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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de marzo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2016-2017, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a:

– En relación con el modelo de financiación de la universidad, una vez cubierta la suficiencia financiera de las universidades públicas de la región a través de la subvención básica, introducir, en un futuro, avances en el modelo de financiación implantado que redunden en una mejora de la excelencia y la calidad en la docencia, la investigación y las inversiones en infraestructuras del sistema universitario autonómico, especificando objetivos e indicadores vinculados a la financiación en los contratos-programas suscritos entre la universidad y la comunidad autónoma y estableciendo procedimientos para el seguimiento de los mismos, todo ello dentro de las disponibilidades presupuestarias.

– Recoger, en el Plan autonómico de igualdad aplicable al sector público autonómico, referencias a los planes de igualdad aprobados en las universidades públicas de la Región, dando la oportuna publicidad.

3. Instar a la Universidad de Murcia a:

– Agilizar los trabajos de implantación de una contabilidad analítica, con la colaboración de las administraciones estatal y autonómica, de acuerdo con las competencias previstas en los artículos 2.5, 81.4 y 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

– Continuar con la adopción de las medidas emprendidas para hacer posible la composición paritaria en las comisiones de valoración constituidas en los concursos convocados para los cuerpos docentes universitarios, a fin de remover los obstáculos en la carrera administrativa de la mujer en la universidad, salvo que concurran razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, superando la deficiente regulación observada en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, de manera que el no cumplimiento de la normativa aplicable suponga una excepción.

– Introducir, una vez cubierta la suficiencia financiera, avances en el modelo de financiación implantado que redunden en una mejora de la excelencia educativa, especificando objetivos e indicadores vinculados a la financiación de los contratos-programa. Todo ello dentro de la disponibilidad presupuestaria.

– Implantar un procedimiento de cobro de facturas pendientes que vaya más allá de la mera reclamación dirigida a los deudores, situación señalada reiteradamente en informes de ejercicios anteriores.

– Iniciar las medidas tendentes a asegurar el inmovilizado de su propiedad en el que realiza sus actividades, situación señalada reiteradamente en informes de ejercicios anteriores.

– Que los órganos de contratación justifiquen de una manera precisa y concreta la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados.

– Establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación objetivos y precisos de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, y su forma de valoración coherente con el principio de economía en la gestión de fondos públicos.

– Primar, en la valoración de los precios de las ofertas, las mayores bajas en coherencia con el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, sin perjuicio de la posibilidad de valorar, además, otros aspectos de las ofertas distintos del precio y de la posible exclusión de ofertas con bajas temerarias, previa audiencia a los licitadores incursos en presunción de temeridad, y de acuerdo con las reglas objetivas y acordes con el principio de economía en la gestión de fondos públicos que se establezcan al efecto en los pliegos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.