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I

El Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se aprobó con la finalidad de reforzar de manera estructural la financiación, la capacidad de respuesta y la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando la efectividad de un derecho subjetivo esencial para la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía.

La norma respondió a la necesidad de consolidar y acelerar los avances alcanzados en los últimos años por el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, que supuso el inicio de un proceso sostenido de fortalecimiento y modernización del SAAD mediante un esfuerzo extraordinario de inversión orientado a recuperar su capacidad de respuesta y revertir las deficiencias acumuladas durante años de insuficiencia financiera. Asimismo, tuvo por objeto garantizar las condiciones financieras necesarias para hacer efectivos los nuevos derechos y medidas incorporados en la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

En concreto, incrementa de forma muy sustantiva las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema, reforzando así la financiación básica asociada al reconocimiento de la situación de dependencia y garantizando una mayor aportación estatal vinculada a las prestaciones y servicios efectivamente reconocidos. Asimismo, refuerza el nivel acordado o convenido de financiación mediante una aportación adicional destinada a las comunidades autónomas, con el fin de mejorar la capacidad operativa del Sistema, impulsar la calidad de la atención y favorecer un despliegue homogéneo de los nuevos derechos, prestaciones y servicios derivados de la reforma de la legislación en materia de dependencia y discapacidad. Ambas medidas responden al objetivo de incrementar la corresponsabilidad financiera del Estado en el sostenimiento del SAAD, asegurar los recursos necesarios para consolidar su transformación y modernización a través de una inversión por parte de la Administración General del Estado en el SAAD que en 2027 alcanzará la cifra histórica de 7.240 millones de euros.

Por su parte, la Ley 4/2026, de 1 de octubre, aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre de 2026, supone un cambio de paradigma en la configuración del sistema público de cuidados, al sustituir progresivamente un modelo de carácter asistencial e institucional por otro basado en los derechos, la autonomía personal y la participación efectiva de las personas en su comunidad. La reforma parte de la premisa de que los apoyos y cuidados deben organizarse en función de las preferencias, proyectos de vida y necesidades de cada persona, de manera que sea el Sistema el que se adapte a las personas y no a la inversa. Se impulsa así una atención centrada en la persona, orientada a favorecer la vida independiente, la inclusión social y el ejercicio efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

La reforma incorpora nuevos derechos y garantías destinados a eliminar barreras y simplificar el acceso a la protección pública. Entre sus principales avances destacan el reconocimiento reforzado de la accesibilidad universal, una configuración más flexible de los servicios y las prestaciones del SAAD, facilitando su adaptación a las necesidades cambiantes de las personas y permitiendo combinar apoyos cuando ello contribuya a una mejora, o el reconocimiento automático de la discapacidad a partir de una situación de dependencia, sin necesidad de realizar trámites administrativos adicionales. Con ello se persigue reducir cargas burocráticas, agilizar el acceso a prestaciones y servicios y asegurar una protección más efectiva e integral.

En conjunto, la reforma consolida un sistema público de cuidados más universal, accesible y centrado en los derechos de las personas, capaz de responder al incremento de las necesidades de apoyo derivadas de los cambios demográficos y sociales. En este contexto, el incremento de la financiación estatal se configura como una condición necesaria para coadyuvar a la modernización del SAAD y asegurar que la ampliación de derechos reconocida por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, pueda materializarse en prestaciones y servicios reales para las personas beneficiarias.

Es por ello por lo que la reforma del sistema público de cuidados articulada a través de la citada ley eleva a rango legal el principio de corresponsabilidad financiera y proporciona un marco estable que tiene como objeto superar dinámicas pasadas de infrafinanciación y asegurar la sostenibilidad del modelo de cuidados a largo plazo. Con ello, no solo se refuerza la seguridad jurídica del Sistema, sino que se crean las condiciones necesarias para que los nuevos derechos, prestaciones y apoyos reconocidos por la ley puedan hacerse efectivos de manera homogénea y continuada en todo el territorio.

II

Los resultados obtenidos desde la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación materializado en el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, ponen de manifiesto el impacto positivo de las medidas adoptadas. La séptima edición del Panel del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Imserso, octubre de 2026) refleja una mejora significativa de los principales indicadores del Sistema.

Así, durante el último trimestre, la lista de espera se ha reducido casi un 6 % (5,7 %). Al mismo tiempo, la lista de espera recoge su mayor disminución en términos interanuales, al reducirse un 22,7 % en el último año, esto es, 39.672 personas menos respecto a septiembre de 2025. Esto supone que, en la actualidad, el número de personas que se encuentran a la espera de una prestación es el más bajo desde que hay registros y se sitúa en 134.734 personas. Desde 2021, la lista de espera se ha reducido en más de 56,7 %, lo que representa un descenso de 176.711 personas en 5 años.

Además, la consolidación de esta aceleración en el ritmo de incorporación al sistema se produce en un escenario de envejecimiento acelerado y de presión creciente de la demanda. Esto significa que el SAAD, lejos de tensionarse, demuestra una evolución positiva que no solo logra absorber el aumento de solicitudes sino también mejorar de forma continuada sus resultados. Lo anterior se traduce en un incremento en el número de personas con prestación efectiva que asciende a un 2,4 %, lo que supone 41.573 nuevas personas beneficiarias. Por tanto, en septiembre de 2026, casi 1,8 millones de personas (1.748.901) se beneficiaban de alguna prestación o servicio de este Sistema, lo que supone un nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, el número de personas con prestación efectiva se ha incrementado un 11 % en un año, con un aumento de 173.219 personas respecto a junio de 2025. Este crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 6,6%, lo que vuelve a simbolizar que, en un contexto de crecimiento constante de solicitudes, la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda. En definitiva, estos datos evidencian que el sistema no solo crece, sino que adquiere velocidad en la capacidad de respuesta y atención a las personas en situación de dependencia. En comparación con inicios del año 2021, el número de personas con prestación efectiva ha aumentado en un 61,3 %, con una incorporación de 664.692 personas hasta llegar a las 1.748.901 actuales.

Por último, cabe también destacar la reducción del tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación que ha descendido en 21 días en el último trimestre y en 48 días en el último año. Es decir, en este último trimestre el tiempo medio de tramitación ha descendido casi los mismos días que durante los dos trimestres anteriores juntos, situándose en 293 días.

Con el fin de asegurar la plena efectividad de las modificaciones introducidas en el SAAD por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, resulta necesario actualizar distintos aspectos regulados por el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Dicha actualización responde a la necesidad de adecuar el marco reglamentario a la nueva regulación establecida por la reforma legal, garantizando la coherencia interna del ordenamiento aplicable al SAAD y la correcta articulación de sus distintos elementos. Con ello se facilita la aplicación efectiva de las previsiones incorporadas por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, y se refuerza la seguridad jurídica en la implementación de los derechos reconocidos.

III

La norma se estructura en tres artículos y seis disposiciones finales. El artículo 1 recoge las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado para los tres grados de dependencia. El artículo 2 establece la dotación del nivel acordado para el año 2027. Para ello, se regulan dos concesiones de suplementos de crédito en el ejercicio 2027 en el artículo tres.

Por su parte, la disposición final primera, modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a fin de solventar una incoherencia fruto de un error técnico. La disposición final segunda modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, para adecuar las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al marco jurídico vigente. La salvaguarda de este reglamento queda habilitada en la disposición final tercera.

Por último, las disposiciones cuarta, quinta y sexta incluyen el título competencial, la habilitación al Gobierno para desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.

IV

Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han de concretarse las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las diferentes medidas previstas en el presente real decreto-ley. Como viene reiteradamente declarando esta jurisprudencia (así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al real decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (Sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (Sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, se debe considerar que el fin que justifica la legislación de urgencia no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de este real decreto-ley deriva de la necesidad de garantizar de manera inmediata la efectividad de los derechos reconocidos en la reforma operada a través de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, y de asegurar el adecuado funcionamiento del SAAD, evitando que eventuales limitaciones financieras y de adaptación normativa comprometan el acceso efectivo de las personas en situación de dependencia a las nuevas prestaciones y servicios que integran el Sistema.

Son objetivos específicos consolidar la cuantía de nivel convenido aportada por la Administración General del Estado así como habilitar crédito suficiente en 2027 para el nivel mínimo; acortar el plazo máximo de reconocimiento de la prestación a tres meses, solventando una incoherencia que se da en el texto de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, fruto de un error técnico en la reciente modificación parlamentaria; y, proceder a la actualización de distintas disposiciones del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, para adecuarlo a la nueva regulación introducida por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, garantizando la coherencia normativa, así como la aplicación efectiva de las previsiones incorporadas por dicha reforma.

En definitiva, la persistencia de un elevado volumen de personas pendientes de valoración, resolución o acceso efectivo a prestaciones y servicios, unida a la necesidad de hacer plenamente operativas las reformas recientemente aprobadas a través de la citada norma por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, exige una actuación normativa inmediata que comprometa los recursos necesarios y realice las modificaciones normativas necesarias para garantizar una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos.

Para que dichos objetivos puedan lograrse con efectividad, requieren del marco jurídico actualizado. Desde esta perspectiva, y con la salvaguarda de su rango reglamentario, se incorporan determinadas modificaciones en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ello permite garantizar la aplicación inmediata, sistemática y coherente de las medidas introducidas en el SAAD a nivel jurídico, dado que no existe en nuestro sistema jurídico un ámbito material sujeto a reserva reglamentaria. Es por ello que, para atender la mejora de la protección social, se hace necesaria la modificación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, siendo el rango de ley el adecuado sin perjuicio de la modificación reglamentaria prevista, cuya salvaguarda queda habilitada.

La incorporación de dichas modificaciones en un único instrumento normativo responde a razones de seguridad jurídica, coherencia regulatoria y eficacia administrativa, al encontrarse directamente vinculadas a la efectividad de las reformas introducidas en el SAAD, sin que ello altere la naturaleza reglamentaria de las disposiciones modificadas.

La demora inherente a la tramitación legislativa ordinaria impediría alcanzar dichos objetivos en los plazos requeridos, con el consiguiente riesgo de agravamiento de situaciones de vulnerabilidad y de desprotección de personas que precisan apoyos para el desarrollo de una vida autónoma, comprometiendo asimismo la efectividad de los principios de igualdad y cohesión social que inspiran nuestro sistema de protección social. En este contexto, la utilización del instrumento previsto en el artículo 86 de la Constitución resulta necesaria para asegurar una respuesta rápida y eficaz a una situación cuya atención no admite demora, garantizando la continuidad y suficiencia de los recursos destinados al sistema y la plena efectividad de los derechos de las personas beneficiarias.

En particular, la entrada en vigor del presente real decreto-ley se traducirá en un incremento histórico de la financiación estatal para que sea efectiva y homogénea en todo el territorio en mejores prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia, y que se materialicen los nuevos derechos de la Ley 4/2026, de 1 de octubre.

En consecuencia, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución Española, para implementar los cambios legislativos derivados de la especial urgencia que requiere satisfacer los cuidados de las personas en situación de dependencia en un contexto de persistencia de listas de espera para acceder a los servicios y prestaciones económicas que garantiza la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y de los nuevos derechos reconocidos por la Ley 4/2026, de 1 de octubre.

Por otro lado, no hay afectación al Derecho electoral general, pues se trata de una materia ajena al objeto del proyecto, ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, conforme a la interpretación realizada sobre esta cuestión por el Tribunal Constitucional (cfr. STC 134/2021, de 24 de junio de 2021 y STC 150/2017, de 21 de diciembre de 2017).

En cuanto a la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes términos, que resume la STC 139/2016, de 21 de julio (FJ 6):

«1.º) El artículo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo “inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución”. 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…).»

En lo que respecta al régimen de las Comunidades Autónomas, se trata de un límite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC 23/1993, de 21 de enero (FJ.2):

«(…) ha de tenerse en cuenta que el art. 86.1 C.E. utiliza un término “régimen de las Comunidades Autónomas” más extenso y comprensivo que el mero de “Estatutos de Autonomía”, por lo que dicha expresión ha de ser interpretada, como ha dicho la STC 29/1986 “en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución”. De ese “régimen constitucional” forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero también se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del art. 150.1 C.E., las Leyes de armonización del art. 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el art. 150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al art. 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas.

Más allá de ese “régimen constitucional” el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas.

Ciertamente, el ejercicio de las competencias de un ente puede afectar en alguna medida a las del otro. Pero cuando la Constitución veda al Decreto-ley “afectar” al régimen de las Comunidades Autónomas, se refiere a una delimitación directa y positiva de las competencias mediante tal instrumento normativo, y no a cualquier regulación que indirectamente “incida” en las competencias autonómicas. De otro modo, se vaciarían prácticamente de contenido los ámbitos de regulación sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy difícil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia autonómica».

De forma más concreta, la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/2016, de 4 de febrero de 2016, se pronunció de forma expresa sobre el alcance del límite material consistente en la afectación al régimen de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, indicando en su fundamento jurídico 5 lo siguiente:

«Igual suerte ha de correr la queja relativa a la infracción del límite material consistente en la afectación al régimen de las Comunidades Autónomas en la que, según la demanda, incurrirían el artículo 22.2 y la disposición adicional novena, relativos a la constitución del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pues ya hemos señalado recientemente [STC 81/2015, de 30 de abril, FJ 6 b)] que este límite “no podría nunca llegar a comprender cualquier medida que de algún modo pudiese afectar a las Comunidades Autónomas, o a una Comunidad Autónoma (y no al ‘régimen de las Comunidades Autónomas’ diseñado en general en la Constitución), pues de ser así, y teniendo en cuenta el desarrollo que ha alcanzado la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas esbozada en el título VIII de la Constitución, se haría imposible la utilización de ese instrumento normativo por parte del Gobierno de la Nación, comprometiendo incluso el ejercicio de las funciones que también le asigna esa misma Constitución”. En suma, es claro que una disposición del Gobierno, tendente a reestructurar los instrumentos de cooperación necesarios en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, no persigue una delimitación directa y positiva de las competencias mediante el decreto-ley, pues este límite material no impide cualquier regulación que indirectamente incida en las competencias autonómicas. De otro modo, se vaciarían prácticamente de contenido los ámbitos de regulación sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy difícil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia autonómica (STC 23/1993, de 21 de enero, FJ 2; en el mismo sentido, STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 8)».

Citada la jurisprudencia constitucional es de concluir que las medidas que incorpora el real decreto-ley no presentan afectación al régimen de las comunidades autónomas, siendo respetuoso con el límite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista.

Asimismo, el presente real decreto-ley garantiza para el ejercicio 2027 la financiación correspondiente al nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, definido y financiado por la Administración General del Estado. Igualmente, asegura para dicho ejercicio el mantenimiento de la aportación estatal destinada al nivel acordado de protección, cuya distribución se articulará posteriormente mediante los instrumentos ordinarios de cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Todo ello se establece sin alterar el modelo vigente de financiación ni el régimen de distribución competencial previsto en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía, permaneciendo incólumes las competencias que corresponden a las comunidades autónomas en materia de servicios sociales y atención a la dependencia.

V

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

El proyecto se adecúa a los principios de necesidad y eficacia. La norma proyectada responde a una razón de interés general, en la medida en que sólo mediante una financiación suficiente podrá satisfacerse el ejercicio del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. En coherencia, se identifican con claridad los fines de la norma, teniendo como objetivo general la generación de crédito suficiente para que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pueda hacer frente, en el ejercicio presupuestario 2027, a los compromisos derivados del Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio y de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que persiguen, como fin concreto, el refuerzo de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mediante una mayor corresponsabilidad de la AGE. De este modo, se logrará una mejora significativa de la capacidad de las personas en situación de dependencia, que gozarán de un mayor grado de autonomía física, mental, funcional y social. A los mismos objetivos sirven las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que igualmente redundará en una mayor calidad de la atención a las personas usuarias del SAAD, en coherencia con el mandato proyectado por la Ley 4/2026, de 1 de octubre.

Por su parte, la disposición final primera introduce una corrección técnica en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con la finalidad de homogeneizar el nuevo plazo máximo de resolución del reconocimiento de la situación de dependencia previsto en la disposición final primera de la citada norma, a la modificación introducida en el artículo 28 por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

En lo que concierne al principio de seguridad jurídica, esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. El presente real decreto-ley se inspira en algunos de los principios que propugna la citada ley en su artículo 3, y en concreto, con el carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, y la promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. A su vez, es coherente con el ordenamiento al actualizar el marco jurídico del ámbito de los servicios sociales que tiene como satélites una serie de reales decreto donde se establecen con sistematicidad las cuantías y las intensidades de las prestaciones, entre otros aspectos.

En lo referido al principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible para lograr los fines señalados, sin introducir medidas restrictivas de derechos ni imponer obligaciones a los ciudadanos o empresas.

En cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un real decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno es clara en cuanto a la exposición de sus objetivos, como también lo es la memoria de análisis de impacto normativo que la acompaña.

Finalmente, respecto del principio de eficiencia, la norma no entraña tareas de naturaleza administrativa que deban llevar a cabo empresas o ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma, por lo que no se generan cargas administrativas para el cumplimiento de sus objetivos.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En 2027 las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de grado III, Gran Dependencia; grado II, Dependencia Severa y grado I, Dependencia Moderada, son las fijadas en el siguiente cuadro:

Grado de dependencia	Mínimo de protección garantizado – Euros/mes
Grado III Gran Dependencia.	660,00
Grado II Dependencia Severa.	260,00
Grado I Dependencia Moderada.	90,00

Asimismo, la cuantía del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incluida en el Grado III+, de dependencia extrema se fija en 4.930 euros al mes.

Artículo 2. Cuantía del nivel acordado de protección en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En 2027 el nivel acordado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tendrá una dotación de 904.197.420 euros, que será distribuido a cada Comunidad Autónoma de acuerdo con los criterios de reparto que se establezcan en el correspondiente Marco de Cooperación Interadministrativa.

Artículo 3. Concesión de dos suplementos de crédito en el ejercicio 2027 en el Presupuesto de la Sección 29 «Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030».

1. Desde 1 de enero de 2027 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2027, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10.5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se conceden dos suplementos de crédito en el presupuesto de 2027 de la sección 29 «Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Derechos Sociales», Programa 000X «Transferencias y libramientos internos», capítulo 4 «Transferencias corrientes», artículo 42 «A la Seguridad Social», que se financiará de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

a) Concepto 427, subconcepto 00 «Al Imserso, para mínimo garantizado en dependencia», por importe de 3.823.252,02 euros.

b) Concepto 428 «Al Imserso, nivel convenido en dependencia (SAAD)», por importe de 121.000.000,00 euros.

2. Sin perjuicio del expediente de gasto que tramite la Secretaría de Estado de Derechos Sociales a favor del Imserso, y se impute a las aplicaciones presupuestarias del apartado 1 de este artículo, la aprobación del presente real decreto-ley será presupuesto suficiente para la generación de crédito en 2027 en las siguientes aplicaciones presupuestarias y en las cuantías indicadas a continuación:

a) Aplicación presupuestaria 31.34-451.1 «Para atención a personas en situación de dependencia: nivel mínimo de protección», por importe de 3.823.252,02,00 euros.

b) Aplicación presupuestaria 31.34-451.2 «Para atención a personas en situación de dependencia: nivel acordado de protección», por importe de 121.000.000,00 euros.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que quedan redactados en los siguientes términos:

«2. En el marco de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de tres meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.

3. El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1 que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la regulación de los servicios y las prestaciones económicas por grado de dependencia, y los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios del catálogo establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, se regulan los traslados de personas beneficiarias entre comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla, el reintegro de prestaciones y la protección de los españoles emigrantes retornados.»

Dos. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 7. Intensidad del servicio de teleasistencia.

1. El servicio de teleasistencia es un servicio de atención y apoyo continuo y personalizado, prestado mediante tecnologías avanzadas y dispositivos universalmente accesibles, con el alcance y la finalidad previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. Todas las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos. Se reconocerá en el programa individual de atención como servicio complementario, en cualquiera de los grados.

3. El servicio se prestará las veinticuatro horas del día, todos los días del año, con especial atención a la conectividad en las zonas rurales, fronterizas o menos pobladas. Incorporará la videointerpretación en lengua de signos o la comunicación directa en lengua de signos con los agentes.

4. La intensidad del servicio se adecuará a las circunstancias, voluntad, deseos y preferencias de la persona y comprenderá, al menos, la atención ante situaciones de emergencia, el seguimiento proactivo periódico y la detección de situaciones de soledad y aislamiento. Cuando la persona reciba atención residencial o cuidados y apoyos en viviendas en la modalidad del artículo 24 bis.2.a) de la Ley, el servicio se orientará a apoyar su participación en el entorno comunitario.

5. La comunidad autónoma o Administración competente determinará las modalidades del servicio y podrá integrarlo con otros servicios del catálogo y con los del Sistema Nacional de Salud, conforme al artículo 22.3 de la Ley.»

Tres. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 8. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

1. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de la persona en situación de dependencia y en el entorno comunitario próximo a este, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria y promover su autonomía, de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias.

2. Este servicio comprende:

a) Los cuidados y apoyos personales para la realización de las actividades de la vida diaria, incluido el acompañamiento en el entorno comunitario próximo al domicilio.

b) Los apoyos en las actividades domésticas y en la gestión del hogar.

Las comunidades autónomas o Administraciones competentes podrán establecer otros contenidos. Las personas que presten el servicio contarán con la formación especializada a que se refiere el artículo 23.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

3. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio estará en función del programa individual de atención y se determinará en número de horas mensuales, según grado de dependencia, de acuerdo con el anexo II. No obstante, las Administraciones públicas competentes podrán establecer intensidades superiores para cada grado.

4. Para determinar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio se utiliza el término horas mensuales de atención. La hora, en este contexto, se refiere, por tanto, al módulo asistencial de carácter unitario, cuyo contenido prestacional se traduce en una intervención de atención de la persona beneficiaria.

5. En el programa individual de atención se diferenciarán, dentro de las horas de ayuda a domicilio, las correspondientes a los apoyos de la letra a) y de la letra b) del apartado 2. Los apoyos de la letra b) solo podrán prestarse conjuntamente con los de la letra a). Excepcionalmente y de forma motivada en la resolución, podrán prestarse por separado cuando así se disponga en el programa individual de atención.

6. En dicho programa individual de atención, la comunidad autónoma o Administración que, en su caso, tenga la competencia establecerá la gradualidad de las anteriores intensidades, en base a la valoración de la situación personal de dependencia.

7. Cuando, a solicitud de las personas interesadas, el servicio se organice de forma coordinada, conjunta y participada en los supuestos del artículo 23.2 de la Ley:

a) Cada persona conservará la intensidad reconocida en su programa individual de atención.

b) Las horas dedicadas a actividades compartidas se imputarán por igual a cada participante.

c) La organización conjunta no podrá reducir los cuidados personales individuales.

d) Cada persona podrá solicitar en cualquier momento volver a la organización individual del servicio.

8. La contratación conjunta en la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, prevista en el artículo 23.3 de la Ley, no alterará la cuantía individual de cada prestación.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13. Cuantía de las prestaciones económicas.

1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia serán las que se determinan en el anexo IV.

2. Para determinar el importe de la prestación económica a recibir por cada persona beneficiaria, a dicha cuantía podrá aplicarse, cuando proceda, un coeficiente reductor según su capacidad económica, que será exclusivamente personal, de acuerdo con lo establecido por la comunidad autónoma o Administración que, en su caso, tenga la competencia. Para ello, tendrá en consideración lo que se acuerde por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de acuerdo con los artículos 32 bis y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

No obstante, se establecen las cuantías mínimas, en cualquiera de sus grados, que se determinan en el anexo V.»

Cinco. Se modifica el artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 14. Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.

Del importe a percibir por alguna de las prestaciones económicas previstas en este real decreto, se deducirá cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán las prestaciones previstas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las personas que tengan reconocida la situación de Grado III+ de dependencia extrema, conforme a lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.»

Seis. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 16. Régimen de compatibilidad entre prestaciones.

1. Los servicios y prestaciones económicas del Sistema podrán reconocerse de forma combinada en el programa individual de atención, de acuerdo con la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia, dentro de las intensidades y cuantías que correspondan a su grado de dependencia y en los términos de este artículo.»

Disposición final tercera. Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final cuarta. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 10 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN