Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón han suscrito, con fecha 16 de diciembre de 2021, un Convenio para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conforme al hito 350 previsto en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, para el primer trimestre de 2022, establecido para el componente 23, inversión 7 «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su mecanismo de verificación establecido en las Disposiciones Operativas acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 19 de enero de 2022.–La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua San Martín.
Madrid, 16 de diciembre de 2021.
REUNIDAS
De una parte, doña María Milagros Paniagua San Martín, Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, nombrada por Real Decreto 390/2020, de 18 de febrero, en virtud del artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la delegación de competencias regulada en el artículo catorce de la Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se fijan los límites para administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Doña María Victoria Broto Cosculluela, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, por Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón», número 153, de 6 de agosto de 2019), facultada para la firma del presente convenio, por el acuerdo del Gobierno de Aragón de 24 de noviembre de 2021.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión social y laboral.
Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético y las competencias digitales.
Que corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, de acuerdo con el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de inclusión; el diseño, impulso y evaluación de políticas que tienen por finalidad ayudar a la incorporación y la participación en la sociedad, en igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos, así como las actuaciones orientadas a propiciar la eficacia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; y, el impulso, elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas, estrategias, planes y programas de actuación en materia de inclusión; la definición de objetivos de inclusión y desarrollo de un sistema de indicadores con los que llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito de sus competencias, las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, según la reforma aprobada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, declara el artículo 71.34.ª declara la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial».
En cumplimiento de dicho mandato estatutario se aprueba la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que tiene como cometido fundamental la ordenación, organización y desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón. Esta Ley, declara en su artículo 2 que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida y que estos servicios estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social.
Las funciones y objetivos que se exponen en el artículo citado en el párrafo anterior competen en su gestión al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, creado por Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Desarrollándose las mismas en el Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Que al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por el COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Que, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo».
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la inversión C23.I7 Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital, con una dotación de 297,95 millones de euros, que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social con las comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Se prevé que el objetivo a alcanzar en el marco de la inversión C23.I7 sea la suscripción de, al menos, 18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 del Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10 convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Esta subvención contribuye al cumplimiento del hito número 350 de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España «mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de acuerdo con su descripción, se traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de itinerarios: ocho convenios de colaboración firmados con administraciones públicas subnacionales, agentes sociales y entidades del tercer sector de acción social para realizar los itinerarios. Estos acuerdos de asociación tienen como objetivos: i) mejorar la tasa de acceso del IMV; ii) incrementar la efectividad de la IMV a través de políticas de inclusión».
Mediante el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio adquirió compromisos financieros, regulando la concesión de una subvención directa del Ministerio al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, para el ejercicio 2021, por importe máximo de 7.471.600,00 euros.
Para hacer efectiva esta subvención, se hace necesario recurrir al mecanismo excepcional previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que permite la concesión directa de subvenciones cuando «se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
En virtud del artículo 3 del citado real decreto, la concesión de esta subvención se instrumentará mediante resolución de concesión acompañada de un convenio entre Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 67 del Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben el presente convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
1. El presente convenio tiene como objeto instrumentar una subvención directa para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas, mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV a través de las políticas de inclusión, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes en itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados serán publicados, con objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión, a la orientación de la política de gasto de las administraciones públicas y a la creación de mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la consecución de objetivos.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en particular los artículos 22.2.c) y 28.1 de la Ley y el 67 del Reglamento; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley; así como lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que regula la tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, para la ejecución de los proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo ciertas especialidades respecto de lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
1. El proyecto financiado estará integrado por un (1) proyecto piloto de itinerarios de inclusión social y su evaluación diseñados de común acuerdo entre la Administración General del Estado y Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. La descripción del proyecto financiado con esta subvención se recoge en el Anexo I del presente convenio.
2. La subvención irá destinada al desarrollo de itinerarios de inclusión social con personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, en el marco de la inversión C23.I7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital».
Cuando el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en el territorio de la comunidad o ciudad autónoma no sea suficiente para el desarrollo de la intervención, o cuando por motivos de la evaluación sea necesario incluir otros colectivos, podrán ser beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo de exclusión social sean o no beneficiarias del IMV o de las rentas mínimas autonómicas.
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes; las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las personas procedentes de minorías étnicas; las personas trans; las personas reclusas y exreclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.
3. En el caso de proyectos de carácter integral, los itinerarios de inclusión social objeto de la subvención podrán incluir actuaciones con el entorno de las personas destinatarias de la intervención, siempre y cuando se consideren necesarias para la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
4. El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la realización de una evaluación de impacto con metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT).
1. La ayuda se destinará a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actuaciones definidas en el marco del convenio, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La financiación podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gasto de operaciones corrientes:
I. Los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a) Coste de personal: Gastos de personal vinculados al objeto de la intervención, que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los de seguridad social y la indemnización por fin de contrato temporal, que deberá estar dedicado en exclusiva al proyecto para asegurar su ejecución.
En el caso de organismos y entidades del sector público, será susceptible de ayuda los gastos de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de los proyectos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o a través de cualquier modalidad legal de incorporación de personal de duración determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y entidades locales, ajustándose a los límites que en cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del sector público se deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de aplicación.
b) Costes de movilidad: gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, seguros o visados, asociado al proyecto siempre que sean necesarios para asegurar su ejecución.
c) Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
d) Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, difusión y publicidad.
e) Costes específicos relacionados con el grupo de destinatarios del itinerario objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de dicho itinerario o su evaluación.
f) Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la realización de las actividades del proyecto, siempre que exista una relación clara y directa entre dicho alquiler y los objetivos del proyecto, y se motive debidamente su necesidad. El inmueble deberá utilizarse exclusivamente para la ejecución del proyecto.
II. Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 83.3 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cualquier otra normativa que resulte aplicable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
III. Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.
3. Será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia respecto a la elegibilidad de los gastos correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de cualesquiera de las actuaciones relacionadas en el apartado anterior.
4. Serán financiables las actuaciones vinculadas al objeto del correspondiente convenio que articule las subvenciones y que sean desarrolladas a partir del 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio de 2023 para la ejecución del itinerario objeto de la subvención y hasta el 31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C23.I7 «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital» dentro del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» correspondiente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las ayudas contribuirán al cumplimiento, ejecución y realización del objetivo y los hitos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se prevé que el objetivo a alcanzar para el período del Plan sea la suscripción de, al menos, 18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 del Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10 convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Para ello, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social asume los siguientes compromisos en el marco de estas ayudas:
a) Proporcionar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón apoyo para el diseño de las actuaciones a realizar para la ejecución y seguimiento del objeto de la subvención, así como para el perfilado de los potenciales participantes del proyecto piloto.
b) Diseñar la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT) del proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en coordinación con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
c) Evaluar el proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en coordinación con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
2. La responsabilidad de la gestión, control y cumplimiento de los hitos y objetivos de la subvención le corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin que pueda delegarse la misma en otras entidades.
1. En virtud del presente convenio el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, la resolución de concesión y en el presente convenio.
b) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
c) Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social para el diseño de la metodología RCT, y proporcionar la información necesaria para ello, de acuerdo con los mecanismos de intercambio de información previstos en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en la resolución de concesión de la subvención y en el presente convenio.
d) Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social para la ejecución de la evaluación de los proyectos piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre.
e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de los órganos gestores de las respectivas subvenciones, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
2. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá rendir justificación ante el órgano gestor del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos de la subvención.
El reporte de la justificación de cumplimiento deberá realizarse de acuerdo con los requisitos y el contenido concreto diseñados para cada una de las categorías de actuaciones a financiar por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social como órgano competente. De esta manera la información incluida en la propia justificación de cumplimiento de las condiciones se adecuará al diseño general de la política de inclusión social.
3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa.
4. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá proporcionar a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social los datos e indicadores disponibles en sus bases de datos necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios de inclusión social que son objeto de la subvención. En particular, se proveerán datos de la población de partida del proyecto para la inclusión social en el ámbito de sus competencias, con información sobre las características de cada uno de ellos, así como de sus unidades de convivencia. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá registrar y compartir con Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social la información sobre los participantes en los itinerarios, así como de aquellos seleccionados para el grupo de control para la evaluación. Se registrará y proveerá información relativa a las actuaciones realizadas que permitan la evaluación de las mismas, el seguimiento de los indicadores necesarios para evaluar el impacto de los itinerarios y el enriquecimiento de la información con otra información adicional.
Se definirá un método de intercambio seguro de información para que sea posible enriquecer la información con información adicional relacionada con el objeto de la subvención, que se solicite por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y que sea proporcionada por terceros.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y secretos. Las partes se comprometen a mantener rigurosamente este carácter y a preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas a las que se refiera la información estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y anonimato en los términos previstos por el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFE).
5. Asimismo, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismos de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
h) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón garantizará el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
6. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR), la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del RMRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
1. El proyecto está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2. La cuantía máxima destinada a financiar este proyecto es 7.471.600,00 euros. Dicho importe se imputará a la aplicación presupuestaria 32.50.230A.452, correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
1. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón tras la finalización de la ejecución, justificarán ante el órgano gestor la aplicación de la subvención percibida, como máximo, en tres meses a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de vigencia del correspondiente convenio y presentará una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y una memoria económica, según se define en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta las singularidades establecidas en el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que contendrá la siguiente documentación:
a) Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
d) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.
2. Asimismo, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá presentar:
a) Certificado expedido por el Interventor u órgano económico-financiero interno de control, según corresponda, acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos percibidos y el detalle de los pagos efectuados correspondientes a las actuaciones subvencionadas objeto de la subvención.
b) Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.
d) Documentos de declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en especial, atendiendo a las disposiciones normativas sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Se deberá conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.
4. Asimismo, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón deberá presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que de acuerdo con la normativa europea o nacional resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.
5. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro de los importes no utilizados.
1. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón podrá subcontratar hasta el cien por cien cuando tengan la condición de Administraciones Públicas, y se ajustarán a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En dicho caso, los beneficiarios que tengan la condición de Administraciones Públicas deben sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.
2. En caso de que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
1. La información que en base a la cláusula sexta del presente convenio sea cedida por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón tendrá como finalidad exclusiva su utilización por la SGOPIPS para los fines de la subvención objeto del presente convenio. El contenido de esta información se recoge en el Anexo II. La finalidad del tratamiento de datos que llevará a cabo la SGOPIPS incluye la selección de la muestra de participantes en el grupo de tratamiento y grupo de control a partir de la población de partida, así como el seguimiento de las intervenciones y actuaciones realizadas en el proyecto piloto, y la evaluación del impacto de estas intervenciones.
2. La información que sea cedida por la SGOPIPS al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón incluirá datos mínimos de carácter personal sobre los participantes a los simples efectos de contacto con éstos, en los casos de que sea necesario. La SGOPIPS se compromete a que este tratamiento de datos de carácter personal es legítimo y ha sido consentido por los titulares de los datos o bien se ampara dicho tratamiento en una de las bases del tratamiento establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos.
3. Los datos cedidos deberán protegerse con los medios de seguridad que incluyan limitar el acceso de estos a personal autorizado por las partes, SGOPIPS y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón en cada caso. El sistema de acceso deberá permitir la identificación del usuario y las actuaciones realizadas en relación con los datos cedidos. Se adoptarán las medidas técnicas, administrativas y organizativas precisas para asegurar que ninguno de los datos facilitados en los ficheros sea distribuido sin autorización a terceras personas, instituciones u organizaciones.
4. La SGOPIPS anonimizará los identificadores personales para las tareas de diseño, seguimiento y evaluación, y hará uso de los identificadores personales exclusivamente para aquellas actuaciones que sean imprescindibles como son el cruce de bases de datos adicionales para el enriquecimiento de la información, así como la identificación de la muestra de participantes en el caso de que sea necesario.
5. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se asegurará de tener la competencia necesaria para poder recabar y ceder todos los datos requeridos a la SGOPIPS. Esta competencia estará amparada por la normativa correspondiente, o bien se asegurará recabando el consentimiento expreso de los potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado por la subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. Se indica en el Anexo III la referencia al contenido del consentimiento.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón o el destinatario final para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
1. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón debe cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea,
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»;
c) Se recomienda emplear también el siguiente logo:
d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
2. A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
1. Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio se creará una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán 4 representantes de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y un representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por parte del Gobierno de Aragón formarán parte de la Comisión de Seguimiento 4 representantes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
Adicionalmente, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que ostentará la Presidencia, y un/a secretario/a con voz, pero sin voto, designado/a por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social de entre su personal funcionario.
2. Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la firma del convenio y se reunirá al menos dos veces al año.
3. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, de común acuerdo con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
4. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones contenidas en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendida con medios personales, técnicos, materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que la integran.
1. El plazo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma y hasta el 31 de marzo de 2024.
2. El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social objeto de las subvenciones previstas en el presente texto no deberá exceder la fecha límite del 30 de junio de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la subvención, no se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de cumplir con los hitos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de política de inclusión.
3. Los gastos efectuados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se concede la ayuda.
4. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución sea efectivamente pagado, durante el mismo, o dentro del periodo de justificación.
5. Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones de control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso, podrán realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se concede la ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados dentro del período de ejecución y justificación.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por ambas partes.
2. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón podrá solicitar, con carácter excepcional, modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Podrá modificarse, con carácter excepcional, el contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto, determinado en el propio convenio y resolución de concesión.
3. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón será informado de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
La resolución de los litigios que pudieran plantearse sobre la interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de lo previsto en el artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
2. El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, será causa de reintegro.
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón responderá de forma solidaria de los reintegros motivados por cualquiera de los supuestos señalados en el apartado 1. A estos efectos, la responsabilidad solidaria únicamente alcanza, respecto de cada subvención, a la entidad beneficiaria principal de la misma a las entidades asociadas de aquella.
5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por duplicado ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, la Secretaria General de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua San Martín.–La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela.
Objetivo general: El proyecto objeto de subvención lleva por nombre «Programa de intervención e inclusión social para personas y grupos sociales vulnerables, en situación o riesgo de exclusión social beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de la Prestación Aragonesa Complementaria».
El objeto del mismo es promover e impulsar desde el Sistema Público de Servicios Sociales la inclusión social de las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la Prestación Aragonesa Complementaria y de aquellas otras personas o colectivos que se hallen en situación de riesgo o exclusión social, por medio de los itinerarios integrales de inclusión, gestionados por entidades locales y sociales, que favorezcan la promoción e integración social y proporcionen procesos de apoyo comunitarios e individualizados, continuos e integrales, ajustados a las necesidades de las personas y orientados a la inclusión social y, en su caso, socio laboral.
Objetivos específicos:
Impulsar procesos de inclusión social integrales para personas en situación de pobreza o riego de exclusión y su entorno socio familiar.
Realizar itinerarios personalizados de inserción social y socio laborales, de carácter integrador y multidimensional para personas en situación de riesgo o exclusión social.
Establecer procesos técnicos de orientación, formación e inserción social de carácter personalizado.
Mejorar la capacidad de inserción y cualificación profesional promoviendo la inclusión activa (acciones formativas, desarrollo de competencias personales, sociales y laborales, motivación y habilidades sociales, apoyos complementarios, etc.).
Promover, fomentar y facilitar el acceso al empleo (contratación en empresa privada, sector público, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, empleo protegido, autoempleo, etcétera.).
Desarrollar una metodología de intervención compartida centrada en las personas, que promuevan su autonomía y empoderamiento para conseguir la efectiva inserción social y laboral.
Diseñar y poner en marcha protocolos, herramientas e instrumentos comunes de actuación, para el registro de las personas participantes y el diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones de inserción social.
Poner en marcha un sistema de coordinación y trabajo en red, por medio de «mesas técnicas de profesionales», entre los servicios sociales, de empleo y entidades del tercer sector que operen en los territorios.
Elaboración de un sistema de información compartida, con soluciones informáticas que permitan la consulta, el intercambio de datos, la mecanización y el seguimiento de los procesos y acciones.
Construcción de «evidencias» sólidas a partir de la medición de los resultados del proyecto piloto que posibiliten la transferencia de buenas prácticas de las metodologías de intervención en el ámbito de la inclusión social.
Colectivo: El colectivo destinatario es la población vulnerable en situación de riesgo o exclusión social perceptora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Prestación Aragonesa Complementaria (PAC) con las que se está llevando un plan de atención social desde los Servicios Sociales Comunitarios y precisen intervenciones educativas y formativas, de ajuste, compensación y desarrollo de competencias personales, sociales y laborales. No obstante, también podrán acceder al programa aquellas personas y colectivos que, hallándose en situación o riesgo de exclusión social, no son beneficiarios del IMV o la PAC. En concreto, podrán beneficiarse del programa de inserción los colectivos que a continuación se relacionan:
Jóvenes procedentes de los servicios de protección.
Personas bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA).
Mujeres con hijos (Familias monoparentales).
Mujeres víctimas de violencia de género.
Personas pertenecientes a familias desestructuradas.
Personas migrantes.
Personas procedentes de minorías étnicas.
Personas con discapacidad.
Personas sin hogar.
Personas reclusas y exreclusas.
Personas con problemas de adicción.
Personas empobrecidas con escasa red familiar y/o social.
Ámbito territorial: El proyecto se desarrollará en entidades locales de las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón, preferentemente en entornos rurales, a través de los centros de Servicios Sociales, con participación e implicación de las entidades sociales legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, con estructura suficiente y experiencia en el desarrollo de proyectos en el ámbito de la inclusión social y socio laboral.
Ámbito de intervención: Los ámbitos de intervención son, principalmente, el de servicios sociales, laboral, educativo, salud y cuidados y vivienda.
Descripción del proyecto: El programa se llevará a cabo por medio de las acciones que se desarrollen a través de los proyectos que a continuación se relacionan:
1. Proyectos comunitarios de inclusión social, orientados a la integración social de colectivos vulnerables en situación de riesgo o exclusión, o al desarrollo de áreas territoriales con graves necesidades sociales, consistentes en actuaciones de acción comunitaria, organizada y dirigida a la promoción personal y social de un grupo de personas beneficiarias que se encuentran en situación o riesgo de exclusión. Podrán ser promovidos y gestionados por comarcas y municipios, así como por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.
2. Proyectos personalizados de inclusión social, que se llevarán a cabo a través de los itinerarios integrales de inserción individualizados. Se trata de procesos de actuación que, basados en el diagnóstico y valoración de necesidades y recogidos en Acuerdos de Inclusión Social, establecen intervenciones educativas y formativas, de acompañamiento, ajuste y compensación social, de desarrollo de competencias personales, sociales y laborales, por medio de acciones operativas de actuación en las diferentes áreas y contextos de intervención, que favorezcan la inserción social, y en su caso, laboral. En ellos se llevará a cabo un proceso personalizado de acogida, orientación, formación e inserción, que integrará una serie de servicios y recursos, distinguibles pero asociados y coordinados entre sí que se ofrecen a un mismo destinatario/a de forma adaptada a la situación y necesidades de las personas, con el fin de incidir sobre las diferentes dimensiones de las problemáticas que obstaculizan su autonomía, relación e integración social, mejorando su situación social y/o socio laboral. Con carácter general, estos itinerarios estarán conformados por acciones o módulos operativos que desarrollarán las siguientes actuaciones:
Actuaciones básicas:
a) Acogida y valoración de necesidades.
b) Acompañamiento y seguimiento personalizado.
c) Actuaciones de apoyo en el desarrollo personal, familiar y promoción social.
Actuaciones específicas:
d) Formación y desarrollo de competencias personales, sociales y prelaborales básicas y transversales clave para la mejora de la empleabilidad.
e) Orientación y búsqueda activa de empleo.
f) Intermediación e inserción laboral.
En relación a las actuaciones (básicas y específicas) deberán establecerse acciones o módulos diferenciados de los actuales que constituyan una mejora en el diseño, proceso y resultados.
Los proyectos incluirán actuaciones de intervención e inserción clasificadas en:
1. Medidas personales:
A. Acciones de apoyo en el desarrollo personal:
i. Orientación, información y apoyo psicosocial.
ii. Acogida, diagnóstico y elaboración de planes individualizados o itinerarios integrados de inserción.
iii. Acompañamiento y orientación en los procesos de inserción social y laboral.
iv. Capacitación en competencias personales y grupales básicas: iniciativa, responsabilidad, motivación, autoestima, autocontrol, auto regulación, autonomía personal y habilidades de comunicación.
B. Acciones de apoyo en el contexto familiar:
i. Orientación, apoyo y educación familiar.
C. Acciones de apoyo en el contexto de la salud:
i. Información, orientación, utilización de los recursos sanitarios y participación en los programas preventivos y de modificación de conductas de riesgo y deshabituación de dependencias adictivas.
ii. Apoyo en la inserción social y laboral de personas con tratamiento específico de salud mental y deshabituación de toxicomanías.
D. Acciones de apoyo en el contexto formativo - laboral:
i. Desarrollo de competencias instrumentales básicas, prelaborales y transversales para el empleo.
ii. Capacitación, cualificación y/o adquisición de competencias.
iii. Apoyo, orientación laboral y búsqueda activa de empleo.
iv. Formación del autoempleo por medio de acciones de información, orientación y asesoramiento.
v. Intermediación e inserción laboral individualizada con empresas.
vi. Formación para el desarrollo de competencias en el manejo y utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).
2. Medidas culturales:
A. Acciones de apoyo en el contexto social y comunitario:
i. Apoyo en el desarrollo de competencias sociales, relacionales e instrumentales.
ii. En la dinamización comunitaria favorecedora de la de integración social.
iii. Fomento de la interculturalidad, convivencia y mediación en conflicto con minorías étnicas o inmigrantes.
iv. Información, derivación y acompañamiento a recursos específicos de consulta y tramitación jurídica en derecho de extranjería y migratorio.
3. Medidas residenciales:
A. Acciones de apoyo en el contexto de la vivienda:
i. Información, orientación, rehabilitación y/o adaptación de viviendas por medio del acompañamiento socio laboral.
ii. En competencias de organización y gestión de la vivienda.
iii. Acompañamiento en la búsqueda recurso habitacional y mantenimiento de la vivienda.
4. Medidas económicas:
A. Ayudas de carácter económico para sufragar los gastos derivados de salarios de las personas beneficiarias, transporte, manutención, atención socio-sanitaria y participación en talleres que complementarán la realización de Itinerarios Integrados de Inserción y permitirán afrontar acciones delimitadas en el tiempo y el espacio por razones de urgencia y separadas de aquellas que se acometan exclusivamente con los beneficiarios de ingresos mínimos.
Evaluación y seguimiento: El proyecto incluirá una evaluación de impacto a través de la metodología de evaluación de impacto experimental Randomized Control Trial (RCT). Para ello, se establecerá un mínimo de personas que configuren los grupos que posibilitarán la aplicación del RCT y se establecerán criterios comunes de asignación para todos los proyectos. Solo se aplicará la metodología RCT en aquellos proyectos que tengan más de un número mínimo de potenciales participantes, de forma que se garantice un 80% de poder estadístico, para lo que se precisarán los indicadores de impacto de cada uno de los proyectos. Los requisitos exigibles para el desarrollo de los proyectos serán:
1. Identificación del colectivo objetivo sobre el que se realizará la aleatorización del tratamiento:
Se deberá crear una base de datos a nivel de microdato a partir de la cual la SGOPIPS realizará el procedimiento de asignación aleatoria y determinará cuáles de ellos siguen el tratamiento y cuáles forman parte del grupo control.
2. Determinación del tratamiento y de las actuaciones que recibirá el grupo control:
Se deberá establecer la diferencia entre el tipo de apoyos o intervenciones que reciben los asignados a grupo tratamiento y las que reciben los asignados a grupo control.
Se deberá asegurar que los participantes en un proyecto consienten a la recogida de sus datos con fines de investigación.
Se deberá asegurar que los proyectos introducen los incentivos necesarios para tratar de evitar que los participantes rechacen la participación, abandonen el programa o decidan no colaborar en la recogida de datos.
3. Identificación de los cambios esperados:
Determinación de los objetivos generales y específicos del Programa.
Identificación de indicadores de los cambios esperados.
Definir la población y actores sociales sobre los cuales recaerán los impactos.
4. Selección y definición de los indicadores de impacto:
Definición conceptual y operacional de los indicadores.
Descripción de la situación inicial de los indicadores para poder determinar los cambios que se vayan a producir y así poder medirlos (construcción de la línea base).
5. Determinación de la periodicidad para evaluar los impactos esperados:
Tiempo de intervención.
Momentos de evaluación.
6. Implementación de la estrategia de participación y colaboración de los diversos actores.
7. Recogida y traslado de la información:
Definición de la información que se necesita.
Determinación de los instrumentos de recogida y traslado.
Procesamiento y validación de la información.
La información compartida incluirá la información necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información específica según el tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
Información de hogares / unidades de convivencia: composición, características adicionales, de renta mínima, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro de prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre los participantes para el diseño y evaluación, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios, variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
Información de la intervención: itinerarios, tipologías, participantes, así como la información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
En caso de que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón no tenga competencia normativa para recabar y ceder los datos necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios de inclusión deberán recabar el consentimiento expreso de los potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado con la subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. En concreto, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón informará a los participantes de la finalidad del tratamiento de sus datos personales, de las posibles cesiones a las AAPP y terceras entidades que convienen en la ejecución de las finalidades del presente convenio, de la identidad del Delegado de Protección de Datos, informando de la existencia de un mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, en cualquier momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL, y se recabará el consentimiento de forma expresa mediante la firma del participante.
Así mismo, se le informa de los plazos de custodia y que, en caso de entender que se ha vulnerado alguno de sus derechos, tiene la posibilidad de establecer la correspondiente denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón definirá un modelo de consentimiento detallado para los potenciales participantes.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
