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Documento BOE-A-2018-10454

Orden PCI/783/2018, de 23 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2018.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 178, de 24 de julio de 2018, páginas 74152 a 74162 (11 págs.)

  • Sección:

    III. Otras disposiciones

  • Departamento:

    Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

  • Referencia:

    BOE-A-2018-10454

TEXTO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales.

Ahora bien, las competencias en materia universitaria, antes atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad corresponden a la Secretaría General de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Ciencia, Innovación y Universidades, dispongo:

Apartado único.

Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2018, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria, que figura como anejo a esta orden.

Madrid, 23 de julio de 2018.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.

ANEJO

1. Convocatoria

Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.

Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.

La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España», así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España.

2. Descripción de la evaluación

La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.

3. Programa de materias

El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales que serán objeto de la evaluación.

4. Requisitos de los candidatos

Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión, del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de conformidad con el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en que se realice la prueba.

c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales.

Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.

Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.

5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación

Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la procura deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria.

La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve. Dentro de esta plataforma, se admitirá DNI electrónico, certificado electrónico reconocido y los sistemas Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente para la identificación de los aspirantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también se podrá presentar la solicitud de participación en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se haga constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación que se le requiera una vez finalizado el proceso.

6. Derechos de examen

La participación en la prueba de evaluación será gratuita.

7. Acceso a personas con discapacidad

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 2.2 de su Reglamento.

Junto con la solicitud deberán aportar el dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.

Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación.

8. Admisión de aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (https:/mjusticia.gob.es), apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España».

Se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del listado provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.

Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.

9. Comisiones evaluadoras

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y teniendo en cuenta la previsión del número de aspirantes, se constituye una Comisión evaluadora única que realizará la prueba de evaluación.

La Comisión evaluadora será designada conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre. A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Ciencia, Innovación y Universidades, por resolución conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, designarán a los miembros de la Comisión evaluadora única y a sus suplentes que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

La composición de la Comisión evaluadora única será la siguiente:

a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.

b) Un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.

c) Un representante de la Administración Autonómica, propuesto por la Comunidad de Madrid, como sede única de la Comisión evaluadora de la prueba de evaluación.

d) Un Procurador con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

e) Un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios.

f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.

A efectos de comunicación y demás incidencias, todos los aspirantes deberán dirigir sus escritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid, dirección de correo electrónico: acceso.procura@mjusticia.es.

Corresponderá a la Comisión evaluadora la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen.

La Comisión evaluadora dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyo representante corresponderá la presidencia, ostentando la secretaría el representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

10. Idioma de la prueba

La prueba de aptitud se realizará en castellano.

11. Desarrollo de la prueba

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria y tendrá una duración de cuatro horas.

Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. Tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria.

Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan.

A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen que contendrá:

a) 25 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales» del anexo II de la presente convocatoria.

b) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado B «Competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales» del anexo II de la presente convocatoria.

c) Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva, tres por cada uno de los dos apartados.

Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación.

La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: Una primera parte de 25 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales» y una segunda parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado B «Competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales».

No estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.

Durante la celebración del ejercicio no se permitirá el acceso al centro de examen y a las diferentes aulas de personas ajenas al mismo o de aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario. Finalizada la sesión la Comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba.

Asimismo se recogerán las objeciones que la Comisión estime sobre las preguntas y en concreto sobre su posible anulación.

12. Resultados y calificación

1. Resultado de la prueba. El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.

Tras la celebración de la prueba, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España».

Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.procura@mjusticia.es.

Las reclamaciones serán resueltas por la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La/s pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario contará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/ es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España») la plantilla definitiva de respuestas.

La resolución de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia que resuelva la/s reclamación/es pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

2. Calificación de la evaluación. La nota final de la evaluación será de apto o no apto.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el Máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.

Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.

La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.

Cada aspirante recibirá su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia. gob.es.)

Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid, que dará traslado a la Comisión evaluadora para que resuelva.

Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

13. Aportación de documentación

El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, expedirá los títulos profesionales de Procurador de los Tribunales de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las universidades y las escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto, que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento de desarrollo.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá no obstante, requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su universidad o escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Procurador de los Tribunales, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

14. Norma final

Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento.

ANEXO I
Solicitud

Solicitud de admisión a la evaluación para el acceso a la profesión de Procurador 2018

1

ANEXO II
Programa de materias

A. Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales

1. Los principios esenciales de la profesión de Procurador.

2. Los derechos y deberes de los Procuradores.

3. El secreto profesional.

4. Incompatibilidades y conflictos de intereses.

5. La protección de datos de carácter personal en el ejercicio profesional.

6. El código deontológico de los Procuradores de los Tribunales.

7. El Estatuto de la Procura. Requisitos y obligaciones estatutarias en el ejercicio de la profesión.

8. La organización profesional de la procura. Los Colegios profesionales de Procuradores. Especial referencia al derecho autonómico en materia de Colegios profesionales.

9. El campo de actividad profesional: las funciones del Procurador de los Tribunales.

10. Las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de Procurador.

11. La publicidad personal

12. Las relaciones con sus clientes.

13. Las relaciones con otros Procuradores.

14. Las relaciones con los jueces y Tribunales.

15. Las relaciones con otros profesionales del Derecho.

16. Las infracciones disciplinarias. La responsabilidad disciplinaria: Potestad disciplinaria y procedimiento.

17. Formas de ejercicio de la profesión: el Procurador individual, colectivo y la colaboración profesional. El oficial habilitado.

18. El uso de herramientas y sistemas telemáticos en el ámbito profesional.

19. Los honorarios: la remuneración del Procurador mediante el sistema de aranceles.

20. La contabilidad en el ejercicio de la profesión de Procurador.

21. La fiscalidad del Procurador.

22. La provisión de fondos, la habilitación de fondos y la cuenta del Procurador.

23. La reclamación de los honorarios del Procurador ante los órganos jurisdiccionales: la jura de cuentas. La impugnación de honorarios.

24. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.

B. Competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales

1. Los principios e instituciones básicas de la Constitución Española.

2. La protección de los derechos fundamentales en España. La tutela judicial: el amparo judicial y el amparo constitucional. El procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. La protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

3. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE. El Tribunal General. Los Tribunales especializados. El ámbito de competencia del Tribunal de Justicia de la UE. Procedimientos y recursos.

4. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho al secreto profesional.

5. El poder judicial. La Administración de Justicia. La planta y organización de los Juzgados y Tribunales. El Consejo General del Poder Judicial.

6. La oficina judicial. Unidades procesales de apoyo directo; los servicios comunes procesales.

7. Los órdenes jurisdiccionales y el principio de unidad jurisdiccional. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.

8. El proceso: clases. Los principios procesales contenidos en la Constitución: especial referencia a los principios de gratuidad, publicidad y oralidad.

9. Los actos procesales: requisitos de tiempo de los actos procesales. El cómputo de plazos. Responsabilidad del Procurador en el cumplimento de los actos procesales.

10. Ineficacia de los actos procesales. Medios para hacer valer la ineficacia.

11. La designación del Procurador en el beneficio de justicia gratuita. Especial referencia al derecho autonómico en materia de justicia gratuita.

12. El turno de oficio.

13. El Procurador como experto en los mecanismos alternativos de solución de conflictos: especial referencia a la mediación y al arbitraje. Arbitrajes sectoriales: laboral, consumo, transportes y otros.

14. Las costas procesales: la tasación de costas, competencia, trámites e impugnación. Criterios para la imposición de costas en los distintos órdenes jurisdiccionales. Ejecución de las costas. La liquidación de intereses y su impugnación.

15. Efectos económicos del proceso. Las tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas.

16. El contrato de mandato.

17. El apoderamiento, el poder y la relación representativa.

18. Las competencias específicas de un Procurador: la representación procesal.

19. La renuncia y la representación pasiva. Excepciones a la representación procesal. La extinción de la representación procesal: efectos procesales.

20. La actuación del Procurador como cooperador de la Administración de Justicia.

21. La intervención procesal del Procurador.

22. La asistencia procesal a los abogados.

23. La asistencia a vistas y diligencias judiciales.

24. La redacción de escritos de trámite y propuestas de escritos a la dirección letrada.

25. La cumplimentación de mandamientos, exhortos y oficios.

26. La práctica de los actos de comunicación. Régimen de actos de comunicación telemáticos. Actos de comunicación en los procesos declarativos y ejecutivos.

27. La intervención de los Colegios de Procuradores en los actos de comunicación. El servicio de notificación de los Colegios de Procuradores.

28. La notificación de resoluciones judiciales.

29. La transmisión de resoluciones judiciales.

30. La informática jurídica: cuestiones procesales de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. La firma electrónica. La digitalización de documentos. El expediente judicial electrónico.

31. La prueba por medios audiovisuales e instrumentos de archivo.

32. Regulación de los principales procedimientos en el orden civil: juicio verbal, ordinario, procesos sobre capacidad de las personas, procesos matrimoniales y de menores, proceso monitorio, juicio cambiario, diligencias preliminares, medidas cautelares, ejecución provisional, ejecución definitiva.

33. La jurisdicción voluntaria.

34. El proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía.

35. La ejecución civil: la ejecución provisional, las medidas cautelares, la ejecución no dineraria.

36. La utilización de las nuevas tecnologías de la información en el proceso de ejecución.

37. El lanzamiento.

38. La ejecución dineraria: el embargo de bienes, las medidas de garantía del embargo, el depósito judicial y la intervención del Colegio de Procuradores en calidad de depositario.

39. La intervención del Procurador en la investigación del patrimonio del ejecutado.

40. La realización forzosa de bienes muebles e inmuebles: formas de realización forzosa. En especial: la subasta pública judicial, el convenio de realización y la venta por persona o entidad especializada: la consideración del Colegio de Procuradores como entidad especializada.

41. La ejecución hipotecaria.

42. La ejecución en el ámbito concursal.

43. La ejecución de títulos europeos.

44. La postulación procesal y los registros públicos: los asientos que se practican en el Registro. Aspectos registrales del procedimiento de ejecución de hipoteca. Medios judiciales y extrajudiciales de impugnación de la calificación registral.

45. La intervención del Procurador en los procedimientos penales.

46. Las particularidades de la ejecución de la condena civil en el proceso penal.

47. La intervención del Procurador en el proceso contencioso-administrativo. Las peculiaridades de la ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa.

48. Las peculiaridades de la representación técnica en el proceso laboral. Las particularidades de la ejecución en la jurisdicción social.

49. El auxilio judicial.

50. La cooperación internacional.

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