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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 21 de mayo de 2026, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las universidades y sus entidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2022, acuerda:

1. Instar a las universidades y entidades dependientes a:

– Cumplir estrictamente con la obligación legal de remisión de información contractual al Tribunal de Cuentas, en plazo y forma.

– Reforzar los procedimientos internos para garantizar el pleno sometimiento de la contratación pública a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, transparencia y eficiencia.

– Adoptar medidas para evitar el uso indebido de la contratación menor, en particular prever el fraccionamiento del objeto del contrato.

– Mejorar la planificación de la contratación, reduciendo la utilización de procedimientos excepcionales y fomentando la concurrencia competitiva.

– Reforzar los mecanismos de control en la ejecución de los contratos, incluyendo seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de las prestaciones.

– Recomendar avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, sostenibilidad e igualdad, integrándolas de forma efectiva en la contratación pública.

2. Instar a las Universidades de Cantabria, Extremadura y La Rioja a determinar con mayor precisión le necesidad de celebración de los contratos..

3. Instar a las Universidades de Extremadura, La Rioja y Politécnica de Cartagena a establecer los mecanismos necesarios, los cuales permitan precisar con mayor grado de concreción en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares la prestación a realizar, la definición del presupuesto, el valor estimado del contrato, los criterios de adjudicación y el establecimiento de controles adecuados para su correcta ejecución.

4. Instar a las Universidades de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena a:

– Adoptar las medidas necesarias, en particular por parte de la Universidad de Extremadura, para garantizar que el envío al Tribunal de Cuentas de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.

– Mejorar el contenido de los proyectos de los contratos de obras y su supervisión, de modo que comprendan todos y cada uno de los elementos necesarios para la ejecución de los contratos, evitando, en lo posible, modificaciones y dilaciones de los contratos debidos a circunstancias que hubieran podido preverse con anterioridad.

– Justificar en el expediente de contratación, en el caso de que se produzcan retrasos en la ejecución de los contratos, esta situación y prever la imposición de penalidades, cuando la causa en el retraso de la ejecución fuera imputable al contratista y no estuviese justificada.

– Llevar a cabo, en los casos de contratos de servicios y suministros que sean recurrentes y previsibles, una adecuada planificación para evitar el uso excesivo de la contratación menor, acudiendo a la contratación de los servicios y suministros necesarios a través de los procedimientos ordinarios de adjudicación, con plena garantía de los principios de publicidad y concurrencia.

– Acudir a la figura del contrato de servicios y suministros de prestación sucesiva, que permite contratar un determinado suministro por precios unitarios, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración dentro de un presupuesto máximo (disposición adicional trigésima tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

– Incorporar en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, siempre que fuera posible, criterios de desempate y/o de condiciones especiales de ejecución relacionados con aspectos sociales, de igualdad de género y medioambientales.

5. Instar a las entidades dependientes de las Universidades de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena a:

– Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el envío al Tribunal de Cuentas de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerda del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018. Asimismo, se recomienda llevar a cabo una adecuada planificación de la cobertura de las necesidades recurrentes, evitando la celebración de contratos sucesivos que atienden necesidades continuadas. Ello permitiría la contratación de los servicios y suministros necesarios a través de los procedimientos ordinarios de adjudicación, con plena garantía de los principios de publicidad y concurrencia.

– Recomendar, en los casos los contratos de objeto recurrente, que las entidades dependientes, aunque no se trate de Administraciones públicas, valoren acudir al empleo de la figura del contrato de servicios y de suministro de prestación sucesiva, el cual permite contratar un determinado servicio o suministro por precios unitarios, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar estas subordinadas a las necesidades de la Administración dentro de un presupuesto máximo (disposición adicional trigésima tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.–El Vicepresidente Primero, Álvaro Pérez López.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.