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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 de octubre de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Programa 413A «Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria», ejercicios 2021 y 2022, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización del Programa 413A «Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria», ejercicios 2021 y 2022.

2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización del Programa 413A «Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria», ejercicios 2021 y 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Instar al Gobierno a:

– Elaborar de manera urgente una estrategia estatal de alimentación con objetivos claros, medibles y alineados con los compromisos del Pacto Verde Europeo.

– Revisar la clasificación presupuestaria del programa, diferenciando correctamente entre gastos corrientes e inversiones para reflejar de forma transparente el esfuerzo inversor real.

– Adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer mayor información en la toma de decisiones y colaborar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público.

– Impulsar una reorientación de las políticas agrarias en el seno de la Unión Europea, con especial atención a la reforma de la Política Agraria Común, con el fin de asegurar la soberanía alimentaria, reforzar el sector primario y promover un incremento de las ayudas destinadas a toda la cadena agroalimentaria, considerada estratégica para la economía española.

– Promover la derogación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en el seno del Consejo, en coordinación con aquellos Estados miembros que ya han manifestado su oposición, por entender que dicha norma compromete la viabilidad del sector agroalimentario y contraviene los intereses nacionales.

– Promover una reforma normativa a nivel europeo que prohíba expresamente la importación de productos agroalimentarios tratados con sustancias fitosanitarias prohibidas en territorio de la Unión Europea, evitando así la competencia desleal y garantizando la seguridad alimentaria y la igualdad de condiciones para los productores europeos. reforzando los controles fronterizos e impulsando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria, mediante el establecimiento de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas y ganaderos importados a la Unión Europea.

– Modificar el actual sistema de etiquetado de productos agroalimentarios, con el objetivo de asegurar una identificación clara, visible y veraz del origen geográfico de los productos, protegiendo a su vez la producción nacional.

4. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

– Elaborar una estrategia estatal en materia de alimentación, considerando el valor que se atribuye al sector agroalimentario y la disponibilidad de instrumentos de planificación sobre líneas de actuación específicas en las que podría fundamentarse el diseño de esta política.

– Impulsar un plan de acción para sus laboratorios agroalimentarios, para su ejecución inmediata, con el objetivo de garantizar los medios personales y técnicos necesarios para la prestación de sus servicios y actualizar los precios de estos servicios para garantizar la cobertura de sus costes, partiendo de sus propios diagnósticos realizados en 2019 y de los resultados del Informe del Tribunal de Cuentas.

– Impulsar un plan de acción para sus laboratorios agroalimentarios, en el que se contemple la distinción y gestión independiente de sus medios y presupuestos, considerando la posible creación de una División o Subdirección específica. Dicho plan deberá valorar la adecuación y suficiencia de los recursos personales y técnicos, la actualización de precios y tasas, la adaptación de los subconceptos presupuestarios y proyectos de gasto, así como el marco de prestación de servicios a las comunidades autónomas y entidades privadas.

– Recoger en su página web, dentro del área de «Estadísticas y análisis», una sección de «Estadísticas alimentación» que recoja, de forma sistematizada y actualizada, todas sus estadísticas en materia de alimentación, indicando las que se elaboran en ejecución del Plan Estadístico Nacional.

– Modernizar los laboratorios agroalimentarios públicos, dotándolos de personal cualificado, equipamiento actualizado y tarifas adecuadas para garantizar su viabilidad y calidad técnica.

– Valorar la eventual revisión del código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria.

5. Instar a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos a:

– Mejorar el marco técnico vigente para la preparación de las propuestas de programas a incluir en cada Presupuesto General del Estado, concretando los límites del criterio para atribuir gastos a programas finalistas e instrumentales, ante la heterogeneidad existente entre diferentes ministerios y que da como resultado una información que impide la comparabilidad.

– Elaborar y publicar guías u orientaciones para que los presupuestos expresen objetivos cuantificables en unidades de realización e indicadores de ejecución mensurables en coherencia con los recursos asignados y con la planificación estratégica de cada política pública a medio y largo plazo. Debería evitarse mezclar gastos de administración general con los específicos de programas de gasto de orientación finalista.

6. Instar a la Dirección General de Alimentación a:

– Valorar cambios en el diseño del Programa 413A para que éste se adecue a una auténtica programación por objetivos, considerando:

a) Una denominación del programa más ilustrativa de sus objetivos actuales.

b) La interrelación con otras estrategias y planes nacionales y de la Unión Europea.

c) Una mayor claridad en los objetivos y líneas de actuación.

d) Unos indicadores más completos que permitan el seguimiento de las actuaciones programadas y la valoración de sus resultados conseguidos.

– Analizar, en colaboración con la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la correcta clasificación de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos y subvenciones, considerando en este último caso la conveniencia de mantener o suprimir aquellas que hayan resultado ineficaces. En particular, dicho análisis deberá contemplar la necesidad de dotar al programa 413A de crédito en el capítulo 2, para la adecuada imputación de los estudios y trabajos técnicos, respetando en todo caso las normas de contabilidad pública que rigen la ordenación de los expedientes de gasto y su revisión por la Intervención Delegada en el marco de fiscalización previa.

7. Instar a la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:

– Segregar en subconceptos los créditos asignados a cada uno de los laboratorios agroalimentarios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.