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Documento BOE-A-2018-7831

Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea, para regular la Orden Europea de Investigacin.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea represent la unificacin normativa en el Derecho espaol, en un texto nico, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia incluyendo tanto las que ya haban sido transpuestas en nuestro Derecho como las que estaban pendientes. La tcnica legislativa empleada permiti evitar la dispersin normativa y facilitar su conocimiento y manejo por los distintos profesionales del Derecho. Se articul a travs de un esquema en el que tendra fcil cabida la incorporacin de las futuras directivas que puedan ir adoptndose en esta materia. Se trata de normas muy especficas, sujetas a la propia dinmica legislativa de la Unin Europea, lo que justific que no se integraran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que constituyeran una ley distinta, eso s, complementaria y coordinada.

El principio de reconocimiento mutuo supone la articulacin de la cooperacin judicial penal entre los Estados miembros sobre la base de relaciones directas entre las autoridades judiciales, que no requiere la intervencin necesaria ni obligatoria de las autoridades centrales. El sistema se basa tambin en la confianza mutua, lo que lleva a un reconocimiento y ejecucin de las resoluciones dictadas por las autoridades competentes de emisin de otros Estados prcticamente de manera automtica, con causas tasadas de suspensin y denegacin del reconocimiento.

A la hora de incorporar estas normas de la Unin Europea a nuestro Derecho, la Ley distingui los elementos comunes a todas ellas (o a casi todas, porque la tcnica normativa comunitaria ha sido muy dispar) y conform una serie de normas generales que se completa por sus normas especficas y unos anexos que incluyen los certificados que se remiten a las autoridades judiciales de la Unin Europea cuando se transmiten estos instrumentos.

Por ltimo, dicha Ley iba acompaada de la Ley Orgnica 6/2014, de 29 de octubre, por la que se modific la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, que, con el nimo de evitar que la tarea de transposicin de cada nueva norma europea en este mbito conllevara otra reforma de aqulla para la atribucin de la competencia que corresponda, efectu un reconocimiento genrico a favor de los rganos judiciales con competencia en materia penal de aquellas facultades que se les encomienden por las normas especficas en materia de reconocimiento mutuo.

En definitiva, estas normas se configuraron como un instrumento integrador que, adems de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responden al compromiso de mejora de la cooperacin judicial penal en la Unin Europea y la lucha contra la criminalidad transfronteriza europea, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.

II

Este mismo afn armonizador se aprecia en el mbito europeo donde, desde la adopcin de las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2008/978/JAI relativas al aseguramiento de pruebas y al exhorto europeo de obtencin de pruebas, se hizo patente que el marco existente para la obtencin de pruebas en la Unin Europea era demasiado fragmentario y complicado. Surgi entonces el objetivo de unificar en un solo instrumento, haciendo ms ambiciosas, las normas que actualmente regulan la obtencin de pruebas en otro Estado miembro en procedimientos judiciales penales. Dichas normas se recogen hoy de manera dispersa en varios convenios internacionales, decisiones y decisiones marco.

Las grandes lneas de este nuevo planteamiento se sustanciaron en el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo de los das 10 y 11 de diciembre de 2009, donde se decidi que deba proseguirse la creacin de un sistema general para obtener pruebas en los casos de dimensin transfronteriza, basado en el principio de reconocimiento mutuo. Las conclusiones aconsejaban un nuevo planteamiento basado en el principio sealado, pero que tuviera tambin en cuenta la flexibilidad del sistema tradicional de asistencia judicial y que sustituyera a todos los instrumentos existentes en este mbito.

Todo ello ha dado lugar a la aprobacin de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigacin en materia penal, que se basa en un nico instrumento para la obtencin de prueba penal transfronteriza en la Unin Europea. La Directiva, propuesta bajo presidencia espaola fruto de un proceso lento y complejo de negociacin, regula la orden europea de investigacin, que se expedir a efectos de obtener una o varias medidas de investigacin especficas que se llevarn a cabo en el Estado de ejecucin de la misma, con vistas a la obtencin de pruebas o a recabar las que ya estn en posesin de la autoridad de ejecucin.

La orden europea de investigacin crea un rgimen nico para la obtencin de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por telfono, videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, la obtencin de informacin relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervencin de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro. En este sentido, la orden europea de investigacin comprende tambin medidas que impliquen la obtencin de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado perodo de tiempo, previendo que cuando sea necesario los Estados de emisin y de ejecucin podrn acordar entre s disposiciones prcticas, a fin de compatibilizar las diferencias existentes entre sus Derechos internos.

La solicitud y prctica de una medida de investigacin se podr llevar a cabo en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participacin del interesado, a efectos de la obtencin de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una orden europea de investigacin a efectos del traslado temporal de la persona en cuestin al Estado de emisin, o para la realizacin de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusin de su puesta a disposicin de un rgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deber emitirse una orden europea de detencin y entrega.

Esta Ley aborda, en consecuencia, el mandato de transposicin de la citada Directiva y, a tal fin, modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con el fin de incorporarla al Derecho espaol. Tambin se prevn una serie de pequeos ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha Ley y que era necesario actualizar o corregir.

Los criterios seguidos en la transposicin se han basado en los principios de la buena regulacin, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligacin de transposicin con fidelidad al texto de la Directiva y con la mnima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersin en aras de la simplificacin; as como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulacin imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurdica, ya que se realiza con el nimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro, que produjo la compilacin de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.

III

La Ley se estructura en un artculo con veintisiete apartados, una disposicin adicional, una disposicin transitoria, una disposicin derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo que aglutina la modificacin y creacin de nuevos anexos en la ley vigente.

El proceso de transposicin conlleva modificar los artculos relevantes de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con la introduccin de las previsiones que el Derecho de la Unin Europea requiere. Esta forma de transposicin es la ms idnea, la ms adecuada desde el punto de vista de la tcnica normativa y la que ofrece mayor seguridad jurdica, ya que se contina con el sistema de inclusin y regulacin en una sola norma –con rango de ley por exigencia formal y material– de los instrumentos y medidas de reconocimiento mutuo penales dentro de la Unin Europea, ofreciendo as a los operadores jurdicos una visin completa del sistema de reconocimiento mutuo penal dentro de la UE y de su regulacin en un nico instrumento jurdico en el ordenamiento interno y evitando la dispersin normativa.

El apartado veintids del artculo nico introduce un nuevo Ttulo X en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que regula la orden europea de investigacin, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea; en particular, por el Reglamento (UE) 2016/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, por el que se derogan determinados actos en el mbito de la cooperacin policial y judicial en materia penal. Dicho Ttulo se estructura siguiendo el esquema de la Ley modificada, esto es, un captulo de cuestiones generales de la orden de investigacin, y sendos captulos para emisin y ejecucin.

En coherencia con lo anterior, se sustituye el anexo XIII de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que se corresponda con el anexo correspondiente al exhorto, incluyendo en la modificacin los anexos correspondientes a la orden europea de investigacin.

IV

Por ltimo, se efectan algunas modificaciones de cuestiones que era necesario adaptar y que se han puesto de manifiesto durante la aplicacin de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.

As, se modifica en primer lugar el captulo de ejecucin de la orden europea de detencin y entrega con vistas a adecuarlo a las exigencias de los derechos establecidos para el detenido por la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detencin europea, as como a los derechos recogidos en la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantas procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

En siguiente lugar, se adecua la norma a la existencia de la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos y al protagonismo que sta ha adquirido en el marco del embargo y decomiso en Espaa, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actuacin en el mbito del reconocimiento mutuo, y perfilando aspectos para la mejor sujecin al articulado de la Decisin Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

Adems, se modifica la norma para la transposicin de algunos aspectos de la Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurdica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detencin, con vistas a garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado, financiada por los Estados miembros, a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detencin conforme a la Decisin Marco del Consejo2002/584/JAI.

Tambin se sustituye el anexo VIII de dicha norma por un nuevo anexo VIII que si bien se refiere a la misma medida –la orden europea de proteccin– subsana un error que padeca la versin anterior.

V

En otro orden de cosas, la norma introduce a travs de tres disposiciones finales sendas reformas de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado.

La primera reforma incorporada a la parte final est encaminada a completar laadecuacin de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita a la Directiva(UE) 2016/1919 citada.

La segunda reforma, con motivo de la aplicacin desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retencin de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. Dada la necesidad de ajustar el ordenamiento jurdico espaol al procedimiento que prev la orden de retencin de cuentas, se introduce una nueva disposicin final en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas para facilitar la aplicacin de la orden europea de retencin de cuentas a continuacin de las que ya se han adoptado para la aplicacin de otros instrumentos europeos.

Y, finalmente, la tercera modificacin tiene por objeto transponer la Directiva(UE)2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinacin y cooperacin para facilitar la proteccin consular de ciudadanos de la Unin no representados en terceros pases y por la que se deroga la Decisin 95/553/CE, en aquellos aspectos en los que se precisa norma de rango legal.

Artculo nico. Modificacin de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea.

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unin Europea se modifica en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica la letra i) en el apartado 2 del artculo 2, que queda redactada como sigue:

i) La orden europea de investigacin.

Dos. Se modifica el artculo 7, que queda redactado como sigue:

Artculo 7. Emisin y documentacin de rdenes y resoluciones para su ejecucin al amparo del principio de reconocimiento mutuo.

1. Cuando la eficacia de una resolucin penal espaola requiera la prctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Unin Europea, tratndose de algn instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espaola competente la documentar en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecucin.

El testimonio de la resolucin penal en la que se basa el certificado se remitir obligatoriamente junto con ste, salvo que se trate de una orden europea de detencin y entrega, una orden europea de proteccin o una orden europea de investigacin, que se documentarn exclusivamente a travs del formulario correspondiente.

El original de la resolucin o del certificado ser remitido nicamente cuando as lo solicite la autoridad de ejecucin.

2. El certificado o el formulario irn firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resolucin que se documenta.

3. El certificado o el formulario se traducirn a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relacin con ese Estado, su remisin en espaol.

La resolucin penal slo ser objeto de traduccin cuando as se requiera por la autoridad judicial de ejecucin. El coste de la traduccin ser asumido por el Estado de ejecucin que la reclama, con la excepcin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el Ttulo III.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 8, que tendr la siguiente redaccin:

1. La transmisin de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as como cualquier otra notificacin practicada con arreglo a esta Ley, se har directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecucin, a travs de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.

Cualquier dificultad que surja en relacin con la transmisin o la autenticidad de algn documento necesario para la ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar mediante comunicacin directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relacin con una orden europea de detencin y entrega o una orden europea de investigacin, con la participacin de las autoridades centrales de los Estados miembros.

Cuatro. Se modifica el artculo 9, que queda redactado como sigue:

Artculo 9. Informacin obligatoria a Eurojust en relacin con los instrumentos de reconocimiento mutuo.

La obligacin de transmisin de informacin y la peticin de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirn por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espaa en Eurojust, los conflictos de jurisdiccin, las redes judiciales de cooperacin internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, as como su normativa de desarrollo.

Cinco. Se modifica el prrafo primero del artculo 12, que queda redactado como sigue:

Cuando a la autoridad judicial espaola de emisin de una orden europea de detencin y entrega, de una resolucin por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigacin, le conste que resulta necesario el trnsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecucin, instar al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizacin, remitiendo copia de la resolucin judicial y del certificado emitido, traducido ste a una de las lenguas que acepte el Estado de trnsito.

Seis. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

Artculo 14. Gastos.

El Estado espaol financiar los gastos ocasionados por la ejecucin de una orden o resolucin de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecucin.

Si en la ejecucin de una resolucin judicial de decomiso o de una orden europea de investigacin emitida por la autoridad competente espaola, se recibiera comunicacin del Estado de ejecucin proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco das desde la recepcin de esta comunicacin se dirigir oficio al Ministerio de Justicia espaol a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecucin y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.

En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad espaola de emisin decidir si retira total o parcialmente la orden europea de investigacin, o la mantiene, sufragando en este ltimo caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirn las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuacin:

a) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad espaola implica el traslado temporal de detenidos a Espaa o al Estado de ejecucin, con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin, el Estado espaol financiar los gastos derivados del traslado y su retorno.

b) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad espaola implica la intervencin de telecomunicaciones, el Estado espaol financiar los gastos derivados de la transcripcin, la descodificacin y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.

Siete. Se modifica el apartado 2 del artculo 21, que tendr la siguiente redaccin:

2. La ejecucin de la orden o resolucin se ajustar a los trminos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigacin, con la participacin de las autoridades centrales de los Estados miembros.

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artculo 24, que tendr el siguiente texto:

1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espaola resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podrn interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.

Nueve. Se aade un apartado 3 al artculo 25 con la siguiente redaccin:

3. En ejecucin de la orden europea de investigacin, si la autoridad competente espaola estima que los costes de ejecucin seran excepcionalmente elevados, pondr de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicacin al Ministerio de Justicia espaol a fin de que ste, si as lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisin sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificacin de la orden europea de investigacin en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado espaol sino el Estado de emisin.

Sin perjuicio de lo anterior, se seguirn las siguientes reglas en los supuestos que se indica a continuacin:

a) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a Espaa, o bien al Estado de emisin, con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin, el Estado de emisin financiar los gastos derivados del traslado y su retorno.

b) Si la emisin de una orden europea de investigacin por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervencin de telecomunicaciones, el Estado de emisin financiar los gastos derivados de la transcripcin, la descodificacin y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.

Diez. Se modifica el apartado 1 del artculo 27, que queda redactado como sigue:

1. El Ministerio de Justicia ser competente para autorizar el trnsito por territorio espaol de una persona que est siendo trasladada al Estado de emisin desde el Estado de ejecucin de una orden europea de detencin y entrega, de una resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigacin, siempre que aqul le remita la solicitud de trnsito acompaada de una copia del certificado emitido para la ejecucin de la resolucin.

El Ministerio de Justicia podr solicitar al Estado de emisin que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espaol.

Once. Se modifican los apartados 1 y 3 del artculo 32, que quedan redactados como sigue:

1. Las autoridades judiciales espaolas no reconocern ni ejecutarn las rdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con carcter general, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya dictado en Espaa o en otro Estado distinto al de emisin una resolucin firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecucin vulnerase el principio non bis in dem en los trminos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espaa sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.

b) Cuando la orden o resolucin se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espaolas y, de haberse dictado la condena por un rgano jurisdiccional espaol, el delito o la sancin impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espaol.

c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompaar a la solicitud de adopcin de las medidas est incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19.

d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecucin de la resolucin.

3. La autoridad judicial espaola podr denegar el reconocimiento y la ejecucin de una orden o resolucin cuando se refiera a hechos que el Derecho espaol considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espaol. En este supuesto se deber deducir testimonio y remitirse al rgano judicial competente para el conocimiento del asunto.

Doce. Se modifica el apartado 2 del artculo 33, que tendr la siguiente redaccin:

2. Este precepto no ser de aplicacin a las resoluciones que soliciten la realizacin de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigacin ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisin provisional.

Trece. Se modifica el artculo 38, que queda redactado como sigue:

Artculo 38. Toma de declaracin previa a la emisin de una orden europea de detencin y entrega.

Con carcter previo a la emisin de una orden europea de detencin y entrega, el juez competente podr solicitar autorizacin al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaracin a travs de una solicitud de auxilio judicial.

Catorce. Se introduce un apartado 4 en el artculo 39 con la siguiente redaccin:

4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecucin su derecho a designar abogado en Espaa para asistir al abogado en el Estado de ejecucin, se garantizar el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jurdica gratuita, en los trminos que legalmente proceda conforme al Derecho espaol. La peticin deber tramitarse por la autoridad judicial espaola con carcter inmediato y la designacin de profesionales por el Colegio de Abogados tendr carcter preferente y urgente.

Quince. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artculo 48, que queda redactada como sigue:

b) Cuando la orden europea de detencin y entrega se haya dictado a efectos de ejecucin de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espaola o con residencia en Espaa, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisin. En otro caso, deber cumplir la pena en Espaa.

Diecisis. Se modifica el artculo 50, que queda redactado como sigue:

Artculo 50. Detencin y puesta a disposicin de la autoridad judicial.

1. La detencin de una persona afectada por una orden europea de detencin y entrega se practicar en la forma y con los requisitos y garantas previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislacin en materia de responsabilidad penal de menores.

2. En el plazo mximo de setenta y dos horas tras su detencin, la persona detenida ser puesta a disposicin del Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional. En el caso de menores de edad, a partir de los catorce aos, el plazo se reducir a veinticuatro horas, en el que el menor detenido ser puesto a disposicin del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislacin en materia de responsabilidad penal de menores.

La puesta a disposicin judicial ser comunicada a la autoridad judicial de emisin.

3. Puesta la persona detenida a disposicin judicial, se le informar de la existencia de la orden europea de detencin y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya funcin consistir en prestar asistencia al abogado en Espaa facilitndole informacin y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el trmite de audiencia ante el juez y con carcter irrevocable su entrega al Estado emisor, as como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondr en conocimiento de su autoridad competente con carcter inmediato.

4. La persona detenida ser informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisin, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, as como de la posibilidad de su revocacin posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequvoca, por escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.

La renuncia al abogado en el Estado de emisin podr revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtir efectos desde el momento en que se efecte.

Diecisiete. Se modifica el primer prrafo del artculo 90, que queda redactado como sigue:

Si durante la ejecucin de la resolucin por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr en conocimiento, sin dilacin, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisin y deduzca testimonio para la investigacin de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.

Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del artculo 127, que queda redactado como sigue:

4. Durante la supervisin de las medidas de vigilancia, el Juez de Instruccin o de Violencia sobre la Mujer podr solicitar de la autoridad competente del Estado de emisin informacin sobre la necesidad de su continuidad en atencin a las circunstancias del caso.

Diecinueve. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artculo 143 con la siguiente redaccin:

4. La resolucin de aseguramiento de pruebas regulada en este Ttulo nicamente podr ser emitida o reconocida y ejecutada en Espaa cuando se dirija o provenga, respectivamente, de Estados miembros de la Unin Europea que no estuvieran vinculados por la orden europea de investigacin regulada en el Ttulo X.

Veinte. Se aade un prrafo segundo al apartado 2 del artculo 165, con la siguiente redaccin:

La Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos podr llegar a un acuerdo con el Estado de ejecucin sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gestin de los bienes decomisados.

Veintiuno. Se modifica el artculo 172, que queda redactado como sigue:

Artculo 172. Disposicin de los bienes decomisados.

1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisin, dispondr del dinero obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si el importe obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

b) En todos los dems casos, se transferir al Estado de emisin el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecucin de la resolucin de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar en la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales.

Las cantidades que, en aplicacin de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espaa sern transferidas al Tesoro Pblico con aplicacin, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el Cdigo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa de desarrollo.

2. El Juez de lo Penal competente decidir que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecucin de la resolucin de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

Tambin podrn ser transferidos al Estado de emisin, siendo necesario su consentimiento en el supuesto de que la resolucin de decomiso se refiera a una suma de dinero en efectivo.

La enajenacin de los bienes se realizar de acuerdo con la legislacin espaola, observndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando y su normativa de desarrollo.

3. Cuando de la ejecucin de la resolucin de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio histrico espaol, el Juez de lo Penal en ningn caso proceder a su enajenacin o restitucin al Estado de emisin. En tal supuesto, lo comunicar a las autoridades espaolas competentes y sern de aplicacin las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol y su normativa de desarrollo.

Veintids. Se sustituye el Ttulo X por la siguiente rbrica y contenido:

TTULO X
Orden europea de investigacin en materia penal
CAPTULO I
Disposiciones generales

Artculo 186. Orden europea de investigacin.

1. La orden europea de investigacin es una resolucin penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unin Europea, dictada con vistas a la realizacin de una o varias medidas de investigacin en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtencin de pruebas para su uso en un proceso penal. Tambin se podr emitir una orden europea de investigacin con vistas a la remisin de pruebas o de diligencias de investigacin que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecucin.

Se considerarn vlidos en Espaa los actos de investigacin realizados por el Estado de ejecucin, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jurdico espaol ni resulten contrarios a las garantas procesales reconocidas en ste.

2. La orden europea de investigacin podr referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea, tanto administrativas como judiciales, por la comisin de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisin pueda dar lugar a un proceso ante un rgano jurisdiccional, en particular en el orden penal.

3. La orden europea de investigacin podr comprender todas las medidas de investigacin, con excepcin de la creacin de un equipo conjunto de investigacin y la obtencin de pruebas en dicho equipo.

No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigacin necesite que las diligencias de investigacin se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya participado en el equipo, podr emitirse una orden europea de investigacin a las autoridades competentes de dicho Estado.

4. Queda fuera del mbito de la orden europea de investigacin el rgimen de transmisin de los antecedentes penales, que se regir por su normativa especfica.

5. A efectos de la emisin y de la ejecucin de rdenes europeas de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:

a) Se considerar como entidad financiera aqulla que se ajuste a la definicin establecida por la legislacin de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

b) Se considerar como dato de la cuenta o el depsito al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representacin y de las facultades de disposicin relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con posterioridad a ella.

Artculo 187. Autoridades competentes en Espaa para emitir y ejecutar una orden europea de investigacin.

1. Son autoridades de emisin de una orden europea de investigacin los jueces o tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de investigacin o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento.

Son tambin autoridades de emisin los Fiscales en los procedimientos que dirijan, siempre que la medida que contenga la orden europea de investigacin no sea limitativa de derechos fundamentales.

A estos efectos, las autoridades competentes sealadas podrn emitir rdenes europeas de investigacin para la ejecucin de medidas que podran ordenar o ejecutar conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en Espaa para recibir las rdenes europeas de investigacin emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisin, el Ministerio Fiscal conocer del reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin o la remitir al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Cuando la orden europea de investigacin no contenga medida alguna limitativa de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal ser competente para reconocer y ejecutar la orden europea de investigacin.

b) Cuando la orden europea de investigacin contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos derechos, sta ser remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecucin. Tambin ser remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecucin la orden europea de investigacin en la que se indique expresamente por la autoridad de emisin que la medida de investigacin debe ser ejecutada por un rgano judicial.

En estos supuestos se acompaar de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegacin de la ejecucin de la orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopcin de cada una de las medidas de investigacin que la orden contenga.

3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, sern competentes:

a) Los Jueces de Instruccin o de Menores del lugar donde deban practicarse las medidas de investigacin o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexin territorial con el delito, con el investigado o con la vctima. Si no hubiera ningn elemento de conexin territorial para poder concretar la competencia, sern competentes los Jueces Centrales de Instruccin.

b) Los Jueces Centrales de Instruccin, si la orden europea de investigacin se emiti por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia Nacional, o si se trata de la notificacin prevista en el artculo 222.

c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al Estado de emisin de personas privadas de libertad en Espaa, de conformidad con lo previsto en el artculo 214.

El Ministerio Fiscal podr practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigacin para su ejecucin.

El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigacin no implicar una prdida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin.

Si dicha orden europea de investigacin se hubiese emitido en relacin con varias diligencias de investigacin que tuvieran que practicarse en lugares distintos, ser competente para el reconocimiento y ejecucin de la orden el juez o tribunal al que el Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez o tribunal a quien corresponda la ejecucin notificar al Ministerio Fiscal el reconocimiento y ejecucin de las medidas de investigacin y su remisin a la autoridad de emisin.

CAPTULO II
Emisin y transmisin de una orden europea de investigacin
Seccin 1. Rgimen general de emisin y transmisin de rdenes europeas de investigacin

Artculo 188. Contenido de la orden europea de investigacin.

1. La orden europea de investigacin se documentar en el formulario que figura en el anexo XIII, con mencin expresa a la siguiente informacin:

a) Los datos de la autoridad de emisin.

b) El objeto y motivos de la orden europea de investigacin.

c) La informacin necesaria sobre la persona o personas afectadas.

d) La descripcin de la conducta delictiva que es objeto de la investigacin o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal espaol.

e) La descripcin de la medida o medidas de investigacin que se solicitan y de las pruebas a obtener.

f) Las formalidades, procedimientos y garantas cuya observancia solicita que sean respetadas por el Estado de ejecucin.

2. La autoridad espaola competente podr expedir una orden europea de investigacin complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para el mismo proceso penal.

La orden europea de investigacin complementaria se documentar en la forma sealada en el apartado 1 e indicar su relacin con la orden anterior en la seccin D del mismo formulario del anexo XIII.

Cuando la autoridad espaola competente colabore en la ejecucin de la orden europea de investigacin en el Estado de ejecucin, podr transmitir una orden complementaria directamente a la autoridad de ejecucin mientras se encuentre en dicho Estado.

Artculo 189. Requisitos para la emisin de una orden europea de investigacin.

1. La autoridad de emisin podr emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden europea de investigacin cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que la emisin de una orden europea de investigacin sea necesaria y proporcionada a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.

b) Que la medida o medidas de investigacin solicitadas cuyo reconocimiento y ejecucin se pretende se hayan acordado en el proceso penal espaol en el que se emite la orden europea de investigacin y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones para un caso interno similar.

2. La autoridad espaola competente podr indicar en la orden que se requiere un plazo ms corto que el previsto con carcter general para la ejecucin de la medida, o que la medida de investigacin tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta peticin se fundamentar de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes.

Artculo 190. Solicitud de informacin a la autoridad de ejecucin.

1. La autoridad espaola competente podr solicitar a la autoridad de ejecucin que le informe sin dilacin, cuando proceda, de los siguientes supuestos:

a) Si considera que en la ejecucin de la orden europea de investigacin puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigacin no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisin pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantas expresamente indicados.

2. La autoridad espaola competente podr consultar a la autoridad competente del Estado de ejecucin a fin de facilitar la ejecucin de la orden europea de investigacin.

Artculo 191. Solicitud de participacin de la autoridad espaola competente.

La autoridad espaola competente, justificando las razones por las que lo considera conveniente, podr solicitar la participacin en la ejecucin de la orden europea de investigacin de una o varias autoridades o funcionarios espaoles, en la misma forma en que hubieran podido estar presentes en su ejecucin en territorio nacional. La autoridad o funcionario espaol que participe en la ejecucin de la orden europea de investigacin podr recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecucin, siempre que as se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del Estado de ejecucin.

Artculo 192. Comunicacin con la autoridad de ejecucin.

La autoridad espaola competente comunicar a la autoridad de ejecucin en el plazo de diez das si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigacin en los siguientes supuestos:

a) Cuando la autoridad de ejecucin comunique que el resultado perseguido por la orden europea de investigacin puede conseguirse mediante una medida de investigacin menos restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisin.

b) Cuando la autoridad de ejecucin comunique que la medida de investigacin solicitada no existe en su Derecho o no est prevista para un caso interno similar, pero existe otra medida distinta que puede ser idnea para los fines de la orden solicitada.

Artculo 193. Utilizacin en Espaa de los datos personales obtenidos en la ejecucin de la orden europea de investigacin en otro Estado miembro.

1. Los datos personales obtenidos de la ejecucin de una orden europea de investigacin slo podrn ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado esa resolucin, en aquellos otros relacionados de manera directa con aqul o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pblica.

Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad espaola competente deber recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecucin o del titular de los datos.

2. Cuando en un caso concreto as lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecucin, la autoridad espaola competente le informar del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a travs de una orden europea de investigacin, con excepcin de aqullos obtenidos durante su ejecucin en Espaa.

Artculo 194. Confidencialidad en la emisin de una orden europea de investigacin.

La autoridad competente espaola, con arreglo al ordenamiento jurdico espaol y, a menos que la autoridad de ejecucin haya indicado otra cosa, no desvelar prueba o informacin alguna facilitada por la autoridad de ejecucin para ser utilizada en el procedimiento espaol, excepto en la medida en que su revelacin sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigacin.

Seccin 2. Emisin de rdenes europeas de investigacin con medidas especficas de investigacin

Artculo 195. Emisin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de ejecucin.

1. La autoridad espaola competente emitir una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de una persona privada de libertad en el Estado de ejecucin cuando la investigacin requiera su presencia en Espaa; y siempre que no tenga por finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deber optar por la emisin de una orden europea de detencin y entrega.

2. La autoridad espaola competente acordar con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones prcticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as como los detalles de sus condiciones de privacin de libertad, con inclusin de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artculos 12 y 27, garantizndose que se tiene en cuenta la condicin fsica y mental de la persona de que se trate, as como el nivel de seguridad requerido en Espaa.

3. La persona trasladada permanecer privada de libertad en Espaa en relacin con los hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecucin, a menos que ste pida su puesta en libertad.

4. La persona trasladada no ser perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restriccin de su libertad personal en Espaa por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecucin y que no estuvieran especificados en la orden europea de investigacin. No obstante, esta inmunidad quedar sin efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio espaol durante los quince das siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la autoridad espaola competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.

Artculo 196. Emisin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal al Estado de ejecucin de personas privadas de libertad en Espaa.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin para el traslado temporal de un detenido en Espaa con el fin de llevar a cabo una medida de investigacin que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecucin, siempre que la persona privada de libertad d su consentimiento. A tal fin sern de aplicacin las previsiones del artculo 214.

Artculo 197. Emisin de una orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

1. Cuando la autoridad competente espaola que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario or al investigado o encausado o a un testigo o perito que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir una orden europea de investigacin para que dicha declaracin se realice por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

A tal fin se determinarn de acuerdo con la autoridad de ejecucin competente las disposiciones prcticas con arreglo a las cuales se llevar a cabo la comparecencia.

Si en un caso concreto la autoridad de ejecucin no dispusiera de los medios tcnicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, la autoridad competente espaola que la hubiera solicitado podr ponerlos a su disposicin previo acuerdo.

Artculo 198. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

1. Cuando la autoridad espaola competente necesite determinar si la persona fsica o jurdica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o ms cuentas o depsitos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y depsitos identificadas que obren todava en su poder, podr emitir una orden europea de investigacin. La informacin requerida incluir, siempre que se solicite en la orden europea de investigacin, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representacin.

2. En la orden europea de investigacin se indicarn las razones por las que considera que la informacin solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en algn banco u otra entidad financiera del Estado de ejecucin y, siempre que cuente con dicha informacin, de qu banco o entidad financiera se trata. Tambin incluir en la orden europea de investigacin cualquier informacin de la que disponga que pueda facilitar su ejecucin.

Artculo 199. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin para obtener los datos que obren todava en poder del banco u otra entidad financiera correspondientes a:

a) Cuentas bancarias especficas.

b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o ms cuentas indicadas en la orden, con inclusin de los datos de toda cuenta remitente o receptora.

c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.

En la orden se indicarn las razones por las que estima que la informacin solicitada es pertinente para el proceso penal de que se trate.

Artculo 200. Emisin de una orden europea de investigacin para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

Cuando la autoridad competente que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario emitir una orden europea de investigacin a efectos de la ejecucin de una medida de investigacin que requiera la obtencin de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicar las razones por las que estima que la informacin solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.

Artculo 201. Emisin de una orden europea de investigacin para realizar investigaciones encubiertas.

Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes de otro Estado miembro colaboren en la investigacin encubierta de una o varias actividades delictivas, a travs de agentes que acten infiltrados o con una identidad falsa, emitir una orden europea de investigacin solicitando dicha colaboracin e indicar las razones por las que considera pertinente realizar una investigacin encubierta.

Artculo 202. Emisin de una orden europea de investigacin para intervencin de telecomunicaciones.

1. La autoridad espaola competente emitir una orden europea de investigacin cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proceda la intervencin de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su asistencia tcnica. La medida solicitada podr abarcar igualmente la obtencin de datos de trfico y localizacin correspondiente a tales comunicaciones.

2. Cuando la asistencia tcnica requerida pueda ser prestada por ms de un Estado miembro, se enviar la orden europea de investigacin solo a uno de ellos. A tal efecto, se dar siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el investigado o encausado.

3. La autoridad espaola competente podr acordar con la autoridad de ejecucin que la intervencin se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:

a) Transmitiendo directamente la telecomunicacin al Estado de emisin,

b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecucin la telecomunicacin para proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisin.

La autoridad espaola competente podr someter a consulta y ser consultada por la autoridad de ejecucin respecto de la eleccin de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigacin.

4. La orden europea de investigacin emitida para la intervencin de telecomunicaciones deber especificar:

a) Las razones por las que la intervencin es necesaria para los fines del proceso penal.

b) La informacin necesaria para la identificacin de la persona afectada por la intervencin.

c) La duracin de la intervencin.

d) Los datos tcnicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.

5. En la orden europea de investigacin se podr pedir una transcripcin, descodificacin o desencriptado del registro. Esta peticin podr hacerse, asimismo, durante la prctica de la intervencin. En ambos casos, la transcripcin, descodificacin o desencriptado debern ser acordados con la autoridad de ejecucin.

Artculo 203. Emisin de una orden europea de investigacin para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigacin en relacin con los medios de prueba.

La autoridad espaola competente podr emitir una orden europea de investigacin con la finalidad de impedir de forma cautelar la destruccin, transformacin, desplazamiento, transferencia o enajenacin de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.

En la orden europea de investigacin se indicar si el medio de prueba habr de transferirse a Espaa o conservarse en el Estado de ejecucin.

Cuando en la orden europea de investigacin se solicite que el medio de prueba se conserve en el Estado de ejecucin, se indicar la fecha en que habr de levantarse la medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formular la solicitud para que la prueba sea trasladada a Espaa.

Se notificar inmediatamente a la autoridad de ejecucin el levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran instado.

Artculo 204. Notificacin al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia tcnica no sea necesaria.

1. La autoridad espaola competente que haya acordado la intervencin de telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro sin su asistencia tcnica, notificar a la autoridad competente de ese Estado dicha intervencin. Esta notificacin se llevar a cabo:

a) antes de la intervencin, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se encuentra o se encontrar en el territorio del otro Estado miembro;

b) durante la intervencin o despus de sta, inmediatamente despus de tener conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervencin, en el territorio del otro Estado miembro.

Esta notificacin se efectuar por medio del formulario contenido en el anexo XV.

2. La autoridad espaola competente que haya acordado esta intervencin no la llevar a cabo o pondr fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado as lo indicara. Asimismo, la autoridad espaola competente slo podr utilizar el material intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.

En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad espaola competente ordenar su destruccin.

CAPTULO III
Reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin
Seccin 1. Rgimen general de reconocimiento y ejecucin de rdenes europeas de investigacin

Artculo 205. Requisitos para el reconocimiento y ejecucin en Espaa de una orden de investigacin europea.

1. La autoridad competente espaola que reciba una orden europea de investigacin dictar auto o decreto de reconocimiento y ejecucin de la misma, salvo que concurra alguno de los motivos de denegacin o suspensin a que se refieren los artculos 207 y 209.

2. La autoridad competente espaola que reciba una orden europea de investigacin que no hubiera sido emitida por la autoridad de emisin competente, o validada en su caso por el juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisin, proceder a su devolucin.

Artculo 206. Ejecucin de las medidas de investigacin solicitadas en la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin solicitada si dicha medida de investigacin existiera en Derecho espaol y estuviera prevista para un caso interno similar.

En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente, la autoridad competente ordenar la ejecucin en todo caso si la medida de investigacin solicitada fuera alguna de las siguientes:

a) La obtencin de informacin o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad competente espaola siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa informacin o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la orden europea de investigacin;

b) la obtencin de informacin contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un procedimiento penal;

c) la declaracin de un testigo, un perito, una vctima, un investigado o encausado o un tercero en territorio espaol;

d) cualquier medida de investigacin no restrictiva de los derechos fundamentales y garantas procesales prevista en el Derecho espaol;

e) la identificacin de personas que sean titulares de un nmero de telfono o una direccin IP determinados.

2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigacin pudiera conseguirse mediante una medida de investigacin menos restrictiva de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola ordenar la ejecucin de esta ltima.

3. Cuando la medida de investigacin solicitada no existiera en Derecho espaol o no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente espaola ordenar la ejecucin de una medida de investigacin distinta a la solicitada, si dicha medida fuera idnea para los fines de la orden solicitada.

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resolucin, la autoridad competente informar a la autoridad de emisin. Si la autoridad de emisin no comunicara su decisin de retirar o completar la orden europea de investigacin en el plazo de diez das, la autoridad de ejecucin ordenar la ejecucin de la medida de investigacin alternativa.

5. Cuando la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin no exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso interno similar y, adems, no exista ninguna otra medida de investigacin que pudiera obtener el mismo resultado que la medida de investigacin solicitada, la autoridad espaola competente notificar a la autoridad del Estado de emisin que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.

Artculo 207. Denegacin del reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola denegar el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin, adems de en los supuestos del apartado 1 del artculo 32, en los siguientes casos:

a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de investigacin o normas sobre determinacin y limitacin de la responsabilidad penal en relacin con la libertad de prensa y la libertad de expresin en otros medios de comunicacin que imposibiliten a la autoridad competente espaola su ejecucin.

b) Cuando la ejecucin pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informacin o implicar la utilizacin de informacin clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.

c) Cuando la resolucin se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y total o parcialmente en territorio espaol, y la conducta en relacin con la cual se emite la orden europea de investigacin no sea constitutiva de delito en Espaa.

d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecucin de la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin es incompatible con las obligaciones del Estado espaol de conformidad con el artculo 6 del Tratado de la Unin Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea.

e) Cuando la conducta que dio origen a la emisin de la orden europea de investigacin no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho espaol y no est recogida en las categoras de delitos a que se refiere el apartado 1 del artculo 20, siempre que la pena o medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisin para el delito a que se refiere la orden europea de investigacin fuera de un mximo de al menos tres aos.

Para comprobar si dicha conducta est o no incluida dentro de los delitos enumerados en el apartado 1 del artculo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se estar a lo indicado por la autoridad del Estado de emisin en el formulario de emisin remitido.

f) Cuando el uso de la medida de investigacin indicada en la orden europea de investigacin est limitado, con arreglo al Derecho espaol, a una lista o categora de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la orden europea de investigacin.

g) Cuando la orden europea de investigacin se refiera a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea por la comisin de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento cuando la decisin pueda dar lugar a un proceso ante un rgano jurisdiccional en el orden penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecucin, para un caso interno similar.

2. Las letras e) y f) del apartado anterior no sern de aplicacin, en ningn caso, a las medidas de investigacin a que se refiere el apartado 1 del artculo 206.

3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del artculo 32 o en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 de este artculo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecucin de la orden europea de investigacin, la autoridad espaola competente solicitar a la autoridad de emisin la informacin complementaria necesaria y, en su caso, la subsanacin del defecto en que se hubiera incurrido.

Artculo 208. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola que reciba la orden europea de investigacin, si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegacin o suspensin, dictar sin dilacin auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y ordenando su ejecucin. Elauto o decreto contendr las instrucciones necesarias para la prctica de las medidas de investigacin solicitadas.

La decisin de reconocer y ejecutar la orden europea de investigacin o, en su caso, denegar su ejecucin deber ser tomada cuanto antes y, a ms tardar, en el plazo de treinta das desde su recepcin por la autoridad competente.

2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente espaola aprecie que no podr cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento y ejecucin de la orden, informar sin demora a la autoridad de emisin explicando las razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resolucin. En este caso, el plazo establecido para dictar la resolucin de reconocimiento y ejecucin podr prorrogarse hasta un mximo de treinta das.

3. Cuando el Estado de emisin participe en la ejecucin de la orden europea de investigacin y si la autoridad de emisin emite una orden complementaria a la anterior, la autoridad competente espaola podr recibir directamente la orden complementaria que la autoridad de emisin dicte mientras est en Espaa.

4. La autoridad competente espaola llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin sin demora y, a ms tardar, en el plazo de noventa das despus de que se adopte la resolucin de reconocimiento y ejecucin, a menos que, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 209, exista algn motivo para la suspensin del procedimiento de reconocimiento y ejecucin o que la prueba mencionada en la medida de investigacin incluida en la orden europea de investigacin ya se encuentre en posesin del Estado espaol.

5. Cuando la autoridad de emisin haya indicado en la orden que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo ms corto para la ejecucin de la medida, o si la medida de investigacin tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente espaola estar a lo dispuesto en la orden en relacin con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo comunicar a la autoridad de emisin sin demora.

6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecucin de la medida de investigacin dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente espaola informar sin demora a la autoridad competente del Estado de emisin explicando las razones de la demora y consultar a la autoridad de emisin sobre el plazo o la fecha adecuados para llevar a cabo la ejecucin de la medida de investigacin.

Artculo 209. Suspensin del reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin.

1. La autoridad competente espaola suspender el reconocimiento y la ejecucin de una orden europea de investigacin cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que su ejecucin pudiera perjudicar una investigacin penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.

b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate estn siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.

2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensin, la autoridad competente espaola adoptar las medidas necesarias para la ejecucin de la orden europea de investigacin, informando sin dilacin a la autoridad competente del Estado de emisin.

Artculo 210. Participacin de las autoridades del Estado de emisin en la prctica de diligencias en territorio espaol.

1. En el caso de que la autoridad de emisin solicite que una o varias autoridades de su Estado participen en la ejecucin de la orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola acceder a ello siempre que dichas autoridades estn facultadas para participar en la ejecucin de las medidas de investigacin requeridas en la orden en un caso interno similar de su Estado y que esa participacin no sea contraria a los principios jurdicos fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.

Dichas autoridades tendrn la consideracin de funcionario pblico espaol a efectos penales mientras se encuentren en Espaa participando en la ejecucin de la orden europea de investigacin. En el caso del agente encubierto se acordarn con el Estado de emisin, atenindose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duracin de la investigacin encubierta, las condiciones concretas y el rgimen jurdico de los agentes de que se trate.

2. Las autoridades del Estado de emisin que participaran en la ejecucin de la orden europea de investigacin se sometern al Derecho espaol y solo podrn ejercer competencia coercitiva en territorio espaol si el ejercicio de dicha competencia es conforme con el Derecho espaol y nicamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen acordado.

3. La autoridad competente espaola podr consultar en cualquier momento a la autoridad competente del Estado de emisin a fin de facilitar la ejecucin de la orden europea de investigacin.

Artculo 211. Traslado de las pruebas obtenidas.

1. Las pruebas obtenidas se trasladarn de manera inmediata a la autoridad del Estado de emisin y se indicar si deben ser devueltas a las autoridades competentes espaolas tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisin.

En el caso de que el Estado de emisin participara en la ejecucin de la orden, siempre que as se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho espaol, las pruebas obtenidas se trasladarn inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr acordarse la suspensin del traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y ejecucin de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigacin o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspender el traslado de pruebas si ste pudiera causar un dao grave o irreversible a la persona interesada.

3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la autoridad competente espaola, previa peticin expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisin, podr trasladar temporalmente las pruebas con la condicin de que se devuelvan a las autoridades competentes espaolas tan pronto como el Estado de emisin deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasin que se acordara entre las autoridades competentes.

Artculo 212. Informacin especfica sobre el curso de la ejecucin de la orden europea de investigacin.

1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigacin, acusar recibo en el plazo mximo de una semana desde la recepcin, mediante la cumplimentacin del anexo XIV.

2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artculo 206, la autoridad competente espaola encargada de la ejecucin informar sin dilacin a la autoridad de emisin en los casos siguientes:

a) Si es imposible adoptar una resolucin de reconocimiento y ejecucin debido a que el formulario del anexo XIII est incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por Espaa.

b) Si considera que en la ejecucin de la orden europea de investigacin puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigacin no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisin pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.

c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garantas expresamente indicados.

d) De cualquier resolucin adoptada de conformidad con lo dispuesto en los artculos 206, 207 y 209.

Artculo 213. Confidencialidad en la ejecucin de una orden europea de investigacin.

Cuando ejecute una orden europea de investigacin, la autoridad competente espaola tiene la obligacin de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigacin, y cualquier publicidad ser siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisin.

Seccin 2. Reconocimiento y ejecucin de rdenes europeas de investigacin con medidas especficas de investigacin

Artculo 214. Ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal al Estado de emisin de personas privadas de libertad en Espaa.

1. La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal de personas privadas de libertad en Espaa, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 208, en caso de que:

a) La persona privada de libertad no d su consentimiento. Cuando debido a su edad o estado fsico o psquico, no pueda dar su opinin, la misma se recabar a travs de su representante legal.

b) El traslado pueda causar la prolongacin de la privacin de libertad de la persona.

2. La autoridad espaola competente acordar con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones prcticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as como los detalles de sus condiciones de privacin de libertad, con inclusin de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los artculos 12 y 27, garantizndose que se tienen en cuenta la condicin fsica y mental de la persona de que se trate, as como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisin.

3. La autoridad espaola competente deducir, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, del perodo mximo de prisin al que est sometido o se vaya a someter al reclamado por una orden europea de investigacin cualquier perodo de privacin de libertad en el territorio del Estado de emisin.

Artculo 215. Ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin.

La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en caso de que la persona privada de libertad no d su consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado fsico o psquico, no pueda dar su opinin, la misma se recabar a travs de su representante legal.

En todo lo dems, la ejecucin de la orden europea de investigacin para el traslado temporal a Espaa de personas privadas de libertad en el Estado de emisin se sujetar a lo dispuesto en el artculo 214.

Artculo 216. Ejecucin de una orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual.

1. La autoridad espaola competente denegar el reconocimiento y ejecucin de la orden europea de investigacin para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, adems de en los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en caso de que la ejecucin de dicha medida de investigacin en un caso concreto sea contraria a los principios jurdicos fundamentales del Derecho espaol.

Tambin podr denegar el reconocimiento y ejecucin si el investigado o el acusado no da su consentimiento para la prctica de la medida.

2. Cuando la autoridad competente espaola reciba una orden europea de investigacin en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisin audiovisual, la llevar a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisin. En todo caso, la autoridad competente espaola se encargar de:

a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar de la comparecencia.

b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas especficas que establezca el Derecho espaol, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisin, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garantas procesales.

c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaracin.

3. La autoridad espaola competente se pondr de acuerdo con la autoridad de emisin sobre la prctica de la ejecucin de la medida que, en todo caso, se regir por las siguientes normas:

a) Durante la declaracin estar presente la autoridad espaola competente, asistida por un intrprete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar declaracin y velar por el respeto del ordenamiento jurdico espaol.

b) La autoridad espaola competente acordar, en su caso, con la autoridad de emisin, la adopcin de medidas de proteccin de la persona que deba declarar.

c) La declaracin tendr lugar ante la autoridad competente del Estado de emisin o bajo su direccin.

d) Si as lo solicita la autoridad de emisin o la persona compareciente, la autoridad espaola facilitar un intrprete para que le asista.

e) Con carcter previo a la declaracin, se informar a los testigos o peritos de los derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisin como del espaol, incluido el derecho a no declarar cuando as se disponga.

4. Finalizada la declaracin, la autoridad espaola en cuyo territorio se haya ejecutado la medida levantar acta de la misma, en la que constarn la fecha y el lugar, la identidad de la persona oda, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento formulado y las condiciones tcnicas en las que se haya llevado a cabo la declaracin. El acta se transmitir a la autoridad competente del Estado de emisin.

5. En el caso de que la persona que deba ser oda en Espaa en ejecucin de una orden europea de investigacin no preste testimonio estando sometida a la obligacin de testificar o no preste testimonio veraz, se le aplicar el ordenamiento jurdico espaol del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.

Artculo 217. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.

Cuando la autoridad espaola competente reciba una orden europea de investigacin en la que se requiera informacin sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la proporcionar de conformidad con el Derecho espaol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma. La informacin a proporcionar a la autoridad de emisin incluir, cuando as lo solicite la orden europea de investigacin, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representacin.

La autoridad competente espaola, adems de por los motivos de denegacin del reconocimiento y de la ejecucin previstos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

La autoridad espaola competente adoptar las medidas necesarias para garantizar que los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informacin al Estado de emisin en virtud de este artculo y el siguiente, o de que se est llevando a cabo una investigacin, pudiendo utilizar a esos efectos la informacin obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiacin del terrorismo.

Artculo 218. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.

La autoridad espaola competente para el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin proporcionar la informacin sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho espaol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma.

En el caso de la letra c) del artculo 199, adems de por los motivos de denegacin del reconocimiento y de la ejecucin contemplados en esta Ley, la autoridad espaola competente denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

Artculo 219. Ejecucin de una orden europea de investigacin para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de investigacin que requiera la obtencin de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegar su ejecucin, adems de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de las previstas en este artculo, ser la competente para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con su ejecucin, si bien las disposiciones prcticas las acordar con la autoridad competente del Estado de emisin.

Artculo 220. Ejecucin de una orden europea de investigacin para realizar investigaciones encubiertas.

1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigacin con el fin de recabar su colaboracin en la realizacin de una investigacin encubierta en Espaa, denegar su ejecucin, adems de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del artculo 32 y en el artculo 207, cuando:

a) La realizacin de investigaciones encubiertas no se autorizara en casos internos similares.

b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisin respecto a las condiciones para llevar a cabo la investigacin correspondiente.

2. La autoridad que acuerde la ejecucin de una orden europea de investigacin con el fin de realizar una medida de las previstas en este artculo, la ejecutar de acuerdo con el ordenamiento jurdico espaol asumiendo la direccin y el control de las operaciones relacionadas con la medida, si bien la duracin de la misma, las condiciones concretas y el rgimen jurdico de los agentes intervinientes sern acordadas con la autoridad competente del Estado de emisin.

Artculo 221. Ejecucin de una orden europea de investigacin para intervencin de telecomunicaciones.

1. La autoridad judicial competente espaola denegar la ejecucin de la orden europea de investigacin, adems de por los motivos previstos en el apartado1 del artculo 32 y en el artculo 207, en los casos en que no se autorizara la medida de investigacin en un caso interno similar.

2. Cuando la autoridad judicial competente espaola reciba una orden europea de investigacin para la intervencin de telecomunicaciones podr ejecutarla mediante alguna de las siguientes formas:

a) La transmisin inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisin.

b) La intervencin, registro y ulterior transmisin del resultado de la intervencin de las telecomunicaciones a la autoridad de emisin.

La eleccin de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigacin se acordar con la autoridad de emisin.

Artculo 222. Notificacin a Espaa de la intervencin de telecomunicaciones con interceptacin de la direccin de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espaa y cuya asistencia tcnica no sea necesaria.

Cuando se notifique a Espaa la intervencin de telecomunicaciones con interceptacin de la direccin de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espaa, en el caso de que dicha intervencin no fuera objeto de autorizacin en un caso interno similar, la autoridad espaola competente comunicar al Estado que se encuentre ejecutando la intervencin, sin dilacin y a ms tardar en un plazo de noventa y seis horas desde la recepcin de la notificacin:

a) Que no podr efectuarse la intervencin o que se pondr fin a la misma.

b) Y, en su caso, que no podr utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona objeto de la intervencin se encontraba en Espaa, o que solo podr utilizarse en las condiciones que se especifiquen. Deber informarse a la autoridad competente del Estado que realiza la intervencin de los motivos de tales condiciones.

Artculo 223. Ejecucin de una orden europea de investigacin para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigacin en relacin con los medios de prueba.

La autoridad espaola competente para el reconocimiento y ejecucin de una orden europea de investigacin en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de pruebas comunicar su decisin a la autoridad de emisin dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepcin de la orden.

En ejecucin de la orden europea de investigacin, los medios de prueba se trasladarn al Estado de emisin en la forma prevista en el artculo 211.

Previa consulta a la autoridad de emisin, la autoridad espaola competente, de conformidad con el Derecho espaol, podr imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duracin del plazo de aplicacin de la medida cautelar requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informar de ello a la autoridad de emisin y se le ofrecer la posibilidad de formular alegaciones.

La autoridad espaola competente podr recabar la asistencia de la Oficina de Recuperacin y Gestin de activos en la ejecucin de una orden europea de investigacin cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.

Veintitrs. Se introduce una nueva disposicin adicional quinta con el siguiente contenido:

Disposicin adicional quinta. Proteccin de datos de carcter personal.

Los datos de carcter personal obtenidos como consecuencia de la emisin o ejecucin de un instrumento de reconocimiento mutuo estarn protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y espaola de proteccin de datos de carcter personal.

Veinticuatro. Se introduce una nueva disposicin adicional sexta con el siguiente contenido:

Disposicin adicional sexta. Declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica.

En el caso de que la declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica sea introducida en la legislacin procesal penal espaola, regirn las siguientes reglas para la emisin y ejecucin de una orden europea de investigacin que contemple dicha medida:

a) Cuando la autoridad espaola competente que est conociendo de un proceso penal en Espaa considere necesario or, como testigo o perito, a una persona que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir una orden europea de investigacin para que la declaracin del testigo o perito se realice por conferencia telefnica, siempre que no considere ms conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no hubiera sido posible utilizar otro medio ms adecuado.

b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaracin de testigos o peritos por conferencia telefnica, tanto para la emisin como para la ejecucin de una orden europea de investigacin que incluya dicha declaracin, se regir por lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artculo 216.

A los efectos de esta disposicin adicional, se entender por autoridad espaola competente la definida en el artculo 187.

Veinticinco. Se introduce una nueva letra k) en la disposicin final tercera con el siguiente contenido:

k) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigacin en materia penal.

Veintisis. Se modifica el anexo VIII, relativo a la orden europea de proteccin, se suprime el anexo XIII, relativo al exhorto europeo de obtencin de pruebas, y se introducen nuevos anexos XIII, XIV y XV, relativos a la orden europea de investigacin, en los trminos que figuran como Anexo a la presente Ley.

Veintisiete. Se modifica el ndice en los trminos resultantes de los apartados anteriores.

Disposicin adicional nica. Incremento de recursos al Ministerio Fiscal.

1. El Gobierno dotar al Ministerio Fiscal, a la entrada en vigor de esta Ley, de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus previsiones y de las nuevas competencias que la Ley les atribuye.

2. Asimismo, el Gobierno acordar con las Comunidades Autnomas con competencias en materia de justicia, la financiacin de las nuevas obligaciones que de la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita se deriven.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

1. Esta Ley ser aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes espaolas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.

2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecucin hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales espaolas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguirn tramitndose hasta su conclusin conforme a las normas vigentes en aquel momento.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurdica gratuita, queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce un ltimo prrafo en el artculo 1 del siguiente tenor:

En la aplicacin de esta Ley debern tomarse en consideracin las necesidades especficas de las personas que se encuentren en situacin de vulnerabilidad.

Dos. Se modifica el apartado 3 del artculo 6, que queda redactado como sigue:

3. Defensa y representacin gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervencin de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, no sindolo, se d alguna de las siguientes circunstancias:

a) su intervencin sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b) tratndose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y as se acuerde por el juzgado o tribunal, en atencin a la entidad de la infraccin de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurdica.

Tres. Se introduce un nuevo artculo 21 bis con la siguiente rbrica y contenido:

Artculo 21 bis. Sustitucin del profesional designado.

1. La persona beneficiaria de la asistencia jurdica gratuita tendr derecho a instar la designacin de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspender la designacin de los profesionales que ya venga acordada.

2. Dicha solicitud deber formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la designacin. Recibida la solicitud, dicho Colegio dar traslado por cinco das al profesional cuya sustitucin se interesa, resolviendo a continuacin de forma motivada en el plazo de quince das.

3. La resolucin apreciando que concurre causa que justifica la sustitucin se comunicar por el Colegio profesional correspondiente a la Comisin de Justicia Gratuita, a la persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe.

4. La Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita podr denegar la tramitacin de la solicitud de sustitucin, confirmando la designacin de los profesionales actuantes, siempre que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegacin en relacin al mismo asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.

5. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designacin de nuevo profesional podrn ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurdica gratuita, en los trminos del artculo 20.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica la rbrica y se aaden nuevos apartados 3 y 4 en el artculo 588, con la siguiente redaccin:

Artculo 588. Nulidad del embargo indeterminado. Embargo de cuentas abiertas en entidades de crdito.

3. Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares slo se embargar la parte correspondiente al deudor. A estos solos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el embargo podr alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, entendindose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente.

4. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efecte habitualmente el abono del salario, sueldo, pensin, retribucin o su equivalente, debern respetarse las limitaciones establecidas en esta Ley, mediante su aplicacin sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensin o retribucin del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerar sueldo, salario, pensin, retribucin o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.

Dos. La actual disposicin final vigsima sptima pasa a ser vigsima octava y se introduce una nueva disposicin final vigsima sptima con la siguiente redaccin:

Disposicin final vigsima sptima. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa del Reglamento (UE) n. 655 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retencin de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.

1. La competencia para adoptar la orden relativa al crdito especificado en un documento pblico con fuerza ejecutiva se determinar conforme al apartado 3 del artculo 545 de esta Ley. Asimismo, ser competente, a eleccin del solicitante, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya formalizado el documento en el que se basa la solicitud.

2. Ser competente para ejecutar la orden de retencin dictada en otro Estado miembro, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se mantenga la cuenta bancaria y, si hubiera cuentas en distintos lugares, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a cualquiera de ellas.

3. Ser competente para la notificacin al deudor domiciliado en Espaa, prevista en el apartado 3 del artculo 28 del Reglamento (UE) 655/2014, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor.

4. De conformidad con el artculo 34 del Reglamento (UE) 655/2014, la impugnacin por el deudor de la ejecucin de la orden dictada en otro Estado miembro ser resuelta por el juzgado o tribunal que la haya ejecutado.

5. A efectos de la obtencin de la informacin de cuentas a que se refiere el artculo 14 del Reglamento (UE) 655/2014, cuando sea requerida por un rgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de orden de retencin, la autoridad de informacin espaola podr recabar la colaboracin de cualesquiera entidades pblicas y privadas que posean la informacin que permita identificar las entidades de crdito y las cuentas del deudor. A tales efectos, estas entidades estarn obligadas a facilitar dicha informacin.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado.

Se aaden nuevas disposiciones adicionales dcima sptima, dcima octava y dcima novena a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado, con el siguiente contenido:

Disposicin adicional dcima sptima. Proteccin consular.

1. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unin Europea en aquellos pases terceros en los que su Estado de nacionalidad carezca de Misin Diplomtica u Oficina Consular tendrn derecho a solicitar proteccin consular a la Oficina Consular o a la Misin Diplomtica espaola residente en las mismas condiciones que los espaoles.

Los familiares que acompaen a ciudadanos no representados en un tercer pas y que no sean a su vez ciudadanos de la Unin Europea, sern tratados en las mismas condiciones que los familiares de espaoles que no sean ciudadanos de la Unin.

2. Los ciudadanos espaoles, en aquellos pases en los que Espaa no est representada mediante una Oficina Consular o Misin Diplomtica, tendrn derecho a solicitar proteccin consular a la Oficina Consular o a la Misin Diplomtica de cualquier Estado miembro de la Unin Europea representado en el pas tercero en las mismas condiciones que ste protege a sus nacionales.

Los familiares de ciudadanos espaoles que les acompaen en un tercer pas y que no sean ciudadanos de la Unin Europea, sern tratados en las mismas condiciones que los familiares de los nacionales del Estado miembro que ejerza la proteccin y que a su vez no sean ciudadanos de la Unin.

3. Los derechos reconocidos en los dos apartados anteriores se ejercern sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos de representacin o de reparto local de cargas a los que lleguen los Estados miembros de la Unin Europea.

4. A los efectos de los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2, se entiende que un Estado miembro de la Unin Europea no est representado en un tercer pas si carece de Misin Diplomtica u Oficina Consular establecidos con carcter permanente en dicho pas, o si carece de Misin Diplomtica u Oficina Consular o Consulado Honorario en dicho pas que est en disposicin de proporcionar proteccin consular de manera efectiva en un caso determinado.

Disposicin adicional dcima octava. Del ejercicio de la proteccin consular en Estados donde no haya Misin Diplomtica u Oficina Consular.

Espaa podr solicitar el ejercicio directo de la proteccin consular de los ciudadanos espaoles que hayan solicitado proteccin en un pas no representado donde no haya Misin Diplomtica u Oficina Consular. Esta solicitud se cursar al Estado miembro que hubiera recibido la solicitud o se estuviera ocupando de la proteccin consular del ciudadano espaol.

Asimismo, en caso de recibir la solicitud del ejercicio directo de la proteccin del Estado Miembro de la nacionalidad del ciudadano de la Unin Europea no representado, Espaa renunciar al ejercicio de la proteccin consular.

Disposicin adicional dcima novena. Del reembolso de los gastos ocasionados por el ejercicio de la proteccin consular.

1. Cuando Espaa preste asistencia consular a un ciudadano de la Unin no representado y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Unin que lo acompaen, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, a travs de la Direccin General de Espaoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, solicitar el reembolso de los gastos de esa asistencia, en las mismas condiciones que a un ciudadano espaol.

Cuando la proteccin consular prestada a un ciudadano de la Unin no representado en caso de detencin o prisin implique gastos indispensables y justificados inusualmente elevados relacionados con viajes, alojamiento y traduccin para las autoridades diplomticas o consulares, Espaa podr solicitar el reembolso de los mismos.

2. Los espaoles que reciban proteccin consular para s o, en su caso, para sus familiares no ciudadanos de la Unin que lo acompaen, de otro Estado Miembro por carecer Espaa de representacin en un tercer Estado, se comprometern a reembolsar al Tesoro Pblico de Espaa los gastos de esa proteccin consular, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que haya prestado la proteccin.

Del mismo modo, se atendern las solicitudes de reembolso de los gastos indispensables y justificados inusualmente elevados relacionados con viajes, alojamiento y traduccin para las autoridades diplomticas o consulares para la proteccin consular de espaoles no representados detenidos o en prisin.

3. En situaciones de crisis, se podr solicitar el reembolso de los gastos ocasionados por toda la ayuda prestada a un ciudadano de la Unin no representado y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Unin que lo acompaen. Se atendern, de igual forma, las solicitudes de reembolso de los gastos ocasionados por toda la ayuda prestada a espaoles y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Unin que lo acompaen. Se podr solicitar el reembolso de los gastos de manera proporcional, dividiendo el importe total de los gastos por el nmero de ciudadanos asistidos.

Disposicin final cuarta. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

1. Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espaol la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigacin en materia penal, y se completa la transposicin de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detencin europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privacin de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad.

2. Se completa tambin la transposicin al Derecho espaol de la Decisin Marco2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, y de la Directiva (UE)2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurdica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detencin.

3. Mediante la disposicin final tercera se incorpora parcialmente la Directiva (UE)2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinacin y cooperacin para facilitar la proteccin consular de ciudadanos de la Unin no representados en terceros pases y por la que se deroga la Decisin 95/553/CE.

Disposicin final quinta. Desarrollo normativo y ejecucin.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicacin y desarrollo de la presente Ley.

En particular, se faculta al Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, en el mbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la disposicin final tercera, as como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecucin e implantacin de las modificaciones introducidas por la citada disposicin.

El Gobierno asegurar, en relacin con el Ministerio Fiscal y para el cumplimiento de las previsiones y nuevas competencias que la Ley le atribuye, los medios y recursos presupuestarios necesarios para asegurar la efectividad de los mecanismos de cooperacin jurdica internacional derivados de la orden europea de investigacin.

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Como excepcin, la disposicin final primera entrar en vigor el 1 de octubre de 2018.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 11 de junio de 2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SNCHEZ PREZ-CASTEJN

ANEXO
ANEXO VIII
Orden Europea de Proteccin

contemplada en el artculo 7 de la

DIRECTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2011, SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIN

La informacin contenida en este formulario debe recibir el debido tratamiento confidencial.

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ANEXO XIII
Orden Europea de Investigacin (OEI)

Esta OEI ha sido emitida por una autoridad competente. La autoridad de emisin certifica que la emisin de la presente OEI es necesaria y proporcionada a efectos de los procedimientos que en ella se especifican teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado y que las medidas de investigacin solicitadas podran haberse ordenado en las mismas condiciones en un caso interno similar. Solicito la realizacin de la medida o medidas de investigacin especificadas a continuacin teniendo debidamente en cuenta la confidencialidad de la investigacin y el traslado de la prueba obtenida como resultado de la ejecucin de la OEI.

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ANEXO XIV
Confirmacin de la recepcin de una OEI

Este formulario deber ser cumplimentado por la autoridad del Estado de ejecucin tras la recepcin de la OEI descrito a continuacin.

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ANEXO XV
Notificacin

Se utilizar este formulario para notificar a un Estado miembro las intervenciones de telecomunicaciones que se vayan a efectuar, se estn efectuando o se hayan efectuado en su territorio sin su asistencia tcnica. Por la presente se informa a ................................ (Estado miembro notificado) de la intervencin.

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Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 11/06/2018
  • Fecha de publicación: 12/06/2018
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 2 de julio de 2018.
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • el art. 588 y AADE la disposicin final 27 y RENUMERA la anterior disposicin final 27 como 28 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • los arts. 1, 6.3 y AADE el 21 bis a la Ley 1/1996, de 10 de enero (Ref. BOE-A-1996-750).
    • determinados preceptos y AADE las disposiciones adicionales 5, 6 y los anexos XIV, XV a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12029).
  • AADE las disposiciones adicionales 17 a 19 a la Ley 2/2014, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2014-3248).
  • TRANSPONE:
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