de sus miembros.




[Bloque 165: #a118]

Artculo 118.

1. Corresponde a la Comisin:

A) Emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Proyectos de Ley y Reglamentos del Estado en las materias a que se refiere el artculo 5 de la presente Ley, en cuanto afecten a la Administracin local.

b) Criterios para las autorizaciones de operaciones de endeudamiento de las Corporaciones locales.

c) Previamente y en los supuestos en que el Consejo de Ministros acuerde la aplicacin de lo dispuesto en el artculo 61 de la presente Ley.

B) Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno en materia de Administracin local y, en especial, sobre:

a) Atribucin y delegacin de competencias en favor de las Entidades locales.

b) Distribucin de las subvenciones, crditos y transferencias del Estado a la Administracin local.

c) Participacin de las Haciendas locales en los tributos del Estado.

d) Previsiones de los Presupuestos Generales del Estado que afecten a las Entidades locales.

2. La Comisin, para el cumplimiento de sus funciones, puede requerir del Instituto de Estudios de Administracin Local la realizacin de estudios y la emisin de informes.




[Bloque 166: #a119]

Artculo 119.

La Comisin podr solicitar de los rganos constitucionalmente legitimados para ello la impugnacin ante el Tribunal Constitucional de las leyes del Estado o de las Comunidades Autnomas que estime lesivas para la autonoma local garantizada constitucionalmente.

Esta misma solicitud podr realizarla la representacin de las Entidades locales en la Comisin.


[Bloque 167: #a120]

Artculo 120.

1. El Instituto de Estudios de Administracin Local, adscrito al Ministerio de Administracin Territorial, es una entidad de Derecho pblico, dotada de personalidad y capacidad jurdicas y patrimonio propios, que acta con plena autonoma funcional para el cumplimiento de sus fines.

Son fines esenciales del Instituto la investigacin, el estudio, la informacin y la difusin sobre todas las materias que afecten a la Administracin local, as como la seleccin, formacin y perfeccionamiento de funcionarios de las Entidades locales.

2. Son rganos de gobierno del Instituto el Director y el Consejo Rector. El Director asume las funciones representativas, ejecutivas, de programacin y coordinacin, as como de direccin de los servicios. El Consejo Rector, al que corresponde la aprobacin del presupuesto, programa de actividades y Memoria anuales, est integrado por el Director, que lo preside, y por ocho representantes de las Entidades locales designados por la asociacin de stas de mbito estatal de mayor implantacin, tres representantes de las Comunidades Autnomas designados por un perodo anual y por el orden cronolgico de aprobacin de los Estatutos de Autonoma y cinco representantes de la Administracin del Estado designados por el Ministerio de Administracin Territorial.

3. El Instituto, comprendido entre las Entidades a que se refiere el artculo 5 de la Ley de Entidades Estatales Autnomas de 26 de diciembre de 1958, tendr la consideracin de organismo autnomo de carcter administrativo a los efectos de lo establecido en el artculo 4 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977.

El Reglamento de rgimen interior regula su organizacin y funcionamiento, y ser aprobado por el Ministerio de Administracin Territorial, a propuesta del Consejo Rector.


[Bloque 196: #primera]

Disposicin adicional primera.

1. Las competencias legislativas o de desarrollo de la legislacin del Estado sobre rgimen local asumidas, segn lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, por las Comunidades Autnomas del Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragn, Castilla-La Mancha, Castilla y Len, Islas Baleares, Extremadura y Madrid, se ejercern, segn los casos, en el marco de lo establecido en el artculo 13 y en el Ttulo IV de esta Ley, as como, si procediere, en los trminos y con el alcance previstos en los artculos 20.2, 32.2, 29 y 30 de la misma.

2. Las funciones administrativas que la presente Ley atribuye a las Comunidades Autnomas se entienden transferidas a las mencionadas en el nmero anterior, que ostentarn, asimismo, todas aquellas otras funciones de la misma ndole que les transfiera la legislacin estatal que ha de dictarse conforme a lo establecido en la disposicin final primera de la misma.


[Bloque 197: #segunda]

Disposicin adicional segunda.

Las disposiciones de la presente Ley, de acuerdo con la Constitucin y el Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco, se aplicarn en los Territorios Histricos de lava, Guipzcoa y Vizcaya, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades:

1. De acuerdo con la Disposicin adicional primera de la Constitucin y con lo dispuesto en los artculos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los Territorios Histricos de lava, Guipzcoa y Vizcaya organizarn libremente sus propias instituciones y dictarn las normas necesarias para su funcionamiento, sin que les sean de aplicacin las contenidas en la presente Ley en materia de organizacin provincial.

2. Los Territorios Histricos de lava, Guipzcoa y Vizcaya ejercern las competencias que les atribuyen el Estatuto Vasco y la Legislacin interna de la Comunidad Autnoma que se dicte en su desarrollo y aplicacin, as como las que la presente Ley asigna con carcter general a las Diputaciones Provinciales.

3. En el ejercicio de las competencias que el Estatuto y la legislacin de la Comunidad Autnoma que se dicte en su desarrollo y aplicacin les asignen, corresponde a las Instituciones Forales de los Territorios Histricos el desarrollo normativo y ejecucin de la legislacin bsica del Estado en las materias correspondientes, cuando as se les atribuyan.

4. Cuando las Instituciones Forales de los Territorios Histricos realicen actividades en campos cuya titularidad competencial corresponde a la Administracin del Estado o a la Comunidad Autnoma, les sern de aplicacin las normas de esta Ley que disciplinen las relaciones de las Diputaciones Provinciales con la Administracin del Estado y la Administracin Autnoma, en su caso, siempre y cuando dichas actividades las ejerciten en calidad de Diputaciones Provinciales ordinarias, y no como Instituciones Forales de acuerdo con su rgimen especial privativo, en cuyo caso slo sern de aplicacin tales normas cuando desarrollen o apliquen la legislacin bsica del Estado o invadan las competencias de ste.

5. En materia de Hacienda las relaciones de los Territorios Histricos con la Administracin del Estado se ajustarn a lo dispuesto en la Ley del Concierto Econmico con la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

6. Los Territorios Histricos del Pas Vasco continuarn conservando su rgimen especial en materia municipal en lo que afecta al rgimen econmico-financiero en los trminos de la Ley del Concierto Econmico, sin que ello pueda significar un nivel de autonoma de las Corporaciones locales vascas inferior al que tengan las dems Corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicacin de lo dispuesto en el artculo 115 de la presente Ley y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autnoma.

7. De conformidad con la Disposicin adicional primera de la Constitucin y los artculos 10.4 y 37 del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco, corresponde a las Instituciones Forales de los Territorios Histricos la facultad de convocar, exclusivamente para su territorio, los concursos a que se refiere el artculo 99.2, prrafo primero, para las plazas vacantes en el mismo. Dichas convocatorias podrn publicarse adems en el Boletn Oficial del territorio histrico respectivo y en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones mencionadas en el prrafo anterior, corresponde a las Instituciones Forales de los Territorios Histricos la facultad prevista en el prrafo segundo del artculo 99.3 de nombramiento de los funcionarios a que se refiere el artculo 92.3.

8. El porcentaje del baremo reservado al Estado en el artculo 99.1 se establece en el 65 por 100, atribuyndose un 10 por 100 del total posible a la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para que fije los mritos que correspondan al conocimiento de las especialidades jurdicas y econmico-administrativas que se derivan de sus derechos histricos y especialmente del Concierto Econmico.

Dentro del 25 por 100 restante, la Corporacin local interesada podr establecer libremente los mritos especficos que estime convenientes en razn a las caractersticas locales.

9. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 98 de la presente Ley, en el convenio que se establecer entre el Instituto de Estudios de Administracin Local (IEAL) y el Instituto Vasco de Administracin Pblica (IVAP) para la formacin por este ltimo de los funcionarios a que se refiere el nmero 3 del artculo 92 del mismo texto legal, la Comunidad Autnoma del Pas Vasco podr incluir materias o disciplinas propias de sus especficas peculiaridades, con la nica condicin del cumplimiento de los requisitos mnimos de orden acadmico que con carcter general estn establecidos para las cuestiones de exigencia comn en todo el Estado, nunca superiores a los que rijan para el propio Instituto de Estudios de Administracin Local.

10. El control y la fiscalizacin interna de la gestin econmico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorera y recaudacin de las Diputaciones Forales se organizar libremente por stas en el marco del Concierto Econmico sin que sea de aplicacin lo dispuesto en el artculo 92.3 de la presente Ley.





[Bloque 198: #tercera]

Disposicin adicional tercera.

La presente Ley regir en Navarra en lo que no se oponga al rgimen que para su Administracin local establece el artculo 46 de la Ley Orgnica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracin y Amejoramiento del Rgimen Foral de Navarra. A estos efectos, la normativa estatal que, de acuerdo con las Leyes citadas en el mencionado precepto, rige en Navarra, se entender modificada por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el nmero 1 del citado artculo 46, ser de aplicacin a la Comunidad Foral de Navarra lo establecido en el nmero 2 de la disposicin adicional primera de esta Ley.


[Bloque 199: #cuarta]

Disposicin adicional cuarta.

En el supuesto de que, en aplicacin de lo previsto en el nmero 2 del artculo 42 de esta Ley, se impidiera de forma parcial y minoritaria la organizacin comarcal del conjunto del territorio de la Comunidad Autnoma, la Generalidad de Catalua, por haber tenido aprobada en el pasado una organizacin comarcal para la totalidad de su territorio y prever su Estatuto, asimismo, una organizacin comarcal de carcter general, podr, mediante Ley aprobada por mayora absoluta de su Asamblea Legislativa, acordar la constitucin de la comarca o las comarcas que resten para extender dicha organizacin a todo su mbito territorial.


[Bloque 200: #quinta]

Disposicin adicional quinta.

1. Las Entidades locales pueden constituir asociaciones, de mbito estatal o autonmico, para la proteccin y promocin de sus intereses comunes, a las que se les aplicar, en defecto de normativa especfica, la legislacin del Estado en materia de asociaciones.

2. Las asociaciones de Entidades locales se regirn por sus Estatutos, aprobados por los representantes de las entidades asociadas, los cuales debern garantizar la participacin de sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad de sus rganos de gobierno.






[Bloque 201: #sexta]

Disposicin adicional sexta.

1. El rgimen especial del Municipio de Madrid, contenido en el Texto articulado aprobado por Decreto 1674/1963, de 11 de julio, modificado por Decreto 2482/1970, de 22 de agosto, continuar vigente, hasta tanto se dicte la Ley prevista en el artculo 6. de la Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonoma de la Comunidad de Madrid, salvo en lo que se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo establecido en la presente Ley. En particular, quedan expresamente derogados los artculos 2., apartado c); 4., prrafo 2, inciso final; 11, 12, 13 y 39, prrafo 2, de la mencionada Ley especial, as como todos aquellos que configuren un sistema de relaciones interadministrativas distinto al previsto en esta Ley.

2. El rgimen especial del Municipio de Barcelona, contenido en el texto articulado aprobado por Decreto 1166/1960, de 23 de mayo; el Decreto-ley 5/1974, de 24 de agosto, y el Decreto 3276/1974, de 28 de noviembre, de constitucin y desarrollo de la Entidad Metropolitana de Barcelona y sus disposiciones concordantes continuarn vigentes salvo en lo que se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo establecido en la presente Ley.




[Bloque 212: #dd]

Disposicin derogatoria.

Quedan derogadas, en cuanto se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ley:

a) La Ley de Rgimen Local, texto articulado y refundido, aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955.

b) El texto articulado parcial de la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Rgimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

c) La Ley 40/1981, de 28 de octubre, sobre Rgimen Jurdico de las Corporaciones Locales, sin perjuicio de la vigencia transitoria del rgimen de reclamaciones econmico-administrativas en los trminos previstos en la disposicin transitoria dcima.

d) La Ley 11/1960, de 12 de mayo, por la que se crea y regula la Mutualidad Nacional de Previsin de la Administracin Local.

e) Cuantas otras normas, de igual o inferior rango, incurran en la oposicin, contradiccin o incompatibilidad a que se refiere el prrafo inicial de esta disposicin.


[Bloque 213: #primera-2]

Disposicin transitoria primera.

Las disposiciones que ha de refundir el Gobierno en uso de la autorizacin que le confiere la disposicin final primera de esta Ley constituyen la legislacin del Estado transitoriamente aplicable en los trminos de los diferentes apartados de su artculo 5, teniendo, en consecuencia, segn los diversos supuestos en l contemplados, el carcter de normativa estatal bsica o, en su caso, supletoria de la que puedan ir aprobando las Comunidades Autnomas.


[Bloque 214: #segunda-2]

Disposicin transitoria segunda.

Hasta tanto la legislacin del Estado y la de las Comunidades Autnomas que se dicte de conformidad con lo establecido en los artculos 5, apartado B), letra a); 25, apartado 2; y 36 de esta Ley, no disponga otra cosa, los Municipios, las Provincias y las Islas conservarn las competencias que les atribuye la legislacin sectorial vigente en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Los Municipios ostentarn, adems, en las materias a que se refiere el artculo 28 de esta Ley, cuantas competencias de ejecucin no se encuentren conferidas por dicha legislacin sectorial a otras Administraciones Pblicas.


[Bloque 215: #tercera-2]

Disposicin transitoria tercera.

Las Comisiones Permanentes municipales y las Comisiones de Gobierno de las Diputaciones provinciales constituidas con arreglo a la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, cesarn en sus funciones en el momento en que queden designadas por el Presidente de la Corporacin las respectivas Comisiones de Gobierno, lo que habr de hacerse en el plazo mximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley en todos los Ayuntamientos y Diputaciones en que, de acuerdo con ella, la existencia de tal rgano resulta preceptiva.


[Bloque 216: #cuarta-2]

Disposicin transitoria cuarta.

Los Municipios que vean afectada su organizacin actual por lo establecido en la letra a) del nmero 1 del artculo 29 de la presente Ley, la mantendrn hasta la celebracin de las prximas elecciones locales.


[Bloque 217: #quinta-2]

Disposicin transitoria quinta.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Administracin del Estado organizar el Registro previsto en el artculo 14, inscribiendo, en un primer momento, todas las Entidades locales a que se refiere esta Ley, bajo su actual denominacin.


[Bloque 218: #sexta-2]

Disposicin transitoria sexta.

1. Dentro de los cinco meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobar el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Comisin Nacional de Administracin Local.

2. Dentro del mismo plazo indicado en el nmero anterior, por el Ministro de Administracin Territorial se aprobar el Reglamento del Instituto de Estudios de Administracin Local.

3. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de los Reglamentos a que se alude en los nmeros anteriores debern quedar constituidos la Comisin Nacional de Administracin Local y el Consejo Rector del Instituto de Estudios de Administracin Local de acuerdo con sus previsiones y con lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 219: #septima-2]

Disposicin transitoria sptima.

1. En tanto no se desarrolle lo dispuesto en esta Ley para los funcionarios pblicos que precisen habilitacin nacional, ser de aplicacin a quienes integran los actuales Cuerpos Nacionales de Administracin Local el rgimen estatutario vigente en todo aquello que sea compatible y no quede derogado por la presente Ley y por la legislacin general del Estado en materia de Funcin Pblica. Los actuales miembros de los Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios tendrn a todos los efectos la habilitacin de carcter nacional regulada en esta Ley.

2. Se autoriza al Gobierno para que, a iniciativa del Ministro de Administracin Territorial y a propuesta del Ministro de la Presidencia, declare a extinguir determinados Cuerpos cuando lo exija el proceso general de racionalizacin o el debido cumplimiento de la presente Ley, estableciendo los criterios, requisitos y condiciones para que los funcionarios de estos Cuerpos se integren en otros.

3. Los funcionarios del actual Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Msica Civiles, que queda suprimido en virtud de lo dispuesto en esta Ley, pasarn a formar parte de la plantilla de la respectiva Corporacin como funcionarios propios de la misma, con respeto ntegro de sus derechos y situacin jurdica surgidos al amparo de la legislacin anterior, incluido el de traslado a otras Corporaciones locales, para lo cual gozarn de preferencia absoluta en los concursos que stas convoquen para cubrir plazas de esa naturaleza.


[Bloque 220: #octava-2]

Disposicin transitoria octava.

1. No podrn celebrarse por las Administraciones locales contratos de colaboracin temporal en rgimen de Derecho administrativo, ni renovarse los existentes.

2. En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, las Administraciones locales procedern a realizar la clasificacin de las funciones desempeadas hasta ese momento por el personal contratado administrativo.

Esta clasificacin determinar los puestos a desempear, segn los casos, por funcionarios pblicos o por personal laboral fijo o temporal.

De la citada clasificacin podrn derivarse las modificaciones precisas en la plantilla.

3. Todo el personal que haya prestado servicios como contratado administrativo de colaboracin temporal o como funcionario de empleo interino podr participar en las pruebas de acceso para cubrir las correspondientes plazas.

En todo caso, estas convocatorias de acceso debern respetar los criterios de mrito y capacidad, mediante las pruebas selectivas que reglamentariamente se determinen, en las que se valorarn los servicios efectivos prestados por este personal.

4. Mientras existan en vigor contratos administrativos y nombramientos de funcionarios de empleo en cualquier Administracin Pblica, stos quedarn en suspenso durante el tiempo en que quienes los ocupan desempean en una Corporacin local un cargo electivo retribuido y de dedicacin exclusiva. Durante los treinta das siguientes al cese en estas condiciones, stos tendrn derecho a reintegrarse en el puesto de trabajo que ocupaban hasta la suspensin, siempre que continuaran dndose las condiciones legales para el restablecimiento pleno de las correspondientes relaciones.

Asimismo, conservarn los derechos adquiridos hasta el momento de la suspensin y se les reconocern, a ttulo personal, los que pudieran haber adquirido durante la misma por aplicacin de disposiciones de carcter general.


[Bloque 221: #novena-2]

Disposicin transitoria novena.

En el plazo mximo de un ao desde la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno dispondr, mediante Real Decreto, la disolucin de la Mancomunidad de Diputaciones de Rgimen Comn, estableciendo lo necesario para la liquidacin del patrimonio, obligaciones y personal de la misma.


[Bloque 222: #decima-2]

Disposicin transitoria dcima.

1. A los acuerdos de aprobacin de presupuestos y de Ordenanzas fiscales de imposicin y ordenacin de tributos locales, as como a los actos de aplicacin y efectividad de dichas Ordenanzas, aprobados o dictados por las Corporaciones locales dentro del plazo de un ao desde la entrada en vigor de esta Ley, les ser de aplicacin el rgimen de reclamaciones econmico-administrativas actualmente vigente.

2. Asimismo continuarn en todo caso tramitndose en va econmico-administrativa las reclamaciones interpuestas ante los Tribunales Econmico-Administrativos Provinciales y los recursos de alzada presentados ante el Tribunal Econmico-Administrativo Central, con anterioridad a la fecha sealada en el nmero anterior y que para entonces se hallen pendientes de resolucin.


[Bloque 223: #primera-3]

Disposicin final primera.

Se autoriza al Gobierno de la Nacin para refundir en el plazo de un ao, y en un solo texto, las disposiciones legales vigentes de acuerdo con lo dispuesto en la disposicin derogatoria. La refundicin comprender tambin la regularizacin, aclaracin y armonizacin de dichas disposiciones.

El Gobierno, en idntico plazo, proceder a actualizar y acomodar a lo dispuesto en la misma, todas las normas reglamentarias que continen vigentes y, en particular, los siguientes Reglamentos:

a) El Reglamento de Poblacin y Demarcacin Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.

b) El Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y Rgimen Jurdico de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.

c) El Reglamento de Funcionarios de Administracin Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.

d) El Reglamento de Contratacin de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.

e) El Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.

f) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones posteriores.


[Bloque 224: #segunda-3]

Disposicin final segunda.

1. Los funcionarios pblicos de la Administracin local tendrn la misma proteccin social, en extensin e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios pblicos de la Administracin del Estado y estar integrada en el Sistema de Seguridad Social.

2. La aportacin de los funcionarios de la Administracin local para la financiacin de su Seguridad Social ser la misma que se establezca para los funcionarios pblicos de la Administracin del Estado, cuando sea idntica la accin protectora.

3. La gestin de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administracin Local correr a cargo de la MUNPAL, persona jurdica de Derecho pblico dotada de plena capacidad jurdica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, adscrita orgnicamente al Ministerio de Administracin Territorial, al que corresponde su superior direccin y tutela.

La MUNPAL gozar de los mismos beneficios de probreza, franquicia postal y telegrfica y exenciones tributarias, reconocidos a las entidades gestoras de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Seguridad Social, siendo en lo dems de aplicacin la Ley 11/1960, en lo que no se oponga a la presente Ley, y sus normas de desarrollo.


[Bloque 225: #tercera-3]

Disposicin final tercera.

El personal de las Policas Municipales y de los Cuerpos de Bomberos gozar de un Estatuto especfico, aprobado reglamentariamente, teniendo en cuenta respecto de los primeros la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


[Bloque 226: #cuarta-3]

Disposicin final cuarta.

1. Quedan expresamente derogados los artculos 344 a 360, ambos inclusive, de la Ley de Rgimen Local, de 24 de junio de 1955, sobre el Servicio Nacional de Inspeccin y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

2. El Gobierno regular en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las peculiaridades del rgimen orgnico y funcional del personal anteriormente adscrito a dicho Servicio, que se regir por la legislacin de funcionarios civiles del Estado.

3. Para el debido cumplimiento de las funciones que le competen a la Administracin del Estado, en relacin con las Entidades locales, el Gobierno podr adscribir a sus servicios funcionarios de las Corporaciones Locales.


[Bloque 227: #quinta-3]

Disposicin final quinta.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios cabeza de partido judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno asumirn, en rgimen de competencia delegada, la ejecucin del servicio de depsito de detenidos a disposicin judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Polica Municipal en funciones de Polica Judicial.

La Administracin competente en materia penitenciaria pondr a disposicin de los Municipios a que se refiere el prrafo anterior los medios econmicos suficientes para el mantenimiento del referido servicio en los trminos previstos por la legislacin sectorial correspondiente.


[Bloque 228: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca a 2 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ


[Bloque 229: #informacionrelacionada]

Informacin relacionada

Se declara que no son inconstitucionales el art. 36.2.a) ni la disposicin adicional 15 en la redaccin dada por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., en los trminos del fundamento jurdico 2, por Sentencia del TC 54/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6850, 101/2017, de 20 de julio. Ref. BOE-A-2017-9660 y93/2017, de 6 de julio. Ref. BOE-A-2017-9652

Se declara que no es inconstitucional el art. 36.2 a), prrafo segundo en la redaccin dada por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., interpretado en los trminos del fundamento jurdico 3 d), por Sentencia del TC 180/2016, de 20 de octubre. Ref. BOE-A-2016-11127. En el mismo sentido se pronuncian las Sentencias del TC 44/2014, de 27 de abril, en los trminos del fundamento jurdico 2. Ref. BOE-A-2017-5901.

Se declara que no es inconstitucional el art. 36.1.g) y 2.a) segundo prrafo, en la redaccin dada por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., interpretado en los trminos de los fundamentos jurdicos 11 y 12.c), por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839.

Se declara que no es inconstitucional el art. 70.1, prrafo segundo,siempre que se interprete en el sentido de que no se refiere a las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el pleno, conforme a lo expuesto en el fundamento jurdico 9, por Sentencia del TC 161/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11122.

Se declara que no es inconstitucional el art. 2.2, interpretado en los trminos del fundamento jurdico 3 y que no tienen carcter bsico los prrafos 1 y 2 del art. 45.2.b), no siendo por tanto su contenido vinculante para las Comunidades Autnomas recurrentes, por Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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