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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.La atención integral a las víctimas de accidentes de transporte colectivo y a sus familiares requiere una respuesta coordinada que facilite la información, el asesoramiento y la asistencia psicológica, social y jurídica continuada.
Con ocasión de los accidentes ferroviarios recientes, la respuesta se ha dado a través de la creación de Oficinas de Atención Integral, con personal especializado, en el seno de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de aquellas comunidades autónomas en las que residan personas afectadas, como por ejemplo, las creadas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en virtud del Real Decreto-ley 32/2026 de 3 de noviembre, con el objeto de facilitar a las personas afectadas la presentación de solicitudes y la tramitación de las ayudas y prestaciones.
Con esta finalidad de atención integral, este real decreto crea el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, bajo la dependencia directa de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Esta figura, que se configura como un elemento dinamizador y coordinador de los recursos de atención integral, nace para dar efectividad al derecho a un acompañamiento personalizado. Se trata de un órgano que nace para garantizar la asistencia psicológica, social y jurídica continuada a las víctimas de accidentes en transporte colectivo, que pueda activar mecanismos de cooperación, requerir información, exigir respuestas y supervisar el cumplimiento de los compromisos de cada organismo.
Su actuación se desarrollará sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales y de las restantes Administraciones públicas, de la independencia de los órganos encargados de la investigación técnica de accidentes y de las funciones de los órganos judiciales.
La integración de este órgano en el Ministerio exige adaptar el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Este real decreto se suma al marco vigente de asistencia a las víctimas, integrado, entre otras normas, por el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares; el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, dictado en aplicación del artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 996/2010; y la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil y el Real Decreto 141/2026, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que regulan la atención a las víctimas en el marco de la investigación técnica de accidentes.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual los órganos directivos de los departamentos ministeriales se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro competente en materia de organización administrativa.
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Responde a los principios de necesidad y eficacia, al ser el instrumento adecuado para crear un órgano que asegure una atención coordinada y continuada a las víctimas de accidentes de transporte colectivo y a sus familiares. Es conforme con el principio de proporcionalidad, porque contiene la regulación imprescindible para crear el órgano y definir sus funciones, sin imponer obligaciones a la ciudadanía. Se ajusta al principio de seguridad jurídica, pues es coherente con el ordenamiento jurídico y respeta las competencias de las demás Administraciones públicas y de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Cumple el principio de transparencia, al definir con claridad su objeto y finalidad; al tratarse de una norma organizativa, no se ha sometido a los trámites de consulta pública ni de audiencia e información pública, conforme a los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, responde al principio de eficiencia, ya que no introduce cargas administrativas y concentra en un único órgano la coordinación de los recursos de atención a las víctimas.
En su tramitación se han recabado los informes de las secretarías generales técnicas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como los del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Asimismo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado el análisis previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, en virtud del Real Decreto 975/2026, de 4 de noviembre, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
1. Bajo la dependencia directa de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se crea el órgano administrativo denominado Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario, con el objeto de prestar atención integral a las víctimas, garantizando la asistencia psicológica, social y jurídica continuada a las víctimas de accidentes en transporte colectivo.
2. Tendrá como objeto garantizar, en el ámbito de sus funciones y sin perjuicio de las competencias de otros órganos y Administraciones, la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas de accidentes colectivos y sus familiares, promoviendo el acceso a la información, la atención integral a las víctimas y a sus familias, así como el acompañamiento y el seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.
3. Su ámbito de actuación se circunscribe a los accidentes que se produzcan en servicios de transporte colectivo de personas de titularidad o competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración que puedan formalizarse con las comunidades autónomas y las entidades locales para la prestación de este tipo de asistencia en relación con los servicios de transporte de su respectiva titularidad o competencia.
1. A efectos de este real decreto se considerará:
a) Víctima: toda persona que, como consecuencia directa de un accidente producido en un servicio de transporte colectivo de viajeros, resulte fallecida, desaparecida o sufra daños físicos o psicológicos. Tendrán asimismo la consideración de víctimas sus familiares, allegados y personas dependientes en la medida en que se vean directamente afectados por las consecuencias del accidente.
b) Familiares y allegados: el cónyuge o persona que mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal, los ascendientes y descendientes y los parientes en línea colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de la persona fallecida, desaparecida o que haya sufrido los daños a que se refiere el párrafo a).
c) Transporte colectivo: los servicios de transporte de viajeros por carretera en autobús o autocar, ferroviario, aéreo comercial y marítimo de pasaje comprendidos en el ámbito del artículo 1.3 del presente real decreto de acuerdo a sus definiciones según la legislación sectorial correspondiente.
2. La definición de víctima contenida en el apartado 1.a) del presente artículo se establece exclusivamente a los efectos de la aplicación de esta norma y se entiende sin perjuicio de las definiciones, derechos, acciones y categorías jurídicas previstas en la normativa sectorial aplicable a cada modo de transporte, en particular en materia de derechos de los pasajeros, responsabilidad de los transportistas e investigación de accidentes e incidentes, así como en el resto del ordenamiento jurídico.
1. Las funciones del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo serán:
a) Coordinación institucional y capacidad de intervención, que comprende las siguientes facultades:
1.º Establecer un marco común que garantice una respuesta coordinada, psicológica y jurídica, información clara y asesoramiento continuado a las víctimas y sus familias ante accidentes de transporte colectivo.
2.º Ejercer de interlocutor de referencia para las víctimas y sus familiares ante todas las Administraciones públicas, organismos y demás entidades implicadas.
3.º Cooperar con órganos, organismos y Administraciones públicas en la coordinación integral de la protección a las víctimas.
b) Emergencias y atención a familiares, que implica la siguiente facultad:
1.º Elaborar protocolos que garanticen la asistencia a las víctimas y a sus familiares tras un accidente de transporte colectivo, con especial atención a las personas vulnerables.
c) Atención sanitaria y psicológica, que implica la siguiente facultad:
1.º Asistir en el apoyo emocional y terapéutico para las víctimas o sus familiares y facilitar el acceso a la asistencia sanitaria a través de los servicios competentes.
d) Aseguradoras, indemnizaciones y ayudas, que implica la siguiente facultad:
1.º Asesorar sobre cualquier ayuda relacionada con los daños sufridos y el procedimiento para su solicitud.
e) Asistencia jurídica y protección de derechos, que comprende las siguientes facultades:
1.º Informar a las víctimas y a sus familiares, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje claro y asequible, orientación sobre cuáles son sus derechos y cómo ejercitarlos.
2.º Asesorar sobre la posibilidad de acceso a la justicia gratuita.
f) Protección laboral, económica y social, que implica la siguiente facultad:
1.º Informar sobre los derechos económicos que puedan tener las víctimas y sus familiares.
g) Investigación, seguridad y prevención, que implica la siguiente facultad:
1.º La cooperación, de forma particular, con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).
h) Asociaciones de víctimas y memoria, que implica la siguiente facultad:
1.º Colaborar con las asociaciones de víctimas de accidentes de transporte colectivo, así como con instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo la atención a las víctimas.
i) Transparencia, comunicación y rendición de cuentas, que comprende las siguientes facultades:
1.º Elaborar informes sobre la atención prestada en un accidente de transporte colectivo y las reclamaciones recibidas.
2.º Elaborar, en coordinación con las asociaciones de medios de comunicación, un código de buenas prácticas para el tratamiento ético de la información relativa a accidentes de transporte colectivo.
j) Competencias y garantías para el ejercicio de sus funciones, que implica la siguiente facultad:
1.º Requerir la información necesaria de órganos, organismos y Administraciones públicas para la ejecución de sus funciones.
2. El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo asegurará que las asociaciones de víctimas de accidentes de transporte colectivo forman parte activa, consultiva y permanente en todas las funciones que tenga encomendadas, a través de un grupo de trabajo, cuya composición y funcionamiento se determinarán por resolución del Defensor/a.
3. El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo intervendrá en cualquier accidente de transporte colectivo desde su inicio y hará seguimiento de las necesidades asistenciales a medio y largo plazo, incluso después del cierre de los dispositivos extraordinarios de emergencia.
4. Las funciones del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo se ejercerán sin perjuicio de las que corresponden a la AITAT, y en particular a su Unidad de asistencia familiar, en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes, respetando en todo caso su independencia funcional, así como del resto de competencias atribuidas por la Ley 2/2024, de 1 de agosto, y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
5. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en particular en materia de asistencia social, sanidad y transporte. Cuando afecten a dichas competencias, se desarrollarán mediante los instrumentos de cooperación previstos en el título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Con funciones de apoyo técnico al Defensor/a, se crea la Oficina del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, cuyo titular tendrá rango de director/a general.
2. Bajo la dependencia de la persona titular de la Oficina del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, existirán los siguientes órganos con rango de subdirección general:
a) La Secretaría General, a la que corresponden la gestión económico-administrativa y de personal de la Oficina, la preparación y seguimiento de los expedientes de contratación, encomiendas de gestión y convenios y las funciones previstas en el artículo 3.1 letra i).
b) La Subdirección General de Atención a las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, a la que corresponden las funciones previstas en el artículo 3.1 letras b), c), d), e), f), g).
Corresponden a la Oficina, a través de su titular, la coordinación de las subdirecciones generales que dependen de ella y las funciones recogidas en el artículo 3.1 letras a), h), j).
3. Directamente dependiente del Defensor/a, existirá un Gabinete Técnico con rango de subdirección general, como órgano con funciones de asesoramiento y apoyo directo a aquel.
El Defensor/a será nombrado por real decreto acordado en Consejo de ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
1. La contratación necesaria para el ejercicio de las funciones del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo se realizará a través de los órganos de contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de acuerdo con las competencias que tengan atribuidas y sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que procedan. La Oficina prestará el apoyo técnico necesario para la preparación y seguimiento de los expedientes.
2. El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo podrá realizar encomiendas de gestión en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tales encomiendas de gestión deberán enmarcarse en la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias.
3. El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo podrá suscribir los convenios, de acuerdo con la delegación de competencias que se efectúe al efecto, para el cumplimiento de sus funciones.
Se añade una letra c) al apartado 1 del artículo 6, con la siguiente redacción:
«c) El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de Subsecretaría, del que dependerá la Oficina del Defensor/a, con rango de dirección general.»
Uno. Se añade una letra c) al apartado 2 del artículo 1, con la siguiente redacción:
«c) El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de Subsecretaría, que depende directamente de la persona titular del Ministerio.»
Dos. Se añade un artículo 17, con la siguiente redacción:
«Artículo 17. Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.
1. El Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de Subsecretaría, depende directamente de la persona titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ejerce las funciones establecidas en el Real Decreto 981/2026, de 11 de noviembre, por el que se crea el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, y se modifican el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
2. Bajo la dependencia del anterior, existirá la Oficina del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de dirección general, de la que dependerán los órganos con rango de subdirección general previstos en el Real Decreto 981/2026, de 11 de noviembre. El Defensor/a contará, asimismo, con el Gabinete Técnico previsto en dicho real decreto.
3. La Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible prestará los servicios comunes necesarios para el funcionamiento del Defensor/a y de sus órganos dependientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a estos.»
Tres. Se modifica la letra d) del apartado 5 del artículo 2, que queda redactada como sigue:
«d) La colaboración con el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo en materia de asistencia a las víctimas y sus familiares, y la coordinación con este de las actuaciones en situaciones de crisis y emergencia en los modos de transporte.»
Cuatro. Se modifica el apartado 8 del artículo 2, que queda redactado como sigue:
«8. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, con rango de subdirección general, el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis en los modos de transporte, al que corresponde ejercer las funciones previstas en el apartado 5.»
En el plazo de 3 meses desde su nombramiento, el Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo analizará el marco normativo relativo a la atención de las víctimas de accidentes colectivos, con la participación activa de las asociaciones de víctimas y, en su caso, propondrá una mejora del mismo. El proyecto, deberá proponer la modificación, entre otras cuestiones, de la estructura institucional de atención a las víctimas, y de las formas de colaboración entre Administraciones públicas y demás servicios y entidades que participan en la atención de víctimas.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 11 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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