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Documento BOE-A-2015-9768

Ley Orgnica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada informacin contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica:

PREMBULO

La Constitucin Espaola dispone en su Prembulo la voluntad de la Nacin de establecer una sociedad democrtica avanzada. El principio de publicidad de las actuaciones pblicas forma parte de los principios que deben regir la actuacin de todos los poderes pblicos para hacer efectivo ese objetivo.

El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y las sentencias dictadas por los Tribunales se encuentra consagrado en el artculo 120 de la Constitucin Espaola. Se trata de un principio que engarza con el principio de transparencia judicial y de control pblico del proceso, concebidos como garantas fundamentales del mismo. As, la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artculo 232, recoge el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales y el artculo 235 bis establece respecto de las sentencias el acceso al texto de las mismas, fijando una serie de limitaciones. Asimismo, su artculo 260 realiza una referencia expresa a la posibilidad de que, por Ley, se establezca la preceptiva publicidad de las sentencias judiciales.

Los lmites al acceso han sido analizados por la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, que han venido matizando el principio de publicidad en el caso de las sentencias judiciales. As, el Tribunal Constitucional ha considerado que la divulgacin de datos personales contenidos en las sentencias judiciales, especialmente en el mbito penal, puede constituir una intromisin ilegtima en el derecho a la intimidad. Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha limitado el principio general de publicidad del proceso en el caso de la sentencia, por entender que existen otros derechos como el derecho al honor o a la intimidad que pueden colisionar con este principio.

Todos estos derechos, aunque consagrados constitucionalmente, no son absolutos, sino que son de configuracin legal, y como tal el legislador puede introducir excepciones y lmites por razones de inters pblico y especialmente cuando colisionan con otros valores tambin contemplados en la Constitucin, lmites que deben responder en todo caso a los principios que informan el derecho a la proteccin de datos de carcter personal contenidos en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter personal y muy especialmente el principio de proporcionalidad, el de exactitud y el de conservacin de los datos, tal y como ha sealado la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

En definitiva, a la hora de configurar legalmente el alcance que debe tener el acceso a los datos contenidos en las sentencias judiciales es necesario ponderar adecuadamente los distintos intereses que se pretenden salvaguardar. De hecho, en muchos pases de nuestro entorno, as como en otros supuestos de derecho comparado se observa que la publicidad de la sentencia alcanza por regla general incluso a los datos personales de las partes, considerando que su acceso se encuentra protegido por el principio de publicidad procesal, habindose efectuado determinadas cautelas solo en cuanto a su posterior tratamiento a travs de bases de datos automatizadas de jurisprudencia. Tan es as, que en el mbito europeo incluso la cita de jurisprudencia se hace por referencia a las partes intervinientes en el mismo, sean personas fsicas o jurdicas.

En el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudacin fiscal, frente al inters del condenado, se alza el inters pblico. Ha de tenerse en cuenta que el bien jurdico protegido en estos casos ha sido elevado a rango constitucional en el artculo 31 de la Constitucin Espaola, lo que resulta relevante a la hora de realizar esa ponderacin en este mbito, pues no cabe olvidar que el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos pblicos tiene como reverso el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, as como al control de la actividad de todos los poderes pblicos dirigida a la lucha contra el fraude fiscal, concrecin en este mbito del principio general de transparencia que debe informar la actividad pblica y muy especialmente la actuacin judicial.

La modificacin que se hace en esta Ley Orgnica se cohonesta con la de la Ley de modificacin parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que regula la posibilidad de publicar la identidad de quienes causan un mayor perjuicio econmico a la Hacienda Pblica, y por ende a toda la sociedad, introduciendo importantes excepciones al principio general de reserva tributaria establecido en el artculo 95 bis de la misma, excepcin que se hace precisamente a la luz de tales principios. Pues bien, en conexin con tal modificacin, y como complemento indisociable de la misma, se articula la que ahora se introduce con este texto, ya que resultara incoherente que se publicara la identidad de quienes por unos u otros motivos han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y sin embargo quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza.

No obstante, las actuaciones tributarias y las actuaciones judiciales se rigen por principios distintos. Las primeras por la confidencialidad, salvo las excepciones que se determinen por ley, las segundas, las judiciales, por la publicidad, salvo las excepciones previstas en la Ley Orgnica del Poder Judicial. De manera que, a diferencia de lo que sucede en el mbito tributario, la regulacin del acceso a la informacin contenida en las sentencias ha de hacerse por ley orgnica.

Por otro lado, debe destacarse igualmente que las condenas impuestas por la comisin de delitos relacionados con la defraudacin fiscal tienen una importante relevancia fuera del proceso, pues distintas normas establecen consecuencias a tales condenas en materia de contratacin pblica, subvenciones y ayudas pblicas o de intervencin y disciplina de entidades financieras, cuya aplicacin solo resulta efectiva si se efecta una publicidad, aunque sea parcial, de las mismas.

La publicidad de las sanciones tanto administrativas como penales se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurdico en distintos mbitos de los que se predica una especial proteccin. As sucede en el sector financiero, en materia de prevencin de riesgos laborales y recientemente respecto de las sanciones cometidas por los altos cargos, donde se ha observado la eficacia de este tipo de medidas en relacin con la finalidad perseguida.

A la vista de todo lo anterior, la presente Ley pondera adecuadamente los derechos del condenado y del resto de participantes en el proceso a la intimidad y a la proteccin de sus datos de acuerdo con la jurisprudencia de nuestros Tribunales y del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, pues el acceso se limita a los datos del condenado o del responsable civil y no del resto de sujetos y solo respecto de las sentencias firmes.

La Ley consta de un solo artculo modificativo de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, una disposicin transitoria nica y tres disposiciones finales.

En el artculo nico se introduce en esta Ley Orgnica un nuevo artculo 235 ter en la Ley Orgnica del Poder Judicial, cuyo primer apartado reconoce el carcter pblico del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pblica, delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el erario pblico o, finalmente, los delitos de contrabando, permitiendo en estos supuestos el acceso pblico a determinados datos personales del condenado o del responsable civil.

En el apartado segundo se desarrolla la anterior previsin, estableciendo que el acceso pblico se efectuar mediante la publicacin de un extracto del fallo condenatorio que contenga nicamente los datos que permitan la identificacin del proceso, del condenado y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, as como la pena y la cuanta de la responsabilidad civil impuesta. De este modo quedan plenamente salvaguardados los derechos a la proteccin de datos de otras personas que hubieran podido participar en el proceso, pero que no resulten afectadas por la condena, limitando el mbito de la publicidad a aquello que es estrictamente necesario para cumplir con la finalidad perseguida. El extracto y la publicidad se efectuarn por el Secretario Judicial, quien, de conformidad con lo sealado en los artculos 452 y siguientes de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, asume en exclusiva la funcin de fe pblica judicial e igualmente ha asumido importantes funciones en materia de ejecucin de las sentencias en los trminos establecidos por las leyes procesales.

La publicidad se efectuar a travs del Boletn Oficial del Estado, por lo que los datos gozarn de la garanta adicional que supone la aplicacin de su normativa especfica, impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexacin de los datos.

Por otra parte, para lograr que la misma pueda ser efectiva en un plazo razonable, se incluye una disposicin transitoria nica que permita la aplicacin de la norma a todas las sentencias que se dicten a partir de su entrada en vigor. Se introduce as una retroactividad media que resulta admisible dado el carcter procesal y no sancionador de la medida y ello de conformidad con la doctrina constitucional relativa al alcance de la retroactividad en relacin con las normas que regulan el proceso penal.

De este modo, si bien se ha discutido el posible carcter sancionador de la publicidad de la condena penal, habindose sealado en alguna ocasin que la publicidad supone una pena adicional, no es ese el tratamiento que se le ha dado por la legislacin y jurisprudencia. Es indudable que determinadas medidas procesales pueden tener una connotacin negativa para el acusado o condenado; as, el carcter pblico del juicio oral constituye en ocasiones una carga adicional para el acusado, que se ve obligado a soportar la denominada pena de banquillo, pero esa carga no otorga por s misma naturaleza sancionadora a las normas que regulan la necesaria presencia del acusado en el juicio oral y su carcter pblico, sino que se consideran cargas procesales derivadas de la aplicacin de los principios y garantas procesales.

En otros supuestos, el Cdigo penal ha establecido que la condena en virtud de determinados delitos sea objeto de publicidad. Pese a su regulacin en dicha norma, el propio Cdigo penal configura estos supuestos como parte del concepto de reparacin del dao causado y por tanto, negando en estos casos su naturaleza sancionadora, pudiendo citar en este sentido el artculo 216 relativo al delito de injurias y calumnias. En tales casos el legislador ha ponderado la existencia de otros intereses en conflicto, como la necesidad de reparar por completo el bien jurdico protegido en cada caso, autorizando para estos supuestos la publicidad del fallo y ello sin necesidad de configurarlo como parte de la sancin, sino como parte de la responsabilidad civil, por ser tal su naturaleza en tales casos.

En el supuesto de los delitos relacionados con el fraude fiscal, existen diversas razones de inters pblico que fundamentan la reforma que se pretende impulsar, tal y como se ha sealado anteriormente. La finalidad perseguida es reforzar en este concreto mbito los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades pblicas antes sealados, que por estar consagrados constitucionalmente y ser garantes de la consecucin de los intereses generales, han de prevalecer en este caso sobre los derechos individuales a la intimidad o la proteccin de datos. No cabe olvidar que en el mbito de la defraudacin fiscal el bien jurdico protegido es en s mismo un bien pblico, lo que refuerza la relevancia tambin pblica de los delitos cometidos en este concreto mbito frente a otros. En todo caso, en la reforma legal propuesta se introducen las garantas necesarias para garantizar la adecuada proporcionalidad de la medida, dotando as de la debida coherencia al nuevo modelo de publicidad de los datos tributarios previsto en el artculo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria, cuya naturaleza en ningn caso puede considerarse sancionadora.

Tal y como ha sealado el Consejo General del Poder Judicial en su informe 167/2015, (...) puede decirse que la regulacin proyectada sirve a un inters general, en tanto con la misma se pretenden alcanzar determinados objetivos de eficacia administrativa y judicial y de mxima transparencia, en la medida en que no se proyecta sobre toda condena penal, sino sobre aquellas referidas a fraude fiscal, as como las derivadas de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando que tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda Pblica, es decir, delitos que tienen una incidencia clara y manifiesta en el cumplimiento del deber constitucional contemplado en el artculo 31.1 CE.

Para lograr un tratamiento uniforme de las situaciones previstas en la normativa tributaria y conforme a las recomendaciones efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en el mismo informe, se introduce adems una excepcin a la publicidad del acceso, en los casos en que se haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuanta correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pblica por todos los conceptos.

A travs de la correspondiente disposicin final primera, se incorpora la declaracin como ley ordinaria de una nueva disposicin adicional cuarta en la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, a travs de la que se establecen normas de procedimiento en el mbito de la prctica de liquidacin de la deuda aduanera y tributaria, de adopcin de medidas cautelares y de investigacin patrimonial.

Finalmente, se incluye una disposicin derogatoria, mientras que las restantes disposiciones finales aluden al ttulo competencial en virtud del cual se dicta esta ley orgnica, y a su entrada en vigor, respectivamente.

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se aade un nuevo artculo 235 ter en la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redaccin:

1. Es pblico el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artculos:

a) Los artculos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

b) Los artculos 257 y 258 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pblica.

c) El artculo 2 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pblica estatal o de la Unin Europea.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Secretario Judicial, emitir certificado en el que se harn constar los siguientes datos:

a) Los que permitan la identificacin del proceso judicial.

b) Nombre y apellidos o denominacin social del condenado y, en su caso, del responsable civil.

c) Delito por el que se le hubiera condenado.

d) Las penas impuestas.

e) La cuanta correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pblica por todos los conceptos, segn lo establecido en la sentencia.

Mediante diligencia de ordenacin el Secretario Judicial ordenar su publicacin en el “Boletn Oficial del Estado”.

3. Lo dispuesto en este artculo no ser de aplicacin en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depsitos y consignaciones del rgano judicial competente la totalidad de la cuanta correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pblica por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio.

Lo dispuesto en esta Ley Orgnica ser de aplicacin a las sentencias que se dicten tras su entrada en vigor.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

A la entrada en vigor de esta Ley Orgnica quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando.

Se modifica la disposicin final segunda de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposicin final segunda. Carcter de la ley.

El artculo 4 del Ttulo I, los preceptos contenidos en el Ttulo II, as como los apartados 2 y 3 de la disposicin adicional primera, la disposicin adicional cuarta, el apartado 2 de la disposicin transitoria nica y el apartado 2 de la disposicin final primera de la presente Ley tienen el carcter de ley ordinaria.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

La presente Ley Orgnica se dicta al amparo de la competencia que, en materia de legislacin procesal, corresponde al Estado conforme al artculo 149.1.6. de la Constitucin Espaola.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor a los dos meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 10 de septiembre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 10/09/2015
  • Fecha de publicación: 11/09/2015
  • Entrada en vigor: 11 de noviembre de 2015.
Referencias anteriores
  • MODIFICA la disposicin final 2 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-26836).
  • AADE el art. 235 ter a la Ley orgnica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
Materias
  • Acceso a la informacin
  • Boletn Oficial del Estado
  • Contrabando
  • Delitos contra la Hacienda Pblica
  • Derecho a la informacin
  • Ficheros con datos personales
  • Fraudes
  • Sentencias

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