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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 28 de febrero de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

– En caso de activarse las reglas europeas de estabilidad presupuestaria, fijar los objetivos de déficit según lo que establece la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Instar a los legisladores estatales y autonómicos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias:

– Efectúen las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas, de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a 31 de julio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo Autonómicos.

– Sigan avanzando en la homogeneización de los plazos de rendición de las cuentas de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

4. Instar a los gobiernos autonómicos a:

– Exigir a los responsables de las entidades que conforman su correspondiente sector público el cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas individuales de cada ejercicio económico en plazo y forma, incluyendo todos los estados contables y la documentación prevista en la normativa reguladora.

– Elaborar los correspondientes Presupuestos Generales, atendiendo adecuadamente a la viabilidad de los ingresos y la realidad de los gastos que se prevén para el ejercicio, a fin de evitar, en lo posible, los elevados porcentajes de modificaciones presupuestarias que se indican en el Informe del Tribunal de Cuentas; así como que incorporen a los mismos los objetivos e indicadores adecuados que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución y el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos.

5. Instar a las comunidades y ciudades autónomas a:

– Que procedan a promover las medidas oportunas para que implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento tanto directo de la Administración General como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector público autonómico.

6. Instar a los responsables de los gobiernos y sectores públicos autonómicos para que:

– En el ámbito de la contratación pública, procedan a adoptar las medidas necesarias para que todos los órganos de contratación efectúen una rigurosa planificación y justificación de la necesidad de los contratos a celebrar como exige la correcta utilización de los recursos públicos y que procedan a concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la gestión de los fondos públicos.

7. Instar a las comunidades autónomas a:

– Incluir en sus Cuentas Generales la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

– Incluir a todas las entidades del sector público autonómico en sus Cuentas Generales al objeto de reflejar en ellas una imagen más fiel de la actividad económico-financiera pública autonómica.

– Establecer una contabilidad adecuada y un seguimiento preciso de los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones de financiación en el cálculo del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería.

– Establecer un presupuesto y contabilidad separada de todos aquellos organismos autónomos y entes públicos que cuentan con personalidad jurídica independiente.

– Cuando realicen modificaciones presupuestarias, deberán quedar registradas, tanto en el estado de ingresos, como en el correspondiente presupuesto de gastos que financien para evitar el desequilibrio en las cuentas liquidadas.

– Adaptarse al nuevo marco contable aprobado para todas las Administraciones Públicas.

– Especificar para la clasificación funcional del presupuesto los indicadores que permitan el seguimiento de los objetivos establecidos para cada programa.

– Dotar los créditos iniciales de su presupuesto destinados al gasto sanitario con la cuantía que permita dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio.

– Hacer avanzar el porcentaje de ingresos del sector público empresarial autonómico dependiente de su actividad propia.

– Continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

– Proceder a adoptar, en el ámbito de la contratación administrativa, las medidas necesarias para que todos los órganos de contratación procedan a concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas ponderadas en relación con la baja máxima, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la gestión de fondos públicos.

8. Instar a los organismos de control externo de las comunidades autónomas que aún no lo hacen a:

– Establecer el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

– Establecer el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de transparencia.

9. Instar a las entidades fiscalizadas a:

– Incluir una Memoria demostrativa del nivel de cumplimiento de las metas fijadas en los planes económicos, señalando los objetivos previstos y el grado de consecución de los mismos, acompañando estos datos con el coste proyectado y aquél en que finalmente se incurre para alcanzar los fines establecidos.

– Reducir el plazo de la presentación de cuentas por parte de las entidades pertenecientes al sector público en el ámbito de las comunidades autónomas.

– Adaptar los planes de contabilidad empleados por las entidades autonómicas al Plan General de Contabilidad Pública en vigor, introducido en 2010 mediante la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública que sustituye al anterior Plan General de Contabilidad Pública de 1994.

– Elaborar unos presupuestos coherentes y la consiguiente ejecución responsable por parte de las Universidades, entendiendo que deben producirse a lo largo del ejercicio las mínimas alteraciones sobre el plan de gasto presentado, debiendo éstas -en caso de producirse- quedar debidamente justificadas y tener una mínima repercusión sobre el estado de las cuentas.

– Rendir cuentas de forma sistemática por parte de las fundaciones creadas y gestionadas por las comunidades autónomas con arreglo a las obligaciones que se les atribuyen en las normativas autonómicas a la que están sujetas.

– Presentar información detallada sobre la contratación por entidades dependientes de las comunidades autónomas en un plazo conforme al establecido para ello, justificando la contratación mediante criterios objetivos y aportando documentación que sustancie la conveniencia del pago de los precios a que asciendan los contratos.

– Respetar los criterios de vinculación directa con el objeto del contrato que debe observarse en la adjudicación, tal y como se recoge en el art. 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el control sobre el cumplimiento efectivo del contrato por parte de las empresas adjudicatarias.

– Corregir las deficiencias en la preparación para la tramitación de los expedientes contractuales, los cuales generan retrasos indebidos en la adjudicación y en la normal ejecución de las actividades contratadas.

– Aclarar los criterios de valoración de los precios de las ofertas debido a que las fórmulas de valoración del criterio económico que pueden resultar confusas, ya que la utilización de una fórmula matemática en dos tramos, al puntuarse en función de la baja media resultante de todas las ofertas presentadas y no en función de la baja mayor, puede afectar a la puntuación de las ofertas.

– Cumplir con los plazos máximos para efectuar la adjudicación; y que las resoluciones estén lo suficientemente motivadas y no incurran en otros defectos u omisiones, notificando correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario o al resto de licitadores o, bien, publicándose adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil de contratante.

– Subsanar los defectos aparecidos en relación con la recepción de los contratos en los casos que no constan las actas de la mismas o se haya producido con retraso, así como cuando se hayan producido deficiencias respecto a la justificación del cumplimiento de sus obligaciones por los prestadores de servicios y/o la recepción se ha producido con retraso por encima del mes previsto en la normativa contractual.

10. Instar a las universidades públicas de las comunidades y ciudades autónomas para que:

– En el futuro procedan a elaborar con rigor sus presupuestos, incluyendo en ellos toda su actividad docente e investigadora para así evitar las relevantes modificaciones presupuestarias puestas de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas.

11. Instar al Tribunal de Cuentas a:

– Continuar elaborando este Informe Global en los sucesivos ejercicios, pues si bien debe considerarse el esfuerzo que conlleva por la prolijidad de datos a manejar, resulta de especial utilidad ya que permite obtener una visión conjunta de la actividad económico-financiera desarrollada en cada ejercicio por el sector público autonómico en su totalidad, analizando de forma homogénea los distintos aspectos constitutivos de dicha actividad, algunos de esencial relevancia como el gasto sanitario, la actividad universitaria, el reparto y ejecución de los Fondos de Compensación o el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, este tipo de informe coadyuva y refuerza una mayor implantación de la transparencia en el ámbito de la Administración Pública.

– Analizar el cumplimiento de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas en los siguientes informes globales del sector público autonómico en función del reparto que correspondería de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.