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Legislación consolidada

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

Publicado en: DOGC núm. 6780, de 31/12/2014, BOE núm. 18, de 21/01/2015.
Entrada en vigor: 30/06/2015
Departamento: Comunidad Autnoma de Catalua
Referencia: BOE-A-2015-470
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2014/12/29/19/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 16/02/2017

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalua ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 65 del Estatuto de autonoma de Catalua, promulgo la siguiente Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno

Prembulo

1. Las administraciones pblicas y las instituciones y los organismos pblicos en general tienen funciones, actividades y servicios para cumplir finalidades de inters pblico en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

En un contexto de estado democrtico y de derecho, todos los poderes pblicos tienen la legitimidad que les da la participacin ciudadana en su configuracin (de forma directa o indirecta), lo cual obliga a dar cuenta a la ciudadana, de acuerdo con el principio de responsabilidad, de su actividad y de la gestin de los recursos pblicos que se han puesto a su alcance.

Las exigencias de la actuacin de las administraciones con pleno sometimiento a la ley han sido especial objeto de atencin por parte del legislador desde hace aos, para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de mecanismos de proteccin para la tutela de sus derechos e intereses. La lucha contra las inmunidades del poder ha sido especialmente eficaz en este mbito con la adopcin de medidas legislativas que permiten controlar la sujecin a la ley y al derecho de la actividad administrativa.

Sin embargo, no es posible realizar esta constatacin sobre otros aspectos esenciales de la organizacin y el funcionamiento de la Administracin pblica, que inciden directamente sobre su calidad democrtica en tanto que afectan al conocimiento por parte de la ciudadana de los datos y de la informacin de que disponen las administraciones y los poderes pblicos, que son determinantes para su toma de decisiones y que los ciudadanos tambin deben conocer para poder evaluar las actuaciones pblicas y garantizar un ejercicio del poder pblico responsable.

Desde esta perspectiva, adquieren especial relevancia principios como el de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, como principios bsicos que permiten evaluar la calidad democrtica del funcionamiento de las administraciones pblicas. Y tambin la tiene el de gobierno abierto, como concepto que permite aprovechar las ventajas de los medios electrnicos para configurar un sistema de relaciones entre las administraciones y la ciudadana ms interactivo y ms participativo.

Estos principios no han sido objeto hasta ahora de un tratamiento legal claro y definido que conlleve su traduccin en derechos y obligaciones jurdicas. Por esta razn, era necesario que el Parlamento asumiese este reto para dar respuesta a una demanda social que cada vez exige una mayor transparencia sobre el funcionamiento de las administraciones y los procesos de toma de decisin, incluyendo el reconocimiento de un amplio derecho de acceso a la informacin pblica, as como una mayor participacin en la toma de decisiones.

La presente ley quiere dar cumplimiento a esta demanda social mediante la concrecin y el desarrollo de estos principios, con voluntad de extender su mbito de aplicacin a todos los organismos pblicos de Catalua, tengan o no carcter administrativo. Al mismo tiempo, el establecimiento de unos derechos y unas obligaciones jurdicas correlativas obliga tambin a su proteccin con unos mecanismos de garanta que la propia ley establece, para que no queden como meros principios programticos.

2. La Ley tiene como principal mbito subjetivo de aplicacin las administraciones pblicas de Catalua, nocin que incluye la Administracin de la Generalidad y los entes locales, as como todos los organismos y entidades de naturaleza administrativa dependientes o vinculados a estas administraciones.

Sin embargo, dada la diversidad de las organizaciones administrativas y el hecho cada vez ms extendido de que actividades pblicas o de inters pblico sean desarrolladas por agentes privados, la Ley tambin ampla su mbito de aplicacin a las personas privadas que ejercen dichas actividades, sin perjuicio de que en estos casos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e informacin se haga efectivo mediante las administraciones pblicas responsables del servicio o de tutelarlo. Desde esta perspectiva privada, el mbito de aplicacin de la Ley se extiende tambin a las organizaciones, asociaciones y fundaciones cuyos ingresos provienen de forma significativa de subvenciones o ayudas pblicas, as como a la regulacin del Registro de grupos de inters con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar a las personas que actan como tales y conocer las relaciones que tienen con la Administracin en defensa de intereses concretos, as como las reglas ticas a las que deben ajustar su conducta.

Finalmente, cabe destacar que la Ley desarrolla tambin sus efectos sobre todas las dems instituciones pblicas que no son administraciones pblicas en la parte que realizan funciones administrativas por razn de su funcionamiento o en los aspectos institucionales respecto a los que se considera tambin exigible un deber de transparencia e informacin, sin perjuicio de la autonoma organizativa y de funcionamiento que les reconoce la Ley. En cuanto al Parlamento, una disposicin adicional especfica establece que, de acuerdo con el principio de autonoma organizativa que le reconoce el artculo58.1 del Estatuto de autonoma, deber realizar las adaptaciones necesarias para dar cumplimento a los requerimientos de la Ley, sin que ello pueda conllevar en ningn caso un rgimen de garanta inferior para los ciudadanos.

3. La regulacin de la transparencia en la actividad pblica es uno de los pilares bsicos de la Ley. Esta regulacin entiende la transparencia como una obligacin a cargo de la Administracin, que debe facilitar de forma proactiva –es decir, sin necesidad de demanda expresa– la informacin sobre datos y contenidos de diversa naturaleza que son referenciales respecto a su organizacin, funcionamiento, toma de decisiones ms importantes y la gestin de los recursos pblicos. De esta forma se da cumplimiento al mandato del artculo 71.4 del Estatuto de autonoma, que obliga a la Administracin de la Generalidad a hacer pblica la informacin necesaria para que la ciudadana pueda evaluar su gestin.

La Ley determina de forma muy amplia los diversos contenidos de la obligacin de transparencia (informacin institucional y organizativa, gestin econmica y presupuestaria, informacin de relevancia jurdica, programacin y planificacin, contratacin pblica, actividad subvencional, etc.), y las reglas a las que queda sometida, especialmente aquellas que deben garantizar su fcil acceso, consulta y comprensin, su neutralidad, su actualizacin, as como los lmites que derivan de la proteccin de otros derechos.

Requiere una mencin especial la creacin del Portal de la Transparencia, que es el instrumento bsico y general para facilitar a la ciudadana la informacin de forma integrada de todas las administraciones pblicas. Este portal se configura como una plataforma electrnica de publicidad en internet, que permite el acceso a toda la informacin disponible y que contiene los enlaces con las sedes electrnicas de las administraciones y entidades que se integran en l.

4. El acceso a la informacin pblica constituye el segundo eje bsico de la Ley. La regulacin que introduce la Ley modifica sustancialmente el rgimen vigente hasta ahora en esta materia, hasta el punto de convertir este acceso en un verdadero derecho subjetivo que tienen todas las personas a acceder a la informacin pblica, entendida esta en sentido amplio, como toda aquella que ha sido elaborada por la propia Administracin y tambin aquella que tiene en su poder como consecuencia de su actividad o el ejercicio de sus funciones.

El derecho de acceso es un derecho que complementa la informacin que el ciudadano puede obtener por va de la transparencia. Sin embargo, dada su configuracin como derecho subjetivo, la Ley regula las condiciones de su ejercicio, el cual se verifica mediante un procedimiento especfico que intenta garantizar al mximo su efectividad. En este sentido, se establece el principio de interpretacin restrictiva de sus lmites, de acceso parcial si es posible, de ausencia de inters y de motivacin en la demanda de acceso, y el silencio positivo en caso de falta de resolucin dentro de plazo.

En este caso tiene especial relevancia el sistema de garantas que se establece. Ante el rgimen ordinario de los recursos administrativos, la Ley ha optado por un procedimiento ad hoc de reclamacin, que se basa en la creacin de un rgano independiente y profesionalizado, la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, que ser el encargado de resolver los conflictos y configurar al mismo tiempo una lnea doctrinal sobre la aplicacin de los lmites que pueden excluir o restringir el derecho de acceso. La Ley determina que esta comisin pueda adoptar sus decisiones en forma de resolucin o bien mediante acuerdo de mediacin, si las partes en conflicto as lo solicitan y lo aceptan.

En cuanto a los lmites que pueden condicionar el derecho de acceso a la informacin pblica, la Ley los determina de forma objetiva, atendiendo siempre a la proteccin de otros derechos o intereses que es necesario preservar de acuerdo con el ordenamiento jurdico. Obviamente, en la mayora de los casos la Ley debe utilizar conceptos jurdicos indeterminados para expresarlos, pero una posible extralimitacin en su aplicacin puede ser compensada en este caso por la intervencin de la comisin independiente encargada de resolver las reclamaciones.

5. El desarrollo de la actividad poltica y administrativa pone de relieve la existencia de personas y organizaciones que, de forma lcita, realizan actividades susceptibles de influir en la elaboracin y la aplicacin de las polticas pblicas en beneficio e inters de otras personas u organizaciones.

Esta es una realidad que no puede evitarse, pero s puede hacerse ms transparente mediante la adopcin de medidas legales. En este sentido, la Ley crea el Registro de grupos de inters, con el fin de dar conocimiento pblico de las personas que realizan la actividad de influencia o intermediacin, y establece las obligaciones a las que quedan sujetos los grupos de inters, entre las que destacan la de aceptar y cumplir un cdigo de conducta que debe asegurar que la actividad desarrollada ante las autoridades, los cargos pblicos y los funcionarios respete siempre el marco legal.

6. Una sociedad democrtica y la necesidad de que los intereses pblicos sean servidos con objetividad, neutralidad e imparcialidad obliga a que la conducta de los servidores pblicos, especialmente los altos cargos, se ajuste a unos parmetros que garanticen el cumplimiento de estos principios.

En este sentido, la Ley establece los principios de buen gobierno que deben hacerlo posible, los cuales deben ser desarrollados mediante cdigos ticos y de buena conducta. El establecimiento de estos cdigos se complementa con el principio de publicidad de las actividades, bienes e intereses de los altos cargos y la obligacin de observancia del rgimen de incompatibilidades. Otra medida a destacar es la obligacin de dar publicidad a los criterios de acuerdo con los que se designa a los altos cargos, atendiendo a su competencia, cualificacin y experiencia profesional. Estos requerimientos estn en sintona con las polticas de lucha contra la corrupcin impulsadas por la Unin Europea y pases de nuestro entorno.

El concepto de buen gobierno se proyecta tambin sobre los requerimientos objetivos que deben darse para que la actividad pblica se lleve a cabo en las mejores condiciones y garantice unos servicios pblicos de calidad. Una buena administracin requiere el establecimiento de unos estndares mnimos de calidad y una definicin clara de las condiciones de acceso a los servicios y de los derechos y deberes de los usuarios y de la Administracin. La figura de las cartas de servicios se establece como un instrumento esencial en este sentido, y se configura con valor reglamentario a los efectos de su vinculacin y exigencia de cumplimiento. Las medidas de buena administracin se complementan con el establecimiento de un sistema de evaluacin permanente de los servicios y con el reconocimiento del derecho de la ciudadana a formular propuestas y sugerencias.

Tambin cabe destacar, por su importancia, las medidas de simplificacin normativa y participacin en la elaboracin de disposiciones reglamentarias, participacin que incorpora el derecho a proponer iniciativas de regulacin. La simplificacin debe tener un doble objetivo segn la Ley: por una parte, evitar la proliferacin innecesaria de regulaciones y, por otra, realizar una tarea de consolidacin normativa que ordene y facilite el conocimiento del derecho vigente. El establecimiento de mecanismos de evaluacin de la aplicacin de las normas debe contribuir tambin a esta tarea de simplificacin.

7. La facilidad de interrelacin entre la Administracin y la ciudadana que favorecen los medios electrnicos permite aplicar el gobierno abierto, entendido como un sistema de actuacin y gestin de los asuntos pblicos que hace posible un dilogo permanente entre la Administracin y los ciudadanos, su participacin y colaboracin en la definicin de las polticas pblicas y una mejor transparencia en la rendicin de cuentas y la exigencia de responsabilidades.

La Ley establece varias medidas para fomentar el gobierno abierto y para garantizar su efectividad, especialmente en lo que se refiere al derecho de los ciudadanos a presentar propuestas y realizar sugerencias, con la obligacin de de Administracin a darles una respuesta motivada, as como la obligacin de establecer procedimientos participativos en la definicin de las polticas pblicas de ms relevancia. Sin embargo, en cuanto a los instrumentos concretos de participacin ciudadana, hay que tener presente que su regulacin debe ser uno de los contenidos de la Ley que desarrolla el artculo 122 del Estatuto y tambin de la normativa sectorial reguladora de las diferentes actividades pblicas.

8. Las novedades que incorpora la Ley con relacin al marco jurdico vigente, en los diferentes mbitos que regula, y la naturaleza de sus disposiciones plantean la necesidad de establecer unos mecanismos de garanta para reforzar su contenido jurdico y obligacional. Sin un sistema de garantas existira el riesgo de convertir la Ley en una declaracin de principios o buenas intenciones, debido a su carcter innovador, que hace que la normativa vigente no pueda dar una respuesta adecuada a este requerimiento, en perjuicio de la eficacia de la norma.

Por esta razn, la Ley establece un rgimen administrativo de recursos y reclamaciones, prev la intervencin del Sndic de Greuges y de la Oficina Antifraude de Catalua y, de forma especial, incorpora un rgimen sancionador detallado y preciso que cumple en este mbito la funcin que el derecho sancionador administrativo, el nico sobre el que tiene competencia la Generalidad, cumple con relacin a otras regulaciones administrativas.

El sistema de garantas se completa con el establecimiento de un procedimiento de evaluacin externa del cumplimiento de la Ley, que se encarga a una institucin independiente como el Sndic de Greuges. Esta tarea evaluadora se lleva a cabo mediante un informe general anual, sin perjuicio de los informes especficos que puedan realizarse con relacin a organizaciones concretas o a mbitos materiales concretos.

La determinacin expresa que contiene el ttulo IX sobre las medidas que la Generalidad debe adoptar para aplicarlas de forma efectiva contribuye tambin a facilitar y garantizar el cumplimiento del nuevo marco legal.

Cabe sealar tambin que el rgimen de entrada en vigor de la Ley quiere conciliar el cumplimiento de las expectativas que genera la aprobacin del nuevo marco legal con la necesidad de que los sujetos obligados dispongan del margen de tiempo imprescindible para adoptar las medidas necesarias para poder cumplir las obligaciones que la Ley les impone. As, el plazo de entrada en vigor se fija en seis meses, salvo en el caso de la Administracin local, en que se ampla a un ao en lo referente al ttulo II. En cuanto a la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, la Ley establece que debe ser designada en el plazo de cuatro meses.

9. Con la presente ley, en definitiva, se pretende introducir un cambio en la cultura administrativa para que la ciudadana pueda tener un conocimiento y una informacin amplia de la organizacin interna de la Administracin, de los elementos ms determinantes de acuerdo con los cuales toma las decisiones y de los motivos que justifican su actuacin, incluyendo los compromisos econmicos que ello conlleva.

La transparencia y el derecho de acceso a la informacin pblica se consolidan, as, como herramientas determinantes del control social de la Administracin y de su actividad, en beneficio de una mayor calidad democrtica.

Por otra parte, las medidas de buen gobierno y de gobierno abierto deben cumplir el doble objetivo de alcanzar el mayor grado de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de servicio pblico por parte de las personas que asumen esta responsabilidad, por una parte, y favorecer una mayor participacin y compromiso de la ciudadana en la definicin de las polticas pblicas, por otra.

Esta ley tambin tiene la voluntad de ser la norma referencial en las materias que regula. Por esta razn, a pesar de que no tiene un rango normativo especial, el propio legislador ha querido enfatizar esta voluntad mediante una disposicin que define de forma expresa el carcter transversal y de comn denominador normativo de la Ley, as como el principio de interpretacin conforme con su contenido respecto a otras leyes ms sectoriales, salvo que estas establezcan excepciones claras y expresas en sentido opuesto.

TTULO I

Disposiciones generales

Artculo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente ley tiene por objeto:

a) Regular y garantizar la transparencia de la actividad pblica.

b) Regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la informacin y documentacin pblicas.

c) Establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal al servicio de la Administracin y las dems personas a las que es de aplicacin esta ley.

d) Aplicar el gobierno abierto y fomentar la participacin y colaboracin ciudadanas.

e) Regular el rgimen de garantas y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley.

2. La finalidad de la presente ley es establecer un sistema de relacin entre las personas y la Administracin pblica y dems sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad pblica, la incentivacin de la participacin ciudadana, la mejora de la calidad de la informacin pblica y de la gestin administrativa y la garanta de la rendicin de cuentas y de la responsabilidad en la gestin pblica.

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Transparencia: la accin proactiva de la Administracin de dar a conocer la informacin relativa a sus mbitos de actuacin y sus obligaciones, con carcter permanente y actualizado, de la forma que resulte ms comprensible para las personas y mediante los instrumentos de difusin que les permitan un amplio y fcil acceso a los datos y faciliten su participacin en los asuntos pblicos.

b) Informacin pblica: la informacin elaborada por la Administracin y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los dems sujetos obligados de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

c) Derecho de acceso a la informacin pblica: el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la informacin pblica, en los trminos y condiciones regulados por la presente ley.

d) Buen gobierno: los principios, obligaciones y reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administracin, y los principios ticos y buenas prcticas de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos de la Administracin, los cargos directivos y dems personal al servicio de la Administracin, con el objetivo de que esta funcione con la mxima transparencia, calidad y equidad, y con garanta de rendicin de cuentas.

e) Gobierno abierto: las medidas para establecer una relacin y un dilogo permanentes y bidireccionales entre la Administracin y las personas al definir y aplicar las polticas pblicas, y para introducir y desarrollar instrumentos de participacin y colaboracin ciudadana en los asuntos pblicos.

f) Administracin pblica: las administraciones pblicas y los organismos, entes pblicos y entes instrumentales del sector pblico y entidades vinculadas con la Administracin a los que se refiere el artculo 3.1.a, b, y c, y los otros organismos e instituciones pblicas comprendidos en el artculo 3.1.b.

g) Grupos de inters: las personas fsicas o jurdicas de carcter privado que realizan actuaciones de participacin activa en polticas pblicas o en procesos de toma de decisiones en Catalua con la finalidad de influir en la orientacin de dichas polticas en defensa de un inters propio o de terceros, o de un inters general.

h) Sujetos obligados: todas las personas fsicas o jurdicas respecto a las que la presente ley impone deberes y obligaciones.

i) Publicidad activa: el deber de los sujetos obligados de hacer pblicos, de oficio, los contenidos de informacin pblica que determina el captulo II del ttulo II.

Artculo 3. mbito de aplicacin.

1. La presente ley es de aplicacin:

a) A la Administracin de la Generalidad y los entes que integran la Administracin local en Catalua.

b) A los organismos y entes pblicos, las sociedades con participacin mayoritaria o vinculadas, las fundaciones del sector pblico, las entidades de derecho pblico dependientes o vinculadas con las administraciones a las que se refiere la letra a, las entidades de derecho pblico que actan con independencia funcional o con una autonoma especial reconocida por ley que ejercen funciones de regulacin o supervisin externa sobre un determinado sector o actividad, las instituciones de la Generalidad a las que se refiere el captulo V del ttulo II del Estatuto de autonoma, los colegios profesionales y las corporaciones de derecho pblico en lo que afecta al ejercicio de sus funciones pblicas y los consorcios u otras formas asociativas y sus entes vinculados y sociedades mercantiles en que participa de forma mayoritaria alguna de estas administraciones.

c) A las universidades pblicas de Catalua y los entes que dependen de ellas o estn vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales.

d) A las personas fsicas o jurdicas que ejercen funciones pblicas o potestades administrativas, que prestan servicios pblicos o que perciben fondos pblicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier ttulo jurdico.

e) A las personas fsicas o jurdicas que realizan actividades calificadas legalmente como servicios de inters general o universal.

f) A los grupos de inters, en los trminos establecidos por el ttulo IV.

2. En los casos del apartado 1.d y e, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley debe hacerlo efectivo la Administracin responsable. A tal efecto, las personas y entidades privadas deben informar a la Administracin de las actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones pblicas, la gestin de servicios pblicos y la percepcin de fondos pblicos, y de las actividades que permanezcan dentro de la supervisin y el control de la Administracin en el caso de servicios de inters general o universal. Tambin deben informarla de las retribuciones percibidas por los cargos directivos si el volumen de negocio de la empresa vinculado a actividades realizadas por cuenta de las administraciones pblicas supera el veinticinco por ciento del volumen general de la empresa.

3. Los municipios pueden cumplir sus obligaciones de transparencia y las que derivan del derecho de acceso a la informacin pblica, de forma asociada o mediante frmulas de cooperacin establecidas con los entes locales supramunicipales o con la Administracin de la Generalidad, si por razones de capacidad o eficacia no pueden cumplirlas directamente.

4. Las obligaciones de transparencia establecidas por el ttulo II tambin son de aplicacin a los partidos polticos, a las asociaciones y fundaciones vinculadas, a las organizaciones sindicales y empresariales y a las entidades privadas en los siguientes supuestos:

a) Si perciben subvenciones o ayudas pblicas de ms de 100.000 euros anuales.

b) Si al menos el cuarenta por ciento de sus ingresos anuales procede de subvenciones o ayudas pblicas, siempre que esta cantidad sea de ms de 5.000 euros.

5. Los contratos del sector pblico deben incluir las obligaciones de los adjudicatarios de facilitar informacin establecidas por la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

6. Cada sujeto obligado es responsable de la informacin que incluye en su portal de transparencia y de la que incorpora en el Portal de la Transparencia, en cumplimiento de lo establecido por la presente ley.

Artculo 4. Responsables de la aplicacin de la presente ley.

1. Los responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley son los altos cargos al servicio de la Generalidad y de la Administracin local de Catalua y el personal al servicio de la Administracin pblica, en el mbito general, as como las personas que determina la presente ley con relacin a mbitos especficos.

2. A los efectos de la presente ley, tienen la condicin de altos cargos:

a) Al servicio de la Generalidad, los que establece la ley reguladora del rgimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.

b) Al servicio de la Administracin local, los representantes locales y los titulares de los rganos superiores y directivos, de acuerdo con lo establecido por la legislacin de rgimen local.

c) Al servicio de los dems organismos pblicos a los que se refiere el artculo 3, los titulares o miembros de los rganos de gobierno y los cargos directivos de dichos organismos.

3. Para los dems responsables, la normativa reguladora de la organizacin administrativa debe determinar con claridad y precisin las autoridades y los rganos responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley.

TTULO II

De la transparencia

CAPTULO I

Transparencia en la actividad pblica

Artculo 5. Disposiciones generales.

1. Los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar a las personas el conocimiento de la informacin pblica. La informacin sujeta al rgimen de transparencia debe hacerse pblica en las sedes electrnicas y los sitios web de los sujetos obligados, de forma clara, estructurada y en formato reutilizable.

2. A los efectos de lo establecido por el apartado 1, los sujetos obligados deben garantizar la transparencia de la informacin pblica mediante un sistema integral de informacin y conocimiento en formato electrnico, cuyo diseo debe fundamentarse en el uso preferente de los sistemas de gestin de documentos pblicos, como facilitadores de datos y documentos autnticos, en el marco de interoperabilidad del sector pblico.

3. El sistema integral al que se refiere el apartado 2 debe permitir a las personas un acceso fcil y gratuito a la informacin pblica, con el fin de fomentar su conocimiento y de facilitar la participacin y colaboracin responsable en los asuntos pblicos.

4. El sistema se fundamenta en el Portal de la Transparencia, que es el instrumento bsico y general de gestin de documentos pblicos para dar cumplimiento y efectividad a las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley, y en las sedes electrnicas o sitios web correspondientes. El Portal de la Transparencia debe incluir el Registro de grupos de inters, regulado por el ttulo IV, y los canales de participacin y los procedimientos participativos en trmite.

5. El Portal de la Transparencia est organizado y gestionado por la Administracin de la Generalidad, y tambin integra la informacin de las administraciones locales y de las administraciones y entidades incluidas en el artculo 3.1.a, b, c, d y e. Las administraciones locales y el resto de administraciones y entidades pueden crear sus propios portales de transparencia, el acceso a cuyo contenido debe facilitarse desde el Portal de la Transparencia de la Generalidad, de forma interconectada y que facilite la integracin. Todos los portales deben disponer de un buscador que permita un acceso rpido, fcil y comprensible a la informacin y que incorpore mecanismos de alerta sobre los datos que se han actualizado.

6. El Portal de la Transparencia y los portales que eventualmente se creen de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 deben configurarse como una plataforma electrnica de publicidad activa en internet, deben ser fcilmente identificables y deben contener el enlace de las sedes electrnicas de las administraciones pblicas o entidades correspondientes. Tambin deben cumplir las recomendaciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web para facilitar su acceso a las personas con discapacidad.

7. Los sujetos a los que se refiere el artculo 3.1.d y e deben cumplir sus obligaciones de transparencia en los trminos establecidos por el artculo 3.2.

Artculo 6. Obligaciones de transparencia.

1. Para hacer efectivo el principio de transparencia, los sujetos obligados deben adoptar las siguientes actuaciones:

a) Difundir la informacin pblica de inters general de forma veraz y objetiva, para que las personas puedan conocer la actuacin y el funcionamiento de la Administracin pblica y ejercer el control de dicha actuacin.

b) Garantizar que la informacin a la que se refiere la letra a se difunde de forma constante y se actualiza permanentemente, con la indicacin expresa de la fecha en que se actualiz por ltima vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a actualizarse.

c) Organizar la informacin de forma que sea fcilmente accesible y comprensible para las personas y que facilite una gil y rpida consulta mediante instrumentos de bsqueda dotados de las caractersticas tcnicas que lo garanticen.

d) Ordenar temticamente la informacin para que su localizacin sea fcil e intuitiva. Dicha ordenacin debe realizarse, como mnimo, con criterios temticos y cronolgicos, siguiendo el cuadro de clasificacin documental corporativo –si se dispone de l– e incorporando ndices o guas de consulta.

e) Facilitar la consulta de la informacin con el uso de medios informticos en formatos fcilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilizacin.

2. Las obligaciones de transparencia establecidas por la presente ley son mnimas y generales, y se entienden sin perjuicio de las que pueda establecer de forma ms detallada y especfica la legislacin aplicable.

3. Los sujetos obligados deben establecer procedimientos basados en indicadores objetivos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En los procedimientos de evaluacin debe garantizarse la participacin de expertos independientes y de los ciudadanos.

Artculo 7. Lmites a las obligaciones de transparencia.

1. Los lmites aplicables a las obligaciones de transparencia son los mismos que el ttulo III establece para el derecho de acceso a la informacin pblica, especialmente los relativos a la proteccin de datos de carcter personal.

2. El principio de transparencia debe interpretarse y aplicarse en todos los casos de forma preferente. Cualquier limitacin en la aplicacin del principio de transparencia debe fundamentarse en un lmite o una excepcin expresamente establecidos por una norma con rango de ley.

CAPTULO II

Publicidad activa

Artculo 8. Informacin sujeta al rgimen de transparencia.

1. La Administracin pblica, en aplicacin del principio de transparencia, debe hacer pblica la informacin relativa a:

a) La organizacin institucional y la estructura administrativa.

b) La gestin econmica, contable, presupuestaria y patrimonial.

c) Las decisiones y actuaciones de especial relevancia jurdica.

d) La plantilla, la relacin de puestos de trabajo y el rgimen retributivo.

e) Los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de sus competencias.

f) Los contratos y convenios.

g) Las convocatorias y el otorgamiento de las subvenciones y ayudas pblicas.

h) Los informes y estudios.

i) Los planes, programas y memorias generales.

j) La informacin estadstica.

k) La informacin geogrfica.

l) Las materias y actuaciones cuya publicidad se establezca por norma.

m) Cualquier materia de inters pblico, y las informaciones solicitadas con ms frecuencia por va del ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica.

2. La informacin pblica relativa a las materias a las que se refiere el apartado 1 debe comprender todos los datos y documentos con el alcance y la precisin que determinan los artculos 9 a 15. La informacin debe ser congruente con la finalidad de conocimiento prevista en cada caso y debe ser adecuada y completa en cuanto al contenido informativo que determina la Ley.

Artculo 9. Transparencia en la organizacin institucional y la estructura administrativa.

1. La informacin relativa a la organizacin institucional y la estructura administrativa que la Administracin debe hacer pblica en aplicacin del principio de transparencia debe incluir:

a) La descripcin de la organizacin de la Administracin y de los organismos y entes pblicos vinculados o dependientes, as como de las sociedades, fundaciones pblicas y consorcios de que forma parte la Administracin, con la inclusin de un organigrama actualizado.

b) La estructura organizativa interna de la Administracin y de los organismos y entidades a los que se refiere la letra a, con la identificacin de los responsables de los distintos rganos y su perfil y trayectoria profesionales.

c) Las funciones que tienen atribuidas la Administracin y los organismos y entidades a los que se refiere la letra a, con indicacin del ente, entidad u rgano que las ejerce en cada caso.

d) La relacin de puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual, y la plantilla y la relacin de contratos temporales y de interinajes no vinculados a ningn puesto de trabajo de dicha relacin de puestos.

e) Las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de provisin y promocin del personal.

f) La relacin de altos cargos.

g) Las listas que eventualmente se creen para acceder a los procesos de formacin y promocin.

h) La relacin de los puestos ocupados por personal adscrito por los adjudicatarios de contratos firmados con la Administracin que, en virtud del contrato, realice una actividad, un servicio o una obra con carcter permanente en una dependencia o un establecimiento pblico, as como el rgimen de dedicacin y el rgimen retributivo de dicho personal y las tareas que realiza.

i) Los convenios, acuerdos y pactos de naturaleza funcionarial, laboral y sindical.

j) El catlogo de los servicios prestados, las cartas de servicios existentes y la informacin sobre los resultados de las evaluaciones de calidad y de la incidencia social de las polticas pblicas.

k) Los acuerdos relativos a la creacin, la participacin y el funcionamiento de los entes pblicos, las sociedades y fundaciones pblicas, los consorcios y dems entidades vinculadas a la Administracin pblica.

l) La informacin relativa a los canales de participacin y los procedimientos participativos en trmite, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participacin ciudadana, para hacer difusin y facilitar la participacin ciudadana.

m) Las resoluciones dictadas por el rgano competente, en aplicacin de la normativa sobre el rgimen de incompatibilidades de los altos cargos, con la forma y las condiciones que se determinen por reglamento.

2. La informacin organizativa debe incluir el nmero de liberados sindicales que hay en el mbito de la Administracin y los entes que dependen de ella, con la indicacin de los sindicatos correspondientes, los costes que las liberaciones generan a la Administracin y el nmero de horas sindicales utilizadas.

Artculo 10. Transparencia en las decisiones y actuaciones de relevancia jurdica.

1. La informacin relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jurdica que la Administracin debe hacer pblica en aplicacin del principio de transparencia debe incluir:

a) Las normas aprobadas por la Administracin pblica –de las cuales tienen que estar disponibles las versiones en el formato originario y, en el caso de las normas que hayan sido modificadas, las versiones consolidadas– y los datos relativos a la evaluacin de la aplicacin de las normas.

b) Las directivas, instrucciones, circulares y respuestas anonimizadas a consultas planteadas que tengan especial incidencia sobre la interpretacin y la aplicacin de las normas.

c) Los procedimientos normativos en curso de elaboracin, con la indicacin del estado de tramitacin en que se encuentran.

d) Las memorias y los documentos justificativos de la tramitacin de los proyectos o anteproyectos normativos, los distintos textos de las disposiciones y la relacin y valoracin de los documentos originados por los procedimientos de informacin pblica y participacin ciudadana y por la intervencin de los grupos de inters, en su caso.

e) El catlogo actualizado de todos los procedimientos administrativos, con la indicacin de los que estn disponibles en formato electrnico, el sentido del silencio administrativo y los recursos que pueden interponerse con relacin a las resoluciones que ponen fin a los mismos.

f) Los actos administrativos, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que puedan tener incidencia sobre el dominio pblico o la gestin de los servicios pblicos, y aquellos otros en que lo aconsejen razones de especial inters pblico.

g) Los actos que hayan sido objeto de un procedimiento de revisin en va administrativa.

h) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pblica y las resoluciones judiciales definitivas que afecten a las personas obligadas al cumplimiento de la presente ley, por razn del ejercicio de las funciones y responsabilidades que les atribuye.

i) Los dictmenes de la Comisin Jurdica Asesora y de los dems rganos consultivos.

2. En el caso de las letras c y d del apartado 1, la informacin tambin debe incluir los documentos que, de acuerdo con la normativa aplicable, deben ser sometidos a un perodo de informacin pblica durante la tramitacin, y tambin el contenido ntegro de los textos de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento.

3. En el caso de las letras f, g, h, e i del apartado 1, la informacin no debe incluir datos o referencias personales.

Artculo 11. Transparencia en la gestin econmica, contable, presupuestaria y patrimonial.

1. La informacin relativa a la gestin econmica y presupuestaria que la Administracin debe hacer pblica en aplicacin del principio de transparencia debe incluir:

a) El presupuesto, con la descripcin de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecucin –de forma que pueda conocerse el grado de ejecucin con carcter trimestral– y de su liquidacin, as como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

b) Las retribuciones, indemnizaciones y dietas, las actividades y los bienes de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administracin pblica y del personal directivo de los entes pblicos, las sociedades, las fundaciones y los consorcios, y las indemnizaciones que han de percibir al dejar de ejercer su cargo.

c) Las cuentas anuales completas preceptivas y los informes de auditora de cuentas y de fiscalizacin de los rganos de control externo que las hayan emitido.

d) Las resoluciones dictadas por el rgano competente para instruir y resolver los expedientes relativos a las declaraciones de actividades, patrimoniales y de intereses de los altos cargos y a la inscripcin en los registros correspondientes, en aplicacin de la normativa sobre incompatibilidades de los altos cargos.

e) La informacin general sobre las retribuciones, indemnizaciones y dietas percibidas por los empleados pblicos, agrupada en funcin de los niveles y cuerpos.

f) El coste de las campaas de publicidad institucional, desglosando los distintos conceptos de la campaa y el importe contratado a cada medio de comunicacin.

2. La informacin relativa a la gestin patrimonial debe incluir:

a) La informacin sobre los datos ms relevantes del inventario general del patrimonio en lo relativo a los bienes inmuebles de dominio pblico y patrimoniales y a los bienes muebles de especial valor.

b) La informacin econmica relativa a la gestin del patrimonio.

Artculo 12. Transparencia en materia de planificacin y programacin.

1. La Administracin debe hacer pblicos, en aplicacin del principio de transparencia, los planes y programas anuales y plurianuales, de carcter general o sectorial, que establecen las directrices estratgicas de las polticas pblicas. Asimismo, deben publicarse las auditoras internas y externas de evaluacin de la calidad de los servicios pblicos.

2. La informacin a la que se refiere el apartado 1 debe incluir, como mnimo, las actuaciones que deben realizarse, los medios que deben utilizarse para ejecutar los planes y programas, sus plazos de cumplimiento, la memoria econmica y los estudios e informes tcnicos justificativos.

3. La informacin pblica a la que se refiere el apartado 1 debe incluir los criterios y la metodologa para evaluar el cumplimiento de los planes y programas y el resultado de su evaluacin, una vez ejecutados.

4. La Administracin debe hacer pblicos el plan territorial general, los planes territoriales parciales, los planes directores territoriales, los planes territoriales sectoriales, los planes directores urbansticos, los planes de ordenacin urbanstica municipal, el plan de espacios de inters natural y los dems planes y programas que deban elaborarse en cumplimiento de una norma con rango de ley y los planes que deben publicarse con carcter obligatorio.

5. La Administracin debe hacer pblicas las modificaciones de los planes y programas y la informacin econmica, geogrfica y urbanstica, de elaboracin propia o externa, que haya utilizado para elaborarlos y para evaluar su ejecucin.

CAPTULO III

Transparencia en la gestin administrativa

Artculo 13. Transparencia en la contratacin pblica.

1. La transparencia en el mbito de los contratos suscritos por los sujetos obligados es aplicable a todos los contratos, incluidos los patrimoniales y los menores. La informacin pblica relativa a los contratos debe incluir:

a) La informacin sobre las entidades y los rganos de contratacin, con la indicacin de su denominacin exacta, el telfono y las direcciones postales y electrnicas.

b) La informacin sobre las licitaciones en trmite, que debe comprender como mnimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido econmico, los pliegos de clusulas administrativas y las condiciones de ejecucin.

c) La informacin sobre los contratos programados.

d) Los contratos suscritos, con la indicacin de su objeto, el importe de la licitacin y de adjudicacin, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario, la duracin, el nmero de licitadores, los criterios de adjudicacin, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, as como los acuerdos e informes tcnicos del proceso de contratacin. Esta informacin debe estar actualizada y referirse, como mnimo, a los ltimos cinco aos.

e) Las modificaciones contractuales, las prrrogas de los contratos, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.

f) Los datos del registro pblico de contratos y del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.

g) Los acuerdos y criterios interpretativos de los rganos consultivos de contratacin.

h) Una relacin anonimizada de las preguntas y respuestas ms frecuentes en las consultas en materia de contratacin.

i) Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratacin, as como los actos de desistimiento, renuncia y resolucin de contratos.

2. La informacin en materia de contratacin pblica debe constar en un espacio diferenciado del Portal de la Transparencia, configurado como una plataforma electrnica de publicidad especfica en este mbito.

3. La Administracin pblica debe dar publicidad de forma constante y actualizada a los datos estadsticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislacin de contratos del sector pblico. Tambin debe dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los distintos adjudicatarios en los ltimos cinco aos.

4. En los contratos de gestin de servicios pblicos y de concesin de obras pblicas, deben hacerse pblicos los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios:

a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relacin a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestacin del servicio.

b) Los derechos y deberes de los usuarios.

c) Las facultades de inspeccin, control y sancin que puede ejercer la Administracin con relacin a la prestacin del servicio.

d) El procedimiento para formular quejas o reclamaciones.

Artculo 14. Transparencia en los convenios de colaboracin.

1. La transparencia en el mbito de los convenios de colaboracin es aplicable a todos los convenios y encargos de gestin suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y pblicas.

2. La informacin pblica relativa a los convenios de colaboracin debe incluir, como mnimo:

a) La relacin de los convenios vigentes, con la indicacin de la fecha, las partes que los firman, el objeto, los derechos y las obligaciones de cualquier tipo que generen y el perodo de vigencia.

b) Las eventuales modificaciones de cualquiera de los parmetros a los que se refiere la letra a, y la fecha y la forma en que se hayan producido.

c) La informacin relativa al cumplimiento y la ejecucin de los convenios.

3. Las obligaciones de publicidad establecidas por el presente artculo deben hacerse efectivas mediante el Registro de convenios de colaboracin y cooperacin de la Generalidad, que debe integrarse en el Portal de la Transparencia.

Artculo 15. Transparencia en la actividad subvencional.

1. La informacin relativa a las subvenciones y ayudas pblicas que los sujetos obligados deben hacer pblica en aplicacin del principio de transparencia debe incluir:

a) Una relacin actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicacin de su objeto o finalidad y la descripcin de las condiciones para ser beneficiario de ellas.

b) Los objetivos, a efectos de utilidad pblica o social, que pretende alcanzar la subvencin o la ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su caso.

c) Las subvenciones y ayudas pblicas otorgadas, con la indicacin de su importe, objeto y beneficiarios. Esta informacin debe incluir las subvenciones y ayudas, debe estar actualizada y debe referirse a los ltimos cinco aos. Tambin debe incluir las subvenciones y ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas pblicas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad de los beneficiarios.

d) La informacin relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas pblicas otorgadas.

e) La justificacin o rendicin de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvencin o ayuda otorgada.

2. Las bases reguladoras de la concesin de subvenciones y ayudas pblicas que puedan otorgarse por un importe superior a 10.000 euros deben incluir la obligacin de los beneficiarios, si son personas jurdicas, de comunicar a los sujetos obligados la informacin relativa a las retribuciones de sus rganos de direccin o administracin, al efecto de hacerlas pblicas. En los supuestos legales en que no se aplique un proceso de concurrencia para otorgar las subvenciones o ayudas, esta obligacin debe incluir el correspondiente acto o convenio.

CAPTULO IV

Reutilizacin de la informacin pblica

Artculo 16. Reeutilizacin de la informacin.

1. Los sujetos obligados deben facilitar a las personas el acceso a la informacin pblica en formato reutilizable, para mejorar la transparencia, generar valor en la sociedad y promover la interoperabilidad entre las administraciones, dentro de los lmites establecidos por la normativa sobre reutilizacin de la informacin del sector pblico.

2. La informacin pblica puede ser reutilizada con cualquier objetivo lcito, especialmente la reproduccin y divulgacin por cualquier medio de los datos objeto de informacin pblica y la creacin de productos o servicios de informacin con valor aadido basados en estos datos.

Artculo 17. Condiciones y modalidades para reutilizar la informacin.

1. La reutilizacin de la informacin pblica es libre y no est sujeta a restricciones, excepto en los supuestos en que, por va reglamentaria, se someta a la obtencin de una licencia de reconocimiento de creative commons, por razn de la tutela de otros derechos o bienes jurdicos, o a la solicitud previa del interesado.

2. El Portal de la Transparencia debe especificar el tipo de reutilizacin aplicable a la informacin que contiene, y tambin debe incluir un aviso legal sobre las condiciones de la reutilizacin.

3. Debe garantizarse que en el proceso de reutilizacin no se altera el contenido de la informacin reutilizada ni se desnaturaliza su sentido, y tambin debe citarse la fuente de los datos e indicar la fecha de la ltima actualizacin.

TTULO III

De la informacin pblica

CAPTULO I

Acceso a la informacin pblica

Artculo 18. Derecho de acceso a la informacin pblica.

1. Las personas tienen el derecho a acceder a la informacin pblica, a la que se refiere el artculo 2.b, a ttulo individual o en nombre y representacin de cualquier persona jurdica legalmente constituida.

2. El ejercicio de este derecho no est condicionado a la concurrencia de un inters personal, no queda sujeto a motivacin y no requiere la invocacin de ninguna norma.

3. El derecho de acceso a la informacin pblica puede ejercerse a partir de los diecisis aos.

Artculo 19. Informacin pblica.

1. El derecho de acceso a la informacin pblica incluye cualquier forma o soporte en que esta informacin haya sido elaborada o en que se conserve.

2. Las administraciones pblicas deben adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informacin pblica, de acuerdo con lo establecido por el presente ttulo.

3. Las administraciones pblicas, con el mismo fin al que se refiere el apartado 2, deben establecer un sistema de gestin de documentos, informacin y datos integrado que permita la interoperatividad entre las administraciones, la localizacin de cualquier documento o informacin y la vinculacin automtica de cada documento o conjunto de datos a su rgimen de acceso y publicidad.

CAPTULO II

Lmites y acceso parcial a la informacin pblica

Artculo 20. Principios generales.

1. El derecho de acceso a la informacin pblica se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. El derecho de acceso a la informacin pblica solamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.

2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la informacin pblica deben ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no pueden ampliarse por analoga.

3. Para aplicar lmites al derecho de acceso a la informacin pblica, la Administracin no dispone de potestad discrecional y debe indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivacin debe explicitarse el lmite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan su aplicacin.

4. Los lmites al derecho de acceso a la informacin pblica deben aplicarse de acuerdo con los principios de igualdad y de interdiccin de la arbitrariedad.

5. El derecho de acceso a la informacin pblica se garantiza de acuerdo con lo establecido por la presente ley, y especficamente mediante los instrumentos establecidos por el captulo IV de este ttulo.

Artculo 21. Lmites al derecho de acceso a la informacin pblica.

1. El derecho de acceso a la informacin pblica puede ser denegado o restringido si el conocimiento o divulgacin de la informacin conlleva un perjuicio para:

a) La seguridad pblica.

b) La investigacin o la sancin de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.

c) El secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administracin pblica, si el secreto o la confidencialidad estn establecidos por una norma con rango de ley.

d) El principio de igualdad de las partes en los procesos judiciales o la tutela judicial efectiva.

e) Los derechos de los menores de edad.

f) La intimidad y los dems derechos privados legtimos.

g) El secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

2. El derecho de acceso a la informacin pblica tambin puede ser denegado o restringido si la informacin tiene la condicin de protegida y as lo establece expresamente una norma con rango de ley.

3. Tiene la condicin de protegida, en todos los casos, la informacin relativa a los menores de edad cuyo conocimiento o divulgacin puede condicionar el libre desarrollo de su personalidad en el futuro. El acceso a la informacin puede ser denegada en este supuesto, salvo que pueda garantizarse su carcter annimo, y sin perjuicio de lo que establecen los artculos siguientes.

Artculo 22. Proporcionalidad y temporalidad.

1. Los lmites aplicados al derecho de acceso a la informacin pblica deben ser proporcionales al objeto y la finalidad de proteccin. La aplicacin de dichos lmites debe atender a las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un inters pblico o privado superior que justifique el acceso a la informacin.

2. Los lmites del derecho de acceso a la informacin pblica son temporales si as lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican su aplicacin.

Artculo 23. Datos personales especialmente protegidos.

Las solicitudes de acceso a la informacin pblica deben ser denegadas si la informacin que se desea obtener contiene datos personales especialmente protegidos, como los relativos a la ideologa, la afiliacin sindical, la religin, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, as como los relativos a la comisin de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestacin pblica al infractor, salvo que el afectado lo consienta expresamente mediante un escrito que debe acompaar la solicitud.

Artculo 24. Proteccin de datos personales.

1. Se debe dar acceso a la informacin pblica si se trata de informacin directamente relacionada con la organizacin, el funcionamiento o la actividad pblica de la Administracin que contenga datos personales meramente identificativos salvo que, excepcionalmente, en el caso concreto tenga que prevalecer la proteccin de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.

2. Si se trata de otra informacin que contiene datos personales no incluidos en el artculo 23, se puede dar acceso a la informacin, previa ponderacin razonada del inters pblico en la divulgacin y los derechos de las personas afectadas. Para realizar dicha ponderacin deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) El tiempo transcurrido.

b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad histrica, estadstica o cientfica, y las garantas que se ofrezcan.

c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad.

d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas.

3. Las solicitudes de acceso a la informacin pblica que se refieran solamente a datos personales del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulacin del derecho de acceso establecido por la legislacin de proteccin de datos de carcter personal.

Artculo 25. Acceso parcial a la informacin y a la documentacin pblicas.

1. Si es de aplicacin alguno de los lmites de acceso a la informacin pblica establecidos por los artculos anteriores, la denegacin de acceso solamente afecta a la parte correspondiente de la documentacin, y debe autorizarse el acceso restringido al resto de los datos.

2. Si la restriccin de acceso o la ocultacin parcial de datos dificulta la comprensin de la informacin, el interesado puede solicitar audiencia a la Administracin para aclarar su interpretacin. La Administracin puede aportar las aclaraciones contextuales necesarias siempre que no revelen la informacin que ha sido legalmente ocultada.

3. En el caso de acceso parcial a la informacin pblica, la Administracin debe garantizar, por los medios ms adecuados, la reserva de la informacin afectada por las limitaciones legales.

CAPTULO III

Ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica

Artculo 26. Requisitos de las solicitudes de informacin pblica.

1. Las solicitudes de acceso a la informacin pblica pueden realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La informacin precisa a la que se desea tener acceso, sin necesidad de indicar un documento o expediente concretos.

c) La forma o el formato en que se prefiere tener acceso a la informacin.

d) Una direccin de contacto, preferentemente electrnica, que sirva para las comunicaciones entre el solicitante y la Administracin.

2. El solicitante puede exponer, con carcter potestativo, los motivos que justifican el ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica. La ausencia de motivacin en ningn caso puede ser causa de denegacin de la solicitud.

Artculo 27. Presentacin de las solicitudes.

1. Las solicitudes de acceso a la informacin pblica pueden presentarse por cualquier medio, incluidos los electrnicos, siempre que permitan dejar constancia de los requisitos a los que se refiere el artculo 26.

2. Las solicitudes presentadas por medios electrnicos deben poder tramitarse con la utilizacin de la firma electrnica, mediante un formulario electrnico sencillo y fcilmente accesible que el Portal de la Transparencia debe poner a disposicin de los ciudadanos, o por cualquier otro medio que se establezca por reglamento.

3. Las solicitudes deben dirigirse a la entidad o el rgano administrativo que disponga de la informacin. Si la solicitud de informacin se dirige a un rgano que no la tiene a su disposicin o se dirige genricamente a una administracin, es aplicable lo establecido por el artculo 30.

4. La Administracin debe establecer sistemas para integrar la gestin de las solicitudes de informacin en el mbito de su organizacin interna.

5. Una vez presentada la solicitud, debe notificarse al solicitante la recepcin de la misma indicando el da de la recepcin, el rgano responsable de resolverla, la fecha mxima para resolver y la persona responsable de la tramitacin.

Artculo 28. Solicitudes imprecisas.

1. Si una solicitud de acceso a la informacin pblica se ha formulado en trminos imprecisos o demasiado genricos, la Administracin debe comunicarlo al solicitante y pedirle que concrete la informacin a la que desea tener acceso. Este trmite suspende el plazo para resolver.

2. La Administracin debe prestar asesoramiento y asistencia al solicitante para que pueda concretar la peticin a la que se refiere el apartado 1.

3. Si el solicitante no cumple el trmite al que se refiere el apartado 1 dentro del plazo establecido, que no puede ser inferior a diez das, se considera que ha desistido del procedimiento y tiene que archivarse el expediente, siempre que la Administracin haya puesto a disposicin de los ciudadanos los instrumentos adecuados para la bsqueda de la informacin.

4. El archivo del expediente de solicitud de acceso a la informacin pblica no excluye el derecho a presentar una nueva solicitud que cumpla los requisitos establecidos por la presente ley.

Artculo 29. Inadmisin de solicitudes.

1. Son inadmitidas a trmite las solicitudes de acceso a la informacin pblica en los siguientes supuestos:

a) Si solicitan notas, borradores, resmenes, opiniones o cualquier documento de trabajo interno sin relevancia o inters pblico.

b) Si para obtener la informacin que solicitan es necesaria una tarea compleja de elaboracin o reelaboracin. En tal caso, se puede dar la informacin de forma desglosada, previa audiencia del solicitante.

c) Si la informacin que solicitan est en fase de elaboracin y debe hacerse pblica, de acuerdo con las obligaciones de transparencia del ttulo II, dentro del plazo de tres meses.

2. Son inadmitidas a trmite las solicitudes de informacin consistentes en consultas jurdicas o peticiones de informes o dictmenes, sin perjuicio de los supuestos de consulta u orientacin establecidos por la legislacin general de procedimiento administrativo y por las leyes sectoriales que se soliciten de acuerdo con la normativa correspondiente.

3. La inadmisin de solicitudes debe ser motivada y comunicada al solicitante.

Artculo 30. Derivacin de las solicitudes.

1. En el supuesto de que la solicitud de acceso a la informacin se dirija a una entidad u rgano administrativo que no disponga de la informacin, este debe derivarla a la entidad o al rgano que disponga de ella, si lo conoce, o a la oficina responsable de la informacin pblica que corresponda, en un plazo de quince das naturales, y comunicar al solicitante a qu rgano se ha derivado la solicitud y los datos para contactar con l.

2. Si la entidad o el rgano administrativo competente pertenece o depende de una administracin distinta a la que se ha dirigido la solicitud, debe informarse de ello al solicitante, por va electrnica si es posible, e indicarle cul es la Administracin a la que se ha derivado su solicitud para que pueda ejercer el derecho de acceso a la informacin pblica.

Artculo 31. Afectacin de derechos o intereses de terceros.

1. Si la solicitud de informacin pblica puede afectar a derechos o intereses de terceros, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, en caso de que los posibles afectados estn identificados o sean fcilmente identificables se les debe dar traslado de la solicitud, y tienen un plazo de diez das para presentar alegaciones si estas pueden resultar determinantes del sentido de la resolucin.

2. El trmite de alegaciones al que se refiere el apartado 1 suspende el plazo para resolver.

3. El traslado de la solicitud debe indicar los motivos de la solicitud, si se han expresado, pero no es obligatorio revelar la identidad del solicitante.

4. Se debe informar al solicitante del traslado de la solicitud a terceros y de la suspensin del plazo para dictar resolucin hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para presentarlas.

Artculo 32. Competencia para resolver.

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la informacin pblica corresponde:

a) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administracin de la Generalidad, a los rganos superiores jerrquicos de los servicios o unidades que disponen de la informacin, de acuerdo con lo establecido por las normas reguladoras de la organizacin administrativa.

b) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administracin local, a los rganos que determinan las normas organizativas propias y, en su defecto, al alcalde o el presidente, o el rgano en que estos deleguen.

c) En el caso de las solicitudes dirigidas a organismos autnomos, entidades de derecho pblico, sociedades y fundaciones pblicas, consorcios y universidades pblicas, a su rgano de direccin y de gobierno.

d) En el caso de las solicitudes dirigidas a otras instituciones y organismos a los que se refiere el artculo 3.1, a sus rganos de representacin o direccin.

Artculo 33. Plazo para resolver.

1. Las solicitudes de acceso a la informacin pblica deben resolverse en el plazo de un mes, a contar desde el da siguiente al de la recepcin de la solicitud.

2. El plazo al que se refiere el apartado 1 puede prorrogarse, si lo justifican el volumen o la complejidad de la informacin requerida, hasta un plazo igual a la mitad del inicial. La prrroga y las causas que la motivan deben ser comunicadas al interesado.

3. En el plazo al que se refiere el presente artculo debe resolverse la solicitud y notificar la resolucin al interesado.

4. El plazo al que se refiere este artculo solamente puede quedar en suspenso en los casos establecidos expresamente por la presente ley y por la legislacin general sobre rgimen jurdico y procedimiento administrativo.

Artculo 34. Resolucin.

1. La resolucin debe formalizarse por escrito y debe notificarse al solicitante y, en su caso, a los terceros afectados que hayan comparecido en el expediente. Si la solicitud de informacin se ha realizado por va electrnica, la notificacin de la resolucin tambin puede realizarse por medios electrnicos.

2. La resolucin debe ser estimatoria de la solicitud, salvo que sea de aplicacin alguno de los lmites establecidos por la presente ley. En este ltimo caso, debe estimar parcialmente la solicitud, a ser posible, o desestimarla ntegramente.

3. Si la resolucin es estimatoria de la solicitud y ha existido oposicin de terceros, el acceso a la informacin solamente puede hacerse efectivo una vez ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o, en el supuesto de que se haya presentado este recurso, si no se ha acompaado de peticin de medidas cautelares de suspensin o se ha resuelto este incidente manteniendo la ejecutividad del acto administrativo.

4. Deben ser motivadas las siguientes resoluciones:

a) Las que desestiman total o parcialmente la solicitud.

b) Las que estiman la solicitud pese a la oposicin de terceros.

c) Las que establecen como forma de acceso a la informacin un formato diferente al solicitado.

5. Excepcionalmente no es obligatorio que las resoluciones sean motivadas si la mera indicacin de la existencia o no de los datos puede conllevar incurrir en alguna de las limitaciones del derecho de acceso a la informacin pblica. En tal caso, la resolucin debe hacer constar esta circunstancia.

6. Si el acceso a la informacin pblica es denegado como consecuencia de la aplicacin de los lmites derivados de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual o industrial, la motivacin de la resolucin debe incluir la referencia a la persona titular de estos derechos, si es conocida.

7. La notificacin de la resolucin debe indicar las vas especficas de recurso y reclamacin establecidas por la presente ley.

8. Si se estima la solicitud y no se ha producido oposicin de terceros, la resolucin puede ser sustituida por una comunicacin por la que se indica al interesado que puede acceder a la informacin, o bien se le pueden facilitar los datos directamente.

Artculo 35. Silencio administrativo.

1. Si la Administracin no resuelve y notifica dentro del plazo establecido, la solicitud se entiende estimada, salvo que una norma con rango de ley establezca expresamente un efecto desestimatorio, total o parcial, con relacin a una determinada informacin.

2. No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre alguno de los lmites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la informacin pblica.

3. En el caso de silencio administrativo estimatorio, la Administracin est obligada a facilitar el acceso a la informacin pblica en el plazo establecido por el artculo 36, a contar desde el momento en que el solicitante lo pide.

4. La denegacin de acceso a la informacin habindose producido silencio administrativo estimatorio puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por el ttulo VII.

Artculo 36. Acceso a la informacin.

1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el rgano competente debe suministrar la informacin al interesado, en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta das.

2. La Administracin puede suministrar la informacin en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:

a) Si existe una alternativa ms econmica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso a los datos.

b) Si la informacin ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro formato y se puede acceder fcilmente a ella. En tal caso, debe indicarse al solicitante la fuente de informacin.

c) Si se considera razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que se justifique.

d) Si el formato en el que se ha solicitado la informacin puede conllevar la prdida del soporte que la contiene o puede daarlo.

e) Si tcnicamente no es posible realizar una copia en el formato en que se ha solicitado la informacin.

f) Si el formato en que se ha solicitado la informacin puede afectar los derechos de propiedad intelectual.

3. Las resoluciones estimatorias deben incluir la consideracin de que la informacin puede ser suministrada en un formato distinto al solicitado, de acuerdo con lo establecido por el apartado 2, e indicar los formatos alternativos posibles.

Artculo 37. Gratuidad y contraprestaciones.

1. El acceso a la informacin pblica es gratuito si los datos son consultados en el lugar donde se encuentran depositados, o bien si existen en formato electrnico, en cuyo caso deben ser entregados por correo electrnico.

2. La expedicin de copias y la transposicin a formatos distintos al original pueden quedar sujetos a contraprestacin econmica, la cual no puede exceder el coste de la operacin.

CAPTULO IV

Garantas del derecho de acceso a la informacin pblica

Artculo 38. Recurso administrativo.

Las resoluciones expresas o presuntas dictadas de acuerdo con lo dispuesto por el presente ttulo pueden ser objeto de recurso potestativo de reposicin ante el rgano que las ha dictado.

Artculo 39. Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica.

1. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la informacin pblica y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposicin pueden ser objeto de reclamacin gratuita y voluntaria ante la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, encargada de velar por el cumplimiento y las garantas del derecho de acceso a la informacin pblica que regula el presente ttulo.

2. La Comisin debe cumplir sus funciones con plena independencia orgnica y funcional, sin sumisin a instrucciones jerrquicas de ningn tipo.

3. La Comisin debe ejercer sus funciones mediante actos y acuerdos de carcter tcnico-jurdico, que en ningn caso pueden ser motivados por criterios de oportunidad o de conveniencia.

Artculo 40. Composicin y designacin.

1. La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica est integrada por un mnimo de tres miembros y un mximo de cinco, designados por mayora de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Catalua, entre personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por el presente artculo.

2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, previamente a su designacin los candidatos deben comparecer ante la comisin parlamentaria correspondiente para ser evaluados con relacin a las condiciones requeridas para el cargo.

3. Los miembros de la Comisin deben ser juristas especialistas en derecho pblico y tcnicos en materia de archivos o gestin documental, elegidos entre expertos de reconocida competencia y prestigio y con ms de diez aos de experiencia profesional.

4. Los miembros de la Comisin deben ejercer su cargo bajo el rgimen de dedicacin exclusiva y les son aplicables las normas sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones pblicas. Sus retribuciones deben fijarse anualmente en la Ley de presupuestos de Catalua.

Artculo 41. Organizacin y funcionamiento.

1. La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica debe ser adscrita al departamento de la Generalidad que el Gobierno determine por decreto. El Gobierno debe dotar la Comisin de los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, siempre respetando su independencia orgnica y funcional.

2. La organizacin y el funcionamiento de la Comisin deben establecerse por reglamento. El Gobierno debe remitir el proyecto al Parlamento antes de su aprobacin por decreto, de acuerdo con lo establecido por el artculo 149 del Reglamento del Parlamento. El Parlamento debe pronunciarse sobre la propuesta presentada por el Gobierno y, en su caso, puede formular recomendaciones con relacin al texto. Las recomendaciones relativas a la garanta de la independencia orgnica y funcional de la Comisin son vinculantes para el Gobierno.

Artculo 42. Procedimiento de reclamacin.

1. Las reclamaciones a las que se refiere el artculo 39.1 deben interponerse en el plazo de un mes a contar desde la notificacin de la resolucin, desde el momento en que ha finalizado el plazo para resolver en el supuesto del artculo 35.2 o, en su caso, desde la desestimacin del recurso de reposicin.

2. Las reclamaciones pueden tramitarse mediante un procedimiento de mediacin o un procedimiento ordinario con resolucin.

3. En caso de reclamaciones en que la denegacin del acceso a la informacin pblica se ha producido por motivos derivados de derechos de terceros, debe darse traslado de la correspondiente reclamacin a los terceros para que puedan participar en el procedimiento.

4. La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica debe informar a las partes afectadas sobre el procedimiento de mediacin. La Administracin no puede oponerse a aplicar este procedimiento si las dems partes lo aceptan. El procedimiento de mediacin suspende el plazo para resolver.

5. El acuerdo fruto de la mediacin debe ser aprobado por el reclamante, por la Administracin afectada y, en su caso, por los terceros que hayan comparecido en el procedimiento. Este acuerdo pone fin al procedimiento y en ningn caso puede ser contrario al ordenamiento jurdico.

6. Si no se acepta la mediacin o no se alcanza un acuerdo en el plazo de un mes desde su aceptacin, la reclamacin debe tramitarse mediante un procedimiento con resolucin de la Comisin, de acuerdo con las normas reguladoras de los recursos administrativos.

7. La Comisin, de oficio o a instancia de parte, puede solicitar los informes o los datos que considere necesarios para facilitar el procedimiento de mediacin o para fundamentar la resolucin.

8. Si la denegacin se ha fundamentado en la proteccin de datos personales, la Comisin debe solicitar informe a la Autoridad Catalana de Proteccin de Datos, el cual debe ser emitido en el plazo de quince das.

9. Si en el plazo de dos meses desde la presentacin de la reclamacin no se ha dictado y notificado la resolucin, esta puede entenderse desestimada. Este plazo puede ser ampliado por la Comisin hasta un mximo de quince das ms, en el caso de que se haya hecho uso de lo que establecen los apartados 7 y 8, lo cual debe ser notificado a todas las partes antes de que concluya el plazo para resolver.

10. Las resoluciones de la Comisin ponen fin a la va administrativa y se pueden impugnar ante la jurisdiccin contenciosa-administrativa.

Artculo 43. Ejecucin de los acuerdos de mediacin y de las resoluciones.

1. Si se alcanza un acuerdo en el procedimiento de mediacin, este debe establecer el plazo de cumplimiento y, en su caso, las condiciones en que debe hacerse efectivo el acceso a la informacin pblica.

2. Si la Administracin no cumple el acuerdo al que se refiere el apartado 1 en el plazo establecido, el interesado puede comunicarlo a la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica para que esta requiera su cumplimiento.

3. La desatencin del requerimiento al que se refiere el apartado 2 puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por el ttulo VII.

4. Las disposiciones establecidas por los apartados anteriores tambin son de aplicacin a las resoluciones dictadas por la Comisin que reconozcan el derecho de acceso a la informacin pblica.

5. La Administracin debe comunicar a la Comisin las actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediacin y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisin.

Artculo 44. Publicidad de las resoluciones y memoria de la Comisin.

1. Las resoluciones de la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica deben publicarse en el portal de la Comisin, previa disociacin de los datos personales, y sealar las resoluciones que establecen criterios generales para la resolucin de futuras solicitudes.

2. La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica debe elaborar una memoria anual de sus actividades, que debe ser presentada al Parlamento y al organismo evaluador al que se refiere el ttulo VIII.

TTULO IV

Del registro de grupos de inters

Artculo 45. Creacin del registro.

(Derogado).

Artculo 46. Principios generales.

1. El Registro de grupos de inters debe ser pblico, y los datos que contenga deben estar disponibles mediante el rgimen de transparencia establecido por la presente ley.

2. El establecimiento y el funcionamiento del Registro deben respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminacin.

3. La creacin del Registro no puede impedir ni restringir el ejercicio de los derechos que legalmente corresponden a las autoridades o a los cargos pblicos o a los que son inherentes al mandato parlamentario o de los cargos electos.

Artculo 47. Personas y actividades incluidas en el registro.

1. Deben inscribirse en el registro de grupos de inters:

a) Las personas y organizaciones que, independientemente de su forma o estatuto jurdico, en inters propio, de otras personas o de organizaciones realizan actividades susceptibles de influir en la elaboracin de leyes, normas con rango de ley o disposiciones generales o en la elaboracin y aplicacin de las polticas pblicas.

b) Las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurdica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada y realizan actividades incluidas en el mbito de aplicacin del Registro.

2. El mbito de aplicacin del Registro incluye todas las actividades realizadas con la finalidad de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboracin o aplicacin de las polticas y la toma de decisiones, con independencia del canal o medio utilizado, incluyendo los contactos con autoridades y cargos pblicos, diputados, funcionarios y personal al servicio de las instituciones, as como las contribuciones y la participacin voluntarias en consultas oficiales sobre propuestas legislativas, normativas, actos jurdicos u otras consultas.

Artculo 48. Personas y actividades excluidas del Registro.

Quedan excluidas del Registro de grupos de inters las actividades relativas a la prestacin de asesoramiento jurdico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos, las destinadas a informar a un cliente sobre una situacin jurdica general, las actividades de conciliacin o mediacin realizadas en el marco de la ley, o las actividades de asesoramiento realizadas con finalidades informativas para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurdico.

Artculo 49. Contenido del Registro.

1. El Registro de grupos de inters debe incluir:

a) Una relacin, ordenada por categoras, de personas y organizaciones que actan con el fin de influir en la elaboracin y aplicacin de las polticas pblicas, y la sede de su organizacin.

b) La informacin que deben suministrar las personas y organizaciones a las que se refiere la letra a, especialmente con relacin a las actividades que realizan, a su mbito de inters y a su financiacin.

c) Un cdigo de conducta comn.

d) El sistema de control y fiscalizacin, que debe establecer los mecanismos de denuncia de aplicacin en el caso de incumplimiento de lo establecido por la presente ley o el cdigo de conducta al que se refiere la letra c.

2. El Registro debe dar publicidad de las actuaciones de los grupos de inters, especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos pblicos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones con relacin a las materias tratadas.

Artculo 50. Obligaciones de los declarantes.

1. La inscripcin en el Registro de grupos de inters conlleva las siguientes obligaciones:

a) Aceptar que la informacin proporcionada se haga pblica.

b) Garantizar que la informacin proporcionada es completa, correcta y fidedigna.

c) Cumplir el cdigo de conducta.

d) Aceptar la aplicacin del rgimen de control y fiscalizacin y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del cdigo de conducta o de lo establecido por la presente ley.

2. Los declarantes deben informar a las instituciones de las actividades que realizan, de los clientes, personas u organizaciones para los que trabajan y de las cantidades econmicas que reciben, en su caso, y los gastos relacionados con su actividad como grupo de inters.

Artculo 51. Contenido mnimo del cdigo de conducta.

El cdigo de conducta al que se refiere el artculo 49.1.c debe incluir, como mnimo:

a) El nombre y los datos del declarante que lo suscribe.

b) La entidad u organizacin que representa o por la que trabaja el declarante, y los intereses, objetivos o finalidades que persiguen sus clientes.

c) El compromiso del declarante de no obtener ni tratar de obtener la informacin o influir en la toma de decisiones de forma deshonesta.

d) El compromiso del declarante de proporcionar informacin actualizada y no engaosa en el momento de la inscripcin en el Registro y de mantenerla actualizada posteriormente.

e) El compromiso de no incitar, por ningn medio, a autoridades, cargos pblicos, diputados o funcionarios a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas por el cdigo de conducta.

f) El compromiso de aceptar y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el cdigo de conducta.

Artculo 52. Medidas de aplicacin en caso de incumplimiento.

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el cdigo de conducta puede dar lugar a la suspensin temporal de la inscripcin en el Registro de grupos de inters o, si el incumplimiento es grave, a la cancelacin de la inscripcin.

2. La suspensin y la cancelacin de la inscripcin en el Registro conllevan la denegacin de acceso a las oficinas y los servicios de las instituciones y los organismos pblicos de las personas afectadas y, en su caso, de las organizaciones a las que pertenecen y la publicacin de la sancin en el Registro.

3. Cualquier persona est legitimada para presentar una denuncia fundamentada en hechos materiales, si sospecha que las personas o las organizaciones comprendidas en este ttulo incumplen las obligaciones establecidas por la Ley o por el cdigo de conducta.

4. El procedimiento de tramitacin de las denuncias y de investigacin debe ser realizado por los responsables del Registro y debe garantizar la audiencia del afectado.

Artculo 53. Desarrollo normativo de este ttulo.

La clasificacin de las personas y las organizaciones que deben inscribirse en el Registro de grupos de inters, la informacin requerida a los declarantes, el contenido detallado del cdigo de conducta y el procedimiento de investigacin y tramitacin de las denuncias debe ser regulado por reglamento.

TTULO V

Del buen gobierno

CAPTULO I

Cdigo de conducta de los altos cargos

Artculo 54. mbito de aplicacin.

1. Las disposiciones del presente captulo son aplicables a los altos cargos de la Administracin de la Generalidad, de la Administracin local y de los dems organismos e instituciones pblicas incluidos en el artculo 3.1.

2. A los efectos del presente ttulo, tienen la consideracin de altos cargos las personas que determina el artculo 4.2.

Artculo 55. Principios de actuacin.

1. Los altos cargos deben actuar de acuerdo con los siguientes principios ticos y reglas de conducta:

a) El respeto a la Constitucin, el Estatuto de autonoma y el principio de legalidad.

b) El respeto y la proteccin a los derechos fundamentales y las libertades pblicas y a los derechos estatutarios.

c) La transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gestin de los asuntos pblicos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a efectos de publicidad del Registro de grupos de inters, establecido por el ttulo IV.

d) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garanta de las condiciones necesarias para una actuacin independiente y no condicionada por conflictos de intereses.

e) La igualdad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminacin y arbitrariedad en la toma de decisiones.

f) El ajuste de la gestin y la aplicacin de los recursos pblicos a la legalidad presupuestaria y a los fines para los que se han concebido.

g) La rendicin de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los rganos que dirigen.

h) El ejercicio del cargo con dedicacin absoluta, de acuerdo con lo establecido por la legislacin sobre incompatibilidades.

i) El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses pblicos, sin realizar ninguna actividad que pueda entrar en conflicto.

j) La utilizacin de la informacin a la que tienen acceso por razn del cargo en beneficio del inters pblico, sin obtener ninguna ventaja propia ni ajena.

k) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

l) La buena fe.

m) La exclusin de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razn de su cargo o que pueda comprometer la ejecucin de sus funciones.

n) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando concurra alguno de los supuestos de abstencin que establece la Ley.

o) Mantener la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos por razn del ejercicio de sus competencias.

2. Las administraciones y los organismos comprendidos en el mbito de aplicacin de la presente ley deben incluir, en los pliegos de clusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas, los principios ticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos principios.

3. El Gobierno, los entes locales y los dems organismos e instituciones pblicas incluidos en el artculo 3.1 deben elaborar un cdigo de conducta de sus altos cargos que concrete y desarrolle los principios de actuacin a los que se refiere el apartado 1, establezca otros adicionales, en su caso, y determine las consecuencias de incumplirlos, sin perjuicio del rgimen sancionador establecido por la presente ley.

Artculo 56. Incompatibilidades y declaraciones.

1. Los altos cargos estn sujetos al rgimen de incompatibilidades y a las obligaciones de declaracin de actividades, de bienes patrimoniales y de intereses establecidos por la legislacin especfica.

2. El Registro de declaraciones de actividades es pblico. El acceso a los registros de las declaraciones de los bienes patrimoniales y de intereses se rige por su normativa especfica, sin cuyo perjuicio debe hacerse pblica una declaracin que indique la situacin patrimonial de los altos cargos, que no debe incluir los datos de localizacin ni los que sean necesarios para salvaguardar la privacidad y seguridad de los titulares.

Artculo 57. Publicidad de las condiciones de acceso.

1. La Administracin, las instituciones pblicas y los organismos incluidos en el artculo 3.1 deben dar a conocer los criterios de acuerdo con los que se designa a una persona para que ocupe un alto cargo. A tal efecto, deben hacer pblico el currculum con los mritos profesionales y tcnicos de la persona nombrada.

2. Los nombramientos de altos cargos deben realizarse atendiendo a criterios de competencia profesional, entre personas con cualificacin y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestin pblica o privada.

CAPTULO II

Derecho a una buena administracin y a unos servicios pblicos de calidad

Artculo 58. Principios generales.

Las personas tienen derecho a una buena Administracin, y al acceso y uso de unos servicios pblicos de calidad reconocidos, con carcter general, por la legislacin de rgimen jurdico y procedimiento de las administraciones pblicas de Catalua y, especficamente, por las leyes reguladoras de las distintas actividades pblicas.

Artculo 59. Cartas de servicio.

1. La Administracin pblica debe garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mnimas y razonables de calidad, y debe incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios pblicos bsicos, las cuales deben establecer, como mnimo:

a) La organizacin y la forma de gestin del servicio.

b) La identificacin de los responsables de la gestin.

c) Los estndares mnimos de calidad del servicio desglosados, en su caso, por categoras de prestaciones, y los indicadores e instrumentos para evaluar su aplicacin.

d) Las condiciones de acceso.

e) Los derechos y deberes de los usuarios.

f) El rgimen econmico aplicable, con indicacin de las tasas y los precios pblicos que sean de aplicacin, en su caso.

g) Las vas de reclamacin utilizables.

h) Las vas utilizables para que los usuarios puedan obtener informacin y orientacin con relacin al servicio pblico.

2. Las cartas de servicio tienen naturaleza reglamentaria. El contenido de las cartas de servicio es vinculante para la Administracin y los usuarios, y puede ser invocado en va de recurso o reclamacin.

3. En el mbito de la Administracin de la Generalidad, las cartas de servicios deben ser aprobadas por decreto del Gobierno o por orden del titular del departamento correspondiente. Los consejos comarcales, los municipios de gran poblacin y los consejos de veguera deben aprobar las cartas de los servicios de competencia municipal que gestionen, de acuerdo con lo que determina la legislacin de rgimen local.

Artculo 60. Evaluacin permanente de los servicios pblicos.

1. Los usuarios tienen el derecho a ser consultados peridicamente y de forma regular sobre su grado de satisfaccin en cuanto a los servicios pblicos y las actividades gestionadas por la Administracin pblica.

2. La Administracin responsable del servicio objeto de consulta debe establecer los indicadores de acuerdo con los que deben elaborarse las encuestas y la periodicidad de las consultas.

3. Las consultas a las que se refiere el presente artculo deben realizarse preferentemente a los usuarios del servicio, sin perjuicio de que puedan tener alcance general en el caso de los servicios bsicos, garantizando siempre el anonimato de los participantes.

4. El instrumento que debe utilizarse con carcter general para realizar la encuesta a la que se refiere el presente artculo y para recibir las opiniones de los usuarios es el Portal de la Transparencia. A tal efecto, el Portal debe contener un espacio especfico, al que debe darse publicidad en general y, especficamente, en los centros y espacios donde se presta el servicio. El Portal de la Transparencia debe publicar el resultado de las encuestas.

Artculo 61. Derecho a formular propuestas y sugerencias.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a realizar propuestas de actuacin o mejora y sugerencias con relacin al funcionamiento de los servicios pblicos.

2. Las propuestas y sugerencias pueden formularse mediante el Portal de la Transparencia, con el correspondiente mecanismo de interaccin vinculado al catlogo de los servicios pblicos al que se refiere el artculo 9.1.j, o por cualquier otro medio que escojan los ciudadanos.

3. La Administracin pblica debe dar a conocer de forma anonimizada las propuestas y sugerencias recibidas, y debe reconocer y hacer pblicas las iniciativas ciudadanas cuya aplicacin conlleve una mejora sustancial de los servicios pblicos.

CAPTULO III

Mejora de la calidad normativa

Artculo 62. Principios generales.

1. La Administracin pblica debe ejercer la iniciativa normativa de forma que el marco normativo resultante sea previsible, lo ms estable posible y fcil de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes sociales.

2. La iniciativa normativa solamente debe promoverse si existe una causa de inters general que lo justifique.

3. Las iniciativas normativas deben referirse a finalidades o sectores materiales homogneos, y deben ser claras y coherentes con el resto del ordenamiento jurdico.

4. Las iniciativas normativas deben dar prioridad a las medidas menos restrictivas para los derechos de las personas, siempre que permitan obtener el mismo resultado para el inters general.

5. Los principios regulados por el presente artculo son aplicables al ejercicio de la potestad reglamentaria, a las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno y a la elaboracin de proyectos de ley.

Artculo 63. Simplificacin y consolidacin normativa.

1. La Administracin pblica debe ejercer la iniciativa legislativa de forma que la aprobacin de una nueva norma conlleve, como regla general, una simplificacin del ordenamiento jurdico vigente.

2. La Administracin, para facilitar el conocimiento del derecho vigente, debe elaborar textos consolidados de las normas cuando se hayan modificado. Los textos consolidados tienen valor informativo y deben indicar claramente su naturaleza y qu normas consolidan.

Artculo 64. Mejora de la regulacin.

1. La Administracin pblica, para la elaboracin de las memorias de evaluacin e impacto que pueden producir las normas, debe utilizar los instrumentos de anlisis ms adecuados para evaluar los efectos de la nueva regulacin y evitar que se generen obligaciones o gastos innecesarios o desproporcionados con respecto a los objetivos de inters general que se pretenden alcanzar.

2. La Administracin pblica debe desarrollar mecanismos para evaluar la aplicacin de las normas, para verificar su grado de cumplimiento, su necesidad y su actualidad y, en su caso, la conveniencia de modificarlas por razn de nuevas necesidades econmicas o sociales sobrevenidas.

3. Debe garantizarse la participacin de los ciudadanos en la elaboracin de las memorias de evaluacin e impacto, as como en el proceso para evaluar la aplicacin de las normas.

4. La Administracin pblica puede promover pruebas piloto previas a la aprobacin de las nuevas medidas reguladoras para verificar su idoneidad. Estas pruebas piloto deben aplicarse mediante convenios suscritos con las entidades representativas de los sectores afectados, con los efectos y condiciones que determine el convenio.

TTULO VI

Del gobierno abierto

CAPTULO I

Principios generales

Artculo 65. Principios e impulso del gobierno abierto.

1. El gobierno abierto se fundamenta en los siguientes principios:

a) El dilogo permanente entre la Administracin pblica y los ciudadanos.

b) La toma de decisiones pblicas teniendo en cuenta las necesidades y preferencias manifestadas por los ciudadanos.

c) La participacin y colaboracin ciudadana en la definicin de las polticas pblicas ms relevantes, de carcter general y sectorial.

d) La transparencia y la informacin pblica como marco de referencia para hacer posible la efectividad del gobierno abierto.

e) La mejora continua de la calidad de los servicios.

f) La evaluacin permanente de la gestin administrativa y de los procesos de participacin, mediante indicadores objetivos en cuyo establecimiento es necesario garantizar la participacin de expertos independientes y de los ciudadanos.

g) La rendicin de cuentas y la asuncin de responsabilidad ante los ciudadanos derivada de las decisiones adoptadas.

2. La Administracin pblica debe impulsar el gobierno abierto mediante mecanismos e instrumentos que permitan la interrelacin con los ciudadanos, preferentemente con el uso de medios electrnicos y las tecnologas de la informacin y la comunicacin.

Artculo 66. Medidas de fomento del gobierno abierto.

1. Los ciudadanos pueden intervenir, de forma individual o colectiva, mediante entidades de carcter representativo, en la definicin y la aplicacin de las polticas pblicas.

2. La Administracin pblica debe fomentar la participacin y colaboracin ciudadanas en la toma de decisiones pblicas y en el seguimiento y la evaluacin de la aplicacin de dichas decisiones.

3. Los instrumentos y formas de participacin y colaboracin ciudadanas deben darse a conocer mediante el Portal de la Transparencia y los dems canales de difusin para permitir que su conocimiento sea lo ms generalizado posible.

4. Los instrumentos de participacin y colaboracin deben dirigirse al conjunto de la ciudadana, y la Administracin debe poner a su disposicin las herramientas de formacin pertinentes para que pueda dominar su uso. Tambin pueden destinarse a los sectores de la ciudadana y de entidades directamente afectados por las polticas pblicas.

Artculo 67. Garantas para la efectividad del gobierno abierto.

1. El gobierno abierto permite a los ciudadanos y a las entidades, con carcter general, hacer llegar a la Administracin pblica propuestas, sugerencias y opiniones sobre cualquier asunto de su competencia. La Administracin tiene la obligacin de darles una respuesta motivada.

2. La Administracin pblica debe establecer procedimientos de participacin y colaboracin ciudadana en la elaboracin de planes y programas de carcter general y en la definicin de las polticas pblicas ms relevantes.

3. En los supuestos a los que se refiere el apartado 2, la Administracin debe cumplir las siguientes obligaciones:

a) Dar informacin, con suficiente antelacin, sobre las propuestas sometidas a la consideracin de los ciudadanos.

b) Suministrar de forma adecuada, sistemtica y comprensible la informacin relativa a las propuestas que sea necesaria para poderlas valorar adecuadamente.

c) Valorar el resultado del proceso participativo en el momento de la toma de decisin.

d) Informar a los ciudadanos que han participado en el proceso sobre las decisiones adoptadas y los motivos que las justifican.

4. Quedan excluidas del mbito de aplicacin de los apartados 2 y 3 las siguientes actuaciones:

a) Las que se tramitan o se aprueban con carcter de urgencia.

b) Las que tienen como nico objetivo la seguridad pblica.

c) Las que pueden dar lugar a la aplicacin de los lmites de acceso a la informacin pblica establecidos por la presente ley.

Artculo 68. Instrumentos de participacin y colaboracin ciudadanas.

Los procedimientos de participacin y colaboracin ciudadanas son los establecidos, con carcter general, por la legislacin de rgimen jurdico y procedimiento administrativo, por la legislacin de rgimen local y por la normativa sobre participacin ciudadana, sin perjuicio de los que puedan establecerse por ley, con carcter especfico, con relacin a una determinada actuacin o decisin poltica.

CAPTULO II

Participacin ciudadana en la elaboracin de disposiciones generales

Artculo 69. Participacin ciudadana en la elaboracin de las normas.

1. Las personas tienen el derecho a participar, mediante la presentacin de propuestas y sugerencias, en las iniciativas normativas que promueve la Administracin pblica. Este derecho puede ejercerse con relacin a las iniciativas normativas en que, por su importancia o por la materia que regulan, la Administracin pblica considera pertinente abrir este proceso participativo desde el inicio de la tramitacin del procedimiento administrativo.

2. Los rganos encargados de tramitar el procedimiento administrativo, para facilitar la participacin ciudadana, deben publicar en el Portal de la Transparencia la iniciacin de la tramitacin, la versin inicial del proyecto normativo y la documentacin complementaria que la acompaa, y deben dar informacin sobre el estado de la tramitacin. Siempre que sea posible debe incentivarse la participacin ciudadana mediante la comunicacin a las entidades representativas de los colectivos directamente afectados por la iniciativa.

3. Las personas pueden remitir sus propuestas y sugerencias con relacin a las iniciativas normativas que corresponda antes del trmite de audiencia e informacin pblica. El solo hecho de participar en una iniciativa normativa no atribuye a los ciudadanos la condicin de interesados, pero la Administracin debe realizar una valoracin general de las contribuciones, que debe publicarse en el Portal de la Transparencia.

4. Lo establecido por el presente artculo se entiende sin perjuicio de los trmites de audiencia y de informacin pblica determinados por la legislacin de rgimen jurdico y de procedimiento administrativo y la legislacin de rgimen local.

Artculo 70. Derecho a proponer iniciativas normativas.

1. Las personas legitimadas para promover la iniciativa legislativa popular tienen el derecho a presentar a la Administracin pblica propuestas de iniciativa normativa de carcter reglamentario.

2. Las propuestas deben referirse ntegramente a competencias de la Administracin pblica a la que se dirigen, y no pueden corresponder a materias excluidas por la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Las propuestas deben cumplir los requisitos que se establezcan por reglamento y tener el apoyo de, como mnimo, quince mil firmas para las iniciativas que se presentan ante la Administracin de la Generalidad. Las que se presentan ante la Administracin local se rigen por su legislacin especfica.

4. El rgano competente para iniciar el procedimiento administrativo debe valorar la propuesta en lo que se refiere a la necesidad de la norma, los costes que conllevara, la oportunidad de la regulacin para el inters pblico y los efectos que producira sobre el sector y los intereses concernidos, y debe adoptar una decisin en el plazo de tres meses. Si en este plazo no se adopta y notifica la resolucin, la propuesta debe entenderse desestimada por silencio administrativo.

5. La resolucin debe exponer los motivos por los que la propuesta es aceptada o rechazada, y debe ser comunicada a los proponentes.

6. La decisin sobre la propuesta solamente puede ser objeto de recurso fundamentado en la vulneracin de los elementos reglados aplicables al ejercicio del derecho, pero no en lo que concierne a la oportunidad de la decisin de iniciar o no la tramitacin de la iniciativa.

TTULO VII

Sistema de garantas

CAPTULO I

Recursos y reclamaciones

Artculo 71. Recursos.

1. Contra los actos de la Administracin pblica que vulneran los derechos reconocidos por la presente ley pueden interponerse los recursos administrativos establecidos por la legislacin de Catalua sobre rgimen jurdico y procedimiento administrativo y por la legislacin local aplicable a los entes locales.

2. Tambin pueden interponerse recursos contra las omisiones imputables a la Administracin pblica que conllevan el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley. Al efecto de recurso, la omisin se imputa al rgano responsable del cumplimiento de la obligacin.

3. Los recursos de alzada, en el caso de actos u omisiones imputables a rganos que, por su naturaleza, no ponen fin a la va administrativa, deben interponerse ante el titular del departamento competente en materia de Administracin pblica.

4. Contra los actos que ponen fin a la va administrativa o que resuelven los recursos administrativos puede interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo establecido por la legislacin reguladora de la jurisdiccin contenciosa-administrativa.

Artculo 72. Reclamaciones con relacin al derecho de acceso a la informacin pblica.

1. Las resoluciones expresas o presuntas dictadas con relacin al derecho de acceso a la informacin pblica pueden ser objeto de reclamacin, en los trminos que establece el captulo IV del ttulo III.

2. Los actos dictados por la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica son impugnables en va contenciosa-administrativa.

Artculo 73. Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de entidades de derecho pblico, sociedades y fundaciones pblicas y consorcios.

1. Contra los actos y omisiones de las entidades y organismos de derecho pblico, las sociedades y fundaciones pblicas y los consorcios a los que se refiere el artculo 3.1.b realizados en el ejercicio de funciones pblicas o sometidos a tutela administrativa, puede formularse una reclamacin directamente ante el rgano competente bajo cuya autoridad se ejerce la actividad.

2. La reclamacin se debe resolver y notificar en el plazo de tres meses, y la resolucin agota la va administrativa.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan al derecho de acceso a la informacin pblica, debe aplicarse lo establecido por el captulo IV del ttulo III.

Artculo 74. Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de otros organismos pblicos.

1. Contra los actos y omisiones de las instituciones y organismos incluidos en el artculo 3.1.b y c, salvo a los que se refiere el artculo 73, pueden interponerse los recursos o las reclamaciones que determinan sus respectivas normas reguladoras.

2. Si la normativa a la que se refiere el apartado 1 no lo determina, puede formularse una reclamacin ante el rgano superior responsable de la institucin o el organismo y, una vez agotada esta va, un recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo establecido por la ley reguladora de la jurisdiccin contenciosa-administrativa. El plazo para formular la reclamacin inicial y para resolverla es el establecido por la legislacin de rgimen jurdico y de procedimiento administrativo para el recurso de alzada.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan el derecho de acceso a la informaci pblica, puede aplicarse el sistema de garantas establecido por el captulo IV del ttulo III si las instituciones y los organismos a los que se refiere el presente artculo y la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica lo establecen por convenio.

Artculo 75. Actuacin del Sndic de Greuges, de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude de Catalua.

1. El Sndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Catalua deben velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos establecidos por la presente ley, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.

2. Sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos expresos o presuntos que impidan o limiten, total o parcialmente, los derechos reconocidos por la presente ley o las omisiones producidas derivadas de obligaciones establecidas por la Administracin pblica, las personas afectadas pueden dirigir una queja al Sndic de Greuges o dirigirse a la Oficina Antifraude de Catalua, de acuerdo con lo que determinan las leyes reguladoras de dichas instituciones.

3. La intervencin del Sndic de Greuges o de la Oficina Antifraude no suspende los plazos para la interposicin de los recursos o reclamaciones administrativos o contencioso-administrativos procedentes.

CAPTULO II

Rgimen sancionador

Artculo 76. Principios generales.

1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley por parte de las personas responsables conlleva la aplicacin del rgimen sancionador regulado por este captulo.

2. El rgimen sancionador del presente captulo no se aplica si los hechos pueden ser constitutivos de infraccin penal y tampoco si, de acuerdo con la ley, puede ser aplicable otro rgimen de responsabilidad administrativa o de naturaleza jurisdiccional, siempre que se d tambin identidad de sujeto y fundamento.

3. En todo aquello no determinado por el presente captulo son de aplicacin los principios y reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador, establecidos por la legislacin bsica y por la legislacin de la Generalidad en materia de rgimen jurdico y procedimiento administrativo comn.

Artculo 77. Infracciones muy graves.

1. Son infracciones muy graves en materia de transparencia:

a) Incumplir las obligaciones y los deberes de publicidad establecidos por los captulos II y III del ttulo II aplicando de forma manifiestamente injustificada los lmites a los que se refiere el artculo 7.

b) Incumplir, las personas fsicas o jurdicas, las obligaciones a las que quedan sujetas de acuerdo con lo establecido por el artculo 3.2 y 4.

2. Son infracciones muy graves con relacin al derecho de acceso a la informacin pblica:

a) Dar informacin parcial, u omitir o manipular informacin relevante con el objetivo de influir en la formacin de la opinin ciudadana.

b) Impedir u obstaculizar deliberadamente el acceso a la informacin en el caso de resolucin estimatoria y en los casos establecidos por los artculos 35.1 y 43.

c) Facilitar informacin relativa a los datos personales comprendidos en el artculo23 sin el consentimiento, expreso y por escrito, de las personas afectadas.

d) Ocultar la existencia de informacin pblica para impedir su conocimiento y acceso.

3. Son infracciones muy graves en materia de buen gobierno:

a) Tomar decisiones o adoptar medidas manifiestamente contrarias a la Constitucin o al Estatuto de autonoma.

b) Cometer actos u omisiones que vulneren el contenido esencial de los derechos y las libertades pblicas.

c) Tomar decisiones, llevar a cabo actuaciones o cometer omisiones con finalidad discriminatoria, por razn de cualquier circunstancia personal o social.

d) Incumplir de forma pblica y manifiesta las funciones inherentes al cargo.

e) Incumplir los principios ticos y reglas de conducta a los que se refiere el artculo55.2.

f) Incumplir, las personas y organizaciones que tienen la condicin de grupos de inters, las obligaciones establecidas por la presente ley o por el cdigo de conducta que les sea de aplicacin, de acuerdo con lo que determina el ttulo IV.

Artculo 78. Infracciones graves.

1. Es una infraccin grave en materia de transparencia incumplir, total o parcialmente, los deberes y obligaciones establecidos por el ttulo II y los que establecen expresamente otras leyes, siempre que el incumplimiento no sea una infraccin muy grave.

2. Son infracciones graves con relacin al derecho de acceso a la informacin pblica:

a) Dar informacin incompleta o parcial, siempre que no est justificado con el objeto de hacer compatible el derecho de acceso a la informacin pblica con otros derechos.

b) Facilitar intencionadamente informacin sometida a la aplicacin de los lmites establecidos por la presente ley, salvo los mencionados por el artculo 77.2.c, en perjuicio de terceros.

c) Omitir el trmite de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la informacin pblica, si los terceros estn claramente identificados.

d) Desestimar sin motivacin las solicitudes de acceso a la informacin pblica.

e) Facilitar deliberadamente la informacin en un formato o unas condiciones que impidan o dificulten manifiestamente su comprensin.

f) Condicionar el acceso a la informacin al pago de una contraprestacin en los supuestos de acceso gratuito.

g) Exigir una solicitud previa o la obtencin de una licencia tipo para reutilizar la informacin pblica si este requisito no es exigible.

h) Incumplir los plazos establecidos para facilitar la informacin solicitada sin que exista una causa legal que lo justifique.

i) No resolver las solicitudes de acceso a la informacin de forma expresa y motivada dentro del plazo preceptivo.

3. Son infracciones graves en materia de buen gobierno:

a) Adoptar acuerdos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurdico con perjuicio grave para la Administracin, los interesados o los ciudadanos.

b) Adoptar decisiones o intervenir en asuntos si existe el deber de abstenerse o si se dan las circunstancias legales de conflicto de intereses.

c) No informar sobre los criterios seguidos para la designacin de los altos cargos.

d) Incumplir los requisitos establecidos por la ley para el nombramiento de los altos cargos.

e) Rechazar sin motivacin las propuestas de iniciativa normativa que cumplen los requisitos legales.

f) Cometer actos u omisiones que vulneren los derechos y las libertades fundamentales y los derechos estatutarios, siempre que no constituyan una infraccin muy grave de acuerdo con el artculo 77.3.b.

g) Incumplir los principios de buena conducta establecidos por las leyes y los cdigos de conducta, siempre que no constituyan una infraccin muy grave.

4. Son infracciones graves en materia de gobierno abierto:

a) Suministrar informacin parcial o incompleta sobre las propuestas sometidas a la consideracin de los ciudadanos, de forma que ello pueda alterar el sentido o el resultado del proceso participativo.

b) Suministrar la informacin con la voluntad de dificultar su comprensin o valoracin.

c) No valorar el resultado del proceso participativo en la toma de la decisin final.

d) No aplicar mecanismos e instrumentos de gobierno abierto si son preceptivos por ley.

5. Es una infraccin grave no facilitar al Sndic de Greuges la informacin que ha solicitado de acuerdo con lo establecido por el artculo 93.3. Se entiende que no se ha facilitado la informacin si esta no se ha entregado en el plazo de seis meses desde la peticin formulada por el Sndic de Greuges.

Artculo 79. Infracciones leves.

1. Son infracciones leves los actos y omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley y en la atencin a los ciudadanos cuando ejercen los derechos que les garantiza la norma.

2. La reincidencia en la comisin de infracciones leves en el plazo de dos aos conlleva la aplicacin de las sanciones establecidas para las infracciones graves.

3. Es una infraccin leve demorar el envo de la informacin solicitada por el Sndic de Greuges de acuerdo con lo establecido por el artculo 93.3. Se entiende que existe demora si la informacin no se ha entregado en el plazo de tres meses desde la peticin formulada por el Sndic de Greuges.

Artculo 80. Sujetos responsables de las infracciones.

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por este captulo:

a) Los altos cargos y el personal al servicio de la Administracin y de las instituciones y los organismos pblicos a los que es aplicable la presente ley a los que es imputable una accin u omisin tipificada como infraccin, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.

b) Las personas fsicas y jurdicas a las que se refiere el artculo 77.1.b y 3.e y f.

2. La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica puede emitir informes con relacin a los conflictos de atribuciones que puedan suscitarse a los efectos establecidos por el apartado 1, de acuerdo con el procedimiento que establece el reglamento de dicho rgano.

Artculo 81. Sanciones aplicables a los altos cargos.

1. Las sanciones que pueden aplicarse a los altos cargos son las siguientes:

a) Por la comisin de infracciones muy graves:

1. La destitucin del cargo.

2. Una multa entre 6.001 y 12.000 euros.

3. La prdida de la pensin indemnizatoria a la que tengan derecho en el momento de cesar en el cargo.

4. La inhabilitacin para ocupar un alto cargo durante un perodo entre un ao y cinco aos.

b) Por la comisin de infracciones graves:

1. La suspensin del ejercicio del cargo entre tres y seis meses.

2. Una multa entre 600 y 6.000 euros.

3. La prdida o reduccin de hasta el cincuenta por ciento de la pensin indemnizatoria a la que puedan tener derecho en el momento de cesar en el cargo.

4. La inhabilitacin para ocupar un alto cargo durante un perodo mximo de un ao.

c) Por la comisin de infracciones leves:

1. La amonestacin.

2. La declaracin de incumplimiento con publicidad.

2. Para cada supuesto de infraccin puede imponerse una o ms de las sanciones establecidas por las letras correspondientes del apartado 1. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sancin son los establecidos por la legislacin de rgimen jurdico y procedimiento administrativo. Tambin se valora la existencia de perjuicios para el inters pblico, la repercusin de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los daos econmicos o patrimoniales producidos.

3. No son aplicables a los altos cargos electos las sanciones establecidas por los apartados 1. y 4. de las letras a y b del apartado 1.

Artculo 82. Sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones pblicas.

1. Las sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones pblicas por la comisin de infracciones tipificadas por la presente ley son las establecidas por la legislacin de la funcin pblica con relacin a las faltas disciplinarias.

2. Si el supuesto de infraccin puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias establecidas por la legislacin de la funcin pblica, se aplica esta ltima legislacin.

Artculo 83. Regmenes especficos.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el artculo 55.1.f, relativas a la gestin y aplicacin de los recursos pblicos, es de aplicacin la normativa reguladora de la responsabilidad contable y, en su caso, la legislacin especfica reguladora de esta materia.

2. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades o declaraciones que deben realizar los altos cargos al servicio de la Generalidad es sancionado de acuerdo con el rgimen especfico establecido por la legislacin sobre el rgimen de incompatibilidades de los altos cargos.

Artculo 84. Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley.

1. Las sanciones que pueden aplicarse a las personas fsicas o jurdicas que no tienen la condicin de altos cargos o de personal al servicio de las administraciones pblicas son las siguientes:

a) Por la comisin de infracciones muy graves:

1. Una multa entre 6.001 y 12.000 euros.

2. La suspensin para poder contratar con la Administracin, durante un perodo mximo de seis meses.

3. La inhabilitacin para ser beneficiarios de ayudas pblicas, durante un perodo entre un ao y cinco aos.

4. La cancelacin definitiva de la inscripcin en el Registro de grupos de inters.

b) Por la comisin de infracciones graves:

1. Una multa entre 600 y 6.000 euros.

2. La inhabilitacin para ser beneficiarios de ayudas pblicas, durante un perodo mximo de un ao.

3. La suspensin, durante un perodo mximo de un ao, de la inscripcin en el Registro de grupos de inters.

c) Por la comisin de infracciones leves:

1. La amonestacin.

2. La declaracin de incumplimiento con publicidad.

2. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sancin son los establecidos por la legislacin de rgimen jurdico y procedimiento administrativo. Tambin se valora la existencia de perjuicios para el inters pblico, la repercusin de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los daos econmicos o patrimoniales producidos.

3. La competencia para incoar, instruir y resolver el expediente sancionador corresponde al titular del departamento de la Generalidad competente en materia de Administracin pblica, al alcalde o presidente del ente local o a los cargos a los que se refiere el artculo 86.e y f.

Artculo 85. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador de aplicacin es el establecido por la legislacin de rgimen jurdico y procedimiento aplicable a las administraciones pblicas.

2. El procedimiento sancionador por las infracciones tipificadas por la presente ley puede iniciarse de acuerdo con lo establecido por la normativa a la que se refiere el apartado 1.

3. En caso de denuncia, el rgano competente debe incoar el procedimiento sancionador si los hechos denunciados presentan indicios mnimamente consistentes o crebles de infraccin.

Artculo 86. rganos competentes para ordenar la incoacin del procedimiento sancionador.

Son competentes para ordenar la incoacin del procedimiento sancionador:

a) El Gobierno, en el caso de altos cargos con la condicin de miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales.

b) El titular del departamento competente en materia de Administracin pblica, en el caso de otros altos cargos.

c) El alcalde o el presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administracin local.

d) Los rganos competentes en materia de funcin pblica, en el caso del personal al servicio de la Administracin.

e) El rector, en el caso de las universidades pblicas.

f) Los titulares o los rganos rectores colegiados, en el caso de las instituciones y los organismos a los que se refiere el artculo 3.1.b.

Artculo 87. Incoacin del procedimiento a instancia del Sndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el director de la Oficina Antifraude de Catalua.

1. Si, en el ejercicio de sus funciones, el Sndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas o la Oficina Antifraude de Catalua tienen conocimiento de hechos que pueden constituir una infraccin tipificada como muy grave o como grave por la presente ley, pueden instar a los rganos competentes a los que se refiere el artculo 86 a incoar el procedimiento sancionador.

2. Si el rgano competente decide no incoar el procedimiento, la resolucin debe ser expresa y motivada.

Artculo 88. Competencia para instruir el procedimiento sancionador.

La competencia para instruir el procedimiento sancionador corresponde a los siguientes rganos:

a) El rgano del departamento competente en materia de Administracin pblica que se determine por reglamento, en caso de que el responsable de la infraccin sea un alto cargo.

b) Los rganos que determina la legislacin de la funcin pblica, en caso de que el responsable de la infraccin sea personal al servicio de la Administracin.

c) El rgano que corresponda de acuerdo con la normativa de rgimen local, en el caso de infracciones cometidas en el mbito de la Administracin local.

d) Los rganos correspondientes que se determine en el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el artculo 3.1.b y c.

Artculo 89. Competencia para resolver el procedimiento sancionador.

1. El rgano competente para resolver los procedimientos sancionadores que afectan a los altos cargos a los que se refiere el artculo 86.a es el Gobierno.

2. En el caso de los dems altos cargos al servicio de la Generalidad, la resolucin del expediente corresponde a un rgano colegiado integrado por la persona titular del departamento competente en materia de Administracin pblica, un representante de la Comisin Jurdica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por el Parlamento de Catalua, no vinculados a ninguna Administracin ni institucin pblica, salvo las universidades. Este rgano colegiado es designado al inicio de cada legislatura, ejerce sus funciones durante la misma y hasta nueva designacin, y puede solicitar informes a la Comisin Jurdica Asesora.

3. Si el responsable de la infraccin es personal al servicio de la Administracin, se aplica lo establecido por la legislacin de la funcin pblica.

4. La competencia para resolver el procedimiento sancionador en el mbito local corresponde al pleno si se trata de altos cargos, y al rgano que corresponda de acuerdo con la legislacin aplicable a los entes locales si se trata de personal al servicio de la Administracin local.

5. En el caso de los altos cargos a los que se refiere el artculo 86.a y de los cargos electos locales, la propuesta de sancin o, en su caso, el archivo del expediente debe ser informado previamente por el rgano al que se refiere el apartado 2.

6. En el caso de las universidades pblicas, el rgano competente para resolver el procedimiento sancionador es el rector.

7. En el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el artculo 3.1.b, el rgano competente para resolver el procedimiento sancionador es su titular o el rgano rector colegiado.

Artculo 90. Prescripcin de las infracciones y sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescriben al cabo de tres aos; las infracciones graves, al cabo de dos aos, y las infracciones leves, al cabo de un ao.

2. Las sanciones por la comisin de infracciones muy graves prescriben al cabo de tres aos; por la comisin de infracciones graves, al cabo de dos aos, y por la comisin de infracciones leves, al cabo de un ao.

TTULO VIII

Evaluacin de la aplicacin de la ley

Artculo 91. Evaluacin de la Ley.

Quedan sujetas a evaluacin el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por el ttulo II, las disposiciones relativas al derecho de acceso a la informacin pblica establecidas por el ttulo III, los deberes derivados del Registro de grupos de inters regulado por el ttulo IV, las obligaciones y medidas de buen gobierno y gobierno abierto establecidas por los ttulos V y VI y la aplicacin del sistema de garantas establecido por el ttulo VII.

Artculo 92. Competencia para evaluar.

1. La competencia para evaluar el cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con lo que determina el artculo 91, corresponde al Sndic de Greuges.

2. El organismo evaluador debe establecer los indicadores objetivos que han de servir como referencia para realizar la tarea evaluadora.

3. La evaluacin establecida por el presente artculo se entiende sin perjuicio de la evaluacin interna de la aplicacin de las reglas sobre la transparencia a las que se refiere el artculo 6.3.

Artculo 93. Informes de evaluacin.

1. El Sndic de Greuges debe elaborar anualmente y presentar al Parlamento un informe general de evaluacin de la aplicacin de la presente ley. En el informe debe evaluarse de forma especfica la aplicacin del rgimen sancionador establecido por el captulo II del ttulo VII.

2. El Sndic de Greuges puede elaborar informes especficos de evaluacin con relacin a las entidades y los organismos incluidos en el mbito de aplicacin de la presente ley o en mbitos materiales concretos. Los informes especficos deben ser entregados al Parlamento y, mientras se elaboren, debe darse audiencia a la entidad o el organismo afectado para que pueda presentar alegaciones, las cuales deben incorporarse al informe.

3. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones, las entidades y los organismos comprendidos en el mbito de aplicacin de la presente ley tienen el deber de colaborar con el Sndic de Greuges en la elaboracin de los informes de evaluacin.

4. La elaboracin de los informes de evaluacin debe realizarse, en su caso, de acuerdo con las directrices o el plan de trabajo que determine el Parlamento.

TTULO IX

Aplicacin de la ley

Artculo 94. Medidas generales de aplicacin de la Ley.

1. La Administracin de la Generalidad debe establecer un programa de apoyo a las entidades locales, especialmente a las que dispongan de menos recursos y capacidad tcnica y operativa, para aplicar la presente ley. Este programa debe incluir apoyo econmico y financiero, que debe consignarse anualmente a los Presupuestos de la Generalidad de Catalua, y asesoramiento tecnolgico y jurdico. La Administracin de la Generalidad puede suscribir convenios de colaboracin con las entidades locales de mbito supralocal y con las asociaciones representativas de los municipios para alcanzar la aplicacin de la Ley en el mbito de los entes locales.

2. La Administracin de la Generalidad debe prestar asesoramiento jurdico y tecnolgico a las entidades para las que la Ley establece unas obligaciones especficas de transparencia para la percepcin de fondos pblicos. La Generalidad debe facilitar a estas entidades protocolos para el cumplimiento de dichas obligaciones. En las convocatorias de subvenciones o en los convenios suscritos pueden preverse medidas especficas de apoyo econmico o tcnico para poder hacer efectivas estas obligaciones.

3. La Administracin de la Generalidad debe prestar asesoramiento jurdico y tecnolgico al resto de instituciones y entidades obligadas por la presente Ley.

Artculo 95. Plan estratgico.

El Gobierno debe aprobar un plan estratgico para la aplicacin de la presente ley y debe evaluar anualmente su grado de cumplimiento. Debe especificarse el calendario y el presupuesto que se imputa a cada objetivo a cumplir. Tanto el plan como la evaluacin del grado de cumplimiento deben publicarse en el Portal de la Transparencia.

Disposicin adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informacin pblica.

1. El acceso de los interesados a los documentos de los procedimientos administrativos en trmite se rige por lo que determina la legislacin sobre rgimen jurdico y procedimiento administrativo.

2. El acceso a la informacin pblica en las materias que tienen establecido un rgimen de acceso especial es regulado por su normativa especfica y, con carcter supletorio, por la presente ley.

Disposicin adicional segunda. Plan de formacin.

1. La Administracin de la Generalidad debe elaborar y aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicacin de la presente ley, un programa especfico de formacin para los altos cargos y los dems servidores pblicos y personas obligadas por esta ley, con relacin a los derechos y las obligaciones establecidos por la misma.

2. La elaboracin del programa al que se refiere el apartado 1 debe realizarse en colaboracin con las entidades asociativas de los entes locales. El programa especfico para las entidades no lucrativas debe realizarse en colaboracin con las entidades de segundo y tercer nivel ms representativas del sector.

Disposicin adicional tercera. Portal de la Transparencia.

El Portal de la Transparencia debe entrar en funcionamiento y estar en condiciones de plena operatividad en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposicin adicional cuarta. Adaptaciones organizativas y de funcionamiento.

Las administraciones, instituciones, entidades y organismos incluidos en el mbito de aplicacin de la presente ley deben promover y realizar las adaptaciones organizativas, procedimentales y de rgimen interno que sean necesarias para ajustar su actividad y cumplir lo establecido por la presente ley antes de que dicha norma entre en vigor.

Disposicin adicional quinta. Rgimen especfico del Parlamento de Catalua.

1. El Parlamento de Catalua, de acuerdo con el principio de autonoma parlamentaria que le reconoce el artculo 58.1 del Estatuto de autonoma, debe realizar las modificaciones del Reglamento del Parlamento y de sus normas de rgimen y gobierno interiores que sean necesarias para cumplir los requerimientos establecidos por la presente ley.

2. Con la finalidad a la que se refiere el apartado 1, el Parlamento debe:

a) Actualizar y ampliar los procedimientos de participacin de los ciudadanos en el proceso de elaboracin de las leyes, especialmente con la utizacin de medios electrnicos, de acuerdo con lo establecido por el artculo 29.4 del Estatuto.

b) Establecer y regular un portal de transparencia propio.

c) Facilitar el acceso a la documentacin y la informacin parlamentarias.

d) Facilitar informacin relativa al cumplimiento de las obligaciones de los diputados y de los altos cargos en materia de incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes y otras obligaciones y deberes relativos a su estatuto, as como sobre sus retribuciones.

e) Facilitar el acceso pblico a los currculums de las personas propuestas para ocupar cargos pblicos cuyo nombramiento es competencia del Parlamento.

f) Definir y desarrollar las reglas de buen gobierno y de gobierno abierto en el mbito parlamentario.

g) Crear un registro de grupos de inters propio.

h) Establecer un sistema de garantas propio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este apartado, el cual debe incluir como mnimo la creacin de un rgano de reclamacin inspirado en los principios establecidos por el captulo IV del ttulo III.

3. El Parlamento debe realizar las adaptaciones normativas pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 2 antes de la entrada en vigor de la presente ley. La regulacin establecida por el Parlamento debe determinar las adaptaciones que sean necesarias derivadas de la naturaleza institucional del Parlamento, que en ningn caso pueden conllevar un rgimen de garanta inferior a lo establecido por la presente ley.

4. El Parlamento debe establecer un procedimiento para consolidar las leyes que sean objeto de modificaciones parciales con el fin de simplificar el ordenamiento, mejorar su calidad y contribuir a la garanta de la seguridad jurdica. El procedimiento de consolidacin debe dar lugar a textos con valor jurdico que sustituyan y deroguen las leyes objeto de la consolidacin.

Disposicin adicional sexta. Coordinacin entre la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, la Autoridad Catalana de Proteccin de Datos y la Comisin de Acceso, Evaluacin y Seleccin Documental.

La Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, la Autoridad Catalana de Proteccin de Datos y la Comisin de Acceso, Evaluacin y Seleccin Documental deben adoptar las medidas de coordinacin necesarias para garantizar una aplicacin homognea, en sus respectivos mbitos de actuacin, de los principios y reglas sobre la proteccin de datos personales y el acceso a la informacin. A tal efecto, pueden establecer criterios y reglas de aplicacin.

Disposicin adicional sptima. Obligaciones de publicidad activa de las fundaciones y asociaciones

El titular del departamento competente en materia de justicia debe determinar por resolucin, en el plazo de seis meses, las obligaciones de transparencia establecidas por la presente ley que las fundaciones y asociaciones ya estn cumpliendo en virtud de su legislacin especfica. Dicha informacin debe incorporarse en el Portal de la Transparencia, y las fundaciones y asociaciones solamente tienen la obligacin de hacer constar que esta informacin puede consultarse en l.

Disposicin adicional octava. Transparencia en la actividad contractual.

A efectos de facilitar la consulta a la informacin sobre la contratacin pblica, las administraciones locales deben informar al Registro Pblico de Contratos y a la Plataforma de Servicios de Contratacin Pblica de los contratos formalizados y los que estn en licitacin o en otras fases contractuales. El Portal de la Transparencia debe facilitar la consulta directa y dinmica del Registro y la Plataforma.

Disposicin adicional novena. Transparencia en los convenios.

La Generalidad y las administraciones locales deben informar al Registro de Convenios de la Generalidad de todos los convenios que suscriban con personas pblicas y privadas. El Portal de la Transparencia debe facilitar la consulta directa y dinmica de este registro.

Disposicin transitoria. Primera designacin de los miembros de la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica.

En el acuerdo del Parlamento por el que se nombre por primera vez a los miembros de la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica deben fijarse sus retribuciones, hasta que se apruebe la Ley de presupuestos de la Generalidad de Catalua.

Disposicin derogatoria.

1. Se derogan:

a) Los artculos 27 y 28 de la Ley 26/2010,de 3 de agosto, de rgimen jurdico y de procedimiento de las administraciones pblicas de Catalua.

b) Los artculos 19.2.a segunda y tercera, 34.1, 2 y 3, y 35.1 y 3 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivosy documentos.

2. Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido por la presente ley.

Disposicin final primera. Naturaleza de la Ley

1. La presente ley tiene la condicin de norma reguladora de los derechos, obligaciones y garantas esenciales en las materias que regula, que son de aplicacin con carcter general a la actuacin y el funcionamiento de la Administracin.

2. Las leyes sectoriales deben interpretarse de acuerdo con lo establecido por la presente ley. En el caso de que establezcan excepciones respecto al rgimen general, deben ser explcitas y responder a una causa que las justifique.

Disposicin final segunda. Adaptacin de la Ley 10/2001 al rgimen de acceso a la informacin pblica establecido por la presente ley.

El Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento, en el plazo de seis meses a contar desde la publicacin de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un proyecto de ley de modificacin de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, con el fin de adaptar su contenido al rgimen de acceso a la informacin y documentacin pblicas establecido por la presente ley.

Disposicin final tercera. Desarrollo y aplicacin de la Ley

1. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley, sin perjuicio de lo establecido por los apartados 2 y 3.

2. Los entes locales deben adoptar las medidas normativas y ejecutivas que sean necesarias para desarrollar la presente ley de acuerdo con el principio de autonoma organizativa.

3. Las universidades pblicas y las instituciones y los organismos a los que se refiere el artculo 3.1.b deben adoptar las medidas organizativas y de funcionamiento que sean necesarias para aplicar la presente ley en los mbitos en que les afecta, de acuerdo con lo establecido por la disposicin adicional cuarta, sin perjuicio de lo que determina la disposicin adicional quinta respecto al Parlamento de Catalua.

4. El Gobierno, en el plazo de seis meses, debe aprobar el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Comisin de Garanta del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica, de acuerdo con lo establecido por el artculo 41.2. Hasta que no se apruebe el reglamento, se aplicar la normativa general sobre los rganos colegiados vigente en Catalua.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

1. La presente ley entra en vigor a los seis meses de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo lo que determinan los apartados 2 y 3.

2. El ttulo II entra en vigor al cabo de un ao de que la Ley haya sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en lo referente a los entes que integran la Administracin local.

3. La Comisin de Garantas del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica debe ser designada dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la publicacin de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2014.

El Presidente de la Generalidad de Catalua,

Artur Mas i Gavarr.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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