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Sala Segunda. Sentencia 31/2012, de 12 de marzo de 2012. Recurso de amparo 2976-2011. Promovido por doña Carmen María García Miranda en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre sanción por realización de actividades incompatibles con la prestación de incapacidad temporal. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: Sentencia que resuelve el debate de suplicación en los términos planteados por las partes en relación con unos hechos constitutivos de infracción administrativa al momento de producirse.
Pleno. Sentencia 32/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflictos positivos de competencia 4124-1999, 4216-1999, 3029-2006 (acumulados). Interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, por el que se autoriza la explotación de una lotería instantánea o presorteada y por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada. Distribución de competencias en materia de juego: validez de las disposiciones reglamentarias estatales (STC 163/1994).
Pleno. Sentencia 33/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflicto positivo de competencia 1081-2000. Interpuesto por el Gobierno de la Nación frente a la Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre de 1999 por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña. Distribución de competencias sobre legislación mercantil y colegios profesionales; tramitación del conflicto en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad: validez de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña; interpretación conforme de los preceptos de los estatutos colegiales relativos a funciones reservadas por la legislación estatal a las corporaciones representativas de los auditores.
Pleno. Sentencia 34/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4364-2001. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Distribución de competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: constitucionalidad de la atribución a la Administración del Estado de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que le corresponda aprobar o autorizar (SSTC 13/1998 y 1/2012).
Pleno. Sentencia 35/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1847-2002. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Distribución de competencias en materia de juego: inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional.
Pleno. Sentencia 36/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflicto positivo de competencia 1401-2008. Interpuesto por el Gobierno de La Rioja en relación con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas (STC 13/1922). Voto particular.
Pleno. Sentencia 37/2012, de 19 de marzo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 9689-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el art. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el art. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008, y en relación con el art. 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: carácter vinculante de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al resolver recursos de casación en interés de ley que concreta el contenido normativo de los preceptos legales y que preserva la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación del Derecho en todo el territorio nacional; constitucionalidad de la doctrina legal que niega efectos prescriptivos de las infracciones y sanciones administrativas al transcurso del plazo de resolución de los recursos de alzada. Votos particulares.
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