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La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que el bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

El artículo 45 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, contempla los aspectos relativos a los consumidores vulnerables, determinando que serán considerados como tales los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, establece que el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo

Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables y a aquellos que, sin cumplir con los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.

El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, contiene los requisitos y fija las obligaciones de los comercializadores de referencia. En concreto, se determina el contenido del bono social, estableciendo un descuento del 25 por ciento respecto a la facturación del término de potencia y de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor.

Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, regula en su artículo 45 los aspectos básicos relativos al reparto del coste del bono social. Para ello, se establece que el procedimiento de determinación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar se deberá calcular anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalando que dicho cálculo se hará de acuerdo al procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

A estos efectos, la citada Comisión deberá, asimismo, publicar en su página web, en el mes de noviembre de cada año, la información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Deberá remitir, antes del 1 de diciembre de cada año, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

En virtud de este mandato, se ha aprobado el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que establece las bases para el cálculo de los porcentajes.

En concreto, este real decreto desarrolla el método de cálculo de los porcentajes de reparto que debe seguir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y fija las condiciones para el cálculo de estos porcentajes de reparto.

La presente orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2015.

Con fecha 3 de marzo de 2015 ha tenido entrada en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe en cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto 968/2014 sobre propuesta de porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al Bono Social correspondiente a 2015» remitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El citado informe fue aprobado, con fecha 19 de febrero de 2015, por la Sala de Supervisión Regulatoria de la citada Comisión.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha seguido, con carácter general, la metodología y cumplido con las condiciones que se establecen en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre. Así, ha solicitado información a las empresas distribuidoras a fecha 31 de diciembre de 2013, siendo éste el último año completo disponible, ha contrastado la información obtenida e identificado las sociedades que deben participar en el reparto del bono social con base en su criterio. Finalmente, ha procedido a realizar su propuesta para el cálculo del porcentaje de financiación con base al número de clientes de las empresas comercializadoras y el número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras en que participe el grupo empresarial o de la sociedad correspondiente, respectivamente.

Con el fin de aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2015 se ha tomado en consideración la información adicional remitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ha tenido entrada en el Registro de este Ministerio con fecha 23 de abril de 2015 en respuesta a la solicitud de la Secretaría de Estado de Energía de fecha 11 de marzo de 2015. A la vista de dicha información, se solicitó a la citada Comisión la elaboración y concreción definitiva de los sujetos obligados a la financiación del bono social relativo al año 2015 y sus correspondientes porcentajes de reparto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia procedió en respuesta a lo anterior a remitir el Acuerdo adoptado por la Sala de Supervisión Regulatoria de fecha 23 de junio de 2015 por el que se emite el informe solicitado sobre la propuesta de porcentajes de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2015, y con fecha 10 de septiembre de 2015 remitió corrección de errores del citado Acuerdo.

A la vista de la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la presente orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social para el año 2015 de acuerdo con los establecido en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el artículo 2 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo anterior, resuelvo:

Primero.

Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2015 por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica que figura a continuación:

Sociedad matriz/sociedad	Porcentaje de reparto asignado
Agri-Energía, S.A.	0,047520 %
Candín Energía, S.L.	0,016626 %
Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Coop. V.	0,012541 %
Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.	0,050994 %
Distribuidora Eléctrica D’Albatarrec, S.L.	0,003385 %
E.On España, S.L.U.	2,216384 %
El Gas, S.A.	0,032473 %
Electra Aduriz, S.A.	0,036849 %
Electra Caldense, S.A.	0,042977 %
Electra del Cardener, S.A.	0,024517 %
Electra del Maestrazgo, S.A.	0,067056 %
Elèctrica Vaquer, S.A.	0,011012 %
Endesa, S.A.	41,256681 %
Estabanell y Pahisa, S.A.	0,205964 %
Fuciños Rivas, S.L.	0,017452 %
Gas Natural Sdg, S.A.	14,416522 %
Grupo Corinpa, S.L.	0,000004 %
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.	3,109070 %
Hijos de José Bassols, S.A.	0,078958 %
Iberdrola España, S.A.U.	38,254968 %
Navarro Generación, S.A.	0,007606 %
Popular de Fluid Electric Camprodón, S.C.C.L.	0,007476 %
Productora Eléctrica Urgelense, S.A.	0,043234 %
Sampol Energía, S.L.	0,000330 %
Serviliano García, S.A.	0,009882 %
Suministros Especiales Alginetenses, Coop. V.	0,010784 %
Terawatio, S.L.	0,018736 %
Total general	100,000000 %

Segundo.

Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que será responsable de su gestión. A estos efectos antes del día 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas.

Estas liquidaciones se realizarán considerando que los porcentajes de reparto establecidos en el apartado primero de la presente orden resultan de aplicación desde el 1 de enero de 2015.

Tercero.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda realizar de conformidad con la normativa en vigor.

La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 15 de octubre de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.