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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
El servicio universal de telecomunicaciones se configuró y se prestó desde el mismo origen de la liberalización de las telecomunicaciones en Europa y en España.
Este concepto, al igual que el régimen jurídico y la situación competitiva y de mercado del sector de las telecomunicaciones, caracterizado por la incesante innovación tecnológica y la permanente transformación y adecuación a las cambiantes circunstancias y necesidades de la sociedad y la economía, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en lo relativo a su exigencia y prestación.
Actualmente, el concepto, servicios y características definitorias del servicio universal de telecomunicaciones vienen establecidas en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (en adelante, Ley 11/2022, de 28 de junio). Esta ley, en transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas introdujo significativas novedades en el régimen jurídico y en el concepto del servicio universal de telecomunicaciones.
En concreto, el capítulo I del título III de Ley 11/2022, de 28 de junio, regula las obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, entre las que se engloba el servicio universal de telecomunicaciones.
Conforme al artículo 37.1 de dicha Ley 11/2022, de 28 de junio, los servicios incluidos en el servicio universal son, por un lado, los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y, de otro, el servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, cuya velocidad mínima de acceso está actualmente fijada en 10 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente.
Asimismo, en materia de asequibilidad de los precios de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones se exige que los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios.
En concreto, el artículo 38.3 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, establece que todos los operadores que presten servicios de acceso a internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
Por su parte, el artículo 40.1 de la citada ley establece que cuando la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (actualmente, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) designará uno o más operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación eficiente en las partes afectadas del territorio nacional a efectos de asegurar su disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.
En los últimos años, en nuestro país se ha alcanzado un excelente nivel de cobertura de redes de fibra óptica y de redes móviles de tecnología 5G y se ha producido una importante evolución de las prestaciones tecnológicas mediante redes satelitales que ofrecen cobertura en todo el territorio.
Puede, por tanto, concluirse que, desde el punto de vista de la oferta del mercado, los distintos agentes, con las importantes ayudas ofrecidas por la Administración pública, ofrecen un abanico muy grande de posibilidades tecnológicas de comunicaciones electrónicas (fibra, cable coaxial, híbrido fibra-cable coaxial –HFC–, tecnología inalámbrica de acceso fijo radio –AFR–, satélite) que permiten afirmar la universalización de las redes de muy alta capacidad para todo el territorio nacional.
Con ello se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 11/2022, de 28 de junio, en cuya virtud desde el año 2023 se consiguió el objetivo de lograr la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produjera a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones que ha posibilitado el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.
Todo ello aconseja aprobar un nuevo reglamento que, en sustitución de lo establecido en relación con el servicio universal y otras obligaciones de servicio público en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, desarrolle de manera individualizada el capítulo I del título III de la Ley 11/2022, de 28 de junio, en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Conforme a la habilitación contenida en el artículo 37.1.a) de la Ley General de Telecomunicaciones, se incrementa la velocidad mínima de acceso a internet desde una ubicación fija en sentido descendente como parte integrante del servicio universal desde los 10 Mbps actuales hasta un mínimo de 100 Mbps, con lo que España se convertirá en el primer país de Europa y de los primeros del mundo junto con Corea del Sur en ofrecer esta velocidad dentro del servicio universal.
También se prevé, de forma expresa, la posibilidad, recogida en el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, de acordar la no designación de operadores para la prestación de los distintos elementos del servicio universal, cuando se considere que dicha prestación queda garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial.
En este supuesto, ya no habría un único operador u operadores designados para la prestación de los servicios integrantes del servicio universal de telecomunicaciones, sino que los operadores tendrían la responsabilidad de ofrecerlos en aquellas unidades inmobiliarias en las que según su oferta comercial vengan prestando el servicio. Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios.
La norma obliga, asimismo, a que los servicios incluidos en el servicio universal se ofrezcan con una calidad determinada, a unos precios asequibles y con tarifas y condiciones especiales para determinados colectivos.
En este sentido, conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, se establecen medidas relativas a la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones que también serán de aplicación a todos los operadores, como la necesidad de que se proporcione una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad o la obligación de que se proporcione la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita una comunicación fluida para personas con discapacidad auditiva.
En cuanto a las tarifas de los servicios incluidos en el servicio universal, se consagra que todos los operadores deberán garantizar unas tarifas asequibles por la prestación de sus servicios incluidos dentro del servicio universal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, A.A.I., debe garantizar la asequibilidad de estas tarifas, imponiendo, en su caso, al operador cuyas tarifas no sean consideradas asequibles, la obligación de ofrecer a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital donde presten estos servicios abonos sociales a un precio que implique una rebaja del 25 por ciento respecto del precio medio de mercado de cada uno de los servicios que integran el servicio universal. El precio medio de mercado tanto en la cuota de alta o instalación como en la cuota de abono mensual es determinado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con carácter anual.
Esta medida, unida a la previsión contenida en la disposición transitoria segunda del reglamento, que garantiza la continuidad de los descuentos ofrecidos a los actuales perceptores del abono social, permite que un número mucho mayor de personas puedan beneficiarse de estas tarifas rebajadas.
Adicionalmente, también se amplía el ámbito subjetivo de usuarios finales cubiertos por el servicio universal, de manera que los derechos que implica el servicio universal ya no serán sólo de aplicación a los consumidores sino también los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, la norma se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general y constituir el instrumento adecuado para desarrollar lo previsto en el capítulo I del título III de la Ley 11/2022, de 28 de junio, recogiendo las modificaciones que en materia de servicio universal supuso la aprobación del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
Asimismo, la norma se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que contiene la regulación imprescindible para desarrollar lo dispuesto en el citado capítulo I del título III, evitando al tiempo mantener obligaciones innecesarias a un operador designado en el caso de que se constate que los servicios integrantes del servicio universal se prestan en condiciones normales de explotación comercial.
Del mismo modo, la norma garantiza el principio de seguridad jurídica, al ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, particularmente con la Ley General que desarrolla y con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y al establecer las previsiones necesarias para garantizar una transición ordenada que garantice en todo momento la correcta prestación de los servicios.
Respecto al principio de transparencia, se han explicitado los motivos que justifican la presente modificación normativa, habiéndose efectuado la consulta pública y el trámite de audiencia e información pública previstas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente, la norma se adecua al principio de eficiencia al evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos mediante mecanismos como la designación directa cuando ningún operador se haya manifestado interesado en acudir a la correspondiente licitación.
Este real decreto y el reglamento que aprueba se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución y conforme a la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final quinta de la Ley General de Telecomunicaciones.
Durante su tramitación el real decreto ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el Consejo de Consumidores y Usuarios y por el Consejo Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
Se aprueba el reglamento relativo al servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, que se inserta a continuación.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, las siguientes:
a) Los artículos 23.a) y b) y 26 y capítulos II y III del título III del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
b) Los artículos 3.a), 4, 28 y 29 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, aprobada por Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo.
El título del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, pasa a tener la siguiente redacción:
«Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la protección de los usuarios.».
Este real decreto y el reglamento que aprueba se dictan al amparo de la competencia exclusiva sobre telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
Se autoriza al Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2027.
Dado el 18 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro para la Transformación Digital
y de la Función Pública,
ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA
El objeto de este reglamento es la regulación de los requisitos y las condiciones en los que debe prestarse el servicio universal de telecomunicaciones, así como la imposición de otras obligaciones de servicio público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en desarrollo del capítulo I del título III de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, (en adelante, Ley 11/2022, de 28 de junio).
La imposición de obligaciones de servicio público podrá recaer en los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, derechos de uso del dominio público radioeléctrico, derechos de uso de recursos públicos de numeración o que ostenten la condición de operador con peso significativo en un determinado mercado de referencia.
El régimen jurídico general aplicable en la imposición de obligaciones de servicio público será el regulado en la Ley 11/2022, de 28 de junio, en este reglamento y su normativa de desarrollo y, con carácter supletorio, en los términos previstos en el artículo 35.3 de la ley anteriormente citada, el régimen establecido para la concesión de servicios en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
1. La imposición de obligaciones de servicio público a los operadores perseguirá la consecución de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.
2. En particular, en la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores serán de aplicación los siguientes criterios:
a) No imposición de cargas excesivas a los operadores que puedan afectar sustancialmente su acceso o mantenimiento en el mercado.
b) Objetividad y transparencia en los métodos utilizados para determinar el operador u operadores obligados, las ayudas y financiación, así como para decidir, en su caso, sobre el cese de la prestación.
c) No discriminación entre los distintos operadores, procurando mantener el equilibrio en el mercado de forma tal que ningún operador obtenga ventajas o desventajas en su actuación en el mercado, como consecuencia de las obligaciones impuestas.
d) Neutralidad económica y tecnológica de las obligaciones impuestas y de las ayudas y financiación que en su caso fueran otorgadas.
e) Prioridad de las opciones que permitan un menor coste para el conjunto del sector o que supongan una menor necesidad de financiación.
El cumplimiento por los operadores obligados de las obligaciones de servicio público impuestas en la instalación y explotación de redes públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas se efectuará con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad universal y permanencia y conforme a los términos y condiciones que se determinan en este reglamento.
1. Corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a sus órganos superiores y directivos de conformidad con la estructura orgánica del departamento, el control y el ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de servicio público reguladas en este reglamento, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en particular, en lo que se refiere a la asequibilidad y financiación del servicio universal.
2. Los operadores están obligados a cumplir las resoluciones que, en ejercicio de sus funciones en materia de obligaciones de servicio público reguladas en este reglamento, dicten dicho Ministerio y sus órganos superiores y directivos, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dichas resoluciones, que serán motivadas, agotan la vía administrativa.
Las obligaciones de servicio público a los efectos de este reglamento son:
a) El servicio universal de telecomunicaciones, establecido en el artículo 37 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, y regulado en el título I de este reglamento.
b) Las obligaciones de servicio público definidas en el artículo 43 apartados 1 y 2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, que se regulan en el título II de este reglamento.
1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
2. El concepto de servicio universal cuya prestación se deberá garantizar, en los términos y condiciones que se establecen en este reglamento, incluye:
a) el servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija con las características que se establecen en el artículo 11.
b) el servicio de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, con las características que se establecen en el artículo 12.
3. La prestación de los servicios enumerados en las letras a) y b) del apartado 2 incluirá el suministro de la conexión subyacente en una ubicación fija sobre la que se prestan.
Esta conexión se facilitará en las condiciones establecidas en el artículo 10 a todos los usuarios finales.
4. La prestación del servicio universal implica la puesta a disposición de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, de opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, en los términos establecidos en los artículos 15 y 16.
5. Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios enumerados en los apartados 2 y 3 de este artículo a un nivel equivalente al que disfrutan otros consumidores, en los términos definidos en el artículo 19.
Los servicios que integran el servicio universal deberán ser prestados a los consumidores y a los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
1. La conexión subyacente en una ubicación fija, referida en el artículo 8.3, de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, podrá ser suministrada a través de cualquier tecnología alámbrica o inalámbrica, fija o móvil, con redes terrestres o no terrestres que presten servicios de banda ancha.
2. La conexión subyacente podrá ser suministrada desde los propios recursos de red del operador obligado o a través de los recursos de red de otro operador.
3. Esta conexión deberá ofrecer a sus usuarios finales la posibilidad de:
a) Conectar y utilizar los equipos terminales que sean conformes con la normativa aplicable.
b) Proporcionar un servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha en los términos indicados en el artículo 11.
c) Proporcionar servicios de comunicaciones vocales en los términos indicados en el artículo 12.
4. La conexión subyacente en una ubicación fija podrá limitarse al soporte de los servicios de las comunicaciones vocales, cuando así lo solicite el usuario final.
1. Dentro del servicio universal, se debe prestar el servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija.
2. La velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha queda fijada en 100 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente, y en 5 Mbps en sentido ascendente.
Dichos valores se refieren a la velocidad global de datos del enlace de usuario de acceso a la red, comprendiendo tanto la capacidad de transporte de datos neta que ofrece el enlace a cada usuario, como las taras de sincronización, control, operaciones, corrección de errores u otras funciones específicas del acceso.
En relación con cada usuario, el operador u operadores obligados garantizará la citada velocidad global de datos que debe proporcionar la conexión, promediada a lo largo de cualquier periodo de 24 horas, para el 95 por ciento de los casos, teniendo en cuenta las funciones específicas de la tecnología de acceso correspondiente.
3. La fijación de la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha en sentido descendente y en sentido ascendente establecida en el apartado 2 no será obstáculo para que los operadores de comunicaciones electrónicas puedan ofrecer libremente en el mercado velocidades inferiores de acceso a internet en condiciones comerciales pactadas con los usuarios finales fuera del ámbito del servicio universal.
4. El servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha deberá soportar el conjunto mínimo de servicios a que se refiere el anexo III de la Ley 11/2022, de 28 de junio:
a) Correo electrónico;
b) motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo tipo;
c) herramientas básicas de formación y educación en línea;
d) prensa o noticias en línea;
e) adquisición o encargo de bienes o servicios en línea;
f) búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo;
g) establecimiento de redes profesionales;
h) banca por internet;
i) utilización de servicios de administración electrónica;
j) redes sociales y mensajería instantánea;
k) llamadas telefónicas y videollamadas (calidad estándar).
5. La latencia media total máxima de la conexión será de 690 ms, incluyendo sentido ascendente y sentido descendente.
6. Mediante orden dictada por el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se podrá modificar el parámetro de la latencia, así como determinar otros parámetros técnicos, como los relativos a fluctuación de fase y pérdida de paquetes de datos, en aras de garantizar un acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha en función de la extensión y cobertura de las redes y del avance tecnológico.
1. Dentro del servicio universal, se debe poder prestar servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija.
2. Este servicio debe permitir al usuario final recibir y efectuar llamadas de ámbito nacional e internacional a través de números geográficos o no geográficos, de conformidad con lo establecido en el Plan nacional de numeración telefónica y otras disposiciones por las que se atribuyen recursos públicos de numeración.
1. El operador u operadores designados para suministrar la conexión en una ubicación fija deberán satisfacer las solicitudes de conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija, con los servicios que le solicite el usuario dentro de los especificados en el artículo 10.
2. Si de acuerdo con el artículo 20 no hubiera ningún operador designado, los operadores ofrecerán y, en su caso, habilitarán en aquellas unidades inmobiliarias en las que, según su oferta comercial, ya prestan el servicio, el acceso a la conexión en una ubicación fija referida en el apartado 1 en el menor plazo técnicamente posible. En todo caso, será un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud del servicio para cuya prestación se necesita la conexión, salvo que concurran causas objetivas no imputables al operador debidamente acreditadas. El servicio solicitado, ya sea el servicio de acceso adecuado y disponible a internet de banda ancha o el servicio de comunicaciones vocales o ambos servicios a la vez, deberá estar operativo en el mencionado plazo.
3. En caso de retrasos del plazo por causas no imputables al operador obligado, este podrá descontar los retrasos debidos a dichas causas, previa comunicación que contenga la acreditación documental necesaria de los retrasos remitida al solicitante por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción en la que se informará al solicitante de la posibilidad de que dispone para presentar las reclamaciones a que se refiere el artículo 78 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.
4. En el caso de no poder realizar el mencionado suministro en el plazo al que se refiere el apartado 2, una vez descontados los retrasos a que se refiere el apartado 3, siempre que no medien causas de fuerza mayor u otras imputables al solicitante, el operador obligado deberá compensar automáticamente a éste eximiéndole del pago de un número de cuotas mensuales relativas a la conexión equivalentes al número de meses o fracción en los que se haya superado dicho plazo.
5. En caso de que un usuario final considere que ningún operador atiende su solicitud de recepción de elementos incluidos en el servicio universal podrá presentar una reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que la resolverá mediante resolución que será notificada en el plazo máximo de un mes desde su registro, transcurrido el cual podrá entenderse desestimada. Si se estimase la solicitud, la resolución determinará el operador u operadores obligados a prestar el elemento u elementos del servicio universal de que se trate. Las resoluciones dictadas en este ámbito por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que serán motivadas, agotan la vía administrativa.
Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios.
A los efectos de este reglamento, tendrán la consideración de consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, las personas consumidoras beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital, en los términos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
1. Todos los operadores que presten los servicios de acceso a internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, deberán ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales en aquellas unidades inmobiliarias en las que, según su oferta comercial, ya presten el servicio, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
Cuando varios operadores formen parte de un mismo grupo empresarial, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, las obligaciones establecidas en este artículo se considerarán cumplidas de forma conjunta cuando cualquiera de los operadores integrantes del grupo ponga a disposición de los consumidores destinatarios una oferta o paquete tarifario que reúna los requisitos previstos en el presente artículo.
2. Estas opciones o paquetes de tarifas incluirán los siguientes abonos sociales a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales:
a) un abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija;
b) un abono social para servicios de acceso a internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija;
c) un abono social que incluya de manera empaquetada el abono al que se refiere las letras a) y b).
3. En los supuestos en que los usuarios finales beneficiarios de las tarifas sociales contraten ofertas empaquetadas que incluyan, junto con los servicios comprendidos en el servicio universal, servicios de comunicaciones móviles, deberá garantizarse que dicha contratación no comporte la pérdida del derecho a la aplicación del descuento correspondiente a los servicios de acceso a internet de banda ancha y comunicaciones vocales prestados desde una ubicación fija. A tal efecto, los operadores aplicarán a dichos paquetes un descuento de cuantía equivalente, en términos absolutos, al que correspondería a un paquete equivalente que no incluya servicios móviles, sin que dicha equivalencia suponga la extensión del referido descuento a estos últimos servicios.
4. Se considerará que el precio de los servicios incluidos en el servicio universal es asequible para los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales cuando su importe sea inferior en un 25 por ciento al precio medio de mercado de cada uno de los servicios que integran el servicio universal.
5. Los operadores podrán contratar con los usuarios finales la fijación de un volumen máximo de datos a transmitir en el servicio de acceso a internet de banda ancha, cuando existan razones justificadas, que en todo caso deberán comunicarse al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en los términos previstos en el apartado 7 del presente artículo.
6. La contratación de un abono social no impedirá la contratación por el usuario final de límites adicionales de llamadas y datos, una vez alcanzados los límites de consumo incluidos en los abonos, en los términos libremente pactados entre el operador y el usuario final. La oferta de opciones o paquetes de tarifas y su aplicación a los beneficiarios, se hará de manera transparente y no discriminatoria.
7. Los operadores deberán dar debida publicidad de las opciones o paquetes de tarifas a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales. Al menos, deberán publicar dicha información en su página web en un lugar destacado. Esta obligación será objeto de supervisión, de acuerdo con el artículo 17.1 del presente reglamento.
8. Los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales que puedan beneficiarse de opciones o paquetes de tarifas asequibles tienen el derecho de celebrar un contrato y que su número siga disponible durante un período adecuado y se evite la desconexión injustificada del servicio.
9. La contratación de estos abonos por parte de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales no será compatible con la percepción, para un periodo de tiempo total o parcialmente coincidente, de algún otro tipo de ayuda pública concebida para la contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que contengan los servicios incluidos en el servicio universal, salvo que las bases reguladoras de dichas ayudas prevean expresamente lo contrario.
10. Los operadores comunicarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública los abonos sociales a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales con anterioridad a su aplicación comercial.
En caso de que, con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 21.1, la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial de mercado, se procederá a la designación de operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal o de algunos de los servicios que lo integran. En el procedimiento de designación se determinarán las condiciones para asegurar la asequibilidad de los servicios, incluyendo los abonos sociales a los que se refiere el artículo 15.2.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en coordinación con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y con el departamento ministerial competente en materia de protección de los consumidores y usuarios, supervisará la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en el servicio universal, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean prestados por el operador u operadores designados, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinará anualmente el precio medio de mercado de los servicios incluidos dentro del servicio universal, atendiendo a la situación del mercado, a la evolución y el nivel de tarificación al público de los servicios incluidos en el servicio universal, así como y a las circunstancias concurrentes de los operadores.
3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tras la determinación anual del precio medio de mercado prevista en el apartado 2, constate que el precio de las tarifas de los servicios no es asequible, obligará al operador afectado a ofrecer a las personas beneficiarias de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, cualquiera de los abonos mencionados en el artículo 15.2, a un precio que implique una rebaja del 25 por ciento respecto del precio medio del mercado determinado.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atendiendo a la situación del mercado y a las circunstancias concurrentes de los operadores, podrá exigir, conforme a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley General de Telecomunicaciones, la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean prestados por el operador u operadores designados.
Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá modificar o suprimir el volumen máximo de datos a transmitir en el servicio de acceso a internet de banda ancha que haya fijado el operador.
En todo caso, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública podrá proponer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
5. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la situación del mercado y a las circunstancias concurrentes de los operadores y atendiendo a criterios tales como ingresos brutos de explotación, número de clientes, condiciones tecnológicas específicas u otras circunstancias competitivas, podrá eximir a determinados operadores del cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 15.1.
1. Todos los operadores que proporcionen un servicio de acceso a internet de banda ancha o un servicio de comunicaciones vocales, en virtud del artículo 15, deben ofrecer a los usuarios finales las siguientes facilidades y servicios específicos relacionados en la parte A del anexo VI del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, a fin de permitir el seguimiento y control de sus propios gastos:
a) Facturación detallada;
b) Prohibición selectiva gratuita de llamadas salientes o de MMS o SMS, o, cuando sea técnicamente factible, de otras formas de aplicaciones similares, de SMS Premium;
c) Sistemas de prepago;
d) Pago escalonado de las cuotas de conexión;
e) Interrupción limitada al servicio de que se trate ante impago de facturas y notificación previa a la desconexión por impago;
f) Asesoramiento sobre tarifas;
g) Control del gasto;
h) Facilidad para desactivar la facturación a terceros;
2. Dichos operadores deberán implantar un sistema para evitar la desconexión injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso a internet de banda ancha de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, incluido un mecanismo adecuado para verificar el interés por seguir utilizando el servicio.
3. Los usuarios finales que se beneficien del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal no pueden verse obligados al pago de facilidades o servicios adicionales que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.
1. Los servicios incluidos en el servicio universal han de ser accesibles en los términos indicados en el artículo 39 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.
2. Todos los operadores que presten servicios de acceso a internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deberán garantizar que los consumidores con discapacidad tengan acceso a dichos servicios a un nivel equivalente al que disfrutan el resto de consumidores, asegurando que dicha equivalencia comprenda la contratación, la información precontractual y contractual, la utilización del servicio, la atención al cliente, la resolución de incidencias, la facturación y cualquier otra interacción necesaria para el ejercicio efectivo de sus derechos como usuarios.
Dentro del colectivo de consumidores con discapacidad, se considerarán incluidas las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad auditiva, y, en general, las personas con cualquier otra con discapacidad que les impida manifiestamente el acceso normal a los servicios incluidos en el servicio universal o le exijan un uso más oneroso de los mismos.
3. Todos los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deberán garantizar la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de equipos terminales conexos y equipos y servicios específicos, adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, que favorezcan un acceso al servicio de comunicaciones vocales equivalente al del resto de usuarios finales. En particular, garantizará la disponibilidad y asequibilidad de teléfonos de texto, videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas con discapacidad auditiva.
4. Todos los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija deberán garantizar servicios de conversión a texto y los servicios de conversación total en modo texto para que los consumidores con discapacidad auditiva puedan acceder a los contenidos de las pantallas de los terminales.
5. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación de la normativa en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios y en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
1. Cuando el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública determine formalmente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que cualquiera de los servicios incluidos en el servicio universal se está prestando en competencia, en las condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio a las que se refiere el presente reglamento, podrá, previa audiencia pública a los interesados, acordar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para tales obligaciones.
2. En este caso, los operadores que presten servicios de acceso a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija a una velocidad mínima de 100 Mbps en sentido descendente y los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija satisfarán las solicitudes de conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija en los términos y condiciones establecidos en los artículos 10 y 13.
La satisfacción de esta demanda de acceso únicamente corresponde a los operadores que ya presten el servicio en unidades inmobiliarias para las que se solicita el acceso.
3. Cuando se detecte un fallo de mercado que justifique la imposición de obligaciones de servicio universal como consecuencia de cambios significativos en las condiciones del mercado, de la evolución tecnológica o de la carga administrativa o financiera desproporcionada derivada del cumplimiento de las obligaciones previstas en este reglamento, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acordará, con carácter excepcional, el inicio del procedimiento de designación de uno o varios operadores previsto en el artículo 40 de la Ley 11/2022, de 28 de junio.
1. Cuando de conformidad con lo señalado en el apartado 3 del artículo 20 la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acordará la designación de uno o más operadores para que satisfagan todas las solicitudes de conexión a la red y acceso a los servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación eficiente en las partes afectadas del territorio nacional con el fin de asegurar su disponibilidad en todo el territorio nacional. A estos efectos, podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.
La determinación de aquellas zonas geográficas y servicios integrantes del servicio universal en donde no queden garantizadas sus prestaciones por las circunstancias normales de explotación comercial se realizará por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que se constaten las zonas geográficas y el servicio o servicios cuya prestación no queda garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial.
2. El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación de los servicios integrantes del servicio universal que se establece en los artículos siguientes de este reglamento se sujeta, en todo caso, a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación, así como a los restantes establecidos en el título preliminar sin excluir a priori la designación de ningún operador. Estos procedimientos de designación garantizarán que la prestación de los servicios incluidos en el servicio universal se haga de manera rentable y se podrán utilizar como medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas.
3. Las condiciones en que se preste el servicio universal deberán perseguir reducir al mínimo las distorsiones del mercado, en particular, cuando la prestación de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.
4. Una vez finalizado el proceso de designación, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar las instrucciones necesarias, en su caso, para proceder de forma ordenada al cese del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal y su asunción por el nuevo operador u operadores que como consecuencia de dicho proceso hubiesen resultado designados.
5. Cuando un operador designado para la prestación del servicio universal se proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad informará con una antelación mínima de tres meses, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a fin de que éste, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pueda evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro en una ubicación fija de los servicios incluidos en el servicio universal. La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá, mediante orden, imponer, modificar o suprimir obligaciones a dicho operador designado de conformidad con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
6. La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública podrá establecer, mediante orden ministerial, objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestación del servicio universal.
7. La designación de un operador para la prestación del servicio universal dará lugar, en el caso de que la prestación para la que ha sido designado implique un coste neto que suponga una carga injustificada, a la calificación de dicho operador como receptor de fondos del Fondo nacional de financiación del servicio universal o, en su defecto, del mecanismo de compensación entre operadores que se establece en este reglamento.
1. El procedimiento para designar a un operador encargado de garantizar la prestación de un servicio integrante del servicio universal en una determinada zona del territorio nacional se realizará mediante licitación y lo tramitará el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
2. Con carácter previo a la convocatoria del concurso, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública podrá verificar el interés de los operadores en participar en el concurso a convocar para la designación de operador encargado de prestar el servicio universal, a través de un trámite de audiencia pública por un plazo de un mes.
En este trámite de audiencia pública, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública deberá indicar, en todo caso, el servicio o elemento que se debe prestar, el ámbito territorial, el período y los demás elementos principales que configuran las condiciones de prestación y financiación del servicio.
En el caso de que en este trámite de audiencia pública un operador manifieste su interés en participar en el futuro concurso, dicho operador asumirá la obligación de presentarse al mismo siempre que se mantengan los elementos principales fijados en dicha audiencia pública.
Si hay algún operador que manifieste su interés en participar en el concurso en dicho trámite de audiencia pública, deberá procederse a la convocatoria del concurso conforme a lo indicado en el apartado siguiente.
En el supuesto de que en el trámite de audiencia pública ningún operador manifieste su interés en participar en el concurso, no será necesaria la convocatoria del concurso conforme a lo indicado en el apartado siguiente y se podrá acceder directamente al procedimiento de designación directa establecido en el artículo 23.
3. La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública efectuará, mediante orden ministerial, la convocatoria del correspondiente concurso y la publicación de las bases en las que se determinará el servicio o elemento que se debe prestar, el ámbito territorial, el período y las condiciones de prestación y financiación del servicio, de conformidad con lo establecido en este reglamento y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sobre la base de la determinación de aquellas zonas geográficas y servicios integrantes del servicio universal en donde no queden garantizadas sus prestaciones por las circunstancias normales de explotación comercial realizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y con el objetivo de promover la competencia y el acceso a la licitación de un mayor número de operadores, las bases de la licitación preverán cuando sea posible, su división en zonas geográficas y por el servicio o elemento a prestar.
4. En los criterios de adjudicación que se incluyan en dichas bases se deberán tener en cuenta, al menos, los relativos a la eficiencia económica mediante el menor coste neto, a las mejores prestaciones para los usuarios finales y a las garantías de continuidad en la prestación del servicio o elemento del servicio universal del que se trate. En la determinación de las zonas geográficas de designación predominará el criterio de eficacia.
Asimismo, las bases contemplarán la determinación del coste neto para todo el periodo de la designación, en base a la oferta presentada por el licitador de acuerdo con la metodología para determinar el coste neto establecida previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o la determinación de un límite superior de coste neto libremente ofertado por el licitador, en función de la propuesta presentada que se considere más eficiente desde el punto de vista económico.
5. Los servicios o elementos integrantes del servicio universal susceptibles de ser objeto de licitación, en determinadas zonas, son:
a) La prestación del servicio de acceso a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, referido en el artículo 11.
b) La prestación de los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, referidos en el artículo 12.
6. Podrá presentarse al concurso cualquier persona física o jurídica legalmente establecida.
7. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública adjudicará el concurso al licitador que ofrezca las condiciones más ventajosas. En consecuencia, la empresa o empresas que resulten adjudicatarias tendrán la consideración de operador designado para la prestación del servicio universal.
8. En el supuesto de que el concurso sea declarado desierto, la designación del operador u operadores encargados de prestar el servicio universal se realizará por designación directa conforme al artículo siguiente.
1. En el supuesto de que en el trámite de audiencia pública previsto en el artículo 22.2 ningún operador manifieste su interés en participar en el concurso, o cuando el concurso convocado para la designación de operador en relación con un servicio o elemento y zona determinadas haya sido declarado desierto, mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se podrá designar para dicho servicio o elemento y zona a cualquier operador que tenga poder significativo en mercados que incluyan ese elemento y zona, se encuentre designado en esos momentos para su prestación o tenga la mayor cuota de mercado por número de abonados o ingresos brutos de explotación en dichos mercados.
2. En la orden a la que se refiere el apartado 1, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecerá el servicio o elemento que se deba prestar y en qué ámbito territorial, así como el período y las condiciones de prestación del servicio, todo ello de conformidad con lo establecido en este reglamento.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, el coste neto de las obligaciones del servicio universal se obtendrá hallando la diferencia entre el coste que para el operador designado tiene el operar con dichas obligaciones y el correspondiente a operar sin las mismas. El cálculo del coste neto tendrá en cuenta los beneficios, incluidos los beneficios no monetarios, que hayan revertido al operador designado.
2. No se incluirán en el cálculo del coste neto del servicio universal los costes sufridos como consecuencia de la prestación de cualquier servicio que, de acuerdo con lo establecido en este reglamento, quede fuera del ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio universal.
3. Tendrán la consideración de servicios no rentables los solicitados por usuarios finales o grupos de usuarios finales, a los que un operador no se los prestaría a precio asequible en circunstancias normales de explotación comercial, bien por disfrutar de tarifas especiales, bien por su alto coste, incluido el de la conexión en una ubicación fija.
Son susceptibles de ser calificados como servicios no rentables los que deban prestarse a los usuarios que tengan discapacidades que impliquen una barrera de acceso al servicio o un uso más oneroso de este que el de un usuario sin discapacidad, entendiéndose, a estos efectos, que constituye coste no rentable aquel derivado de proporcionar el acceso a servicios para personas con discapacidad cuando dicho acceso requiera un esfuerzo técnico, operativo o económico muy superior al necesario para garantizar el mismo servicio a usuarios sin discapacidad, comprometiendo la viabilidad económica del servicio universal. Asimismo, tendrán esta consideración los abonos sociales a los colectivos de consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales y las tarifas o paquetes de tarifas accesibles ofertadas por el operador u operador designado, en virtud de lo establecido en el artículo 16.
4. Al evaluar los costes en que incurre el operador por estar obligado a la prestación del servicio universal, se tendrá en cuenta una tasa razonable de remuneración de los capitales invertidos en su prestación, con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, los costes netos imputables a las obligaciones de servicio universal impuestas al operador designado que son susceptibles de compensación están compuestos por:
a) El coste neto de las obligaciones de prestar el servicio de acceso a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, a la que se refiere el artículo 8.2.a), con los plazos y las condiciones de razonabilidad establecidas en el artículo 11.
b) El coste neto de las obligaciones de prestar los servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, a la que se refiere el artículo 8.2.b), con los plazos y las condiciones de razonabilidad establecidas en el artículo 12.
El coste de prestación de estas obligaciones incluirá el coste correspondiente al suministro de la conexión subyacente en una ubicación fija sobre la que se prestan.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será el organismo encargado de determinar si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestación.
En caso de que se considere que puede existir dicha carga injusta, el coste neto de prestación del servicio universal será determinado periódicamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designación previstos en el capítulo IV o en función del ahorro neto que el operador conseguiría si no tuviera la obligación de prestar el servicio universal.
Para la determinación de este ahorro neto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desarrollará y publicará una metodología para determinar el coste neto, tanto en lo que respecta a la imputación de costes como a la atribución de ingresos que deberá ser conforme con lo establecido en este reglamento y basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales.
3. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador, en su calidad de prestador de un servicio universal.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, el coste neto de las obligaciones de prestar el servicio de acceso a internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija se obtendrá sumando el coste neto asociado al servicio de acceso a internet de banda ancha para la prestación eficiente de los servicios no rentables, con el coste neto del servicio de acceso a internet de banda ancha en las zonas o ubicaciones no rentables, excluyendo posibles duplicidades, y deduciendo las subvenciones o ayudas públicas recibidas por el despliegue de redes o prestación de servicios en esas zonas, así como los beneficios, incluidos los beneficios no monetarios, debidos a la prestación de este elemento del servicio universal, obtenidos por su prestador.
En el coste neto se incluirá el coste asociado al suministro de la conexión subyacente en una ubicación fija provisto por el operador designado para prestar el servicio de acceso a internet de banda ancha, incluso cuando la misma esté limitada a prestar el soporte de los servicios de comunicaciones vocales cuando así lo haya solicitado el usuario final.
2. El coste neto asociado a la prestación del servicio en las zonas o ubicaciones no rentables se obtendrá hallando la diferencia entre los costes evitables y los ingresos atribuibles a la prestación del servicio de acceso a internet de banda ancha incluyendo el suministro de la conexión subyacente en una ubicación fija en dichas zonas o ubicaciones que reviertan al prestador.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán zonas o ubicaciones no rentables las zonas o ubicaciones definidas en el procedimiento de designación y, dentro de ellas, en las que la prestación del servicio de acceso a internet de banda ancha incluyendo el suministro de la conexión subyacente en una ubicación fija a precio asequible no queda garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, el coste neto de la obligación de prestación del servicio de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija se obtendrá sumando el coste neto asociado al servicio de comunicaciones vocales para la prestación eficiente de los servicios no rentables con el coste neto de suministrar el servicio de comunicaciones vocales en las zonas o ubicaciones no rentables y deduciendo los beneficios, incluidos los beneficios no monetarios, debidos a la prestación de este elemento del servicio universal, obtenidos por el operador.
2. El coste neto asociado a la prestación del servicio en las zonas o ubicaciones no rentables se obtendrá hallando la diferencia entre los costes evitables y los ingresos atribuibles a la prestación del servicio de comunicaciones vocales en dichas zonas o ubicaciones que reviertan al prestador.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán zonas o ubicaciones no rentables las zonas o ubicaciones definidas en el procedimiento de designación y, dentro de ellas, en las que la prestación del servicio de comunicaciones vocales no queda garantizada por las circunstancias normales de explotación comercial.
1. Los operadores con obligaciones de servicio universal designados según alguno de los procedimientos previstos en los artículos 21, 22 y 23, siempre que el coste neto efectivo no haya sido determinado en el proceso de designación, formularán anualmente una declaración a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de los servicios que ofrecen, cuya prestación sólo pueda hacerse con coste neto para ellos, detallando sus distintos componentes de costes e ingresos, de acuerdo con los principios y las normas de este reglamento y siguiendo las instrucciones que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en ejercicio de sus competencias.
Para ello, los operadores obligados, además de llevar una contabilidad separada que permita la adecuada asignación de los costes e ingresos, deberá encargar a una entidad cualificada e independiente, con una periodicidad anual, que compruebe dicha declaración de coste, y tendrá la obligación de aportar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia antes del 31 de julio del año siguiente el informe correspondiente que contenga una declaración de conformidad.
2. Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del coste neto contenida en dicha declaración serán objeto de auditoría por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por la entidad que, a estos efectos, designe.
3. La cuantificación del coste neto contenida en dicha declaración deberá ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tras la realización de la auditoria del apartado 2.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará, en su portal de internet, los resultados de la auditoría y las conclusiones sobre el cumplimiento de los criterios de costes por parte de cada uno de los operadores obligados y la cuantificación del coste neto debidamente aprobada, con el límite de los aspectos confidenciales que puedan revelar una información contable o comercial excesivamente desagregada.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y el operador designado tenga derecho a la financiación del coste neto que le supone la prestación del servicio universal, podrá instar el inicio del procedimiento para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ponga en marcha el mecanismo de financiación para compartir dicho coste neto.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de operadores obligados a contribuir, los datos referentes a dicho mecanismo y los principios aplicables al reparto de los costes.
2. En el caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ponga en marcha el procedimiento al que se refiere el apartado 1, la financiación del coste neto resultante de la obligación de prestación del servicio universal será compartida por aquellos operadores que obtengan por el suministro de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros.
1. El mecanismo de financiación garantizará unos incentivos adecuados que fomenten una prestación eficiente del servicio universal, y limitará los posibles efectos negativos sobre el mercado y las inversiones que puedan derivarse de unos costes más elevados de lo necesario.
2. Los objetivos del mecanismo de financiación del servicio universal son los siguientes:
a) Reducir al mínimo las barreras de acceso al mercado y garantizar al mismo tiempo la financiación del servicio universal.
b) Respetar el requisito de neutralidad entre operadores del mercado, las tecnologías específicas o la prestación de servicios, integrada o separadamente, para evitar una distorsión en las estrategias de acceso al mercado o, posteriormente, en las decisiones sobre inversión o en la actividad en dicho mercado.
c) Mantener al nivel mínimo las cargas administrativas y los costes relacionados con ellas.
d) Crear unas condiciones que propicien una mayor eficacia e innovación, para garantizar la prestación del servicio universal al menor coste posible.
3. El mecanismo de financiación respetará los principios generales de objetividad, transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad.
4. En ningún caso, las aportaciones de un operador para la financiación del servicio universal darán lugar, directa o indirectamente, a que se duplique el pago destinado a sufragar el coste neto de una misma obligación de servicio universal específica.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, las aportaciones de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas obligados a financiar el servicio universal serán proporcionales a la actividad de cada uno y serán determinadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se depositarán en el Fondo Nacional del Servicio Universal.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en función de la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado, podrá establecer otros parámetros de distribución que representen mejor la actividad de los operadores, a los efectos de un más equitativo reparto de la carga derivada del servicio universal.
3. Las aportaciones que los operadores designados para la prestación del servicio universal deban realizar al Fondo nacional del servicio universal, por estar obligados a financiar dicho servicio, serán minoradas en las cuantías que, en su caso, les corresponda percibir por las obligaciones de servicio universal que tengan impuestas.
La resultante podrá dar lugar a una aportación neta del operador al mecanismo de financiación o una recepción neta de subsidio.
1. En caso de que se constate la necesidad de designación de operador para la prestación del servicio universal conforme a lo dispuesto en el artículo 21, el Fondo nacional del servicio universal garantiza la financiación del servicio universal y recoge las aportaciones de los operadores obligados a contribuir a ella y aquellas que sean realizadas por cualquier persona física o jurídica de manera desinteresada.
El Fondo carece de personalidad jurídica propia y su gestión se llevará a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. El Fondo nacional del servicio universal utilizará un sistema transparente y neutro de recaudación de contribuciones que evite el peligro de la doble imposición de contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por los operadores.
3. A través del Fondo se persiguen los siguientes fines:
a) Gestionar el cobro efectivo de las aportaciones de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
b) Gestionar los pagos a los operadores con derecho a recibirlos por la prestación de servicios integrantes del servicio universal.
4. En relación con el Fondo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo las siguientes funciones:
a) Conocer su evolución económica y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus fines.
b) Aprobar sus previsiones de ingresos y su liquidación anual.
c) Aprobar la memoria anual de su gestión que se incorporará al informe anual que ha de presentar conforme al procedimiento establecido en el artículo 38.2 de Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) Gestionar su patrimonio, cobro de derechos y atención de sus obligaciones.
e) Determinar las contribuciones de cada operador.
f) Resolver de forma vinculante los conflictos que se susciten entre operadores en materias relacionadas con el fondo.
5. En el caso de que el coste de la prestación del servicio universal para operadores sujetos a estas obligaciones sea de una magnitud tal que no justifique los costes derivados de la gestión del fondo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá acordar su supresión y, en su caso, el establecimiento de mecanismos de compensación directa entre operadores.
6. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico-financiera del Fondo nacional del servicio universal estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
7. Asimismo, el Fondo nacional del servicio universal estará sometido a la supervisión continua del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Son recursos del Fondo nacional del servicio universal los siguientes:
a) Las aportaciones que realicen los operadores obligados a financiar el servicio universal.
b) Las aportaciones realizadas por cualquier otra persona física o jurídica que desee contribuir desinteresadamente a la financiación de cualquier actividad propia del servicio universal.
2. Los activos en metálico procedentes de las aportaciones pecuniarias relacionadas en el apartado 1 se depositarán en este fondo en una cuenta restringida abierta a tal efecto en una entidad de crédito. Los gastos de gestión de esta cuenta serán deducidos de su saldo, y los rendimientos que este genere, si los hubiere, minorarán la contribución de los aportantes.
3. Los recursos del fondo sólo se podrán invertir en activos financieros de alta liquidez y rentabilidad asegurada.
4. El procedimiento para fijar las aportaciones y llevarlas a cabo será el siguiente:
a) En el plazo de dos meses a partir de la publicación de la lista referida en el artículo 29.1, cada operador obligado enviará, conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la información relativa a sus ingresos del último ejercicio que se haya cerrado tres meses antes de la publicación de dicha lista a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará las cuotas de mercado de los operadores obligados a contribuir y la aportación que les corresponda realizar a cada uno. En el plazo de dos meses, contados a partir de la finalización del plazo anterior relativo al envío de información sobre los ingresos, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la aportación anual que corresponda ingresar a cada operador obligado por este concepto y les requerirá para que efectúen los ingresos correspondientes, en un único pago en el plazo de un mes a partir de la notificación de dicho requerimiento.
c) Los operadores con derecho a compensación la recibirán dentro del mes siguiente a la finalización del período de pago, de acuerdo con las aportaciones habidas.
5. Si un operador obligado a realizar aportaciones no las lleva a cabo en el plazo establecido, la deuda devengará un interés de demora igual al interés legal más dos puntos desde el día siguiente al de finalización del plazo de pago.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ejercer las acciones legales encaminadas al cobro de las cantidades debidas, y serán de cuenta del deudor los gastos que ello ocasione.
6. La obligación de prestar el servicio universal no quedará condicionada, en ningún caso, a la recepción de compensaciones que provengan del fondo.
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pondrá a disposición de los interesados, a solicitud de estos, la información disponible actualizada relativa a la gestión del Fondo nacional del servicio universal.
Los costes de administración del fondo incluyen, al menos, los siguientes:
a) Los que ocasione al gestor la supervisión del coste neto.
b) Los administrativos.
c) Los derivados de la gestión de las contribuciones.
Dichos costes serán objeto de reparto entre los operadores obligados con los mismos criterios que el coste neto del servicio universal, formando parte de sus correspondientes aportaciones al fondo.
1. El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá imponer obligaciones de servicio público distintas del servicio universal por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil.
2. El acuerdo del Consejo de Ministros que imponga dichas obligaciones establecerá, asimismo, la forma de gestión, directa o indirecta, del servicio y el sometimiento, en su caso, a los principios generales establecidos en el artículo 5.
1. El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la administración territorial competente, podrá imponer otras obligaciones de servicio público motivadas por:
a) Razones de cohesión territorial;
b) razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura;
c) por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
2. Serán de aplicación, a los servicios regulados en este artículo, los principios generales establecidos en el artículo 5.
El acuerdo del Consejo de Ministros que establezca obligaciones de servicio público subsumibles en alguno de los artículos de este título establecerá lo siguiente:
a) La forma de designación del operador obligado, tomando en consideración los principios aplicables fijados en el artículo 5 y previendo, cuando proceda, un procedimiento de selección competitiva.
b) La definición de los objetivos que se prevén alcanzar.
c) La delimitación de la cobertura y áreas territoriales prioritarias y, en su caso, de las demarcaciones para la prestación de los servicios.
d) La fijación, en su caso, de los parámetros para la determinación del carácter asequible de los precios y de los mecanismos para su medición y control.
e) La forma de financiación de las obligaciones de servicio público y el programa de asignación de fondos para alcanzar los objetivos.
f) El calendario de actuaciones o, en su caso, criterios para el establecimiento de prioridades.
Las obligaciones de servicio universal serán de aplicación al operador designado conjuntamente con las demás obligaciones que le sean de aplicación, entre ellas con las obligaciones mayoristas potencialmente impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en cualquier mercado de referencia.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atendiendo a la situación del mercado y a las circunstancias concurrentes de los operadores:
a) Determinará el precio medio de mercado de cada uno de los servicios que integran el servicio universal.
b) Identificará, en su caso, a los operadores que puedan quedar exentos del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 15.1, con expresión de las razones y criterios seguidos conforme al artículo 17.5.
2. En el plazo máximo de un mes desde la determinación del precio medio de mercado, los operadores no exentos remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia información sobre las opciones o paquetes de tarifas que aplican o pretenden aplicar a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales conforme al artículo 15.2.
3. En el plazo máximo de cuatro meses desde la finalización del plazo previsto en el apartado 2, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia identificará:
a) Los operadores que ya disponen de opciones o paquetes de tarifas considerados asequibles para los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
b) Los operadores que, conforme al artículo 17.3, no disponen de opciones o paquetes de tarifas considerados asequibles.
Los operadores a los que se refiere la letra b) anterior dispondrán de un plazo máximo de un mes desde la notificación de dicha identificación para proceder a la comercialización efectiva donde prestan estos servicios, de los abonos mencionados en el artículo 15.2, en favor de las personas beneficiarias de la prestación del Ingreso Mínimo Vital a un precio máximo que implique una rebaja del 25 por ciento respecto del precio medio de mercado del servicio correspondiente.
4. La labor de control del carácter asequible del servicio universal a la que se refiere el artículo 17 quedará suspendida hasta la aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del informe previsto en el apartado 3.
Telefónica de España, SAU, debe seguir garantizando la aplicación del abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija a los jubilados y pensionistas con renta familiar baja que ya sean beneficiarios del mismo a la entrada en vigor de este reglamento, en los términos definidos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 25 de enero de 2007, por el que se aprueban las condiciones para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal, publicado por Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, y en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 13 de mayo de 2010, por el que se modifica el umbral de renta familiar que da acceso al abono social, publicado por la Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio.
En el apartado 4 del anexo al citado Acuerdo de la CDGAE se establece que la renta familiar para aplicar el abono social debe ser inferior al 120 % del IPREM, que la bonificación del importe de la cuota de alta del servicio de comunicaciones vocales desde una ubicación fija o cuota de conexión de líneas individuales será del 70 por 100 y la correspondiente al importe de la cuota de abono de la línea individual será del 95 por 100, además de establecer que la tarifa a aplicar a las llamadas dirigidas al centro de intermediación para teléfonos de texto desde cualquier punto del territorio nacional será la metropolitana.
Telefónica de España, SAU, seguirá prestando los servicios integrantes del servicio universal en las condiciones previstas en la Orden de 29 de enero de 2025 del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública por la que se designa a Telefónica de España, SAU, como operador encargado de la prestación de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones hasta que, conforme a lo previsto en los artículos 21 a 23, se proceda a la designación de uno o varios operadores mediante los correspondientes procedimientos o hasta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública constate la prestación en circunstancias normales de explotación comercial de los servicios integrantes del servicio universal y, por tanto, su cese como obligación de servicio público. Dicha constatación o el inicio del trámite de audiencia pública al que se refiere el artículo 22.2 habrán de producirse en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto.
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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