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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de marzo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2016-2017, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a introducir, en relación con el modelo de financiación de la universidad, una vez cubierta la suficiencia financiera de las universidades públicas de la región a través de la subvención básica, avances en el modelo de financiación implantado que redunden en una mejora de la excelencia y la calidad en la docencia, la investigación y las inversiones en infraestructuras del sistema universitario autonómico; especificando objetivos e indicadores vinculados a la financiación en los contratos-programas o convenios suscritos entre la universidad y la comunidad autónoma; y estableciendo procedimientos para el seguimiento de los mismos, todo ello dentro de las disponibilidades presupuestarias y sin perjuicio de las actuaciones emprendidas por la universidad en este sentido, según se señala en su escrito de alegaciones.

3. Instar a la Universidad de Castilla-La Mancha a:

– Agilizar los trabajos de implantación de una contabilidad analítica, con la colaboración de las administraciones estatal y autonómica, de acuerdo con las competencias previstas en los artículos 2.5, 81.4 y 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

– Continuar con la adopción de las medidas emprendidas para hacer posible la composición paritaria en las comisiones de valoración constituidas en los concursos convocados para los cuerpos docentes universitarios.

– Introducir, una vez cubierta la suficiencia financiera, avances en el modelo de financiación implantado que redunden en una mejora de la excelencia educativa, especificando objetivos e indicadores vinculados a la financiación de los contratos-programas. Todo ello dentro de la disponibilidad presupuestaria.

– Que los órganos de contratación justifiquen de una manera precisa y concreta la necesidad para el servicio público en los contratos adjudicados.

– Establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación objetivos y precisos con la baremación correspondiente, de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, y su forma de valoración coherente con el principio de economía en la gestión de fondos públicos y no fijar criterios de adjudicación que constituyan obligaciones legales para los licitadores.

– Evitar demoras no justificadas en las ejecuciones de los contratos, así como la tramitación de contratos adicionales que no obedezcan a la existencia de necesidades nuevas o a causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de prepararse los correspondientes contratos primitivos.

– Proceder, sin más dilación, a la aprobación del primer Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que estaba en los últimos ejercicios fiscalizados en fase de elaboración.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.