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ACTA DE LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-COLOMBIANA DE COOPERACIÓN

Madrid, 18 de noviembre de 2025.

El día 18 de noviembre de 2025 se firmó en Madrid el Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, prevista en el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica de 1979; en el Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación, suscrito 31 de mayo de 1988; en el Convenio Cultural de 1953 y finalmente, en el Tratado General de Cooperación y Amistad, suscrito en 1992.

En este contexto, ambas delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el período 2025-2029, que se describen en el documento Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con la República de Colombia.

La delegación del Reino de España estuvo presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, don José Manuel Albares.

La delegación de la República de Colombia estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores, doña Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.

La relación completa de participantes de ambas delegaciones se incluye como anexo I a la presente acta.

Ambas delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre ambos países y manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos que forman parte integrante de la misma:

– Marco de actuación: Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029.

– Consideraciones finales.

– Anexos.

● Lista de las delegaciones oficiales de España y de Colombia (anexo I).

● Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029 (anexo II).

I. MARCO DE ACTUACIÓN: MARCO DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ESPAÑA-COLOMBIA

El Marco de Asociación País (MAP) España-Colombia 2020-2024 (prorrogado hasta la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta) y el Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, de 26 de febrero de 2021, son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la cooperación hispano-colombiana para el desarrollo sostenible.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2020-2024, y tras la evaluación del mismo, se elaboró el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación, a ejecutar durante el periodo mencionado.

La elaboración del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia ha sido liderada por dos grupos:

Por el Reino de España, el Equipo País para la Coordinación de la Cooperación Española en Colombia (EPCE), conformado por: el Embajador de España (que lo preside); la Oficina de Cooperación Española (OCE), con tres representantes, asumiendo la coordinación y el secretariado del Equipo; el Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias; un representante de la Oficina Económica y Comercial; la Consejería de Educación; la Consejería Cultural; la Consejería de Trabajo y Migraciones; la Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina-Colombia; un representante de la Cámara Oficial Española de Comercio en Colombia; tres representantes de las ONGD españolas en Colombia; y la representante de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Por parte del Gobierno de Colombia, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación estuvo coordinado por las entidades que hacen parte de la Comisión de Planificación y Seguimiento, integrada por la Dirección de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La delegación española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional, con base a la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y de Solidaridad Global, aprobada el 20 de febrero de 2023, e indicó que el 23 de julio de 2024 se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, donde se califica a Colombia como país prioritario. Este nuevo marco de la cooperación española busca responder a los nuevos retos globales, priorizando modelos económicos de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el hambre y las desigualdades, alineándose a la Agenda 2030. La nueva política de cooperación española se fundamenta en el enfoque de derechos humanos, feminista, de diversidad cultural, de sostenibilidad medioambiental y justicia climática y de construcción de paz, apostando por la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible que garantice la igualdad entre todos los seres humanos.

La delegación colombiana informó asimismo de las prioridades de cooperación enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, titulado «Colombia, potencia mundial de la vida» con sus líneas estratégicas asociadas a organización del territorio alrededor del agua, reforestación de la Amazonía, y paz; y en la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia (ENCI) 2023-2026, con 4 objetivos de política principales: 1) promover la lucha contra el cambio climático, la justicia ambiental y la transformación productiva; 2) contribuir a la lucha contra el hambre y la atención, protección e inclusión de la población migrante; 3) promover una cultura de paz, justicia y lucha contra la desigualdad; 4) fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación.

El Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia (2025-2029) es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano sostenible, reducción de las desigualdades y construcción de paz. Integra a una diversidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través del diálogo, trabajo conjunto y coordinación entre gobierno, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.

Ambas delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de las metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de la ayuda y la eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Agenda Internacional de Eficacia.

Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029 y consideraciones para su adecuado cumplimiento.

El MA España-Colombia 2025-2029 pivota en torno a la construcción de una paz duradera y sostenible como objetivo principal. Asimismo, pone especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas, alineándose con las prioridades nacionales de desarrollo identificadas por el Estado colombiano, dando así continuidad a la trayectoria desarrollada por la cooperación española en el país.

Diseñado bajo un enfoque orientado a la gestión por resultados de desarrollo, busca acompañar los desafíos multidimensionales que enfrenta Colombia en su camino hacia la construcción de la paz, el desarrollo sostenible y la mejora del bienestar de su población.

El MA concentra los esfuerzos de la Cooperación Española en torno a cuatro resultados de desarrollo principales:

1) Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la construcción de una paz estable y duradera, la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos. Se trabajará tanto a nivel nacional, apoyando a las instituciones con competencias en implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de noviembre de 2016; como a nivel territorial, apoyando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En este resultado se impulsarán también políticas culturales para el desarrollo sostenible relacionadas con la memoria histórica, la construcción de paz y la prevención de conflictos.

2) Impulso de la igualdad de género y la lucha contra toda forma de violencia de género, fomentando la participación política de mujeres en espacios de toma de decisión e incidencia política y reforzando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos.

3) Fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y el acceso a los derechos humanos al agua y al saneamiento básico, con especial atención al fortalecimiento institucional y comunitario y a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

4) Fortalecer la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población, especialmente en el marco del proceso de paz, impulsando la generación de ingresos, las cadenas de valor, el derecho humano a la alimentación y la formación para el empleo.

Las intervenciones para contribuir a los resultados de desarrollo se concentrarán en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás».

Se estima que la AOD española destinada a Colombia se situará aproximadamente en los 167 millones de euros para el periodo 2025-2029, de los cuales 38,5 millones serán reembolsables, sin suponer estas cifras compromiso financiero por parte de España.

Como principales consideraciones para la correcta ejecución del Marco de Asociación, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de:

1) Buscar mecanismos y procesos que agilicen y faciliten la ejecución en forma y plazo de las subvenciones españolas a instituciones públicas colombianas, en el marco de la ley.

2) Mejorar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación de actores de cooperación, especialmente para la cooperación descentralizada con las entidades colombianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.

La delegación española expresó su gran preocupación por la situación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias –cuyo comodato con la Arquidiócesis de dicha ciudad vence en noviembre de 2027 y respecto del cual no se logró un acuerdo de renovación– y alerta de las graves consecuencias que tendría su clausura provocada por la decisión unilateral de la Arquidiócesis de no extender el comodato, al tiempo que reitera su mejor disposición para lograr un acuerdo que evite la clausura del Centro y poder continuar así su actividad en Colombia.

La delegación colombiana se solidarizó con la situación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y manifestó su apoyo a las soluciones que permitan que este importante epicentro de cultura y desarrollo permanezca en el país. Adicionalmente, resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento, especialmente en un contexto en el que la mayoría de donantes están reduciendo sus montos de cooperación con Colombia.

II. CONSIDERACIONES FINALES

Al término de la reunión, ambas delegaciones reiteraron su voluntad de continuar trabajando para fortalecer las acciones de cooperación de acuerdo con el alto nivel de sus relaciones bilaterales, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los Gobiernos y pueblos de España y Colombia.

La delegación colombiana agradeció a la Parte española su hospitalidad al acoger la celebración de la XI reunión de la Comisión Mixta hispano-colombiana de Cooperación al Desarrollo.

Y con la finalidad de consignar lo acordado durante la citada Comisión Mixta, suscriben el presente Acta en dos ejemplares en español, igualmente válidos, en la cuidad de Madrid, España, a día 18 de noviembre de 2025.

Por el Reino de España,	Por la República de Colombia,
José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación	Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Ministra de Relaciones Exteriores

Anexos:

– Lista de las delegaciones oficiales de España y Colombia. (Anexo I).

– Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029. (Anexo II).

ANEXO I

Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales

Delegación española

– Excmo. Sr. José Manuel Albares. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

– Excma. Sra. Eva María Granados Galiano. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Delegación colombiana

– Excma. Sra. Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. Ministra de Relaciones Exteriores.

– Sra. Laura Patricia García Mejía. Directora de Cooperación Internacional.

ANEXO II

Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible Colombia-España 2025-2029

Contenido:

1. Bases para la asociación.

1.1 Colombia: Análisis de contexto.

1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.

1.2.1 Personas.

1.2.2 Planeta.

1.2.3 Prosperidad.

1.2.4 Paz.

1.3 La cooperación española en Colombia.

1.4 Cooperación internacional en Colombia.

2. Resultados de desarrollo sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

2.2 Alcance territorial.

2.3 Marco de resultados.

2.3.1 Transición social.

2.3.2 Transición ecológica.

2.3.3 Transición económica.

3. Alianzas para la estrategia.

3.1 Red de alianzas.

3.2 Modalidades e instrumentos.

3.3 Recursos.

3.4 Riesgos.

4. Enfoques transversales.

5. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

5.1 Seguimiento.

5.2 Evaluación.

5.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

6. Anexos.

I. Siglas y abreviaturas.

II. Marco de resultados.

III. Matriz de riesgos.

IV. Red de alianzas.

V. Recursos financieros.

1. Bases para la Asociación

1.1 Colombia: Análisis de contexto.

Se estima que Colombia tiene una población de aproximadamente 52,7 millones de personas¹, de las que el 48,8 % son hombres y el 51,2 % mujeres. El 22,6 % de la población está entre 0 y 14 años, el 68,2 % entre 15 y 65 años y el 9,1 % de la población tiene 65 años o más².

¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda. Recuperado de: DANE-¿Cuántos somos? (Visitado el 21 de agosto de 2025).

² Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá (2024). Guía País Colombia 2024. Recuperado de: https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/020/documentos/2024/04/anexos/guia-pais-colombia-2024.pdf.

En el país conviven población blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo rrom o gitano. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 (ECV) 2023³, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estima que alrededor de 3.976.000 personas se identifican como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras en el país (el 7,6 % de la población nacional). Además, hay 710 resguardos indígenas titulados, ubicados en 27 departamentos, ocupando una extensión de 34 millones de hectáreas (el 29,8 % del territorio nacional) de las que muchas coinciden con parques naturales.

³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Resultados para población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2023.pdf.

Así, en Colombia existen múltiples especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas, todas ellas reconocidas y protegidas en el artículo I de la Constitución de 1991⁴: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria nacional, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».

⁴ Función Pública. Gestor Normativo. Constitución Política 1/91. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125.

Se trata, por tanto, de un país pluricultural y multilingüe. El castellano es reconocido como el idioma oficial de Colombia, pero en el país se hablan 64 lenguas amerindias, además del creole –lengua de raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina–, el palenquero –de las comunidades de San Basilio de Palenque– y el romaní o romanés (lengua rom). La Constitución reconoce que las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios.

La Constitución de 1991, de naturaleza garantista de los derechos humanos, reconoce también el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, entre otros. Asimismo, en su artículo 22 afirma el derecho a la paz, como sigue: «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento».

1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.

1.2.1 Personas.

1.2.1.1 Fin de la pobreza: indicadores de pobreza y su distribución.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2024⁵ estima que el 3,1 % de la población colombiana es de clase alta, el 32,4 % media, el 31,5 % vulnerable y el 33 % se encuentra en situación de pobreza extrema. En 2023, las estimaciones del Banco Mundial (BM)⁶ situaban la incidencia de pobreza multidimensional en el país en el 12,1 %. Esto implica una reducción de 7,5 puntos porcentuales en relación con 2018, cuando la tasa se ubicaba en el 19,6 % –últimas cifras recogidas en el Marco de Asociación País (MAP) con Colombia de la Cooperación Española 2020-2024–.

⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH– 2024. Recuperado de: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/819.

⁶ Banco Mundial. Índice de Gini-Colombia.

En cuanto a la distribución de la pobreza en los territorios, en las cabeceras la incidencia se ubica en el 8,3 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso la cifra asciende a 25,1 %. Es decir, que el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso triplica el de las cabeceras. Por regiones, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentan en el Caribe, con un 20,1 %, y el Pacífico (sin incluir al Valle del Cauca), con un 19,4 %. En tercer lugar, se ubica la región Central, alcanzando el 11,2 %. Por el contrario, las tasas más bajas se encuentran en Bogotá, con un 3,6 %; seguida de Valle del Cauca, con un 7,2 %; y, finalmente, las regiones de Antioquia y Oriental, con un 9,5 % y un 11,1 % respectivamente⁷.

⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín técnico. Pobreza multidimensional en Colombia. Año 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2023.pdf.

Con respecto a los índices observados según pertenencia étnica, de acuerdo con el Boletín Técnico sobre Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional de 2023⁸, se observó una incidencia del 36,9 % de pobreza multidimensional para la población indígena y del 29,5 % en la población que se reconoce como negra o afrocolombiana.

⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín Técnico-Principales indicadores de pobreza de la población víctima 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PM-PoblacionVictima-2023.pdf.

Por último, atendiendo a los datos desagregados por sexo, y debido a la disparidad en el acceso a recursos económicos existente entre hombres y mujeres, en 2023 el 37,7 % de las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina eran pobres y el 13,19 % extremadamente pobres. Sin embargo, estas cifras se reducen al 29,5 % y 9,5 % respectivamente, para las personas en hogares con jefatura masculina⁹.

⁹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

1.2.1.2 Seguridad alimentaria.

En Colombia, a partir de la información recopilada en la ECV (2023)¹⁰, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país cayó dos puntos porcentuales entre 2022 y 2023, al pasar de 28,1 % a 26,1 %. Es decir, mientras que, por falta de dinero u otros recursos, 28,1 de cada 100 hogares en 2022 disminuyeron la calidad, variedad y cantidad de alimentos a los que accedieron, al menos una vez durante los últimos 12 meses, la proporción bajó en 2023 a 26,1 de cada 100 hogares. No obstante, sigue contando con un 51 % de su población en situación de seguridad alimentaria marginal, lo que les hace susceptibles de caer en inseguridad alimentaria ante choques de diversa naturaleza.

¹⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024a). Boletín técnico Inseguridad alimentaria. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/FIES/bol-FIES-2023.pdf.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 2024 la inseguridad alimentaria afectó a 13 millones de personas a nivel nacional, de las que 1,6 millones se encontrarían en situación de inseguridad alimentaria severa.

El Ministerio de Salud y Protección Social¹¹ alerta de que la prevalencia de desnutrición aguda infantil aumentó del 0,24 % al 0,65 % entre 2017 y 2023. No obstante, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición experimentó un descenso del 23 % entre 2022, año en el que se recoge el mayor impacto del periodo posterior a la pandemia COVID-19, y 2023.

¹¹ Ministerio de Salud y Protección Social (2024). Boletín técnico. Disminuye la mortalidad por desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años en el país. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Disminuye-la-mortalidad-por-desnutricion-aguda-en-ninos-y-ninas-menores-de-cinco-anos-en-el-pais.aspx.

Estas fuentes revelan brechas extremas en el consumo de alimentos y agotamiento de los medios de vida, una problemática que golpea especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, trabajadores informales y migrantes. Además, cabe señalar que las cifras de inseguridad alimentaria de la población colombiana pueden verse agravadas por cuenta de factores como los confinamientos o las restricciones a la movilidad, generados por las dinámicas del conflicto armado.

1.2.1.3 Salud y bienestar.

Las estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social¹² en materia de afiliación proyectan una cobertura del Sistema de Salud del 98,45 % para junio de 2025, lo que dejaría al 1,25 % de la población nacional sin acceso a la cobertura sanitaria. De los casi 52,3 millones de afiliados, alrededor del 44 % se encontrarían en régimen contributivo, mientras que el 51 % serían subsidiados y el 4 % en regímenes especiales o de excepción.

¹² Ministerio de Salud y Protección Social. Cifras de afiliación en salud (Visitado el 21 de agosto de 2025).

No obstante, estas mismas estimaciones reflejan brechas en el acceso a la salud dentro del territorio colombiano, que se observan a nivel regional, departamental y municipal. Así, mientras en el Valle del Cauca la cobertura es del 93 %, en Nariño es del 86,4 %, en el Cauca del 85,4 % y en el Chocó no alcanza el 74 %, cayendo para algunos de sus municipios, como el Litoral de San Juan, al 37 %.

En la misma línea, el Índice de Salud Rural 2024¹³ advierte de las grandes desigualdades que se observan dentro del territorio colombiano en materia de atención a la salud. Se apunta a factores como la distribución irregular de médicos entre municipios, pues estos se concentran fundamentalmente en áreas urbanas, o a la escasa prestación de algunos servicios esenciales como telemedicina, salud mental o mamografías en las zonas rurales. Además, también se evidencian carencias en la atención psicosocial y, de manera generalizada, una falta de servicios de salud mental, que resulta en mayores afectaciones en aquellos territorios donde se concentran el conflicto armado y la violencia.

¹³ Así Vamos en Salud (2025). Índice de Salud Rural 2024 (ISR). Recuperado de: https://www.asivamosensalud.org/actualidad/indice-de-salud-rural-2024#:~:text=En%20zonas%20rurales%20de%20Colombia,supera%20el%2037%2C3%25.

1.2.1.4 Educación.

Atendiendo a los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Educación Nacional¹⁴, la tasa de analfabetismo en Colombia registra una reducción significativa en los últimos años, pasando de 5,24 % en 2017 a 4,38 % en 2021. Asimismo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)¹⁵, la proporción de jóvenes entre 25 y 34 años sin educación secundaria superior, disminuyó 9 puntos porcentuales entre 2016 y 2023, ubicándose en un 22 %.

¹⁴ Ministerio de Educación Nacional. (2022). Deserción escolar en Colombia: análisis, determinantes y política de acogida, bienestar y permanencia. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_34.pdf.

¹⁵ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. GPS Educativo-Colombia: Panorama General del sistema educativo. Recuperado de: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=COL&treshold=5&topic=EO.

Al respecto, al interior del territorio colombiano se evidencian importantes desigualdades. El BM¹⁶ advierte de la prevalencia de una importante brecha regional en las tasas de analfabetismo, que es cinco veces mayor en el departamento de La Guajira que en Cundinamarca o tres veces mayor en Chocó que el promedio nacional.

¹⁶ Banco Mundial. (2021). Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. Recuperado de: https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf.

En lo que respecta al nivel de años de educación acumulados por la población colombiana en edad de estudiar, entre los 15 y 24 años, el promedio es de 10,2 (lo que equivale a la culminación de 10° grado de media), según la ECV 2023¹⁷. No obstante, del análisis de este indicador por área se desprenden diferencias importantes entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Así, mientras para Bogotá D.C. el promedio es de 11,3 años de educación, esta cifra desciende hasta 5,8 años en el caso de Vichada, 7,9 para Guainía u 8,5 en Chocó y la Guajira.

¹⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2023.

En cuanto a la cantidad de alumnos matriculados, en conjunto, seis departamentos (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar) concentran aproximadamente el 49,8 % de la matricula a nivel nacional, lo que representa casi la mitad de la población estudiantil del país. Por su parte, Guainía o Amazonas no solo se encuentran a la cola en número de alumnos matriculados, sino que este dato ha experimentado una variación negativa del –4,8 % y –7,1 % respectivamente con respecto al informe anterior.

1.2.1.5 Igualdad de género.

De acuerdo con los datos publicados por la Defensoría del Pueblo¹⁸, entre enero y septiembre de 2024 se contabilizaron 745 feminicidios en el país. Sumados a los contabilizados por el Observatorio Colombiano de Feminicidios¹⁹ en años anteriores, 641 en 2023, 770 de 2022 y 951 de 2021, revelan una realidad preocupante. Respecto a violencias contra personas LGTBIQ+, en 2023 hubo 159 homicidios, lo que implica un aumento del 7,4 % respecto a 2022, sobre todo en relación con la violencia ejercida contra mujeres trans²⁰. En la actualidad, no existe un sistema de recogida de datos unificado, sino que distintas entidades territoriales, observatorios independientes y organizaciones feministas y de mujeres asumen la labor empleando diferentes criterios, generando variabilidad en las cifras y un importante subregistro.

¹⁸ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

¹⁹ Observatorio Colombiano de Feminicidios. Feminicidios Colombia-Víctimas.

²⁰ Colombia Diversa (2023). La realidad de la discriminación. Boletín de homicidios contra personas LGTBIQ+ 2023. Recuperado de: Boletin-homicidios-LGBT.pdf.

La Defensoría del Pueblo²¹ también registró 26.605 hechos de violencia de pareja entre enero y septiembre de 2024, lo que supone un aumento del 26 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF)²² reportó un total de 22.106 posibles agresiones sexuales, de las cuales 19.341 fueron contra mujeres y 17.653 contra niños, niñas y adolescentes (NNA). En cuanto al matrimonio infantil, en 2018 el Censo de Colombia reportó que el 1,8 % de las niñas entre 10 y 14 años y el 15 % de las adolescentes entre 14 y 19 años estaban casadas o en unión²³. En estos rangos de edad también se registraron 3.468 nacimientos en niñas y 79.287 en adolescentes.

²¹ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

²² Subdirección de Estudios Forenses. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2024). Boletín estadístico mensual. Diciembre de 2024. Recuperado de: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1003294/Boletin_diciembre_2024.pdf.

²³ Dirección Nacional de Planeación (2019). Diagnóstico matrimonio infantil y uniones tempranas en Colombia-Subdirección de Género. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documentos/Diagnostico-Matrimonio-Infantil-Uniones-Tempranas.pdf.

Para romper los ciclos de violencia descritos, la autonomía económica de las mujeres se considera fundamental. Sin embargo, según un estudio elaborado por ONU Mujeres y el DANE²⁴ en 2023, las mujeres tienen una probabilidad casi tres veces mayor (30,4 %) que los hombres (11,7 %) de no contar con ingresos propios. Además, de acuerdo con este mismo informe, el ingreso laboral mensual promedio de las colombianas es un 6,6 % más bajo que el de sus contrapartes hombres.

²⁴ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

En lo que respecta a su participación política, tras las elecciones de 2022, las mujeres pasaron a ocupar casi el 30 % de los escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que continúa posicionando a Colombia por debajo del promedio de América Latina (35,8 %), con una política pública que aún no es completamente paritaria²⁵.

²⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

Otros temas relevantes en materia de igualdad de género son la lucha contra las redes de trata y prostitución, la transformación de los roles y estereotipos de género que persisten en el ámbito sociocultural y la reducción de la brecha digital, la brecha pensional o la brecha en los tiempos dedicados a los cuidados y lo asistencial. A ello se añaden los riesgos diferenciales y las crecientes amenazas que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

1.2.1.6 Población migrante y refugiada venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida.

A pesar de los cambios experimentados en las rutas migratorias que atraviesan el país, la población proveniente de Venezuela representa el grupo de personas migrantes y refugiadas más importante en Colombia. Según los datos del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)²⁶, actualizados en septiembre de 2024, casi 2,81 millones de venezolanos se encuentran residiendo en Colombia. De estos, 2,35 millones se encontraría en situación regular, 460.000 en proceso de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección de migrantes venezolanos (EPTV), y aproximadamente 450.000 con estatus irregular, lo que refleja importantes logros en la política de acogida a migrantes establecida por el Estado Colombiano.

²⁶ Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Cifras clave.

En lo que respecta a la población en tránsito, las personas venezolanas representan el 73 % de los movimientos registrados en la región de Urabá-Darién en 2024, lo que implica una disminución del 31 % con respecto a 2023²⁷. Este descenso se explica porque, pese a que, tradicionalmente, el flujo migratorio ha tenido a los países de Norteamérica como destino preferencial, y a la región del Darién como paso obligado, las medidas de restricción para migrantes implementadas por el gobierno de Estados Unidos, desde finales del año 2024, ha provocado un crecimiento importante en la migración inversa (desde los países del norte hacia el sur). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se calcula que en promedio están ingresando 84 personas diarias a Colombia por la frontera con Panamá, de forma que «Colombia se enfrenta a una nueva dinámica migratoria, con un notable flujo inverso de personas que ahora ingresan al país a través de las zonas fronterizas»²⁸.

²⁷ Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia. (2025). Análisis situacional. Situación de la población refugiada y migrante en la región de Urabá-Darién. https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-situacion-de-la-poblacion-refugiada-y-migrante-en-el-uraba-darien-diciembre.

²⁸ Defensoría del Pueblo (1 de marzo de 2025). Migración inversa en Colombia: Defensoría del Pueblo entrega recomendaciones para enfrentar nuevo flujo migratorio. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/-/migracion-inversa-en-colombia-defensoria-del-pueblo-entrega-recomendaciones-para-enfrentar-nuevo-flujo-migratorio.

No puede olvidarse que la migración irregular incrementa la vulnerabilidad de las personas, sobre las que persisten riesgos de revictimización. Un informe que la Relatora Especial de NNUU para la trata de personas publicó tras visitar Colombia en 2023²⁹ informaba que los niños, las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas con discapacidad corrían especial riesgo de sufrir violencia sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos, incluida la trata de personas, durante su tránsito por el Tapón del Darién.

²⁹ Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2024). Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally. Recuperado de: https://docs.un.org/es/A/HRC/56/60/Add.1.

1.2.1.7 Personas en situación de discapacidad.

En Colombia, la ECV 2021³⁰ reporta 2.847.000 personas con al menos una discapacidad, de las que aproximadamente el 54,9 % son mujeres y el 45,1 % son hombres. Las pirámides poblacionales por edad y sexo muestran el avance del proceso de envejecimiento en la población general, así como sus efectos sobre la estructura de la discapacidad, que también se muestra más envejecida para el año 2024.

³⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023). Nota estadística N°1 de 2023. El diamante del cuidado frente a la experiencia de la discapacidad en Colombia. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas-casen/abril-2023-DiscapCuidadores.pdf.

Según los datos publicados en la encuesta, el 79,5 % de la población con discapacidad se localiza en las cabeceras municipales, mientras que el 20,5 % está en centros poblados y rural disperso. Además, se advierte que, de las 2.847.000 personas con al menos una discapacidad, el 47,6 % presenta dificultades severas y requiere cuidados permanentes asumidos en un 75 % por alguna persona en el hogar. Se estima que aproximadamente el 2 % de los colombianos padecen alguna discapacidad motriz, con causas principales asociadas a accidentes de tránsito o al conflicto armado, que puede derivar en una o varias amputaciones.

Las brechas socioeconómicas, poblacionales y territoriales entre las personas con discapacidad y el resto de la población se manifiestan en el acceso a educación, trabajo, salud, tecnologías de información y exclusión en las decisiones de política pública, así como en participación política.

1.2.2 Planeta.

1.2.2.1 Agua y saneamiento.

El último reporte sobre Servicios Públicos Domiciliarios del DANE³¹ muestra coberturas generales elevadas en agua y saneamiento. En 2021, más de 46 millones de personas tenían acceso a soluciones adecuadas de agua potable, con un crecimiento del 7,6 % desde 2018. Ese mismo año, el 88,7 % de la población contaba con alcantarillado adecuado y el 82,5 % de los hogares con servicio de recolección de basuras, aunque con un leve descenso reciente.

³¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023). Reporte Estadístico de Servicios Públicos Domiciliarios. Acueducto, alcantarillado y aseo 2023. https://www.sen.gov.co/sites/default/files/pagina-migraciones-files/2024-06/Reporte-estadisticos-sspp-AAA300524.pdf.

Persisten, sin embargo, amplias diferencias territoriales. Mientras en las ciudades la cobertura de agua y aseo es prácticamente universal, en las cabeceras municipales de los municipios PDET³² y el área rural dispersa persisten grandes brechas, particularmente en saneamiento (68,5 puntos porcentuales) y en acceso a acueducto (46,7 puntos porcentuales)³³.

³² Municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial del Acuerdo de Paz de 2016.

³³ https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-PDET-ECV-2024.pdf.

1.2.2.2 Biodiversidad, deforestación y potencial de aprovechamiento de espacios naturales.

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero enfrenta graves desafíos ambientales, principalmente la deforestación y degradación de ecosistemas. La gestión de estos desafíos es crucial para el futuro sostenible del país.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible³⁴, el país cuenta con 59,3 millones ha de bosque natural, de las cuales el 65,5 % está en la Amazonía. Entre 2005 y 2021 se perdieron más de 2,5 millones ha, alcanzando un máximo histórico de 219.552 ha en 2017. En 2023, la deforestación nacional se redujo un 36 % respecto a 2022 y un 61 % frente a 2021³⁵; concretamente, en la Amazonía la tasa fue la más baja en 23 años (44.274 ha frente a 71.185 ha en 2022). Entre las principales causas se encuentran la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de madera y minerales, y la praderización para acaparamiento de tierras.

³⁴ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Informe Anual 2022. Actualización de cifras oficiales de monitoreo de bosque natural y deforestación en Colombia. Recuperado de: https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2024/04/Cifra_Actualizacion_Deforestacion2022_julio2023rp_v4.pdf.

³⁵ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (8 de julio de 2024). Gobierno Petro logra la mayor reducción de la deforestación en la historia de Colombia. Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/gobierno-petro-logra-la-mayor-reduccion-de-la-deforestacion-en-la-historia-de-colombia/.

Aun con esta tendencia a la baja, el problema persiste en territorios étnicos: en 2024, más del 15 % de la deforestación nacional ocurrió en estas áreas. En los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes se registró un aumento de 11.852 ha deforestadas en 2022 a 29.000 ha en 2021³⁶. Aquí confluyen factores complejos como la extracción ilícita de minerales y madera por empresas multinacionales y locales, así como la expansión de la frontera agrícola. Los grupos armados son actores centrales en el avance de este fenómeno.

³⁶ https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Resultados-monitoreo-cultivos-2023-no-son-ajenos-a-presion-global-por-aumento-de-demanda.aspx.

La contaminación ambiental, especialmente de fuentes hídricas, es otro desafío. La minería ilegal de oro y el uso de mercurio afectan gravemente la salud y el bienestar de comunidades ribereñas.

La gestión de los 31 millones de ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) constituye un reto mayor: estas áreas son fundamentales para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la adaptación climática, pero sufren presión debido a las actividades ilícitas. En 2024, el 48 % de los cultivos de coca se concentraba en Parques Nacionales, territorios colectivos y reservas forestales³⁷. Esta gestión se complica por la superposición de áreas protegidas con resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes (33 %), donde habitan unas 25.000 familias en condiciones de vulnerabilidad. Es por ello necesario dotar de alternativas económicas y de desarrollo sostenible a estas comunidades para conseguir una protección efectiva y sostenible de estos espacios naturales.

³⁷ Ministerio de Justicia (19 de octubre de 2024). Resultados del monitoreo a cultivos de coca hecho en 2023 no son ajenos a la presión global por aumento de la demanda. Recuperado de: https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Resultados-monitoreo-cultivos-2023-no-son-ajenos-a-presion-global-por-aumento-de-demanda.aspx.

1.2.2.3 Susceptibilidad a desastres naturales y cambio climático: adaptación y mitigación.

La posición geoestratégica de Colombia, en el trópico y entre los océanos Atlántico y Pacífico, la hace altamente susceptible a desastres hidrometeorológicos y fenómenos climáticos extremos. La intervención humana y concretamente la deforestación y la expansión de la frontera agrícola y ganadera, agrava esta situación, afectando de manera directa al desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente a aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)³⁸, en el ejercicio de 2024 registró cerca de 9.000 fenómenos naturales extremos en todo el país. Las condiciones geológicas y climáticas provocan que la mayoría de los desastres que ocurren en el territorio sean de origen hidrometeorológico, lo que se ve acentuado por las intervenciones antrópicas, como el uso del suelo en actividades agrícolas, ganaderas y la deforestación. Así, se contabilizaron 6.293 incendios forestales y 644 inundaciones.

³⁸ Presidencia de Colombia (27 de diciembre de 2024). En 2024 se registraron más de 9.000 emergencias por fenómenos naturales, la mayoría incendios forestales. Recuperado de: https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/En-2024-se-registraron-mas-de-9000-emergencias-por-fenomenos-naturales-la-mayoria-incendios-forestales-241227.aspx.

En cuanto a las afectaciones humanas, el Registro Único de Damnificados (RUD)³⁹ reportó en 2024 un total de 482.533 personas y 137.489 viviendas afectadas en la temporada de lluvias (inundaciones, vendavales, movimientos en masa, erosión costera y torrenciales), y 178.343 personas y 20.752 viviendas en la temporada seca (sequías e incendios).

³⁹ Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Registro único de Damnificados.

El análisis de Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)⁴⁰ identifica como principales efectos el aumento de la inseguridad alimentaria, la pérdida acelerada de hábitat humano y la afectación de infraestructura. Se estima que para 2040 el 59 % de los municipios estará en riesgo entre «Medio» y «Muy Alto», y el 25 % en Riesgo Alto, siendo las regiones más expuestas la Andina, Amazónica y Pacífica.

⁴⁰ Sistema de Información Ambiental de Colombia. Vulnerabilidad, Riesgo y adaptación.

Ante este panorama, la adaptación y mitigación se consolidan como prioridades nacionales, con un sólido marco legal encabezado por la Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática), que fija metas de desarrollo resiliente y bajo en carbono. Este marco se complementa con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la NDC actualizada en 2020, que concretan los compromisos internacionales del país. En conjunto, estas iniciativas buscan reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia comunitaria, priorizando a las poblaciones en mayor riesgo.

1.2.3 Prosperidad.

1.2.3.1 Información macroeconómica.

Según datos de la ECV 2023⁴¹, para ese año, el PIB de Colombia fue de 1.572.458 miles de millones de pesos y la renta per cápita alcanzó los 6.964 dólares estadounidenses (US$). Así, la economía se encuentra retornando a su senda de crecimiento habitual, tras las elevadas tasas de crecimiento del 10,8 % y 7,3 % experimentadas en 2021 y 2022 respectivamente, como síntoma de recuperación tras la pandemia del COVID-19. Cabe recordar que, en 2020, se observó una contracción del PIB de 7,2 % que provocó una importante pérdida temporal de empleo y elevó la tasa de desempleo a niveles superiores al 20,0 % durante algunos meses.

⁴¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). PIB por departamento. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales.

Se espera que la economía continúe mejorando su desempeño y que la inflación regrese al objetivo de las autoridades monetarias. El crecimiento se proyecta en 2,7 % para 2025 y 3,0 % para 2026, apoyado por una política monetaria menos restrictiva, así como por la recuperación de la inversión pública y privada. Por su parte, la inflación se proyecta en 4,5 % en 2025 y 3,2 % en 2026, acercándose al objetivo de 3,0 % fijado por el Banco de la República. Sin embargo, este pronóstico está sujeto a riesgos a la baja relacionados con choques geopolíticos y tensiones comerciales que puedan afectar la actividad mundial.

1.2.3.2 Empleo.

Para el mes de enero de 2025, según determina el DANE⁴², la tasa de desocupación del total nacional fue 11,6 %. En cuanto a las tasas de informalidad, en el último trimestre de 2024, se reportó una proporción de personas ocupadas informales del 55,8 %.

⁴² Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE-Empleo y desempleo.

Atendiendo a los datos desagregados por sexo, un análisis del DANE sobre la GEIH 2024⁴³ muestra que, para el último trimestre de 2024, la tasa de desocupación se situó en el 11,2 % para las mujeres y del 7,1 % para los hombres. Además, las mujeres ocupadas en Colombia ganaron, en promedio, un 6,3 % menos al mes que los hombres durante 2024. Las brechas salariales más significativas se producen en mujeres con bajos niveles educativos, llegando al 39,3 % de diferencia en zonas rurales.

⁴³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Boletín Técnico. Mercado laboral según sexo. Recuperado de: Boletín mercado laboral según sexo.

1.2.3.3 Economía y desarrollo rural.

Hasta julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT)⁴⁴ registraba 934 resguardos indígenas formalizados, que suman más de 35.069.072 ha –el equivalente al 30,7 % del área continental del país aproximadamente–. En cuanto a los Consejos Comunitarios Afrodescendientes con Titulación Colectiva de la propiedad, en 2024 se contabilizan 262, un total de 5.700.656 ha donde viven 418.440 personas. Además, existen 213 Consejos Comunitarios solicitantes de titulación que cumplen con los requisitos y que, en total, pretenden un total de 759.717 ha que albergarían a 115.259 personas más⁴⁵.

⁴⁴ Agencia Nacional de Tierras. Portal de Datos Abiertos-Resguardo Indígena Formalizado.

⁴⁵ Consejo Nacional Afrocolombiano (2024). Declaración Política Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios del Pueblo Negro Afrocolombiano. Recuperado de: https://conpa.org.co/images/CONSEJOS_COMUNITARIOS/Declaracion_Politica_Encuentro_Nacional_de_Consejos_Comunitarios_abril_2024.pdf.

En relación con el empleo, los últimos datos del DANE⁴⁶ sobre indicadores del mercado laboral para la población campesina, estiman una TGP del 60,8 % en 2024, más de un 4 % menos que la población no campesina, y una tasa de ocupación del 55,7 %, casi el 3,5 % menos que la población no campesina. La rama de actividad con mayor participación de población campesina ocupada fue Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (42,8 %), seguida de Comercio y reparación de vehículos (12,1 %).

⁴⁶ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Mercado laboral de la población campesina. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPC-oct-dic2024.pdf.

Entre otros indicadores relevantes, las subregiones rurales, remotas y cercanas a ciudades, presentan altos niveles de pobreza multidimensional, con importantes carencias asociadas a distintas variables. Entre ellas, el bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetismo, informalidad del empleo, menor acceso a servicios de salud y servicios públicos domiciliarios, restricciones en la conectividad a internet (8,7 % a banda ancha), falta de infraestructuras, escasa y débil presencial estatal, insuficiente tecnificación de los procesos, falta de relevo generacional, etc.

Además de estos problemas, la actividad armada y la producción y tráfico de ilícitos desestructuran la asociatividad rural, laminan los liderazgos comunitarios, desplazan población a cabeceras municipales que no tienen capacidad de absorber esa mano de obra y generan despoblación en el campo y marginalidad e inseguridad en centros urbanos.

1.2.3.4 Economías ilícitas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)⁴⁷ estima que el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos supera las 200.000, siendo el principal productor de cocaína del mundo. Nariño sigue siendo el departamento con mayor cantidad, a pesar de presentar una reducción del 8 % en el área sembrada con coca. Por su parte, Putumayo, Meta y Chocó también redujeron los cultivos de coca. Los mayores incrementos se han producido en Norte de Santander, con un 19 %; Bolívar, en un 39 %; y Cauca, con un 7 %.

⁴⁷ Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2024). Colombia. Monitoreo de Territorios con presencia de cultivos de coca 2023. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf.

La minería ilegal es otro de los componentes relevantes de las economías ilegales. En el informe de la UNODC, se identifica que las áreas afectadas en el país por la extracción ilícita de oro pasan de 92.046 en 2020 a 98.028 en 2024 y que el 48 % de estas áreas se encuentran dentro de zonas de áreas naturales protegidas. Constituye un eje central en la financiación del conflicto armado y genera grandes efectos ambientales nocivos por el vertimiento de altos niveles mercurio en fuentes hídricas y fenómenos de deforestación.

Asimismo, entre otras economías ilícitas, destacan el contrabando, la falsificación y adulteración de productos, el lavado de activos o la trata a de personas. Según la DIAN⁴⁸, el contrabando en Colombia representó el 2 % del PIB nacional en 2023 y las bandas criminales reciben cada año por lavado de activos y financiación del terrorismo el equivalente al 1,3 % del PIB de Colombia.

⁴⁸ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (8 de abril de 2025). En Cartagena, Director general DIAN anuncia meta de disminución del contrabando para 2026. Comunicado de Prensa N°035. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-035-2025.aspx.

1.2.3.5 Principales problemas que afectan a instituciones y poderes públicos en Colombia.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, ubican al país en el puesto 92 de 180, descendiendo 5 puestos en el ranking global⁴⁹. Según la Encuesta de Cultura Política (2023) del DANE⁵⁰, el 51,5 % de las personas adultas mayores de 18 años, al ser indagadas sobre cómo perciben el nivel de corrupción en el país, consideran que dicho nivel ha aumentado con respecto al resultado de 2021.

⁴⁹ Transparencia por Colombia (2025). Colombia no logra superar sensación de corrupción generalizada. Comunicado 1-2025. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/colombia-no-logra-superar-sensacion-de-corrupcion-generalizada/#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20febrero%2011%20de%202025,es%20percibido%20como%20muy%20corrupto.

⁵⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín técnico-Encuesta de Cultura Política 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECP/bol-ECP-2023.pdf.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND)⁵¹ identifica como problemas de las Administraciones Públicas los relacionados con duplicidad de funciones, insuficiente integración e interoperabilidad de sistemas de información, así como carencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación. La planeación e inversión de proyectos del GNC, en el marco del PND 2022-2026, se realiza de forma coordinada con el nivel territorial, aunque los flujos de financiación de la descentralización son lentos e insuficientes.

⁵¹ Departamento Nacional de Planeación (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026.

Además, la desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a nivel municipal, sus deficiencias de información y la falta de incorporación en los mismos de estudios básicos sobre riesgos de desastres se relaciona, entre otras cuestiones, con la correspondiente desactualización de la cartografía y el catastro, que no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de información territorial.

1.2.4 Paz.

1.2.4.1 Conflictividad y violencia en Colombia: fenómenos y contexto.

Después de más de 60 años de conflicto armado, y ocho años después de la firma, en noviembre de 2016, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), el conflicto se ha transformado ante el fortalecimiento de otros grupos armados organizados y delictivos que se disputan el territorio antes controlado por las extintas FARC-EP, con una relación directa con la continuidad del negocio de las economías ilícitas. La necesidad de consolidación de presencia institucional en estos territorios, en términos de provisión de servicios básicos, es imperativa para evitar la expansión y el control social que ejercen los grupos armados.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)⁵² de 2023 señala que el 79 % de las personas encuestadas consideraban que el conflicto armado se había mantenido en sus comunidades o que podía reactivarse. Asimismo, ha aumentado la percepción de que las organizaciones criminales y los grupos armados son responsables de impartir justicia en los territorios, pasando del 8,8 % en 2021 al 22,4 % en 2023; mientras que la percepción de la ciudadanía sobre que es el Estado quien imparte justicia en el territorio descendió del 73,6 % en 2021 al 52,9 % en 2023.

⁵² Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia. (s/f). Escuchar la Paz-Informe 2024. https://www.undp.org/es/colombia/paz-justicia-reconciliacion/escuchar-la-paz.

En 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)⁵³ verificó 72 masacres⁵⁴, lo que implica una disminución del 27 % con respecto a las verificadas en 2023. Estas masacres dejaron 252 víctimas, 12 de ellas pertenecientes a pueblos étnicos.

⁵³ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2025). Situación de los derechos humanos en Colombia-Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2025/02/02-24-2025-Final-Informe-Anual-Alto-Comisionado-Colombia-Castellano.pdf.

⁵⁴ Ejecución extrajudicial de tres o más personas en un mismo evento.

La violencia tiene consecuencias especialmente intensas en los territorios rurales y rurales dispersos, donde se contabilizan más de 260.000 muertos y 80.000 desaparecidos desde que comenzó el conflicto. Por regiones, la Defensoría del Pueblo⁵⁵ considera que Chocó, Cauca y Nariño, todos ellos en la región Pacífico, son los departamentos con mayor incidencia por el conflicto armado en 2024. En este sentido, es necesario poner el foco también en la emergencia que se ha desatado en el Catatumbo (Norte de Santander) durante el primer trimestre de 2025⁵⁶, afectando a más de 80.000 personas y disparando la cifra de desplazamientos forzados.

⁵⁵ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

⁵⁶ OCHA. (2025b). Colombia | Reporte de Situación No. 01: Impacto humanitario por desplazamiento masivo y confinamiento en Catatumbo (Norte de Santander). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-reporte-de-situacion-no-01-impacto-humanitario-por-desplazamiento-masivo-y-confinamiento-en-catatumbo-norte-de-santander.

De la misma manera, el conflicto tiene impactos diferenciales para los grupos étnicos. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)⁵⁷ en 2024 fueron desplazadas 51.623 personas –un 18 % menos que en 2023– de las que al menos el 50 % pertenece a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, se estima un total de 138.419 personas confinadas durante 2024, lo que supone un alarmante aumento del 58 % respecto al año anterior, y que eran en un 66 % de pueblos indígenas y afrodescendientes.

⁵⁷ OCHA. (2025). Cifras de desplazamiento forzado y medición de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-cifras-de-desplazamiento-forzado-y-medicion-de-superacion-de-la-situacion-de-vulnerabilidad-ssv.

Además, el ya citado informe de la Defensoría del Pueblo hace énfasis en los mayores riesgos que el conflicto armado supone para las mujeres y las niñas, incluyendo migrantes, indígenas, afrodescendientes, mujeres en condición de vulnerabilidad y lideresas. La OACNUDH refiere un aumento en el número de asesinatos y castigos contra las mujeres defensoras, así como en casos de violencia por razón de género, ejercidos como forma de control social y territorial por los actores armados, y de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Preocupa especialmente la incidencia de la violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas y afrodescendientes, personas migrantes y NNA víctimas de reclutamiento, así como la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, incluyendo información sobre violaciones, uniones tempranas y anticoncepciones forzadas afectando a niñas reclutadas menores de edad. Asimismo, documentó casos de homicidios, amenazas, desplazamientos y lesiones contra personas por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa.

Por último, entre las diferentes formas de violencia que se enfrentan en estos territorios destacan, por su gravedad y frecuencia, las amenazas, atentados y asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, de la implementación del AFP, de la restitución de tierras, de la sustitución de cultivos, de la naturaleza, de los derechos LGTBIQ+ y/o de personas firmantes de paz El último informe del Secretario General de NNUU⁵⁸ sobre los hallazgos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (MVNU) informa que, en cuanto a la violencia contra excombatientes, la Misión registró el asesinato de 11 exmiembros de las FARC-EP en 2024. El número total de homicidios de excombatientes desde la firma del AFP es de 406 (incluidas 11 mujeres, 57 afrocolombianos y 49 indígenas).

⁵⁸ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (26 de diciembre de 2023). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. https://docs.un.org/es/S/2023/1033.

Desde 2022, en cumplimiento del numeral 6.1.1 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno llevó a cabo un proceso de revisión del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI). Esto permitió ajustar indicadores, mejorar su medición y reconfigurar la visión estratégica del AFP como política de Estado a corto, mediano y largo plazo, incluyendo elementos fundamentales pactados en el AFP que no fueron contemplados en la formulación inicial y estableciendo con mayor precisión las responsabilidades institucionales. Igualmente, esta revisión persigue incorporar los enfoques diferenciales y robustece los compromisos de la institucionalidad frente a los componentes de género y étnico.

Asimismo, continúa la implementación de la Reforma Rural Integral, del que trata el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, mediante la implementación de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, los PDET, el catastro multipropósito y el acceso y formalización de tierras, ya que permite dar cuenta de prioridades para la aceleración en la implementación del AFP.

1.2.4.2 Víctimas.

Con corte a 31 de enero de 2025, el Registro Único de Víctimas (RUV)⁵⁹ tiene reconocidas 9.888.182 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho a raíz del conflicto. De estas, 7.717.477 son reconocidas como víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley, mientras que las 2.170.705 restantes han resultado fallecidas, desaparecidas forzadas, víctimas de homicidio o no están activas para la reparación ofrecida.

⁵⁹ Registro Único de Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV) | Unidad para las Víctimas (Visitado el 05 de marzo de 2025).

Según cifras reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ⁶⁰, hasta agosto de 2024 se incluyó un total de 1.183 sujetos en ruta de reparación colectiva. Con respecto a la restitución de tierras despojadas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT)⁶¹, encargada del proceso de tramitación administrativa de las reclamaciones, ha recibido un total de 162.293 solicitudes de inscripción presentadas por 143.105 titulares, a 31 de enero de 2025. Hasta la fecha, se han restituido un total de 814.000 hectáreas del total de 6.500.000 que fueron abandonadas o despojadas, lo que equivale a un 12,5 %⁶². Al ritmo que se implementa esta política, y dado que su carácter transicional la extiende hasta 2031, se corre el riesgo de excluir de la restitución y/o reparación a la mayoría de las víctimas del país.

⁶⁰ https://www.unidadvictimas.gov.co/.

⁶¹ Unidad de Restitución de Tierras. Estadísticas de Restitución.

⁶² Fundación Forjando Futuros (febrero de 2025). Análisis de las restituciones en el país. Recuperado de: INFOGRAFIA-FEBRERO-2025.

1.2.4.3 Afectados por Minas Antipersona.

El incremento en la utilización de minas antipersona es una gran preocupación en el marco de las nuevas dinámicas del conflicto armado posterior a la firma de AP de 2016. La confrontación territorial entre grupos armados ha supuesto la «siembra» de nuevas minas en territorios, fundamentalmente en Nariño, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Cauca. Según las Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas⁷¹, en 2024 se registraron un total de 104 víctimas, de las cuales 43 pertenecían a la fuerza pública y el resto eran civiles.

Se resalta el compromiso de Colombia en su lucha contra las minas antipersonal, este año solicitó una prórroga para extender el plazo de cumplimiento de sus compromisos ante la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, la cual se encuentra en proceso de aprobación.

1.2.4.4 Reclutamiento y uso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA).

La Defensoría del Pueblo⁶³ ha alertado de un incremento del 49 % en las violaciones graves de los derechos humanos de NNJA en el marco del conflicto, siendo el reclutamiento forzado una de las problemáticas más alarmantes. De acuerdo con el informe, durante el 2024 se registraron al menos 463 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con un 74 % de los casos concentrados en el Pacífico colombiano y la frontera con Venezuela.

⁶³ Acción Integral Contra Minas Antipersonal (2025). Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y MUSE [Data set]. Recuperado de: https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas.

De igual forma, el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas⁶⁴ ha manifestado su preocupación por el aumento del reclutamiento y utilización de NNJA en el marco del conflicto. El informe hace un llamado explícito a fortalecer las acciones de prevención y protección de estos y exhorta a buscar soluciones duraderas para los NNA desplazados internos, prestando atención específicamente a la infancia indígena y afrodescendiente, y a la infancia refugiada y migrante.

⁶⁴ Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (6 de septiembre de 2024). Conclusiones sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. Recuperado de: https://docs.un.org/es/S/AC.51/2024/4.

1.2.4.5 Trata de personas.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior y la UNODC⁶⁵, en 2024 se reportaron en Colombia 416 casos de trata de personas. De ellos, en 352 casos, el 85 % del total, las víctimas fueron mujeres, de las que 28 eran niñas y adolescentes. En casi el 74 % de los casos, la finalidad del delito fue la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, seguida por trabajos o servicios forzados, con el 10,5 % de los casos.

⁶⁵ Ministerio del Interior, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Visor Nacional de Información sobre Trata de Personas (Visitado el 22 de agosto de 2025).

Atendiendo a la serie histórica, entre 2008 y 2024 se han reportado más de 2.160 casos. No obstante, resulta particularmente preocupante el aumento progresivo y sostenido que viene experimentando este delito en el último lustro. El número de casos registrados se ha cuadriplicado desde 2020, cuando se reportaron 104 casos, y ha aumentado un 60 % con respecto a 2023, con 258 casos registrados.

Los principales países de destino se encuentran en América Latina, destacando, además de Colombia, México, Ecuador, Perú y República Dominicana. Fuera de la región, los dos países más frecuentes son China y España.

En el informe que la Relatora Especial de NNUU para la trata de personas, especialmente mujeres y niños, elaboró tras su visita a Colombia en 2023⁶⁶, manifestó expresamente su preocupación por la incidencia de la trata relacionada con el conflicto y la presencia de grupos armados que se dedican a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Apuntó a los estereotipos de género y a la discriminación sistémica contra las mujeres y las niñas, así como a la persistente discriminación racial que afecta, en particular, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, como factores que han contribuido a una normalización del fenómeno del reclutamiento de menores con fines de explotación sexual, matrimonio infantil y forzado y esclavitud sexual.

⁶⁶ Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2024). Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally. Recuperado de: https://docs.un.org/es/A/HRC/56/60/Add.1.

1.2.4.6 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Los PDET, creados en el marco del AFP, son instrumentos de planeación y gestión para la priorización de necesidades de desarrollo en el territorio colombiano. En un ejercicio ampliamente participativo se impulsaron 16 PDET, que incluyen 170 municipios especialmente afectados por el conflicto armado y con índices elevados de pobreza.

En total, con su implementación se espera impactar a 6,6 millones de personas, de las que 2,5 millones son víctimas del conflicto armado, y que suponen el 24 % de la población rural del país⁶⁷. De acuerdo con el DANE⁶⁸, en 2024, el 24,4 % de la población de los municipios priorizados por estos programas se encontraba en situación de pobreza multidimensional.

⁶⁷ Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Todo sobre el PDET (Visitado el 20 de agosto de 2025).

⁶⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (julio de 2025). Boletín técnico. Pobreza multidimensional en los municipios PDET 2024. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMPDET-2024.pdf.

De acuerdo con el índice de Incidencia del Conflicto Armado 2023, elaborado por la DNP⁶⁹, en 2023 el 61,7 % de los municipios PDET presentaba Alta o Muy Alta incidencia del conflicto armado Según el último informe de seguimiento a los PDET, publicado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)⁷⁰, el 94 % del total de ha de coca reportadas en el país en 2023 se encontraba en los municipios priorizados, observando un incremento del 35,3 % de ha desde 2018. Otro dato alarmante es la tasa de secuestros que, situándose en los 3,3 por cada 100.000 habitantes, indica una tendencia al alza y significativamente más alta que en el resto del territorio nacional.

⁶⁹ Subdirección de Derechos Humanos y Paz. Actualización IICA 2017-2023. Recuperado de: Mediciones, seguimiento y evaluaciones.

⁷⁰ Agencia de Renovación del Territorio (2023). Informe de implementación de los PDET 2023. Recuperado de: https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/documentos/informe-de-seguimiento-a-la-implementacion-de-los-pdet-2023/.

Los PDET incluyen 33.007 iniciativas para transformar los territorios, formuladas por la comunidad en procesos participativos, que se agrupan en 8 ejes temáticos, denominados pilares: 1) Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2) Infraestructura y adecuación de tierras; 3) Salud rural; 4) Educación rural y primera infancia; 5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6) Reactivación económica y producción agropecuaria; 7) Garantía progresiva del derecho a la alimentación; y 8) Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

El AFP establece el enfoque de género como un componente transversal, lo que implica un reconocimiento de las afectaciones diferenciadas del conflicto sobre las mujeres y personas LGBTIQ+. Su implementación y alcance en los territorios implica la participación de las mujeres en los procesos de construcción y seguimiento de los PDET, por lo que resulta fundamental la formación y empoderamiento de las mujeres rurales en temas de participación.

1.2.4.7 Reincorporación de excombatientes.

Según el último informe de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)⁷¹, a principios de 2025 se contabilizan un total de 77.005 personas desmovilizadas, de las cuales 65.375 son hombres y 11.630 mujeres. Un total de 29.599 personas habrían culminado el proceso de reintegración y 1.193 la reintegración especial, mientras que 11.831 personas continuarían en proceso de reincorporación. Asimismo, un total de 6.003 proyectos de emprendimiento han sido aprobados para la consolidación de fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo, con un total de 11.066 excombatientes beneficiarios.

⁷¹ Agencia de Reincorporación y Normalización. Páginas-La Reintegración en cifras.

En la actualidad, el gobierno avanza en la constitución del Sistema Nacional de Reincorporación, instancia a través de la cual se coordinará y articulará la oferta institucional necesaria para implementar el Programa de Reincorporación Integral, que busca generar capacidades y condiciones para el acceso y goce efectivo de los derechos de los sujetos en reincorporación.

No obstante, cabe destacar que la MVNU⁷² ha alertado del goteo constante en los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP y firmantes del AP. Con los 33 reportados en 2023, suman un total 406 excombatientes asesinados desde que se firmó el acuerdo.

⁷² Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (26 de diciembre de 2023). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. Recuperado de: https://docs.un.org/es/S/2023/1033.

1.2.4.8 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

El SIVJRNR, elemento sustantivo del AFP, engloba un conjunto de instancias y mecanismos judiciales y extrajudiciales destinados a garantizar la reparación de los derechos de las víctimas y la no repetición, asegurando la rendición de cuentas y la seguridad jurídica de quienes participen en el proceso.

En primer lugar, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), creada para esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que ocurrieron en el marco del conflicto. Culminó su labor y presentó su Informe final en junio de 2022, que apunta a las transformaciones estructurales necesarias para la no repetición del conflicto, y es un documento fundamental para el trabajo de la Cooperación Internacional en Colombia. Para avanzar en la implementación de las recomendaciones de la CEV se crea el Comité de Seguimiento y Monitoreo, instancia que ha avanzado en la articulación con las entidades del Gobierno nacional para garantizar la coordinación institucional.

En segundo lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a 20 años y es competente para conocer de los delitos los cometidos por excombatientes de las antiguas FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.

Por último, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. De igual manera, tiene competencia sobre las desapariciones ocurridas antes de 2016 y su mandato es de 20 años.

1.3 La Cooperación Española en Colombia.

1.3.1 Antecedentes.

El conflicto armado que sufre Colombia desde hace seis décadas ha sido el principal obstáculo para su desarrollo y lo que justifica la dimensión de la importante presencia de la Cooperación Española. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en 2016, se han intensificado los esfuerzos para apoyar la implementación de su contenido y la lucha contra las desigualdades estructurales. Las relaciones de cooperación entre Colombia y España se sustentan en:

– Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953.

– Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito el 27 de junio de 1979.

– Convenio Marco de Cooperación entre Colombia y España, que sustituye al Convenio básico de 1979. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron en 2018 su autorización para que el Estado español pueda obligarse al Convenio. Pendiente de aprobación por la parte colombiana.

– Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, firmado el 31 de mayo de 1988.

– Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el Reino de España, firmado el día 29 de octubre de 1992.

Si bien la Cooperación Española tiene una trayectoria de más de 35 años en Colombia, es a partir de 2016 cuando se incrementa el esfuerzo presupuestario y se empieza a concentrar en la construcción de paz (78,5 millones de euros para este objetivo entre 2020-2024), como consecuencia de la firma del Acuerdo Final de Paz. Colombia es el país de América Latina que recibe mayor volumen de fondos de la Cooperación Española, con una importante presencia de cooperación descentralizada y múltiples organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) españolas.

En la X Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, celebrada en febrero de 2021, se aprobó el MAP para el período 2020-2024, que mantiene el enfoque centrado en construcción de paz y feminismo, además de atender al impacto del éxodo venezolano, alineándose plenamente con los ejes prioritarios de la acción del gobierno colombiano y el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. La previsión de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) de toda la Cooperación Española para Colombia recogida en el MAP 2020-2024 fue de 120M € (70M € cooperación no reembolsable y 50M € reembolsable); aunque los cálculos hasta 2024 han superado esas cifras, llegando a 237M €. Colombia fue en 2023 el primer receptor de AOD española según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Estos datos engloban tanto los desembolsos realizados en Colombia, a través de los instrumentos y mecanismos de cooperación en Colombia, como los desembolsos realizados en territorio español en el marco de los programas de asilo y refugio de protección internacional. Esta dimensión interna de la AOD a Colombia en España es relevante, ya que Colombia es el segundo país de origen de las personas que solicitaron protección internacional en España. 2022 fue un año récord, con 36.012 solicitudes (sólo superado por el número de peticiones de población venezolana, crisis migratoria que se solapa en Colombia).

La cooperación entre España y Colombia se caracteriza por la presencia de multiplicidad de actores. En la Administración General del Estado española destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y su Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en cuanto a la cooperación descentralizada, 14 Comunidades Autónomas –destacando las aportaciones del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura–, 10 diputaciones y 35 ayuntamientos, con importantes desembolsos de Barcelona, Madrid y Vitoria-Gasteiz. Por último, están activas en Colombia con proyectos de cooperación hasta 28 universidades españolas. España fue el sexto donante del país en 2024, aunque la salida de la cooperación estadounidense podría haber alterado esta posición.

Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016, los esfuerzos por acompañar el proceso de paz han sido el principal foco de trabajo. Además, como cooperación feminista, se han apoyado las políticas públicas de género a nivel nacional y local, impulsado la participación política y social de las mujeres, el nuevo Sistema Nacional de Cuidados y, sobre todo, la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+. El apoyo al desarrollo económico territorial es otro de los ámbitos de especialización, con el propósito de la reducción de las brechas de desigualdad; especialmente en aquellos territorios y poblaciones más afectados por el conflicto. El apoyo al proceso de paz cuenta con importantes aportes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas), para la implementación de los diferentes capítulos del acuerdo de paz, incluyendo el apoyo a la reincorporación e inclusión económica de los excombatientes de las antiguas FARC-EP. La elaboración del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado tanto en Colombia como en España en junio de 2022, fue apoyada por la AECID, además de contribuir técnica y financieramente al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Asimismo, se apoya el trabajo de la Unidad para las Víctimas (UARIV), para las inversiones en reparación colectiva, además del Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH), en la consolidación de las casas de la memoria en la región del Pacífico, con un esfuerzo participativo y con la sociedad civil víctima del conflicto. Es importante mencionar que, en la actualidad, la AECID está apoyando el proceso de diálogo con el ELN como parte del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación a la Mesa de Diálogos (GPAAC), con 1M de euros desembolsados en el fondo conjunto con Alemania, Suecia y Suiza.

Por otro lado, cabe destacar que la AECID ha apoyado al Ministerio de Igualdad y Equidad desde su creación con aportes específicos a sus estrategias, en especial para el nuevo Sistema Nacional de Cuidados. Asimismo, también impulsa la participación política y social de las mujeres, con programas de autonomía económica, y fomenta la lucha contra todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas, mediante el fortalecimiento de los servicios de prevención, atención y protección. Además, la DUE firmó a finales de 2023 una nueva operación de cooperación delegada liderada por AECID y ejecutada en conjunto con Francia, con el apoyo de Alemania, para el refuerzo institucional y social en los procesos de lucha contra la violencia hacia las mujeres en Colombia; con una contribución de 5,5M de euros (3,8 de la UE y 1,7 de la AECID).

El apoyo al desarrollo económico territorial es otro de los ámbitos de especialización de la Cooperación Española en Colombia. A este fin, la AECID ha impulsado alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) orientadas al fortalecimiento de cadenas productivas en varios territorios a través de la articulación de empresas, ONGD españolas y socios locales. Actualmente se encuentran en ejecución la APPD Café, Mujeres, Paz y Desarrollo, con la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, TECNICAFÉ y la empresa española Supracafé; y la APPD para el desarrollo de la cadena de valor del camarón en San Andrés de Tumaco, Nariño. Destacan, además, los proyectos de desarrollo integral para los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca, que apoyan los Planes Regionales de Desarrollo para los municipios afectados por el conflicto, mediante el fortalecimiento de las instituciones locales y de la sociedad civil. A estos proyectos se le ha sumado un nuevo programa de apoyo al municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Asimismo, para el presupuesto de 2025 se prevé un crédito concesional del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) de 35M €, con 2M de donación, para trabajar conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en un programa de desarrollo rural con el Ministerio de Agricultura para el nuevo programa «Ruralidad para la vida». Este programa se lleva a cabo en el marco del apoyo a la Reforma Rural Integral que se establece en el primer capítulo del Acuerdo Final de Paz. Además, como continuidad y para la consolidación del trabajo productivo de la reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz, se apoya a la Federación de las Cooperativas del Común (ECOMÚN) con un nuevo proyecto en coordinación con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) que se va a completar con un crédito concesional de 10M de euros del FEDES, a través de la cooperativa financiera CONFIAR.

La intervención en los Departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, además del municipio de Buenaventura, con la ejecución de Proyectos de Desarrollo Territorial desde 2017, aborda múltiples necesidades relacionadas con el refuerzo institucional y la construcción de paz. Se busca promover el enfoque territorial mediante el desarrollo de una acción multisectorial, con gobernabilidad local, feminismo, desarrollo económico, agua y saneamiento. La AECID ha gestionado el proyecto de construcción de paz en Nariño con 8,5M € cofinanciado con el Fondo Europeo para la Paz en Colombia, y cuya continuidad acaba de ser aprobada con 2M € de fondos únicamente españoles. Para los proyectos del Chocó, Cauca y Buenaventura los montos comprometidos por la AECID son de 4.750.000 euros apoyando los planes departamentales de desarrollo y varios planes municipales de desarrollo. En estos momentos se está identificando un programa de desarrollo territorial para La Guajira y otro con el Norte de Santander (con especial foco en el Catatumbo).

También es necesario mencionar los apoyos de la Cooperación Española en el ámbito medioambiental, agua y saneamiento. La AECID ha canalizado, en el marco del programa Euroclima+, fondos delegados de la Unión Europea para un proyecto de apoyo al diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia en los socio-ecosistemas marinos costeros de Colombia. Asimismo, Colombia es el país de América Latina y Caribe que cuenta con un mayor número de programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con varios proyectos cerrados en 2024 y otros por iniciar en 2026.

Por otro lado, la Cooperación Española en Colombia se materializa a través de programas destinados a atender a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Dichos esfuerzos se concretan en el Programa Indígena, el Programa de Cooperación con Afrodescendientes y las Escuelas Taller (para la formación para el empleo de jóvenes en riesgo de exclusión social, y que hasta 2024 ha supuesto un desembolso de más de 15M €). Asimismo, la atención a la migración venezolana y el apoyo a los esfuerzos institucionales para la integración de las personas migrantes se han convertido en una de las líneas centrales del trabajo de la Cooperación Española, con contribuciones a Migración Colombia (para el registro y documentación), al Ministerio de Salud (para la atención pública en la Seguridad Social colombiana), al Ministerio del Interior (para la lucha contra la trata) y con apoyo a la atención a menores no acompañadas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (con reagrupación familiar en Venezuela). El proyecto con el Ministerio de Salud, cofinanciado por la UE con 15M €, se ha convertido en un aporte fundamental para el enfoque de universalización del derecho a la salud, sobre todo en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, con resultados de impacto para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Colombia ha sido una prioridad constante de la acción humanitaria de la Cooperación Española y actualmente es uno de los contextos priorizados en la Estrategia de Acción Humanitaria para la región de 2024-2025. Tradicionalmente, la acción humanitaria en Colombia (25M € entre 2021 y 2024), ha estado dirigida a aliviar las consecuencias de décadas de conflicto armado, y sigue siendo necesaria para paliar la situación de creciente violencia a la que está expuesta la población en las zonas rurales. Por este motivo, se siguen apoyando los esfuerzos por atender las necesidades de víctimas de desplazamientos masivos y ataques de grupos armados, así como de desastres naturales. Este apoyo se lleva a cabo mediante la financiación del trabajo del CICR, ACNUR y la coordinación del sistema humanitario por parte de OCHA, además del trabajo con organizaciones colombianas como la Cruz Roja, el Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó, o Humanicemos Desminado Humanitario, como ejemplos de apoyo al triple nexo: humanitario, paz y desarrollo. Fortalecer el aterrizaje del triple nexo desde el contexto colombiano resulta un punto de alto interés para la Cooperación Española, entendiendo esta como el eje articulador de procesos de estabilidad, desarrollo y bienestar para los territorios y sus pobladores.

El triple nexo constituye la aspiración de articular los distintos ámbitos de actuación en humanitaria, paz y desarrollo donde la Cooperación Española ha jugado un papel importante, ampliando el impacto social y generando diálogo y sinergias entre distintos actores. Este esfuerzo por avanzar en la operativización del triple nexo en Colombia constituye no solo un aporte en sí mismo, sino que también genera valiosas lecciones y aprendizajes para otros contextos; gracias a proyectos como el Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias (MIRE+) cofinanciado por la UE (ECHO) y Suiza, donde se apoyan procesos de atención a emergencias y recuperación temprana, claves para la garantía de un desarrollo sostenible.

1.3.2 AOD española a Colombia 2020-2024.

Según datos OCDE, España representó en 2024 el sexto donante a Colombia, después de Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza y la Unión Europea. La AOD española bruta total a Colombia entre 2020 y 2023 ascendió a 338M €, con contribuciones no reembolsables en el periodo del MAP 2020-2024 de 108M €, superior a los 70 M€ previstos. Tanto para la Administración General del Estado como para la cooperación descentralizada, el 90 % de la AOD 2020-2023 se ha dirigido a los ODS10 Reducción de las Desigualdades (40 %), ODS3 Salud y Bienestar (23 %), ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas (13 %), ODS5 Igualdad de género (7 %), ODS1 Fin de la pobreza (5 %), y ODS2 Hambre cero (4,5 %).

En Colombia hay una gran presencia de cooperación descentralizada, llegando en el periodo 2020-2023 al 19 % de la AOD española en el territorio. Además, teniendo en cuenta que Colombia es un país prioritario para la CE, cabe destacar que hay 32 organizaciones no gubernamentales que trabajan con representación permanente en el país. El ámbito de actuación prioritario de las ONGD es la ayuda humanitaria, la construcción de paz, los derechos humanos y derechos de las mujeres, seguidos por el desarrollo productivo.

1.3.3 Gobernanza del MA.

La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MAP fue creada en 2015 como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española. Dicha Comisión está conformada por la Cancillería, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por la parte colombiana y, por la Embajada y su OCE, por la parte española. La Comisión se reúne periódicamente para realizar un seguimiento conjunto de los programas de cooperación y tomar decisiones sobre la programación en el marco del MAP. En el seno de la Comisión se participó en la revisión final del MAP 2020-2024 y se comenzó la negociación de este MA 2025-2028, en noviembre de 2024.

El Grupo Estable de Coordinación funciona desde 2010 y tiene un carácter representativo, dado que aglutina a todos los actores de la Cooperación Española en Colombia. Está presidido por el Embajador y cuenta con la presencia de las Consejerías implicadas, el Centro de Formación en Cartagena de Indias, las ONGD, las empresas representadas por la Cámara de Empresarios españoles en Colombia, las agencias de cooperación descentralizada y las universidades representadas por la Agregaduría de Educación. Para la negociación de este nuevo Marco de Asociación, el Grupo Estable pasa a denominarse Equipo País, manteniendo un formato similar.

En servicios centrales, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación convoca al Equipo País Ampliado, incluyendo a los ministerios con competencias dentro de la Administración general del Estado, la AECID, la cooperación descentralizada con mayor presencia en Colombia (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, y Ayuntamientos de Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona), además de la Fundación Carolina, FIAP, universidades, el sector privado y las ONGD.

1.4 Cooperación Internacional en Colombia.

En Colombia, la Cooperación Internacional para el Desarrollo vive un momento de transición, nuevos escenarios y retos, donde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el eje central, y frente al cual se debe buscar mejorar la eficacia de la cooperación.

Colombia es un país de Renta Media Alta, miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto le sitúa en un contexto de posible disminución de flujos de Cooperación Internacional no-reembolsable y obliga a toda la institucionalidad a trabajar de manera coordinada, para lograr una efectiva articulación y optimización de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo de manera que contribuyan a avanzar en los actuales desafíos de desarrollo del país, promoviendo la consolidación de capacidades instaladas y sostenibles.

Colombia cuenta con varios instrumentos de referencia para orientar la cooperación que recibe el país, manteniendo el principio de apropiación y alineación:

– El Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC); principal mecanismo de articulación para la planificación, gestión y coordinación de la cooperación internacional no reembolsable en el país.

– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, que indica los temas estratégicos priorizados por el Gobierno y susceptibles de apoyo de la Cooperación Internacional, y que responden a las líneas y metas de desarrollo nacional.

– Las mesas sectoriales y territoriales del Sistema Nacional de Cooperación, que integran las apuestas estratégicas intersectoriales y territoriales para la gestión entré institucionalidad, cooperación y aliados multiactor a través de planes de trabajo y portafolio de proyectos.

– El Plan Marco de Implementación (PMI), como principal instrumento de planeación estratégica para cumplir el Acuerdo Final de Paz de 2016.

– Los 16 Planes Naciones Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, creados para garantizar el cierre de brechas entre las zonas rurales y urbanas, así como la transformación territorial.

– Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en el marco del Acuerdo Final de Paz, y diseñados para transformar los territorios más afectados por el conflicto.

– Los Planes de Desarrollo Nacional, Departamentales y Municipales, que permiten identificar las necesidades específicas en el ámbito local.

– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, que indica cuáles son aquellas solicitudes priorizadas por el Gobierno para el apoyo de la Cooperación Internacional, y que responden a las líneas y metas de desarrollo nacional.

Orientar la cooperación internacional a estos marcos institucionales, contribuye a que los recursos que reciba el país apoyen los esfuerzos del Estado en materia de desarrollo y construcción de paz, lo que conlleva una mayor eficiencia en el uso de estos recursos y sostenibilidad de las intervenciones a medio y largo plazo.

En este contexto, el Grupo de Cooperantes Internacionales (GRUC) es una instancia creada por la comunidad internacional en 2010 y con presencia de los principales donantes del país, para dar continuidad y profundizar la coordinación de la cooperación internacional. Al ser una instancia exclusivamente coordinada por donantes internacionales, el GRUC invita a sus sesiones de trabajo a distintas entidades del Gobierno, de manera que se fortalezca la coordinación de las acciones y se conozcan las prioridades de desarrollo que tiene el país. Adicionalmente, existen espacios de coordinación en el GRUC en materia de DDHH. Otros espacios de coordinación a nivel europeo abordan temas de género y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. España asumió el liderazgo de dicho Grupo de Cooperantes en 2012 y en 2022, aportando un enfoque de trabajo coordinado con visión cercana a los territorios más afectados por el conflicto armado. Además, la Cooperación Española copreside el Subgrupo de Paz, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

Asimismo, España participa en los principales espacios de coordinación en acción humanitaria: Equipo Humanitario País (liderado por NNUU) y Grupo de Donantes Humanitarios (liderado por ECHO).

Cuadro 3. Espacios de coordinación de donantes en Colombia

Espacios de coordinación de donantes	Características o subgrupos de donantes en los que AECID participa
A. Grupo de Jefes de Cooperación de los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea.	Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE + DUE.
	Grupos de DDHH, sociedad civil y género de la Unión Europea.
B. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	Espacio de coordinación de los/as jefes/as de Cooperación.
	1. Construcción de Paz y Justicia Transicional Derechos Humanos y Gobernabilidad.
	2. Mesa de género.
	3. Desarrollo rural y económico.
	4. Medio Ambiente y Amazonía.
	5. Grupo de donantes humanitarios.
C. Fondo Canasta MAPP-OEA.	OEA y países donantes al Fondo Canasta.
D. Equipo Humanitario País y Equipos Humanitarios Locales.	Mesas de coordinación locales en Nariño, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Buenaventura.

De acuerdo con cifras consolidadas por APC-Colombia, en 2023 se registraron 887,2M de dólares de cooperación internacional no reembolsable en 425 proyectos, para apoyar diferentes iniciativas en todo el territorio colombiano y priorizando los sectores de la ENCI: Cultura de Paz y Justicia; lucha contra las desigualdades; y construcción de paz e implementación del Acuerdo Final de Paz, con aportes cercanos a los 416 millones de dólares. De los recursos totales de ayuda no reembolsable recibidos en 2023, la Agencia Presidencial de Cooperación contabiliza que Estados Unidos aportaba el 73,2 % (509 millones), seguido de la Unión Europea con un 9,4 % (65 millones), Suecia un 4 % (28 millones) y España, en cuarto lugar, con un 3,1 % (22 millones), por encima de Alemania, Canadá, Suiza, Noruega e Italia. En cuanto a la alineación con los ODS, un 30 % de los recursos en ejecución contribuyen al cumplimiento del ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

No obstante, se constata una disminución del 37 % de AOD con respecto a 2022, donde se contribuyó con más de 1.400M en Colombia, como reflejo de los cambios de las prioridades globales que también afectan a la cooperación de la UE. Además, con la desaparición de USAID en 2024, se prevé un recorte a la mitad de toda la cooperación internacional, con consecuencias graves en programas relacionados con la lucha contra las desigualdades en los territorios más afectados por el conflicto.

En el seno de la Unión Europea existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia, que ha ido evolucionando de un enfoque de Programación Conjunta en el marco del Fondo Europeo para la Paz, pasando por las Iniciativas Equipo Europa (TEI, por sus siglas en inglés), hasta el «Global Gateway», que busca impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y del transporte, así como fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación, con una fuerte apuesta por la involucración del sector privado.

2. Resultados de desarrollo sostenible

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

Para la elaboración de este Marco de Asociación, la Cooperación Española se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida». Asimismo, se ha tenido en cuenta la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, así como los planes sectoriales, departamentales y municipales. El Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC) coordina las acciones de todas las instituciones involucradas, especialmente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), a través de los planes de trabajo de las mesas intersectoriales y territoriales, así como del portafolio de proyectos.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, que están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los ODS, han adoptado un conjunto de objetivos estratégicos para el país, que toman en consideración las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible y feminista, y cuentan con el objetivo de lograr la construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto armado, además de un desarrollo económico inclusivo.

Siguiendo esta estrategia de desarrollo de Colombia, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que dispone, a las diferentes metas y líneas de acción de los ODS en Colombia, para apoyar en sus reformas estructurales en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, y Alianzas. Además, se tienen cuenta las prioridades de la triple transición (social, ecológica y económica) del Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027.

2.2 Alcance territorial.

En el periodo 2025-2028, la Cooperación Española centrará sus actuaciones en la zona del Pacífico, (departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, así como en la región del Urabá); en el Caribe, especialmente en los Departamentos de Bolívar (incluyendo la región de los Montes de María) y La Guajira; y en la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, y en la región del Catatumbo. Dentro de esos departamentos y regiones, los proyectos se centrarán en los municipios PDET. En concreto, se prevé continuar con Programas de Desarrollo Territorial para la construcción de Paz en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca, La Guajira, Norte de Santander y el Catatumbo, además del compromiso con el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

En relación con las actuaciones de los actores de la Cooperación Española, en el periodo anterior del MAP 2020-2024 se logró una buena complementariedad en estas zonas prioritarias, que recogen actualmente el 80 % de las actuaciones concentradas en estos departamentos priorizados.

Además de estos departamentos, y buscando aprovechar el valor añadido sectorial y territorial de todos los actores de la Cooperación Española en Colombia (ONGD, empresas y universidades), se podrán realizar acciones puntuales en otras zonas y especialmente en ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla y Soacha.

2.3 Marco de resultados.

Se recogen a continuación los sectores y resultados intermedios priorizados por la Cooperación Española para el periodo, que contribuyen directamente a los resultados de desarrollo marcados por Colombia, se enmarcan en las prioridades estratégicas del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, y se alinea con los Indicadores de Rendición de Cuentas de la Cooperación Española (anexo II).

Además de la priorización sectorial, se tendrán en cuenta los enfoques transversales del Plan Director: 1) enfoque de derechos humanos, con especial atención al ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes, personas con discapacidad, derechos de la infancia, y derechos de las personas LGTBIQ+; 2) enfoque feminista y de género; 3) enfoque de lucha contra la pobreza y las desigualdades; 4) enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental; 5) enfoque de diversidad cultural; y 6) enfoque de construcción de paz.

2.3.1 Transición social.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Desde la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP, en noviembre de 2016, la Cooperación Española con una trayectoria de más de 35 años en Colombia, ha incrementado el esfuerzo presupuestario que se concentra en acompañar al país en la tarea de la construcción de una paz estable y duradera (78,5 millones de euros para este objetivo entre 2020-2024). Sin embargo, después de más de 60 años de conflicto armado, y ocho años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, el conflicto interno y la violencia se han transformado ante el fortalecimiento de otros grupos armados organizados y delictivos que se disputan el territorio antes controlado por las extintas FARC-EP, dando continuidad al desarrollo de economías ilícitas.

En este escenario y en base a una visión compartida, los gobiernos de Colombia y España acuerdan seguir colaborando en el MA 2025-2028 con la prioridad de fortalecer las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil colombianas dedicadas a la construcción de paz, prevención de conflictos y protección de los derechos humanos, en base a los buenos resultados de los últimos años.

Esta voluntad se recoge en un resultado de desarrollo que se alcanzará a través de tres resultados intermedios.

RD.1. Fortalecidas las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil colombianas para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos.
RI 1.1. Se contribuye a la aceleración en la implementación del Acuerdo Final de Paz así como al acompañamiento a los nuevos procesos de diálogos de paz, en articulación con las instituciones públicas y la sociedad civil.	RI 1.2. Fortalecidas las capacidades de las instituciones públicas territoriales y de las autoridades tradicionales para la planeación, ejecución y revisión de sus políticas públicas de cohesión social y construcción de paz.	RI. 1.3. Fortalecida la implementación de políticas culturales para contribuir al disfrute de los derechos culturales, la memoria histórica y la construcción de paz de la población.

El primer resultado de desarrollo, plenamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se inserta en el sector de gobernanza democrática del PD 24-27, específicamente en las líneas encaminadas a «promover procesos de construcción de paz y estabilidad democrática» y «promover la protección de las personas defensoras de los derechos humanos». Así mismo aporta al ODS 16, especialmente en las metas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia (LA 16.1.A Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de paz) y a la meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia.

Por tanto, la CE en Colombia a través del RI 1.1, pretende contribuir a acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz, garantizando los enfoques transversales de derechos humanos, género, étnico, territorial, y la centralidad de las víctimas en la construcción de paz, y apoyar el avance de los procesos de los nuevos diálogos de paz. La primera acción es continuar con un apoyo decidido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) creado tras la firma en 2016. Específicamente se pretende, fortalecer los mecanismos de defensa jurídica para los diversos actores que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contribuir al relato de la verdad, como garantía de no repetición, consensuado fundamentalmente por las víctimas del conflicto, pero también con la sociedad colombiana en su conjunto. Se prioriza el acompañamiento para el fortalecimiento de las garantías de las víctimas para que puedan participar en los procesos judiciales, avanzar de forma más robusta en los programas de reparación individual y colectiva y en la articulación y trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia transicional. Además, se continuará colaborando con Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Unidad para las Víctimas (UARIV) para la reparación colectiva, en base a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Es importante destacar el apoyo a la Instancia de Mujeres y a la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, IEANPE, además de la contribución a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) a través de los 16 Planes Nacionales Sectoriales (PNS).

La intervención contribuirá a la implementación de la Reforma Rural Integral y se articulará con los objetivos de desarrollo territorial y reactivación económica del PND, reforzando la generación de ingresos y empleo digno, el fortalecimiento de capacidades locales, la inclusión social de poblaciones históricamente excluidas y la transición hacia una economía más sostenible, resiliente y justa. De esta manera, la Cooperación Española, en el marco del MA 2025-2029, trabajará de manera conjunta con las instituciones colombianas y las comunidades rurales en la construcción de paz y la transformación territorial, contribuyendo al cierre de brechas, a la reducción de la pobreza y a la consolidación de un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.

Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos constituyen una de las mayores preocupaciones en este trabajo conjunto con el Estado colombiano. Dichas violaciones tienen mayor visibilidad gracias a los esfuerzos del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo, siendo objeto de estrecho seguimiento por plataformas sociales público-privadas de múltiples países, incluido España, y suscitan gran preocupación y constantes declaraciones y manifiestos por parte de la comunidad internacional y las instancias especializadas del sistema multilateral.

En respuesta a esta realidad, las acciones que se establezcan van a centrarse en la prevención, la protección y el acceso a la justicia en los territorios; asimismo, deben mitigar la vulnerabilidad específica que sufren tanto las lideresas sociales y los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos por el conflicto armado, el confinamiento y el desplazamiento forzado; así como el apoyo a las medidas necesarias para garantizar su derecho al autogobierno. Esos liderazgos son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia, y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos territorios. Para todo ello se trabajará junto a instituciones públicas competentes en estos ámbitos de protección y promoción de derechos, con un enfoque territorial. Se hará de forma bilateral, con el refuerzo de sus capacidades y garantizando la extensión de su misión en los territorios de forma efectiva.

Es trascendental resaltar la especial atención que se dará para mitigar el impacto desproporcionado que sufren mujeres y niñas a causa del conflicto armado, en el marco del cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con medidas especiales de protección o autoprotección. Para ello, se propone acompañar los procesos que permitan fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección. Otra línea de trabajo que se mantiene y refuerza es el compromiso con los firmantes de Paz, mujeres y hombres que abandonaron la lucha armada y trabajan por su reincorporación a la sociedad civil con apoyo de las instituciones públicas y privadas, y que a pesar de los grandes avances, siguen siendo víctimas de represalias.

La Cooperación Española continuará con el apoyo al mandato del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, además de apoyar a ONG colombianas y españolas defensoras de los derechos humanos en su labor de incidencia y protección de las comunidades, destacando el trabajo con desplazados y la prevención y protección de la infancia ante el aumento de reclutamiento de menores por los grupos armados, así como la promoción de espacios seguros (escuelas). Se prevé también la continuidad del trabajo con otras organizaciones internacionales cuya misión en el país es apoyar a las autoridades en su responsabilidad de protección de derechos humanos de manera efectiva; así como apoyar, en particular, la implementación de la política de construcción de paz, en el marco del Acuerdo Final de Paz a través de aportaciones a fondos canasta como a la OEA, Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz (MAPP) y al Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación a la Mesa de Diálogos (GPAAC).

También se continuará trabajando con el enfoque del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz (o triple nexo) con las poblaciones afectadas por crisis a fin de reducir sus necesidades humanitarias, a la vez que aborda las causas profundas clave para minimizar los riesgos y las vulnerabilidades a los que hacen frente.

El apoyo de la Cooperación Española a la sociedad civil colombiana seguirá siendo uno de los valores añadidos de este MA, apoyando las iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de los derechos humanos. En este sentido, se destaca la labor de colaboración entre ONGD españolas con instituciones territoriales, así como organizaciones de sociedad civil especializadas, que aportan un valor agregado de conocimiento de comunidades especialmente vulnerables y acceso a ellas, y de trabajo conjunto con la institucionalidad en los departamentos priorizados por la Cooperación Española. Asimismo, la cooperación descentralizada española tiene una fuerte presencia en el ámbito y experiencia de años de trabajo consolidados en las regiones.

En este sector primordial se utilizarán todas las modalidades e instrumentos de la CE, tanto cooperación no reembolsable (destacando, en la acción de la AECID, el Programa Democracia) como reembolsable; incluyendo la financiación de la cooperación descentralizada y financiación a ONGD españolas, e impulsando también la cooperación técnica, la formación especializada enmarcada en los programas del MAUC y de la Fundación Carolina, entre otros, y la cooperación triangular para el intercambio de conocimientos con otros países.

La segunda estrategia que se acuerda en este MA (RI 1.2) se focaliza en la necesidad de acompañar la consolidación de presencia institucional (en términos de provisión de servicios básicos y de fortalecimiento del acceso efectivo a derechos) en los territorios, para evitar la expansión y el control social que ejercen los grupos armados (antiguos y nuevos). Se busca contribuir a promover y fortalecer sistemas de gobernanza incluyentes y representativos que gestionen servicios públicos de calidad y transparentes, fomentando la cohesión social.

La principal temática en ese trabajo de refuerzo departamental, municipal y territorial es el trabajo en construcción de paz, que es la razón de ser del amplio compromiso de la Cooperación Española con Colombia. El esfuerzo de fortalecimiento y democratización de la vida pública local ofrece un marco adecuado para el desarrollo de la gobernanza en municipios y departamentos, a pesar de la debilidad de los gobiernos locales frente a la territorialización de la paz. En esa línea, la coordinación con las autoridades territoriales, indígenas en los cabildos y resguardos, además de con los consejos comunitarios afrodescendientes, es esencial para la eficacia de las políticas públicas de construcción de paz territorial. Estas iniciativas aportan a la meta 16.6 de contribuir a crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y la LA.16.6. A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

La estrategia acordada en este MA se enfoca en la reducción de las brechas de desigualdad porque sin duda es uno de los factores estructurales de la persistencia de la violencia. Con esta visión compartida, se da continuidad a la colaboración con el Gobierno colombiano apoyando las medidas necesarias para la construcción de la paz efectiva en Colombia en los municipios ubicados en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas, priorizados en el marco del Acuerdo Final de Paz de Colombia por los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), con un liderazgo del SNCIC (Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia). Por ello, se apostará por una construcción de la paz con enfoque territorial, incorporando la localización de los ODS y fomentando las alianzas multinivel y multiactor.

Se acuerda por tanto en este MA que en base a la experiencia y presencia de la CE en los territorios se continuará trabajando con proyectos de desarrollo territorial para la construcción de paz con gobiernos departamentales y locales de los territorios priorizados, en los sectores de fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de igualdad, desarrollo económico y protección de los derechos humanos.

En este ámbito el trabajo, también se contribuye al efectivo cumplimiento de los derechos de la población indígena y afrodescendiente, con el fortalecimiento de estructuras propias de organización y gobierno, el apoyo a procesos de planificación autóctonos (planes de vida y etnodesarrollo) o a instrumentos y protocolos para relacionarse con terceros (consulta previa). Asimismo, se promueve la formación de liderazgos partiendo de costumbres y cosmovisión propia (Escuelas de Derecho propio), tanto en cabildos y resguardos indígenas (Awá, Pastos, Quillasingas, Misak, Nasa, Totoróez, Embera, Waounan y Wayúu, entre otros, además de con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC), como en los Consejos Comunitarios afrodescendientes (con un apoyo especial a la Juntanza del pueblo afrocolombiano, a través del Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente, CONPA).

Por último, el Resultado Intermedio 1.3 se acuerda continuar la cooperación cultural entre Colombia y España como una de las señas de identidad de esta alianza. Se mantendrá como principal eje articulador de sus intervenciones la construcción de la paz, mediante al apoyo a iniciativas relacionadas con la cultura de paz, la memoria y reconciliación, apoyando los centros de Memoria Histórica en la defensa de los derechos humanos y la atención a colectivos afectados por el conflicto.

Colombia es un país de una fabulosa diversidad cultural, como reconoce el PND 2022-2026, que prioriza la garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz, otorgando a la Política de Paz una dimensión artística y cultural, apoyada en el reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes y promoviendo la gobernanza cultural. Partiendo del convencimiento de que la cultura es un elemento esencial para lograr la paz y el desarrollo de los pueblos, se propone el fortalecimiento de políticas culturales públicas en coordinación con los distintos estamentos del estado, promocionando la gestión sostenible del patrimonio cultural en clave de preservación y autosostenibilidad. Esta línea de trabajo se integrará en los planes de desarrollo territorial, proyectando la cultura como un vector desarrollo y, aportando una visión integradora del patrimonio cultural y natural, con enfoque innovador que vincula cultura y desarrollo sostenible.

Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, en especial con el Programa de Patrimonio, el Programa Acerca y la labor cultural del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se coordinará especialmente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como FONTUR, ProColombia, y otras entidades como Artesanías de Colombia, Universidades y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se impulsará la puesta en marcha del Centro Cultural de España (CCE) en Bogotá.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Colombia ha logrado avances importantes hacia la igualdad de género, principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en las décadas recientes. No obstante, persisten importantes brechas de desigualdad, sobre todo en las regiones donde trabaja la Cooperación Española.

Hay que destacar que tanto la igualdad de género como el apoyo a los procesos feministas son una seña de identidad de la Cooperación Española en Colombia. Por tanto, en este MA se continuará con el trabajo ya realizado para lograr alcanzar sociedades igualitarias y respetuosas con las mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTIQ+.

Para ello se plantean los siguientes resultados de desarrollo y resultados intermedios:

RD.2. Impulsada la igualdad de género y la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas apoyando la generación y desarrollo de políticas públicas, sistemas de prevención, atención y protección, y procesos organizativos feministas
RI 2.1. Aumentado el acceso y la calidad de los servicios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad, eliminando cualquier forma de discriminación en el ejercicio pleno de sus derechos	RI 2.2. Incrementada la participación real y efectiva de las mujeres jóvenes y adultas en toda su diversidad, con especial énfasis en espacios de toma de decisión e incidencia política, contribuyendo con ello a transformar las estructuras sociales relativas al género	RI 2.3. Reforzado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, niñas y adolescentes, prestando atención a las necesidades de las personas LGBTIQ+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y contribuyendo a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos

Sin duda, una de las prioridades de la CE en Colombia es la eliminación de las múltiples violencias que sufren las mujeres, adolescentes y niñas, garantizando la incorporación de los enfoques étnico, diferencial e interseccional, de modo que se realicen intervenciones multidimensionales, respetuosas e inclusivas con mujeres en toda su diversidad y desde una perspectiva feminista. La contribución de la CE a través del RI.2.1 no solo se centrará en la prevención de las violencias y la mejora de la calidad y dignificación de los mecanismos de atención y protección de las víctimas, sino también en la reparación del daño, incluyendo así acciones para el fortalecimiento del acceso a la justicia propia y ordinaria, y fomentando que tanto los titulares de obligaciones como los de responsabilidades cuenten con herramientas para contribuir a este objetivo. Asimismo, se promoverá el trabajo con hombres entendiendo que no se puede conseguir una verdadera igualdad de género sin un reforzamiento del compromiso y responsabilidad de los hombres jóvenes, adultos y niños trabajar por alcanzar una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias para las mujeres, adolescentes y niñas. En este sentido, se entiende que los hombres pueden convertirse en potenciales aliados en los procesos de equidad para las mujeres.

Esta línea de trabajo contribuye directamente a las metas 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; la 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, haciendo especial hincapié en el abordaje de la violencia sexual, física, psicoemocional y digital, además de los diferentes tipos de agresión y abuso; y la 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, en este último caso con perspectiva de derechos humanos y utilizando un enfoque étnico y situado, que no solo fomente la reducción de la práctica sino también el debate sobre la autonomía corporal de las mujeres, adolescentes y niñas.

Además, también se contribuye indirectamente al ODS10 sobre reducción de las desigualdades con la Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Asimismo, se aporta al ODS16 mediante la Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, haciendo especial hincapié en la disminución de feminicidios y transfeminicidios; la Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, particularmente las niñas; y la Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, fomentando el acceso a la justicia de las mujeres indígenas y rurales. Cabe destacar que este RI contribuye a la línea de actuación sobre la lucha contra todas las formas de violencia de género y el desarrollo de marcos legislativos para garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Una de las prioridades de este MA es el trabajo sobre la Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública; a través del RI2.1. Este enfoque se realiza entendiendo que: el uso del espacio público, material e inmaterial, es un derecho humano; que no es posible alcanzar sociedades equitativas sin la plena participación de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y en todos los ámbitos; que las mujeres han de tener poder en la toma de decisiones, no solo para reducir todas las formas de discriminación que sufren, sino también para lograr otros modelos de vida propuestos desde diferentes perspectivas feministas; y que su autonomía económica es fundamental para poder participar de manera equitativa y digna.

Esta línea de acción también incluye el acompañamiento de agendas feministas y contribuye al ODS 10 para la reducción de las desigualdades, mediante la Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; al igual que al ODS5 en su Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país; ya que no es posible garantizar una participación equitativa de las mujeres en la esfera pública si no hay una redistribución igualitaria del trabajo reproductivo y de cuidados, y si no se vela por la garantía de la conciliación entre la vida privada y la pública. Por todo esto, para incrementar la participación real y efectiva de las mujeres se fomentará el trabajo tanto con titulares de obligaciones, para garantizar un marco de participación digno, equitativo y seguro, como con titulares de responsabilidades y derechos para que las mujeres dispongan de información, formación y recursos suficientes para la demanda de sus derechos en todos los ámbitos. En el marco del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, este resultado contribuye de forma directa a dos líneas de actuación: promover los derechos civiles y políticos de las mujeres y su participación real y efectiva; y avanzar en el logro de sociedades, políticas y economía de los cuidados, fomentando los derechos económicos y laborales de las mujeres para un desarrollo sostenible.

Para el resultado RI 2.3. la CE también busca contribuir a que todas las personas tengan plena libertad para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, en entornos seguros y libres de violencias y coacción, desde un enfoque de derechos humanos. De forma concreta, este MA hace hincapié en servicios de planificación familiar, parto y postparto seguro, trabajando particularmente con parteras tradicionales desde un enfoque étnico y garantizando el derecho a acceder a servicios de salud pública, así como el acceso a información para la prevención de embarazos no deseados. Asimismo, entendiendo que la orientación e identidades sexuales de género son un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido, se fomentará el acceso de las personas LGBTIQ+ a servicios de salud sexual y reproductiva de forma equitativa y digna, y se contribuirá al impulso de políticas públicas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos de este colectivo y de otros grupos de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Esta línea de acción contribuye directamente a la Meta 5.6 del ODS5: Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen; e indirectamente al ODS3 sobre Salud y Bienestar, mediante la Meta 3.1: Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; la Meta 3.2: Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos; y la Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Asimismo, cabe destacar que el RI 2.3 contribuye a la línea de acción del Plan Director 2024-2027 para fomentar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, niñas y adolescentes y luchar contra las prácticas nocivas.

Además de las modalidades de cooperación no reembolsable comunes para la CE, este resultado también cuenta con la contribución de instrumentos especializados como Ellas+, Salud+, Democracia+ y los Programas Afrodescendientes e Indígena.

2.3.2 Transición ecológica.

La Cooperación Española en Colombia orientará su acción hacia una transición ecológica justa que integre la gestión climática, la justicia ambiental y la transformación productiva sostenible, como parte de un esfuerzo integral por acompañar las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.

Para ello se plantean los siguientes resultados de desarrollo y resultados intermedios:

RD.3. Reforzada la resiliencia frente al cambio climático y los derechos humanos al agua y al saneamiento.
RI.3.1. Incrementado el acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene, garantizando su sostenibilidad con unas instituciones y gobernanza fortalecidas.	RI.3.2. Implementadas acciones que faciliten la mitigación y adaptación al cambio climático de la población en situación de vulnerabilidad y la protección y gestión sostenible de ecosistemas estratégicos.

RD.3 Reforzada la resiliencia frente al cambio climático y los derechos humanos al agua y al saneamiento. A través de este resultado directo, la Cooperación Española busca apoyar los esfuerzos de Colombia para consolidar una respuesta integral frente a la crisis climática, que combine la protección ambiental, la resiliencia socioeconómica y la garantía progresiva de derechos. Este enfoque fortalecerá la resiliencia de las comunidades y las instituciones, asegurando su capacidad para comprender anticipar, responder y adaptarse a los impactos del cambio climático. De manera complementaria, se promoverá la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, garantizando la provisión de servicios esenciales y la seguridad hídrica a largo plazo.

Asimismo, se promoverán modelos de articulación multinivel entre gobiernos locales, autoridades nacionales, prestadores y comunidades, de manera que las respuestas climáticas y de agua y saneamiento se planifiquen de forma integrada y coordinada. El énfasis estará en generar beneficios sostenibles que contribuyan a la reducción de desigualdades, la mejora de la salud pública y la consolidación de territorios más seguros, resilientes e inclusivos. Este resultado refleja, en definitiva, el compromiso de la Cooperación Española con la construcción de un futuro en el que la resiliencia climática y los derechos humanos al agua y al saneamiento se refuercen mutuamente como pilares del desarrollo sostenible.

Esta estrategia de trabajo impulsará procesos inclusivos que reconozcan la diversidad cultural y social del país, asegurando la participación efectiva de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad, se fortalecerá la institucionalidad y empoderará a los actores locales en la gestión de los ecosistemas y en la toma de decisiones que afectan directamente a sus territorios y bienestar.

Para ello será clave la construcción de alianzas estratégicas multiactor, como mecanismo que permitirá el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la creación de sinergias y confianza entre instituciones, gobiernos locales, sociedad civil y sector privado. De esta forma, se impulsará un modelo de gobernanza ambiental y del desarrollo que ampliará las capacidades institucionales y generará escenarios propicios para la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas.

En conjunto, estas acciones contribuirán a consolidar la transición ecológica en Colombia como un proceso estrechamente vinculado al desarrollo humano. No se trata únicamente de responder a los desafíos ambientales actuales, sino de generar oportunidades para una vida digna, equitativa y sostenible, donde la protección de los ecosistemas y la resiliencia climática vayan de la mano con la reducción de desigualdades, la cohesión social y el fortalecimiento de capacidades locales. De esta manera, la transición ecológica se convertirá en un pilar estratégico del desarrollo inclusivo y resiliente a largo plazo.

RI.3.1 Incrementado el acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene, garantizando su sostenibilidad con unas instituciones y gobernanza fortalecidas. Este resultado intermedio se implementará mediante un enfoque centrado en el fortalecimiento institucional y la formalización de los prestadores municipales, empresas públicas, acueductos comunitarios y otros esquemas diferenciales, acompañado de la mejora de la planificación y la gestión de los servicios, la gestión de activos y la operación segura. Todas estas acciones se desarrollarán con mecanismos de participación y transparencia vinculantes, y se articularán con los instrumentos nacionales y territoriales pertinentes, en particular los PDAS (Plan Departamental de Agua y Saneamiento) / PNAR (Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural) y los PUEAA (Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua), así como con los lineamientos regulatorios nacionales y con enfoques diferenciales para territorios PDET y étnicos.

Con este resultado intermedio se pretende que más personas y hogares dispongan de un acceso seguro, continuo, asequible y de calidad al agua potable, al saneamiento y adquieran cultura de autocuidado enmarcada en los servicios de higiene, reduciendo los tiempos de acarreo y la exposición a enfermedades de origen hídrico, y cerrando brechas urbano‑rurales y étnicas. Asimismo, se busca consolidar la participación efectiva de mujeres, niñas, colectivos vulnerables y comunidades étnicas en la gobernanza del servicio, junto con la sostenibilidad financiera y operativa de los prestadores mediante estructuras tarifarias justas, subsidios focalizados y una gestión adecuada de la operación y el mantenimiento.

RI.3.2 Implementadas acciones que faciliten la mitigación y adaptación al cambio climático de la población en situación de vulnerabilidad y la protección y gestión sostenible de ecosistemas estratégicos. Este resultado intermedio se centra en apoyar las prioridades nacionales de gestión ambiental y climática, incluyendo la protección de las áreas protegidas, la restauración ecológica y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en territorios vulnerables.

En este sentido, a través de este resultado intermedio, se apoyarán los esfuerzos de la institucionalidad colombiana en el diseño de políticas públicas y la ejecución de acciones concretas que fortalezcan la adaptación al cambio climático y aumenten la resiliencia de las comunidades vulnerables rurales y urbanas. De manera complementaria, se fortalecerá la gestión del riesgo, los sistemas de información climática y los mecanismos de alerta temprana.

De igual modo, se promoverá la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la economía circular y la reducción de impactos ambientales, asegurando siempre la integración de salvaguardas socioambientales. Asimismo, se fomentará la convergencia con programas de la Unión Europea y otros socios estratégicos, para escalar acciones y consolidar impactos a nivel regional.

El impacto esperado se traduce en territorios más resilientes, poblaciones menos expuestas a riesgos climáticos y ecosistemas mejor gestionados y restaurados.

El RD.3 del MA, está plenamente articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, a través de 2 de sus 5 «Ejes de transformación».

– Eje 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. Este eje orienta el desarrollo territorial en torno al recurso hídrico, bajo un enfoque de justicia ambiental y participación comunitaria. En este marco, la Cooperacion española apoyará el desarrollo de políticas e implementación de acciones que reconozcan al agua como elemento vertebrador de la resiliencia de cuencas, ciudades y territorios rurales y garantizando un uso y gestión del recurso hídrico sostenible, equitativo y participativo.

– Eje 4: Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. Este eje promueve la diversificación productiva, la valorización del capital natural y el uso eficiente de los recursos, impulsando una economía descarbonizada y resiliente frente al cambio climático. Incluye la transición desde actividades extractivas hacia sectores más limpios e innovadores. En este contexto, la Cooperación Española apoyará el desarrollo de políticas y la implementación de acciones que integren la sostenibilidad ambiental en las acciones de desarrollo económico a nivel nacional, departamental y comunitario.

Asimismo, el RD.3 del MA contribuye directamente a varias de las metas del ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, en concreto a las metas 6.a⁷³, 6.b⁷⁴, 6.1⁷⁵, 6.2⁷⁶, y 6.5⁷⁷. En este sentido, la Cooperación Española orientará sus intervenciones a mejorar la cobertura, la calidad medida a través del IRCA y la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento, con un énfasis especial en los ámbitos rurales y periurbanos. Además, también se contribuirá al ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas en lo relativo a la gestión integral de los recursos hídricos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza. Como parte de este trabajo se promoverá la reducción de pérdidas, la gestión segura de los lodos fecales y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza y sistemas urbanos de drenaje sostenible para el manejo de escorrentías y la protección de las fuentes, reconociendo y fortaleciendo el papel de los prestadores comunitarios y de los esquemas diferenciales. Con este enfoque, se avanzará hacia un acceso universal y equitativo progresivo con perspectiva de derechos, consolidándose la gestión pública y comunitaria de los recursos hídricos.

⁷³ Meta 6.a. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento.

⁷⁴ Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

⁷⁵ Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

⁷⁶ Meta 6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

⁷⁷ Meta 6.5. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles.

Adicionalmente, este Resultado de Desarrollo contribuirá al ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, en concreto a las metas 13.b⁷⁸, 13.1⁷⁹ y 13.2⁸⁰. La Cooperación Española centrara su trabajo en impulsar iniciativas de fortalecimiento institucional a nivel nacional, departamental y comunitario que integren la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, con especial atención a los sectores de mayor impacto y poblaciones más vulnerables. En este marco, se fomentarán prácticas sostenibles en agricultura, pesca, gestión forestal y acuicultura, así como acciones para prevenir y combatir los impactos negativos del cambio climático. De igual forma, se apoyará la formulación e implementación de planes de conservación y gestión sostenible de los ecosistemas.

⁷⁸ Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados.

⁷⁹ Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

⁸⁰ Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Se dará especial énfasis a la meta 1 del ODS 15, orientada a la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, la detención e inversión de la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad, así como a las metas 11.4 y 11.b del ODS 11, que buscan ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En este marco, se contribuirá a la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres e interiores de agua dulce y de los servicios que estos proveen, con atención particular a bosques, humedales, montañas y zonas áridas. Asimismo, se apoyarán los esfuerzos de la institucionalidad colombiana y de la sociedad civil para implementar políticas y planes integrados que fomenten la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la resiliencia frente a desastres en ciudades y asentamientos humanos.

Estas acciones fomentarán la participación activa de comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes (especialmente de las mujeres) en los procesos de toma de decisiones, con el objetivo de construir modelos de desarrollo que integren la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

2.3.3 Transición económica.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El crecimiento económico en Colombia no ha resultado suficiente para garantizar movilidad social ni reducir la exclusión estructural que afecta de manera particular a las mujeres, a la población afrodescendiente (negra, afrocolombiana, raizal y palenquera), a los pueblos indígenas y a la juventud rural. La firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 entre el Gobierno y las FARC representó un avance histórico al reducir de manera significativa los hechos de violencia y abrir la posibilidad de transformaciones económicas, sociales, políticas e institucionales. En este marco, la Reforma Rural Integral (RRI, Acuerdo 1) constituye un eje fundamental para cerrar la brecha entre campo y ciudad y enfrentar, mediante reformas estructurales y sostenidas, la pobreza multidimensional que afecta a amplios sectores rurales.

Con esta visión en el marco del proceso de paz, se acuerda un resultado 4, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población en condición de pobreza y pobreza extrema.

RD.4. Fortalecida la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población en condición de pobreza en el marco del proceso de paz.
RI.4.1. Fortalecidas acciones para la reducción de la pobreza rural, la generación de ingresos y la garantía del derecho humano a la alimentación.	RI 4.2. Incrementada la inclusión económica y social de grupos en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en las mujeres rurales, mediante el acceso a capacitación para el empleo y a servicios de apoyo empresarial.

RI.4.1 Fortalecidas acciones para la reducción de la pobreza rural, la generación de ingresos y la garantía del derecho humano a la alimentación.

Durante el periodo 2025-2029, la Cooperación Española respaldará modelos de desarrollo económico rural sostenibles, inclusivos e innovadores que contribuyan al empleo, los ingresos y los medios de vida de las comunidades locales, al tiempo que aseguren la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente en zonas protegidas y sus áreas de influencia, como los parques naturales nacionales. Se buscará también generar condiciones favorables para la inversión pública y privada mediante cadenas de valor sostenibles y mecanismos de financiación orientados a la lucha contra el cambio climático. Para ello, se impulsarán modelos innovadores e inclusivos de desarrollo local sostenible basados en la bioeconomía, la agrosilvicultura, la agroecología y los conocimientos tradicionales y consuetudinarios. De manera complementaria, se fortalecerán las capacidades y oportunidades de inversión público-privada en torno a la economía ecológica, negocios verdes y sostenibles y la resiliencia climática en los territorios prioritarios. En coherencia con las prioridades nacionales y en alineación con la Agenda 2030, en particular con el ODS 2 (metas 2.3⁸¹ y 2.4⁸²), el ODS 5 (meta 5.5⁸³) y el ODS 12 (meta 12.2⁸⁴), apoyará a la institucionalidad colombiana, a la sociedad civil y a las comunidades en sus estrategias de reactivación económica, con el fin de ampliar el acceso a empleos dignos y sostenibles en los territorios rurales más vulnerables.

⁸¹ Meta 2.3 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

⁸² Meta 2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

⁸³ Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

⁸⁴ Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

El trabajo que desarrollará la Cooperación Española se basará en las lecciones aprendidas del programa «El Campo Emprende» (MARD - AECID/FEDES - FIDA), que ha demostrado la importancia de fortalecer las capacidades organizativas y empresariales de la población rural, promover la asociatividad y la inclusión productiva, y acompañar de manera integral la puesta en marcha de iniciativas económicas rurales. A partir de esta experiencia, la Cooperación Española orientará su apoyo a la generación de ingresos y empleo digno en comunidades rurales en pobreza y pobreza extrema, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de un desarrollo más sostenible e inclusivo. Esta orientación dará continuidad al camino iniciado con «El Campo Emprende» y quedará plasmada, entre otras iniciativas, en un nuevo programa MARD -AECID/FEDES - FIDA denominado «Ruralidad para la vida», que se implementará durante el periodo de vigencia de este MA.

La intervención RI.4.1 se articulará en dos líneas estratégicas. La primera se enfocará en el desarrollo de capacidades e inversiones para iniciativas rurales, tanto agrícolas como no agrícolas. En este sentido, la Cooperación Española apoyará iniciativas de la asociatividad, inclusión social y organización empresarial comunitaria; impulsará la producción agroecológica y la gestión sostenible de los recursos naturales; respaldará la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos ambientales; y contribuirá al fortalecimiento del tejido social y comunitario para incentivar la participación y la acción colectiva. Asimismo, apoyará el diseño y la ejecución participativa de planes de negocio destinados a iniciativas económicas rurales inclusivas, sostenibles y resilientes.

La segunda línea se orientará a la transición hacia servicios financieros y no financieros sostenibles e innovadores, junto con el mejoramiento de la infraestructura productiva y el acceso a mercados. La Cooperación Española apoyará iniciativas que amplíen la oferta local y regional de servicios diferenciados, digitales e inclusivos que respalden la transformación productiva, financiera y comercial, y que fomenten la empleabilidad y el trabajo decente. Igualmente, promoverá acciones e instrumentos inclusivos y sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y a la integración productiva de las comunidades rurales en el largo plazo.

RI 4.2 Incrementada la inclusión económica y social de grupos en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en las mujeres rurales, mediante el acceso a capacitación para el empleo y a servicios de apoyo empresarial.

Este resultado propone contribuir a transformar a los grupos en situación de vulnerabilidad mediante el impulso a políticas públicas en materia de inclusión económica y social en el ámbito territorial en articulación con las instituciones departamentales y locales y organizaciones de la sociedad civil, con enfoque diferenciado, de acuerdo con las particularidades culturales y naturales de cada territorio y de los grupos poblacionales de focalización. Es importante resaltar el propósito compartido de aumentar las iniciativas destinadas a promover la autonomía económica de las mujeres y su inserción laboral, como estrategia necesaria para combatir la violencia estructural que las amenaza. De igual manera, se continuará apoyando las diferentes iniciativas de reintegración económica de excombatientes.

Para ello, se tendrán en cuenta estrategias de cualificación de los recursos humanos y servicios de apoyo empresarial junto a iniciativas de investigación aplicada e innovación, partiendo del valor agregado que España tiene en este ámbito. Se promoverán alianzas con y entre el sector público, privado y productivo (cooperativas, asociaciones de productores, etc.), para favorecer el aumento de inversión, mejorar la productividad y la competitividad en el mercado que garantices la eficacia y sostenibilidad de las acciones. Este resultado aporta al ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, específicamente a lograr empleo digno y de calidad, apoyando un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.

Para estos propósitos, se pondrán a disposición las herramientas de cooperación no reembolsable, canalizadas directamente a través de socios colombianos (institucionales y de sociedad civil) así como de actores españoles en alianzas conjuntas de ambos países, fundamentalmente de sociedad civil y sector privado, apoyando las alianzas publico privadas que tan buen resultado ha dado en sectores como el café o el camarón. También se propone promover asistencias técnicas por parte de empresas españolas, mediante su responsabilidad social empresarial pero también para articular las agendas de empresas y derechos humanos, impulsando procesos de debida diligencia y de consulta previa, libre e informada.

Otra de las estrategias acordadas es promover la diversificación productiva desde el emprendimiento en sectores alternativos al agropecuario, como son las industrias creativas y culturales, con particular atención a los jóvenes creadores, y especialmente el turismo sostenible, turismo comunitario y subsectores vinculados al mismo, así como otros sectores de acuerdo con las potencialidades endógenas territoriales (negocios verdes, economía circular etc.), promoviendo la integración de empresas españolas. El desarrollo turístico ordenado con criterios de sostenibilidad e inclusión puede favorecer las estrategias alternativas a las economías ilícitas, apoyar fuentes complementarias de ingresos a comunidades campesinas y étnicas, y favorecer la preservación de espacios naturales y territorios culturales. Iniciativa que se enmarca en el PND de Colombia y contribuye a la Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales. Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se coordinará especialmente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como FONTUR, INNPulsa, ProColombia, y el Ministerio de Agricultura, así como con las entidades territoriales y otros actores que constituyen los ecosistemas regionales de apoyo al emprendimiento (cámaras de comercio, universidades, etc.). Debe hacerse especial referencia a la experiencia española en materia de desarrollo turístico, que podrá ser aprovechada por el proyecto mediante alianzas con empresas españolas e instituciones especializadas que fortalezcan procesos de estructuración de productos turísticos sostenibles, definición de estrategias de promoción y posicionamiento en los mercados, asistencias técnicas, etc.

Por último, la Cooperación Española seguirá apoyando el Programa Nacional de Escuelas Taller dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Las 14 escuelas colombianas son centros dedicados a la capacitación de jóvenes enfocada a la inserción laboral, en oficios relacionados con la salvaguarda del patrimonio y la recuperación de los oficios y saberes tradicionales que incorpora enfoques de economía popular y alternativas sostenibles como el turismo comunitario. Como espacios consolidados en los territorios continuarán implementando la caja de herramientas Cultura de Paz, como elemento fundamental del currículum formativo para fomentar la tolerancia, la convivencia pacífica y la reconciliación. Además, se contribuirá a la reducción de la brecha de género promoviendo la autonomía y la inserción laboral de las mujeres. Tal y como establece la ENCI, la migración venezolana debe ser incluida en estos programas de inclusión económica.

3. Alianzas para la estrategia

3.1 Red de alianzas.

La Cooperación Española promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en Colombia. El Marco de Asociación será el esquema de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Colombia, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles, especialmente con la cooperación descentralizada. Estas alianzas entre diferentes actores de la CE con las instituciones públicas y organismos de la sociedad civil constituyen un proceso continuo que refuerza la democracia por medio del fortalecimiento de las diferentes instituciones.

Después de analizar los ámbitos de desarrollo de las intervenciones se han identificado las alianzas para cada Resultado Intermedio, que podrán ser ampliadas o modificadas durante el transcurso del MA. Los actores de la CE identificados para la participación de una alianza en un resultado intermedio informarán sobre su grado de compromiso en la medición de indicadores para el seguimiento (ANEXO III. Matriz de Alianzas). En el desarrollo del presente Marco de Asociación los siguientes actores implicados en las diferentes Alianzas tendrán una participación activa:

Cooperación Española.

Colombia cuenta con la presencia de un amplio número de actores de la Cooperación Española. La Oficina de la Cooperación Española de la Embajada de España en Colombia lleva más de 35 años con presencia permanente en el país, mientras que el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena desarrolla actividades desde 1993, cuya sede actual es el convento de Santo Domingo, inaugurado en 2004. La cooperación descentralizada mantiene un trabajo continuo a través de las ONG españolas y sus socios locales, mientras que 207 OSC y 40 Universidades colombianas han trabajado activamente en los últimos cuatro años, y 32 universidades españolas tienen una representación permanente en Colombia. Hay una multiplicidad de actores de la Cooperación Española en Colombia, desde Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, ONGD y Empresas, entre los que existe una buena relación. A continuación, se detallan los mecanismos de coordinación existentes:

– Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.

El MAUC, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano responsable de la formulación, dirección, seguimiento y evaluación de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Dependiente de esta Secretaría de Estado, está la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), encargada de la planificación estratégica, formulación, dirección y seguimiento de las políticas para el desarrollo sostenible en la cooperación española de dicha política. Adscrita al MAUC, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es la encargada de la ejecución de esta política a través de distintas modalidades e instrumentos.

Entre los otros ministerios que trabajan activamente destacan el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, que podrán de igual manera aportar su experiencia al trabajo en los ODS priorizados.

La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) es una fundación del sector público estatal especializada en la promoción y gestión de la participación de las Administraciones públicas y sus organismos en programas y proyectos de cooperación, orientando estas actuaciones hacia resultados de desarrollo sostenible. Trabaja en Colombia en la mejora de sistemas públicos.

La Fundación Carolina España cuenta con la Fundación Carolina Colombia desde hace 20 años y es una herramienta fundamental para la canalización de proyectos de investigación, intercambios y formación especializada, en el marco de la estrategia de la Cooperación Española. La Fundación Carolina y la Fundación Carolina Colombia desempeñan un papel estratégico como puente institucional para la cooperación educativa, científica y cultural entre Colombia y España, mediante la articulación de programas de formación avanzada, liderazgo y movilidad académica. En coordinación con universidades, empresas del Patronato, agencias gubernamentales y cooperación descentralizada, contribuye a la construcción de capacidades locales y a la proyección internacional del talento colombiano, especialmente en regiones con alta prioridad para la cooperación.

La Administración General del Estado (AGE) está representada a través de la Embajada de España en Colombia y sus oficinas y consejerías, incluidas la Oficina de Cooperación Española, la Consejería Cultural y Científica, la Oficina Económica y Comercial y la Agregaduría de Educación. Además, cabe destacar que la AECID cuenta con un Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

– Comunidades Autónomas y entidades locales.

En el sistema español de cooperación para el desarrollo sostenible, las Comunidades Autónomas (CCAA) y entidades locales aportan buena parte de la AOD española a los países socios. En Colombia, esta participación es muy activa y permanente, habiéndose reforzado en los últimos años. Las agencias de cooperación descentralizada con una mayor presencia en Colombia son: el País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Entre las entidades locales más destacadas están el Ayuntamiento de Barcelona y las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, quienes canalizan su apoyo fundamentalmente a través de las ONGD. Sectorialmente hay una gran sintonía entre las prioridades de los distintos planes de cooperación descentralizados y los propuestos en el presente MA.

– Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

En Colombia trabajan activamente y de forma permanente 32 ONGD españolas. La presencia de las ONGD españolas en los territorios permite realizar un acompañamiento directo a la población. Durante el último MAP se ha avanzado en la complementariedad entre las acciones de las ONGD y del programa bilateral de la AECID. Las ONGD españolas actúan tanto en acciones y proyectos de desarrollo como de acción humanitaria.

– Sector privado y otros actores.

Tal y como establece el ODS 17, el desarrollo transformador y las metas de la agenda 2030 se alcanzarán en el marco de alianzas multiactor, donde el papel del sector privado y otros actores relevantes es fundamental. En Colombia hay un número muy significativo de empresas españolas operando, algunas de las cuales implementan programas de acción social y están avanzando en la incorporación de la debida diligencia en derechos humanos en su gestión. Se busca que el MA sea un marco de referencia que permita mayores avances en el alineamiento de dichos programas y que esto permita a su vez aumentar la articulación entre empresas y la AECID, así como con otros actores de la cooperación española, en aras de lograr mayores y mejores impactos en desarrollo a través de proyectos de responsabilidad social empresarial (RSE) de las empresas, alianzas público privadas para el desarrollo (APPD), asistencias técnicas y proyectos que contribuyan a la innovación en los territorios. Se renovará el «Comité de empresas y desarrollo» para la colaboración entre las empresas españolas y la OCE, buscando facilitar el flujo de información y su interlocución, que se canalizará siempre a través de la Oficina Económica y Comercial (OFECOME) de la Embajada, incluyendo a las empresas españolas afiliadas a la Cámara de Comercio de España en Colombia. Cabe destacar que existen diferentes acciones y proyectos de ONGD españolas en Colombia que han sido o son financiadas por líneas de apoyo relacionadas con la RSE de empresas españolas.

Además de los departamentos prioritarios, y con idea de integrar al sector empresarial español en las actuaciones de cooperación, se podrán estudiar las intervenciones de APPD en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en sectores como el agua, energía, alimentación, salud, turismo, agricultura, sostenibilidad, entre otros y en coordinación con la APC Colombia en el marco del SNCIC y la estrategia de movilización de recursos.

– Universidades.

Cabe hacer una mención también al sector académico español, que tiene una importante presencia en Colombia y cuya potencial contribución a la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y otras metas ODS prioritarias en el MA es clave. Las universidades e instituciones de educación superior de España representadas en Colombia constituyen el «Grupo Educativo Español» y comparten los objetivos comunes de difundir los estudios de grado y posgrado de sus instituciones en España y de velar por la internacionalización de la universidad española.

Coordinación de actores de la cooperación española	Objetivo	Integrantes	Retos
Equipo País.	Espacio de coordinación de los actores de la CE en Colombia. Órgano consultivo no vinculante y de participación, para intercambio de información, la coordinación de actuaciones, el análisis conjunto de la realidad del país, la concertación de objetivos y resultados compartidos y la búsqueda de complementariedad.	Embajada, Consejería Cultural y Científica, Oficina Económica y comercial, Consejería política. Centro de Formación de la Cooperación Española en Colombia, Agregaduría de Educación, Oficina de Cooperación Española (secretaría técnica), Cámara de comercio hispano colombiana, Cooperación Oficial Descentralizada y ONGD españolas.	Impulsar y dar mayor dinamismo al EP estableciendo una hoja de ruta clara y una distribución de roles y responsabilidades. Establecer relaciones de corresponsabilidad al interior del grupo. Puede jugar un rol muy interesante en la estructuración de las iniciativas, en los ejercicios de incidencia política y en los procesos de monitoreo y evaluación.
Encuentros OCE-ONGD españolas en Colombia.	Intercambio de información y análisis de coyuntura. Coyunturalmente se ha trabajado en grupos de trabajo sectoriales como construcción de paz y género.	Representantes de ONGD españolas en Colombia, equipo técnico de la OCE.
Comité de empresas y desarrollo.	– Favorecer el conocimiento por parte de la empresa española de los ODS, los Principios Rectores de NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos, las estipulaciones del Convenio 169 de la OIT y de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. – Generar espacios de análisis, reflexión y diálogo sobre el contexto político y social colombiano, desarrollo sostenible, inversión responsable y posible atención del sector privado español a prioridades nacionales de desarrollo. – Promover la articulación de actores de diferentes entidades españolas y colombianas (sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil y academia) para promoción de iniciativas conjuntas. – Favorecer el conocimiento y la difusión de información sobre la contribución española al desarrollo de Colombia, así como de buenas prácticas. – La Cooperación Española, con su experiencia en el territorio puede orientar el trabajo de RSE española, según sus prioridades, para que estas puedan dar valor a sus proyectos.	Embajador de España en Colombia, que lo preside, e integra a las Oficinas Comercial y de Cooperación de la Embajada, a la Cámara de Comercio Hispano-colombiana y a las empresas españolas que deseen formar parte del mismo.	Revitalizar el Comité: tras su convocatoria inicial y el interés mostrado por parte de las empresas participantes, lleva tiempo sin ser convocado. Concertar una agenda de trabajo ambiciosa y realista en sus objetivos de impacto que logre mantener el interés y compromiso de las empresas.

Unión Europea.

En el seno de la Unión Europea (UE) existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es este un espacio de intercambio de información y reflexión sobre posicionamientos comunes en relación con las actuaciones de cooperación. Las cuestiones de derechos humanos, género y medio ambiente son especialmente importantes en este ámbito.

Grupo de Cooperantes Internacionales (GRUC).

El GRUC, copresidido en 2024 por Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una instancia donde convergen las principales agencias de cooperación internacional con presencia en el país, que da continuidad a la coordinación de la cooperación internacional. España continuará con una participación activa en los subgrupos de Desarrollo rural y económico; subgrupo de Género; Subgrupo de Acción Humanitaria; y subgrupo de Construcción de Paz, Justicia Transicional y DDHH (liderado por España y Chile).

Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MA.

Como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española, se refuerza el trabajo de seguimiento de la cooperación conjunta y de toma de decisiones sobre la programación en el marco del MA.

3.2 Modalidades e instrumentos.

En cuanto a las vías de canalización, se prevé utilizar la ayuda bilateral directa, tanto a través de organismos públicos colombianos como de la sociedad civil; la ayuda bilateral indirecta, a través de ONGD españolas, universidades y otras instituciones especializadas; así como organismos internacionales. Se trabajará, de manera intensa, mediante el instrumento de cooperación delegada de la UE y se explorarán opciones de otro tipo de instrumentos de financiación del desarrollo que permitan articular esfuerzos con el sector privado. Asimismo, se seguirá profundizando en el potencial de la modalidad de cooperación triangular.

Instrumentos:

– Proyectos y programas, de desarrollo y humanitarios.

– Cooperación técnica.

– Cooperación financiera reembolsable.

– Becas (Fundación Carolina, universidades españolas y MAUC/AECID).

– Intercoonecta, Gestión del Conocimiento y Laboratorios de Innovación Pública.

– Contribuciones a organismos multilaterales.

– Fondo de Cooperación para agua y saneamiento (FCAS).

– Subvenciones bilaterales.

– Subvenciones a ONGD (proyectos y convenios).

– Subvenciones a acciones de innovación.

– Subvenciones a acciones humanitarias.

– Alianzas público-privadas para el desarrollo.

Modalidades.

– Cooperación reembolsable (FEDES).

– Cooperación multilateral.

– Cooperación Sur - Sur (Intercambios Col-Col) y triangular.

– Cooperación delegada de la UE.

3.3 Recursos.

El MA Colombia cuenta con una estimación presupuestaria inicial de 167M € nuevos programas (129M € no reembolsable y 38M € reembolsable), para ser desembolsados en el periodo más un aproximado de 15M € para acción humanitaria (anexo IV). Asimismo, se continuará con la ejecución de 50M € de presupuesto ya desembolsado y que se encuentran incluidos en los proyectos vigentes en el momento de la firma. Los recursos financieros citados son estimativos. En todo caso, el presente MA no implica compromisos financieros; dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones; su asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.

Esta previsión presupuestaria incluye nuevos proyectos y programas y los proyectos actualmente en ejecución de la AECID. Igualmente, prevé el monto asignado al CCE. Además, contempla las intervenciones de la cooperación que realizan otras instituciones del Estado, CCAA, EELL y universidades. El montante no contabiliza la cooperación delegada de la UE, que supondrá un mínimo de 10M €.

Los actores de la Cooperación Española involucrados en este MA dedicarán esfuerzos para que sus presupuestos destinados a Colombia estén alineados con los objetivos acordados con el país y se centren en los resultados intermedios definidos.

Los recursos citados son estimativos, no entrañan compromiso legal y su asignación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. De igual modo, quedan sujetos a disponibilidad y a acuerdos con el socio local los fondos de cooperación reembolsable. Estas previsiones indicativas se irán acordando anualmente con las contrapartes tomando en cuenta los niveles de ejecución anual, estando sujeta a disponibilidad presupuestaria y con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.

3.4 Riesgos.

Se mencionan a continuación los riesgos generales para tener en cuenta en la implementación del presente MA. En la matriz de riesgos (anexo VI), se asocian estos riesgos a cada resultado intermedio.

Riesgos institucionales. Entre los principales riesgos institucionales que podrían afectar a la ejecución del MA se encuentra el periodo electoral y los resultados del cambio de Gobierno en 2026, además del conflicto armado y el aumento de la inseguridad, que puede restringir el acceso de la institucionalidad a los territorios. La continuación de la situación actual puede derivar en mayor desestabilización, junto con una perpetuación del conflicto. En el ámbito local, la falta de una descentralización suficiente para los cambios estructurales necesarios y la centralización o la escasa implicación, apropiación, liderazgo y articulación interinstitucional de las instituciones implicadas, dificultaría la ejecución, su pertinencia y su alineamiento con la política pública.

Riesgos naturales. Colombia está sometida, como muchos de los países de la región, a una vulnerabilidad causada por fenómenos naturales, como inundaciones o sequías. Igualmente se encuentra en una zona de afectación sísmica. En la zona pacífica priorizada por el presente MA, la deforestación y la contaminación por la minería son adicionalmente problemas acuciantes.

Riesgos sociopolíticos. Dentro de los riesgos sociopolíticos también es necesario tener en cuenta el conflicto armado, que dificulta el trabajo en territorio. Las presiones políticas con enfoques diferentes sobre la legitimidad del mandato de instituciones del SIJVRNR pueden retrasar o entorpecer el cumplimiento de su misión. La centralización o la escasa implicación, apropiación, liderazgo y articulación interinstitucional de instituciones y actores clave a nivel territorial dificulta la ejecución, su pertinencia y su alineamiento con la política pública.

Riesgos económicos. Una eventual reorientación del gasto público podría suponer en última instancia una disminución de los medios de vida y posibilidades de acceso a servicios esenciales para la población más vulnerable, así como afectar a la competitividad del territorio y sus unidades productivas. Esto podría aumentar las necesidades de protección en la medida que las personas no tengan posibilidad de movilizarse dentro del territorio nacional, incluyendo a población migrante, confinada y desplazada por conflicto interno. Los factores de mercado, como variabilidad en los precios en insumos y productos, aumentan significativamente la competitividad y viabilidad productiva al aumentar los costos o dificultar nuevas alianzas comerciales.

4. Enfoques transversales

El marco estratégico del Plan Director de la Cooperación Española establece los ejes transversales prioritarios y, en este MA, se promoverá especialmente la transversalización efectiva de los enfoques de derechos humanos, feminismo, lucha contra la pobreza y las desigualdades, sostenibilidad medioambiental y justicia climática, diversidad cultural y construcción de paz. Además, se hará énfasis especial en el enfoque territorial.

El enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en la cooperación para el desarrollo sostenible se basa, desde el punto de vista normativo, en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, se orienta a la promoción y protección de dichos derechos, universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e interdependientes. Su propósito es corregir las prácticas discriminatorias y las brechas de acceso equitativo a servicios públicos y a los espacios de decisión que obstaculizan el progreso en desarrollo sostenible. España apostará por la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas y, a la vez, prestará especial atención a los derechos humanos de determinados colectivos que se encuentran en muchos contextos en una situación de especial vulnerabilidad:

– Derechos de la infancia y la adolescencia, particularmente niñas y mujeres adolescentes.

– Derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBIQ+).

– Derechos de las personas con discapacidad.

– Derechos de las personas mayores.

– Derechos de los pueblos indígenas.

– Derechos de las personas afrodescendientes.

Las políticas españolas de desarrollo sostenible y de acción humanitaria serán explícitamente feministas, en línea con la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y con los principios recogidos en la Estrategia de Política Exterior Feminista. Para ello, se aplicará un enfoque transformador que, partiendo del aprendizaje adquirido desde hace 25 años en la aplicación de la doble estrategia (transversal y específica) de la Plataforma de Beijing (1995) y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), entre otros, busca incrementar y acelerar los esfuerzos para ir a la raíz y causas de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, tomando en consideración las interseccionalidades con las desigualdades raciales, étnicas y culturales, por motivos de discapacidad, edad, orientación sexual, y otras.

5. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

5.1 Seguimiento.

En este nuevo MA se realizan esfuerzos en tres áreas claves de trabajo:

– Una mayor precisión en el diseño de indicadores, teniendo en cuenta que estos deben tener un carácter integrador, deben estar plenamente alineados con los indicadores de desarrollo de Colombia y deben ser realistas y medibles por parte de los socios implementadores, de manera que a medio y largo plazo permitan visibilizar los aportes de la CE a las cuestiones estratégicas de Colombia.

– Una estrategia global que establece las líneas generales de monitoreo y la forma en la que se va a articular la recolección de información con el análisis y la difusión de resultados.

– Un conjunto de herramientas, de manejo sencillo y accesible, que permita llevar a cabo, sin grandes complejidades y de manera regular, el proceso de consolidación y agregación de resultados.

En términos generales, el objetivo es contar con un sistema que permita, de una manera funcional, recolectar información sintética, concreta y útil sobre el proceso de implementación del MA y su marco de resultados. El proceso estará liderado desde la AECID, y en su implementación y seguimiento estará acompañado por las entidades colombianas que hacen parte de la Comisión de Planificación y Seguimiento. Será exitoso e integral en la medida en que logre el involucramiento de los diversos socios. Por esta razón, la estrategia se enfocará en todo momento en el diseño y la puesta en práctica de herramientas y procedimientos sencillos, accesibles e inclusivos, que no supongan una carga adicional a los proyectos y que se orienten hacia cuatro grandes objetivos: (i) contar con información estratégica, regular y precisa sobre los principales indicadores del marco de resultados y el avance cuantitativo de cada uno de ellos; (ii) caracterizar los potenciales cambios y transformaciones que se están produciendo en las diversas líneas de acción del MA; (iii) brindar información periódica sobre los avances del MA, tomando como referencia su marco de resultados, a través de reportes anuales y/o informes ejecutivos; y (iv) generar y consolidar insumos claves que sirvan para enriquecer y fortalecer otras dos estrategias claves del MA (difusión de resultados y gestión del conocimiento). En última instancia, esto permitirá generar además una mayor apropiación e identidad en torno al MA como instrumento colectivo y una plataforma común de trabajo para visibilizar, posicionar y difundir las acciones de la CE en el país.

En resumen, el enfoque metodológico propuesto asume los siguientes principios de actuación:

Respetar la lógica de intervención de los proyectos y minimizar el tiempo de reporte para el envío y actualización de información por parte de los socios implementadores.	Aunque es importante promover la alineación entre los proyectos y el marco de resultados del MA desde la fase de diseño, esto no es una condición sine qua non para poder reportar al sistema más adelante. Los proyectos mantendrán su seguimiento contractual, pero, a su vez, harán reportes puntuales que permitan conocer su contribución a la implementación del Marco Asociación.
Promover un enfoque inclusivo y participativo, que fomente y se sustente en el compromiso y el involucramiento de los diversos actores.	El objetivo es desarrollar un conjunto de instrumentos y procesos que sean accesibles para todos los socios y que permitan una recolección fluida de información. En este sentido, el sistema será comprensivo, representativo y plural en función del nivel de participación de los socios.
Desarrollar herramientas estandarizadas para todos los socios implementadores y establecer una fecha anual de reporte, común a todos ellos.	El sistema de monitoreo del MA tiene un carácter autónomo, lo que permitirá unificar fechas de corte y procesos de análisis y consolidación de información. Todos los socios reportarán sobre el mismo formato, cuantitativo y cualitativo, y de forma simultánea en el periodo establecido.
Orientar el proceso de recolección, análisis y consolidación de información al desarrollo de productos de monitoreo concretos.	La recolección de información debe tener un propósito específico y, en ningún caso, se trata de sobrecargar a los socios o de acumular cifras por el simple hecho de almacenarlas. El proceso de monitoreo se materializa finalmente en una serie de productos concretos. A nivel técnico, esto se expresa en informes regulares o reportes temáticos y, a nivel comunicativo, puede dar cabida para otro tipo de materiales, como infografías, folletos, piezas para RRSS, entre otros.
Incorporar una visión de proceso, que pretende insertarse en el ecosistema del MA e impulsar progresivamente nuevas dinámicas interinstitucionales.	El sistema de seguimiento no es una herramienta aislada, sino un elemento conector que permita integrar e involucrar de manera más activa a los diversos actores. Es un proceso más que una actividad, que tiene un carácter progresivo, y que puede fomentar una cultura más firme sobre la importancia del seguimiento y la rendición de cuentas en torno al MA.

El seguimiento contará con dos dimensiones de análisis. Por un lado, una medición cuantitativa, más centrada en la obtención de cifras de avance y en el seguimiento al cumplimiento del marco de resultados. Por otro lado, una dimensión más cualitativa, que permita ir caracterizando los cambios o transformaciones que se dan en la práctica y los mecanismos que los limitan o habilitan. El sistema en su conjunto se puede conectar posteriormente con otras dos estrategias: comunicación y gestión del conocimiento. Esto permitirá capitalizar, incorporar y difundir los aprendizajes y buenas prácticas.

5.2 Evaluación.

La evaluación se plantea como un proceso de rendición de cuentas y aprendizaje institucional. En el marco de este proceso de evaluación, la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española (OECE) desarrollará un informe de evaluabilidad del MA con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27/2022 de 20 de diciembre de institucionalización de la evaluación de políticas públicas que permitirá verificar la inclusión de elementos mínimos en el diseño e implementación del MA, necesarios para su evaluación.

Atendiendo a lo establecido en la metodología vigente publicada en la página de la CE, la evaluación se llevará a cabo durante el último año de vigencia y será de carácter final y externo con el fin de valorar de manera crítica y objetiva la pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del MA, manteniendo el principio de independencia a través de evaluadores externos.

Esta evaluación será liderada por la OECE, que velará que se desarrolle según el procedimiento establecido y las fases previstas, promoviendo la participación del resto de actores. En terreno, este proceso será coordinado por la OCE.

La OCE, en coordinación con las entidades colombianas que integran la Comisión de Planificación y Seguimiento, será la responsable de elaborar la respuesta de gestión y el plan de mejora, así como de compartir las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones con todos los actores implicados y con tiempo suficiente para iniciar la planificación del nuevo MA. Esta información será publicada y difundida tanto en Colombia como en España una vez el informe de evaluación sea publicado en la web de la Cooperación Española.

5.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

El sistema de seguimiento no es un simple instrumento para la rendición de cuentas, sino un proceso participativo que pretende incentivar la reflexión colectiva, fomentar la toma de decisiones basada de evidencias y dar mayor cohesión y difusión a las acciones conjuntas que emprende la CE en Colombia. A pesar de ello, representa un valor agregado en términos de transparencia, ya que supone un mayor acceso y una mayor apertura a las inversiones y apoyos que promueve el MA, y un insumo muy valioso para la rendición de cuentas, ya que permite la elaboración y difusión de informes y reportes de manera regular. Esta estrategia puede ser funcional para diversos tipos de público:

Por un lado, para los integrantes de la Cooperación Española y para los representantes del Gobierno Nacional, principalmente con el Sistema Nacional de Cooperación, quienes están directamente involucrados en la definición y el seguimiento al MA. Las conclusiones serían un insumo determinante para los diálogos y decisiones que se toman al interior del Grupo Estable de Coordinación y la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación. Las conclusiones de estos informes y los debates que se generen en torno a ellas facilitan una discusión más cualificada y una toma de decisiones basada en evidencias y más cercana a la realidad que se vive en territorio.

Por otro lado, para el resto de las instituciones públicas del orden nacional y territorial, involucradas en las temáticas priorizadas por el MA, y para los actores locales que están vinculados en ellas. En este último grupo, se incluye a las Gobernaciones y las Alcaldías, como entidades territoriales competentes, y a las organizaciones sociales y comunitarias que son protagonistas de las intervenciones. Esto permitirá irradiar la discusión hacia otro tipo de actores y aumentar el conocimiento de estos en torno a la integralidad y el alcance de las acciones de la CE.

Por último, para la sociedad española y colombiana en general, quienes están interesados en conocer el destino de las inversiones y los resultados y transformaciones que se obtienen a través de estas. Mejores procesos de monitoreo en torno al MA brindarán una mayor información a la opinión pública, contribuirán a explicar mejor el trabajo que realiza la cooperación internacional y permitirán profundizar en la puesta en práctica de los lineamientos y principios para asegurar una mejor calidad de la cooperación y una mayor integralidad y coherencia entre agendas e inversiones que promueven el desarrollo sostenible.

6. Anexos

I. Siglas y abreviaturas.

II. Marco de resultados.

III. Matriz de riesgos.

IV. Red de alianzas.

V. Recursos financieros.

ANEXO I

Siglas y abreviaturas

ACNUDH	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
ACNUR	Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ALC	América Latina y el Caribe.
ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
ANT	Agencia Nacional de Tierras.
APPD	Alianzas público-privadas para el desarrollo.
ARN	Agencia de Reincorporación y Normalización.
ART	Agencia de Renovación del Territorio.
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo.
AFP	Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
APC	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.
BM	Banco Mundial.
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
CCE	Centro Cultural de España.
CEPAL	Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe.
CEV	Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja.
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social.
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DGPOLDES	Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible.
DNP	Departamento Nacional de Planeación.
ECV	Encuesta nacional de Calidad de Vida.
ENCI	Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.
EPA	Equipo País Ampliado.
EPTV	Estatuto Temporal de Protección de migrantes venezolanos.
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
FAO	Organización de Naciones Unidas para la Alimentación.
FEDES	Fondo Español del Desarrollo.
FIAP	Fundación Iberoamericana de Administraciones Públicas.
FIDA	Organizaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Agrario.
GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares.
GIFMM	Grupo Inter agencial de Flujos Migratorios Mixtos.
GNC	Gobierno Nacional Central.
GPAAC	Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación a la Mesa de Diálogos.
IED	Inversión Extranjera Directa.
IRC	Indicadores de Rendición de Cuentas de la Cooperación Española.
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz.
INML- CF	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
LGTBIQ+	Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales, Queer y +.
MA	Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española.
MAP	Marco de Asociación País.
MAPP	Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz de la OEA.
MAUC	Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
MIE	Ministerio de Igualdad y Equidad.
MINCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
MVNU	Misión de Verificación de Naciones Unidas.
NNUU	Naciones Unidas.
PDET	Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.
PMI	Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz.
PND	Plan Nacional de Desarrollo.
PIB	Producto Interior Bruto.
PMA	Programa Mundial de Alimentos.
OCCP	Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
OCE	Oficina de la Cooperación Española.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OCHA	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OEA	Organización de Estados Americanos.
OECE	Oficina de Evaluación de la Cooperación Española.
OIM	Organización Internacional de Migraciones.
OIT	Organización Internacional del Trabajo.
ONGD	Organización No Gubernamental para el Desarrollo.
PNACC	Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
POT	Planes de Ordenamiento Territorial.
RUD	Registro Único de Damnificados.
RUV	Registro Único de Víctimas.
SECI	Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
SIVJRNR	Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
SINAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
SNCIC	Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.
TGP	Tasa Global de Participación.
UNGRD	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
UBPD	Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
UE	Unión Europea.
UNESCO	Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
URT	Unidad de Restitución de Tierras.

ANEXO II

Marco de resultados

ANEXO III

Matriz de riesgos

ANEXO IV

Red de alianzas

ANEXO V

Recursos financieros

***

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 18 de noviembre de 2025, fecha de su firma.

Madrid, 16 de enero de 2026.–La Secretaria General Técnica, Carmen Burguillo Burgos.