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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 29 de octubre de 2018, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos dependientes, y su ejecución hasta 2017, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Asumir las conclusiones y seguir todas las recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

– Estudiar las carencias y debilidades de las Confederaciones Hidrográficas para reforzar sus competencias y medios personales y materiales, para afrontar los retos que tiene nuestro país ante sí en materia de agua ante el cambio climático.

2. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:

– Crear un grupo de trabajo que revise y, en su caso, actualice las instrucciones vigentes, a fin de adecuarlas en lo máximo posible al informe del Tribunal de Cuentas.

– Dotar de los medios humanos que garanticen una adecuada preparación de los contratos en lo referido a la justificación de la necesidad, memorias y alcance de los mismos y del análisis de precios de mercado, para fijar adecuadamente el objeto y el presupuesto del contrato.

– Llevar a cabo una adecuada evaluación de la dimensión de las plantillas y que sea incluida en la planificación estratégica, garantizando que el ejercicio de potestades administrativas se realice exclusivamente por funcionarios.

3. Instar a los entes fiscalizados y a aquellos organismos que han asumido actualmente sus competencias a:

– Ajustar en sus procedimientos de contratación como criterio de referencia para la adjudicación de los contratos, la evaluación de la relación calidad-precio de las ofertas, incorporando criterios medioambientales en los contratos que celebren.

– Remitir al Tribunal de Cuentas, tanto las relaciones anuales de contratos, como los expedientes de contratación y las incidencias en la ejecución en los plazos señalados por la norma.

– Extremar el rigor en las fases de planificación previas a la contratación para asegurar la mejor descripción técnica de las necesidades de la misma, una correcta presupuestación y una selección adecuada de los contratistas.

– Exigir las correspondientes responsabilidades a los contratistas de acuerdo con lo previsto en la Ley cuando se produzcan incidencias en su ejecución que supongan perjuicios para el interés público.

– En los contratos de obras que reúnan sus requisitos, incluir la partida del 1 por ciento cultural en el presupuesto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.