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Documento BOE-A-2011-7709

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administracin y del buen gobierno de las Illes Balears.

TEXTO

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artculo 48.2 del Estatuto de Autonoma, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

El modelo genrico de administracin pblica en Espaa ha experimentado a lo largo de los ltimos tiempos diferentes cambios, algunos de los cuales han sido de una destacable trascendencia. Se ha pasado de un tipo de organizacin especialmente preocupada por la imparcialidad y la aplicacin objetiva de la ley y por la preservacin del orden pblico y del jurdico, a otro, principalmente en las tres ltimas dcadas, ms centrado en el desarrollo de nuevos servicios en el marco del estado del bienestar, visto el volumen de necesidades cada vez mayores que la ciudadana espera que los poderes pblicos solucionen.

El aumento de recursos disponibles a estos efectos y la ampliacin de los lmites de la accin pblica han hecho necesaria una mayor atencin sobre la eficacia y la eficiencia de la manera de hacer de las organizaciones, como tambin la introduccin de una nueva cultura en la gestin de los servicios. A la vez, se ha producido una profunda reflexin sobre el papel de los directivos y las directivas pblicos y de los lderes polticos en este nuevo espacio, en un mundo ms abierto y globalizado, en el que todo es ms prximo y, al tiempo, ms complejo, con una ciudadana ms exigente en busca de una legitimacin social que va ms all de la que proporciona la mera existencia y el funcionamiento de los mecanismos institucionales, democrticos y de la accin de gobierno.

Adems, y simultneamente, estas tres dcadas han sido el marco temporal en el que se han producido otras dos transformaciones: por una parte, el desarrollo del estado de las autonomas, con una descentralizacin del poder poltico, que ha significado la creacin de las administraciones de las comunidades autnomas y el traspaso de competencias tan relevantes como las de salud y las de educacin a los nuevos gobiernos territoriales; por otra parte, la incorporacin activa a la Unin Europea, con cesin de determinadas competencias estatales al nuevo conjunto comunitario y con una nueva dimensin poltica, econmica y social.

Esta ltima realidad de grandes cambios competenciales entre los diferentes niveles de gobierno, la dbil implantacin del modelo gerencial conseguida en muchos mbitos institucionales hipotecados por poderosas inercias estructurales, como tambin la fuerte crisis econmica y de valores sufrida en los ltimos meses y con races en los ltimos aos, obligan a subrayar acciones y principios hoy todava vlidos y a apuntar otros nuevos para afrontar con xito un cambio definitivo, que permita pasar del modelo netamente burocrtico originario a otro gerencial y de gobernanza, en nuestra administracin y nuestra accin de gobierno.

Los cambios que se han desarrollado hasta ahora han sido iniciativas de carcter diverso, pero principalmente de tipo estratgico, de nuevos derechos, valores y principios, como tambin organizativos y tecnolgicos, con equivalentes de carcter legislativo.

II

El artculo 14 del Estatuto de Autonoma de las Illes Balears, despus de la reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgnica 1/2007, de 28 de febrero, define como derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de las Illes Balears en relacin con las administraciones pblicas, entre otros y sin perjuicio de lo que dispone la legislacin bsica del Estado, el derecho a una buena administracin y al acceso a los archivos y registros administrativos de las instituciones y administraciones pblicas de las Illes Balears, derecho que, seala, tendr que ser regulado por una ley del Parlamento de las Illes Balears.

Asimismo, el artculo mencionado define el derecho de la ciudadana a disfrutar de servicios pblicos de calidad y que las administraciones pblicas de las Illes Balears traten sus asuntos de forma objetiva e imparcial y en un plazo razonable, y tambin a acceder a la funcin pblica en condiciones de igualdad y segn los principios constitucionales de mrito y capacidad.

El artculo 15 reconoce igualmente el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de las Illes Balears a participar de manera individual o colectiva en la vida poltica, econmica, cultural y social de la comunidad autnoma, como tambin en los asuntos pblicos, en condiciones de igualdad, directamente o mediante representantes, en los trminos que establecen la Constitucin, el mismo Estatuto y las leyes.

Hay que destacar que a lo largo del Estatuto hay referencias expresas a la calidad de los servicios en los mbitos de la justicia, la educacin y la salud, entre otros.

III

El derecho a una buena administracin, es decir, a la presencia y al despliegue del conjunto de principios, herramientas, estrategias e instrumentos que dirigen la actuacin de la administracin hacia la ciudadana, ha sido objeto de una regulacin que ha supuesto unos niveles de exigencia cada vez ms altos y que, hoy en da, nos habla al mismo tiempo de la calidad de las organizaciones y de los servicios pblicos.

En el mbito europeo, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y proclama que dicha carta tiene el mismo valor jurdico que los tratados.

El artculo 41 de la Carta establece el derecho a una buena administracin, definido como el que toda persona tiene respecto del hecho de que las instituciones, los rganos y los organismos de la Unin traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa y en un plazo razonable. Este derecho incluye, en particular, el de toda persona a ser oda antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente; el de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legtimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, y la obligacin que incumbe a la administracin de motivar sus decisiones. Igualmente, el derecho a una buena administracin se traduce en el hecho de que toda persona tiene derecho a la reparacin por la Unin de los daos causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los estados miembros, como tambin a dirigirse a las instituciones de la Unin en una de las lenguas de los tratados y a recibir una respuesta en esta misma lengua.

El artculo siguiente, el 42, reconoce el derecho de todo ciudadano o ciudadana de la Unin y de toda persona fsica o jurdica que resida en un estado miembro o tenga en l su domicilio social al acceso a los documentos de las instituciones, los rganos y los organismos de la Unin, sea cul sea su soporte.

En el mbito de la Administracin General del Estado (AGE) y como legislacin bsica, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, en la redaccin del artculo 3 recogi en su momento una serie de principios (los de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, como tambin los de cooperacin y colaboracin, de eficiencia y servicio a la ciudadana y de transparencia y de participacin) que fijaron retos emprendedores en aquellos tiempos pero que an hoy continan muy presentes y vivos en la actividad pblica.

Posteriormente, el artculo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organizacin y funcionamiento de la AGE, precis y renov los principios mencionados, esta vez con ms atencin a las demandas de la ciudadana, en dos bloques: uno de organizacin (jerarqua, descentralizacin funcional, desconcentracin funcional y territorial, economa, suficiencia y adecuacin estricta de los medios a las finalidades institucionales, simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadana y coordinacin) y otro de funcionamiento (eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignacin y utilizacin de los recursos pblicos, programacin y desarrollo de objetivos y control de la gestin y de los resultados, responsabilidad por la gestin pblica, racionalizacin y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestin, servicio efectivo a la ciudadana, objetividad y transparencia de las actuaciones administrativas y cooperacin y coordinacin con el resto de administraciones pblicas).

Por otra parte, el artculo 4, bajo el epgrafe ‘Principio de servicio a los ciudadanos’, incluye una referencia expresa a la mejora continua de los procedimientos, los servicios y las prestaciones pblicas, de acuerdo con las polticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, y determina, respecto a esto, las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estndares de calidad. Entre otros, destaca la obligacin de mantener actualizados y a disposicin de la ciudadana, en las unidades de informacin correspondientes, el esquema de su organizacin y la de los organismos dependientes, como tambin las guas informativas sobre los procedimientos administrativos, los servicios y las prestaciones aplicables en el mbito de la competencia del ministerio respectivo y de sus organismos pblicos.

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el cual se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administracin General del Estado, es un hito destacable en este recorrido, dado que tiene por objeto definir el espacio comn para la mejora de la calidad en la AGE y regular los aspectos bsicos de los programas que la integran. Estos programas, que tienen por objeto fomentar la transparencia mediante la difusin pblica del nivel de calidad ofrecida a la ciudadana, son los de anlisis de la demanda y de evaluacin de la satisfaccin de los usuarios de los servicios, de cartas de servicios, de quejas y sugerencias, de evaluacin de la calidad de las organizaciones, de reconocimiento y del Observatorio de la Calidad de los Servicios Pblicos.

La creacin de la Agencia de Evaluacin de Polticas y Calidad de los Servicios del Gobierno de Espaa, mediante el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, es una referencia inexcusable en este mbito. En el prembulo de este real decreto se manifiesta que los organismos internacionales y las administraciones pblicas de los pases ms adelantados comparten lneas similares de reforma en materia de gestin pblica. La gestin orientada a resultados, el desarrollo de indicadores para medir eficacia, eficiencia y calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, junto con el uso de la evaluacin, son algunos de los rasgos bsicos que, entre otros, configuran esta nueva gestin pblica.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, orientada a la simplificacin y la reduccin de cargas administrativas, que fue aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa, da respuesta a uno de los puntales de la Unin Europea (la libertad de establecimiento y de circulacin de servicios dentro de la comunidad) consagrado en el Tratado de la Comunidad Europea de 1957. Para la transposicin de esta directiva europea al ordenamiento jurdico espaol se aprob la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio. Mediante esta ley se incorpora el contenido de la directiva en la legislacin espaola, a efectos de impulsar la mejora de la regulacin del sector de servicios reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas en el ejercicio de una actividad de servicios y proporcionando un entorno ms favorable y transparente a los agentes econmicos que incentive la creacin de empresas y genere ganancias en eficiencia, productividad y ocupacin en las actividades de servicios, adems del incremento de la variedad y la calidad de los servicios disponibles para empresas y para la ciudadana.

Por su parte, la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos, seala en la exposicin de motivos que el mejor servicio a la ciudadana constituye la razn de las reformas que despus de la aprobacin de la Constitucin se han hecho en Espaa para configurar una administracin moderna que haga del principio de eficacia y de eficiencia su eje vertebrador, siempre con la mirada puesta en la ciudadana. Este servicio constituye tambin la principal razn de ser de la Ley de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos, que trata, adems, de estar adaptada a la poca actual. En consonancia con esta declaracin, el artculo 4 de la ley recoge los principios generales para utilizar las tecnologas de la informacin, entre los cuales cabe destacar el principio de simplificacin administrativa, por el cual se reducen, de manera sustancial, los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos y se consiguen una eficacia y una eficiencia mayores en la actividad administrativa, y el principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrnicos facilitar la mxima difusin, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

En el mbito de la comunidad autnoma de las Illes Balears, el artculo 34 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de rgimen jurdico de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears, establece como principio general que informar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas el hecho de que la actuacin administrativa procurar, entre otros, velar por la mejora continua de los servicios y de las prestaciones pblicas mediante modelos de gestin orientados a la innovacin y a la evaluacin de los resultados por los usuarios y por las usuarias. Asimismo, el artculo 36 reconoce el derecho de la ciudadana respecto del hecho de que todos los rganos y todas las unidades administrativas integrantes de la Administracin de la comunidad autnoma traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa, sin dilaciones indebidas.

Especialmente relevante es el artculo 39 de la ley mencionada, que recoge el derecho de la ciudadana a la calidad de los servicios pblicos y, en concreto, a exigir los niveles de calidad en la prestacin de los servicios pblicos establecidos por los rganos competentes. Adems, dispone como obligacin del Gobierno de las Illes Balears la adopcin de alguno de los modelos reconocidos y existentes en relacin con la evaluacin de la calidad de los servicios pblicos, a fin de que los rganos de la administracin puedan autoevaluar, peridicamente, su actividad.

En un mbito ms concreto, el mismo artculo prev la posibilidad de que el Gobierno establezca premios u otro tipo de incentivos para promover entre sus rganos la mejora continua de la calidad de los servicios. Finalmente, cabe destacar las referencias al derecho de peticin; a las sugerencias o quejas relativas al funcionamiento de los servicios pblicos; a la relacin de la ciudadana con la administracin por vas informticas o telemticas, especialmente en cuanto a la tramitacin total o parcial de los procedimientos y la comunicacin directa con los rganos y las unidades administrativas, as como la formulacin de solicitudes y otras manifestaciones; y a la necesidad de mantener actualizado el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, como tambin su publicacin anual.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2009 para impulsar la simplificacin y la reduccin de cargas administrativas en la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2009 por el cual se aprueba la implementacin del sistema de gestin por procesos de la comunidad autnoma de las Illes Balears, son dos claros ejemplos de esta tendencia de regulacin como apoyo de una buena administracin en el marco de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

IV

Al mismo tiempo que se desarrolla este concepto de buena administracin, tal como encarga el Estatuto de Autonoma de las Illes Balears, no se puede perder la ocasin para avanzar hacia un espacio complementario e imprescindible como es el de la potenciacin y la consolidacin de la calidad democrtica en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la accin de gobierno, es decir, lo que se llama buen gobierno, todo aquello relacionado con una manera de actuar de los lderes polticos de las instituciones pblicas de conformidad con referencias jurdicas, morales o ticas. Esta manera exigente de actuar valora, adems de a los mismos protagonistas de la accin de gobierno, a las organizaciones pblicas y a los programas y proyectos que desarrollan.

Su relevancia radica en el hecho de que los poderes pblicos desarrollan un papel decisivo en los pases democrticos, entre otros aspectos, como garanta de igualdad y de solidaridad y como defensores del estado de derecho, de una manera estrictamente ligada a la confianza que la ciudadana les deposita.

A fin de que el vnculo entre poderes pblicos y confianza de la ciudadana se consolide y madure, los gobiernos ms adelantados se dotan de medios materiales y legales y de valores y mecanismos que facilitan la buena manera de hacer y el control de los responsables pblicos.

Se deber tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios pblicos y la calidad democrtica, en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la accin de gobierno, son un derecho de la ciudadana, de manera que corresponde a los poderes pblicos velar para que este derecho sea real y efectivo.

En los ltimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en Espaa en diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la generacin, la publicacin y el impulso de cdigos ticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, como tambin de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones pblicas y privadas, as como la mejora de la rendicin de cuentas, mediante el impulso de la cultura de la evaluacin del diseo, el desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones pblicas.

En este sentido son referentes, en el mbito estatal, el Cdigo del buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado, aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, y las actuaciones y los programas de la Agencia Estatal de Evaluacin y Calidad (AEVAL) en cuanto a la mejora de la rendicin de cuentas mediante la evaluacin de las polticas pblicas.

La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulacin de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado, as como su despliegue normativo, mediante el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, constituyen un avance en el proceso de reforzar la dimensin tica en la actuacin de los mximos responsables de la AGE y de establecer un nuevo rgimen de gestin y control de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Espaa y de sus altos cargos, de acuerdo con las directrices elaboradas en esta materia por la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico y con las medidas que han adoptado los pases de nuestro entorno cultural con polticas ms avanzadas en esta materia.

En el mbito de la comunidad autnoma de las Illes Balears cabe destacar la Disposicin adicional decimoctava de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que regula la transparencia y el control de los cargos pblicos de las Illes Balears y crea la denominada Oficina de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Pblicos de las Illes Balears. Por otra parte, paralelamente, est el Registro de Patrimonio, creado mediante la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears, cuya regulacin y funcionamiento despliega el captulo III del Decreto 250/1999, de 3 de diciembre, por el cual se aprob el Reglamento de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 126/2005, de 16 de diciembre.

Abriendo el marco de referencia en el mbito europeo, el artculo 15 del ttulo II del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea (versin consolidada una vez introducidas las modificaciones del Tratado de Lisboa) establece que, con el fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participacin de la sociedad civil, las instituciones, los rganos y los organismos de la Unin tienen que actuar con el mximo respeto posible al principio de apertura, especialmente, en este caso, de los datos y la informacin pblica relevante para la sociedad. En consonancia con este hecho, las sesiones del Parlamento Europeo tienen que ser pblicas, como tambin las del Consejo en que se delibere y vote sobre un proyecto de un acto legislativo.

Este artculo establece que cualquier ciudadano de la Unin, as como cualquier persona fsica o jurdica que resida o tenga su domicilio social en un estado miembro, tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones, de los rganos y de los organismos de la Unin, sea cul sea su soporte. Asimismo, cada una de las instituciones, los rganos o los organismos tiene que garantizar la transparencia de sus trabajos y tiene que elaborar disposiciones especficas en su reglamento interno sobre el acceso a sus documentos. En Espaa hay diversas instituciones que han emprendido iniciativas de catalogacin para reutilizar datos de inters pblico.

Tambin conviene destacar la mejora de la regulacin y la poltica de mejora constante de la calidad de las normas, de simplificacin y de adecuacin de la legislacin y de revisin del impacto de dicha legislacin en la sociedad, como caracterstica de un buen gobierno. Esto implica la creacin de un marco regulador de calidad que contribuya al crecimiento econmico y a la productividad por medio de la reduccin de los costes innecesarios y de la eliminacin de obstculos.

Por otra parte, la mejora de la regulacin se refiere tanto a la calidad de las leyes como a la calidad de la intervencin administrativa, con la racionalizacin de sta ltima y el ajuste a lo que es necesario para garantizar la proteccin de los intereses generales. En este marco de actuacin, se situar el anlisis de impacto normativo de la legislacin en la sociedad mediante un estudio riguroso de las consecuencias de aplicar una determinada norma, como tambin las posibles alternativas a esta norma y las consecuencias econmicas derivadas de su aplicacin, aportando la informacin necesaria a partir del anlisis de alternativas, objetivos e impactos para justificar la proporcionalidad de una norma.

En este sentido, en la comunicacin de la Comisin al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005 Legislar mejor para potenciar el crecimiento y la ocupacin en la Unin Europea, la Comisin ya recomendaba que todos los estados miembros establecieran estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluacin de impacto que permitieran determinar las consecuencias econmicas, sociales y medioambientales de una norma, como tambin las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias.

En relacin con este enfoque de la actividad legislativa, el Gobierno espaol aprob el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el cual se regula la memoria del anlisis de impacto normativo.

La consolidacin de la calidad democrtica en la accin de gobierno se completa con la necesidad de rendicin de cuentas y de evaluacin de polticas pblicas. El Reglamento (CE, Euratom) nm. 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el cual se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las comunidades europeas, en la referencia a los principios de buena gestin y eficiencia, introduce la realizacin de evaluaciones previas y posteriores sobre programas y actividades que ocasionen gastos importantes. Igualmente, la Agencia Estatal de Evaluacin y Calidad (AEVAL), en la Carta de compromisos con la calidad de las administraciones pblicas espaolas, recomienda la evaluacin de los programas y las polticas pblicos como instrumento imprescindible para poder adecuar la actuacin del Gobierno y de la administracin a las necesidades sociales y para determinar el grado de eficacia y de satisfaccin de la ciudadana con las polticas implementadas.

V

Esta ley se desarrolla en un ttulo preliminar y tres ttulos ms, 51 artculos, tres disposiciones adicionales, una disposicin transitoria, una disposicin derogatoria y cinco disposiciones finales.

El ttulo preliminar, formado por tres artculos, recoge el objeto, el mbito de aplicacin y los principios generales de la buena administracin y del buen gobierno.

El ttulo I comprende las normas relativas a la buena administracin.

El captulo I (Accesibilidad, administracin electrnica y simplificacin) incluye tres secciones.

La seccin 1. (Accesibilidad y ciudadana) reconoce a la ciudadana el derecho a la informacin administrativa y las vas de acceso a esta informacin a travs de medios electrnicos, con respeto a los principios de igualdad y de universalidad y de conformidad con la normativa de proteccin de datos de carcter personal. Tambin se regulan los derechos de acceso a archivos y registros y el derecho a la participacin ciudadana, el cual se configura como un deber para la administracin pblica en su promocin e impulso, como tambin en el establecimiento de las vas de relacin directa y los mecanismos de participacin mediante las nuevas tecnologas.

La seccin 2. (Administracin electrnica) garantiza, en primer lugar, el cumplimiento de la mencionada Ley 11/2007, de acceso electrnico, de manera que este derecho de la ciudadana se constituye como un deber para la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears, la cual tendr que priorizar su aplicacin. Asimismo, esta seccin prev el despliegue reglamentario de la sede electrnica, la creacin de registros electrnicos, la promocin de la generalizacin del expediente electrnico como alternativa al expediente en papel y el sistema de archivo electrnico de documentos, todo esto con la garanta del respeto a la legislacin y a la normativa aplicables en materia de proteccin de datos de carcter personal, seguridad e integridad. Finalmente, esta seccin establece, para los rganos colegiados que haya creado la Administracin de la comunidad autnoma, la utilizacin preferente de los medios electrnicos para su funcionamiento interno.

La seccin 3. (Simplificacin administrativa) recoge la referencia, desarrollada despus, a la poltica de mejora constante de la calidad de las normas. Asimismo, esta seccin reitera la obligacin, que ya prevn diversas leyes estatales y autonmicas, de todas las entidades y los organismos de la comunidad autnoma de las Illes Balears de confeccionar el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, como tambin el deber de mantenerlos constantemente actualizados y publicarlos en la pgina web institucional. Seguidamente, la seccin hace referencia a la gestin y la mejora continuas de los procesos, mediante la estandarizacin de estos procesos y su posterior revisin y rediseo con el fin de alcanzar mejoras en calidad de los servicios.

Dentro del marco de la simplificacin administrativa, esta seccin reconoce expresamente el derecho de las personas administradas a no aportar documentacin que ya est en poder de la administracin y establece como complemento el deber de las administraciones pblicas de garantizar este derecho de forma real y efectiva. Finalmente, esta seccin hace referencia al grupo de impulso para la simplificacin y la reduccin de cargas administrativas como motor principal de las actuaciones tendentes a la agilizacin de tramitaciones administrativas.

El captulo II (Transparencia en la gestin) define este principio como informador de toda actuacin administrativa, principalmente en materia de contrataciones. Este captulo regula especficamente cuatro supuestos en los cuales el principio de transparencia debe tener una aplicacin especial para controlar la tramitacin a desarrollar. Estos supuestos son: contratacin pblica, gestin de servicios pblicos, convenios de colaboracin y rgimen de ayudas y subvenciones.

El captulo III (Los sistemas de gestin y la calidad de las organizaciones y de los servicios pblicos) se subdivide en cuatro secciones. En las secciones 1. y 2. se regulan los sistemas de gestin organizacional que se tienen que implantar en las consejeras y en los entes, los centros y las unidades de su competencia para mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones.

En las secciones 3. y 4., la ley profundiza en los compromisos de servicio que debe asumir la administracin, como tambin en el derecho de la ciudadana a conocer la informacin bsica de un determinado servicio, del conjunto de sus caractersticas bsicas, del tiempo de respuesta y del sistema de quejas y sugerencias, mediante el sistema de implantacin de cartas ciudadanas. Se crean diversas modalidades de premios a la calidad y las buenas prcticas como sistema para promover la mejora de la calidad de los servicios en todos sus mbitos y para distinguir a los organismos, las unidades y las personas que han contribuido a ello en algn sentido.

El ttulo II (El buen gobierno) se estructura en dos grandes captulos.

En la seccin 1. (Principios de buen gobierno) del captulo I (Liderazgo tico e integrador), se enumeran los principios ticos y las reglas de conducta que afectan a las personas incluidas en el mbito de aplicacin definido. En esta seccin tambin se hace referencia expresa a algunas obligaciones que vinculan a los gobiernos en funciones para evitar actuaciones que puedan condicionar o dificultar el acceso a la informacin o el funcionamiento del gobierno entrante. Finalmente, cabe destacar el impulso de la idea de gobernanza con el fin de garantizar la integracin de los ejes pblico-privado-civil y local-global. La seccin 2., por su parte, regula el deber de dedicacin exclusiva al cargo pblico.

El captulo II (Transparencia y accin de gobierno) vuelve a insistir, en la seccin 1., en la cuestin de la transparencia, pero desde un punto de vista poltico, entendida como el nivel de accesibilidad de la ciudadana a la informacin sobre todos los aspectos que afectan a la gestin poltica. Para desarrollar este punto, la ley impone unos deberes de informacin al Parlamento para los nombramientos de altos cargos, la informacin sobre retribuciones y declaraciones de stos ltimos y la apertura de datos para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad.

En el marco de este reconocimiento explcito del principio de transparencia como puntal bsico del buen gobierno, la seccin 2. prev la publicacin de las formas de gestin de cada servicio o actividad de la administracin. La calidad normativa y la mejora de la regulacin son los principios informadores de la poltica legislativa, mediante la evaluacin previa de las normas y su impacto en la sociedad. Tambin se garantiza que la informacin obtenida de este anlisis estar a disposicin de la ciudadana para favorecer su participacin y para que la conozca. La responsabilidad social que vincula a la administracin autonmica se regula tambin en esta seccin, en el marco de la voluntad de incorporar las preocupaciones sociales y ambientales a sus relaciones con la ciudadana.

La seccin 3. de este captulo II prev un sistema de evaluacin de polticas pblicas como proceso sistmico de observacin, medida, anlisis e interpretacin encaminado al conocimiento de una norma, un programa, un plan o una poltica, para llegar a un juicio valorativo basado en evidencias con el fin de mejorar la eficacia del sector pblico y perfeccionar la calidad democrtica. Define los criterios que debe seguir este sistema, el alcance de su aplicacin, las modalidades y los contenidos, y tambin la obligatoriedad de su registro y publicacin.

Finalmente, en el ttulo III (Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears) se crea la mencionada oficina con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones de evaluacin en la administracin autonmica, y tambin de ejercer, entre otras, las funciones de gestin del registro de las evaluaciones que se lleven a cabo tanto de polticas pblicas como de calidad de las organizaciones, de desarrollo de un observatorio de la gestin pblica y de la valoracin de la ciudadana y de hacer el seguimiento y la evaluacin del cumplimiento de las medidas de transparencia e integridad.

TTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

Esta ley tiene por objeto establecer las medidas y las lneas de actuacin que permitan al Gobierno, a la Administracin de la comunidad autnoma y a los entes del sector pblico instrumental de las Illes Balears actuar de conformidad con los principios y valores de la buena administracin y del buen gobierno, en el contexto de mejora continua de la calidad de las organizaciones y de los servicios pblicos que se prestan a la ciudadana y de la calidad democrtica por lo que se refiere a los efectos de las intervenciones pblicas y a la accin de gobierno.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. Esta ley es aplicable al Gobierno de las Illes Balears, a la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y a los entes del sector pblico instrumental de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

2. Integran el sector pblico instrumental de la comunidad autnoma de las Illes Balears los entes que se mencionan a continuacin, siempre que estn bajo la dependencia de la Administracin de la comunidad autnoma o que estn vinculados a ella: los organismos autnomos, las entidades pblicas empresariales, las sociedades mercantiles pblicas, las fundaciones del sector pblico y los consorcios.

3. Respecto al ejercicio de los servicios pblicos, las personas fsicas o jurdicas privadas que gestionen servicios pblicos mediante cualquiera de las modalidades de gestin de servicios pblicos previstas en derecho, se tienen que ajustar al contenido de esta ley.

Artculo 3. Principios generales.

Son principios que informan la buena administracin y el buen gobierno:

a) Orientacin a la ciudadana: La ciudadana y la satisfaccin de sus necesidades reales son la razn de ser de la administracin pblica. Los servidores y las servidoras pblicos tienen que actuar en el ejercicio de sus funciones con voluntad de servicio a la sociedad y tienen que perseguir siempre el inters general. Asimismo, mantendrn la imparcialidad y la equidad en el trato, el servicio y la administracin de los intereses de la ciudadana.

b) Participacin ciudadana: La administracin aplicar sistemas y mtodos para que la participacin de la ciudadana sea un hecho en el diseo y la gestin de las polticas pblicas y los servicios que presta, que se tienen que incluir en las agendas polticas a la hora de definir y mejorar las intervenciones de una manera proactiva.

c) Informacin administrativa: La ciudadana tiene derecho a recibir informacin suficiente de los asuntos que sean de su inters, de una manera accesible, comprensible y transparente. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a acceder a los registros y a hacer trmites y recibir informacin por medios electrnicos.

d) Transparencia: El ejercicio de la gestin pblica debe incluir la transparencia, tanto en la adopcin de decisiones como en el desarrollo de la actividad pblica.

e) Eficacia y eficiencia: La administracin autonmica velar por la eficacia y la eficiencia en todos sus actos. A los efectos de esta ley, se entiende por eficacia la consecucin de los objetivos que se persiguen con el mximo de calidad posible, mediante la orientacin a objetivos y resultados y la generalizacin de los sistemas de gestin. Se entiende por eficiencia la utilizacin ptima de los medios para conseguir la eficacia, con introduccin de la perspectiva econmica en el anlisis de la eficacia. Las administraciones pblicas tienen que gestionar de manera eficiente y responsable los recursos que les confa la ciudadana. Por eso, se tienen que disear, medir y evaluar las intervenciones pblicas.

f) Calidad normativa: La mejora del marco regulador, o calidad normativa, es esencial para cumplir con los compromisos europeos y hacer ms fcil el desarrollo de las actuaciones empresariales y ciudadanas.

g) Simplicidad y comprensin: La Administracin de la comunidad autnoma utilizar las tcnicas y los mtodos que permitan la simplificacin de trmites, la eliminacin de procedimientos innecesarios y la disminucin de los tiempos de respuesta. Las normas y los procedimientos administrativos tienen que ser claros y comprensibles para la ciudadana. Adems, los medios pblicos de informacin de los servicios tienen que utilizar un lenguaje accesible.

h) Gestin del conocimiento: Las capacidades de los empleados y las empleadas pblicos y de sus directivos y directivas tienen que ser objeto de una adecuacin continua, a partir de la formalizacin de la manera de hacer y el aumento del capital intelectual y organizacional, con el objetivo de la prestacin de servicios de alta calidad.

i) Calidad de los servicios y mejora continua: La calidad de los servicios pblicos y de las organizaciones que los prestan, como tambin la calidad de la accin de gobierno y sus efectos, se conciben como un derecho de la ciudadana.

j) Anticipacin y celeridad: La manera de disear polticas y de gestionar y prestar servicios pblicos debe permitir anticiparse a los problemas y a las demandas de la ciudadana. Adems, la consecucin de los objetivos pretendidos se alcanzar tan pronto como sea posible, siempre sin perjuicio de la eficacia y la eficiencia.

k) Integridad: Los gobiernos tienen que asegurar un alto nivel de buenas prcticas y tratar de impedir las malas prcticas mediante polticas, medidas e infraestructuras que garanticen la integridad en su accin e iniciativas.

l) Gobernanza: Los servidores y las servidoras pblicos tienen que velar por el fortalecimiento y el fomento de la gobernanza, entendida como las normas, los procesos y los comportamientos que afectan a la calidad del ejercicio del poder o influyen en l, basados en los principios de apertura, de participacin, de responsabilidad, de eficacia y de coherencia. La gobernanza se basa en una nueva forma de entender la interaccin de las instancias pblicas tradicionales, los entornos cvicos y econmicos y la ciudadana. Se perseguir la coordinacin y la cooperacin entre las diferentes administraciones pblicas y en el interior de cada una, para hacer posible el desarrollo de un gobierno multinivel.

m) Responsabilidad y rendicin de cuentas: El Gobierno y la administracin pblica tienen que asumir en todo momento las responsabilidades de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen. Igualmente, tienen que promocionar e impulsar la cultura de la evaluacin y el ejercicio de rendicin de cuentas en todas sus actuaciones y en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

n) Responsabilidad social de la administracin: La responsabilidad social se integrar como principio rector de las polticas pblicas y de las actuaciones de la administracin autonmica, con la incorporacin de las preocupaciones sociales y ambientales en sus relaciones con la ciudadana y la sociedad. Se fomentar de manera especial la inversin socialmente responsable de sus actividades.

o) Igualdad de gnero: La igualdad entre hombres y mujeres, desde la perspectiva del Gobierno y de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears, consiste en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos, en el marco del refuerzo del papel de la mujer, y en luchar contra toda discriminacin aplicando el doble enfoque de englobar acciones especficas y la integracin de la perspectiva de gnero.

p) Accesibilidad: El Gobierno y la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears tienen que disear y desarrollar los servicios que prestan, y tambin sus equipos e instalaciones, de manera que toda la ciudadana tenga garantizada la accesibilidad y as se pueda participar de manera plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad, especialmente teniendo en cuenta nuestra discontinuidad territorial, desde la perspectiva de la doble y la triple insularidad.

TTULO I
La buena administracin
CAPTULO I
Accesibilidad, administracin electrnica y simplificacin
Seccin 1. Accesibilidad y ciudadana
Artculo 4. Informacin a la ciudadana.

1. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y los entes del sector pblico instrumental tienen que garantizar a la ciudadana el derecho a la informacin administrativa, como primer peldao del concepto de acceso, y, en general, el derecho a tener informacin y a conocer las actuaciones y las iniciativas de actuacin pblica que emprende en virtud del ejercicio de sus competencias y los servicios pblicos que ofrece.

2. En el ejercicio de este derecho se tienen que respetar los principios de igualdad, universalidad y accesibilidad, con especial atencin al acceso a la informacin por las personas con discapacidades.

3. La Administracin de la comunidad autnoma y los entes del sector pblico instrumental desarrollarn los medios electrnicos ms adecuados para ejercitar este derecho a la informacin, adems de habilitar los medios pertinentes para que se pueda ejercitar tambin de manera presencial y telefnica.

4. Los rganos administrativos de la Administracin de la comunidad autnoma y las entidades y empresas dependientes tienen que dar a conocer a la ciudadana los informes o las memorias anuales que recogen la actividad que desarrollan y los resultados de su gestin y que se publicarn, como mnimo, en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma.

5. El ejercicio del derecho a la informacin que garantiza este artculo se encuentra sometido a los requisitos y a las condiciones que establece la normativa vigente en materia de proteccin de datos, y los datos personales que la ciudadana proporcione a la Administracin en el ejercicio de este derecho se tienen que utilizar con los fines y los lmites que establece esta normativa.

6. El derecho a la informacin que regula este artculo se entiende sin perjuicio del derecho a la informacin especializada que sobre materias concretas reconozca la normativa sectorial especfica.

Artculo 5. Acceso a archivos y registros.

Con relacin al acceso de la ciudadana a los archivos y registros de la Administracin de la comunidad autnoma y de los organismos y las entidades que de ella dependen, como tambin a los documentos que estn en su poder, la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears:

a) Debe hacer pblicas en la pgina web de la administracin, en un apartado especfico, las condiciones de acceso al conjunto de archivos y registros.

b) Debe trabajar para implantar progresivamente el uso de las nuevas tecnologas en el acceso a archivos y registros.

Artculo 6. Participacin ciudadana.

1. Con el fin de promover y garantizar la participacin ciudadana, la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears:

a) Fomentar la participacin, individual o colectiva, en la vida poltica, econmica, cultural y social de la comunidad autnoma y promover la participacin en los asuntos pblicos, especialmente en relacin con la tramitacin de nuevas leyes y en la evaluacin de las polticas pblicas. En este sentido, los proyectos de ley tienen que incluir un proceso participativo o de consulta y cada evaluacin de las polticas pblicas llevar asociada una accin de escucha de la voz de la ciudadana. En caso de imposibilidad de llevar a cabo este proceso se motivar justificadamente.

b) Fortalecer el tejido asociativo y la sociedad civil, impulsar la generacin de la cultura y de los hbitos participativos entre la ciudadana y favorecer la reflexin colectiva sobre los asuntos que sean objeto de los procesos participativos, siempre garantizando la pluralidad, el rigor, la transparencia informativa y la veracidad.

c) Promover el dilogo social como factor de cohesin social y de progreso econmico y el fomento del asociacionismo, del voluntariado y de la participacin social.

d) Establecer vas de relacin directa con la ciudadana que, con el suministro previo de la informacin veraz y suficiente que se considere, proporcionen informacin con el fin de adecuar el diseo de las polticas pblicas a las demandas e inquietudes de la ciudadana.

e) Favorecer los mecanismos de participacin y de cultura democrtica, entre otros, mediante las nuevas tecnologas y trabajar para implementar progresivamente procesos de participacin a travs de medios electrnicos.

f) Promover la confeccin de unos presupuestos participativos, es decir, la posibilidad de que la ciudadana opine sobre el orden de prioridades en el captulo de inversiones mediante mecanismos de democracia directa estructurados debidamente u otros procesos o instrumentos participativos. En este sentido y como mnimo, se dar publicidad va electrnica del anteproyecto de inversiones del presupuesto, para que la ciudadana pueda hacer efectiva esta participacin directa en un plazo concreto.

2. La ciudadana tiene derecho a ser consultada de manera peridica y regular sobre su grado de satisfaccin respecto de los servicios pblicos. Con el fin de cumplir este derecho se fomentar el uso de instrumentos adecuados, como las encuestas, los sondeos o los paneles ciudadanos. Los resultados de estas consultas se tienen que publicar en la pgina web de la administracin.

Seccin 2. Administracin electrnica
Artculo 7. Medios electrnicos, informticos y telemticos.

1. Se reconoce el derecho de la ciudadana a relacionarse con la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears por medios electrnicos, en los trminos y de acuerdo con los principios que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos, con las garantas de disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservacin de los datos, como tambin de comunicacin de la informacin y los servicios que gestiona en el mbito de sus competencias.

2. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears tendr como prioridad el uso de las tecnologas de la informacin en la actividad administrativa. En especial, facilitar el acceso por medios electrnicos de la ciudadana a la informacin y al procedimiento administrativo, con las limitaciones que se derivan de la Constitucin y del resto del ordenamiento jurdico. La utilizacin de los medios electrnicos no tiene que implicar, en ningn caso, una merma de los derechos ciudadanos, como tampoco restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en su acceso a los servicios pblicos.

3. Los documentos, los servicios electrnicos y las aplicaciones que se pongan a disposicin de la ciudadana tienen que ser visualizables, accesibles y funcionalmente operables en unas condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnolgica y eviten la discriminacin a la ciudadana en razn de su eleccin tecnolgica. Igualmente, se facilitar el desarrollo y la implantacin de los progresos tecnolgicos ms adelantados y tiles para las relaciones con la ciudadana.

4. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears regular reglamentariamente la sede electrnica, que es la direccin electrnica disponible para la ciudadana a travs de redes de telecomunicaciones, de la cual tiene encomendada la titularidad, la gestin y la administracin. Se crear una comisin, que se regular reglamentariamente, como rgano de coordinacin y de enlace entre los rganos y los organismos con responsabilidad sobre la sede electrnica, respecto de contenidos, diseo y cuestiones tcnicas de la sede. Esta comisin estar formada, como mnimo, por los directores y/o las directoras generales competentes en materia de tecnologa y comunicaciones, en materia de calidad de los servicios y en materia de comunicacin.

5. Se publicarn a travs de medios electrnicos las disposiciones y resoluciones que, de conformidad con su normativa reguladora, tienen que ser publicadas, y se establecern las medidas de seguridad necesarias que garanticen su veracidad e integridad. Cualquier copia impresa contendr los mecanismos necesarios para poder acceder al original electrnico.

Artculo 8. Sistema de registro electrnico.

1. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears regular reglamentariamente el registro electrnico, que debe permitir a la ciudadana presentar por medios electrnicos sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. El registro electrnico de la administracin autonmica puede recibir solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a otras administraciones, de acuerdo con lo que establecen la normativa bsica de procedimiento administrativo y los convenios de colaboracin, que, a este efecto, se suscriban.

Artculo 9. Expediente electrnico.

1. La administracin autonmica promover la generalizacin del expediente electrnico como alternativa al expediente en papel, en los trminos que establecen la legislacin bsica y la normativa autonmica que la despliegue.

2. En la ordenacin, los expedientes electrnicos respetarn los principios de integridad, de accesibilidad y de interconexin con otros documentos, expedientes o archivos electrnicos.

Artculo 10. Archivo electrnico.

1. Los documentos electrnicos de la administracin autonmica se archivarn por estos medios en los trminos que se establezcan reglamentariamente, y es preceptivo conservarlos cuando contengan informacin o decisiones relevantes para derechos o intereses.

2. Garantizar la seguridad, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la proteccin de datos y la conservacin de los documentos que se hayan almacenado y depositado en archivos y depsitos electrnicos, como tambin la posibilidad de acceder a ellos y su localizacin.

3. Todo acceso a un archivo o depsito electrnico estar controlado y se identificar a los empleados y las empleadas pblicos y a las personas que sean usuarias.

4. Se arbitrarn medidas tcnicas que garanticen la conservacin adecuada y el posible traslado de los documentos a nuevos formatos y soportes.

Artculo 11. Utilizacin de medios electrnicos por rganos colegiados.

1. Los rganos colegiados que haya creado la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y que estn integrados en su totalidad por representantes de sus rganos y entidades dependientes utilizarn preferentemente medios electrnicos para su funcionamiento.

2. En caso de que se haya optado por utilizar medios electrnicos, la convocatoria de las sesiones, el orden del da y la documentacin relativa a los asuntos que lo integren se comunicarn a los miembros por correo electrnico a la direccin que a este efecto hayan designado, sin perjuicio de la utilizacin de otros medios de comunicacin electrnicos y con independencia que hayan dado su consentimiento expreso para utilizar esta manera de citacin.

3. Las actas, los libros de acuerdos y otros documentos de los rganos colegiados tienen que estar archivados electrnicamente como mnimo y con todas las garantas adecuadas para su autenticidad y conservacin.

Artculo 12. Transmisin de datos, interoperabilidad, cooperacin y colaboracin administrativa.

1. La administracin autonmica de las Illes Balears facilitar a las otras administraciones el acceso por medios electrnicos a los datos de que dispone. Asimismo, se fomentar el acceso por medios electrnicos a los datos de que dispongan las administraciones local y estatal. Este precepto se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de proteccin de datos de carcter personal.

2. Las herramientas de la administracin autonmica electrnica garantizarn su compatibilidad con los medios de identificacin, autenticacin y documentos electrnicos del resto de administraciones.

Seccin 3. Simplificacin administrativa
Artculo 13. Mejora de la regulacin.

1. Se impulsar la evaluacin del impacto normativo que tiene en la sociedad la regulacin ya existente, especialmente en cuanto a las consecuencias econmicas en la ciudadana y el tejido empresarial derivadas de su aplicacin. Se impulsar la simplificacin normativa, lo cual implica la revisin sistemtica de la legislacin con el fin de garantizar la calidad formal de las normas y el hecho de que estn escritas en trminos claros, precisos y accesibles para la ciudadana. En este sentido, se adoptarn medidas que tiendan a reducir el nmero de normas reguladoras y su dispersin y se fomentarn los textos refundidos.

2. Las memorias, los estudios y los informes ya establecidos y en vigor para la tramitacin normativa, segn lo que dispone el artculo 42 de esta ley, se refundirn en un nico documento que se denominar Memoria del anlisis del impacto normativo, que tendr que redactar el rgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de manera simultnea a su elaboracin.

Artculo 14. Inventario y simplificacin de procedimientos.

1. Cada entidad u organismo a que se refiere esta ley confeccionar un inventario de los procedimientos administrativos de su competencia y lo mantendr constantemente actualizado.

2. Con carcter anual, cada entidad u organismo publicar en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma la relacin de procedimientos de su competencia y sus principales caractersticas, entre las cuales estarn los plazos de gestin.

3. Cada entidad u organismo simplificar los procedimientos de su competencia y reducir al mximo las cargas administrativas. Se utilizarn tcnicas y mtodos que persigan la simplificacin de trmites, la eliminacin de procedimientos innecesarios y la reduccin de tiempo.

4. Se potenciar el desarrollo del programa de actuacin para la reduccin de cargas y la simplificacin administrativa, que concretar las actuaciones a desarrollar en este sentido, como tambin la temporalizacin y el cronograma de estas actuaciones para cumplir los objetivos establecidos por la Comisin Europea y el Gobierno del Estado.

Artculo 15. Gestin y mejora continua de los procesos.

1. En la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears se tienen que identificar y estandarizar todos los procesos transversales, es decir, los que afectan a ms de una consejera, como tambin se tienen que medir y mejorar especialmente, de acuerdo con las pautas de la mejora de la calidad, aquellos que tienen que seguir y aplicar todas las secretaras generales, tal como especifica la seccin 1. del captulo III del ttulo I de esta ley.

2. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears impulsar de oficio la gestin por procesos, como tambin la revisin y el rediseo de stos ltimos, mediante la eliminacin de aquellas actividades que no aaden valor al proceso, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios, la eficacia y la eficiencia.

3. El Comit de Gerencia del Sistema de Gestin por Procesos, creado a este efecto, es el responsable del buen funcionamiento y de la mejora continua, entre otros, de todos los procesos generales de las secretaras generales y de los transversales de toda la Administracin de la comunidad autnoma, as como del impulso a la simplificacin y a la reduccin de cargas administrativas.

Artculo 16. Aportaciones documentales.

1. La ciudadana tiene el derecho a no aportar datos ni documentos no exigidos por las normas o que ya estn en poder de cualquier organismo de la administracin autonmica o que tienen que ser expedidos por sta. En este sentido, la administracin garantizar que las personas interesadas no tengan que aportar documentos que ya estn en su poder. Si procede, la administracin puede solicitar que se identifique el expediente en el cual se encuentra el documento. En particular, no se puede exigir la presentacin de originales ni copias compulsadas de aquella documentacin e informacin que, aunque sea necesaria para resolver el procedimiento, est en poder de la administracin actuante o se pueda comprobar por tcnicas telemticas. Asimismo, no se exigir la presentacin de originales ni copias compulsadas en el caso de procedimientos electrnicos, para lo cual es aplicable la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.

2. Para garantizar lo que dispone el apartado anterior, la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears promover los mecanismos de interconexin telemtica que hagan posible el reconocimiento de este derecho y trabajar para que los documentos que estn en poder de una administracin diferente de la actuante, pero disponibles por medios electrnicos, tampoco tengan que ser aportados por la persona interesada, dentro de los lmites de la normativa de proteccin de datos de carcter personal.

3. Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios pblicos y de contribuir a hacer efectivo el contenido del artculo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, se crea el Catlogo de simplificacin documental como inventario pblico de documentos cuya obligacin de aportacin queda suprimida o sustituida por la presentacin de declaraciones responsables. Si con posterioridad a su entrada en vigor se pretende suprimir o sustituir la obligacin de aportar otro tipo de documento, esta supresin o sustitucin se efectuar mediante su inclusin en el Catlogo de simplificacin documental por orden del consejero o la consejera competente en materia de simplificacin administrativa y a iniciativa de las consejeras competentes en la materia afectada. El Catlogo de simplificacin documental recoger, en todo caso, el documento o los documentos cuya obligada presentacin se suprime o sustituye, los registros o ficheros automatizados concretos en que aparecen las inscripciones de los documentos o los datos, como tambin los procedimientos administrativos, si procede, excluidos de esta medida. Adems de su publicacin en el Butllet Oficial de les Illes Balears, el contenido del Catlogo se pondr a disposicin de las personas interesadas en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

Artculo 17. Grupo de impulso para la simplificacin y la reduccin de cargas administrativas.

El grupo de impulso para la simplificacin y la reduccin de cargas administrativas es el encargado de estudiar, disear y poner en marcha actuaciones generales que tengan como objetivo agilizar tramitaciones administrativas, mediante la utilizacin de las herramientas organizativas, de calidad, de administracin electrnica y jurdicas para redisear y simplificar los procesos y procedimientos, como tambin las tcnicas de gestin para reducir cargas administrativas.

CAPTULO II
Transparencia en la gestin
Artculo 18. Concepto y alcance.

En todos los procesos de gestin se actuar bajo el principio de transparencia y se har pblica toda la informacin que la ley permita, especialmente la manera de hacer publicidad de sta y de facilitar su acceso a la ciudadana. Esta transparencia se observar principalmente en la adjudicacin y la ejecucin de los contratos, en la firma de convenios de colaboracin, tanto los suscritos con otras administraciones pblicas como con entidades privadas, y en la concesin de ayudas y subvenciones.

Artculo 19. Contratacin pblica.

1. Los rganos de contratacin de las entidades comprendidas en el mbito de aplicacin de esta ley tienen que dar a los operadores econmicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y tienen que actuar con transparencia y con vigilancia estricta del cumplimiento de la normativa bsica estatal en materia de contratos del sector pblico y de la normativa autonmica correspondiente.

2. Cada rgano de contratacin, una vez adjudicado el contrato, publicar, en el espacio web destinado al efecto, es decir, en el ‘Perfil del contratante’, en formato reutilizable, los aspectos siguientes, siempre que, de acuerdo con la normativa aplicable en cada tipo de procedimiento, consten:

a) Los licitadores.

b) Los criterios de adjudicacin y su ponderacin.

c) El cuadro comparativo de las ofertas econmicas, de las propuestas tcnicas y de las mejoras, si procede, que ofrece cada licitador.

d) La puntuacin obtenida por cada oferta, con el detalle de la otorgada para cada uno de los criterios de adjudicacin y el resumen de la motivacin de la valoracin obtenida.

e) El adjudicatario.

f) Las modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o superior al 20 % del precio inicial del contrato, si procede.

g) La cesin de contrato, si procede.

h) La subcontratacin, si procede.

3. En los casos en que, de acuerdo con la normativa legal de contratacin del sector pblico que debe desarrollar el Gobierno de las Illes Balears, se obligue a la publicacin de la convocatoria en el boletn oficial correspondiente, se publicar tambin en forma de anuncio, a cargo del adjudicatario, en uno de los diarios de mayor difusin la informacin de los apartados a), c) y e) del punto 2 anterior.

4. El requisito de dar publicidad mediante el Perfil del contratante se cumplir en el caso de todos los contratos, sean cules sean la calificacin y el procedimiento para tramitarlos, incluyendo los contratos menores cuya cuanta supere la cifra de 25.000 euros en los contratos de obras y de 9.000 euros en el resto de contratos.

5. La informacin se mantendr disponible en la pgina web de la administracin autonmica durante todo el ejercicio presupuestario. Igualmente, se mantendr disponible en la pgina web la informacin referida al ejercicio inmediatamente anterior.

6. No es procedente divulgar la informacin facilitada por los operadores econmicos que stos mismos hayan designado como confidencial. Esta informacin incluye, en particular, los secretos tcnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.

7. Asimismo, se exime de cumplir el requisito de publicidad, adems de los casos en que la normativa legal en materia de contratas del sector pblico as lo dispone, en los supuestos en que la divulgacin de la informacin relativa a la adjudicacin del contrato constituya un obstculo para aplicar la legislacin, sea contraria al inters pblico o perjudique los intereses comerciales legtimos de los operadores econmicos pblicos o privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre stos ltimos; en cada caso, se motivar la concurrencia de estas circunstancias.

Artculo 20. Gestin de servicios pblicos.

Los pliegos de clusulas administrativas de los contratos de gestin de servicios pblicos tienen que contener las previsiones necesarias para garantizar, como mnimo, los derechos siguientes de las personas usuarias:

a) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que tienen que ser contestadas de manera motivada e individual.

b) A obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria, en relacin con la prestacin del servicio.

c) A utilizar, a eleccin suya, cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autnoma en sus relaciones con la entidad concesionaria y con sus representantes y trabajadores y trabajadoras.

d) A acceder a toda la informacin que obre en poder de la concesionaria y sea necesaria para formular quejas o reclamaciones sobre la prestacin del servicio. Quedan excluidos los documentos que afecten a la intimidad de las personas y los relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, como tambin, en general, aqullos que estn protegidos por la normativa en materia de proteccin de datos de carcter personal.

e) A exigir a la administracin el ejercicio de sus facultades de inspeccin, de control y, si procede, de sancin para resolver las irregularidades en la prestacin del servicio.

f) A ser tratadas de acuerdo al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda haber discriminacin ni directa ni indirecta por ninguna razn.

Artculo 21. Convenios de colaboracin.

1. Los rganos de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y los entes del sector pblico instrumental autonmico tienen que enviar al Butllet Oficial de les Illes Balears, en los primeros veinte das de los meses de enero, mayo y septiembre de cada ao, una relacin de los convenios de colaboracin suscritos en el cuatrimestre anterior, tanto si es con otra administracin pblica como con una entidad privada.

2. Los rganos de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y los entes del sector pblico instrumental autonmico tienen que hacer pblica, en la pgina web institucional y en los primeros veinte das de los meses de enero, mayo y septiembre de cada ao, una relacin de los convenios suscritos referida al cuatrimestre anterior, sin perjuicio de la inscripcin en el Registro de convenios y acuerdos. La informacin se mantendr disponible en Internet durante todo el ejercicio presupuestario. Igualmente, se mantendr disponible en Internet la informacin referida al ejercicio inmediatamente anterior.

3. En el expediente administrativo se motivar la utilizacin de la figura del convenio de colaboracin y las razones que impidan la concurrencia de la oferta y excluyan la suscripcin de un contrato administrativo o la concesin de una subvencin. La motivacin se publicar en la forma que establece el prrafo anterior.

Artculo 22. Rgimen de ayudas y subvenciones.

1. La gestin de subvenciones y ayudas pblicas concedidas por la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears se ajustar especialmente a los principios de eficacia, en cumplimiento de los objetivos fijados por la administracin otorgante, y de eficiencia, en la asignacin y la utilizacin de recursos pblicos, como tambin de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminacin, con las nicas excepciones previstas en la normativa bsica estatal de subvenciones y en la normativa autonmica correspondiente.

2. Cada rgano de la Administracin de la comunidad autnoma o ente del sector pblico instrumental que lleve a cabo actividades de fomento mediante el otorgamiento de fondos pblicos publicar en la pgina web de la administracin autonmica:

a) Una relacin actualizada de las lneas de ayudas o subvenciones que se tengan que convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicacin de los importes que se destinan, el objetivo o la finalidad y la descripcin de los posibles beneficiarios.

b) El texto ntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.

c) Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente al de la notificacin o la publicacin, con indicacin nicamente de la relacin de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificacin de la normativa reguladora.

d) Las subvenciones concedidas sin promover la publicidad y la concurrencia, de acuerdo con la normativa bsica estatal de subvenciones y la normativa autonmica correspondiente.

3. Se eximen de la publicacin, adems de los casos y de los datos en que la normativa legal en materia de subvenciones as lo dispone, los supuestos siguientes:

a) Cuando la publicacin de los datos del beneficiario, a causa del objeto de la ayuda, sea contraria al respeto y a la salvaguarda del honor y la intimidad personal y familiar de las personas fsicas, en virtud de lo que establecen la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccin del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal.

b) Cuando se trate de datos que estn protegidos por el secreto comercial o industrial.

c) Con carcter general, cuando lo exijan o aconsejen razones sustanciales por la existencia de un inters pblico ms digno de proteccin, que, en todo caso, se motivar expresamente.

4. Lo que establece este artculo sobre la publicidad de las subvenciones se entiende sin perjuicio de lo que dispone la normativa bsica estatal de subvenciones y la normativa autonmica correspondiente.

CAPTULO III
Los sistemas de gestin y la calidad de las organizaciones y de los servicios
pblicos
Seccin 1. Los sistemas de gestin organizacional
Artculo 23. Calidad en la gestin.

1. La Administracin de la comunidad autnoma y los entes del sector pblico instrumental de la comunidad autnoma de las Illes Balears tienen que impulsar la eficacia y la eficiencia de sus organizaciones mediante la generalizacin de la implantacin de los sistemas de gestin segn los estndares reconocidos de calidad que, entre otros elementos, incluyan los epgrafes siguientes:

a) Liderazgo para la consecucin de objetivos y toma de decisiones con hechos y datos.

b) Planificacin estratgica y operativa e identificacin de prioridades.

c) Colaboracin y alianzas.

d) Participacin de los empleados y las empleadas.

e) Incorporacin de herramientas tecnolgicas a las funciones ms prximas a la perspectiva de la ciudadana.

f) Formacin de los empleados y las empleadas y gestin del conocimiento para la mejora continua.

g) Anlisis de las expectativas de la sociedad y de escucha de la ciudadana.

h) Mecanismos activos de participacin de la ciudadana.

i) Estudio del clima laboral y de las opiniones de los empleados y de las empleadas.

j) Identificacin, mejora e innovacin en los procesos.

k) ndices de la perspectiva de los usuarios y de la ciudadana.

l) Sistema de comunicacin interna.

m) Sistema de comunicacin externa.

n) Publicacin de datos sobre el cumplimiento de los objetivos y la percepcin ciudadana.

2. El Gobierno desarrollar reglamentariamente este artculo.

Seccin 2. Evaluacin de organizaciones y servicios
Artculo 24. Concepto.

La administracin autonmica y los entes del sector pblico instrumental de la comunidad autnoma de las Illes Balears tienen que impulsar la cultura de la evaluacin de organizaciones y servicios como herramienta de mejora para conocer su madurez organizativa y como garanta de su enfoque a la ciudadana. La evaluacin de la calidad de las organizaciones y los servicios pblicos persigue:

a) Identificar aquellos aspectos y reas de mejora que permitan y favorezcan la evolucin y el desarrollo de las organizaciones, mediante la mejora contina.

b) Medir el rendimiento de las organizaciones y los servicios pblicos que se prestan a la ciudadana, como tambin establecer mecanismos de eficiencia.

c) Asegurar la comparacin, la cooperacin y la competitividad de los rganos, los organismos y las unidades que prestan servicios pblicos.

d) Mejorar la transparencia y hacer llegar a la ciudadana, en su condicin de destinataria de la actividad pblica, informacin sobre los niveles de calidad prestados. En este sentido, se tendr especialmente en cuenta la transmisin actualizada de informacin sobre la calidad de los servicios a los representantes y las organizaciones sociales, en aquellos mbitos que sean de su competencia.

Seccin 3. Compromisos de servicio y cartas ciudadanas
Artculo 25. Concepto.

La construccin y la publicacin de los compromisos de servicio mediante cartas ciudadanas se concibe como un instrumento de transparencia y de mejora continua de la calidad de los servicios pblicos que presta cada entidad, rgano u organismo, mediante herramientas y procesos de gestin, de acuerdo con los estndares de calidad a los que ajustar su actividad.

Artculo 26. Clases y alcance de las cartas ciudadanas.

1. Las cartas ciudadanas pueden ser de diferentes clases, entre otras:

a) De derechos: Son cartas que recogen el conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios y usuarias en relacin con una poltica concreta y con su despliegue mediante prestaciones o servicios.

b) Marco: Son cartas de mnimos de calidad que elaboran los servicios que se encuentren comprendidos en redes de centros, oficinas o unidades existentes.

c) De servicio: Son cartas que establecen los mnimos de calidad a los que se ajustar un servicio determinado, que pueden surgir de iniciativas previas de cartas marco o individualmente si no forman parte de una red.

d) De servicios electrnicos: Son cartas que tienen que publicar los organismos que disponen de este tipo de servicio, con indicacin de sus especificaciones tcnicas.

e) Transversales o multiinstitucionales: Son cartas de servicio de un proceso o de un servicio que presta ms de una administracin.

f) De compromisos: Son cartas certificadas o evaluadas por un rgano externo acreditado a este efecto.

2. El alcance de las cartas ciudadanas es obligatorio en los casos siguientes:

a) Todas las unidades o todos los centros que prestan servicios en red tienen que disponer al menos de una carta marco.

b) Todas las unidades o todos los centros de ms de 25 trabajadores tienen que disponer al menos de una carta de servicio.

c) Todos los procesos transversales entre la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears, las administraciones insulares y/o las administraciones locales tienen que disponer de una carta de tipo transversal o multiinstitucional.

Seccin 4. Reconocimientos
Artculo 27. Concepto.

1. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears promover el reconocimiento a los rganos y entes que configuran la administracin y el sector pblico instrumental, y a las personas que hagan ms esfuerzos y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios pblicos mediante premios.

2. Los procesos de regulacin de los premios a la calidad y a las buenas prcticas se tienen que disear para contribuir a la divulgacin de los trabajos de calidad y gestionar este conocimiento.

3. En ningn caso los reconocimientos o premios tendrn coste econmico.

Artculo 28. Modalidades de premios.

1. Las modalidades de premios son las siguientes:

a) De mbito general de la comunidad autnoma de las Illes Balears:

Premio de Excelencia en la Gestin Pblica, como categora autnoma del Premio Balear de Excelencia en la Gestin, orientado a incentivar la excelencia en las organizaciones pblicas de las Illes Balears.

Premio de Buenas Prcticas a la Calidad Pblica de las Illes Balears, destinado a las organizaciones pblicas y sin nimo de lucro de las Illes Balears, que tiene como finalidad el reconocimiento a los rganos, los organismos y las unidades que lleguen a un determinado nivel de madurez organizativa y que, mediante su actividad de mejora, hayan incrementado la calidad de los servicios que prestan a la ciudadana.

b) De mbito especfico de la Administracin de la comunidad autnoma y de los entes del sector pblico instrumental de las Illes Balears:

Premio de Buenas Prcticas a la Calidad Pblica, que tiene como finalidad el reconocimiento a los rganos, los organismos y las unidades de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears que lleguen a un determinado nivel de madurez organizativa y que, mediante su actividad de mejora, hayan incrementado la calidad de los servicios que prestan a la ciudadana.

Premio a las Iniciativas de las Empleadas y de los Empleados Pblicos, que tiene como finalidad el reconocimiento a aquellos empleados y empleadas que se hayan distinguido, especialmente, en la presentacin formal de iniciativas, sugerencias o informes que, por ser innovadores o significar un importante esfuerzo de anlisis y de obtencin de resultados, comporten directa o indirectamente una mejora en la calidad de los servicios o en la atencin de la ciudadana.

2. Se pueden crear tantas categoras como determinen las correspondientes convocatorias.

Artculo 29. Convocatorias.

1. El Premio de Excelencia en la Gestin ser convocado de manera coordinada por las consejeras competentes en materia de calidad, tanto en el mbito de las empresas privadas como en el de los servicios pblicos.

2. El resto de premios tienen que ser convocados por la consejera competente en materia de calidad pblica.

3. Las convocatorias correspondientes se tienen que publicar en el Butllet Oficial de les Illes Balears, junto con las bases que tienen que regir la concesin.

TTULO II
El buen gobierno
CAPTULO I
Liderazgo tico e integrador
Seccin 1. Principios de buen gobierno
Artculo 30. mbito de aplicacin.

1. Esta seccin es aplicable a los miembros del Gobierno de las Illes Balears, a los altos cargos, al personal eventual y a todo el personal que ocupe cualquier puesto de trabajo de naturaleza directiva de la administracin autonmica, sea cual sea su denominacin.

2. Igualmente, es aplicable al personal directivo, a los rganos directivos y al personal eventual de los entes que forman el sector pblico instrumental de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

Artculo 31. Principios ticos y reglas de conducta.

1. Las personas comprendidas en el mbito de aplicacin que establece el artculo anterior tienen que observar, en el ejercicio de sus funciones, lo que disponen la Constitucin Espaola, el Estatuto de Autonoma de las Illes Balears y el resto del ordenamiento jurdico, tienen que promover el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades pblicas y tienen que ajustar sus actuaciones a los siguientes principios ticos y de conducta: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicacin al servicio pblico, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promocin del entorno cultural y medioambiental y promocin de la igualdad entre hombres y mujeres.

2. Estas personas tienen que promover los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas y tienen que evitar toda actuacin que pueda producir discriminacin por razn de nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

3. Estas personas tienen que velar por el inters general evitando el conflicto de intereses. No tienen que aceptar ningn trato de favor o situacin que implique privilegio o ventaja injustificada.

4. Las actividades pblicas relevantes de estas personas tienen que ser transparentes y accesibles para la ciudadana con las nicas excepciones que prev la ley.

5. Estas personas tienen que administrar los recursos pblicos con austeridad y evitar actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con la cual se debe ejercer el cargo pblico.

6. El tratamiento oficial de carcter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos es el de seor o seora, seguido de la denominacin del cargo, ocupacin o rango correspondiente. Es compromiso del Gobierno fomentar y extender este tipo de tratamiento a todos los rganos vinculados al Gobierno, a la Administracin de la comunidad autnoma o al Parlamento.

Artculo 32. El gobierno en funciones.

1. El gobierno en funciones se abstendr de tomar decisiones que excedan de las imprescindibles para el funcionamiento habitual de la administracin o que condicionen la actuacin del gobierno entrante, salvo en los supuestos de carcter urgente establecidos legalmente.

2. El gobierno saliente garantizar el estado de la documentacin necesaria para el gobierno entrante y har inventarios de los documentos bsicos, en cualquier soporte, para facilitar el traspaso de poderes. Con esta finalidad, se tienen que elaborar documentos informativos del estado concreto de los archivos de cada unidad administrativa, los cuales tienen que ser pblicos y transparentes.

3. Se vigilar el uso adecuado del cargo pblico, especialmente durante las campaas electorales, y el respeto de las normas electorales que las regulan.

4. La actividad del gobierno en funciones ser regulada reglamentariamente.

Artculo 33. Gobernanza.

1. El principio de gobernanza implica una buena orientacin de la poltica del Gobierno de las Illes Balears, basada en estrategias y acciones que impulsen la idea de gobierno relacional, tanto de interaccin multinivel en la propia administracin autonmica como de interaccin con otras administraciones pblicas y con la sociedad civil.

2. Para hacerlo, el Gobierno determinar las intervenciones pblicas que tendran que disponer de un esquema de gobernanza para garantizar la integracin en red de los ejes pblico-privado-civil y local-global.

3. Las caractersticas bsicas de los esquemas de gobernanza tienen que ser establecidas por la consejera competente en materia de calidad. El nivel directivo de las unidades, los centros y los entes desarrollar la estrategia teniendo en cuenta tanto el plan sistmico y de calidad democrtica, como el operacional y de desarrollo de las actuaciones.

Seccin 2. Conflicto de Intereses
Artculo 34. Concepto.

1. Hay conflicto de intereses cuando los miembros del Gobierno y los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los cuales confluyan al mismo tiempo intereses de su cargo pblico e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas.

2. A los efectos de esta ley, se entienden por altos cargos los incluidos en la normativa autonmica de incompatibilidades.

Artculo 35. Dedicacin exclusiva al cargo pblico.

1. Los miembros del Gobierno y altos cargos tienen que ejercer sus funciones con dedicacin exclusiva y no pueden compatibilizar su actividad con el cumplimiento, por s mismos o mediante sustitucin o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representacin, profesin o actividad, tanto si son de carcter pblico como privado, por cuenta propia o ajena. El personal a que se refiere este artculo no puede compatibilizar su cargo o puesto de trabajo con la condicin de representante electo en colegios profesionales, cmaras o entidades que tengan atribuidas funciones pblicas o coadyuven a ellas.

2. Asimismo, tampoco pueden percibir ninguna otra remuneracin con cargo a los presupuestos de las administraciones pblicas o entidades vinculadas o dependientes, ni ninguna otra percepcin que de manera directa o indirecta provenga de una actividad privada.

3. En ambos puntos, se tienen que tener en cuenta las excepciones que marca la normativa reguladora de incompatibilidades de miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

Artculo 36. Deber de inhibicin o de abstencin.

1. Los miembros del Gobierno de las Illes Balears y los altos cargos tienen que inhibirse o abstenerse de participar en la toma de decisiones en las cuales tengan o puedan tener intereses ellos mismos, sus cnyuges o personas unidas por relacin anloga, y cualquier persona con vnculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

2. El incumplimiento de este deber da lugar a la aplicacin del rgimen de sanciones previsto en materia de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma.

CAPTULO II
Transparencia y accin de gobierno
Seccin 1. Transparencia poltica
Artculo 37. Concepto.

1. A los efectos de esta ley, la transparencia poltica es el nivel de accesibilidad y publicidad que el Gobierno ofrece a la ciudadana en relacin con sus actividades pblicas y la garanta del ejercicio del derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a la informacin sobre el funcionamiento interno del Gobierno y sus instituciones, como tambin de todos los aspectos que afectan a la gestin poltica.

2. Para alcanzar la transparencia poltica, es necesario establecer medidas de prevencin y control de conflictos de intereses y medidas de informacin pblica y de registro de actividades, bienes y derechos de los altos cargos de la administracin y del Gobierno de las Illes Balears.

Artculo 38. Informacin al Parlamento.

1. El Consejo de Gobierno dar a conocer al Parlamento de las Illes Balears el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears y de los altos cargos, como tambin el de los gerentes de las empresas pblicas o de cualquiera de los entes del sector pblico instrumental.

2. El Parlamento de las Illes Balears, segn los mecanismos que prev su reglamento, puede pedir una comparecencia de la persona nombrada, con la finalidad de que pueda defender su idoneidad para el cargo, as como su proyecto para la accin de gobierno.

3. Los rganos de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears y los entes del sector pblico instrumental autonmico harn pblico en la pgina web institucional el currculum de los miembros del Gobierno y de los altos cargos que los rigen, respectivamente. La Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears dictar instrucciones con los modelos de los currculos a publicar.

Artculo 39. Informacin sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales.

1. Los miembros del Gobierno y los altos cargos tienen la obligacin de formular una declaracin patrimonial que abarque la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, en los trminos que reglamentariamente se establezcan, y que quedar bajo la responsabilidad de la Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears.

2. Las retribuciones que los miembros del Gobierno y los altos cargos perciban en razn de su cargo tienen que ser objeto de publicidad oficial con indicacin expresa de los diferentes conceptos retributivos. Esta publicidad se realizar a travs de la pgina web institucional.

3. Tambin se dar publicidad a las compensaciones, los beneficios o las indemnizaciones que se reciban por cualquier concepto vinculado con el ejercicio del cargo pblico.

Artculo 40. Apertura de datos.

1. Para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad, el Gobierno de las Illes Balears se compromete a una efectiva apertura de los datos pblicos que obran en su poder, no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad.

2. La disposicin del conjunto de datos en formatos reutilizables se har de manera ordenada y siguiendo criterios de prioridad. Se dar prioridad a la informacin mercantil y empresarial, la informacin geogrfica, la informacin legal, la estadstica social y la informacin de transporte.

3. Los conjuntos de datos se tienen que facilitar bajo licencias de propiedad abiertas, que permitan su redistribucin, reutilizacin y aprovechamiento.

4. El cumplimiento de los artculos incluidos en esta seccin se entiende sin perjuicio de lo que establezca la normativa en materia de proteccin de datos de carcter personal.

5. El Gobierno de las Illes Balears cumplir el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears en todo lo que se refiera a facilitar a los diputados y a las diputadas del Parlamento de las Illes Balears el control de la accin poltica del Gobierno.

Seccin 2. Formas de gestin, marco regulador y responsabilidad social
Artculo 41. Formas de gestin.

El Gobierno de las Illes Balears har pblica su estrategia sobre la forma de gestin de cada servicio o actividad de su competencia. A este efecto har una relacin exhaustiva de todos los servicios y las funciones que presta la administracin en su conjunto, indicar, en cada caso, la forma de gestin y su justificacin, y ponderar sus criterios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia, entre otros.

Artculo 42. Calidad normativa.

1. La Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears velar por la cultura de la calidad normativa. En este sentido, para iniciar el proceso de elaboracin de anteproyectos de ley, es requisito previo presentar un anlisis de impacto normativo mediante un estudio riguroso de las consecuencias para la sociedad, especialmente las econmicas, de aplicar una determinada norma, como tambin las posibles alternativas a esta norma y las consecuencias econmicas derivadas de su aplicacin.

2. Este anlisis se incluir en la memoria justificativa previa que en todo caso se adjuntar a los anteproyectos legislativos, segn lo que establece el artculo 13 de esta ley. El contenido y el sistema de elaboracin y de gestin de esta Memoria del anlisis del impacto normativo tienen que ser determinados por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera competente en materia de calidad de los servicios en un plazo no superior a dos meses contados a partir del mismo da de entrada en vigor de esta ley.

3. La memoria expresar el marco normativo en el que se inserta la propuesta y, en todo caso, incluir una relacin de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia.

4. Esta memoria har referencia a criterios de simplificacin y de reduccin de cargas administrativas y valorar la oportunidad de la propuesta, el impacto econmico y presupuestario, el impacto sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, las acciones de consulta hechas y las acciones de participacin ciudadana desarrolladas, entre otros criterios que garanticen que las normas que se tienen que aprobar son necesarias, con objetivos claros, proporcionadas, eficaces, accesibles y transparentes.

5. Se garantizar que la informacin obtenida a partir del estudio del impacto fluya tanto por los canales de comunicacin con la ciudadana como por los canales interadministrativos, mediante la instauracin dinmica de sistemas de informacin en las organizaciones pblicas.

6. Se impulsar la cultura de la calidad normativa mediante el fomento de la participacin de la sociedad civil, como elemento fundamental para mejorar la calidad de la legislacin y su adecuacin a las necesidades sociales.

Artculo 43. Responsabilidad social.

1. La Administracin y los entes del sector pblico de la comunidad autnoma de las Illes Balears evidenciarn su responsabilidad social incorporando las preocupaciones sociales y ambientales en las relaciones con la ciudadana y la sociedad, de una manera general y ms all de sus competencias sectoriales, y en dos vertientes:

1. Mediante acciones dirigidas a los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a:

a) Organizacin del trabajo para que las personas puedan mejorar sus habilidades profesionales.

b) Fomento de la formacin permanente del personal.

c) Desarrollo de medidas para la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

d) Facilitacin de la conciliacin de la vida profesional, familiar y personal.

e) Establecimiento de medidas para prestar atencin a las personas vctimas de violencia de gnero.

f) Previsin de la integracin de las personas con discapacidad y de los colectivos en situacin de exclusin social.

g) Fomento de la salud laboral.

2. Mediante acciones dirigidas a los entornos, en cuanto a:

a) Incentivo a los proveedores para que tambin sean socialmente responsables.

b) Enriquecimiento del entorno socio-comunitario con acciones de mejora del medio ambiente, de preservacin del territorio, de fomento de la creatividad y de cohesin social y territorial.

c) Colaboracin en las prcticas de estudiantes de formacin profesional y universitaria.

2. El Gobierno desarrollar reglamentariamente este artculo.

Seccin 3. Evaluacin de polticas pblicas
Artculo 44. Concepto.

1. La evaluacin de polticas pblicas es un proceso sistmico de observacin, anlisis e interpretacin de una intervencin pblica de cualquier tipo –plan, programa, proyecto u otra accin–, para obtener un juicio valorativo de su diseo, funcionamiento, resultados y efectos, basado en evidencias. La finalidad de la evaluacin es ser til a la sociedad, como instrumento de mejora de la calidad y la eficacia de los servicios pblicos.

2. La evaluacin es una actividad especfica y con identidad propia, claramente diferenciada de otras como el control interno, la auditora financiera, la auditora de gestin o el control presupuestario, pero con las que mantiene una estrecha relacin de complementariedad.

3. La evaluacin conseguir la participacin efectiva de la ciudadana, el fomento del aprendizaje y la innovacin, la potenciacin de la transparencia mediante la rendicin de cuentas y, as, el aumento del nivel de confianza en la administracin pblica.

Artculo 45. Criterios.

1. La evaluacin de las polticas pblicas seguir los criterios siguientes:

a) Relevancia de los objetivos perseguidos de acuerdo con el inters general.

b) Eficacia, en el sentido de si se han conseguido los resultados deseados.

c) Eficiencia, en el sentido de si se han conseguido los resultados con un uso razonable y proporcionado de los recursos.

d) Impacto generado por la aplicacin de la poltica.

e) Sostenibilidad o permanencia de los cambios o efectos positivos en el tiempo.

2. Adems de estos criterios, se pueden aplicar otros factores de anlisis como la coherencia, la equidad, la capacidad de respuesta, la conveniencia, la cobertura y la rentabilidad, que se aplicarn con flexibilidad en cada caso concreto.

Artculo 46. Alcance.

1. Cada rgano de la Administracin de la comunidad autnoma y los entes del sector pblico instrumental de las Illes Balears puede acordar autnomamente la evaluacin de las polticas pblicas que haya diseado, ejecutado o que ejecute en el mbito de sus respectivas competencias.

2. No obstante, el Consejo de Gobierno determinar anualmente una relacin de intervenciones pblicas prioritarias de las cuales la Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears, creada al efecto en el marco de esta ley, har las evaluaciones correspondientes. En todo caso, lo sern todas aquellas intervenciones pblicas que superen la cantidad de cinco millones de euros.

Artculo 47. Modalidades de evaluacin.

La evaluacin de las polticas pblicas segn el momento en que se lleve a cabo puede ser:

a) Ex ante: Durante la planificacin o la programacin de una poltica pblica.

b) Intermedia: Durante la aplicacin de la poltica pblica en el periodo programado.

c) Ex post: Con posterioridad a la ejecucin de la poltica pblica programada.

Artculo 48. Contenidos de la evaluacin.

Las evaluaciones de las polticas pblicas tienen que tratar como mnimo de los aspectos siguientes:

a) Necesidades detectadas y que se pretenden resolver.

b) Objetivos que se pretende conseguir.

c) Resultados alcanzados.

d) Relacin entre los tres elementos anteriores.

e) Efectos producidos.

f) Impactos constatados y sectores sobre los cuales se han producido.

g) Medios y recursos econmicos y humanos empleados.

h) Costes y relacin con los resultados alcanzados.

i) Procedimientos escogidos para actuar y razones de su eleccin.

j) Grado de colaboracin interinstitucional en la elaboracin y el desarrollo de la poltica.

k) Grado de participacin ciudadana en la elaboracin y el desarrollo de la poltica.

l) Opinin y valoracin que han merecido para la ciudadana las actuaciones desarrolladas.

m) Cumplimiento de la legalidad y del derecho que asiste a la ciudadana.

Artculo 49. Publicidad.

1. Una vez concluida la evaluacin, se enviar al registro de evaluaciones de la Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears, de acuerdo con lo que establece el artculo 51.

2. Los resultados de las evaluaciones se publicarn, al menos, en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

TTULO III
Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears
Artculo 50. Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears.

1. Con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones de evaluacin de polticas, planes y programas, organizaciones y servicios pblicos de las instituciones pblicas y sus entes instrumentales de las Illes Balears se crea la Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears (OAPIB, por sus siglas en cataln), bajo la dependencia directa de la consejera competente en materia de calidad de los servicios, como rgano de ejecucin, de coordinacin y de consulta.

2. La OAPIB desarrollar sus funciones con plena autonoma funcional. La OAPIB estar integrada por funcionarios o personal laboral fijo de cualquier administracin, designados al efecto por el Consejo de Gobierno, odas las consejeras competentes en materia de evaluacin y calidad pblica general y sectorial, por un perodo de cinco aos.

El director o la directora de la OAPIB, que ser designado entre el personal al cual es de aplicacin el Estatuto Bsico del Empleado Pblico, podr tener dedicacin exclusiva a dicha funcin; reglamentariamente se determinar la frmula de servicios especiales, comisin de servicios, excedencia o similar que posibilite esta dedicacin exclusiva. El resto de miembros de la OAPIB compatibilizar esta tarea con el ejercicio de su trabajo como funcionario o laboral fijo; reglamentariamente se determinarn la frmula de compatibilizacin y las retribuciones suplementarias que puedan cobrarse. En ningn caso la creacin y el funcionamiento de la OAPIB dar lugar a un incremento de plantilla de la Administracin de la comunidad autnoma ya que supondr la redefinicin de funciones de puestos de trabajo ya existentes.

3. El Consejo de Gobierno establecer reglamentariamente la estructura del rgano, las incompatibilidades, la situacin administrativa y el rgimen que sea aplicable.

Artculo 51. Funciones.

1. La OAPIB tiene las funciones siguientes:

1. En materia de evaluacin:

a) Coordinar y homogeneizar todas las tareas referidas a la evaluacin pblica que se lleven a cabo en el mbito de la Administracin de la comunidad autnoma y del sector pblico instrumental de las Illes Balears.

b) Dirigir y ejecutar aquellas evaluaciones que le sean encomendadas directamente por la normativa.

c) Dirigir y ejecutar aquellas evaluaciones que le encomiende anualmente el Consejo de Gobierno, entre las cuales obligatoriamente se encuentran la evaluacin de la poltica de integridad y el desarrollo de los programas de evaluacin del desempeo.

d) Desarrollar, si procede, evaluaciones referidas a otras administraciones pblicas de las Illes Balears, mediante los mecanismos de colaboracin y cooperacin necesarios.

e) Incluir un esquema de cooperacin interinstitucional, como modelo de gobernanza mediante la Red Interadministrativa de Evaluacin y Calidad.

f) Llevar a cabo, por medios propios o ajenos, las actividades tcnicas, de estudio, editoriales, formativas, informativas o promocionales que considere adecuadas para cumplir las funciones que le son propias.

g) Gestionar un registro de las evaluaciones de polticas pblicas y calidad de organizaciones y servicios pblicos que se lleven a cabo en las Illes Balears. En este registro se tienen que inscribir los resultados de las diferentes evaluaciones descritas en esta ley y otros que determine el Gobierno de las Illes Balears, y se publicarn en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

2. En materia de seguimiento y observacin:

a) Identificar y hacer el seguimiento de las mejores prcticas de gestin pblica, tanto en el mbito de la Administracin de la comunidad autnoma como del resto de entidades pblicas de las Illes Balears y otras de especial importancia, con la finalidad de promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

b) Impulsar la realizacin de los estudios pertinentes para recoger las expectativas y la valoracin de la ciudadana sobre los servicios pblicos. Asimismo, promover que las consejeras recojan datos peridicamente sobre las expectativas y la valoracin de la ciudadana referentes a los servicios pblicos de sus competencias respectivas.

c) Elaborar anualmente una memoria sobre el ndice de la calidad global de los servicios pblicos a partir de los resultados de evaluacin o de auditora de calidad de las organizaciones, de los informes de seguimiento de los compromisos de servicios, de los informes relativos a quejas y sugerencias, y de la valoracin de la ciudadana, entre otros informes o ndices de valoracin. Estos resultados y datos se tienen que publicar en la pgina web de la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears. Se remitir copia de esta memoria al Parlamento de las Illes Balears para que haga llegar un ejemplar a cada grupo parlamentario.

3. En materia de transparencia e integridad:

a) Fomentar los valores y los principios de transparencia e integridad y velar por su cumplimiento, con especial incidencia en la gestin de contrataciones, de servicios pblicos, de convenios y de ayudas y subvenciones.

b) Dirimir los casos de conflictos de intereses y emitir informe previo, si procede, sobre las solicitudes de compatibilidad de actividades.

c) Velar por el cumplimiento del rgimen de incompatibilidades de los altos cargos y del personal citados en el mbito de aplicacin que define el artculo 30 de esta ley, y gestionar la difusin de las compatibilidades autorizadas.

d) Gestionar la informacin sobre las retribuciones de los cargos pblicos, as como su difusin.

e) Gestionar el Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears. Desarrollar, si procede, actuaciones conjuntas en esta materia con otras instituciones pblicas de las Illes Balears, especialmente con los entes que tengan competencia en materia de control del patrimonio y bienes de los cargos pblicos.

f) Comprobar la justificacin de las variaciones en forma de incremento del patrimonio de los cargos pblicos.

g) Presentar una memoria anual con recomendaciones para conseguir ms transparencia en la gestin de los cargos pblicos.

h) Elaborar un informe semestral sobre el seguimiento del cumplimiento de los principios ticos y de conducta, con el fin de analizar los procedimientos y las actuaciones que pueden posibilitar su transgresin y proponer las medidas que se estimen convenientes para asegurar la objetividad de las decisiones de la administracin y de las instituciones pblicas. Se remitir copia de esta memoria al Parlamento de las Illes Balears para que haga llegar un ejemplar a cada grupo parlamentario.

2. Un despliegue posterior concretar las funciones y el rgimen de funcionamiento de esta oficina.

3. La existencia de la OAPIB queda permanentemente condicionada a la mejora efectiva de la eficiencia de la gestin del Gobierno, la Administracin de la comunidad autnoma y los entes del sector pblico instrumental de las Illes Balears.

4. La OAPIB no puede interferir en el desarrollo de la carrera administrativa.

Disposicin adicional primera. Adscripcin del Registro de intereses y actividades y del Registro de patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

El Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears tienen que estar a cargo de la Oficina de Evaluacin Pblica de las Illes Balears, regulada en los artculos 50 y 51 de esta ley, a la cual corresponden, por lo tanto, su gestin y control.

Disposicin adicional segunda.

Todos los expedientes de gasto superiores a 500 euros que se tramiten y se resuelvan en relacin con dietas, gastos de representacin o similares de miembros del Gobierno o altos cargos debern publicarse, cada seis meses, en la pgina web institucional. Esta informacin permanecer publicada mientras dure el mandato del miembro del Gobierno o alto cargo.

Disposicin adicional tercera. Gasto pblico.

Esta ley no puede suponer ningn incremento de gasto pblico.

Disposicin transitoria nica.

Para el cumplimiento de lo que se prescribe del artculo 7 al 12 de esta ley, se establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2012.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan a lo que establece esta ley.

Disposicin final primera. Gobierno en funciones.

Para dar cumplimiento al artculo 32.4 anterior y hacer su despliegue normativo, se establece un plazo de un ao contado a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposicin final segunda. Modificaciones de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

La Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears queda modificada de la manera siguiente:

1. Se suprime el apartado 1.e) del artculo 6.

2. La letra c) del artculo 7 queda redactada de la manera siguiente:

c) La participacin, como voluntario, en actividades solidarias de entidades benficas sin nimo de lucro, siempre que no comporten ningn tipo de menoscabo del cumplimiento de los deberes o las funciones correspondientes.

3. Se suprime la letra d) del artculo 7.

4. Se aade, a continuacin del artculo 7, un nuevo artculo que tiene la redaccin siguiente:

Artculo 7 bis. Actividades docentes, culturales y cientficas en los mbitos pblico o privado.

El ejercicio de los cargos o de los puestos de trabajo a que se refiere esta ley ser compatible, tanto en el mbito pblico como en el privado, con las actividades siguientes, siempre que no comprometan la imparcialidad en sus funciones y no comporten ningn tipo de menoscabo del cumplimiento de los deberes o las funciones correspondientes:

a) La asistencia ocasional como ponente a seminarios, conferencias, congresos, jornadas de trabajo o estudio, o cursos de carcter profesional, siempre que no sea consecuencia de una relacin laboral de prestacin de servicios.

b) Las actividades ocasionales de carcter cultural, cientfico o docente, como la imparticin de clases en escuelas oficiales de administracin pblica, siempre que no sean consecuencia de una relacin laboral o de prestacin de servicios.

c) La imparticin de clases en la universidad con carcter de profesor asociado o profesora asociada.

5. Se modifica el artculo 15 de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autnoma de las Illes Balears, que tiene la redaccin siguiente:

Artculo 15. Hechos constitutivos de infraccin.

1. Se consideran infracciones del rgimen de incompatibilidades y de control de intereses establecido por esta ley los hechos o las conductas siguientes:

a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refieren los artculos 4 y 5 cuando se haya producido dao manifiesto a la Administracin de la comunidad autnoma de las Illes Balears.

b) La falsedad en los datos y en los documentos que se tengan que presentar o declarar de acuerdo con lo que establece esta ley.

c) El incumplimiento de las normas de incompatibilidad a que se refieren los artculos 4 y 5 cuando no se haya producido dao manifiesto a la administracin autonmica.

d) La omisin o la no aportacin de los datos y de los documentos que se tengan que presentar o declarar de acuerdo con aquello que establece esta ley.

e) El incumplimiento del deber de inhibicin o de abstencin en los casos en que una norma as lo exija.

f) La no declaracin de actividades o bienes patrimoniales en los registros correspondientes en el plazo establecido cuando, requerido a este efecto, no se produzca la rectificacin correspondiente.

2. Los hechos o las conductas a que se refieren las letras a) y b) son constitutivos de infracciones muy graves; los descritos en las letras c), d) y e) son constitutivos de infracciones graves; y, finalmente, la conducta sealada en la letra f) es constitutiva de infraccin leve.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.

La Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, queda modificada de la manera siguiente:

1. El apartado 2 del artculo 2 queda redactado de la manera siguiente:

2. El presidente o la presidenta recibe el tratamiento de seor o seora y tiene derecho a utilizar la bandera de la comunidad autnoma de las Illes Balears como guin y a los honores correspondientes al cargo.

2. El apartado 3 del artculo 26 queda redactado de la manera siguiente:

3. Los consejeros o las consejeras reciben el tratamiento de seor o seora y tienen derecho a los honores que les corresponden por razn del cargo.

3. La disposicin adicional primera queda redactada de la manera siguiente:

Las personas que hayan ocupado el cargo de presidente o presidenta de las Illes Balears tienen derecho a recibir, con carcter permanente, las atenciones honorficas y protocolarias correspondientes, siempre que no hayan cesado por alguna de las causas establecidas en las letras f) y h) del punto 1 del artculo 6 de esta ley, ni por sentencia firme con declaracin de culpabilidad por cualquier delito.

Disposicin final cuarta. Despliegue reglamentario.

Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para desplegar y ejecutar esta ley.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

Esta Ley entra en vigor al da siguiente de su publicacin en el Butllet Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.

Palma, 31 de marzo de 2011.–El Presidente, Francesc Antich Oliver.–El Consejero de Presidencia, Albert Moragues Gomila.

(Publicada en el Boletn Oficial de las Illes Balears nmero 53, de 9 de abril de 2011)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 31/03/2011
  • Fecha de publicación: 30/04/2011
  • Entrada en vigor: 10 de abril de 2011.
  • Publicada en el BOIB nm. 53, de 9 de abril de 2011.
Referencias posteriores
  • SE DEROGA:
    • los arts. 13.2 y 42, la seccin 1 del captulo I del ttulo II y la disposicin final 1, por Ley 1/2019, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2019-2862).
    • el art. 51.1.3, la disposicin adicional 1 y SE MODIFICA el 39.1, por Ley 16/2016, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-267).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • arts. 2, 26 y la disposicin adicional 1 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo (Ref. BOE-A-2001-7026).
    • arts. 6, 7, 15 y AADE un art. 7.bis a la Ley 2/1996, de 19 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-3983).
  • DE CONFORMIDAD con el art. 48 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 1/2007, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2007-4233).
Materias
  • Administracin electrnica
  • Altos cargos
  • Baleares
  • Gobierno
  • Informacin administrativa
  • Organizacin de las Comunidades Autnomas
  • Registros telemticos

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