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Documento BOE-T-1988-433

Pleno. Recursos de inconstitucionalidad números 285 y 292/1985, Sentencia número 199/1987, de 16 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1988, páginas 12 a 27 (16 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-1988-433

TEXTO ORIGINAL

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 285 Y 292/1985, INTERPUESTOS RESPECTIVAMENTE POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA Y EL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO FRENTE A LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, CONTRA LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS Y DE DESARROLLO DEL ARTICULO 55.2 DE LA CONSTITUCION. HA COMPARECIDO EL LETRADO DEL ESTADO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL 2 DE ABRIL DE 1985 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DEL M. H.

SEÑOR MIQUEL COLL I ALENTORN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR EL QUE, EN REPRESENTACION DE DICHO PARLAMENTO INTERPONE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, FRENTE A LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, CONTRA LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS Y DESARROLLO DEL ART. 55.2, Y MUY ESPECIALMENTE CONTRA LOS ARTS. 2.3, 13.3, 15.1, 16, 17.2, 21 Y 22.1 Y PRECEPTOS CONEXOS POR INFRINGIR LOS ARTS. 55.2, 25.1, 24, 17.3, 53.1, 20 Y 117 DE LA CONSTITUCION Y 31.2, 38 Y 32 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA.

2. EL PLENO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, TRAS DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALIDAD, POR MAYORIA ABSOLUTA Y EN CONVOCATORIA ESPECIFICA, COMO DISPONE EL ART. 134 DE SU REGLAMENTO, ADOPTO EN SESION CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 1985 EL ACUERDO DE INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE (<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DE 3 DE ENERO DE 1985), Y MUY ESPECIALMENTE CONTRA LOS ARTS. 2.3, 13, 15.1, 16, 17.2 Y 22.1 DE DICHA LEY ORGANICA. LA MESA DEL PARLAMENTO EN LA MISMA FECHA ACORDO QUE LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL DEBATE DE LA SESION PLENARIA, Y ESPECIALMENTE EL CONTENIDO DEL ESCRITO PRESENTADO POR TRES GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONIENDO LA INCLUSION DEL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 ENTRE LOS ARTICULOS ESPECIALMENTE IMPUGNADOS POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PODIAN CONTEMPLARSE EN LAS ALEGACIONES POR ACUERDO DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, LA CUAL, EN SESION CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 1985, ACORDO QUE EL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 FUERA INCLUIDO EN LA RELACION DE LOS ARTICULOS ESPECIALMENTE IMPUGNADOS. LA MESA DEL PARLAMENTO DESIGNO, COMO COMISIONADO, A LOS EFECTOS DEL ART. 82.1 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A DON MIGUEL COLL Y ALENTORN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO.

3. EN PRIMER LUGAR, LA DEMANDA DEFIENDE LA LEGITIMIDAD DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGANICA 9/1984, PUES DETERMINADOS PRECEPTOS DE DICHA NORMA LEGAL AFECTAN AL AMBITO DE AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD, POR LO QUE EN VIRTUD DE LOS ARTS.

162.1 A) DE LA CONSTITUCION Y 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL PARLAMENTO ESTA LEGITIMADO PARA INICIAR EL PRESENTE RECURSO. SE INDICA QUE LA PRECISION CONTENIDA EN EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL <A SU PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA> SOLO TRATA DE EVITAR UNA EVENTUAL GUERRA DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS. UNA CORRECTA INTERPRETACION DE ESTE INCISO DEBE CONCILIAR EL MANTENIMIENTO DE LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO CONTROL ABSTRACTO DE NORMAS Y LA OBLIGADA CONEXION ENTRE EL OBJETO DE LA NORMA IMPUGNADA Y EL AMBITO DE LOS INTERESES PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE PRETENDA INTERPONER EL RECURSO. COMO HA PRECISADO EL PROPIO TRIBUNAL EN SUS SENTENCIAS DE 14 DE JULIO DE 1981 Y 23 DE DICIEMBRE DE 1982, LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ESTA AL SERVICIO DE LA REIVINDICACION DE LA COMPETENCIA VIOLADA, SINO DE LA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, Y EN ESTE SENTIDO, SE EXTIENDE A TODOS AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE SE DE UNA SIMPLE CONEXION MATERIAL DE LA LEY ESTATAL Y EL AMBITO COMPETENCIAL AUTONOMICO, Y ELLO OCURRE EN EL PRESENTE CASO, YA QUE LA LEY ORGANICA 9/1984 AFECTA AL AMBITO DE AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD EN UNA SERIE DE MATERIAS QUE PORMENORIZADAMENTE SE MENCIONAN.

4. EL RECURSO DEFIENDE A CONTINUACION LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEY ORGANICA 9/1984 POR ENTENDER QUE EXTIENDE LA APLICACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION A UNOS SUPUESTOS NO PREVISTOS POR EL MISMO QUE SOLO SE REFIERE A LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS. ESTA SUSPENSION INDIVIDUAL ES UN INSTITUTO DE EFICACIA POTENCIALMENTE PERMANENTE, AUNQUE MATERIALMENTE LA MISMA SE PROYECTE SOBRE EL NUCLEO DEL DERECHO DE EXCEPCION (ARTS. 55.1 Y 116 DE LA CONSTITUCION), ES DECIR LA SUSPENSION DE DERECHOS FUNDAMENTALES. POR ELLO, COMO INSTRUMENTO DE PROTECCION EXTRAORDINARIA DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, ES UNA MEDIDA TOTALMENTE ACOTADA, DE INTERPRETACION RESTRICTIVA Y SOLO UTILIZABLE PARA LA INVESTIGACION DE LAS ACTUACIONES DE LAS BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS. SIN EMBARGO, LA LEY ORGANICA 9/1984 HA PREVISTO LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS QUE AUTORIZA EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION A DELITOS NO COMPRENSIBLES EN EL CONCEPTO DE ACTUACION DE BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS COMO SON LOS RELATIVOS A LA REBELION Y A LA APOLOGIA DE LOS DELITOS QUE NO COINCIDEN NECESARIAMENTE CON AQUELLOS A LOS QUE SE REFIERE EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SIN QUE PUEDA ADMITIRSE AQUI LA ANALOGIA.

EN CONSECUENCIA, LA LEY ORGANICA 9/1984 Y EN CONCRETO LOS ARTS. 13, 16 Y 17.2 EN CONEXION CON SU ART. 1, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE EXTIENDE A LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LOS DELITOS DE REBELION Y DE APOLOGIA DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN LA PROPIA LEY, LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDA EN LOS ARTS. 17.2 Y 18.2 Y 3 DE LA CONSTITUCION SUPONIENDO ELLO UNA VIOLACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION QUE LIMITA LA POSIBILIDAD DE ESA SUSPENSION PARA LAS PERSONAS RELACIONADAS CON INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS.

5. SEGUIDAMENTE LA DEMANDA DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNOS DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY:

1) DEL ART. 2.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 QUE OTORGA EFECTOS A LAS SENTENCIAS DE TRIBUNALES EXTRANJEROS SOBRE DELITOS DE IGUAL ENTIDAD A LOS PREVISTOS EN LA LEY PARA LA APRECIACION DE LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE LA REINCIDENCIA ESTABLECIDA CON EL ART. 10.15 DEL CODIGO PENAL POR VULNERAR LOS ARTS. 25.1 Y 24 DE LA CONSTITUCION, PUES LA REFERENCIA AL ART. 2.3 A <DELITOS DE IGUAL ENTIDAD> EXIGE LA APLICACION DEL CRITERIO DE ANALOGIA QUE ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL ESTABLECIDO POR EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION. LA DISPOSICION TAMBIEN VULNERARIA EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, EN LA MEDIDA EN QUE EL DERECHO DE TODA PERSONA A OBTENER LA TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON TODAS LAS GARANTIAS RECONOCIDAS POR EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, PUEDE NO HABERSE RESPETADO ANTE UNA JURISDICCION EXTRANJERA A CUYA SENTENCIA SE OTORGA AUTOMATICAMENTE EFICACIA ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. POR TODA ELLO EL ART.

2.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SERIA INCONSTITUCIONAL AL VULNERAR TANTO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL DEL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION, COMO, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, EL PRINCIPIO DE PROTECCION JUDICIAL DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION.

2) DEL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, POR ESTIMAR VACIA DE CONTENIDO LA GARANTIA DE <LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL> PREVISTA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION PARA LA SUPUESTA APLICACION DE LA SUSPENSION DERIVADA EN DERECHO. LA INTERVENCION JUDICIAL ES UNA CONDICION NECESARIA PARA QUE SE MATERIALICEN LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO REGULADO POR EL ART.

55.2 QUE EXIGIRIA PARA CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION DE LA SUSPENSION INDIVIDUAL DE GARANTIAS LA PREVIA INTERVENCION JUDICIAL, INSTRUMENTADA A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCION, ESTE CRITERIO SERIA EL MAS RESPETUOSO PARA LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES CONSAGRADAS POR EL TEXTO CONSTITUCIONAL Y CON EL PRINCIPIO DE PROTECCION JUDICIAL DE LOS DERECHOS.

SIN EMBARGO, EL ART. 13 ESTABLECE LA NECESIDAD DE PONER EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ ANTES DE TRANSCURRIR LAS SETENTA Y DOS HORAS DE LA DETENCION LA NECESIDAD DE PROLONGACION DEL TIEMPO MAXIMO DE DETENCION PREVENTIVA HASTA UN PLAZO MAXIMO DE OTROS SIETE DIAS, CORRESPONDIENDO AL JUEZ DENEGAR O AUTORIZAR LA DETENCION. ESTA REGULACION NO GARANTIZA PLENAMENTE LA INTERVENCION JUDICIAL, PUES LA RESOLUCION JUDICIAL SOBRE LA PROLONGACION DE LA DETENCION PREVENTIVA PODRIA DICTARSE HASTA VEINTICUATRO HORAS DESPUES DE TRANSCURRIDAS LAS SETENTA Y DOS HORAS, TIEMPO MAXIMO DE DETENCION GUBERNATIVA QUE PERMITE EL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION. EN ESTE SUPUESTO LIMITE UNA PERSONA VERIA SUSPENDIDA DURANTE VEINTICUATRO HORAS, SIN INTERVENCION JUDICIAL PREVIA (Y CON UN POSIBLE PRONUNCIAMIENTO CONTRARIO DEL JUEZ) SU DERECHO A LA LIBERTAD.

UN PRECEPTO LEGAL QUE PUEDE DAR LUGAR A ESTA SITUACION ES CONTRARIO AL ART.

55.2 DE LA CONSTITUCION, Y POR ELLO ES INCONSTITUCIONAL EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

3) DEL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, TAMBIEN EN RELACION CON LA INTERVENCION JUDICIAL PREVISTA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, POR PERMITIR LA SUSPENSION DEL DERECHO DE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO POR LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO <SIN NECESIDAD DE PREVIA AUTORIZACION O MANDATO JUDICIAL>, AUNQUE CON COMUNICACION INMEDIATA AL JUEZ COMPETENTE DEL REGISTRO EFECTUADO. EN ESTE CASO, LA VIOLACION DEL ART.

55.2 DE LA CONSTITUCION ES CLARA PORQUE NO SOLO NO SE CONTEMPLA LA INTERVENCION JUDICIAL PREVIA, SINO NI SIQUIERA UN CONTROL O INTERVENCION JUDICIAL A POSTERIORI, PUES EL JUEZ SOLAMENTE TIENE UN PAPEL RECEPTIVO O PASIVO. RESULTA ASI MANIFIESTA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, AL NO GARANTIZAR LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL QUE DECLARA EL ART. 55.2.

4) DEL ART. 17.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, QUE PERMITE QUE, EN CASO DE URGENCIA, EL MINISTRO DEL INTERIOR O, EN SU DEFECTO, EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, ORDENE LA OBSERVACION POSTAL, TELEGRAFICA Y TELEFONICA, COMUNICANDOLO INMEDIATAMENTE POR ESCRITO MOTIVADO AL JUEZ COMPETENTE, QUIEN DE FORMA MOTIVADA REVOCARA O CONFIRMARA LA RESOLUCION. ESTE SUPUESTO PERMITE LA SUSPENSION DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES RECONOCIDO EN EL ART. 18.3 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, SIN RESPETAR LA EXIGENCIA, DERIVADA DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, DE LA INTERVENCION JUDICIAL PREVIA. ELLO SUPONE LA INSCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 17.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, POR CONTRAVENIR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION.

5) DEL ART. 15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

Y ELLO POR DOS RAZONES: EN PRIMER LUGAR, EN RELACION CON LA INTERVENCION JUDICIAL DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, PUES LA DECISION SOBRE LA INCOMUNICACION DEBERIA SER ADOPTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA; EN SEGUNDO LUGAR, POR NO RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO PREVISTO EN EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION. LA INCOMUNICACION DEL DETENIDO PUEDE AFECTAR MUY DIRECTAMENTE AL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA RECONOCIDO EN EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION, Y AL RESPECTO EL ART.15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, SE REMITE A LOS ARTS. 520 Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LOS SUPUESTOS DE INCOMUNICACION, REMISION QUE SUPONE LA INTEGRACION DE TALES PRECEPTOS EN LA LEY ORGANICA 9/1984, POR LO QUE RESULTA PROCEDENTE SU EXAMEN EN EL PRESENTE RECURSO. EL ART. 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DISPONE QUE EL DETENIDO PRESO, MIENTRAS SE HALLA INCOMUNICADO, NO TENDRA DERECHO A LA COMUNICACION O ENTREVISTA CON SU ABOGADO, Y QUE EN TODO CASO SU ABOGADO SERA DESIGNADO DE OFICIO. EL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA EN LOS SUPUESTOS DE INCOMUNICACION DEL DETENIDO QUEDA SENSIBLEMENTE LIMITADO, PUESTO QUE EL DETENIDO NO PUEDE DESIGNAR LIBREMENTE A SU ABOGADO, NI PUEDE ENTREVISTARSE RESERVADAMENTE CON EL AL TERMINO DE LA PRACTICA DE LA DILIGENCIA EN QUE EL ABOGADO HAYA PARTICIPADO. ELLO DESVIRTUA EL SENTIDO DEL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION QUE UTILIZA LA EXPRESION <ASISTENCIA DE ABOGADO AL DETENIDO> EN LUGAR DE UNA FORMULA MAS DIFUSA DE <PRESENCIA DEL ABOGADO>, POR LO QUE PARA SU MATERIALIZACION RESULTARIA INDISPENSABLE LA CELEBRACION DE UNA ENTREVISTA RESERVADA ENTRE EL DETENIDO Y EL LETRADO. POR ELLO, EL ART. 15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, AL REMITIRSE AL ART. 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, AFECTA AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA RECONOCIDO POR EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION, DERECHO NO SUSCEPTIBLE DE SER SUSPENDIDO EN VIRTUD DE LA APLICACION DEL ART. 55.2 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL.

POR ELLO, EL ART. 15.1 RESULTA INCONSTITUCIONAL, POR CONTRADECIR TANTO EL ART. 55.2 COMO EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION.

6) DEL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, POR VULNERAR LA LIBERTAD DE EXPRESION RECONOCIDA EN EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, AMPLIANDO EL CONTENIDO DE LA SUSPENSION DEL DERECHO PREVISTA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION E INVADIENDO FACULTADES PROPIAS DE LOS JUECES Y TRIBUNALES, LO QUE ES CONTRARIO A LOS ARTS. 24 Y 117 DE LA MISMA. EN EFECTO, EL CIERRE PROVISIONAL O DEFINITIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION SE APROXIMA EN LA FORMA Y CONTENIDO A UNA SUSPENSION INDIVIDUAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL ART. 20 DE LA CONSTITUCION PARA LO QUE NO ESTABA HABILITADO EL LEGISLADOR ORGANICO. ADEMAS, OPERA UN CIERRE PROVISIONAL O DEFINITIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION A INICIATIVA DEL MINISTERIO FISCAL, QUE VINCULA AL JUEZ, NO RESPETANDO LA INDEPENDENCIA DE ESTE, EN CONTRADICCION CON LOS ARTS. 24 Y 117 DE LA CONSTITUCION.

7) DEL ART. 22.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, QUE ESTABLECE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL EJERCICIO PARA LA FUNCION O CARGO PUBLICO DE LA PERSONA PROCESADA POR UN DELITO COMPRENDIDO EN LA LEY, POR NO RESPETAR LA ESPECIALIDAD DE FUERO PARA LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y ORGANOS DE GOBIERNO DE CATALUÑA PREVISTA EN LOS ARTS. 31.2 Y 38 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA. EL ART. 22.1 SERIA TAMBIEN INSCONSTITUCIONAL AL POSIBILITAR LA SUSPENSION AUTOMATICA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE UN DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, LO QUE VULNERARIA EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA REGLAMENTARIA DEL PARLAMENTO PREVISTA POR EL ART. 32, DEL ESTATUTO CATALAN, AL AMPARO DEL CUAL EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EXIGE LA MAYORIA ABSOLUTA DEL PLENO PARA LA SUSPENSION DE LOS DIPUTADOS EN VIRTUD DE UN AUTO DE PROCESAMIENTO.

SE SOLICITA LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CORRESPONDIENTE NULIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY Y, EN PARTICULAR, DE LOS ARTS. 2.3, 13, 15.1, 16, 17.2, 21 Y 22.1 Y PRECEPTOS CONEXOS CON ESTOS.

6. DON ALBERTO FIGUEROA LARAUDOCOITIA, LETRADO DEL PARLAMENTO VASCO Y EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ESTE, Y CUMPLIENDO ACUERDO DEL PLENO DEL MISMO DE 27 DE FEBRERO DE 1985, MEDIANTE ESCRITO REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 4 DE ABRIL DE 1985, PROMUEVE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (AL QUE SE ASIGNO EL NUMERO 292/1985) CONTRA LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, RELATIVA A LA ACTUACION DE LAS BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS, QUE DESARROLLA EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, RECURSO CIRCUNSCRITO A LOS ARTS.

1, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 19.3, 20, 21 Y 22.1, Y ELLO POR ENTENDER QUE DIA HA LEY REBASA LAS PREVISIONES DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, Y CONTRARIA A LOS ARTS. 9.3, 17.3, 24.1, 117.1 Y 120.2 DE LA CONSTITUCION, LOS ARTS. 14.1B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO, ASI COMO EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES.

7. EN UNA PRIMERA PARTE DE ALEGACIONES DE CARACTER PROCESAL, EL RECURSO DEFIENDE LA LEGITIMACION DEL PARLAMENTO VASCO PARA PLANTEAR EL PRESENTE RECURSO. SE SOSTIENE QUE DADO EL CARACTER DE DEFENSA OBJETIVA DE LA CONSTITUCION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, LA LIMITACION A SU EJERCICIO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL ART. 32.2 DE LA CONSTITUCION RESULTA DE MUY DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD, PUES LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ES UNA MANIFESTACION DEL PRINCIPIO COOPERATIVO QUE LA CONSTITUCION HA ESTABLECIDO AL REGULAR LA RELACION ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PARTIENDO DEL ART. 162.1 DE LA CONSTITUCION, EL PARLAMENTO VASCO ESTA LEGITIMADO PARA IMPUGNAR LA LEY ORGANICA 9/1984.

ADEMAS, SEGUN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, UNA COMUNIDAD PUEDE IMPUGNAR AQUELLAS LEYES DEL ESTADO QUE SE REFIEREN A MATERIAS SOBRE LAS QUE TIENE ATRIBUIDAS CIERTAS COMPETENCIAS, PUES LAS LEYES DEL ESTADO PUEDEN CONDICIONAR UNA ACTUACION PRESENTE Y FUTURA DE LA COMUNIDAD COMO PODER PUBLICO AUTONOMO. COMO MOTIVOS DE CONEXION EXISTENTES EN EL PRESENTE CASO ESTAN EN PRIMER LUGAR LA COMPETENCIA RELATIVA A LA POLICIA AUTONOMA A LA QUE CORRESPONDE EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DENTRO DEL TERRITORIO AUTONOMICO, Y LA POLICIA AUTONOMA PUEDE UTILIZAR LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ORGANICA 9/1984, LO QUE DEMUESTRA QUE SE TRATA DE UNA LEY QUE PUEDE AFECTAR AL PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO. OTROS PUNTOS DE CONEXION SON LOS REFERENTES A LA SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION O CARGO PUBLICO, LO QUE AFECTA AL FUERO ESPECIAL AL QUE ESTAN SOMETIDOS LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO Y GOBIERNO VASCO E INCIDE EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y EN LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, AFECTANDO DIRECTAMENTE AL AMBITO DE LAS GARANTIAS QUE OSTENTAN LOS PODERES PUBLICOS PARA UN EJERCICIO EFECTIVO DEL AUTOGOBIERNO. TAMBIEN EXISTEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE ASOCIACIONES, Y A ELLA SE REFIEREN LOS ARTS. 5 Y 20 DE LA LEY ORGANICA 9/1984. LA COMUNIDAD AUTONOMA TIENE COMPETENCIA EN RELACION CON LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO Y TAMBIEN ALGUNAS RELATIVAS A MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE LA FUNCION PUBLICA. POR ELLO SE ENTIENDE PLENAMENTE FUNDADA LA LEGITIMACION DEL PARLAMENTO VASCO PARA INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE.

8. BAJO LA RUBRICA <PLANTEAMIENTO GENERAL>, EL RECURSO SOSTIENE QUE LA LEY ORGANICA 9/1984 ESTA FUNDAMENTADA EN UNAS BASES QUE RESULTAN CONTRADICTORIAS C ON PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN INFORMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, TENIENDO POR TALES BASES EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, EL CUAL RODEA DE IMPORTANTES CAUTELAS LA SUSPENSION DE DETERMINADOS DERECHOS QUE LA CONSTITUCION RECONOCE, ESTABLECIENDO UN MARCO RIGIDO EN EL CUAL AQUELLA SUSPENSION DEBE DESENVOLVERSE. EN OPINION DEL PARLAMENTO VASCO, LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, ES UNA LEY QUE, AUN FUNDAMENTADA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, REBASA SUS PREVISIONES, Y RESULTA, EN CONJUNTO, CONTRARIA AL ORDEN CONSTITUCIONAL, PUES SE HA INTERPRETADO EL ART. 55.2 DE UNA FORMA EXTENSIVA Y EXPANSIVA Y, EN CONSECUENCIA, INCONSTITUCIONAL, DESBORDANDOSE LOS POSIBLES DERECHOS SUSPENDIBLES Y LOS SUPUESTOS, A LOS QUE PUEDE APLICARSE LA SUSPENSION. LA LEY ORGANICA 9/1984 HA DESBORDADO AMPLIAMENTE EL MARGEN DE HABILITACION CONFERIDO EN EL ART. 55.2 (MARGEN QUE, POR OTRA PARTE, SERIA PRECISO INTERPRETAR DE FORMA RESTRICTIVA) Y, AMPARANDOSE EN UN OBJETIVO REFUNDIDOR, HA INCORPORADO AL ESTRICTO NUCLEO DE POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES PREVISTAS OTRAS MATERIAS TANTO EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY,COMO DE DISPOSICIONES GENERALES O NORMAS PROCESALES , REGULANDOLAS TODAS DE MANERA CONEXA Y EXTENDIENDO, EN DEFINITIVA, CON UN CLARO SENTIDO EXPANSIVO, EL ESTRICTO CAMPO HABILITADO POR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION.

SE AFIRMA TAMBIEN QUE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA UTILIZA UNA TECNICA DE TIPIFICACION DELICTIVA QUE DA LUGAR A UN INMENSO AMBITO DE APLICACION DE LA MISMA Y LAS CONSECUENCIAS DE LA INDETERMINACION O FALTA DE CERTEZA DE LA LEY SE TRADUCEN EN QUEBRANTO DEL DERECHO PUBLICO Y SUBJETIVO DE LA SEGURIDAD (PARTICULARMENTE EL ART.

17.1 DE LA CONSTITUCION, EN RELACION CON LOS ARTS. 1, 7, 9 Y 10 DE LA LEY ORGANICA 9/1984). ASI OCURRE EN PARTICULAR CON LA CONSAGRACION DEL TIPO PENAL DE <DELITOS DE COLABORACION EN ACTIVIDADES TERRORISTAS O REBELDES> ESTABLECIDO EN EL ART. 9 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

ACCIONES QUE PODRAN SER CALIFICADAS DE CONSTITUTIVAS DE ENCUBRIMIENTO, COMPLICIDAD, INDUCCION O COOPERACION NECESARIA, SON CONFIGURADAS COMO UN DELITO PENAL AUTONOMO, EXTENDIENDO ASI SU AMBITO DE APLICACION DE FORMA EXTRAORDINARIA Y UTILIZANDO TERMINOS IMPRECISOS QUE FACILITAN UNA APLICACION EXPANSIVA DE LA LEY.

PARA EL RECURRENTE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA SUPONE EN LA PRACTICA UNA QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EN LA LINEA DEL PRIVILEGIO NEGATIVO, A TRAVES DE LA CREACION DE UN AUTENTICO DERECHO ESPECIAL PARA UNA DETERMINADA CATEGORIA DE DELINCUENTE. LA LEY ORGANCA 9/1984 IMPLICA QUE DETERMINADOS CIUDADANOS TODOS LOS PRESUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DEL ART. 1 DE LA LEY ESTAN SITUADOS, POR PRINCIPIO, EN EL MARCO DE ACTUACION DEL LLAMADO <PRIVILEGIO NEGATIVO>, SOMETIENDOSE A UN TRATAMIENTO <PRIVILEGIADO> EN EL TRATAMIENTO JURISDICCIONAL DE SU CONDUCTA O ACTIVIDADES, CON RESTRICCIONES ESPECIALES EN EL EJERCICIO DE DERECHOS NO SUSPENDIDOS, COMO EL DERECHO A LA ASISTENCIA DE ABOGADO EN LAS DILIGENCIAS POLICIALES (ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION), EL DERECHO A LA DEFENSA (ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION) Y EL BENEFICIO DEL HABEAS CORPUS . LA ANTERIOR RESTRICCION DE DERECHOS SE REALIZA EN RELACION CON UNA CATEGORIA DE CIUDADANOS QUE GOZAN, COMO TODOS, DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA, Y QUIEN DECIDE LA APLICACION O NO DE ESTAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS SON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, ES DECIR, LA AUTORIDAD GUBERNATIVA. ELLO SIGNIFICA NO SOLO UNA LIMITACION DE ESE VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO QUE ES LA LIBERTAD, SINO TAMBIEN DE LA SEGURIDAD, Y EN RELACION CON ELLA DE LA IGUALDAD, PUESTO QUE LAS DISCRIMINACIONES QUE LA LEY PRODUCE Y QUE CON SU CARACTER EXPANSIVO PUEDEN LLEGAR A SER DE APLICACION A MILES DE CIUDADANOS RESULTAN NO RAZONABLES.

ADEMAS, SE AFIRMA QUE LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, NO ESTABLECE PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN <LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL> EXIGIDA POR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. INTERVENIR SIGNIFICA, INEQUIVOCAMENTE, TOMAR PARTE EN UN ASUNTO DE LA NATURALEZA QUE SEA, Y NO SIGNIFICA CONTROLAR NI MUCHO MENOS SER MERO RECEPTOR DE COMUNICACIONES. SIN EMBARGO, A LO LARGO DE LA LEY SE COMPRUEBA QUE NO SE HA MANTENIDO LA EXIGENCIA DE UNA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL, TAL NO PUEDE ENTENDERSE LA PREVISTA EN EL ART. 13, QUE ES MERA COMUNICACION SIN INMEDIACION, LA DEL ART.

16 O LA DEL ART. 17. POR TODO ELLO LA REGULACION DE LA <NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL> QUE LA LEY EFECTUA RESULTA CLARAMENTE ANTICONSTITUCIONAL. DE TODOS ESTOS RAZONAMIENTOS EL RECURSO DEDUCE QUE RESULTARIAN INCONSTITUCIONALES LOS <ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY ORGANICA 9/1984>.

9. A CONTINUACION LA DEMANDA ESPECIFICA UNOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD REFERIDOS A ARTICULOS CONCRETOS DE LA LEY:

1) SE DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR ESTIMAR QUE CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION Y LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9 DE LA MISMA. DICHO ART. 1 SE REFIERE A DELITOS QUE SOBREPASAN <LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS> QUE MENCIONA EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. ASI OCURRE CUANDO SE INCLUYE LA APOLOGIA DEL DELITO, QUE ES UN DELITO INDEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD TERRORISTA, O CUANDO SE INCLUYE EN EL AMBITO DE LA LEY EL SUPUESTO DE LA REBELION. LA CONEXION DE ESTE ART. 1 CON EL RESTO DE LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA SUPONE LA CREACION DE UN AMBITO DE APLICACION DE LA EXCEPCIONALIDAD DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, QUE EXCEDE MUCHO DE LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES, Y ELLO CON EL AGRAVANTE DE LA INDETERMINACION QUE DESCONOCE LOS PRINCIPIOS JURIDICOS DE INTERDICCION DE LA ANALOGIA O DE METICULOSA CONCRECION DE LAS ACCIONES Y OMISIONES PUNIBLES.

ESTE MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN RELACION AL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY, DEBE HACERSE EXTENSIBLE A TODOS LOS ARTICULOS SOBRE LOS QUE SE FORMULAN OTRAS CAUSAS DE INCONSTITUCIONALIDAD.

2) SE SOSTIENE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 5 Y 20 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR INFRACCION DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 22.1, 2 Y 4 DE LA CONSTITUCION Y DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9.3 DE LA MISMA.

SEGUN EL PARLAMENTO VASCO, LA CONSTITUCION RESERVA LA POTESTAD DE DISOLVER ASOCIACIONES UNICAMENTE PARA AQUELLOS CASOS EN QUE LAS MISMAS CAREZCAN DE SENTIDO AL MARGEN DE FINES O MEDIOS LICITOS, ES DECIR, CUANDO SU AMBITO SEA EXCLUSIVAMENTE DELICTIVO, BIEN PORQUE LO SEAN SUS FINES, BIEN PORQUE LO SEAN SUS MEDIOS, BIEN PORQUE LO SEAN AMBOS, PERO NO ES TAN CLARO QUE PUEDA SANCIONARSE DE IGUAL MANERA A AQUELLAS ASOCIACIONES QUE TIENEN UN AMBITO <NO EXCLUSIVAMENTE ILICITO>, CUANDO NI SUS FINES NI SUS MEDIOS LO SEAN, AUNQUE EXISTAN ACTIVIDADES O CONDUCTAS QUE SI LO SEAN. EN ESTE SENTIDO, EL ART. 5 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, AL NO EXIGIR QUE LAS CONDUCTAS ASOCIATIVAS QUE ENUMERA CONSTITUYAN UN MEDIO, EXPRESO O TACITO, O UN FIN MANIFIESTO O ENCUBIERTO DE LA ASOCIACION, VULNERA EL ART. 22.2 Y 4 DE LA CONSTITUCION Y, POR TANTO, EL PROPIO ART. 22.1 DE LA MISMA.

POR OTRO LADO, LA ABSOLUTA VAGUEDAD E IMPRECISION DE ESTE ARTICULO INFRINGE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION). TAMBIEN RESULTA CONTRARIA AL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN ORDEN A DELIMITAR LA DISOLUCION O SUSPENSION DE ACTIVIDADES. POR LAS MISMAS RAZONES SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 20 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, REFERIDO A LA SUSPENSION DE LAS ASOCIACIONES, QUE VULNERA EL ART. 22.2 DE LA CONSTITUCION, CON LA CIRCUNSTANCIA AGRAVADA DE LA NO EXIGENCIA EXPRESA DE LA DECLARACION DE LICITUD PREVIA.

3) SE SOSTIENE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR INFRACCION DE LOS ARTS. 24.1 Y 152.1 DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ARTS. 14.1 B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO. EL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 ATRIBUYE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS PARA LA INSTRUCCION, CONOCIMIENTO Y FALLO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DE LA MISMA EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL, LO CUAL VIOLA EL ART. 152.1, SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS, DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LOS ARTS. 14.1 B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO, SEGUN EL CUAL LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JUDICIALES EN EL PAIS VASCO SE EXTIENDE EN EL ORDEN PENAL A TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, CON EXCEPCION DEL RECURSO DE CASACION Y REVISION, Y QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD SE AGOTARAN LAS SUCESIVAS INSTANCIAS JUDICIALES. ADEMAS, LA CONSIGUIENTE AUSENCIA DE MEDIACION JUDICIAL SUPONE UN SERIO INCONVENIENTE A LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA Y DIFICULTA EXTRAORDINARIAMENTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS CORPUS , DADA LA COMPETENCIA RECONOCIDA A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION, LO QUE IMPOSIBILITA LA INMEDIATA VERIFICACION DE LA LEGALIDAD Y CONDICIONES DE LA DETENCION, COMPLICA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL Y HACE INEFECTIVO EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL (ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION). 4) SE DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR ESTIMAR QUE INFRINGE LOS ARTS. 55.2, 24.1, 117.1, 120.2 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION, EL ART. 9.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL ART. 5.3 DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE LO QUE EL ART. 55.2 DEFINE COMO <NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL> Y LA REGULACION QUE EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 REALIZA DE LA PARTICIPACION DEL JUEZ EN LA PROLONGACION DE LA DETENCION PREVENTIVA, PUES CONCRETAR LA INTERVENCION JUDICIAL EN LA SIMPLE COMUNICACION AL JUEZ IMPLICA UNA PURA Y SIMPLE DESNATURALIZACION DE LA PREVISION CONSTITUCIONAL. ADEMAS PUEDE EXISTIR UN PLAZO DE TIEMPO EN QUE AL DETENIDO SE LE PROLONGA LA DETENCION SIN QUE MEDIE INTERVENCION JUDICIAL, CUANDO LA DETENCION SE PRORROGUE MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS Y EL JUEZ AUN NO HAYA DENEGADO O AUTORIZADO LA PROLONGACION PROPUESTA. ES NECESARIO QUE EL JUEZ PUEDA OBTENER INFORMACION MINIMAMENTE CONTRASTADA, LO QUE EXIGE QUE EL DETENIDO COMPAREZCA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, MIENTRAS QUE EN LA REGULACION DEL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 LA DECISION QUE ADOPTARA EL JUEZ SE FUNDAMENTARA SOLO EN LA INFORMACION QUE LE SUMINISTRE LA FUERZA POLICIAL ACTUANTE, POR LO QUE LA TUTELA JUDICIAL AL RESPECTO CARECE DE GARANTIAS AL FALTAR LA INMEDIACION, Y NO PUEDE SER EFECTIVA. EN CUARTO LUGAR, EN RELACION CON EL PLAZO, SE MENCIONA EL ART. 9.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL ART. 5.3 DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, AMBOS RATIFICADOS POR ESPAÑA, QUE REQUIEREN LA CONDUCCION DEL DETENIDO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE. ESTA PROLONGACION INJUSTIFICABLE DEL TIEMPO DE LA DETENCION GUBERNATIVA NO ES COMPATIBLE CON LA PRESUNCION DE INOCENCIA, O CON EL DERECHO A NO PRESTAR DECLARACION O NO CONFESARSE CULPABLE DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION.

FINALMENTE, LA SUSPENSION DEL DERECHO DEL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION DEBE ESTAR FUNDAMENTADA EN LA NECESIDAD DERIVADA DEL BUEN TERMINO DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON BANDAS (ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION), NO PUDIENDO ENTRAR EN ESTE AMBITO LOS APOLOGISTAS.

5) SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 15 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR INOBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 17.3, 24.1 Y 2 Y 53.1 DE LA CONSTITUCION, Y DE LOS ARTS. 9 Y 14 DEL PACTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y 5 Y 6 DEL CONVENIO DE ROMA Y, COMO CONSECUENCIA DE ESTO ULTIMO, POR VIOLACION DEL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA DE PROCEDER, SIN NECESIDAD DE PREVIA AUTORIZACION O MANDATO JUDICIAL, A LA INMEDIATA DETENCION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY Y A ORDENAR LA INCOMUNICACION DEL DETENIDO POR EL TIEMPO QUE ESTIME NECESARIO MIENTRAS SE COMPLETAN LAS DILIGENCIAS, RESULTA CONSTITUCIONALMENTE INADMISIBLE PARTIENDO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, LIBERTAD, PRESUNCION DE INOCENCIA E INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD. ADEMAS AL DECIDIRSE LA INCOMUNICACION SE AFECTA EL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA, RECONOCIDO EN LOS ARTS. 17.3 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION, PUES LA REMISION AL ART. 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SIGNIFICA QUE EL INCOMUNICADO NO PUEDE GOZAR DE LA ASISTENCIA TECNICA DE UN ABOGADO DE SU ELECCION, NI COMUNICARSE DIRECTA Y LIBREMENTE CON EL, SIENDO ASI QUE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA ASISTENCIA LETRADA DEBE SER RESPETADO EN SU CONTENIDO ESENCIAL. DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA 9/1984, NO <TODOS> (ART. 24.2), SINO TAN SOLO LOS DETENIDOS NO INCOMUNICADOS TENDRIAN DERECHO A LA PLENA ASISTENCIA DE LETRADO, CON INFRACCION DE LOS ARTS. 17.1 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION, Y CON LA CIRCUNSTANCIA ADICIONAL DE QUE LA INCOMUNICACION TIENE ORIGEN EN UNA SIMPLE DECISION POLICIAL.

6) SE DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 16 Y 17.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR VIOLACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, PUES UNA INTERPRETACION SISTEMATICA DE ESTE ARTICULO LLEVA A LA CONCLUSION DE QUE EL CONTROL JUDICIAL DEL EJERCICIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA DE LAS POTESTADES QUE LA LEY RECURRIDA LE ATRIBUYE, HABRIA DE SER PREVIO Y PREVENTIVO, Y NO MERAMENTE REPARADOR, NO BASTANDO POR ELLO EL MERO CONOCIMIENTO A POSTERIORI . DE AHI QUE NI EL ART. 16, NI EL ART. 17.2 DE LA LEY ORGANICA RECURRIDA SEAN COMPATIBLES CON LA CONSTITUCION.

7) SE DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 19.3 DE LA LEY ORGANICA, POR ESTIMARSE QUE INFRINGE LOS ARTS. 24.2, 117.1 Y 3 Y 124.1 DE LA CONSTITUCION.

ESTE PRECEPTO CONSAGRA UN PRIVILEGIO DEL MINISTERIO FISCAL CONFIRIENDO A SU RECURSO FUERZA PARA PARALIZAR LA EJECUCION DE LA RESOLUCION JUDICIAL A QUE SE REFIERE. ELLO SUPONE UNA QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES, Y UNA AUSENCIA DE LAS DEBIDAS GARANTIAS, Y ADEMAS COLOCA AL MINISTERIO FISCAL, QUE HA DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, TOTALMENTE AL MARGEN DEL PAPEL DEFINIDO POR EL ART. 124 DE LA CONSTITUCION.

8) SE DEFINE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR INFRACCION DE LOS ARTS. 20.1 D), 20.5, 24.1, 55.2 Y 117.1 Y 3 DE LA CONSTITUCION Y DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA CONTEMPLADOS EN EL ART. 9.3 DE LA MISMA. EL PRECEPTO RELATIVO A LA CLAUSURA DE MEDIOS DE DIFUSION AFECTA AL ART. 20.1 DE LA CONSTITUCION, PARA QUE NO AUTORICE A SU SUSPENSION EL ART. 55.2 DE LA MISMA, ESTANDO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA LA SUSPENSION DEL ART. 20 EN RELACION CON EL ESTADO DE EXCEPCION O DE SITIO. FUERA DE ESTE SUPUESTO NO EXISTE HABILITACION CONSTITUCIONAL ALGUNA PARA PROCEDER AL CIERRE O CLAUSURA DE MEDIOS DE DIFUSION. SIN EMBARGO, DEL ART. 21.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SE DEDUCE QUE LA ADMISION DE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL MINISTERIO FISCAL, OBLIGA AL JUEZ A ORDENAR ESTA GRAVE MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA, SIN QUE EL SISTEMA DE RECURSOS JUDICIALES PREVISTOS, PARA RATIFICAR O DEJAR SIN EFECTO LA ADOPCION DEL CIERRE, SEA SUFICIENTE NI ADECUADO PARA CONSIDERAR RESPETADOS EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, Y LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE LEGALIDAD, DEL ART. 9.3 DE LA MISMA.

9) SE DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 22.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR VIOLACION DE LOS ARTS. 24.2 Y 23.2 DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTS. 26.6 Y 32.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO. EL ART. 22 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 REMITE DE FORMA INDIRECTA EL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DELICITIVOS COMPRENDIDOS EN LA LEY QUE PUDIERAN COMETER LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO Y GOBIERNO VASCO A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION Y A LA AUDIENCIA NACIONAL EN CONTRADICCION CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA. LA SUSPENSION DEL CARGO PUBLICO REPRESENTATIVO SUPONE UNA MEDIDA CAUTELAR INJUSTIFICADA QUE INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCION DE INOCENCIA (ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION) Y DE IGUALDAD EN EL ACCESO A LA FUNCION DE CARGOS PUBLICOS (ART. 23.2 DE LA CONSTITUCION).

EN EL SUPLICO SE PIDE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 19.3, 20 Y 22.1 DE LA LEY.

10. EL ABOGADO DEL ESTADO INICIA SU ESCRITO DE ALEGACIONES ANALIZANDO LA LEGITIMACION PROCESAL PARA RECURRIR LEYES DEL ESTADO LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE CATALUÑA Y DEL PAIS VASCO, Y SOSTENIENDO QUE LA LEY ORGANICA QUE HOY SE RECURRE PRESENTA UNA FUNDAMENTAL AFINIDAD CON LA LEY ORGANICA 11/1980, DE 1 DE DICIEMBRE, RESPECTO A LA CUAL LA SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 14 DE JULIO DE 1981 NEGO LA LEGITIMIDAD DEL PARLAMENTO VASCO, POR LO QUE LA FALTA DE LEGITIMACION SERIA INCLUSO UNA CUESTION DE COSA JUZGADA. ADEMAS, Y EN CONTRA DE LA ADMISION DE DICHA LEGITIMACION, NO CABE ALEGAR LA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 32.2 DE LA LOTC, PUES LA LEGITIMACION PARA RECURRIR NO ES ALGO QUE PUEDA INFERIRSE COMO UNA CONSECUENCIA INHERENTE A LA NATURALEZA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y A LA NATURALEZA ABSTRACTA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, LA LEGITIMACION DE LOS ORGANOS PUBLICOS EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, RESPONDE A LA BUSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN

LA PRODUCCION NORMATIVA Y LAS CONVENIENCIAS DE DEPURACION DEL ORDEN JURIDICO, SIN QUE PUEDA HABLARSE EN ESTOS PROCESOS DE <INDEFENSION> PUES NO SE DILUCIDAN POR ESTE CONDUCTO CONFLICTOS DE DERECHOS O INTERESES. COMO HA DICHO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESARROLLA Y PRECISA LA CONSTITUCION E INTEGRA EL ART. 162.1 DE LA MISMA CON OTRAS NORMAS DE LA MISMA RELATIVAS AL REGIMEN DE AUTONOMIA Y A SU RESPECTIVO ALCANCE.

LAS RAZONES DE CONEXION, EN RELACION AL <PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA>, AL ART. 32 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PUEDEN ENTENDERSE O QUE SE REFIERE A AQUELLAS NORMAS LEGALES DEL ESTADO QUE INCIDEN EN UN AMBITO COMPETENCIAL PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN LA MEDIDA QUE DEBE RESPETARSE UNA LOGICA CORRESPONDENCIA ENTRE LA GESTION DE LOS RESPECTIVOS INTERESES (ART. 137 DE LA CONSTITUCION) Y LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAS INSTITUIDAS PARA HACER POSIBLE DICHA GESTION, O PUEDE ENTENDERSE MAS AMPLIAMENTE ADMITIENDO LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA EL REFERIDO RECURSO CUANDO ESTE TENGA POR OBJETO NORMAS LEGALES DE DERECHO SUPLETORIO DICTADAS POR EL ESTADO SOBRE LAS MATERIAS QUE PODRIAN REGULAR. LO QUE NO ES ACEPTABLE ES RELACIONAR, COMO HACE EL PARLAMENTO VASCO, EL <PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA> CON CUALQUIER CONEXION POR LEJANA QUE SEA QUE PUEDA BASARSE BIEN EN EL FENOMENO DE ENTRECRUZAMIENTO DE NORMAS DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS TERRITORIALES, BIEN EN LA INTERACCION DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS.

EN ESTE SENTIDO, LOS EJEMPLOS DE CONEXION QUE PROPONEN LOS RECURSOS PODRIAN PROLONGARSE HASTA EL INFINITO Y JAMAS EXISTIRIAN NORMA AISLADAS, Y PERMEABLES A TODO FENOMENO DE ENTRECRUZAMIENTO O AFECTACION INDIRECTA. LA POSICION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RESPECTO DE LA LEY RECURRIDA NO REFLEJA NI SIQUIERA UNA PREVISIBLE ACTUACION NORMAL DE EJECUCION DE LA LEY IMPUGNADA Y LA RELACION DE INTERFERENCIA DE LA NORMATIVA DEL ESTADO RESPECTO A LA AUTONOMICA ES MINIMA, POR NO DECIR NULA, COMO SE COMPRUEBA EN EL EJEMPLO DE LA DISOLUCION O SUSPENSION DE PERSONAS JURIDICAS, O EN RELACION CON LA POLICIA AUTONOMA. LA DE LA LEY IMPUGNADA TRATA DE UNA MATERIA EXCLUSIVAMENTE RESERVADA AL ESTADO, SIN QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN ASUMIR NO YA FACULTADES, SINO QUE NI INCLUSO PUEDEN ORIENTAR SU AUTOGOBIERNO EN RAZON DE UNA POLITICA CONCRETA ACERCA DE ELLAS, REPRESENTANDO EL GRADO MAS INTENSO DE RESERVA EN LAS COMPETENCIAS ESTATALES, POR LO QUE POR MINIMO QUE SEA EL ALCANCE DEL LIMITE DE LEGITIMACION DEL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ES CLARO QUE COMPRENDERA FORZOSAMENTE DICHA MATERIA.

A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO HACE UNAS CONSIDERACIONES GENERICAS SOBRE EL <PLANTEAMIENTO GENERAL> DE LOS RECURSOS, QUE SEGUN EL PARTEN DE LA PREMISA EQUIVOCADA DE QUE LA LEY IMPUGNADA CONSTITUYE UN SIMPLE DESARROLLO DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, OLVIDANDO QUE EL CONTENIDO DE ESA LEY NO SE AGOTA EN EL DESARROLLO NORMATIVO DE AQUEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SINO QUE INCLUYE LA REGULACION PENAL Y PROCESAL DE DETERMINADAS FIGURAS DELICTIVAS <DESBORDANDO> EL CONTENIDO DE LA HABILITACION PREVISTA EN EL ART. 55.2. LOS RECUSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NO HAN DISTINGUIDO LO QUE ES EL AMBITO DEL ART. 55.2 Y SU DESARROLO NORMATIVO Y LO QUE ES EL AMBITO GENERAL DE LA LEY CUYO CONTENIDO SE BASA EN OTRAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES.

EL ART. 55.2 NO PRETENDE ASUMIR UNA TAREA DE TIPIFICACION DE INFRACCIONES PENALES, SINO QUE ES UNA NORMA DE ALCANCE Y SIGNIFICACION PRINCIPAL UN ENTE PROCESAL, Y SE LIMITA A REGULAR LAS POSIBILIDADES DE ACCION INVESTIGADORA, DOTANDOLAS DE UNA MAYOR EXTENSION Y DISMINUYENDO CORRELATIVAMENTE LA DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA ACCION INVESTIGADORA A LA QUE SE REFIERE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL SUPONE UNAS ACCIONES DELICTIVAS, CUYA PREVENCION O CASTIGO CONSTITUYEN PRECISAMENTE EL OBJETO DE LA INVESTIGACION. TALES ACCIONES DELICTIVAS NO LAS TIPIFICA EL CITADO PRCEPTO CONSTITUCIONAL, SINO QUE SE REMITE A LOS TIPOS PENALES LEGISLADOS, YA QUE ESTE TIPO DE DELITOS A LOS QUE AQUEL SE REFIERE SE MANIFIESTAN A TRAVES DE MULTIPLES FORMULAS DELICTIVAS IRREDUCTIBLES A UNA UNICA Y DEFINITIVA PREVISION, POR LO QUE NO CABE UNA DEFINICION UNITARIA Y UNICA DEL DELITO DE TERRORISMO, SINO UNA SERIE DE DELITOS QUE TENGAN COMO DENOMINADOR COMUN UNA UNIDAD DE FINES, QUE JUSTIFIQUE UNA UNIDAD A EFECTOS DE INVESTIGACION. LAS POSIBILIDADES DE LA ACCION INVESTIGADORA EN RELACION CON LOS HECHOS TERRORISTAS Y LA ACTUACION EN BANDAS ARMADAS COLOCA A LOS INDIVIDUOS A QUIENES LA INVESTIGACION AFECTE EN UNA SITUACION DIFERENTE DEL RESTO DE LOS CIUDADANOS, PERO ELLO NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PUES EL JUICIO DE RAZONABILIDAD YA ESTA IMPLICITO EN EL PROPIO ART. 55.2, DADA LA FINALIDAD DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD A QUE ESTE OBEDECE, ARRANCANDO LA DIFERENCIA DE SITUACIONES DE LA PROPIA CONSTITUCION.

11. EL LETRADO DEL ESTADO PROCEDE SEGUIDAMENTE AL EXAMEN CONCRETO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, DEFENDIENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODOS ELLOS:

1) EN RELACION CON EL ART. 1, LA CLAUSULA ABIERTA (QUE NO DEJA DE CONTENER UN ELEMENTO RELACIONAL CONTENIDO EN EL MISMO) ES PERFECTAMENTE COMPRENSIBLE DADAS LAS PARTICULARIDADES DEL TERRORISMO. LA APOLOGIA DEL TERRORISMO, PUEDE SER UN DELITO NO INDEPENDIENTE EN SUS MOTIVACIONES O EN SU RELACION DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS, SINO QUE TIENDE A CONSEGUIR UN EFECTO CONCERTADO EN SUS MOTIVOS Y EN SU PROYECCION ORGANIZATIVA CON LOS PROPOSITOS TERRORISTAS. POR ELLO LA LEY ENTIENDE QUE LA ACCION INVESTIGADORA SOBRE EL PUEDE MERECER LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, SIN QUE PUEDA AFIRMARSE QUE EN TODOS LOS SUPUESTOS DE APOLOGIA DEL TERRORISMO NO EXISTA PREVISION DE RELACION CON ELEMENTOS TERRORISTAS O BANDAS ARMADAS.

LA LEY NO CONVIERTE SIN MAS AL APOLOGETA DEL TERRORISMO EN UN ELEMENTO TERRORISTA, NI <PENALIZA> POR VIAS PROCESALES UNA ACTITUD DE SIMPATIA IDEOLOGIA, SINO SOLO JUZGA QUE EXISTE LA PROBABILIDAD DE UNA RELACION DE TAL ENTIDAD, QUE HACE CONVENIENTE APLICAR MEDIDAS DE INVESTIGACION. LO MISMO SUCEDE CON EL SUPUESTO DE REBELION, DELITO QUE PUEDE TENER RELACION CON LA ORGANIZACION DE BANDAS ARMADAS, YA QUE LA MAS GRAVE DE LAS ACCIONES DELICTIVAS DE ESTAS PUEDE CONSISTIR EN UNA ACCION DE REBELION.

EN CUANTO A LA REFERENCIA A LA ANALOGIA, UTILIZANDOSE EL EJEMPLO DE LOS FAMILIARES, EL PRECEPTO NO ES UNA NORMA JURIDICA PENAL EN SENTIDO PROPIO, POR CUANTO NO ASIGNA UNA PENA CONCRETA A UN DELITO CONCRETO, SINO QUE DELIMITA UNO DE LOS PRECEPTOS DETERMINANTES DE LA APLICACION DE LA LEY, QUE TIENE UN SIGNIFICADO AUTONOMO Y DISTINTOS A CUALQUIER FUNCION TIPIFICADORA, DE AHI QUE EL GRADO DE PRECISION RESPECTO A LOS FAMILIARES EN CASO DE ATENTADO NO SEA AQUI EXIGIBLE. LA FUNCION DEL ART. 1.2 NO CONSISTE EN TIPIFICAR NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS, SINO EN DESCRIBIR LOS TIPOS DE DELITOS QUE PERMITE LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS DE ADOPCION PROCESAL, POR LO QUE NO CABE TRAER A COLACION REGLAS O PRINCIPIOS DEL ORDEN SUSTANTIVO PENAL. LA FUNCION DE LA RELACION DE DELITO DEL SEGUNDO APARTADO DEL PRECEPTO, ES LA DE INTEGRAR UNA DE LAS CONDICIONES DE APLICACION DE UN EFECTO DE CARACTER PROCESAL, LO QUE LA LEY HACE CON LA MAXIMA PRECISION POSIBLE EN RELACION CON EL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE <ACTO TERRORISTA> O <BANDAS ARMADAS>, Y ANTE LA DIFICULTAD DE RECONDUCIR A UNA FORMULA PRECISA LOS SUPUESTOS O FORMAS DE PRODUCCION DE AQUELLOS ACTOS, EL LEGISLADOR LO HA HECHO POR VIA ENUMERATIVA.

2.) EL ART. 2.3 QUE ASIMILA LAS CONDENAS DE LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS A LAS DE LOS ESPAÑOLES A EFECTOS DE APRECIAR LA REINCIDENCIA, NO ES NINGUNA NOVEDAD Y TIENE IMPORTANTES PRECEDENTES TANTO EN EL CODIGO PENAL COMO EN LAS LEYES PENALES ESPECIALES. LA UTILIZACION DE LA EXPRESION <DELITOS DE IGUAL ENTIDAD> NO SUPONE LA APLICACION DE LA ANALOGIA, SINO UN JUICIO ANALOGICO (EN EL ESTRICTO SENTIDO DE LA PALABRA) QUE ES PRECISO ADOPTAR INVARIABLEMENTE EN LA APRECIACION DE LA CIRCUNSTANCIA DE REINCIDENCIA, QUE REQUIERE UNA OPERACION INTELECTUAL RELATIVA AL JUICIO DE SIMILITUD, LO QUE EXIGE UNA TAREA DE CLARIFICACION Y ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL HECHO POR EL CUAL SE PROCEDE Y OTRO SANCIONADO POR UN TRIBUNAL EXTRANJERO. NO HAY NINGUNA EXTENSION ANALOGICA, SINO UNA PREVISION LEGAL QUE IDENTIFICA EL AGRAVANTE DE REITERACION EN FUNCION DE UN HECHO PERFECTAMENTE TIPIFICADO. LA OBJECION RELATIVA AL RIESGO DE FALTA DE GARANTIAS PROCESALES EN EL PAIS EXTRANJERO NO ES ACEPTABLE, YA QUE SE TRATA DE UN PROBLEMA DE <ORDEN PUBLICO> EN EL SENTIDO DEL ART. 12.3 DEL CODIGO CIVIL, Y SI LA LEY EXTRANJERA APLICABLE FUERA CONTRARIA AL REFERIDO ORDEN, NO TENDRIA APLICACION EN ESPAÑA, SEGUN DICHO PRECEPTO, HABIENDO DE ENTENDERSE QUE LA LESION DE LOS DERECHOS MINIMOS DE DEFENSA EN EL PROCESO, CONSAGRADOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, ATENTARIA NORMALMENTE A DICHO ORDEN.

3.) LOS ARTS. 5 Y 20 DE LA LEY ORGANICA NO SON CONTRARIOS AL ART. 22 DE LA CONSTITUCION PUES EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ALUDE AL PURO HECHO DE DESPLEGAR UNA ACTIVIDAD ILICITA CON INDEPENDENCIA DE QUE ADEMAS SE REALICEN OTRAS ACTIVIDADES LICITAS EN EL EMPLEO DE MEDIOS O EN LA CONSECUCION DE FINES, PUESTO QUE NORMALMENTE LA ASOCIACION TENDRA UNA COBERTURA DE LICITUD, POR LO QUE, COMO HA AFIRMADO LA DOCTRINA, NO IMPORTA QUE SE TRATE DE UNA ILICITUD INICIAL O FINAL, ABIERTA O ENCUBIERTA, PRINCIPAL O ACCESORIA, PERMANENTE O ACCIDENTAL. LA LEY ESTABLECE EN UN GRADO PRECISO Y SUFICIENTE LA VINCULACION ENTRE LA CONDUCTA DE CIERTAS PERSONAS FISICAS Y LA ORGANIZACION EN GENERAL. EL ART. 20 DE LA LEY ES CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION EN SU PARRAFO CUARTO PREVE TANTO LA DISOLUCION COMO LA SUSPENSION DE LAS ASOCIACIONES, Y ESTA SUSPENSION HABRA DE CONSISTIR EN UNA MEDIDA PROVISIONAL, PARA LO QUE LA CONSTITUCION SOLO PREVE UNA RESOLUCION JUDICIAL MOTIVADA, LO QUE INCLUYE TAMBIEN, MEDIDAS JUDICIALES NO DEFINITIVAS, PURAMENTE PROVISIONAL DE CARACTER PRECAUTORIO.

4.) SOBRE EL ART. 11, AFIRMA QUE EL ESTATUTO VASCO SOLO GARANTIZA QUE EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD SE AGOTEN TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES DENTRO DEL ORDEN PENAL, PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE TALES TRIBUNALES HAYAN DE ASUMIR TODAS LAS COMPETENCIAS EN EL ORDEN PENAL POR RAZON DE CUALQUIER TIPO DE DELITOS. ADEMAS NI LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION NI LA AUDIENCIA NACIONAL, REPRESENTAN UN GRADO DE INSTANCIA DIFERENTE DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES O TERRITORIALES, PUES SOLO DIFIEREN DE ESTAS EN LA COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 20 DE JULIO DE 1981 HA AFIRMADO QUE EL ART. 14.1 B) DEL ESTATUTO SE LIMITA A FIJAR LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PAIS VASCO, PERO NO SUPONE QUE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA TENGAN QUE ASUMIR TODAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA PENAL, DE FORMA QUE CUANDO RAZONES INSTITUCIONALES LO JUSTIFIQUEN PUEDE RESIDENCIARSE EL CONOCIMIENTO EN UN ORGANO CENTRAL, AUNQUE EL ASUNTO COMPRENDA PUNTOS DE CONEXION CON EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD. LA OBJECION RELATIVA A LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL, SE ARGUMENTA SOBRE LA <COMPLICACION> QUE PUEDE SUPONER EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL MAS LEJANA, PERO LA COMPLEJIDAD DE UN TRAMITE DETERMINADO NO PUEDE INFLUIR EN LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA.

5.) SE SOSTIENE QUE EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 RESPETA LA GARANTIA DE LA INTERVENCION JUDICIAL, PREVISTA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PERMITE LA SUSPENSION DEL REGIMEN PREVISTO EN EL ART. 17 DE LA CONSTITUCION. LA COMUNICACION QUE, AL AMPARO DEL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, HA DE EFECTUARSE TIENE EL MISMO SIGNIFICADO QUE <LA PUESTA A DISPOSICION>, TODA VEZ QUE EL JUEZ SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE LLAMADO A AUTORIZAR O DENEGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCION SOBRE LA DISPOSICION DE LA SITUACION PERSONAL DEL DETENIDO, LA AUTORIZACION PREVISTA. NO SE TRATA DE UNA MERA RECEPCION DE COMUNICACIONES, SINO DE UNA ACTUACION JUDICIAL DECISORIA PARA LA LIBERTAD DEL DETENIDO, SIN QUE EL PRECEPTO POR SI MISMO LIMITE EN MODO ALGUNO LOS MEDIOS DE CONOCIMIENTO JUDICIAL. EL QUE PUEDA HABER UN BREVE LAPSO EN EL QUE PASADAS LAS SETENTA Y DOS HORAS EL JUEZ NO SE HAYA AUN PRONUNCIADO, ELLO NO ES SINO UNA MERA POSIBILIDAD QUE DEPENDE DE LA DILIGENCIA DE ACTUACION DEL PROPIO JUEZ, PUES LA COMUNICACION ADMINISTRATIVA HA DE PRODUCIRSE PRECISAMENTE DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS HORAS.

6.) EN RELACION CON LA INCOMUNICACION PREVISTA EN EL ART. 15 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, LAS ARGUMENTACIONES SE DIRIGEN NO TANTO CONTRA DICHO ARTICULO, SINO CONTRA EL ART. 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL QUE QUEDA AL MARGEN DE TODA POSIBLE CONSIDERACION Y ENJUICIAMIENTO EN EL PRESENTE RECURSO, DE ACUERDO AL NECESARIO AJUSTE ENTRE LA IMPUGNACION Y EL CONTENIDO DE LA DISPOSICION IMPUGNADA, COMO EXIGE LA SENTENCIA 24/1982, DE 13 DE MAYO. EL CONTENIDO NORMATIVO DEL PRECEPTO SOLO POSIBILITA QUE LA AUTORIDAD QUE DECRETA LA DETENCION PUEDA ACORDAR LA INCOMUNICACION, LO CUAL NO ES SINO REPETICION DE LO QUE YA ESTABLECIA EL ART. 3.3 DE LA LEY ORGANICA 11/1980, DE 1 DE DICIEMBRE, POR LO QUE NO SE TRATA DE UNA NORMA NUEVA, SINO UNA PURA REFUNDICION O TRASVASE DE LA NORMA ANTERIOR, LO QUE DEBE LLEVAR A LA INIMPUGNABILIDAD DEL PRECEPTO POR LA VIA DEL RECURSO, YA CONTENIDO EN UNA NORMA ANTERIOR NO ANULADA Y OBJETO DE IDENTICA IMPUGNACION POR EL GOBIERNO VASCO. EN TODO CASO LA INCOMUNICACION ES UNA PURA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, VALIDA Y CONSTITUCIONALMENTE CONFORME SI ES ADOPTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, Y NO LO ES MENOS SI EL LEGISLADOR LA CONFIA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO ESTA PUEDE LEGITIMAMENTE ACORDAR LA SUSPENSION. LA LIBERTAD ADMITE VARIAS FORMAS DE RESTRICCION, POR LO QUE LA INCOMUNICACION ES UNA FORMA DE PRIVACION DE LIBERTAD AMPARABLE EN EL ART. 17.1 DE LA CONSTITUCION.

EN RELACION EL DERECHO A LA ASISTENCIA DE ABOGADO DEL DETENIDO, QUE PUEDA SER IMPEDIDO POR LA INCOMUNICACION, SE TRATA DE UN DERECHO CONCEDIDO EN LOS TERMINOS QUE LA LEY ESTABLEZCA. LAS DEMANDAS EN REALIDAD FORMULAN OBJECIONES A LA DEFINICION DE LA INCOMUNICACION EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, MATERIA AJENA COMPLETAMENTE AL PRESENTE RECURSO.

7.) LA IMPUGNACION DEL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SE HA REALIZADO POR ENTENDERSE EN AMBAS DEMANDAS QUE UNA INTERPRETACION SISTEMATICA DEL CONJUNTO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEBERIA LLEVAR A QUE LA INTERVENCION JUDICIAL PARA EL CASO DE ENTRADA POR REGISTRO DOMICILIARIO DEBERIA SER PREVIA A DICHAS MEDIDAS DE INVESTIGACION. SIN EMBARGO, SI ESA INTERVENCION JUDICIAL HUBIERA DE SER PREVIA Y CONSISTENTE EN UN ACTO AUTORIZATIVO NO HABRIA DIFERENCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 18 DE LA CONSTITUCION, SIENDO ASI QUE LOS PRECEPTOS REGULAN UN DERECHO CONSTITUCIONAL SUSPENDIDO; DE AHI QUE LA INTERVENCION JUDICIAL SE PRODUZCA A POSTERIORI , EN CUYO MOMENTO EL JUEZ PODRA CONOCER LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL REGISTRO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EN CUANTO AL ART. 17.2 DE LA LEY, QUE REQUIERE PARA SU REALIZACION LA COMUNICACION ESCRITA Y MOTIVADA AL JUEZ PARA SU RATIFICACION O REVOCACION, TAMBIEN HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LA MEDIDA SE CORRESPONDE CON UNA SITUACION LEGAL DE SUSPENSION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS QUE LA INTERVENCION PREVIA DEL JUEZ IMPLICARIA EL VACIAMIENTO DEL SIGNIFICADO DEL ART. 55.2.

8) EL ART. 19.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 ES DEFENDIDO SOBRE LA BASE DE QUE EL LEGISLADOR DISPONE DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACION PARA DETERMINAR QUE RESOLUCIONES SON RECURRIBLES Y SOBRE CUAL ES LA EFICACIA SUSPENSIVA DE LOS RECURSOS RESPECTO A LAS SENTENCIAS O RESOLUCIONES NO FIRMES, POR LO QUE NO EXISTE LESION DE LOS ARTS. 117.3 Y 118 DE LA CONSTITUCION. NO CABE ALEGAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES, EN CUANTO QUE EL ELEMENTO DE COMPARACION SERIA OTRA PARTE ACUSADORA, ACTUANDO EL PRECEPTO EN FAVOR DEL ACUSADO, QUIEN NO SE VE EXPUESTO A UN RECURSO DE UNA PARTE ACUSADORA CON EFECTOS SUSPENSIVOS.

9) DEFIENDE LA COMPATIBILIDAD DEL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 CON EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, POR TRATARSE DE UN ATIPICA MEDIDA PRECAUTORIA COMUN EN LA ORDENACION DEL PROCESO PENAL QUE TIENDE AL ASEGURAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMISION DE UN DELITO Y A LA EVITACION DE SU REITERACION. ES UN LIMITE INHERENTE A LA PROPIA EXTENSION DE LA NATURALEZA DEL DERECHO, SIN QUE AFECTE AL CONTENIDO ESENCIAL DEL MISMO, PUES ESTE NO PUEDE DESARROLLARSE A COSTA DE INVADIR UNA ESFERA PROTEGIDA POR NORMAS DE CARACTER PENAL. NO SIRVE EL ARGUMENTO DE MAYOR O MENOR EN RELACION CON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ART. 55.1, PUES EL CIERRE PROVISIONAL, A DIFERENCIA DEL SECUESTRO, NO ENTRAÑA UNA MEDIDA DE DESAPODERAMIENTO. NI PUEDE AFIRMARSE QUE SE SUSTITUYA LA ACTUACION DECISORIA DEL JUEZ POR LA DEL FISCAL, YA QUE EL PRECEPTO SE LIMITA A ORDENAR UNAS MEDIDAS PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO, QUE HAN DE IR, EN TODO CASO, PRECEDIDAS DE LA ADMISION DE UNA QUERELLA PRESENTADA POR EL MINISTERIO FISCAL, Y ADEMAS EL JUEZ PUEDE LEVANTARLA EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS, LO QUE TAMBIEN PERMITE QUE LA MEDIDA SEA INMEDIATA AL AUTO DE ADMISION DE LA QUERELLA, NO LLEGANDO A SUFRIR EFECTOS LA MEDIDA DE CIERRE.

10) LA IMPUGNACION DEL ART. 22.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SE FUNDA, EN PRIMER LUGAR, EN LA SUPUESTA VIOLACION DE LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS ORDENADORES DE UN FUERO ESPECIAL PARA LOS MIEMBROS DE LOS PARLAMENTOS O GOBIERNOS AUTONOMICOS, PERO EL ART. 22.1 DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA PARTE PRECISAMENTE COMO PRESUPUESTO DE HECHO DE LA EXISTENCIA DE UN AUTO DE PROCESAMIENTO, PRESUPUESTO NO AFECTADO POR LA NORMA EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE LAS CONDICIONES PROCESALES Y SUSTANTIVAS EXIGIBLES PARA QUE TAL AUTO PUEDA SER DICTADO Y, POR ELLO, EL FUERO ESPECIAL DE LOS PARLAMENTARIOS O MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMICOS NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR ESTA NORMA. LOS MIEMBROS DE LOS PARLAMENTOS AUTONOMICOS NO GOZAN DE LA INMUNIDAD QUE LA CONSTITUCION RECONOCE PARA LOS DIPUTADOS Y SENADORES DE LAS CORTES GENERALES Y NO RECOGEN LA NECESIDAD DE SUPLICATORIO. SIN EMBARGO, LA LEY IMPUGNADA NO AFECTA A LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE ESTABLECEN UN <FUERO ESPECIAL> PARA LOS PARLAMENTARIOS O MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTONOMICO. LA SEGUNDA OBJECION QUE SE HACE FRENTE A ESTE PRECEPTO ES LA DE VIOLACION DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEL DERECHO A PERMANECER EN UN CARGO PUBLICO. SIN EMBARGO, EL DERECHO A PERMANECER EN UN CARGO PUBLICO ELECTIVO NO ES UN DERECHO ILIMITADO, Y LA SUSPENSION DE CARGO PUBLICO ES UNA MEDIDA QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS LOGICAS DE LA ORDENACION DEL PROCESO PENAL Y DEL DERECHO PARLAMENTARIO, AL TENDER AL ASEGURAMIENTO DEL CULPABLE Y A LA ELIMINACION DE LOS OBSTACULOS LEGALES QUE CONDICIONAN LA PERSEGUIBILIDAD. ELLO NO SUPONE TAMPOCO VIOLACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA QUE SE PROYECTA SOBRE LA RESOLUCION FINAL DEL PROCESO Y NO PUEDE TENER VIRTUALIDAD ELIMINATORIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O ASEGURADORAS EN EL PROCESO PENAL, PORQUE, EN OTRO CASO, NO SERIA POSIBLE EL PROCESO MISMO. LA FINALIDAD AVERIGUATORIA A LA QUE RESPONDE TODO EL ARTICULADO DE LA LEY RECURRIDA, PUEDE REQUERIR MEDIDAS MAS INTENSAS, PUES LAS FIGURAS DELICTIVAS QUE CONTEMPLA SON MAS GRAVES Y RESPONDEN EN SU COMISION A ESQUEMAS ORGANIZATIVOS MAS COMPLEJOS.

12. POR PROVIDENCIA DE 9 DE DICIEMBRE DE 1987 SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1987.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. RESULTA NECESARIO EXAMINAR, CON CARACTER PREVIO, EL PROBLEMA DE LA LEGITIMACION, PARA INTERPONER LOS PRESENTES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALADAD, DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE CATALUÑA Y DEL PAIS VASCO, LEGITIMACION QUE RECHAZA EL LETRADO DEL ESTADO, FORMULANDO ASI UNA EXCEPCION DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO SOBRE LA QUE DEBEMOS PRONUNCIARNOS DE ANTEMANO, PUES DE FALTAR ESA LEGITIMACION EL RECURSO HABRIA DE RECHAZARSE SIN ENTRAR A CONOCER DEL FONDO DEL ASUNTO.

EL LETRADO DEL ESTADO FUNDA SU ALEGATO, EN SUSTANCIA, EN UNA DOBLE ARGUMENTACION. EN PRIMER LUGAR PARTE DE LA, A SU JUICIO, OBLIGADA APLICACION AL PRESENTE CASO DE LA DOCTRINA Y DE LA SOLUCION ADOPTADA POR ESTE TRIBUNAL EN LA SENTENCIA 25/1981, DE 14 DE JULIO, RELATIVA A LA IMPUGNACION POR EL PARLAMENTO VASCO DE LA LEY ORGANICA 11/1980, DE 1 DE DICIEMBRE, LA CUAL PRESENTA UNA FUNDAMENTAL AFINIDAD, TANTO EN SU FINALIDAD COMO EN SU CONTENIDO, CON LA LEY ORGANICA 9/1984, AHORA RECURRIDA. PARA EL LETRADO DEL ESTADO AQUELLA DECISION JURISPRUDENCIAL PREDETERMINA, POR SU INMUTABILIDAD, EL FALLO EN EL ASUNTO DE QUE TRATAMOS, CUANDO NO PRECLUYE EL REEXAMEN DE LA EXISTENCIA O NO DE LEGITIMACION PARA RECURRIR, EN VIRTUD DEL EFECTO DE COSA JUZGADA. EN SEGUNDO TERMINO, FALTARIA ESA LEGITIMACION AL NO DARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE SOLO PERMITE A LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA IMPUGNACION DE LEYES DEL ESTADO <QUE PUEDAN AFECTAR A SU AMBITO DE AUTONOMIA>, AMBITO ESTE QUE HA DE ENTENDERSE COINCIDENTE CON EL DE COMPETENCIAS PROPIAS DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE SE CORRESPONDEN LOGICAMENTE CON EL CIRCULO DE LOS INTERESES PROPIOS DE LAS MISMAS, A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 137 DE LA CONSTITUCION.

EL PRIMERO DE ESTOS ARGUMENTOS NO PUEDE SER ACEPTADO. EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA COSA JUZGADA MATERIAL NO OPERA CUANDO NO SE RESUELVE SOBRE LA PRETENSION DE FONDO. A ELLO HABRIA DE AÑADIRSE EL QUE LA LEY ORGANICA AQUI IMPUGNADA NO REPRODUCE CON EXACTITUD DE IDENTIDAD LA REGULACION CONTENIDA EN LA LEY ORGANICA 11/1980, SINO QUE INTRODUCE INNOVACIONES SIGNIFICATIVAS SUFICIENTES COMO PARA PODER DECIR QUE NO EXISTE LA IDENTIDAD DE OBJETO DE LA QUE PUDIERA DEDUCIRSE, EN SU CASO, LA POSIBILIDAD DE APLICACION DE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA. FINALMENTE, PORQUE LOS PUNTOS DE CONEXION PARA JUSTIFICAR LA AFECTACION AL PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA DE LA LEY ESTATAL QUE AHORA ALEGAN LOS CUERPOS LEGISLATIVOS IMPUGNANTES NO SON LOS QUE SE ALEGARON ENTONCES Y QUE ESTE TRIBUNAL RECHAZO PARA ACEPTAR TAL LEGITIMIDAD.

POR OTRA PARTE, Y AL MARGEN DE QUE LA VINCULACION DE ESTE TRIBUNAL A LA DOCTRINA ESTABLECIDA EN SUS ANTERIORES DECISIONES, POR IMPORTANTE QUE SEA, NO PUEDE PRODUCIR EL EFECTO DE INVARIABILIDAD O INMUTABILIDAD JURISPRUDENCIAL QUE EL LETRADO DEL ESTADO PRETENDE, LO CIERTO ES QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS SE HA PRODUCIDO UNA EVOLUCION NOTORIA EN CUANTO AL EJERCICIO EFECTIVO Y EL DESARROLLO NORMATIVO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE INCIDE DE MANERA RELEVANTE EN LA INTERPRETACION DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN SU LEGITIMACION PARA INTERPONER RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y QUE HA TENIDO REFLEJO EN NUESTRA JURISPRUDENCIA.

ASI, POR LO QUE SE REFIERE A LA INTERPRETACION DEL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YA HEMOS DECLARADO PRECEDENTEMENTE QUE DICHA CONCRECION NO PUEDE PRODUCIR UNA REDUCCION DE LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE NO ESTE JUSTIFICADA POR EL TEXTO DEL PROPIO PRECEPTO LEGAL NI POR OTRAS CONSIDERACIONES (STC 26/1987, DE 27 DE FEBRERO). POR ELLO, FRENTE A LA INTERPRETACION RESTRICTIVA QUE AHORA SOSTIENE EL LETRADO DEL ESTADO, ESTE TRIBUNAL VIENE ENTENDIENDO, DESDE LA STC 84/1982, DE 23 DE DICIEMBRE, QUE LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INTERPONER RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES DEL ESTADO <SE EXTIENDE OBJETIVAMENTE AL AMBITO DE SUS INTERESES PECULIARES QUE, EVIDENTEMENTE, SE VEN AFECTADOS POR LA REGULACION ESTATAL DE UNA MATERIA ACERCA DE LA CUAL TAMBIEN LA COMUNIDAD AUTONOMA EN CUESTION DISPONE DE COMPETENCIAS PROPIAS, AUNQUE DISTINTAS DE LAS DEL ESTADO. EL HAZ DE COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, PLASMACION POSITIVA DE SU AMBITO PROPIO DE AUTONOMIA ES, SIMPLEMENTE, EL LUGAR EN DONDE HA DE SITUARSE EL PUNTO DE CONEXION ENTRE EL INTERES DE LA COMUNIDAD Y LA ACCION QUE SE INTENTA, PERO EL OBJETIVO QUE ESTA PERSIGUE, LA PRETENSION A QUE DA LUGAR NO ES LA PRESERVACION O DELIMITACION DEL PROPIO AMBITO COMPETENCIAL, SINO LA DEPURACION OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO MEDIANTE LA INVALIDACION DE LA NORMA INCONSTITUCIONAL>. ESTA MISMA DOCTRINA HA SIDO DESPUES APLICADA REITERADAMENTE EN OTRAS DECISIONES DE ESTE TRIBUNAL (SSTC 63/1986, DE 21 DE MAYO; 99/1986, DE 11 DE JULIO; 26/1987, DE 27 DE FEBRERO, Y 74/1987, DE 25 DE MAYO), EN LAS QUE SE SEÑALA QUE <NO CABE CONFUNDIR CON EL CONJUNTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD RECURRENTE> AQUELLA AFECTACION A QUE ALUDE EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

DE ACUERDO, PUES, CON ESTA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ESTA AL SERVICIO DE LA REIVINDICACION DE UNA COMPETENCIA VIOLADA, SINO DE LA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, Y EN ESTE SENTIDO, DICHA LEGITIMACION SE EXTIENDE A TODOS AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE EXISTA UN PUNTO DE CONEXION MATERIAL ENTRE LA LEY ESTATAL Y EL AMBITO COMPETENCIAL AUTONOMICO, LO CUAL, A SU VEZ, NO PUEDE SER INTERPRETADO RESTRICTIVAMENTE TANTO POR EL PROPIO INTERES EN LA CONSTITUCIONALIDAD QUE PRIMA A LA HORA DE HABILITAR LA ACCION FRENTE A LAS LEYES ESTATALES, COMO POR EL HECHO DE QUE EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTIENE UNA PRECISION SOBRE EL ALCANCE DE LA LEGITIMACION PARA LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A LEYES ESTATALES QUE ESTABLECE EL ART. 162.1 DE LA CONSTITUCION. POR ELLO, LA EXIGENCIA ESPECIFICA DE POSIBLE AFECTACION <A SU PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA> NO PUEDE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRICTIVA, SINO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DE LA LEGITIMACION.

EN DEFINITIVA, LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE RECURRE CONTRA UNA LEY DEL ESTADO, ESTA LEGITIMADA PARA ACTUAR NO SOLO EN DEFENSA DE SU PROPIA COMPETENCIA EN LA MATERIA, SINO TAMBIEN PARA LA DEPURACION OBJETIVA DEL ORDEN JURIDICO QUE REGULA, EN LA MEDIDA EN QUE EL EJERCICIO O DESPLIEGUE DE LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN PUEDA VERSE AFECTADO COMO TEXTUALMENTE DISPONE EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL POR LA NORMA RECURRIDA.

UNA VEZ DELIMITADO, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL ALCANCE DE LA LEGITIMACION DE LOS PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A LEYES DEL ESTADO, REGULADA POR LOS ART. 162.1 A) DE LA CONSTITUCION Y 32.

2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DEBE PROCEDERSE A DETERMINAR SI SON ACEPTABLES LOS PUNTOS DE CONEXION QUE LOS RECURRENTES ADUCEN ENTRE LO QUE DISPONE LA LEY ORGANICA 9/1984 Y ALGUNA DE LAS MATERIAS COMPRENDIDAS EN EL CAMPO DE ACTUACION AUTONOMICA DE CATALUÑA Y EL PAIS VASCO DE LOS QUE PUEDA DEDUCIRSE UN INTERES ESPECIFICO DE SUS CORRESPONDIENTES PARLAMENTOS PARA RECURRIR ESTA LEY.

AMBOS RECURRENTES ADUCEN EN PRIMER LUGAR Y SOBRE TODO LA PREFIGURACION EN SUS ESTATUTOS RESPECTIVOS DE LA CREACION DE UNA POLICIA AUTONOMICA EN CADA UNA DE LAS DOS COMUNIDADES, POLICIA QUE, ENTIENDEN, NO PUEDE SER AJENA A LA PREVENCION Y REPRESION DEL TERRORISMO Y SUS EFECTOS, OBJETIVO Y OBJETO DE LA LEY IMPUGNADA. ESTA CONEXION NO PUEDE NEGARSE. EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA MISMA LEY IMPUGNADA, DENTRO DE LOS BIENES JURIDICOS QUE TRATA DE TUTELAR INCLUYE TAMBIEN LAS <POLICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS> ART. 1.2 D).

ADEMAS, LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, RECONOCE EN SU ART. 1.2 LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA, AUNQUE ESTA SEA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, Y ESTABLECE EN SU ART. 3 UN PRINCIPIO DE <COOPERACION RECIPROCA> Y <COORDINACION> ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN CLARAMENTE, SEGUN EL ART. 2 B) DE LA MISMA LEY, LOS CUERPOS DE POLICIA DEPENDIENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN EL MISMO SENTIDO, EL ART. 29.2 RECONOCE <CARACTER COLABORADOR DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, AL PERSONAL DE POLICIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS> PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL. ES TAMBIEN FUNCION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS <LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE PERSONAS, ORGANOS, EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DE SUS ENTES INSTRUMENTALES... Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE SUS SERVICIOS>, VIGILANCIA Y PROTECCION QUE NO PUEDE NEGARSE QUE INCIDA TAMBIEN EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCION DEL TERRORISMO.

CABE RECORDAR, FINALMENTE, LA STC 74/1987, DE 25 DE MAYO, QUE HA RECONOCIDO LA LEGITIMACION DEL GOBIERNO VASCO EN RELACION CON LA IMPUGNACION DE LAS NORMAS LEGALES SOBRE ASISTENCIA LETRADA A DETENIDOS Y PRESOS, POR CUANTO LAS MISMAS DEBEN SER APLICADAS TAMBIEN POR LA POLICIA AUTONOMICA VASCA. EN CONSECUENCIA, EL PUNTO DE CONEXION ALEGADO RESULTA SUFICIENTE PARA RECONOCER LA AFECTACION AL PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y EUSKADI DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE.

A ELLO CABRIA AÑADIR EL QUE DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY RECURRIDA AFECTAN TAMBIEN A MATERIAS SOBRE LAS QUE LAS COMUNIDADES RECURRENTES HAN ASUMIDO ASIMISMO COMPETENCIAS; ASI OCURRE CON EL ART. 22, CUYO OBJETO ES ESTABLECER UNA SUSPENSION AUTONOMICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION O CARGO PUBLICO DE CUALQUIER PERSONA PROCESADA POR UN DELITO COMPRENDIDO EN LA LEY ORGANICA, PRECEPTO QUE AFECTA A LOS CARGOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, A LOS MIEMBROS DE SUS PARLAMENTOS, Y TAMBIEN AL RESTO DE SUS FUNCIONARIOS, POR LO QUE AFECTA A LA ORGANIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO Y A LA FUNCION PUBLICA DE CATALUÑA Y EUSKADI. LA EXISTENCIA DE ESTOS CLAROS PUNTOS DE CONEXION HACE INNECESARIO ENTRAR EN OTROS, TAMBIEN ALEGADOS POR LOS RECURRENTES, RESPECTO DE LOS CUALES LA AFECTACION AUTONOMICA DE LAS NORMAS RECURRIDAS PODRIA SER MAS INDIRECTA Y DUDOSA.

POR TODO ELLO, Y DE ACUERDO CON LA CITADA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y EL DESARROLLO ACTUAL DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SE HA DE RECONOCER LA LEGITIMACION DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA Y DEL PARLAMENTO VASCO PARA INTERPONER LOS PRESENTES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, POR CUANTO ESTA PUEDE AFECTAR AL AMBITO DE AUTONOMIA DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EN EL SENTIDO QUE ESTABLECE EL ART. 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. HA DE RECHAZARSE, EN CONSECUENCIA, LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION FORMULADA POR EL LETRADO DEL ESTADO.

2. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA IMPUGA LA LEY ORGANICA 9/1984 EN SU TOTALIDAD, POR ESTIMAR QUE EXTIENDE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION A UNOS SUPUESTOS NO INCLUIDOS EN EL MISMO, COMO SON LOS DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LOS DELITOS DE REBELION Y LA APOLOGIA DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN LA MISMA.

EL PARLAMENTO VASCO NO HA CUESTIONADO DIRECTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODA LEY, PERO EN UN EPIGRAFE INICIAL (<PLANTEAMIENTO GENERAL>) SOSTIENE QUE LA LEY ORGANICA 9/1984 ESTA FUNDAMENTADA EN UNAS BASES QUE RESULTAN CONTRADICTORIAS CON PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN INFORMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, Y ELLO POR CONTRADECIR SU AMBITO DE APLICACION EL ART.

55.2 DE LA CONSTITUCION (AL INCLUIR LA APOLOGIA DEL TERRORISMO Y LA REBELION); POR UTILIZAR UNA TECNICA DE TIPIFICACION DELICTIVA INDETERMINADA Y FALTA DE CERTEZA; POR SER CONTRARIA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD AL ESTABLECER RESTRICCIONES ADICIONALES A LA LIBERTAD RESPECTO A UN GRUPO DE PERSONAS; Y POR NO GARANTIZAR LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL REQUERIDA EN EL ART.

55.2 DE LA CONSTITUCION. DE TODO ELLO DEDUCE QUE RESULTARIAN INSCONSTITUCIONALES LOS <ASPECTOS FUNDAMENTALES> DE LA LEY ORGANICA 9/1984 <SIN PERJUICIO DE QUE, A CONTINUACION, SE ESPECIFIQUEN LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, INDIVIDUALMENTE, DE DISTINTOS ARTICULOS DE LA LEY>. SIN EMBARGO, EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, COMO SE DEDUCE DEL PROPIO SUPLICO, SE DIRIGE SOLO CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE AQUELLA.

DE ESTE MODO EL PARLAMENTO DE CATALUÑA DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEY, PERO SOLO LA ARGUMENTA EN RELACION A UNOS MUY CONCRETOS PRECEPTOS DE LA MISMA (LOS ARTS. 13, 16 Y 17.2 EN RELACION CON EL ART. 1), MIENTRAS QUE EL PARLAMENTO VASCO, AUNQUE FORMULA UNA DETENIDA ARGUMENTACION SOBRE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE <AMPLIOS ASPECTOS> DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, HA LIMITADO SUS PRETENSIONES IMPUGNATORIAS SOLAMENTE A ALGUNOS CONCRETOS ARTICULOS. ESTE CONTRASTE DE POSICIONES REFLEJA YA LA DIFICULTAD DE IMPUGNACION, POR MOTIVOS SUSTANCIALES, DE LA TOTALIDAD DE UNA LEY QUE CONTIENE UNA TAN COMPLEJA Y VARIADA REGULACION. PUES SOLO PODRIA LLEGARSE A DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DE LA LEY SI LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE DETERMINADOS PRECEPTOS LLEVARA EN SU CASO, POR CONEXION, A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LA LEY, O SI EL RESTO VALIDO DE ESTA CARECIERA TOTALMENTE DE SENTIDO Y DE POSIBILIDAD DE APLICACION AISLADA.

EN LOS PRESENTES RECURSOS LOS ARGUMENTOS ALEGADOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY SOLO PODRIAN SERVIR, EN SU CASO, PARA SOSTENER LA INVALIDEZ DE DETERMINADAS DISPOSICIONES DE ELLA SOBRE LAS QUE LUEGO SE SOLICITA TAMBIEN EN CONCRETO SU INVALIDEZ, PERO CUYA NULIDAD NO SUPONDRIA EN NINGUN CASO LA ANULACION DEL RESTO DE LA LEY. NO EXISTE ASI UNA CONGRUENCIA ENTRE LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS Y EL CONTENIDO DE LA PRETENSION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY. POR TANTO, NO DEBEMOS DETENERNOS AHORA EN EL EXAMEN DE ESAS ALEGACIONES, QUE, DE ACEPTARSE, NO PODRIA LLEVAR EN NINGUN CASO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEY. POR ELLO TALES ALEGATOS HABRAN DE EXAMINARSE EN EL MOMENTO DE ANALIZAR LA IMPUGNACION DE ESOS CONCRETOS PRECEPTOS. PESE A LA PRETENSION FORMAL DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, NO EXISTE, EN REALIDAD, UNA ARGUMENTACION QUE SIRVA DE BASE A LA IMPUGNACION DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, PRETENSION QUE PUEDE RECHAZARSE ASI SIN NECESIDAD DE UN MAYOR ANALISIS.

SIN EMBARGO, ALGUNOS TEMAS NO REFERIDOS A PRECEPTOS CONCRETOS DE LA LEY Y QUE SE REITERAN EN ESTAS ARGUMENTACIONES PREVIAS O GENERALES DE LOS RECURSOS DEBEN SER ACLARADOS EN ESTE MOMENTO.

EL PRIMERO DE ELLOS, SUSCITADO SOLO POR EL PARLAMENTO VASCO, ES EL PROBLEMA RELATIVO A LA POSIBLE CONTRADICCION DE LA LEY CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

EN SINTESIS, EL ARGUMENTO CONSISTE EN AFIRMAR QUE LA LEY IMPUGNADA SUPONE UNA QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD AL CREAR UN AUTENTICO DERECHO ESPECIAL EN LA LINEA DEL <PRIVILEGIO NEGATIVO> PARA <DETERMINADOS CIUDADANOS>, QUE QUEDAN SOMETIDOS A UN TRATO NEGATIVAMENTE <PRIVILEGIADO>, ES DECIR DISCRIMINATORIO, EN EL TRATAMIENTO JURISDICCIONAL DE SU CONDUCTA O ACTIVIDADES Y TAMBIEN EN LA APLICACION DE RESTRICCIONES ESPECIALES EN EL EJERCICIO DE DERECHOS NO SUSPENDIDOS EN EL CASO DE DETENCION. ESTAS RESTRICCIONES DE DERECHOS TENDRIAN LUGAR, ADEMAS, POR LA MERA SOSPECHA DE CIERTOS DELITOS, AFECTANDO A CIUDADANOS QUE GOZAN, COMO TODOS, DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION. ESTA DIFERENCIA DE TRATO APLICABLE A UN GRUPO DE CIUDADANOS NO SERIA RAZONABLE, Y POR ELLO SERIA CONTRARIA AL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.

EL PROPIO CONSTITUYENTE HA SIDO CONSCIENTE DE LA EXISTENCIA, COMO PROBLEMA ACTUAL, DEL TERRORISMO Y DEL PELIGRO QUE EL MISMO IMPLICA PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y PARA EL PROPIO ORDEN DEMOCRATICO. POR ELLO HA INTRODUCIDO EN EL ART. 55.2 UNA HABILITACION AL LEGISLADOR, PARA ESTABLECER UN REGIMEN ESPECIFICO DE SUSPENSION DE DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS, POSIBILIDAD DE SUSPENSION DE DERECHOS QUE LA CONSTITUCION HA ESTIMADO COMO NECESARIA PARA EL PROPIO SOSTENIMIENTO DEL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO, Y QUE REFLEJA, ADEMAS, EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LOS PAISES EUROPEOS AFECTADOS TAMBIEN POR FENOMENOS TERRORISTAS. ESTA PREVISION CONSTITUCIONAL DEMUESTRA, SIN NECESIDAD DE MAYOR ARGUMENTACION ADICIONAL, EL RENOCICIMIENTO EX CONSTITUTIONE DE LA RAZONABILIDAD Y NO ARBITRARIEDAD DE LA EXISTENCIA DE ESA

DIFERENCIACION DE TRATO RESPECTO AL GOCE DE DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN CIERTAS SITUACIONES CUANDO SE TRATA DE FACILITAR LA INVESTIGACION DE UNOS DELITOS DE ESPECIAL GRAVEDAD EN RELACION CON LA VIDA E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y DE ESPECIAL TRANSCENDENCIA PARA LA SUBSISTENCIA DEL ORDEN DEMOCRATICO CONSTITUCIONAL. LA PROPIA CONSTITUCION HA PREVISTO LA POSIBILIDAD DE LA SUSPENSION DE TALES DERECHOS, Y HA HABILITADO AL LEGISLADOR PARA ELLO, POR LO QUE LA EVENTUAL DIFERENCIA DE TRATO QUE RESPECTO A LOS SUJETOS IMPLICADOS PUDIERA DERIVARSE DE ESTA REGULACION LEGAL O DE SU APLICACION, ES EN SI MISMA CONSECUENCIA DE UNA PREVISION CONSTITUCIONAL QUE NO PUEDE SER IGNORADA AL INTERPRETAR EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. EN CONSECUENCIA LA EXISTENCIA DE ESTA NORMATIVA LEGAL NO SUPONE VIOLACION ALGUNA DEL DERECHO A LA IGUALDAD.

EN SEGUNDO LUGAR, AMBOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PARECEN PARTIR DE LA PREMISA DE QUE LA LEY IMPUGNADA SERIA UN MERO DESARROLLO DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION Y UTILIZAN A ESTE COMO FUNDAMENTAL MODULO DE REFERENCIA PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA, ENTENDIENDO QUE LA MISMA SE HABRIA EXCEDIDO EN LOS TEMAS ESTRICTOS DE LA HABILITACION CONSTITUCIONAL, AL INCLUIR SUPUESTOS Y CUESTIONES QUE EL ART. 55.2 NO HA PREVISTO. SI BIEN LA LEY ORGANICA 9/1984 DESARROLLA LA HABILITACION CONSTITUCIONAL DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, SU CONTENIDO NO SE HA AGOTADO EN EL DESARROLLO NORMATIVO DE AQUEL PRECEPTO, SINO QUE TAMBIEN HA ABORDADO OTRAS MATERIAS O CUESTIONES RELATIVAS A LA REGULACION PENAL Y PROCESAL DE DETERMINADAS FIGURAS DELICTIVAS RELACIONADAS CON LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS, COSA QUE DE POR SI NO SUPONE NINGUNA INFRACCION CONSTITUCIONAL. POR ELLO NO PUEDE ALEGARSE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION COMO REFERENCIA UNICA PARA TRATAR DE ARGUMENTAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, SINO, EN SU CASO, DE UNOS CONCRETOS Y DETERMINADOS ARTICULOS DE LA MISMA QUE TIENEN QUE VER CON ESE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EN CONSECUENCIA, LA LEY ORGANICA 9/1984, CONSIDERADA EN SU TOTALIDAD, NO PUEDE VIOLAR NI VIOLA EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, POR LO QUE DEBE RECHAZARSE ESTE MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY.

3. RECHAZADOS LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, HEMOS DE ENTRAR EN EL ANALISIS DE LOS DIVERSOS PRECEPTOS QUE HAN SIDO EN CONCRETO IMPUGNADOS, EN UNOS CASOS TANTO POR EL PARLAMENTO VASCO COMO POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, Y EN OTROS CASOS YA SEA SOLO POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, YA SEA SOLO POR EL PARLAMENTO VASCO.

ANTES DE INICIAR EL EXAMEN DE LAS TACHAS DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTAS POR LOS ORGANOS RECURRENTES A LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAMENTE IMPUGNADAS DE LA LEY ORGANICA 9/1984, ES PRECISO DETERMINAR EL ALCANCE, SOBRE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE SE HAYA DE RECONOCER A LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALGUNA DE ESAS DISPOSICIONES CAREZCAN YA HOY DE VIGENCIA. EN EFECTO, SEGUN LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DETERMINADOS ARTICULOS DE LA MISMA TENIAN UNA VIGENCIA TEMPORAL DE DOS AÑOS, Y HAN PERDIDO ASI VIGENCIA EL 4 DE ENERO DE 1987. DENTRO DE ESTOS SE ENCUENTRAN LOS ART. 5 (DECLARACION DE ILICITUD Y DISOLUCION DE ASOCIACIONES), 19 (PRISIONES Y LIBERTADES PROVISIONALES), 20 (SUSPENSION CAUTELAR DE ACTIVIDADES) Y 22 (SUSPENSION DE CARGOS PUBLICOS). TODOS ELLOS, PARCIAL O TOTALMENTE, HABIAN SIDO OBJETO DE IMPUGNACION EN UNOS CASOS POR EL PARLAMENTO VASCO, Y EN OTROS TANTO POR ESTE COMO POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. ESTAS DISPOSICIONES DE LEY, CON VIGENCIA A TERMINO, CARECEN DESDE EL DIA 4 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO DEL VIGOR NORMATIVO QUE TUVIERON CUANDO SE INTERPUSIERON LOS RECURSOS, SIENDO NECESARIO EXAMINAR, POR TANTO, SI LA PERDIDA DE VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES CITADAS HA DE AFECTAR, CONSTRIÑENDOLO, AL OBJETO DE ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL. COMO SE DIJO EN LA SENTENCIA 111/1983, DE 2 DE DICIEMBRE, NO CABE DAR UNA RESPUESTA UNIVOCA NI GENERAL A LA CUESTION DE LOS EFECTOS DE LA PERDIDA DE VIGENCIA DE UNA DETERMINADA LEY, ULTERIOR A SU IMPUGNACION O A SU CUESTIONAMIENTO JUDICIAL, SOBRE LOS PROCESOS DE DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR DE PRONTO, TAL RESPUESTA PODRA SER DIVERSA SEGUN SE ESTE ANTE EL EXAMEN DE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN CUYO CASO LO QUE IMPORTA ES QUE LA DISPOSICION DE CUYA CONSTITUCIONALIDAD DUDE EL JUZGADO O TRIBUNAL QUE LA SUSCITE SEA APLICABLE EN EL JUICIO, O SE ESTE, COMO EN LOS PRESENTES CASOS, ANTE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, RECURSO ABSTRACTO Y ORIENTADO A LA DEPURACION OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO.

EN ESTE TIPO DE RECURSO LA PERDIDA DE VIGENCIA DEL PRECEPTO LEGAL ABSTRACTAMENTE CONTROVERTIDO HABRA DE SER TENIDA EN CUENTA POR ESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR SI LA MISMA CONLLEVA, TRAS SU PERDIDA DE VIGENCIA, LA EXCLUSION DE TODA APLICABILIDAD DE LA LEY. SI ASI FUERA NO HABRA SINO QUE RECONOCER QUE DESAPARECIO, AL ACABAR SU VIGENCIA, EL OBJETO DE ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL QUE, POR SUS NOTAS DE ABSTRACCION Y DE OBJETIVIDAD, NO PUEDE HALLAR SU EXCLUSIVO SENTIDO EN LA EVENTUAL REMOCION DE LAS SITUACIONES JURIDICAS CREADAS EN APLICACION DE LA DISPOSICION DE LEY, ACASO INCONSTITUCIONAL (ART.

40.1, LOTC). SIN EMBARGO, NO SIEMPRE PODRA CONSIDERARSE INUTIL EL EXAMEN POR ESTE TRIBUNAL DE LA DISPOSICION YA DEROGADA, YA QUE AL MARGEN AHORA EL SUPUESTO ESPECIFICO DEL CONTROL SOBRE EL CORRECTO USO POR EL GOBIERNO DEL DECRETO-LEY (STC 60/1986, DE 20 DE MAYO) LA EVENTUAL DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD PODRA DEPARAR Y CON ELLO SE CUMPLIRA EL SENTIDO INSTITUCIONAL DE ESTE RECURSO LA EXCLUSION DE TODA APLICACION POSTERIOR DE LA DISPOSICION LEGAL CONTROVERTIDA, PRIVANDOLA ASI DEL VESTIGIO DE VIGENCIA QUE PUDIERA CONSERVAR. COMO HA DICHO LA STC 160/1987, DE 27 DE OCTUBRE, EN <UN RECURSO ABSTRACTO, COMO EL DE INCONSTITUCIONALIDAD, DIRIGIDO A LA DEPURACION OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, CARECE DE SENTIDO PRONUNCIARSE SOBRE NORMAS QUE EL MISMO LEGISLADOR HA EXPULSADO YA DE DICHO ORDENAMIENTO...

DE MODO TOTAL, SIN ULTRAACTIVIDAD>.

EN EL PRESENTE CASO LA POSIBILIDAD DE ESTA PROYECCION ULTRAACTIVA O DE VESTIGIO DE VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL CUMPLIRSE EL TERMINO SEÑALADO EN LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE LA LEY ORGANICA 9/1984, HA DE NEGARSE, DADO EL CONTENIDO Y CARACTER DE LAS MISMAS.

EN PRIMER LUGAR ELLO OCURRE A PROPOSITO DE LAS REGLAS CONTENIDAS BAJO LA RUBRICA <NORMAS PROCESALES> DEL CAPITULO III EN LOS ART. 19.3, 20 Y 22, PUES, SIN PREJUZGAR CON ELLO EL REGIMEN ACTUAL DE LAS SITUACIONES ORDENADAS EN EL PASADO POR ESTOS PRECEPTOS, SEMEJANTE APLICACION SUCESIVA A SU PERDIDA DE VIGENCIA CONTRARIARIA EL CRITERIO GENERAL SEGUN EL CUAL, DE PRINCIPIO, LOS ACTOS PROCESALES SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU ADOPCION. POR LO QUE SE REFIERE, DE OTRA PARTE, A LA NORMA SANCIONADORA ESTABLECIDA EN EL ART. 5 DE LA MISMA LEY ORGANICA, RELATIVA A LA DECLARACION DE ILICITUD Y DISOLUCION DE ASOCIACIONES, SU HIPOTETICA APLICACION MAS ALLA DEL TERMINO QUE DICE LA REPETIDA DISPOSICION FINAL, HABRIA DE PONDERARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE, QUE CORRESPONDE APLICAR A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN PENAL, COMO LES CUMPLE TAMBIEN, EN OTRO ORDEN DE COSAS, LA APRECIACION DE LA MEDIDA EN LA QUE SITUACIONES PERSONALES CREADAS EN EL PROCESO PENAL AL AMPARO DE LO PREVENIDO EN ESTAS REGLAS, PUEDAN SER REVISADAS EN APLICACION DE LOS PRECEPTOS PROCESALES COMUNES QUE RECOBRARON SU PLENA EFICACIA AL PERDER VIGENCIA AQUELLAS.

PERO NI EL EXAMEN DE LA CONFORMIDAD A LA CONSTITUCION DE TALES SITUACIONES PROCESALES DARIA SENTIDO A ESTOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LAS DEPARARON, NI PROCEDE AHORA, DESDE OTRA PERSPECTIVA, EL ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTAS DISPOSICIONES, DESAPARECIDAS YA DEL ORDENAMIENTO Y CARENTES TAMBIEN, SEGUN SE HA OBSERVADO, DE CLARA EFICACIA ULTERIOR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL QUE VERSE SOBRE HECHOS OCURRIDOS BAJO SU VIGENCIA.

BASTA CON ELLO PARA APRECIAR, EN CUANTO A ESTOS PRECEPTOS (ARTS. 5, 19.3, 20 Y 22.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984), LA DESAPARICION SOBREVENIDA DEL OBJETO DEL RECURSO.

EN CONSECUENCIA, NOS HEMOS DE LIMITAR A ANALIZAR TAN SOLO LOS ARTICULOS AUN VIGENTES DE LA LEY ORGANICA 9/1984, IMPUGNADOS POR UNO O AMBOS RECURRENTES, EN CONCRETO SUS ARTS. 1, 2.3, 11, 13, 15.1, 16, 17 Y 21.

4. EL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, ESTABLECE SU AMBITO DE APLICACION.

EL PARRAFO PRIMERO DEL NUM.

1. SE REFIERE A PERSONAS <RELACIONADAS CON ACTIVIDADES ... REBELDES>. EL PARRAFO SEGUNDO DEL NUM.

1. DISPONE QUE LA LEY <TAMBIEN ES DE APLICACION A LAS (PERSONAS) QUE HICIERAN APOLOGIA DE TALES DELITOS>. POR SU PARTE LA LETRA H) DEL NUM. 2 INCLUYE LA <REBELION> COMO SUPUESTO COMPRENDIDO EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY.

TANTO EL PARLAMENTO VASCO COMO EL PARLAMENTO DE CATALUÑA (AUNQUE ESTE PARA TRATAR DE SOSTENER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY) DEFIENDEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS INCISOS, POR ESTIMAR QUE, AL PERMITIR TAL INCLUSION LA APLICACION A ESOS SUPUESTOS DE LOS ARTS. 13 A 18 DE LA MISMA QUE IMPLICA LA SUSPENSION DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN APLICACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION , LA LEY HABRIA SOBREPASADO EL AMBITO SUBJETIVO DE LA SUSPENSION QUE HABILITA DICHO ART. 55.2.

EL LUGAR QUE EN UN ESTADO EXCEPCIONAL ASUME LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE SE PRETENDE COMBATIR CON EL MISMO, EN EL CASO DE ESTE ART. 55.2 VIENE ASUMIDO POR LA PRESENCIA DE UNA <ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS>, FRENTE A LA CUAL EL ESTADO NO BASTA A DAR RESPUESTA CON LOS INSTRUMENTOS ORDINARIAMENTE PUESTOS A SU DISPOSICION PARA GARANTIA DE LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PUBLICAS Y DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. LA EMERGENCIA O, CUANTO MENOS, LA SITUACION QUE LEGITIMA AL LEGISLADOR PARA CREAR EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITE ESTE TIPO DE SUSPENSION ES PRECISAMENTE LA QUE DERIVA DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS COMETIDAS POR <BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS> QUE CREAN UN PELIGRO EFECTIVO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y PARA LA SUBSISTENCIA DEL ORDEN DEMOCRATICO CONSTITUCIONAL. EL TERRORISMO CARACTERISTICO DE NUESTRO TIEMPO, COMO VIOLENCIA SOCIAL O POLITICA ORGANIZADA, LEJOS DE LIMITAR SU PROYECCION A UNAS EVENTUALES ACTUACIONES INDIVIDUALES SUSCEPTIBLES DE SER CONFIGURADAS COMO <TERRORISTAS>, SE MANIFIESTA ANTE TODO COMO UNA ACTIVIDAD PROPIA DE ORGANIZACIONES O DE GRUPOS, DE <BANDAS>, EN LAS QUE USUALMENTE CONCURRIRA EL CARACTER DE <ARMADAS>.

CARACTERISTICO DE LA ACTIVIDAD TERRORISTA RESULTA EL PROPOSITO, O EN TODO CASO EL EFECTO, DE DIFUNDIR UNA SITUACION DE ALARMA O DE INSEGURIDAD SOCIAL, COMO CONSECUENCIA DEL CARACTER SISTEMATICO, REITERADO, Y MUY FRECUENTEMENTE INDISCRIMINADO, DE ESTA ACTIVIDAD DELICTIVA. DE AHI QUE NO QUEPA EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS GRUPOS U ORGANIZACIONES CRIMINALES, SIN OBJETIVO POLITICO ALGUNO, POR EL CARACTER SISTEMATICO Y REITERADO DE SU ACTIVIDAD, POR LA AMPLITUD DE LOS AMBITOS DE POBLACION AFECTADOS, PUEDAN CREAR UNA SITUACION DE ALARMA Y, EN CONSECUENCIA, UNA SITUACION DE EMERGENCIA EN LA SEGURIDAD PUBLICA QUE AUTORIZA (O LEGITIMA) A EQUIPARARLOS A LOS GRUPOS TERRORISTAS PROPIAMENTE DICHOS, COMO OBJETO DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. ELLO SE COMPRUEBA ADEMAS CON LA LECTURA DE LA DISCUSION PARLAMENTARIA DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, EN LA QUE SE CONSTATA UN TRATAMIENTO COMUN DE FORMAS DELICTIVAS QUE SUPONEN, EN SU INTENCION O EN SU RESULTADO, UN ATAQUE DIRECTO A LA SOCIEDAD Y AL PROPIO ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO.

EL CONCEPTO DE <BANDAS ARMADAS> HA DE SER INTERPRETADO ASI RESTRICTIVAMENTE Y EN CONEXION, EN SU TRANSCENDENCIA Y ALCANCE, CON EL DE <ELEMENTOS TERRORISTAS> MENCIONADO EN EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EN ESTA MISMA LINEA LA JURISPRUDENCIA PENAL TAMBIEN HA DEFINIDO DE FORMA RESTRICTIVA EL TIPO DELICTIVO CONTEMPLADO EN EL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, HACIENDO REFERENCIA NO SOLO A LA NOTA DE PERMANENCIA Y ESTABILIDAD DEL GRUPO, Y A SU CARACTER ARMADO (CON ARMAS DE DEFENSA O DE GUERRA, Y TAMBIEN CON SUSTANCIAS O APARATOS EXPLOSIVOS), SINO TAMBIEN A SU ENTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR UN TERROR EN LA SOCIEDAD Y UN RECHAZO DE LA COLECTIVIDAD, POR SU GRAN INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, QUE SUPONGA ASI TAMBIEN UN ATAQUE AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD DEMOCRATICA. CUALQUIER OTRA INTERPRETACION MAS AMPLIA DE LA EXPRESION BANDAS ARMADAS, QUE PERMITIERA LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA 9/1984 Y SINGULARMENTE DE LOS PRECEPTOS DE SU CAPITULO III A PERSONAS O GRUPOS QUE ACTUARAN CON ARMAS, SIN PROVOCAR EL TERROR EN LA SOCIEDAD NI PRETENDER ALTERAR EL ORDEN DEMOCRATICO Y CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DERECHO Y SIN PONERLO OBJETIVAMENTE EN PELIGRO, CARECERIA DE LA COBERTURA CONSTITUCIONAL DEL ART. 55.2.

EL LEGISLADOR ORGANICO DE 1984, EN SU PROPOSITO DE REFUNDIR EN UN SOLO CUERPO LEGAL LAS, HASTA ESE MOMENTO DISPERSAS, DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS A LA PROTECCION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, DESCRIBIO EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY A TRAVES DE LAS FORMULAS CONTENIDAS EN CADA UNO DE LOS DOS PARRAFOS EN QUE SE DIVIDE EL APARTADO PRIMERO DEL ART. 1 DE LA LEY. NOS CORRESPONDE AHORA EXAMINAR SI, COMO SOSTIENEN LOS RECURRENTES, EL LEGISLADOR SE HA EXCEDIDO EN LA DESCRIPCION DE ESE AMBITO MAS ALLA DE LO QUE LE HABILITABA EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. ELLO SUPONE QUE EL TEMA SE PLANTEA EXCLUSIVAMENTE EN RELACION CON LA DELIMITACION DEL AMBITO DE LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS A LOS QUE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE REFIERE.

EL SEGUNDO DE LOS PARRAFOS DEL ART. 1.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, INCLUYE EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY A QUIENES <HICIERAN APOLOGIA> DE LOS DELITOS ALUDIDOS EN EL PARRAFO PRIMERO. SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO ESTA INCLUSION ES CONSTITUCIONALMENTE CORRECTA DADA LA POSIBILIDAD DE QUE NO ESTEMOS ANTE UN DELITO INDEPENDIENTE EN SUS MOTIVACIONES O EN SU RELACION CON LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS, POR LO QUE SERIA CONVENIENTE APLICAR ESPECIALES MEDIDAS DE INVESTIGACION EN LOS CASOS DE APOLOGIA. ESTE ARGUMENTO NO ES ACEPTABLE, PUES EL PROBLEMA PLANTEADO NO ES EL DE LA RAZONABILIDAD DE TAL INCLUSION, SINO EL DE SI EL LEGISLADOR ESTABA HABILITADO PARA ELLO POR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. LA MANIFESTACION PUBLICA, EN TERMINOS DE ELOGIO O DE EXALTACION, DE UN APOYO O SOLIDARIDAD MORAL O IDEOLOGICA CON DETERMINADAS ACCIONES DELICTIVAS, NO PUEDE SER CONFUNDIDA CON TALES ACTIVIDADES, NI ENTENDERSE EN TODOS LOS CASOS COMO INDUCTORA O PROVOCADORA DE TALES DELITOS. LOS SUPUESTOS QUE MENCIONA EL ABOGADO DEL ESTADO DE POSIBLE CONCIERTO O RELACION DE LOS APOLOGISTAS CON ORGANIZACIONES TERRORISTAS, SON PRECISAMENTE SUPUESTOS EN LOS QUE SE EXCEDE DEL AMBITO DE LA PURA APOLOGIA, PUDIENDO INCLUIRSE, EN SU CASO, EN EL ART. 1.2K) DE LA PROPIA LEY ORGANICA 9/1984. POR TODO ELLO, DEBE CONSIDERARSE CONTRARIA AL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION LA INCLUSION DE QUIENES HICIERAN APOLOGIA DE LOS DELITOS ALUDIDOS EN EL ART. 1 DE LA LEY EN EL AMBITO DE APLICACION DE ESTA ULTIMA EN LA MEDIDA EN QUE CONLLEVA UNA APLICACION A DICHAS PERSONAS DE LA SUSPENSION DE DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTA EN TAL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ES DECIR, EN RELACION CON LOS ARTS. 13 A 18 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

EL PARRAFO PRIMERO DEL APARTADO PRIMERO DEL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DECLARA QUE LA MISMA ES DE APLICACION A LAS PERSONAS <REBELDES>. SE SUSCITA LA CUESTION RELATIVA A SI ESA GENERICA INCLUSION QUEDA DENTRO DEL AMBITO DE APLICACION PREVISTO EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, EN EL CUALENCUENTREN LEGITIMACION TODAS LAS MEDIDAS DE SUSPENSION DE DERECHOS QUE LA LEY ESTABLECE. CONVIENE SEÑALAR QUE EL PROBLEMA TAMBIEN AQUI NO ES DE LA RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA LEGAL, SINO EL DE SU COMPATIBILIDAD CON EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL. YA SE HA DICHO QUE LA CONSTITUCION NO HA HECHO DE LA <SUSPENSION INDIVIDUAL> DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES UN INSTRUMENTO DE PROTECCION EXTRAORDINARIA DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, GENERICAMENTE CONCEBIDA, SINO QUE LE ASIGNO UNA FINALIDAD MUY CONCRETA: LA INVESTIGACION DE LAS ACTUACIONES DE LAS BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS. EN LA DISCUSION PARLAMENTARIA SE CONSTATA, SIN EMBARGO, UNA EQUIPARACION EXPLICITA, EN CUANTO ATAQUE AL SISTEMA DEMOCRATICO Y A LA SUSTITUCION DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DE ESTADO ELEGIDA LIBREMENTE POR LOS CIUDADANOS, ENTRE TERRORISMO Y REBELION.

ES CIERTO QUE EL ART. 55.2 NO HA MENCIONADO EXPRESAMENTE A LOS REBELDES, SINO SOLO A LAS BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS. SIN EMBARGO, NO CABE DUDA DE QUE, COMO SEÑALA EL LETRADO DEL ESTADO, LA REBELION ES LA MAS GRAVE DE LAS ACCIONES DELICTIVAS SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADAS, O INTENTADAS, POR UNA BANDA ARMADA. POR DEFINICION, LA REBELION SE REALIZA POR UN GRUPO, QUE TIENE EL PROPOSITO DE USO ILEGITIMO DE ARMAS DE GUERRA O EXPLOSIVOS, CON UNA FINALIDAD DE PRODUCIR LA DESTRUCCION O EVERSION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. A SU VEZ EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 EQUIPARA LA INTEGRACION EN UNA ORGANIZACION REBELDE A LA INTEGRACION EN UNA BANDA ARMADA, REFIRIENDOSE A LA UTILIZACION DE <ARMAS DE FUEGO, BOMBAS, GRANADAS, SUSTANCIAS O APARATOS EXPLOSIVOS O MEDIOS INCENDIARIOS DE CUALQUIER CLASE>. POR ELLO A TALES REBELDES EN CUANTO INTEGRAN EL CONCEPTO DE BANDA ARMADA DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, LES RESULTA LEGITIMAMENTE APLICABLE LA SUSPENSION DE DERECHOS A LA QUE HABILITA EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

EL CONSECUENCIA, NO RESULTA CONTRARIA A LA CONSTITUCION LA MENCION DE LAS ACTIVIDADES REBELDES EN EL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, Y POR ELLO SU INCLUSION DENTRO DEL AMBITO DE LA MISMA.

EL PARLAMENTO VASCO IMPUGNA ADEMAS LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1. DE LA LEY ORGANICA 9/1984 POR ENTENDER QUE EL MODO DE CONCRECION DE LOS SUPUESTOS QUE UTILIZA CREA UN MARGEN DE INDETERMINACION QUE DESCONOCE PRINCIPIOS JURIDICOS PENALES, COMO SON LOS DE INTERDICCION DE LA ANALOGIA O DE LA METICULOSA CONCRECION DE LAS ACCIONES Y OMISIONES PUNIBLES. ELLO VIOLARIA TAMBIEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. DESDE LUEGO YA SE HA INDICADO EL PAPEL LIMITADO QUE CUMPLE LA SUSPENSION INDIVIDUAL DE DERECHOS DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, COMO REACCION FRENTE A UNAS CONCRETAS AMENAZAS, Y POR ELLO QUE NO PUEDE SER APLICADA DICHA SUSPENSION, Y SOLO ESTRICTAMENTE, MAS QUE A LOS SUPUESTOS MENCIONADOS POR EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, QUE EL LEGISLADOR PUEDE UNICAMENTE ESPECIFICAR, PERO SIN NINGUN MARGEN CREATIVO AL RESPECTO. Y ELLO ES LO QUE HACE EL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA. ES CIERTO QUE EL CONCEPTO DE <BANDA ARMADA> PODRIA SER ENTENDIDO EXTENSIVAMENTE, PERO YA SE HA DICHO QUE HA DE SER INTERPRETADO Y APLICADO MUY RESTRICTIVAMENTE, Y ASI LO HA SOSTENIDO TAMBIEN LA JURISPRUDENCIA, A CUYO CRITERIO DEBEN SOMETERSE DESDE LUEGO LAS AUTORIDADES GUBERNATIVAS PARA EVITAR INCURRIR EN LAS RESPONSABILIDADES QUE EL PROPIO PRECEPTO CONSTITUCIONAL HA PREVISTO. EL PARRAFO PRIMERO DEL ART. 1 SUPONE ASI UN SUFICIENTE GRADO DE CONCRECION QUE IMPIDE UNA APLICACION EXTENSIVA O ANALOGICA DE LA LEY.

POR OTRO LADO, LA FUNCION DEL PARRAFO SEGUNDO DE ESE ART. 1 NO CONSISTE EN TIPIFICAR NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS, SINO TAN SOLO EN DESCRIBIR LOS TIPOS DE DELITOS QUE PERMITEN LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS DE ORDEN PROCESAL, SIN NINGUN COMETIDO TIPIFICADOR DE CONDUCTAS SANCIONABLES. LA RELACION DE DELITOS QUE CONTIENE EL ART. 1.2 DE LA LEY SOLO TRATA DE COMPLETAR CON LA REFERENCIA AL ELEMENTO OBJETIVO DE CIERTOS TIPOS DELICTIVOS, LA CONDICION SUBJETIVA PREVISTA EN EL APARTADO 1 DEL PROPIO ARTICULO, A EFECTOS DE DETERMINAR EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY, INTEGRANDO UNA DE LAS CONDICIONES DE APLICACION DE UN EFECTO PROCESAL, MEDIANTE UNA ENUMERACION DE SUPUESTOS DELICTIVOS, CLARAMENTE DELIMITADOS Y FIRMEMENTE CIRCUNSCRITOS, POR SU NECESARIA CONEXION CON HECHOS TERRORISTAS. POR TODO ELLO, NO ES ACEPTABLE LA PRETENSION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DEL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 FORMULADA POR EL PARLAMENTO VASCO.

5. EL ART. 2.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 OTORGA EFECTOS A LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS SOBRE DELITOS DE IGUAL ENTIDAD A LOS PREVISTOS EN LA LEY PARA LA APRECIACION DE LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA ESTABLECIDA EN EL ART. 10 DEL CODIGO PENAL. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ENTIENDE QUE DICHA DISPOSICION VULNERA LOS ARTS. 25.1 Y 24 DE LA CONSTITUCION, EL PRIMERO PORQUE SUPONE LA APLICACION DEL CRITERIO DE ANALOGIA TOTALMENTE CONTRARIO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD PENAL, Y EL SEGUNDO EN LA MEDIDA EN QUE POR LAS JURISDICCIONES EXTRANJERAS PUEDE NO HABERSE RESPETADO EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, VULNERANDOSE ASI DE MANERA INDIRECTA O MEDIATA EL PRINCIPIO DE PROTECCION JUDICIAL DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION.

EL PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACION DEL PRECEPTO SUPONE QUE LA APLICACION DEL MISMO EXIGIRIA UN JUICIO ANALOGICO, LO QUE LESIONARIA EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION. ESTE TRIBUNAL HA VENIDO RECONOCIENDO LA TRANSCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Y, POR ENDE, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA PROHIBICION DE LA ANALOGIA. SIN EMBARGO, NO PUEDE DECIRSE QUE EL ART. 2.3 IMPUGNADO IMPONGA Y SUPONGA EL USO DE LA ANALOGIA, EN EL SENTIDO TECNICO DEL TERMINO. SE TRATA MAS BIEN, DE ESTABLECER SI EXISTE UNA SUSTANCIAL CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUPUESTOS DE HECHO Y LOS BIENES PROTEGIDOS POR LA NORMA EN EL DELITO QUE SE ENJUICIA Y EN OTRO PRECEDENTEMENTE ENJUICIADO EN UN ORDENAMIENTO EXTRANJERO. ELLO PUEDE GENERAR DIFICULTADES EN CIERTOS CASOS, DADAS LAS GRANDES DIFERENCIAS EXISTENTES AL RESPECTO ENTRE LAS LEGISLACIONES PENALES COMPARADAS, PERO EL ELEMENTO FUNDAMENTAL A TOMAR EN CUENTA ES QUE EL DELITO SEA COMETIDO POR BANDAS ARMADAS O TERRORISTAS, EXISTIENDO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, MUY EN PARTICULAR EL CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESION DEL TERRORISMO DE 27 DE ENERO DE 1977 RATIFICADO POR ESPAÑA (<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DE 8 DE OCTUBRE DE 1980) QUE ESTABLECEN CRITERIOS OBJETIVOS EN LA DETERMINACION DEL CONCEPTO DE TERRORISMO. DE MODO QUE ESTA LLAMADA <REINCIDENCIA INTERNACIONAL> YA CONTEMPLADA EN NUESTRO CODIGO EN LOS ARTS. 289 (FALSIFICACION DE MONEDA), 344 (CULTIVO Y TRAFICO DE DROGAS) Y 452 BIS F) (PROSTITUCION) , NO PRESUPONE UNA EXTENSION ANALOGICA DEL PRECEPTO PENAL, SINO UNA PRECISA PREVISION LEGAL QUE IDENTIFICA LA AGRAVACION DE REITERACION EN UN HECHO PERFECTAMENTE TIPIFICABLE MEDIANTE LA VALORACION, PARA LA APRECIACION DE REINCIDENCIA, DE LA SIMILITUD ENTRE DOS DELITOS EN RAZON A SU IGUAL NATURALEZA O ENTIDAD, LO QUE ES CONCEPTUALMENTE INHERENTE A LA PROPIA NATURALEZA DE ESTA CIRCUSNTANCIA MODIFICATIVA. EN CONSECUENCIA, HA DE RECHAZARSE QUE EL ART. 2.3 DE LA LEY IMPUGNADA ESTE EN CONTRADICCION CON EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION.

EL SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACION DEL PRECEPTO, RESPECTO A LA VIOLACION <DE MANERA INDIRECTA O MEDIATA> DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, SE SOSTIENE PORQUE SE ENTIENDE QUE LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS PODRIAN NO HABER RESPETADO TODOS LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN DICHO ART. 24, Y QUE, PESE A ELLO, SE OTORGA AUTOMATICAMENTE EFICACIA ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES A LA SENTENCIA DE LOS ORGANOS JUDICIALES EXTRANJEROS. EN REALIDAD ESTA IMPUGNACION LO QUE IMPLICITAMENTE VIENE A SOSTENER ES QUE LA EFICACIA DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, A EFECTOS DE LA APRECIACION DE LA REINCIDENCIA, DEBERIA ESTAR SUBORDINADA A QUE, A SU VEZ, LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS HUBIERAN RESPETADO LOS DERECHOS DE DEFENSA Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO RECONOCIDAS ENEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION. NO SE TRATA, POR TANTO, DE UNA LESION DIRECTA DEL ART. 24, SINO DE LA EVENTUALIDAD DE QUE TAL LESION PUDIERA PRODUCIRSE, Y DE LA OMISION DE GARANTIAS PARA REACCIONAR FRENTE A ESA VIRTUAL LESION.

ESTE PLANTEAMIENTO NO RESULTA ADMISIBLE, PUES NO BASTA LA EXISTENCIA DE UNA EVENTUALIDAD DE FALTA DE TUTELA JUDICIAL DEL TRIBUNAL EXTRANJERO PARA FIRMAR QUE EL ART. 2.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 CONTRADIGA, EN TODO CASO, EL ART.

24 DE LA CONSTITUCION, PRECEPTO QUE, ADEMAS, TIENE COMO DESTINATARIO AL ORGANO JUDICIAL ESPAÑOL. A ELLO SE UNE EL QUE EN NUESTRO ORDENAMIENTO EXISTEN REMEDIOS SUFICIENTES FRENTE A ESE RIESGO, PUES, DE ACUERDO AL ART. 12.3 DEL CODIGO CIVIL, SI LA LEY EXTRANJERA APLICADA FUERA CONTRARIA AL ORDEN PUBLICO NO TENDRIA APLICACION EN ESPAÑA. ESTA EXCEPCION DE ORDEN PUBLICO HABRA DE ENTENDERSE QUE INCLUYE TAMBIEN EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE DEFENSA, CONSAGRADOS EN NUESTRA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS. LAFALTA DE RESPETO DE TALES DERECHOS EN EL PROCESO REALIZADO ANTE ORGANOS JUDICIALES EXTRANJEROS PODRA DAR LUGAR A LA INVOCACION DEL ART. 12.3 DEL CODIGO CIVIL, EVITANDOSE CON ELLO UNA APLICACION DEL ART. 2.3 AQUI IMPUGNADO EN CONTRADICCION CON EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION. TODO ELLO HACE QUE CAREZCA DE FUNDAMENTO ESTE SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACION DEL ART. 2.3 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, QUE NO RESULTA, EN CONSECUENCIA, CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

6. EL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 RELATIVO A LOS ORGANOS JUDICIALES COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS DELITOS DE TERRORISMO ES IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO. SEGUN DICHO ARTICULO:

<LA INSTRUCCION, CONOCIMIENTO Y FALLO DE LAS CAUSAS CRIMINALES POR LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA PRESENTE LEY CORRESPONDE EN LA JURISDICCION ORDINARIA A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION Y A LA AUDIENCIA NACIONAL.> EL PARLAMENTO VASCO DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO POR ESTIMAR QUE INFRINGE, POR UN LADO, EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTS. 14.1 B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO Y, POR OTRO LADO, EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION.

SEGUN EL PARLAMENTO VASCO, AUNQUE LA CONSTITUCION Y ATRIBUCION DE COMPETENCIAS A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ES UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, EL PROPIO SISTEMA CONFIGURADO POR LA CONSTITUCION IMPONE QUE ELLO SE HAYA DE REALIZAR CON SUJECION A DETERMINADOS LIMITES, ENTRE LOS QUE SEÑALA EL QUE LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBE EFECTUARSE POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (ART. 122.1), EL QUE ELLO PUEDE ROMPER LA UNIDAD JURISDICCIONAL, EL QUE LA UNICA INSTANCIA SUPERIOR DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ES EL TRIBUNAL SUPREMO, Y EL DE RESPETO A LA EFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA, A LA DEFENSA, Y EN SU CASO, AL DERECHO DE HABEAS CORPUS . SIN EMBARGO, EN RELACION CON LA IMPUGNACION DEL ART. 11, Y POR SER SOLO OBJETO DE IMPUGNACION ESTE, PRESCINDE DE LA REFERENCIA A LOS ARTS. 122.1 Y 117.5DE LA CONSTITUCION, AL TENER EN CUENTA QUE DICHO PRECEPTO NO CREA LA AUDIENCIA NACIONAL.

LA ALEGACION DEL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ARTICULOS 14.1 B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO SE HACE FUNDAMENTALMENTE CONTRA LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA INSTRUCCION, CONOCIMIENTO Y FALLO DE ESTE TIPO DE DELITOS A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION Y A LA AUDIENCIA NACIONAL, Y ELLO POR ENTENDERSE QUE SEGUN DICHO ART. 14.1 B) LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO SE EXTIENDE <EN EL ORDEN PENAL ... A TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, CON EXCEPCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION>, Y QUE, DE ACUERDO CON EL CITADO ART. 34, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PAIS VASCO SERIA EL ORGANO EN EL QUE DEBERIAN AGOTARSE LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES EN MATERIA PENAL, CON LA SOLA EXCEPCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION.

ESTA CUESTION FUE TAMBIEN PLANTEADA YA EN IDENTICOS TERMINOS POR EL PARLAMENTO VASCO EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO CONTRA LA LEY ORGANICA 11/1980. AUNQUE LA SENTENCIA 25/1981, DE 14 DE JULIO, NO SE PRONUNCIARA EN FORMA DIRECTA SOBRE LA CUESTION, AL NO ENTRAR EN EL FONDO DEL ASUNTO POR NEGAR LA LEGITIMACION PARA IMPUGNAR DE DICHO PARLAMENTO, SIN EMBARGO, HA DECLARADO QUE EL ART. 14.1 B) DEL ESTATUTO VASCO NO RECONOCE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA, SINO QUE SE LIMITA A FIJAR <LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO>.

TAMBIEN SE DICE EN ESA SENTENCIA QUE EN EL SUPUESTO DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS (AHORA EN LA LEY ORGANICA 9/1984) <EL CARACTER DE LOS MISMOS, SU COMPLEJIDAD Y SUS CONEXIONES, SU FINALIDAD ENCAMINADA A PERTURBAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL, HAN DETERMINADO NORMAS DE ATRIBUCION COMPETENCIAL QUE TAMBIEN HAN EXISTIDO Y EXISTEN PARA OTROS HECHOS DELICTIVOS DE ESPECIAL SIGNIFICACION, QUE SUPONEN UNA SINGULARIDAD RESPECTO DE LA NORMA DE ATRIBUCION DE LA COMPETENCIA CRIMINAL POR EL LUGAR EN QUE SE COMETE EL DELITO. TALES NORMAS NO AFECTAN A LA AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, YA QUE SE ENMARCAN EN LA REGULACION GENERAL DEL IUS PUNIENDI Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS, QUE CORRESPONDE AL ESTADO (ART. 149.1.5. Y 6.). LA CONCLUSION A QUE DEBE LLEGARSE ES QUE EL ARTICULO 14 DEL ESTATUTO VASCO, EN TERMINOS GENERALES, NO ATAÑE A LA POSIBILIDAD DE QUE, CUANDO RAZONES INSTITUCIONALES LO JUSTIFIQUEN, EL ORDENAMIENTO JURIDICO, SIN LESION ALGUNA CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIA, PUEDA RESIDENCIAR EL CONOCIMIENTO EN UN ORGANO CENTRAL, AUNQUE EL ASUNTO COMPRENDA PUNTOS DE CONEXION CON EL REFERIDO AMBITO TERRITORIAL>.

ESTA DOCTRINA HA DE SER REITERADA AHORA, PERO PARA JUSTIFICAR UNA DECISION DE FONDO SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 CON EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTICULOS 14.1 B) Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO.

LOS ARTS. 117.3 Y 4 DE LA CONSTITUCION DESARROLLAN EL PRINCIPIO CONSAGRADO EN ELART. 24.2 DE LA MISMA EN RELACION CON EL <DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY>, LO QUE SIGNIFICA DESDE LUEGO GARANTIA PARA EL JUSTICIABLE DE UNA PREDETERMINACION DEL ORGANO JUDICIAL QUE HA DE INSTRUIR, CONOCER Y DECIDIR SOBRE SU POSIBLE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, PERO TAMBIEN INDICA QUE DICHO <JUEZ ORDINARIO> ES EL QUE SE ESTABLEZCA POR EL LEGISLADOR.

COMO HA VENIDO SOSTENIENDO ESTE TRIBUNAL, EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY EXIGE QUE EL ORGANO JUDICIAL HAYA SIDO CREADO PREVIAMENTE POR LA NORMA JURIDICA, CON GENERALIDAD Y CON ANTERIORIDAD AL CASO, Y QUE LA COMPOSICION DE ESE ORGANO VENGA DETERMINADA POR LA LEY, GARANTIZANDOSE ASI LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD QUE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EXIGE, Y QUE SE RECOGE EXPRESAMENTE EN EL ART. 14.1 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EN EL ART. 6.1 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. SEGUN LA SENTENCIA 47/1983, DE 31 DE MAYO, EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY , CONSAGRADO POR EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, <EXIGE, EN PRIMER TERMINO, QUE EL ORGANO JUDICIAL HAYA SIDO CREADO PREVIAMENTE POR LA NORMA JURIDICA, QUE ESTA LE HAYA INVESTIDO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA CON ANTERIORIDAD AL HECHO MOTIVADOR DE LA ACTUACION O PROCESO JUDICIAL Y QUE SU REGIMEN ORGANICO Y PROCESAL NO PERMITA CALIFICARLE DE ORGANO ESPECIAL O EXCEPCIONAL, PERO EXIGE TAMBIEN QUE LA COMPOSICION DEL ORGANO JUDICIAL VENGA DETERMINADA POR LEY Y QUE EN CADA CASO CONCRETO SE SIGA EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS QUE HAN DE CONSTITUIR EL ORGANO CORRESPONDIENTE.

DE ESTA FORMA SE TRATA DE GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD QUE EL DERECHO EN CUESTION COMPORTA... QUE CONSTITUYE EL INTERES DIRECTO PROTEGIDO POR EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO>.

POR SU PARTE, LA SENTENCIA 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, HA AFIRMADO QUE <LA PREDETERMINACION LEGAL DEL JUEZ SIGNIFICA QUE LA LEY, CON GENERALIDAD Y CON ANTERIORIDAD AL CASO, HA DE CONTENER LOS CRITERIOS DE DETERMINACION COMPETENCIAL CUYA APLICACION A CADA SUPUESTO LITIGIOSO PERMITA DETERMINAR CUAL ES EL JUZGADO O TRIBUNAL LLAMADO A CONOCER DEL CASO. EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES (ARTICULO 117.3 C.E.), PERO, COMO ES OBVIO, NO A CUALQUIERA DE ELLOS EN CUALQUIER CASO, SINO EN CADA UNO DE ESTOS A AQUEL ORGANO JUDICIAL QUE RESULTE PREDETERMINADO POR LAS LEYES SEGUN LAS NORMAS DE COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO QUE LAS MISMAS ESTABLEZCAN'' (ART. 117.3 C.E.). LA INTERPRETACION SISTEMATICA ENTRE EL ART. 24.2 Y EL 117.3, AMBOS DE LA CONSTITUCION, PONE DE MANIFIESTO QUE LA GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES... RADICA EN LA LEY. LA GENERALIDAD DE LOS CRITERIOS LEGALES GARANTIZA LA INEXISTENCIA DE JUECES AD HOC; LA ANTERIORIDAD DE TALES CRITERIOS RESPECTO AL PANTEAMIENTO PROCESAL DEL LITIGIO GARANTIZA QUE UNA VEZ DETERMINADO EN CONCRETO EL JUEZ DE UN CASO EN VIRTUD DE LA APLICACION DE LOS CRITERIOS COMPETENCIALES CONTENIDOS EN LAS LEYES, EL JUEZ DEL CASO NO PODRA SER DESPOSEIDO DE SU CONOCIMIENTO EN VIRTUD DE DECISIONES TOMADAS POR ORGANOS GUBERNATIVOS>.

LA CONSTITUCION PROHIBE JUECES EXCEPCIONALES O NO ORDINARIOS, PERO PERMITE AL LEGISLADOR UNA DETERMINACION DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO A LOS INTERESES DE LA JUSTICIA, Y TENIENDO EN CUENTA EXPERIENCIAS PROPIAS Y AJENAS.

RESULTA EVIDENTE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL AL ESTABLECER LA PLANTA ORGANICA DE LOS TRIBUNALES HA DE TENER EN CUENTA Y RESPETAR LA ESTRUCTURA AUTONOMICA DEL ESTADO Y EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA EXISTENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PERO LA ACTUACION DE ESTOS PRESUPONE LA RADICACION EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DEL ORGANO COMPETENTE EN PRIMERA INSTANCIA. EXISTEN SUPUESTOS QUE, EN RELACION CON SU NATURALEZA, CON LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSAN, POR LA AMPLITUD DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE SE PRODUCEN, Y POR SU TRANSCENDENCIA PARA EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, PUEDEN HACER LLEVAR RAZONABLEMENTE AL LEGISLADOR A QUE LA INSTRUCCION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS MISMOS PUEDA LLEVARSE A CABO POR UN ORGANO JUDICIAL CENTRALIZADO, SIN QUE CON ELLO SE CONTRADIGA EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION NI LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE AQUI SE ALEGAN, NI TAMPOCO EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION. EN EFECTO, TANTO LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION COMO LA AUDIENCIA NACIONAL SON ORGANICA Y FUNCIONALMENTE, POR SU COMPOSICION Y MODO DE DESIGNACION, ORGANOS JUDICIALES <ORDINARIOS>, Y ASI HA SIDO RECONOCIDO POR LA COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN SU INFORME (DE 16 DE OCTUBRE DE 1986) SOBRE EL CASO BARBERA Y OTROS, EN EL QUE SE AFIRMA: <LA COMISION COMPRUEBA QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ES UN TRIBUNAL ORDINARIO INSTITUIDO POR UN REAL DECRETO-LEY Y COMPUESTO DE MAGISTRADOS NOMBRADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL>.

EN CONSECUENCIA, DEBE RECHAZARSE EL PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACION DEL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984. EL PARLAMENTO VASCO FORMULA UNA SEGUNDA OBJECION DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A ESTE ART. 11, POR ENTENDER QUE CONTRAVIENE EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA A LA AUDIENCIA NACIONAL Y LA CONSIGUIENTE AUSENCIA DE INMEDIACION JUDICIAL QUE <SUPONE UN SERIO INCONVENIENTE A LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA>. ESTA ARGUMENTACION SE REITERA ADEMAS EN RELACION TAMBIEN CON EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

ESTA ALEGACION VIENE REFERIDA ASI EXCLUSIVAMENTE AL CONTROL JUDICIAL SOBRE LAS DETENCIONES GUBERNATIVAS Y TAMBIEN AL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS DEL ART. 17.4 DE LA CONSTITUCION. EN RELACION CON ESTE ULTIMO ASPECTO DEBE SEÑALARSE QUE EL ART. 2, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 6/1984, DE 24 DE MAYO, ES EL QUE ENCOMIENDA A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION EL

CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS EN CASO DE DETENCIONES RELACIONADAS CON BANDAS ARMADAS Y ELEMENTOS TERRORISTAS. DICHA COMPETENCIA NO VIENE ESTABLECIDA ASI EN EL ART. 11 IMPUGNADO, DE MODOQUE, AUN SI SE ANULASE O DEROGASE ESTE, SE MANTENDRIA EN SU INTEGRIDAD LA COMPETENCIA DE ESOS JUZGADOS CENTRALES EN EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS EN TALES DETENCIONES. ELLO DEMUESTRA QUE NO EXISTE AQUI, EN LO RELATIVO AL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART. 17.4 DE LA CONSTITUCION, EL ADECUADO AJUSTE ENTRE LA IMPUGNACION Y EL CONTENIDO DE LA DISPOSICION IMPUGNADA. POR ELLO HEMOS DE LIMITARNOS A EXAMINAR SI EL ART. 11 CONTRAVIENE EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION AL NO ASEGURAR UN CONTROL JUDICIAL EFECTIVO SOBRE LAS DETENCIONES GUBERNATIVAS, DADO EL CARACTER CENTRALIZADO DEL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE AL RESPECTO.

ESTA OBJECION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 11, EN RELACION CON EL ART.

24.1 DE LA CONSTITUCION, SE HA FUNDADO EN LOS <INCONVENIENTES> QUE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL SUPONDRIA ESTA ATRIBUCION COMPETENCIAL A UN JUZGADO CENTRAL. SE AFIRMA QUE ELLO IMPOSIBILITARIA <LA INMEDIATA VERIFICACION DE LA LEGALIDAD Y CONDICIONES DE LA DETENCION, COMPLICANDO EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL Y HACIENDO EN SUMA INEFECTIVO EL DERECHO RECONOCIDO A LA TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES>. SE TRATA, PUES, DE UNA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PONE EL ACENTO NO TANTO EN LA COMPATIBILIDAD DE LA REGLA LEGAL CON EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SINO EN LA POSIBILIDAD DE QUE LA APLICACION DE LA MISMA PUEDA LLEVAR A, O PRODUZCA, UNA INEFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL, YA QUE, SEGUN EL PROPIO RECURRENTE, <NO PUEDE NEGARSE QUE LA TUTELA JUDICIAL EXISTA>. EL PROBLEMA QUE SE PLANTEA ES ASI EL DE SI ESA COMPETENCIA CENTRALIZADA IMPIDE O DIFICULTA TAN GRAVEMENTE LA TUTELA JUDICIAL DE LA LIBERTAD Y EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCION.

EL LEGISLADOR, AL REGULAR LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES, DEBE CONSIDERAR LOS POSIBLES RIESGOS DE INEFECTIVIDAD DE LA TUTELA Y ELIMINARLOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, POR LO QUE PODRIA SER CONTRARIA A LA CONSTITUCION UNA REGULACION QUE SE DESPREOCUPASE DE LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA, Y ELLO AUN AL MARGEN DE SI ESE RIESGONO RESULTASE REALIZABLE EN TODOS LOS CASOS. ES OBLIGACION, PUES, DEL LEGISLADOR LOGRAR EN LO POSIBLE LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL, PERO ELLO NO IMPIDE, SIN EMBARGO, EL QUE DENTRO DE SU LIBERTAD DE OPCIONES PUEDA PREVER EN FUNCION DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES UNA CENTRALIZACION DEL ORGANO JUDICIAL QUE CONOCE DE LA INSTRUCCION, Y EN CONCRETO DE LA DETENCION, SIEMPRE CLARO ESTA QUE AL ESTABLECER ESTA REGULACION NO SE IMPIDA GRAVEMENTE LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL. O LO QUE ES LO MISMO, EL MAYOR GRADO DE EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL NO ES EL UNICO CRITERIO QUE PUEDA TENER EN CUENTA EL LEGISLADOR AL DECIDIR, DENTRO DE LOS CONSTITUCIONALMENTE POSIBLES, EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DETENCIONES QUE TENGAN LUGAR EN RELACION CON ESTE TIPO DE DELITOS DE TERRORISMO Y PERTENENCIA A BANDAS ARMADAS.

LA ASIGNACION DEL CONOCIMIENTO DE LA DETENCION A LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION NO SUPONE UN OBSTACULO QUE IMPIDA EL CONTROL JUDICIAL DE ESAS DETENCIONES, AUNQUE LAS DIFICULTADES PARA EL JUSTICIABLE QUE SE DERIVAN DE ELLO IMPONEN EN TODO CASO UNA MAYOR DILIGENCIA DEL ORGANO JUDICIAL PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROTECCION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA LIBERTAD QUE LE CORRESPONDE. NADA LE IMPIDE AL JUEZ, PUES LA INCOMUNICACION DEL DETENIDO NO JUEGA PARA EL ORGANO JUDICIAL DE ACUERDO AL ART. 524.3 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EL VERIFICAR LA LEGALIDAD Y LAS CONDICIONES DE LA DETENCION, VELANDO POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL DETENIDO, NO SOLO LOS DEL ART. 24, COMO TAMBIEN LOS DEMAS DERECHOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS EN CADA CASO. DADO QUE SU COMPETENCIA TERRITORIAL INCLUYE TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO, POR LO QUE LE ES PERMITIDO DESPLAZARSE PERSONALMENTE O, EN OTRO CASO, DE ACUERDO CON EL ART. 14 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DELEGAR EN EL JUEZ DE INSTRUCCION DEL PARTIDO O DEMARCACION DONDE SE ENCUENTRE EL DETENIDO. TODO ELLO SUPONE QUE LA LEY HA TRATADO DE HACER COMPATIBLE Y PERMITE EL EFECTIVO CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCION, AUNQUE LA CENTRALIZACION DEL ORGANO JUDICIAL IMPONGA A ESTE UNA MAYOR DILIGENCIA EN LA UTILIZACION DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCION Y LA LEY LE RECONOCEN, PARA LA TUTELA DE LAS LIBERTADES.

DE LA ATRIBUCION COMPETENCIAL MISMA NO SE DERIVA POR TANTO NINGUN OBSTACULO PARA UN CONTROL JUDICIAL EFECTIVO SOBRE LA DETENCION, PUES NI DE LA REGLA COMPETENCIAL, NI DE LOS DEMAS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVOS A LA DETENCION GUBERNATIVA (ARTS. 13 Y 14), PUEDE DEDUCIRSE QUE ESE CONTROL JUDICIAL NO SE RODEE DE TODAS LAS GARANTIAS EXIGIBLES. EL QUE EL CONOCIMIENTO DEL JUEZ, EN RELACION CON LA DETENCION, PUEDA FUNDARSE EN UNOS CASOS EN LAS PRUEBAS O INDICIOS SUMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, Y EN OTROS CUENTE EFECTIVAMENTE CON LA AUDIENCIA DIRECTA DEL DETENIDO, ES ALGO QUE QUEDA FUERA DE LA CUESTION RELATIVA A LA VALIDEZ DEL PRECEPTO, QUE NO LIMITA EN MODO ALGUNO LAS FACULTADES DEL JUEZ AL RESPECTO, Y AL QUE LE CORRESPONDE REALIZAR EL CONTROL SOBRE LA REGULARIDAD DE LA DETENCION Y DEL TRATO AL DETENIDO.

LAS CAUTELAS DE QUE ESTA RODEADA LA MODALIDAD DE SUSPENSION DE DERECHOS DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION SE ORIENTAN EN BUENA MEDIDA A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS QUE LA CAMARA RECURRENTE PRETENDE VULNERADOS, ASI COMO A LA DE LOS RECONOCIDOS EN EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION.

EN EFECTO, EL CONSTITUYENTE MISMO HA QUERIDO ENFRENTARSE CON LA POSIBILIDAD DE QUE, CON OCASION DE LA APLICACION DE ESTE PRECEPTO, SE VIERAN AFECTADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, INSISTIENDO MUY EXPRESAMENTE, EN EL ULTIMO PARRAFO DEL PRECEPTO, EN QUE <LA UTILIZACION INJUSTIFICADA O ABUSIVA DE LAS FACULTADES RECONOCIDAS EN DICHA LEY ORGANICA PRODUCIRA RESPONSABILIDAD PENAL, COMO VIOLACION DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES RECONOCIDOS POR LAS LEYES>. EL ART. 204 BIS DEL CODIGO PENAL, DEBE SER SITUADO TAMBIEN EN ESTE CONTEXTO.

FINALMENTE, EL ART. 14.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 DEJA CLARO QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA COMPETENCIA PROPIA DEL JUZGADO CENTRAL PARA EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCION Y SIN INTERFERIRSE EN ELLA, CABEN <ACTUACIONES JUDICIALES PERTINENTES EN CASO DE UTILIZACION INJUSTIFICADA O ABUSIVA DE LAS FACULTADES RECONOCIDAS EN ESTA LEY>. A TAL EFECTO, EN SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DETENIDO Y MOVIDO POR INDICIOS O SOSPECHAS RAZONABLES DE LA COMISION DE ALGUN HECHO DELICTIVO CON OCASION DE LA DETENCION, EL JUEZ DE INSTRUCCION DEL PARTIDO O DEMARCACION DONDE SE ENCUENTRE EL DETENIDO PUEDE INTERVENIR Y ELLO NO LO EXCLUYE EL ART. 11 IMPUGNADO PARA CONOCER Y EN SU CASO PERSEGUIR TALES POSIBLES EXTRALIMITACIONES EN LAS DETENCIONES GUBERNATIVAS. IGUALMENTE, COMO TAMBIEN RECUERDA EL CITADO ART. 14.2, AL MINISTERIO FISCAL LE CORRESPONDE DEFENDER LA LEGALIDAD DE LA DETENCION Y DEL TRATAMIENTO DEL DETENIDO.

NO CABE, PUES, IMPUTAR A LA LEY, Y EN CONCRETO A SU ART. 11, IMPEDIR EL CONTROL JUDICIAL EFECTIVO DE LA DETENCION, Y POR ELLO VIOLAR EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION. EN CONSECUENCIA, HA DE SER RECHAZADA TAMBIEN ESTA OBJECION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 11 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

7. LOS ARTS. 13, 16 Y 17.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, TODOS ELLOS DICTADOS EN APLICACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, HAN SIDO IMPUGNADOS TANTO POR EL PARLAMENTO VASCO COMO POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PERMITE, COMO YA SE HA DICHO, QUE UNA LEY ORGANICA EN ESTE CASO LA LEY ORGANICA 9/1984 DETERMINE LA FORMA Y LOS CASOS EN LOS QUE PUEDAN SER SUSPENDIDOS, PARA PERSONAS DETERMINADAS, CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LOS ARTS. 17.2 (DURACION MAXIMA DE LA DETENCION PREVENTIVA), 18.2 (INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO) Y 18.3 (SECRETO DE LAS COMUNICACIONES), TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON (Y PARA FACILITAR) LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS, PERO ESTABLECIENDO A SU VEZ UNAS GARANTIAS ESPECIFICAS <LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL Y EL ADECUADO CONTROL PARLAMENTARIO>.

BUENA PARTE DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS HACE REFERENCIAAL ALCANCE DE LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE LA <NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL>. SE TRATA DE UN TEMA PARTICULARMENTE COMPLEJO, DADA LA DIFICIL COMPATIBILIDAD, PUESTA DE RELIEVE POR LA DOCTRINA, ENTRE LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 17.2 Y 18.2 Y 3 DE LA CONSTITUCION Y EL MANTENIMIENTO DE UNA INTERVENCION JUDICIAL, CALIFICADA COMO <NECESARIA> EN CADA UNO DE DICHOS SUPUESTOS DE SUSPENSION. NO CABE SACRIFICAR ENTERAMENTE NINGUNO DE LOS DOS CONTENIDOS DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, YA SEA LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL A LA SUSPENSION, YA SEA ESTA ULTIMA A LA PRIMERA, PUES LA CONSTITUCION TRATA DE HACER COMPATIBLES LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS Y LA INTERVENCION JUDICIAL AL RESPECTO. NOS ENCONTRAMOS EN UN SUPUESTO CARACTERISTICO DE APLICACION DEL LLAMADO <PRINCIPIO DE CONCORDANCIA PRACTICA> QUE IMPONE TRATAR DE HACER COMPATIBLE LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS Y LA INTERVENCION JUDICIAL. QUIERE ELLO DECIR QUE EL RESPETO A LA FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCION EXIGIRIA MANTENER TODA LA EFICACIA POSIBLE DE LA INTERVENCION JUDICIAL QUE FUERA COMPATIBLE CON LA VOLUNTAD, TAMBIEN DE LA CONSTITUCION, DE POSIBILITAR UNA SUSPENSION SINGULAR DE ESTOS DERECHOS, TENIENDO EN CUENTA, ADEMAS, QUE LA FINALIDAD DEL PRECEPTO ES HACER POSIBLE ESA SUSPENSION, IMPONIENDO, COMPLEMENTARIAMENTE Y COMO GARANTIA DE ESA SUSPENSION, UNA INTERVENCION JUDICIAL QUE HA DE HACERSE EN TODO CASO COMPATIBLE CON AQUELLA. ELLO SUPONE QUE EN ULTIMO EXTREMO, PERO SOLO EN ULTIMO EXTREMO, LA <NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL>, DEBE MODALIZARSE PARA ASEGURAR LA POSIBILIDAD DE LA SUSPENSION.

PRECISAMENTE POR ELLO, NO CABE, COMO PRETENDEN LOS RECURRENTES, UN TRATAMIENTO UNITARIO E IDENTICO PARA TODOS LOS CASOS Y PARA TODOS LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION DEL ALCANCE DE LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL, SINO QUE ESTA HA DE ABORDARSE EN RELACION CON LOS ESPECIFICOS PROBLEMAS QUE LA MISMA PLANTEA PARA CADA UNO DE LOS DERECHOS SUSPENDIBLES, Y TAMBIEN EN RELACION CON LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE ESA SUSPENSION HAYA DE REALIZARSE. EN PARTICULAR LOS RECURRENTES INSISTEN EN LA NECESIDAD DE QUE LA INTERVENCION JUDICIAL SEA EN TODO CASO PREVIA A LA ACTUACION GUBERNATIVA QUE SUPONE LA SUSPENSION DEL DERECHO. LA CONSTITUCION EXIGE, DESDE LUEGO, UNA INTERVENCION JUDICIAL, Y QUE ADEMAS ESTA SEA DECISIVA AL RESPECTO, QUE PUEDA RATIFICAR O LEVANTAR LA SUSPENSION DEL DERECHO. PARA SU MAYOR EFECTIVIDAD LA INTERVENCION JUDICIAL, DEBERIA PRECEDER A LA PUESTA EN PRACTICA DE LA SUSPENSION. SIN EMBARGO, ELLO NO EXCLUYE EL QUE EN CIERTOS CASOS LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION MISMA REQUIERA UNA ACTUACION INMEDIATA DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, SIN PERJUICIO DE LA INTERVENCION SUCESIVA DEL ORGANO JUDICIAL, DE FORMA QUE LA MEDIDA PODRIA SER ADOPTADA PROVISIONALMENTE POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA A RESERVA DE SU RATIFICACION O LEVANTAMIENTO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. EN ESTOS CASOS EXTREMOS LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION PUEDE REQUERIR POSPONER LA INTERVENCION JUDICIAL A UN MOMENTO POSTERIOR A LA ACTUACION GUBERNATIVA, PERO ESTA MODALIZACION DE LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL PARA HACER POSIBLE LA SUSPENSION ENTRA EN LA LOGICA MISMA DE LA PREVISION INCLUIDA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. SI LA INTERVENCION JUDICIAL EN ESTOS CASOS FUERA IDENTICA A TODOS LOS EFECTOS A LA EXISTENTE EN EL REGIMEN COMUN DE LOS DERECHOS DE LOS ARTS. 17.2 Y 18.2 Y 3 DE LA CONSTITUCION, NO CABRIA HABLAR, COMO LA CONSTITUCION HACE, DE SUSPENSION DE TALES DERECHOS.

EN TODO CASO, ESA LABOR DE PONDERACION Y DE COMPAGINACION DE LA SUSPENSION Y LA INTERVENCION JUDICIAL NI PUEDE SER EXAMINADA DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS DERECHOS AFECTADOS, NI TAMPOCO, RESPECTO A CADA UNO DE ELLOS, SUPONE UNA RESPUESTA UNICA QUE PERMITA UNA SOLUCION RIGIDA EN FAVOR O EN CONTRA DE LA POSIBILIDAD DE QUE LA INTERVENCION JUDICIAL HAYA DE SER EN TODO CASO PREVIA A LA ACTUACION ADMINISTRATIVA EN QUE SE CONCRETE LA SUPENSION DEL DERECHO EN CUESTION. POR ELLO HEMOS DE ANALIZAR EN CONCRETO EL PROBLEMA DE LA INTERVENCION JUDICIAL DENTRO DEL EXAMEN DE LA IMPUGNACION DE CADA UNO DE LOS ARTICULOS QUE SUPONEN EL DESARROLLO DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION.

8. AMBOS PARLAMENTOS RECURRENTES ESTIMAN QUE EL ART. 13 DE LA LEY RECURRIDA VACIA DE CONTENIDO LA GARANTIA DE <LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL> PREVISTA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION PARA LOS SUPUESTOS DE APLICACION DE LA SUSPENSION INDIVIDUAL DE DERECHOS, Y ADEMAS, Y PARA EL PARLAMENTO VASCO, EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 INFRINGE LOS ARTS. 24.1, 117.1, 122 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO EL 9.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL ART. 5.3 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES.

EL ART. 13, REFERIDO A LA DETENCION PREVENTIVA, IMPONE LA PUESTA A DISPOSICION JUDICIAL DEL DETENIDO DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS HORAS SIGUIENTES A LA DETENCION, PERO PERMITE LA PROLONGACION DE ESA DETENCION PREVENTIVA POR <EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS FINES INVESTIGADORES HASTA UN PLAZO MAXIMO DE OTROS SIETE DIAS, SIEMPRE QUE TAL PROPUESTA SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ ANTES DE QUE TRANSCURRAN LAS SETENTA Y DOS HORAS DE LA DETENCION. EL JUEZ, EN EL TERMINO DE VEINTICUATRO HORAS, DENEGARA O AUTORIZARA LA PROLONGACION PROPUESTA>.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO SE DEFIENDE POR UN DOBLE ORDEN DE RAZONES, EN PRIMER LUGAR PORQUE PERMITE LA PROLONGACION DE LA DETENCION GUBERNATIVA, MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, SIN UNA PREVIA INTERVENCION Y RESOLUCION JUDICIAL. EN SEGUNDO LUGAR PORQUE HACE POSIBLE UNA PROLONGACION DE HASTA UN MAXIMO DE DIEZ DIAS DE LA DETENCION GUBERNATIVA, LO QUE SUPONDRIA UNA COACCION MORAL DEL DETENIDO INCOMPATIBLE CON LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LOS ARTS. 17 Y 24 DE LA CONSTITUCION Y PACTOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ESPAÑA. AMBOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD HAN DE SER EXAMINADOS DE FORMA SEPARADA.

EN CUANTO A LA OMISION DE LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL, LOS RECURRENTES DEFIENDEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO POR ENTENDER QUE LA INTERVENCION JUDICIAL, QUE IMPONE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, PARA LA PROLONGACION DE LA DETENCION PREVENTIVA DEBERIA SUPONER UNA PREVIA INTERVENCION Y RESOLUCION JUDICIAL, SIN QUE BASTARA AL RESPECTO LA SIMPLE COMUNICACION AL JUEZ PREVISTA EN DICHO ART. 13, QUE ADEMAS HACE POSIBLE, AL EXIGIR LA PUESTA EN CONOCIMIENTO JUDICIAL HASTA ANTES DE QUE TRANSCURRAN SETENTA Y DOS HORAS PERO CONCEDIENDO AL JUEZ VEINTICUATRO HORAS PARA LA RESOLUCION, UNA PROLONGACION <AUTOMATICA> DE LA DETENCION GUBERNATIVA, SIN RESOLUCION JUDICIAL, Y POR EL MERO HECHO DE LA COMUNICACION.

SE PLANTEA EL TEMA RESPECTO A ESA PROLONGACION <AUTOMATICA> POSIBILITA POR ESE JUEGO DE PLAZOS, QUE PROVOCA EL QUE UNA SIMPLE PUESTA EN CONOCIMIENTO ANTES DE LAS SETENTA Y DOS HORAS ORIGINE LA PROLONGACION DE LA DETENCION, AUNQUE A RESERVA DE LA RATIFICACION O REVOCACION QUE, EN TODO CASO, CORRESPONDE AL JUEZ, DE ACUERDO AL INCISO FINAL DE ESTE ART. 13. EL ART. 13 NO HA ESTABLECIDO EL PRINCIPIO DE QUE RESULTE NECESARIO UNA AUTORIZACION JUDICIAL PREVIA DE LA PROLONGACION, SINO QUE ESTA SE PRODUCE <SIEMPRE QUE TAL PROPUESTA (DE PROLONGACION) SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ ANTES DE QUE TRANSCURRAN SETENTA Y DOS HORAS>. SE VINCULA, PUES, LA PROLONGACION MISMA A ESA PUESTA EN CONOCIMIENTO, AUNQUE CONDICIONADA EN SU SUBSISTENCIA A UN POSTERIOR ACTO JUDICIAL QUE HABRA DE RESOLVER EN FORMA EXPRESA LA DENEGACION O AUTORIZACION DE UNA PROLONGACION QUE SE HA DADO YA EFECTIVAMENTE.

EL LETRADO DEL ESTADO DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO POR ESTIMAR QUE ESTA POSIBILIDAD DE PROLONGACION, AUN SIN DECISION JUDICIAL, <NO ES MAS QUE UNA MERA CONSECUENCIA DEL EFECTO SUSPENSIVO DE DERECHO INHERENTES AL PROPIO ART. 55.2>, PUES SI LA INTERVENCION JUDICIAL DEBIERA TENER LUGAR ANTES DE LAS SETENTA Y DOS HORAS EL ART. 55.2 QUEDARIA VACIO DE CONTENIDO. EN CONTRA DE ESTA ARGUMENTACION HA DE AFIRMARSE QUE UNA CONSECUENCIA EXIGIDA POR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION NO ES EN ABSOLUTO EL QUE PUEDA INICIARSE UNA PROLONGACION DE LA DETENCION MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS SIN INTERVENCION JUDICIAL PREVIA QUE EXPRESAMENTE LA AUTORICE. EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL PERMITE QUE LA DETENCION GUBERNATIVA PUEDA PROLONGARSE MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, LIMITE GENERAL A LA MISMA PREVISTO POR EL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION, Y ESA POSIBILIDAD DE PROLONGACION ES LA QUE SE CONFIGURA COMO LA <SUSPENSION> DEL DERECHO RECONOCIDO EN DICHO ARTICULO. LA SUSPENSION DEL DERECHO SE CIRCUNSCRIBE ASI EXCLUSIVAMENTE A ESA PROLONGACION DEL TIEMPO DE LA DETENCION GUBERNATIVA Y NI ALTERA EL SIGNIFICADO PROCESAL DE ESTA DETENCION NI HACE DECAER EN PRINCIPIO LAS DEMAS GARANTIAS QUE ASISTEN AL DETENIDO. ADEMAS DEBE RECORDARSE QUE EL ART. 55.2 IMPONE UNA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL, POR LO QUE TAMPOCO PODRIA SER ALEGADO PARA JUSTIFICAR SU SUPRESION.

ESA NECESARIA AUTORIZACION JUDICIAL TAMPOCO CONSTITUYE, COMO ENTIENDE EL LETRADO DEL ESTADO, UNA PUESTA <A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL> A QUE SE REFIERE EL ART. 17.2, SINO EXACTAMENTE LO CONTRARIO, EL QUE EL DETENIDO, POR LOS DELITOS A LOS QUE LA LEY SE REFIERE, EN VIRTUD DE LA AUTORIZACION JUDICIAL, PUEDA CONTINUAR, A EFECTOS DE LAS INDAGACIONES, A DISPOSICION GUBERNATIVA O POLICIAL. CON ELLO NO QUEDA VACIO DE CONTENIDO EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, SINO DESARROLLADO EN SU PLENITUD, PUESTO QUE LA SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO DE LIBERTAD SOLO PUEDE ENTENDERSE REFERIDA AQUI AL LIMITE MAXIMO DE LA DETENCION GUBERNATIVA, PERO ELLO, TAMBIEN, CON <LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL>.

POR ELLO, LA PROLONGACION DE LA DETENCION GUBERNATIVA MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS NO PUEDE NI INICIARSE NI LLEVARSE A CABO, DE ACUERDO A LOS ARTS. 17.2 Y 55.2 DE LA CONSTITUCION, SIN UNA PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACION JUDICIAL. POR HACER POSIBLE ESA PROLONGACION CON LA MERA COMUNICACION O PETICION DE PROLONGACION, SIN EXIGIR LA PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACION DEL ORGANO JUDICIAL, EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 ES INCONSTITUCIONAL.

FINALMENTE, EL PARLAMENTO VASCO,HA IMPUGNADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 13 POR CONSIDERAR QUE LA PRORROGA DE LA DETENCION HASTA UNA PLAZO DE DIEZ DIAS SUPONE, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, UNA COACCION MORAL DEL DETENIDO INCOMPATIBLE CON LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, CITANDO EXPRESAMENTE LOS DERECHOS A NO PRESTAR DECLARACION, A NO CONFESARSE CULPABLE Y A LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

DE ACUERDO CON EL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION EL PLAZO MAXIMO DE LA DETENCION PREVENTIVA ES DE SETENTA Y DOS HORAS, TRANSCURRIDAS LAS CUALES O EL DETENIDO HA DE SER PUESTO EN LIBERTAD O PASA A DISPOSICION JUDICIAL, CONVIRTIENDOSE LA DETENCION GUBERNATIVA EN DETENCION JUDICIAL, A TODOS LOS EFECTOS Y EN LOS LOCALES CORRESPONDIENTES. ES DECIR, EL DETENIDO DEJA DE ESTAR A DISPOSICION GUBERNATIVA. EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION PERMITE, CON INTERVENCION JUDICIAL, UNA PROLONGACION DE LA DETENCION PREVENTIVA, MAS ALLA DE ESAS SETENTA Y DOS HORAS, PARA LA <REALIZACION DE LAS AVERIGUACIONES TENDENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS> (ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION).

COMO DESARROLLO DE ESTA HABILITACION CONSTITUCIONAL, EL ART. 13 HA SUSPENDIDO ESE LIMITE TEMPORAL MAXIMO Y HA HECHO POSIBLE QUE EL JUEZ AUTORICE, MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, UNA PROLONGACION DE LA DETENCION PREVENTIVA, ES DECIR, PERMANECER BAJO LA CUSTODIA Y A DISPOSICION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

CORRESPONDE ADEMAS A LA LEY ORGANICA FIJAR EL PLAZO MAXIMO DE DURACION DE ESTA DETENCION AMPLIADA. EL LEGISLADOR TIENE UN MARGEN DE DISCRECION AL RESPECTO, PERO NO UNA LIBERTAD DE OPCION QUE LE PERMITA AMPLIAR A SU ARBITRIO LA DURACION DE ESTA SITUACION EXCEPCIONAL. EN ESTE SENTIDO, SIGUEN SIENDO PUNTOS NECESARIOS DE REFERENCIA TANTO EL ART. 9.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS COMO EL ART. 5.3 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, AMBOS RATIFICADOS POR ESPAÑA, QUE REQUIEREN LA CONDUCCION DEL DETENIDO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL <EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE>.AL MISMO TIEMPO EL PROPIO ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION AFIRMA QUE LA DETENCION <NO PODRA DURAR MAS DEL TIEMPO ESTRICTAMENTE NECESARIO> PARA LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES. TODO ELLO SUPONE QUE EL LEGISLADOR HA DE PONDERAR TANTO LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS, COMO LA APLICACION DEL CRITERIO DE LA NECESIDAD ESTRICTA Y DE LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

SEGUN EL PARLAMENTO VASCO LA POSIBILIDAD DE AMPLIACION A SIETE DIAS MAS CONSTITUYE UNA <PROLONGACION INJUSTIFICABLE DEL TIEMPO EN QUE EL DETENIDO ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA>. HA DE RECONOCERSE QUE ESTE PLAZO MAXIMO DE POSIBLE AMPLIACION, QUE SUPONE MAS QUE TRIPLICAR EL PLAZO MAXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS RECONOCIDO POR NUESTRA CONSTITUCION (QUE A SU VEZ ES SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN OTROS ORDENAMIENTOS PROXIMOS), RESULTA EXCESIVO, Y NO SE CORRESPONDE CON LOS PLAZOS QUE PARA ESTE TIPO DE DELITOS HAN ESTABLECIDO LAS LEGISLACIONES MAS CERCANAS A LA NUESTRA. ADEMAS, NO SE HAN ADUCIDO RAZONES POR LA REPRESENTACION DEL ESTADO QUE PERMITAN LLEVAR A ESTE TRIBUNAL A LA CONVICCION DE QUE UNA PROLONGACION TAN DILATADA E INSOLITA DE LA DETENCION GUBERNATIVA SEA UNA EXIGENCIA ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES. DEBE TENERSE EN CUENTA, ADEMAS, DE ESA AMPLITUD DE LA DETENCION PREVENTIVA QUE PERMITE EL ART. 13, EN CUANTO EXCEDE DE LOS LIMITES ANTES SEÑALADOS, PUEDE SUPONER, COMO ALEGA EL PARLAMENTO VASCO, UNA PENOSIDAD ADICIONAL Y UNA COACCION MORAL, AÑADIDA E INJUSTIFICADA, SOBRE EL DETENIDO, INCOMPATIBLE CON SUS DERECHOS A NO DECLARAR CONTRA SI MISMO Y A NO CONFERSARSE CULPABLE.

EN CONSECUENCIA, EL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, AL PERMITIR UNA PRORROGA DE LA DETENCION HASTA UN PLAZO ADICIONAL DE SIETE DIAS, NO HA RESPETADO NI EL REQUISITO DEL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION NO DURAR MAS DEL TIEMPO ESTRICTAMENTE NECESARIO , NI LA EXIGENCIA DEL <PLAZO MAS BREVE POSIBLE> DEL ART. 9.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y DEL ART. 5.3 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, AMBOS RATIFICADOS POR ESPAÑA. POR ELLO HA DE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL TAMBIEN POR ESTE MOTIVO RELATIVO A LA DURACION EXCESIVA DE LA PROLONGACION DE LA DETENCION. LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA CONSIGUIENTE NULIDAD DEL ART. 13 NO PERMITEN, A LA LUZ DEL ART. 40.1 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, REVISAR <PROCESOS FENECIDOS> YA QUE NO SE TRATA DE UNA NORMA PENAL QUE IMPONGA PENAS O DEFINA RESPONSABILIDADES, NI INVALIDAN POR SI MISMAS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA PRESENTE SENTENCIA.

9. DESARROLLO DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION ES TAMBIEN EL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, RELATIVO A LA DETENCION Y REGISTROS DOMICILIARIOS, OBJETO DE IMPUGNACION EN ESTOS RECURSOS TANTO POR EL PARLAMENTO CATALAN COMO POR EL PARLAMENTO VASCO. EL NUM. 1 DE ESTE ARTICULO AUTORIZA A LOS MIEMBROS Y CUERPOS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO A <PROCEDER SIN NECESIDAD DE PREVIA AUTORIZACION O MANDATO JUDICIAL A LA INMEDIATA DETENCION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 1, CUALQUIERA QUE FUESE EL LUGAR O DOMICILIO DONDE SE OCULTASEN O REFUGIASEN, ASI COMO AL REGISTRO DE DICHOS LUGARES Y A LA OCUPACION DE LOS EFECTOS O INSTRUMENTOS QUE EN ELLOS SE HALLAREN Y QUE PUDIEREN GUARDAR RELACION CON EL DELITO>.

EL NUM. 2 DE DICHO ARTICULO EXIGE AL MINISTRO DEL INTERIOR O, EN SU DEFECTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO LA COMUNICACION INMEDIATA AL JUEZ COMPETENTE DE LAS CAUSAS DEL REGISTRO, SUS CIRCUNSTANCIAS Y SU RESULTADO. AMBOS RECURRENTES IMPUGNAN LA TOTALIDAD DEL ARTICULO POR UN MISMO Y COMUN OBJETIVO, EL QUE LA INTERVENCION JUDICIAL, EXIGENCIA DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, EN EL CASO DE ENTRADA O REGISTRO DOMICILIARIO, DEBERIA SER PREVIA A DICHAS MEDIDAS DE INVESTIGACION. LA DEMANDA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA ALEGA ADEMAS QUE NI SIQUIERA SE HA PREVISTO UNA INTERVENCION O CONTROL JUDICIAL A POSTERIORI, SINO SOLO UNA MERA COMUNICACION AL JUEZ DEL REGISTRO EFECTUADO O DE LA DETENCION PRACTICADA. PARA EL ABOGADO DEL ESTADO LA IMPUGNACION DEBERIA SER RECHAZADA, PUES SI LA INTERVENCION HUBIERA DE SER PREVIA Y CONSISTIR EN UN ACTO AUTORIZATIVO, NO HABRIA DIFERENCIA ALGUNA CON CUANTO ESTABLECE EL ART. 18 DE LA CONSTITUCION PARA LOS SUPUESTOS GENERALES.

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, O SEA EL DERECHO DE NO PENETRACION EN EL DOMICILIO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL TITULAR DEL MISMO, PROTEGIDA POR EL ART. 18 DE LA CONSTITUCION, ES UN DERECHO RELATIVO Y LIMITADO EN CUANTO QUE LA PROPIA CONSTITUCION AUTORIZA SU RESTRICCION EN SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR LA LEY, AUNQUE EXIGE, EN PRINCIPIO, UNA DECISION JUDICIAL AL RESPECTO, SALVO EN LOS CASOS DE <FLAGRANTE DELITO>. ELLO SUPONE QUE EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO CONSISTE SUSTANCIALMENTE EN UN DERECHO A QUE, CONTRA LA VOLUNTAD DEL TITULAR Y, SALVO DELITO FLAGRANTE, NO HAYA PENETRACION EN EL PROPIO DOMICILIO, SIN UNA AUTORIZACION JUDICIAL, CUYA CONCESION Y REALIZACION SE SOMETE ADEMAS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL A LA EXISTENCIA DE DETERMINADOS REQUISITOS (ARTS. 546 Y SIGUIENTES).

LA SUSPENSION INDIVIDUAL DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, QUE PERMITE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, PLANTEA EL INTRINCADO PROBLEMA DE TRATAR DE HACER COMPATIBLE LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION DE ESTE DERECHO, CONSISTENTE SEGUN SE ACABA DE DECIR EN LA EXIGENCIA DE UNA RESOLUCION JUDICIAL QUE AUTORICE LA ENTRADA Y REGISTRO, NO CONSENTIDOS, DE UN DOMICILIO, CON LA INTERVENCION JUDICIAL A LA QUE TAMBIEN ALUDE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN EL CASO DE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO TIENEN RAZON LOS RECURRENTES CUANDO SOSTIENEN QUE LA UNICA INTERVENCION JUDICIAL EFECTIVA EN PRINCIPIO ES AQUELLA QUE SE ADOPTA ANTES DE LA PENETRACION EN EL DOMICILIO, PUESTO QUE LA INTERVENCION A POSTERIORI SE PRODUCIRIA UNA VEZ REALIZADA LA PENETRACION EN EL DOMICILIO, Y NO EVITARIA EN NINGUN CASO EL SACRIFICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL, SINO QUE APARTE DE LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA O PENAL EN CASO DE EXTRALIMITACION MANIFIESTA, SOLO PODRIA TENER ALGUN EFECTO EN LA LEGITIMIDAD DE LAS PRUEBAS CONSEGUIDAS EN UNA PENETRACION DEL DOMICILIO QUE EL JUEZ POSTERIORMENTE A SU REALIZACION HAYA DESAUTORIZADO.

EL LETRADO DEL ESTADO ENTIENDE QUE TAL SUSPENSION SOLO PODRIA CONSISTIR EN LA SUSPENSION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL, PUES, EN ULTIMO TERMINO, SUSPENDER LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SUPONE PRESCINDIR DE LA INTERVENCION JUDICIAL AL RESPECTO. ASI OCURRE POR EJEMPLO DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCION, DE ACUERDO AL ART. 17.1 DE LA LEY ORGANICA 4/1981, Y ELLO PODRIA HABER SIDO ASI, DESDE LUEGO, EN ESTE TIPO DE SUSPENSION SINGULAR DE NO HABER IMPUESTO DE FORMA EXPRESA EL ART. 55.2 LA INTERVENCION JUDICIAL. QUIERE ELLO DECIR QUE EL ART. 55.2 SOLO HABILITA AL LEGISLADOR A MODULAR LA INTERVENCION JUDICIAL EN LA ENTRADA Y REGISTRO DE DOMICILIO, PERO NO A SUPRIMIRLA DE RAIZ. EL LEGISLADOR HA DE PONER EN CONCORDANCIA, SEGUN SE HA DICHO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 7. LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y LA NECESARIA INTERVENCION JUDICIAL, DICHO EN OTROS TERMINOS HA DE ASEGURAR UNA SUFICIENTE INTERVENCION JUDICIAL, EN LO POSIBLE PREVIA, QUE SEA COMPATIBLE CON LA SUSPENSION DE ESE DERECHO.

HEMOS DE EXAMINAR EN CONSECUENCIA AHORA SI EL ARTICULO IMPUGNADO HA ASEGURADO UNA SUFICIENTE INTERVENCION JUDICIAL, COMPATIBLE CON LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

LA PRIMERO QUE PROCEDE PRECISAR ES EL SENTIDO DE LA SUSPENSION DE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO QUE EL MISMO REGULA. DE LA DICCION DEL PRECEPTO SE DEDUCE QUE EL MISMO CONTEMPLA PRIMARIA Y UNICAMENTE EL REGISTRO DOMICILIARIO QUE TIENE POR OBJETO LA INMEDIATA DETENCION DE UN PRESUNTO TERRORISTA O MIEMBRO DE UNA BANDA ARMADA. ES DECIR, SOLO PERMITE LA ENTRADA EN UN DOMICILIO, SIN PREVIA AUTORIZACION JUDICIAL, PARA EFECTUAR UNA INMEDIATA DETENCION, Y, CON OCASION DE ELLA, PROCEDER AL REGISTRO Y OCUPACION DE LOS INSTRUMENTOS Y EFECTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS.

SE HA APLICADO, ASI, LA REGLA DEL ART. 553 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SUPONIENDO EL EFECTO DE LA SUSPENSION DEL DERECHO EL PRESCINDIR DEL REQUISITO LEGAL GENERAL DEL MANDAMIENTO DE PRISION PARA HACER POSIBLE LA ENTRADA EN EL DOMICILIO SIN PREVIA AUTORIZACION JUDICIAL PARA PROCEDER A UNA DETENCION INMEDIATA. ESTA RAZON DE INMEDIATEZ INDICA QUE LA LEY HA QUERIDO LIMITAR ESTA POSIBILIDAD A SUPUESTOS EXCEPCIONALES EN LOS QUE EN FUNCION DE LA <INMEDIATA DETENCION> (ART. 16) SE HACE ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE LA ADOPCION DIRECTA DE LA MEDIDA, Y EN LAS QUE EL MINIMO DE RETRASO QUE SUPONDRIA LA INTERVENCION JUDICIAL HARIA INVIABLE EL EXITO DE LA DETENCION Y REGISTRO.

EL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, NO HA ESTABLECIDO ASI COMO REGLA GENERAL LA FALTA DE AUTORIZACION JUDICIAL PREVIA, NI PUEDE DECIRSE QUE LA SOLA VIGENCIA DE LA LEY SEA SUFICIENTE, SIN LA PRESENCIA DE OTRA CIRCUNSTANCIA, PARA QUE LA FUERZA DE POLICIA PUEDA ENTRAR EN CUALQUIER DOMICILIO PARA PROCEDER A SU REGISTRO Y, EN SU CASO, OCUPAR LOS INSTRUMENTOS Y EFECTOS CORRESPONDIENTES. SOLO, DE FORMA EXCEPCIONAL, EN SUPUESTOS ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLES Y EN LOS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO NO PERMITAN LA OPORTUNA ADOPCION PREVIA DE MEDIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, POR TENER QUE PROCEDERSE A LA INMEDIATA DETENCION DE UN PRESUNTO TERRORISTA, ES CUANDO PODRA OPERAR LA EXCEPCION A LA NECESIDAD DE PREVIA AUTORIZACION O MANDATO JUDICIAL. NO PUEDE DECIRSE QUE ESTA REGULACION, ASI ENTENDIDA, NO HAYA PONDERADO ADECUADAMENTE LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y LA SUFICIENTE INTERVENCION JUDICIAL. LA LEY HA TRATADO DE CONCORDAR AMBOS ELEMENTOS, Y SOLO HA SACRIFICADO EL CARACTER PREVIO DE LA INTERVENCION JUDICIAL EN SUPUESTOS LIMITE, EN ARAS DE HACER EFECTIVOS LOS FINES POR LOS QUE EL ART. 55.2 PERMITE LA SUSPENSION DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. EN ESTE CASO, Y SOLO EN ESTE CASO, LA INTERVENCION JUDICIAL HABRA DE SER A POSTERIORI, PERO SIN QUE PUEDA ENTENDERSE, COMO SE RAZONA EN LOS RECURSOS, QUE EN ESTE CASO ESA INTERVENCION SE LIMITE A LA MERA RECEPCION DE INFORMACION, PUES EL ART. 16.2 NO ESTABLECE, NI PODRIA ESTABLECER, NINGUN LIMITE AL CONTROL JUDICIAL AL RESPECTO.

LA CONCLUSION DE TODO ELLO ES LA DE QUE EL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 HA RESPETADO LA EXIGENCIA DE LA NECESARIAS INTERVENCION JUDICIAL QUE ESTABLECE COMO GARANTIA Y LIMITE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, Y NO HA HECHO PREVALECER EN TODO CASO EL CONTENIDO BASICO DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL (LA <SUSPENSION>) SOBRE LA EXIGENCIA DE AUTORIZACION JUDICIAL DE LA ENTRADA EN EL DOMICILIO, SINO SOLO DE FORMA EXCEPCIONAL, EN SUPUESTOS ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLES, CUALIFICADOS POR LA NECESIDAD DE PROCEDER DE FORMA INMEDIATA A LA DETENCION DE UN PRESUNTO TERRORISTA.POR ELLO EL ART. 16.1 NO RESULTA CONTRARIO AL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, Y DEBE DESESTIMARSE LA IMPUGNACION DEL MISMO, POR AMBOS RECURRENTES.

EL PARLAMENTO DE CATALUÑA SE REFIERE TAMBIEN A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 16, POR ENTENDER QUE ESTE LIMITA LA INTERVENCION JUDICIAL AL MERO CONOCIMIENTO, Y POR ELLO PRESUPONE UNA <ACTITUD MERAMENTE RECEPTIVA Y PASIVA SIN POSIBILIDAD DE ACTUACION POSITIVA>. ES CIERTO, DESDE LUEGO, QUE UNA MERA INFORMACION GUBERNATIVA AL JUEZ NO PUEDE ASIMILARSE A UNA INTERVENCION JUDICIAL. SIN EMBARGO, COMO YA SE HA DICHO, DEL PRECEPTO NO SE DEDUCE LIMITACION ALGUNA DE LAS FACULTADES JUDICIALES AL RESPECTO, SINO UNA OBLIGACION DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA DE PUESTA EN CONOCIMIENTO, LA CUAL EN CADA CASO SERA A LOS EFECTOS PERTINENTES, CONSERVANDO SIEMPRE EL JUEZ TODAS LAS FACULTADES QUE EL ORDENAMIENTO LE RECONOCE PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS Y DECISIONES QUE ESTIME PERTINENTES AL RESPECTO. Y, DESDE LUEGO, EN RELACION CON LOS CASOS EXCEPCIONALES DE DETENCION INMEDIATA, LE CORRESPONDERA VERIFICAR SI LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO HAN JUSTIFICADO LA PENETRACION EN EL DOMICILIO SIN LA PREVIA AUTORIZACION JUDICIAL. AL NO SUPONER EL PRECEPTO LIMITACION ALGUNA DE LA INTERVENCION JUDICIAL, HA DE RECHAZARSE TAMBIEN LA ALEGACION DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOBRE LA PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE APARTADO SEGUNDO DEL ART. 16 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

10. EL ART. 17 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SE REFIERE A LA OBSERVACION POSTAL, TELEGRAFICA O TELEFONICA, Y AFECTA, POR ELLO A LA LIMITACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES DEL ART. 18.3 DE LA CONSTITUCION, EL CUAL EXIGE UNA RESOLUCION JUDICIAL PARA PERMITIR LA OBSERVACION DE LAS COMUNICACIONES.

EN ESTA MISMA LINEA, EL NUM. 1 DE ESTE ART. 17 HA PREVISTO, UNA AUTORIZACION JUDICIAL PREVIA COMO REGLA GENERAL; SIN EMBARGO EL NUM. 2 DEL MISMO DISPONE QUE <EN CASO DE URGENCIA> ESTA <OBSERVACION POSTAL, TELEGRAFICA O TELEFONICA> PUEDA SER ORDENADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR O, EN SU DEFECTO, POR EL DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, <COMUNICANDOLO INMEDIATAMENTE POR ESCRITO MOTIVADO AL JUEZ COMPETENTE, QUIEN, TAMBIEN DE FORMA MOTIVADA REVOCARA O CONFIRMARA TAL RESOLUCION EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS DESDE QUE FUE ORDENADA LA OBSERVACION>.

LOS RECURRENTES IMPUGNAN ESTE NUM. 2 DEL ARTICULO, POR ENTENDER QUE ES INCONSTITUCIONAL LA SUPRESION DE LA PREVIA RESOLUCION JUDICIAL INCLUSO EN LOS CASOS DE URGENCIA. SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO LA MEDIDA SE CORRESPONDE CON UNA SITUACION LEGAL DE SUSPENSION DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN LOS QUE LA INTERVENCION PREVIA DEL JUEZ IMPLICARIA EL VACIAMIENTO DE SIGNIFICADO DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION, DE AHI QUE LA INTERVENCION JUDICIAL SE PRODUZCA SOLO A POSTERIORI.

ESTE ARGUMENTO DEL LETRADO DEL ESTADO DEBE SER PRECISADO. DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION NO PUEDE DEDUCIRSE LA POSIBILIDAD DE UNA INICIAL COMPETENCIA GUBERNATIVA PARA DECIDIR SOBRE LA OBSERVACION O INTERCEPTACION DE LAS COMUNICACIONES: EL MISMO NO AUTORIZA A LA LEY A SUPRIMIR DE FORMA GENERAL Y PARA TODOS LOS CASOS EN ARAS DE UNA MAYOR EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION DEL DERECHO, LA PREVIA INTERVENCION JUDICIAL. UNA ADECUADA PONDERACION DE LAS FINALIDADES PERSEGUIDAS, SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES E INTERVENCION JUDICIAL HA DE LLEVAR TAMBIEN A UN PROCESO DE CONCORDANCIA ENTRE ELLAS QUE CONSIGA EL OBJETIVO CONSTITUCIONAL DE LA SUSPENSION DEL DERECHO, GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO EL MAXIMO POSIBLE DE INTERVENCION JUDICIAL. DEBE TENERSE EN CUENTA, ADEMAS, QUE EL DERECHO AL SECRETO DE COMUNICACIONES ES UN DERECHO RELATIVO, UN DERECHO A QUE NO HAYA INTERVENCION DE LAS MISMAS SIN RESOLUCION JUDICIAL QUE LA AUTORICE. POR ELLO, LA SUSPENSION DE ESTE DERECHO HA DE AFECTAR DE ALGUN MODO A ESA EXIGENCIA DE RESOLUCION JUDICIAL, QUE ES CONTENIDO TIPICO DEL DERECHO. DE AHI LA NECESARIA CONEXION ENTRE LA SUSPENSION DEL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y LA REDUCCION DE LA INTERVENCION JUDICIAL AL RESPECTO. AUNQUE LA LEY NO PODRIA ESTABLECER DE FORMA GENERAL UNA PLENA LIBERTAD DE ACCION POLICIAL AL RESPECTO, SIN PREVIA INTERVENCION JUDICIAL, SI QUE ESTA HABILITADA POR EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION Y COMO REGIMEN EXCEPCIONAL DEL DERECHO, PARA ELIMINAR EL CARACTER PREVIO DE LA INTERVENCION JUDICIAL, EN SUPUESTOS EN LOS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO NO PERMITIESEN LA OPORTUNA ADOPCION PREVIA DE

UNA RESOLUCION JUDICIAL, SIN PERJUICIO DE LA RATIFICACION POSTERIOR DE LA MEDIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL.

EL ART. 17 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 HA PARTIDO DEL PRINCIPIO GENERAL, TAMBIEN EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS, DE ATRIBUCION A LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, Y SOLO EN DETERMINADOS SUPUESTOS, CUALIFICADOS POR LA URGENCIA Y DURANTE UN TIEMPO LIMITADO, EL NUMERO 2 DEL ARTICULO PERMITE LA <OBSERVACION> DE LAS COMUNICACIONES POR UNA RESOLUCION GUBERNATIVA, PERMITIENDO QUE MOMENTANEAMENTE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA PUEDA DECIDIR DE FORMA INMEDIATA Y DIRECTA UNA INTERCEPTACIO N DE COMUNICACIONES NECESARIA EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS A LAS QUE LA LEY SE REFIERE.

EN CUANTO QUE AFECTA A LA LIMITACION DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, LAS RAZONES DE URGENCIA HAN DE SER INTERPRETADAS RESTRICTIVAMENTE Y, ADEMAS, EL PRECEPTO IMPONE UNA INMEDIATA COMUNICACION MOTIVADA AL JUEZ COMPETENTE (MOTIVACION QUE DEBE INCLUIR, DESDE LUEGO, LAS RAZONES DE URGENCIA QUE JUSTIFIQUEN LA ORDENACION GUBERNATIVA DE LA MEDIDA), CORRESPONDIENDO AL ORGANO JUDICIAL CONFIRMAR O REVOCAR LA MEDIDA DE FORMA INMEDIATA.

AL SUPRIMIR LA INTERVENCION JUDICIAL PREVIA SOLO EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES CUALIFICADOS POR LA URGENCIA, EL LEGISLADOR HA REALIZADO UNA ADECUADA PONDERACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION Y DE LA INTERVENCION JUDICIAL, POR LO QUE EL ART. 17.2 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 NO RESULTA CONTRARIO AL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION.

11. EL ART. 15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 DISPONE QUE:

<LA AUTORIDAD QUE HAYA DECRETADO LA DETENCION O PRISION PODRA ORDENAR LA INCOMUNICACION POR EL TIEMPO QUE ESTIME NECESARIO MIENTRAS SE COMPLETAN LAS DILIGENCIAS O LA INSTRUCCION SUMARIAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE DEFENSA QUE AFECTE AL DETENIDO O PRESO Y DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 520 Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LOS SUPUESTOS DE INCOMUNICACION.> EL LETRADO DEL ESTADO SOSTIENE QUE ESTE PRECEPTO NO PODRIA SER OBJETO DE IMPUGNACION, POR SER DE IDENTICO CONTENIDO AL ART.

3.3 DE LA LEY ORGANICA 11/1980, DE 1 DE DICIEMBRE, Y NO EXISTIR NOVEDAD, SINO SOLO TEXTUAL, DEL MANDATO JURIDICO, Y, ADEMAS, PORQUE ESTE ARTICULO DE LA LEY ORGANICA 11/1980 FUE YA OBJETO DE IDENTICA IMPUGNACION POR EL PARLAMENTO VASCO, QUE NO FUE ACOGIDA POR ESTE TRIBUNAL. ESTA DOBLE ALEGACION QUE COMO EXCEPCION PLANTEA EL REPRESENTANTE DEL ESTADO NO PUEDE SER ACEPTADA. EN PRIMER LUGAR PORQUE LA LEY ORGANICA 9/1984 NO OPERA UNA MERA REFUNDICION DE NORMAS, SINO QUE ES UNA LEY NUEVA QUE CON CONSIDERABLES MODIFICACIONES HA SUSTITUIDO Y DEROGADO A LA LEY ORGANICA 11/1980, AL MARGEN DE QUE, COMO ES NORMAL EN TODA SUCESION DE NORMAS, PUEDA COINCIDIR EN ALGUNOS PRECEPTOS CONCRETOS CON LA LEY DEROGADA. POR ELLO, A EFECTOS DE SU POSIBILIDAD DE IMPUGNACION CONSTITUCIONAL, SE TRATA DE UNA LEY <NUEVA>, INCLUIDO TAMBIEN EL ART. 15.1, QUE, ADEMAS, NI SIQUIERA ES UNA REPRODUCCION LITERAL DE LA ANTERIOR. EN SEGUNDO LUGAR, HEMOS DE REITERAR QUE NO CABE ALEGAR AQUI EL ART. 38.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA SENTENCIA 25/1981, DE 14 DE JULIO, YA QUE EL TRIBUNAL NO HIZO NINGUN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA LEY ORGANICA 11/1980, DE 1 DE DICIEMBRE, NI, DESDE LUEGO, SOBRE EL ART. 3.3 DE LA MISMA.

EL ART. 15.1 HA SIDO OBJETO DE IMPUGNACION EN AMBOS RECURSOS, LOS CUALES ENTIENDEN QUE LA REMISION AL ART. 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL AFECTA AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA RECONOCIDA EN EL ART. 17.3 DE LA CONSTITUCION Y EN LOSTRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA, Y POR ELLO RESULTA INCONSTITUCIONAL, MAXIME CUANDO SE TRATA DE UN DERECHO NO SUSCEPTIBLE DE SER SUSPENDIDO EN VIRTUD DE LA APLICACION DEL ART.

55.2 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL. ADEMAS, EL PARLAMENTO VASCO CONSIDERA CONTRARIO A LA CONSTITUCION EL QUE UNA AUTORIDAD NO JUDICIAL PUEDA ACORDAR ESTA MEDIDA DE INCOMUNICACION.

GRAN PARTE DE LAS ARGUMENTACIONES DE LOS RECURRENTES SE BASAN EN LA INCOMPATIBILIDAD DE DETERMINADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CON LA SITUACION DE INCOMUNICACION, DADOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVAN DE ESTA SEGUN LOS ARTS.

520 Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. DE ESTE PLANTEAMIENTO SE DEDUCE QUE LO QUE SE TRATA DE IMPUGNAR NO ES TANTO EL ART. 15.1, SINO LA REGULACION DE LA INCOMUNICACION QUE SE ESTABLECE EN LA LEGISLACION PROCESAL PENAL, LEGISLACION QUE SOLO QUEDA REFERIDA O CITADA EN EL TEXTO IMPUGNADO Y QUE OPERA COMO SIMPLE PRESUPUESTO DE LA LEY ORGANICA 9/1984, QUE NI LA ALTERA NI LA MODIFICA, SALVO EN LO RELATIVO A LA AUTORIDAD QUE DECIDA LA MEDIDA. LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 24/1982, DE 13 DE MAYO, HA AFIRMADO <QUE UNA OBVIA RAZON DE CONGRUENCIA IMPONE UN AJUSTE ENTRE LA IMPUGNACION Y EL CONTENIDO DE LA DISPOSICION IMPUGNADA PARA EVITAR QUE PUEDAN SER OBJETO DE RECURSO Y DE DECLARACION JURISDICCIONAL, CUESTIONES O MATERIAS NO REGULADAS POR LAS LEYES NO RECURRIDAS, SINO POR OTRAS QUE A LAS RECURRIDAS SIRVEN SOLO DE PRESUPUESTO>. TAMBIEN EN EL MISMO SENTIDO HA DE RECORDARSE QUE, COMO DIJO LA SENTENCIA 11/1981, DE 8 DE ABRIL, EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ES UNA IMPUGNACION <DIRIGIDA CONTRA UN BLOQUE O UNA PARTE DEL SISTEMA NORMATIVO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO>, SINO QUE SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE AL ENJUICIAMIENTO DEL TEXTO LEGAL O LA FORMULA LEGISLATIVA. EN EL PRESENTE CASO ESE TEXTO LEGAL ES EL ART. 15.1 Y SOLO EL MISMO PUEDE SER OBJETO DE CONOCIMIENTO EN EL PRESENTE RECURSO. EN CONSECUENCIA, LA PROBLEMATICA GENERAL DE LA FIGURA DE LA INCOMUNICACION Y SU POSIBLE COMPATIBILIDAD CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR CON EL DERECHO DE DEFENSA DEL INCOMUNICADO, NO HA DE SER EXAMINADA AQUI, AUNQUE NO ES OCIOSO RECORDAR QUE LA CUESTION HA SIDO YA PLANTEADA A ESTE TRIBUNAL EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 286/1984.

POR ELLO, AUNQUE PARA JUZGAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO SE HAYAN DE TENER EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA SITUACION DE INCOMUNICACION, NO HEMOS DE ENTRAR EN EL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES RELATIVAS A LA FIGURA GENERAL DE LA INCOMUNICACION. ELLO SUPONE LIMITARNOS A EXAMINAR LA IMPUGNACION DEL PRECEPTO POR EL PARLAMENTO VASCO EN LO RELATIVO A QUE LA DECISION DE INCOMUNICACION EN LAS PRIMERAS SETENTA Y DOS HORAS DE LA DETENCION PUEDA SER DECIDIDA POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA EN VEZ DE, COMO CONSTITUCIONALMENTE ESTIMA EXIGIBLE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL.

EL LETRADO DEL ESTADO DEFIENDE LA COMPETENCIA GUBERNATIVA POR ESTIMAR QUE LA INCOMUNICACION PREVISTA EN EL ARTICULO IMPUGNADO APARECE COMO UNA MODALIDAD DE LA PRIVACION DE LIBERTAD, POR LO QUE TAL MEDIDA HA DE CORRESPONDER A LA AUTORIDAD QUE DECIDA SOBRE ESA PERDIDA DE LIBERTAD. ESTE TRIBUNAL HA AFIRMADO QUE, NEGADA YA LA LIBERTAD, NO PUEDEN CONSIDERARSE CONSTITUTIVAS DE PRIVACION DE LIBERTAD MEDIDAS QUE SON SOLO MODIFICACIONES DE UNA DETENCION LEGAL, PUESTO QUE LA LIBERTAD PERSONAL ADMITE VARIADAS FORMAS DE RESTRICCION EN ATENCION A SU DIFERENTE GRADO DE INTENSIDAD (STA2/1987, DE 21 DE ENERO).

SIN EMBARGO, ESTA DOCTRINA NO PUEDE APLICARSE DE FORMA EXTENSIVA AL PRESENTE SUPUESTO, YA QUE LA INCOMUNICACION ES ALGO MAS QUE UN GRADO DE INTENSIDAD DE LA PERDIDA DE LIBERTAD, DADAS LAS TRANSCENDENTALES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA SITUACION DE INCOMUNICACION PARA LOS DERECHOS DEL CIUDADANO, MUY EN PARTICULAR EN LOS CASOS QUE ESA INCOMUNICACION TIENE LUGAR EN LA FASE DE DETENCION GUBERNATIVA.

COMO DEMUESTRAN EXPERIENCIAS AJENAS Y PROPIAS, UN USO ILIMITADO Y EXTENSIVO DE LA SITUACION DE INCOMUNICACION EN LAS DETENCIONES GUBERNATIVAS PUEDE PONER EN PELIGRO DERECHOS TALES COMO LOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 15, 17 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION. POR ELLO EN NUESTRO ORDENAMIENTO LA DECISION DE INCOMUNICACION CORRESPONDE SIEMPRE AL ORGANO JUDICIAL AUN EN EL CASO DE LAS DETENCIONES GUBERNATIVAS.

NO DEJA DE SER SIGNIFICATIVO QUE EL ART. 55.2 QUE ALEGA EL LETRADO DEL ESTADO PARA JUSTIFICAR LA COMPETENCIA GUBERNATIVA MENCIONE LA <INTERVENCION JUDICIAL>, QUE EN ESTA MATERIA PUEDE SER MAS NECESARIA QUE EN NINGUNA OTRA, DADA LA FUNCION DE GARANTE DE LA LIBERTAD Y DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS, QUE CORRESPONDE AL ORGANO JUDICIAL. DE AHI QUE NI SIQUIERA DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL PODRIA JUSTIFICAR LA ELIMINACION DE LA INTERVENCION JUDICIAL AL RESPECTO, SI ES QUE LA INCOMUNICACION SE CONSIDERARA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MERA PERDIDA DE LIBERTAD. POR ELLO HA DE ESTIMARSE QUE EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION NO HA HABILITADO AL LEGISLADOR ORGANICO PARA SUPRIMIR EN ESTE CASO LA INTERVENCION JUDICIAL Y PARA ENCOMENDAR A LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, SIN INTERVENCION JUDICIAL ALGUNA, LA MEDIDA DE INCOMUNICACION.

POR LA PROPIA NATURALEZA DE LA MEDIDA, Y DADA SU FINALIDAD DE NO PERJUDICAR <EL EXITO DE LA INSTRUCCION> (ART. 524 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL) HA DE ENTENDERSE QUE LA ORDENACION INMEDIATA DE LA INCOMUNICACION PUEDE REALIZARLA LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, PERO ELLO NO EXCLUYE NI IMPIDE EL QUE LA DECISION DEFINITIVA AL RESPECTO HAYA DE ADOPTARSE POR EL ORGANO JUDICIAL. ES DECIR, SE JUSTIFICA, EN ARAS DE LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA, UNA PREVIA DECISION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, PERO SOMETIDA Y CONDICIONADA A LA SIMULTANEA SOLICITUD DE LA CONFIRMACION POR EL ORGANO JUDICIAL, GARANTIA SUFICIENTE DEL DERECHO DEL AFECTADO.

SIN EMBARGO, EL ART. 15.1 NO HA PREVISTO ESTA INTERVENCION JUDICIAL CONFIRMATORIA, Y PARECE PARTIR DE LA IDEA DE LA NO NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL EN LA DECISION DE LA INCOMUNICACION DURANTE EL PERIODO INICIAL DE DETENCION GUBERNATIVA EN LAS PRIMERAS SETENTA Y DOS HORAS, AUNQUE LOS ARTS.

15.2Y 14 NO EXCLUYEN, DESDE LUEGO, UN EVENTUAL CONTROL JUDICIAL SOBRE LA DETENCION Y TAMBIEN SOBRE LA INCOMUNICACION, QUE, SEGUN SE HA DICHO, NO AFECTA EN NINGUN CASO A LA COMUNICACION DEL DETENIDO CON EL ORGANO JUDICIAL.

EN CONSECUENCIA, EL ART. 15.1 RESULTA CONTRARIO A LA CONSTITUCION EN CUANTO PERMITE QUE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA QUE HAYA DECRETADO LA DETENCION PUEDA, EN TODOS LOS CASOS, Y SIN INTERVENCION JUDICIAL ALGUNA, ORDENAR LA INCOMUNICACION DEL DETENIDO DURANTE LAS PRIMERAS SETENTA Y DOS HORAS. SIN EMBARGO, NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION EL QUE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA PUEDA ORDENAR PROVISIONALMENTE, CUANDO ELLO RESULTE NECESARIO, LA INCOMUNICACION DEL DETENIDO, AUNQUE SOLICITANDO AL MISMO TIEMPO DEL ORGANO JUDICIAL LA CONFIRMACION DE LA MEDIDA. EL PRECEPTO LEGAL HA OMITIDO, PERO NO HA EXCLUIDO, LA EXIGENCIA DE UNA RATIFICACION JUDICIAL DE LA DECISION GUBERNATIVA. NO EXCLUYE ASI, UNA LECTURA INTEGRADORA DEL PRECEPTO CONFORME Y A LA LUZ DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, QUE ES LA QUE HABRIA DE ELEGIRSE EN TODO CASO (SCTA19/1982, DE 5 DE MAYO, Y 115/1987, DE 7 DE JULIO); DE AHI QUE SOLO HA DE ENTENDERSE INCONSTITUCIONAL EN LA MEDIDA QUE SE INTERPRETE EXCLUYENDO LA RATIFICACION JUDICIAL DE LA DECISION GUBERNATIVA DE INCOMUNICACION.

EN CONSECUENCIA, EL ART. 15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION EN LA MEDIDA EN QUE SE ENTIENDA QUE LA ORDENACION DE LA INCOMUNICACION POR PARTE DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, DURANTE LAS PRIMERAS SETENTA Y DOS HORAS, NO HAYA DE SER OBJETO DE SIMULTANEA SOLICITUD AL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE, DE ACUERDO CON EL APARTADO SEGUNDO DEL PROPIO ARTICULO.

O DICHO EN OTROS TERMINOS, EL ART. 15.1 ES PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL A NO SER QUE SE INTERPRETE QUE LA INCOMUNICACION POR PARTE DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA HA DE SER OBJETO DE SIMULTANEA SOLICITUD DE CONFIRMACION AL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE.

12. EL ART. 21.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 SE REFIERE A LA CLAUSURA DE MEDIOS DE DIFUSION Y ESTABLECE QUE <ADMITIDA LA QUERELLA PRESENTADA POR EL MINISTERIO FISCAL POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS DE LA IMPRENTA, RADIODIFUSION U OTRO MEDIO QUE FACILITE SU PUBLICIDAD, EL JUEZ, DE OFICIO O A PETICION DE DICHO MINISTERIO, ORDENARA EL CIERRE PROVISIONAL DEL MEDIO DE DIFUSION Y, SI LO CREYESE CONVENIENTE, LA OCUPACION MATERIAL DE LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO, SIEMPRE QUE POR LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS O POR LA HABITUALIDAD, ESTIME PROCEDENTE LA ADOPCION DE ESTA MEDIDA EXCEPCIONAL DE ASEGURAMIENTO>.

EN LA INTERPRETACION CONCORDE QUE RECURRENTES Y LETRADO DEL ESTADO DAN AL PRECEPTO LA ADMISION DE LA QUERELLA INTERPUESTA POR EL MINISTERIO FISCAL OBLIGA AL ORGANO JUDICIAL A <ORDENAR> EL CIERRE PROVISIONAL DEL MEDIO DE DIFUSION Y LE PERMITE LA OCUPACION MATERIAL DE LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO.

LOS RECURRENTES IMPUGNAN EL PRECEPTO POR UN DOBLE ORDEN DE MOTIVOS. EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA MEDIDA SUPONDRIA UNA LIMITACION DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, O UNA SUSPENSION DE LOS MISMOS PARA LO QUE EL LEGISLADOR NO ESTARIA HABILITADO POR EL ART.

55.2 DE LA CONSTITUCION. EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE LA FORZOSIDAD DE LA MEDIDA SUPONDRIA UNA LIMITACION DE LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE DECISION DEL JUEZ, QUE SERIA CONTRARIA A LOS ARTES. 24 Y 117 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL.

HEMOS DE EXAMINAR EN PRIMER LUGAR, SI EL CONTENIDO MISMO DE LA MEDIDA PREVISTA EN EL ART. 21.1 IMPUGNADO DESCONOCE, COMO LOS RECURRENTES ALEGAN, EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, PUES SI ELLO FUERA ASI LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO HARIA INNECESARIO ENTRAR EN EL SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACION.

LOS RECURRENTES ESTIMAN QUE EL PRECEPTO LEGAL VIOLA, ADEMAS DEL ART. 20, TAMBIEN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION. EN REALIDAD LA LEY NO INVOCA, COMO JUSTIFICACION ESTE ART. 55.2 Y FORMALMENTE NO HA CONSIDERADO LA REGLA DEL ART. 21.1 COMO UNA SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO. PESE A ELLO LA INVOCACION DEL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION NO RESULTA AQUI OCIOSA EN CUANTO QUE PERMITE DEDUCIR QUE EL MISMO NO HABILITABAAL LEGISLADOR PARA ESTABLECER UNA SUSPENSION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION. UNA SIMPLE LECTURA DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL PERMITE COMPROBARLO; AUN MAS SI SE TIENE EN CIENTA QUE EL ART. 55.1, EN RELACION CON LA DECLARACION DE ESTADO DE EXCEPCION O DE SITIO PERMITE EN TALES CASOS LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS DEL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, Y ADEMAS SOLO LOS RELATIVOS AL APARTADO PRIMERO DE DICHO ART.

LETRAS A) Y D) Y AL APARTADO QUINTO. ELLO EXPRESA UNA CLARA VOLUNTAD CONSTITUCIONAL DE NO ESTABLECER UNA REGULACION DIFERENCIADA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 20 EN RELACION CON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL NUM. 2 DEL ART. 55, O SEA LOS RELACIONADOS CON LA ACTUACION DE BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS TERRORISTAS.

EL LEGISLADOR NO ESTABA, PUES, HABILITADO PARA ESTABLECER UNA SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART. 20 DE LA CONSTITUCION PARA EL CASO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO Y BANDAS ARMADAS. SIN EMBARGO, LA CONSECUENCIA PRACTICA DEL ART. 21.1 EQUIVALE A UNA AUTENTICA SUSPENSION DEL DERECHO. SI SE COMPARAN LOS EFECTOS DEL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 4/1981, DE 1 DE JUNIO, SOBRE ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCION Y SITIO QUE REGULA LA <SUSPENSION> DE TODO TIPO DE PUBLICACIONES Y EMISIONES RADIOTELEVISIVAS, CON EL ART. 21.1 IMPUGNADO QUE IMPONE PRECEPTIVAMENTE EL <CIERRE PROVISIONAL> DEL MEDIO DE DIFUSION, HABRA DE CONCLUIRSE QUE LOS EFECTOS SON IDENTICOS SIN QUE OBSTE PARA ELLO, COMO ALEGA EL LETRADO DEL ESTADO, EL QUE EL ORGANO JUDICIAL PUEDA LEVANTAR POSTERIORMENTE LA MEDIDA EN EL PLAZO DE TRES DIAS, PUESTO QUE LA EXISTENCIA DE ESTE PLAZO INDICA YA QUE LA EFICACIA DEL PRECEPTO HA OPERADO UNA SUSPENSION TEMPORAL DEL DERECHO DEL ART. 20 DE LA CONSTITUCION, PARA LO QUE EL LEGISLADOR ORGANICO NO ESTABA HABILITADO. EN LOS DEMAS CASOS DE DELITOS REALIZADOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION NO ESTA PREVISTA ESTA MEDIDA, LO QUE REFUERZA LA IDEA DE QUE AQUI SE HA TRATADO DE INTRODUCIR, SIN HABILITACION CONSTITUCIONAL, UN REGIMEN DE SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO, QUE RESULTA CARENTE DE LA HABILITACION CONTENIDA EN EL ART. 55.2 DE LA CONSTITUCION.

POR OTRO LADO, EN ESTE CASO CONCRETO, AUN SI NO SE ENTENDIERA COMO SUSPENSION SINGULAR DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION, EL ART. 21.1 IMPUGNADO HA ESTABLECIDO UNA RESTRICCION Y UNA LIMITACION DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE RESULTA EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADA AL MERO HECHO DE LA ADMISION DE UNA QUERELLA CRIMINAL, SUPONIENDO UNA RESTRICCION DE ESAS LIBERTADES QUE NO PUEDE ENCONTRARSE AMPARADA EN EL LIMITE GENERICO ESTABLECIDO EN EL ART. 20.4 DE LA CONSTITUCION. EN EFECTO, NO PERMITE UNA ADECUADA PONDERACION DE LOS BIENES CONSTITUCIONALES EN JUEGO, MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y LIBERTADES DE EXPRESION E INFORMACION, PUES UNA FINALIDAD MERAMENTE PREVENTIVA O DE ASEGURAMIENTO NO PUEDE JUSTIFICAR CONSTITUCIONALMENTE UNA RESTRICCION TAN RADICAL DE ESTAS LIBERTADES, LAS CUALES ADEMAS TIENEN EFECTOS QUE TRANSCIENDEN AL PRESUNTO IMPUTADO, Y AFECTAN A PERSONAS SIN CONEXION ALGUNA CON EL HECHO PRESUNTAMENTE DELICTIVO, EXISTIENDO MEDIOS ADECUADOS EN EL ORDENAMIENTO PARA ASEGURAR MEDIDAS CAUTELARES QUE NO SUPONGAN ESA LIMITACION DE LAS LIBERTADES DE EXPRESION E INFORMACION. LA PREVISION LEGAL CONTENIDA EN EL ART. 21.1 ES, TAMBIEN DESDE ESTA PERSPECTIVA, CONTRARIA AL ART. 20 DE LA CONSTITUCION.

FINALMENTE, NO RESULTA OCIOSO INDICAR LOS EFECTOS INDIRECTOS NEGATIVOS DE <AUTO-CENSURA> EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION QUE PODIAN RESULTAR DE LA AMENZA POTENCIAL DEL CIERRE O CLAUSURA TEMPORAL DEL MEDIO DE INFORMACION POR EL MERO HECHO DE LA ADMISION DE UNA QUERELLA CRIMINAL POR CUALQUIER TIPO DE DELITO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD TERRORISTA O DE BANDAS ARMADAS, QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA COMETER A TRAVES DE ESE MEDIO. LA DISPOSICION LEGAL PUEDE OPERAR ASI COMO UNA COERCION INDIRECTA SOBRE EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES DE EXPRESION Y DE INFORMACION DEL ART.

20 DE LA CONSTITUCION, QUE RESULTARIAN INCOMPATIBLES CON ESTAS, Y CON UN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO.

POR TODO ELLO, EL ART. 21.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984 RESULTA CONTRARIO AL ART. 20 DE LA CONSTITUCION Y HA DE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUNQUE LOS RECURRENTES SOLO IMPUGNAN EL NUM. 1 DEL ART. 21, LA DECLARACION DE NULIDAD DEL MISMO HA DE LLEVAR ACARREADA TAMBIEN LA NULIDAD DE LOS NUMS. 2 Y 3 DEL ARTICULO, POR NECESARIA CONEXION CON EL PARRAFO QUE SE ANULA. DE AHI QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y CONSIGUIENTE NULIDAD, HAYA DE PREDICARSE DE LA TOTALIDAD DEL ARTICULO.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO:

1. DESESTIMAR LAS EXCEPCIONES DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO FORMULADAS POR EL LETRADO DEL ESTADO.

2. DESESTIMAR LA PETICION DE DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY ORGANICA 9/1984, FORMULADA POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

3. ESTIMAR PARCIALMENTE LOS PRESENTES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y EN SU VIRTUD:A) DECLARAR INCONSTITUCIONAL, Y PARCIALMENTE NULO, EL PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO PRIMERO DEL ART. 1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, EN LA MEDIDA QUE EXTIENDE LA APLICACION DE LOS ARTS. 13 A 18 DE LA MISMA LEY A QUIENES HICIERAN APOLOGIA DE LOS DELITOS DESCRITOS EN DICHO ARTICULO.

B) DECLARAR INCONSTITUCIONAL, Y POR TANTO NULO, EL INCISO FINAL DEL ART. 13 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, DESDE <NO OBSTANTE...> HASTA <... PROLONGACION PROPUESTA>.

C) DECLARAR QUE EL ART. 15.1 DE LA LEY ORGANICA 9/1984, ES INCONSTITUCIONAL, A NO SER QUE SE INTREPRETE QUE LA INCOMUNICACION POR PARTE DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA HA DE SER OBJETO DE SIMULTANEA SOLICITUD DE CONFIRMACION AL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE.

D) DECLARAR INCONSTITUCIONAL, Y POR TANTO NULO, EL ART. 21 DE LA LEY ORGANICA 9/1984.

4. DESESTIMAR LOS RECURSOS EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADO EN MADRID, A DIECISEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOSOCHENTA Y SIETE.

FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. CARLOS DE LA VEGA BANAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ REGUERAL VOTO EN PLENO Y NO PUDO FIRMAR.

FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 16/12/1987
  • Fecha de publicación: 08/01/1988
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 31 de 5 de febrero de 1988 (Ref. BOE-T-1988-3156).
Referencias anteriores
  • DICTADA:
  • DECLARA la inconstitucionalidad de determinados preceptos en relación con la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-63).
Materias
  • Administración de Justicia
  • Audiencia Nacional
  • Cataluña
  • Código de Justicia Militar
  • Código Penal
  • Comunidades Autónomas
  • Correos y Telecomunicaciones
  • Delitos cometidos por grupos o bandas armados
  • Delitos contra la libertad y seguridad
  • Delitos contra la seguridad exterior del Estado
  • Delitos contra la seguridad interior del Estado
  • Delitos contra las personas
  • Detención
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Imprenta
  • País Vasco
  • Prensa
  • Publicaciones
  • Radiodifusión
  • Teléfonos
  • Telégrafos
  • Televisión
  • Terrorismo
  • Tribunal Constitucional

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