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Documento BOE-A-2019-2977

Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la concesin directa de subvenciones al Consejo General de la Abogaca Espaola y al Consejo General de los Procuradores de Espaa, en materia de prestacin de asistencia jurdica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos para la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2019.

TEXTO

El artculo119 de la Constitucin Espaola establece que la Justicia ser gratuita cuando as lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

La especial situacin de vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos que no disponen de recursos suficientes para litigar y que no cuentan, por tal motivo, con los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legtimos ante la Justicia, impone a las Administraciones Publicas el deber constitucional de prestarles asistencia jurdica gratuita.

Del mismo modo, la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, entre otros, las mujeres vctimas de violencia de gnero, las vctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean vctimas de situaciones de abuso o maltrato hace que las Administraciones Pblicas deban prestarles asistencia jurdica gratuita con carcter inmediato.

La Ley1/1996, de10 de enero, de asistencia jurdica gratuita, establece que los servicios de asistencia jurdica se financiarn a travs de fondos pblicos y para ello, las Administraciones Pblicas subvencionarn con cargo a sus dotaciones la implantacin y prestacin de los servicios de asistencia jurdica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.

Esta financiacin pblica pretende cumplir el mandato constitucional al ser el Estado el nico responsable del funcionamiento del servicio de asistencia jurdica gratuita para que aquellos que no disponen de recursos para litigar tengan acceso a la justicia, siendo, por lo tanto, responsabilidad pblica y deber del Estado garantizar el derecho de acceso a la justicia, expresin del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitucin Espaola.

La Ley1/1996, de10 de enero, configura la prestacin de la asistencia jurdica gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representacin gratuita, como un servicio pblico organizado por el Consejo General de la Abogaca Espaola y por el Consejo General de Procuradores de Espaa y sus respectivos Colegios, garantizando, en todo caso, su prestacin continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicacin de los fondos pblicos puestos a su disposicin.

Por otro lado, los Colegios de Abogados vienen obligados a implantar servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurdica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendr, en todo caso, carcter gratuito para los solicitantes. Y, por ltimo, los Colegios de Abogados estn, asimismo, obligados a proporcionar a los solicitantes de asistencia jurdica gratuita la informacin necesaria, en relacin con el cumplimiento de los requisitos para su concesin, as como ayuda en la redaccin de las solicitudes correspondientes.

Al igual que ocurre con la asistencia jurdica gratuita, la asistencia a las vctimas de delitos viene a paliar el tradicional abandono que las vctimas haban sufrido. La Ley35/1995, de11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, pretende reparar, por primera vez, el dao padecido por las vctimas y lo hace desde una aproximacin social.

La preocupacin por la situacin de las vctimas de los delitos registra ya importantes manifestaciones normativas tanto en Convenios y Recomendaciones de organismos internacionales como en la legislacin comparada.

La Ley35/1995, de11 de diciembre, en su artculo16 apartado1 establece la obligacin del Ministerio de Justicia de implantar, de conformidad con las previsiones presupuestarias, Oficinas de Asistencia a las Vctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalas en las que las necesidades lo exijan. Igualmente, se recoge en la exposicin de motivos de esta ley que a travs de las oficinas se pretende generalizar la atencin psicolgica a las vctimas de delitos de todo tipo.

Por otro lado, la Ley29/2011, de22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral de las Vctimas del Terrorismo, en su artculo50 contempla el establecimiento por parte del Ministerio de Justicia de una Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.

Y, finalmente, la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, ha supuesto el reconocimiento de un catlogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las vctimas de delito. As, en su artculo10, dispone que toda vctima tiene derecho a acceder de forma gratuita a los servicios de asistencia y apoyo que presten las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

Por su parte, el Real Decreto1109/2015, de11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Vctimas del Delito, establece en su artculo15 que el Ministerio de Justicia determinar la regulacin, organizacin, direccin y control de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes en su mbito territorial, que se configurarn como unidades administrativas.

Al objeto de cumplir con los mencionados mandatos legales, el Ministerio de Justicia viene suscribiendo convenios de colaboracin con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos para la prestacin de asistencia psicolgica y apoyo a las vctimas en las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, as como para la colaboracin en la emisin de informes periciales.

Mediante estos convenios, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos se compromete a prestar la asistencia psicolgica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y en la Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, as como la colaboracin en la realizacin de pericias psicolgicas a solicitud de los rganos judiciales en el mbito del Ministerio de Justicia.

Esta asistencia especializada y su continuidad resultan esenciales para restaurar la situacin en que se encontraban las vctimas antes de padecer el delito o al menos contribuyen a paliar los efectos que el delito ha producido sobre ellas.

Por todo lo anterior, las excepcionales circunstancias en las que se encuentran los ciudadanos que son vctimas de delitos a los que se les presta asistencia jurdica gratuita y atencin psicolgica, en este segundo caso, en las Oficinas de Asistencia a las Vctimas del Delito, la necesidad de garantizar para las vctimas de delitos la continuidad en la prestacin de este servicio pblico, y la obligacin de las Administraciones Pblicas de procurar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia, justifican que la opcin ms adecuada para que los beneficiarios directos de estos servicios, que son todos los ciudadanos, no vean obstaculizados sus derechos como usuarios de los mismos, sea la subvencin directa prevista en el artculo22.2.c) de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, as como en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio. Esta opcin permite conceder subvenciones de forma directa y con carcter excepcional siempre que concurran razones de inters pblico, social, econmico o humanitario. Las excepcionales circunstancias en las que han de realizarse las actividades descritas, la urgencia en el desarrollo de las mismas y su carcter manifiestamente social y humanitario determinan la improcedencia de una convocatoria pblica.

El artculo129 de Ley39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Pblicas actuarn de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia, y eficiencia.

El ajuste de la norma propuesta a los principios de necesidad y eficacia, deriva del claro enfoque de la misma para la defensa del inters general, materializado en la necesidad de garantizar la asistencia jurdica gratuita y la atencin psicolgica de aquellas personas en situacin de especial vulnerabilidad vctimas de delitos.

Es esta una norma que responde al principio de proporcionalidad, conteniendo la regulacin imprescindible para garantizar que se alcanza el objetivo previsto legalmente de contar con unos servicios de asistencia gratuita en esta materia financiados a travs de fondos pblicos.

La norma se adeca al principio de seguridad jurdica debido a que requiere, en suma, aplicar lo previsto principalmente en la Ley1/1996, de10 de enero, de asistencia jurdica gratuita y en la regulacin sobre vctimas de delito, y de eficiencia, en tanto que la misma cumple estrictamente el mandato establecido en el artculo119 de la Constitucin y de la citada regulacin.

En la tramitacin de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artculo28.2 de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da1 de marzo de2019,

DISPONGO:

Artculo1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesin directa, con carcter excepcional y por razones de inters pblico y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el mbito de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de2019, tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales realizadas, al amparo de la Ley1/1996, de10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurdica gratuita, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores de los Tribunales el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurdica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientacin previos al proceso a los ciudadanos y de la calificacin provisional de las pretensiones solicitadas.

2. Asimismo, este real decreto tiene por objeto regular la concesin directa, con carcter excepcional y por razones de inters pblico y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el mbito de su competencia, destinadas a indemnizar a los psiclogos en la prestacin de atencin psicolgica a las vctimas de todo tipo de delitos en el ejercicio presupuestario2019.

Artculo2. Rgimen jurdico aplicable.

Estas subvenciones se regirn, adems de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la Ley39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, as como por las disposiciones de la Ley1/1996, de10 de enero, de asistencia jurdica gratuita, por su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto996/2003, de25 de julio; por la Ley35/1995, de11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; por la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito y el Real Decreto1109/2015, de11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Vctimas del Delito.

Artculo3. Procedimiento y resolucin de concesin.

1. Se autoriza la concesin directa de las subvenciones objeto de este real decreto, atendiendo al carcter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de inters pblico y de reconocimiento de derechos fundamentales que determinan la improcedencia de su convocatoria pblica, al amparo de lo previsto en el artculo22.2.c) de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, en relacin con lo establecido en los apartados2 y3 del artculo28 de dicha ley.

2. Para la concesin de las subvenciones ser de aplicacin la normativa especfica que las regula y en su defecto la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.

3. La concesin de las subvenciones se realizar mediante resolucin del titular de la Secretara de Estado de Justicia en la que se detallar la cuanta mxima concedida para la ejecucin de los servicios de asistencia jurdica gratuita y de atencin a las vctimas de todo tipo de delitos, las actuaciones concretas a financiar, y se determinar el plazo de presentacin de la memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artculo8.

4. El plazo mximo para resolver y publicar la resolucin ser de un mes a partir del momento en que el rgano otorgante disponga de la documentacin a que se refiere este real decreto. El vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado la resolucin legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesin de la subvencin.

5. La resolucin de concesin de las subvenciones se publicar en el Boletn Oficial del Estado y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

6. La resolucin de concesin de las subvenciones pondr fin a la va administrativa, pudiendo ser recurrida en reposicin en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artculo124 de la Ley39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o directamente, mediante la interposicin de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el da siguiente a la fecha de su publicacin, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo46.1 de la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Artculo4. Beneficiario y actuaciones a financiar.

1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones sern:

a) El Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo General de los Procuradores de Espaa por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurdica gratuita, en el mbito de la competencia del Ministerio de Justicia.

b) El Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos en lo que afecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos.

2. Estas entidades, en coordinacin con el Ministerio de Justicia, desarrollarn las siguientes actuaciones:

a) Por lo que se refiere a la asistencia jurdica gratuita, de conformidad con el artculo6 de la Ley1/1996, de10 de enero, se financiarn las siguientes actuaciones profesionales:

1. Asesoramiento y orientacin gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, as como informacin sobre la posibilidad de recurrir a la mediacin u otros medios extrajudiciales de solucin de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensin.

Cuando se trate de vctimas de violencia de gnero, de terrorismo y de trata de seres humanos, as como de menores de edad y de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los trminos establecidos en la letra g) del artculo2 de la Ley1/1996, de10 de enero, la asistencia jurdica gratuita comprender asesoramiento y orientacin gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposicin de denuncia o querella.

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un rgano jurisdiccional, o cuando sta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente ser de aplicacin dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detencin europea que no hubiera designado abogado.

No ser necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurdica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervencin.

3. Defensa y representacin gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervencin de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no sindolo, se de alguna de las siguientes circunstancias:

i. Su intervencin sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

ii. Tratndose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y as se acuerde por el juzgado o tribunal, en atencin a la entidad de la infraccin de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurdica.

Asimismo, se financiar el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurdica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientacin previos al proceso a los ciudadanos y los gastos devengados por la tramitacin de los expedientes de asistencia jurdica gratuita, de conformidad con lo establecido en la Ley1/1996, de10 de enero, y su normativa de desarrollo.

b) Por lo que se refiere a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos:

1. Atencin psicolgica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.

2. Colaboracin en la realizacin de pericias psicolgicas a solicitud de los rganos judiciales en el mbito del Ministerio de Justicia.

Estas actuaciones se detallarn en la resolucin de concesin.

3. El Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo General de los Procuradores de Espaa, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurdica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos en lo que afecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos, con carcter previo a la concesin de la subvencin, debern acreditar, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artculo13 de la Ley38/2003, de17 de noviembre, para obtener la condicin de beneficiaria de la subvencin, as como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artculos18 y19 del Reglamento de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio, y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometindose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el perodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvencin.

Artculo5. Cuanta y financiacin.

1. El importe mximo de las subvenciones ser el siguiente:

a) Al Consejo General de la Abogaca Espaola: 45.003,22 miles de euros.

b) Al Consejo General de los Procuradores de Espaa: 3.673,25 miles de euros.

c) Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos: 1.051,80 miles de euros.

2. La subvencin tendr carcter anual y se financiar, respectivamente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias13.02.112A.483, 13.02.112A.484 y13.02.112A.488 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.

Artculo6. Pago de la subvencin.

1. El pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia jurdica gratuita se efectuar por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposicin transitoria segunda. Mensualmente el Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espaa remitirn al Ministerio de Justicia una certificacin que contenga los datos relativos al nmero y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificacin del coste econmico total asociado a aqullas.

En funcin de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuar a continuacin los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificacin anual regulada en los artculos siguientes.

Con carcter previo al cobro de la subvencin, el Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo General de los Procuradores de Espaa, debern acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artculos18 y19 del Reglamento de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio, as como no ser deudores por procedimiento de reintegro.

2. El pago de la subvencin en lo que respecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos se efectuar por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposicin transitoria segunda.

3. Con carcter previo al pago, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos deber rendir justificacin ante el Ministerio de Justicia del cumplimiento de las condiciones impuestas, de la consecucin de los objetivos y de la efectiva realizacin de la actividad.

Los gastos se acreditarn mensualmente mediante facturas y dems documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el trfico jurdico mercantil o eficacia administrativa.

Con carcter previo al cobro de la subvencin, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos deber acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artculos18 y19 del Reglamento de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio, as como de no ser deudor por procedimiento de reintegro.

Artculo7. Modificacin de la resolucin.

Podr modificarse la resolucin de concesin como consecuencia de la alteracin de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesin y, particularmente, en el supuesto de variacin de las cuantas inicialmente asignadas por la aprobacin de nuevos presupuestos generales del estado.

La modificacin de la resolucin de concesin se dictar por el titular de la Secretara de Estado de Justicia.

Artculo8. Memoria y cuenta justificativa final.

El Consejo General de la Abogaca, el Consejo General de los Procuradores de Espaa, para los asuntos de asistencia jurdica gratuita y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos, en lo que afecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos, tras la finalizacin de la ejecucin, justificarn ante el Ministerio de Justicia la aplicacin de la subvencin percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior y presentarn una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvencin.

La resolucin de concesin determinar el plazo de presentacin de esta memoria final y los requisitos que ha de cumplir la documentacin acreditativa de las actividades realizadas y de los gastos efectuados.

La justificacin de la subvencin se realizar mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artculo72.1 del Reglamento de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisin de algn Colegio de Abogados o de Procuradores o de Psiclogos, se detraer de los libramientos posteriores una cantidad igual a la ltima distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.

Artculo9. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Con carcter general, el Consejo General de la Abogaca y el Consejo General de los Procuradores de Espaa, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurdica gratuita y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos, en lo que afecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos, debern cumplir las obligaciones que se recogen en el artculo14 de la Ley38/2003, de17 de noviembre.

2. Asimismo, debern dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesin de subvencin, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolucin de concesin, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluacin de las actuaciones de la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia.

b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvencin, siempre que sean objeto de su competencia.

c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvencin que corresponda a cada uno, en funcin del nmero de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por stos ante los citados Consejos Generales, as como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento, sin perjuicio de lo establecido en la disposicin transitoria segunda de este real decreto.

d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalizacin de cada mes, una certificacin que contenga los datos relativos al nmero y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificacin del coste econmico total asociado a aqullas.

e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicacin de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificacin de documentos y a la evaluacin continua y final por parte de la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia, as como al control financiero de los mismos por la Intervencin General de la Administracin del Estado y el Tribunal de Cuentas.

f) Conservar toda la documentacin original, justificativa de la aplicacin de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobacin y control.

Artculo10. Incumplimientos y reintegros.

1. Proceder el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvencin, as como la exigencia del inters de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvencin hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artculos36 y37 de la Ley38/2003, de17 de noviembre.

2. El procedimiento para el reintegro se regir por lo dispuesto en los artculos41 a43 de la Ley38/2003, de17 de noviembre, y en el captulo II del ttulo III del Reglamento de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto887/2006, de21 de julio.

3. El rgano competente para exigir el reintegro de la subvencin concedida ser el titular de la Secretara de Estado de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artculo41 de la Ley38/2003, de17 de noviembre.

4. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijacin de la cantidad que deba ser reintegrada se determinar en aplicacin del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuacin inequvocamente tendente a la satisfaccin de sus compromisos.

Disposicin adicional nica. Efectos econmicos.

1. Los abonos previstos en el apartado1 del artculo6 correspondientes a:

Las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del ao2018, correspondientes al Consejo General de la Abogaca Espaola, y a las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del ao2018 correspondientes al Consejo General de Procuradores de Espaa, as como la cuanta restante de abonar al citado Colegio Profesional, relativa a la regularizacin de baremos recogida en la Orden JUS/117/2018, de7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto996/2003, de25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurdica gratuita, sern liquidados y satisfechos durante el primer trimestre de2019.

2. Los abonos previstos en el apartado2 del artculo6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del ao2018, para la asistencia psicolgica, sern liquidados y satisfechos durante los tres primeros meses de2019.

Disposicin transitoria primera. Regularizacin de los primeros meses de2019.

1. De conformidad con lo previsto en el artculo6.1, el Consejo General de la Abogaca Espaola y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de Espaa remitirn al Ministerio de Justicia una certificacin que contenga los datos relativos al nmero y clase de actuaciones realizadas por cada colegio en relacina los meses completos de2019 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto junto con la justificacin del coste econmico total asociado a aqullas, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentacin.

2. De conformidad con lo previsto en el artculo6.3, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos remitir al Ministerio de Justicia una justificacin de la actividad realizada en los meses completos de2019 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentacin.

Disposicin transitoria segunda. Pago de los ltimos meses del ao2019.

1. El pago de las subvenciones correspondientes al ltimo trimestre del ao2019 en lo que respecta a la asistencia jurdica gratuita y en aplicacin de las disponibilidades presupuestarias, se podr efectuar por el Ministerio de Justicia en el primer trimestre de2020.

2. El pago de las subvenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ao2019 en lo que respecta a la asistencia psicolgica a las vctimas de los delitos y en aplicacin de las disponibilidades presupuestarias, se podr efectuar por el Ministerio de Justicia en los dos primeros meses de2020.

3. Lo establecido en los puntos1 y2 de esta disposicin transitoria no afectar al rgimen de acreditacin mensual que establecen para el Consejo General de la Abogaca Espaola, el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espaa y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos los artculos6.1, 6.3 y9.2 letra d) del presente real decreto.

4. En todo caso, el pago correspondiente a diciembre de2019 se efectuar el primer trimestre de2020, una vez acreditada la prestacin del servicio de conformidad con lo previsto en este real decreto.

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias en materia de Administracin de Justicia que el artculo149.1.5. de la Constitucin Espaola atribuye al Estado.

Disposicin final segunda. Habilitacin.

Se faculta a la Ministra de Justicia para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin de este real decreto.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el1 de marzo de2019.

FELIPE R.

La Ministra de Justicia,

DOLORES DELGADO GARCA

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 01/03/2019
  • Fecha de publicación: 02/03/2019
  • Entrada en vigor: 3 de marzo de 2019.
Referencias anteriores
Materias
  • Abogados
  • Asistencia social
  • Colegios Profesionales
  • Justicia Gratuita
  • Procuradores de los Tribunales
  • Psicologa
  • Secretara de Estado de Justicia
  • Subvenciones

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