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Documento BOE-A-2013-2029

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el rgimen de las tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y el sistema de asistencia jurdica gratuita.

TEXTO

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, ha venido a actualizar el rgimen de determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia. Esta ley se configura como la norma habilitante de los recursos presupuestarios imprescindibles que garanticen la financiacin de la nueva regulacin sustantiva del derecho a la justicia gratuita a que se refiere el artculo 119 de la Constitucin, derecho de carcter instrumental respecto del derecho fundamental de acceso a la jurisdiccin reconocido en su artculo 24.

En esta tarea se ha tenido en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, como en otras posteriores, que valida la viabilidad de un sistema mixto de financiacin de la Administracin de Justicia con cargo a los impuestos y a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuacin judicial.

La aplicacin de la ley, sin embargo, ha puesto de manifiesto que pese a que las tasas, en abstracto y por s mismas, no se consideran lesivas de derecho alguno, podran llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuanta fijada en la tasa resultara excesiva. Consecuentemente, aun partiendo de la legitimidad de la vigente configuracin de la tasa, es necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera con carcter residual, la cuanta de las tasas pueda generar efectos indeseados.

Lo expuesto justifica la urgencia por acompasar la aplicacin de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con algunas de las medidas que hoy se incluyen en el anteproyecto de nueva Ley de Asistencia Jurdica Gratuita. Sin la coordinacin de consecuencias jurdicas el funcionamiento del modelo podra verse afectado en su coherencia interna.

II

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se configura como una premisa bsica para el buen funcionamiento de la justicia gratuita al garantizar la suficiencia de recursos del sistema, si bien su entrada en vigor se ha producido de manera anticipada en relacin a su norma complementaria, la nueva Ley de Asistencia Jurdica Gratuita, cuya tramitacin parlamentaria presenta mayor complejidad. Esta circunstancia, que ha sido puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo, obliga a revisar determinados aspectos de la vigente Ley de Asistencia Jurdica Gratuita a fin de acompasar los efectos de ambas normas. De esta forma, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica este real decreto-ley es evitar que los distintos tiempos de aprobacin de las leyes citadas, derivados de las diferencias de tramitacin parlamentaria, distorsionen su aplicacin prctica.

Asimismo, las modificaciones puntuales que se llevan a cabo en la Ley 10/2012, de20 de noviembre, y que estas se concretan en reducciones de la cuanta de las tasas en determinados supuestos o a su no exigencia en funcin de la naturaleza del proceso, suponen que este real decreto-ley se ajuste a los lmites materiales que para estas normas con rango de ley prescribe el artculo 86.1 de la Constitucin.

III

En esta lnea, en primer lugar, se introducen una serie de cambios en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, al objeto de atender con la mayor celeridad los planteamientos expuestos por el Defensor del Pueblo. Por esta razn se incorpora una nueva exencin para la ejecucin de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. Dentro de la regulacin de la determinacin de la cuota tributaria de la tasa, las actuales circunstancias aconsejan la introduccin de una escala especfica para las personas naturales, con un tipo menor que el general, que se reservara para las personas jurdicas. Asimismo, se limita, desde el punto de vista de su cuanta, la aplicacin de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe econmico de la misma.

Las razones de urgencia y necesidad justifican tambin una serie de modificaciones dirigidas a resolver problemas y dudas planteados en la prctica y que afectaban a los procesos capacidad, filiacin, matrimonio y menores, a las acciones que pueden interponer los administradores concursales o los de divisin de patrimonios.

Junto a ello se opera una modificacin en la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita 1/1996 actualmente en vigor, para evitar desfases entre el rgimen normativo recogido en la misma y la aplicacin de las tasas en el mbito de la Administracin de Justicia. Con este fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita, estableciendo una casustica ms amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes, introduciendo as una mejora sustancial que beneficiar de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario mnimo interprofesional por la del indicador pblico de renta de efectos mltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantas determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho.

IV

Se modifica el artculo correspondiente al pago de las costas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para evitar que en un proceso de ejecucin de una hipoteca constituida para la adquisicin de una vivienda habitual, se incluya entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendindose la misma exclusin al avalista.

Con estos ajustes se pretende garantizar una aplicacin ms adecuada de las tasas en el mbito de la Administracin de Justicia previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a la vez que se adelantan en el tiempo algunas de las previsiones de la futura nueva regulacin de la asistencia jurdica gratuita.

V

El elevado coste y los problemas de seguridad que conlleva la conservacin de las drogas txicas, estupefacientes y de las sustancias psicotrpicas intervenidas en los procesos penales, aconseja introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un rgimen flexible que facilite su rpida destruccin, una vez realizados los informes analticos pertinentes y asegurada la conservacin de muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones, superando as algunos problemas que hoy existen y deben ser resueltos con urgencia.

El vigente artculo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a conservar, en todo caso, las muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones. Sin embargo, la aplicacin de las directrices internacionales para la toma de muestras y prctica de anlisis de sustancias determina que la muestra remitida al Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses o al servicio de Sanidad se corresponda con una gran cantidad de droga cuya conservacin plantea importantes y graves problemas de seguridad. Al mismo tiempo, una vez practicado el anlisis, no resulta necesaria ni conveniente la conservacin de todas las muestras remitidas al organismo correspondiente para un posible posterior contraanlisis. Por el contrario, la conservacin de una muestra significativa, o de las muestras mnimas e imprescindibles que, conforme a criterios cientficos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones es suficiente. La droga que debe ser realmente conservada no es el total de las muestras inicialmente remitidas para anlisis, sino tan slo la cantidad de droga que garantice, tras la prctica del anlisis inicial, un anlisis contradictorio y un anlisis dirimente (en este sentido, la Recomendacin del Consejo Europeo de 30 de marzo de 2004 sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas a efectos de anlisis). Por ello, y para asegurar adecuadamente el derecho a la defensa, es necesario que sea el organismo encargado del anlisis el que determine el contenido de esa muestra mnima con arreglo a los criterios cientficos establecidos en las directrices internacionales y a los protocolos consensuados sobre esta materia.

Asimismo, la experiencia confirma que la conservacin de los alijos carece de sentido ni justificacin en la generalidad de los casos, por lo que resulta conveniente agilizar el procedimiento, autorizando su destruccin –una vez realizados los anlisis necesarios y recogidas las muestras mnimas suficientes– si el Juez Instructor, dentro del plazo de un mes desde que se le haya comunicado la realizacin de las comprobaciones necesarias, no ordena su conservacin ntegra.

La salvaguarda eficaz del bien jurdico protegido en los delitos contra la salud pblica, en particular en los delitos de trfico de drogas txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas tipificados en los artculos 368 a 372 del Cdigo Penal, una adecuada tutela del derecho a la proteccin de la salud de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, as como la necesidad de evitar unos elevados e innecesarios costes econmicos a las administraciones pblicas, mxime en el actual entorno de crisis que demanda la adopcin con carecer de urgente, sin merma de las garantas que en el proceso penal amparan a las partes, de las medidas legislativas que permitan la rpida destruccin de las drogas txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas, haciendo realidad la voluntad del legislador de solucionar el acuciante problema descrito, presente en reformas legales anteriores que, sin embargo, no han alcanzado la finalidad que las presidi.

Las mismas razones aconsejan la previsin de un rgimen transitorio que autorice la aplicacin de esta nueva regulacin a las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas bajo custodia de las autoridades administrativas a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

VI

En la parte final de este real decreto-ley se incluye, en primer lugar, una disposicin adicional que viene a regularizar la situacin creada en relacin con el abono de las cuotas de derechos pasivos y de las cotizaciones a las respectivas mutualidades de funcionarios tras la supresin de la paga extraordinaria y la paga adicional o equivalente del complemento especfico del personal del sector pblico y de los altos cargos, del mes de diciembre de 2012, efectuada por los artculos 2 y siguientes del Real Decreto-ley20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Como consecuencia de lo establecido en el artculo 23.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en la disposicin final cuarta, dos, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses, tanto la cuota de derechos pasivos como la de las respectivas mutualidades de funcionarios se abonaron doblemente en el mes de diciembre de 2012.

No obstante, la previsin de abonar doblemente las referidas cuotas en los meses de junio y diciembre de cada ao obedece al hecho de que, en dichos meses, el personal de que se trata percibe, junto con la mensualidad ordinaria, la correspondiente a la paga extraordinaria.

Dado que la retribucin que el personal del sector pblico ha percibido en el mes de diciembre de 2012 no inclua el importe correspondiente a la paga extraordinaria (y a la adicional del complemento especfico o equivalente) de dicho mes, razones de justicia material aconsejan que la cotizacin se minore en la misma proporcin y que dicha minoracin se realice con la mayor urgencia posible. Esta disposicin viene, as, a permitir, con la necesaria habilitacin legal, regularizar las cuotas por derechos pasivos y mutualidades del mes de diciembre de 2012.

La disposicin final primera modifica determinados preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013 al objeto de completar y permitir una aplicacin ms adecuada y correcta de los mismos. Para ello, se ampla el mbito temporal de la posible aplicacin de la compensacin de las exenciones en el Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica contenidas en el Convenio de Cooperacin para la Defensa con los Estados Unidos, para lo que, en cualquier caso, ser necesaria la suscripcin de un convenio con los ayuntamientos afectados. Asimismo, se aclara la forma de clculo de los ingresos tributarios del Estado como ndice de evolucin aplicable en la participacin de las entidades locales en tributos del Estado del ao 2013, y que se utiliz para la determinacin de los importes recogidos en el estado de gastos de la Seccin presupuestaria correspondiente. Por ltimo, se ampla de tres a cinco aos el perodo de vigencia de los planes de reduccin de deuda o de saneamiento en los casos de refinanciacin de operaciones de crdito a largo plazo concertadas por las entidades locales y se clarifican los objetivos que deben regir los planes de reduccin de deuda mencionados.

Otra de las disposiciones finales se refiere al rgimen especial de aplicacin de la Ley29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a los contratos de arrendamiento previstos en la disposicin adicional nica del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la proteccin de los deudores hipotecarios. Una norma que inst al Gobierno a promover con el sector financiero la constitucin de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crdito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un prstamo hipotecario, cuando concurren en ellas circunstancias de especial vulnerabilidad. La reciente apertura del procedimiento de asignacin de las primeras viviendas procedentes de dicho fondo exige que, con la mayor celeridad posible, se dote de cobertura legal a determinadas especialidades que deben observar los contratos de arrendamiento que, prximamente, se van a comenzar a celebrar.

Se reforma tambin el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeas y medianas empresas, y otras medidas econmicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reduccin de capital y, en su caso, de disolucin a causa de las prdidas. En este momento, dado que el proceso de consolidacin bancaria va a suponer una nueva cada significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobacin de una nueva prrroga de esta medida, al menos, durante este ao, que es el tiempo mnimo para negociar la reestructuracin de los pasivos del sector, y ampliar su mbito de aplicacin para evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situacin de concurso de acreedores. Se prev que esta ser la ltima prrroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los ltimos aos van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo.

Por otro lado, la modificacin de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito incluye una disposicin adicional que aclare que las operaciones realizadas por la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB) en aplicacin de su normativa reguladora no constituyen una operacin de concentraciones en virtud de la Ley 15/2007, a pesar de que algunas de ellas puedan superar los umbrales de notificacin establecidos en dicha ley, por ser aqullas ejecucin de un mandato legal. La urgencia de esta disposicin viene dada porque la inminente aportacin de los activos de las entidades Grupo 2 desencadenara la obligacin de notificar la operacin como de concentracin.

En su virtud, en uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin Espaola, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Pblicas y de Economa y Competitividad, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 22 de febrero de 2013,

DISPONGO:

Artculo 1. Modificacin de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

Uno. La letra c) del artculo 2 pasa a tener la siguiente redaccin:

c) La interposicin del recurso contencioso-administrativo.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artculo 3:

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el prrafo anterior, se entender que se realiza un nico hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo ttulo. En este caso, para el clculo del importe de la tasa se sumarn las cuantas de cada una de las acciones objeto de acumulacin.

Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artculo 4, al que tambin se aaden tres nuevas letras:

a) La interposicin de demanda y la presentacin de ulteriores recursos en relacin con los procesos sobre capacidad, filiacin, matrimonio y menores regulados en el ttulo I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarn sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el captulo IV del citado ttulo y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.

g) La interposicin de la demanda de ejecucin de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

h) Las acciones que, en inters de la masa del concurso y previa autorizacin del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

i) Los procedimientos de divisin judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposicin o se suscite controversia sobre la inclusin o exclusin de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuanta que se discuta o la derivada de la impugnacin del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuanta.

Cuatro. Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 4:

4. En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios pblicos cuando acten en defensa de sus derechos estatutarios tendrn una exencin del 60 por ciento en la cuanta de la tasa que les corresponda por la interposicin de los recursos de apelacin y casacin.

Cinco. Se aade un prrafo nuevo al apartado 2 del artculo 6:

Se considerarn, a efectos de la determinacin de la base imponible, como procedimientos de cuanta indeterminada los procesos regulados en el captulo IV del ttulo I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa.

Seis. En el apartado 1 del artculo 7, a continuacin de la tabla correspondiente a la cantidad fija de la tasa del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se aade el siguiente prrafo:

Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnacin de resoluciones sancionadoras, la cuanta de la tasa, incluida la cantidad variable que prev el apartado siguiente, no podr exceder del 50 por ciento del importe de la sancin econmica impuesta.

Siete. El prrafo primero del apartado 2 del artculo 7 pasa a tener la siguiente redaccin:

2. Cuando el sujeto pasivo sea persona jurdica se satisfar, adems, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lodispuesto en el artculo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, segn la siguiente escala:

Ocho. Se aade un nuevo apartado 3 al artculo 7:

3. Cuando el sujeto pasivo sea persona fsica se satisfar, adems, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el lmite de cuanta variable de 2.000 euros.

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 5 del artculo 8:

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompaar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompaase dicho justificante, el Secretario judicial requerir al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez das, no dando curso al escrito hasta que tal omisin fuese subsanada. La ausencia de subsanacin de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dar lugar a la preclusin del acto procesal y a la consiguiente continuacin o finalizacin del procedimiento, segn proceda.

5. Se efectuar una devolucin del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa, que en ningn caso dar lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciacin d lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

Esta devolucin tambin ser aplicable en aquellos supuestos en los que la Administracin demandada reconociese totalmente en va administrativa las pretensiones del demandante.

Se tendr derecho a esta devolucin desde la firmeza de la resolucin que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminacin.

Artculo 2. Modificacin de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita.

Uno. Se aaden las siguientes letras al artculo 2:

g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurdica gratuita, que se les prestar de inmediato, a las vctimas de violencia de gnero, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculacin, deriven o sean consecuencia de su condicin de vctimas, as como a los menores de edad y las personas con discapacidad psquica cuando sean vctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistir tambin a los causahabientes en caso de fallecimiento de la vctima, siempre que no fuera el agresor.

A los efectos de la concesin del beneficio de justicia gratuita, la condicin de vctima se adquirir cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendr mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalizacin, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perder en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligacin de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurdica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realizacin de las tareas de su ocupacin laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades ms esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamacin de indemnizacin por los daos personales y morales sufridos.

Dos. El artculo 3 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 3. Requisitos bsicos.

1. Se reconocer el derecho de asistencia jurdica gratuita a aquellas personas fsicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos econmicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador pblico de renta de efectos mltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador pblico de renta de efectos mltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o ms miembros.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar:

a) La integrada por los cnyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepcin de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que renan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

3. Los medios econmicos podrn, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurdica gratuita solo podr reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representacin legal. En este ltimo caso, los requisitos para la obtencin del beneficio vendrn referidos al representado.

5. Se reconocer el derecho de asistencia jurdica gratuita a las personas jurdicas mencionadas en el apartado c) del artculo anterior, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cmputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador pblico de renta de efectos mltiples.

Tres. El Artculo 4 quedara redactado en los siguientes trminos.

Artculo 4. Exclusin por motivos econmicos.

1. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendr en cuenta adems de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad econmica, negndose el derecho a la asistencia jurdica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaracin del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios econmicos que superan el lmite fijado por la ley.

2. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendr en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, as como los rendimientos del capital mobiliario.

Cuatro. El artculo 5 queda redactado como sigue:

Artculo 5. Reconocimiento excepcional del derecho.

1. En atencin a las circunstancias de familia del solicitante, nmero de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciacin del proceso, u otras de anloga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condicin de ascendiente de una familia numerosa de categora especial, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita ante la que se presente la solicitud podr conceder excepcionalmente, mediante resolucin motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los lmites previstos en el artculo 3, no excedan del quntuplo del indicador pblico de renta de efectos mltiples, teniendo en cuenta adems la carencia de patrimonio suficiente.

2. En las mismas condiciones sealadas en el prrafo anterior, se podr reconocer el derecho a la asistencia jurdica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad sealadas en el apartado2 artculo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacin y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, as como a las personas que los tengan a su cargo cuando acten en un proceso en su nombre e inters, siempre que se trate de procedimientos que guarden relacin con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

En tales casos, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita correspondiente determinar expresamente qu prestaciones de las contempladas en el artculo 6 son de aplicacin al solicitante.

Cinco. Se modifican los puntos 5 y 6 del artculo 6:

5. Exencin del pago de tasas judiciales, as como del pago de depsitos necesarios para la interposicin de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal tcnico adscrito a los rganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios tcnicos dependientes de las Administraciones pblicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de tcnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los rganos jurisdiccionales o de las Administraciones pblicas, sta se llevar a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolucin motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los tcnicos privados que correspondan.

El Juez o Tribunal podr acordar en resolucin motivada que la asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales tcnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psquica que sean vctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el inters superior del menor o de la persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.

Seis. El artculo 12 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 12. Solicitud del derecho.

1. El solicitante del derecho a la asistencia jurdica gratuita deber indicar cules son las prestaciones incluidas en el artculo 6 cuyo reconocimiento pide. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita comportar en todo caso la exencin del pago de las tasas y depsitos previstos en el nmero 5 del artculo 6. La solicitud del reconocimiento del derecho podr formularse a los solos efectos de la exencin del pago de las tasas y depsitos sealados.

2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita, que podr comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artculo 6, se instar por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aqul se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este ltimo caso, el rgano judicial dar traslado de la peticin al Colegio de Abogados territorialmente competente.

3. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita deber ser instado individualmente por cada uno de los interesados.

4. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representacin, debern computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artculo 3, se proceder a nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que debern asumir la representacin y defensa conjunta de todos ellos.

5. Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artculo 3 pero no alcanzan el quntuplo del indicador pblico de renta de efectos mltiples, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita podr determinar cules de las prestaciones establecidas en el artculo 6 se otorgarn a los solicitantes.

Siete. El prrafo segundo del artculo 16 queda redactado como sigue:

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusin de un trmite o la indefensin de cualquiera de las partes, el Secretario judicial, de oficio o a peticin de stas, podr decretar la suspensin hasta que se produzca la decisin sobre el reconocimiento o la denegacin del derecho a litigar gratuitamente, o la designacin provisional de abogado y procurador si su intervencin fuera preceptiva o requerida en inters de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales. Esta suspensin afectar tambin al plazo de subsanacin a que se refiere el apartado 2 del artculo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el mbito de la Administracin de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologa y Ciencias Forenses.

Ocho. Se modifica la redaccin de la disposicin adicional octava.

Disposicin adicional octava. Sustitucin de las referencias al salario mnimo interprofesional.

Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de desarrollo al salario mnimo interprofesional se entendern hechas al indicador pblico de renta de efectos mltiples y su valoracin se efectuar de conformidad con el artculo 3.

Artculo 3. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. Se modifica el nmero 7. del apartado 1 del artculo 241, quedando redactado como sigue:

7. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluir en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecucin de las hipotecas constituidas para la adquisicin de vivienda habitual. Tampoco se incluir en los dems procesos de ejecucin derivados de dichos prstamos o crditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.

Artculo 4. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de1882.

Se modifica el apartado 1 del artculo 367 ter, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Podr decretarse la destruccin de los efectos judiciales, dejando muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destruccin se pretende.

Cuando se trate de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analticos pertinentes, asegurada la conservacin de las muestras mnimas e imprescindibles que, conforme a criterios cientficos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicacin al Juez instructor, proceder a su inmediata destruccin si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectu aquella, la autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolucin motivada la conservacin ntegra de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiar siempre a disposicin del rgano judicial competente.

Disposicin adicional nica. Cuotas de derechos pasivos y de las mutualidades de funcionarios en el mes de diciembre de 2012.

Excepcionalmente, en el mes de abril de 2013, la cuanta mensual de la cuota de derechos pasivos y de la cotizacin a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, ser objeto de minoracin en una cuanta equivalente al importe que haya abonado el obligado por dichos conceptos en el mes de diciembre de 2012 correspondiente a la paga extraordinaria. En el recibo de nmina correspondiente a dicho mes se consignar de forma expresa y separada la cantidad minorada.

Al personal funcionario que no se encuentre en situacin de servicio activo o equivalente en el mes de abril de 2013 se le pagar, por parte del rgano pagador que le hubiera satisfecho las retribuciones correspondientes al mes de diciembre de 2012, una cantidad equivalente al importe que hubiera abonado el funcionario en el mes de diciembre de 2012 en concepto de cuotas de derechos pasivos y mutualidades correspondiente a la paga extraordinaria de dicho mes. En el mes inmediatamente posterior al pago de dicha cantidad, el rgano pagador proceder a compensar el importe global de las mismas, mediante minoracin del montante de las cuotas a ingresar en el Tesoro Pblico o a la correspondiente mutualidad.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no ser de aplicacin a aquellos empleados pblicos a que se refiere el apartado 6 de los artculos 2 y 3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Disposicin transitoria primera. Reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita.

Las normas de este real decreto-ley sern tambin de aplicacin en relacin con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita, respecto del pago de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la Ley10/2012, de 20 de noviembre, desde su entrada en vigor, hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, por quienes hubieran tenido reconocido el derecho a la asistencia jurdica gratuita de acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en esta norma podrn ser restituidas, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a travs de un procedimiento que habr de iniciarse a instancia de los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artculo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, el interesado deber acreditar tanto el reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita por parte de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita correspondiente como del abono de la tasa judicial devengada conforme a la Ley10/2012, de 20 de noviembre.

Disposicin transitoria segunda. Drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas actualmente bajo custodia de las autoridades administrativas.

El rgimen de destruccin de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas regulado en el artculo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, en la redaccin dada por el presente real decreto-ley, ser aplicable a las que se encuentren bajo custodia de las autoridades administrativas a la entrada en vigor de ste.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013.

Uno. Se modifica el apartado uno del artculo 104:

Uno. Con cargo a los crditos consignados en la Seccin 32, Servicio 02, Secretara General de Coordinacin Autonmica y Local, Programa 942N, Concepto 461.01, se har efectiva la compensacin de las cuotas del Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica objeto de condonacin en el ao 2013, como consecuencia de la aplicacin de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperacin para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. Asimismo, se podrn incluir en aquella compensacin las cuotas del citado impuesto correspondientes a los perodos impositivos de 2011 y 2012.

El clculo de la cantidad a compensar por todos los conceptos mencionados en el prrafo anterior se realizar con arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos afectados.

Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposicin adicional septuagsima:

2. Por lo que se refiere al clculo de los ingresos tributarios del Estado del ao 2004, se utilizarn los criterios de homogeneizacin establecidos en el artculo20 de la Ley 22/2009. Esto es, se proceder a simular la entrega a cuenta del ao 2004 de las Comunidades Autnomas en los trminos de cesin correspondientes al ao 2013. Por lo que respecta a la liquidacin del 2002 se calcular por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autnomas en los trminos de cesin del ao 2013 y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos trminos de cesin.

Igualmente para la determinacin del resto de los ndices de evolucin regulados en el Captulo I del Ttulo VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicar lo dispuesto en el artculo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el ao base 2007 por el que corresponda.

Tres. Se modifica el prrafo cuarto del apartado uno de la disposicin adicional septuagsima tercera:

Adems, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los trminos definidos en la disposicin final trigsima primera de esta Ley, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, debern aprobar un plan de saneamiento financiero o de reduccin de deuda para corregir, en un plazo mximo de cinco aos, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este ltimo deber corregirse hasta el lmite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artculo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reduccin de deuda deber corregir el nivel de deuda, como mximo, al porcentaje fijado en el ltimo precepto citado.

Disposicin final segunda. Rgimen especial de aplicacin de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos en la disposicin adicional nica del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la proteccin de los deudores hipotecarios.

1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban en el marco de la encomienda al Gobierno prevista en la disposicin adicional nica del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la proteccin de los deudores hipotecarios, se considerarn contratos de arrendamiento de vivienda y estarn sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto en lo previsto en sus artculos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuacin.

2. La duracin de estos contratos de arrendamiento ser de dos aos, prorrogables por otro ao.

3. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que este se haya regularizado en su integridad, el arrendador podr iniciar el desahucio del arrendatario. Asimismo, transcurrido el plazo de duracin del contrato, si el arrendatario no desalojara la vivienda, el arrendador podr iniciar el procedimiento de desahucio.

Disposicin final tercera. Modificacin del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeas y medianas empresas, y otras medidas econmicas complementarias.

La disposicin adicional nica queda redactada en los siguientes trminos:

1. A los solos efectos de la determinacin de las prdidas para la reduccin obligatoria de capital regulada en el artculo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolucin prevista en el artculo 363.1.e) del citado texto refundido, as como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artculo 2 de la Ley22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarn las prdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior nicamente ser de aplicacin excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el ao 2013.

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito.

Se aade una letra g) en el apartado 4 del artculo 36, con la siguiente redaccin:

g) Las adquisiciones de activos por parte de la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2012, de14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito, no estarn sujetas al rgimen previsto en el captulo II del ttulo I de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Disposicin final quinta. Ttulo competencial.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de Administracin de Justicia, legislacin procesal y Hacienda Pblica del artculo 149.1.5., 6. y 14. de la Constitucin.

La disposicin adicional nica se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artculo 149.1.17. de la Constitucin en materia de legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social.

La disposicin final segunda se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artculo 149.1.8. de la Constitucin en materia de legislacin civil.

La disposicin final tercera se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artculo 149.1.6. de la Constitucin en materia de legislacin mercantil.

La disposicin final cuarta se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en el artculo 149.1.11. de la Constitucin en materia de bases de la ordenacin del crdito.

Disposicin final sexta. Desarrollo reglamentario.

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Pblicas, dictar las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicacin de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con las modificaciones efectuadas por este real decreto-ley.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas se modificarn los modelos de autoliquidacin de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en este real decreto-ley.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

1. Este real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. No obstante lo anterior, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas fsicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentacin de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los nmeros cuatro y seis del artculo 1, en el perodo comprendido desde el da siguiente a la publicacin de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidacin y el modelo 695 de solicitud de devolucin por solucin extrajudicial del litigio y por acumulacin de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los rdenes civil, contencioso-administrativo y social, se liquidarn a partir de esta ltima fecha en el plazo de quince das hbiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidacin por los sujetos pasivos, el Secretario judicial har el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artculo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 22/02/2013
  • Fecha de publicación: 23/02/2013
  • Entrada en vigor: 24 de febrero de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en la Cuestin 5173/2013, la inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos sealados en el fj 3 a), de los incisos indicados del art. 1.6 y la prdida de su objeto respecto a lo indicado del art. 1.6, 7 y 9, por Sentencia 92/2017, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2017-9651).
    • en la Cuestin 2966/2014, la extincin parcial por prdida sobrevenida de su objeto, con respecto al art. 1.9 y 6 y la inconstitucionalidad y nulidad con respecto al art. 1.7, con los efectos determinados en el fj 5, por Sentencia 55/2017, de 11 de mayo (Ref. BOE-A-2017-6851).
    • en la Cuestin 2887/2015, su extincin, por prdida de su objeto, respecto al art. 1.seis y nueve, y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 49/2017, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2017-6845).
    • en la Cuestin 7601/2014, la prdida sobrevenida del objeto en relacin con los arts. 7.3 y 8.2, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 7.1 y la desestimacin en todo lo dems de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redaccin dada, por sentencia 47/2017, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2017-5904).
    • en el Recurso 3076/2013, su desestimacin, por Sentencia 35/2017, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2017-3876).
    • en el Recurso 3035/6276, la prdida sobrevenida del objeto en relacin con los apartados 3, 4, 5, 7 y 8 del art. 1, por Sentencia 24/2017, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-2017-3184).
    • en la Cuestin 3667/2015, la extincin, por desaparicin sobrevenida de su objeto, en relacin con los arts. 2 e) y 7.1 y 3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redaccin dada, por Auto de 13 de febrero de 2017 (Ref. BOE-A-2017-1676).
    • en la Cuestin 929/2014, la extincin, por desaparicin sobrevenida de su objeto en relacin con los arts. 7.1 y 2 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en la redaccin dada por el art. 1, por Auto de 13 de febrero de 2017 (Ref. BOE-A-2017-1675).
    • en la Cuestin 905/2014, con los efectos sealados en el fj 6, la inconstitucionalidad y nulidad, de lo indicado del art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redaccin dada por el art. 1.8, por Sentencia 227/2016, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-909).
    • en la Cuestin 5438/2013, la extincin, por desaparicin sobrevenida de su objeto en relacin con el art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en la redaccin dada, por Auto 5438/2013, de 18 de enero (Ref. BOE-A-2017-869).
  • Cuestion 929/2014, promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 1.6 a .9 (Ref. BOE-A-2014-12090).
  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 14 de marzo de 2013 (Ref. BOE-A-2013-3090).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 51 de 28 de febrero de 2013 (Ref. BOE-A-2013-2207).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • art. 104.1 y las disposiciones adicionales 70.2 y 73.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • arts. 2 a 4 y 6 a 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14301).
    • art. 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14062).
    • Disposicin adicional nica del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-20149).
    • el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • arts. 2 a 6, 12, 16 y disposicin adicional 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero (Ref. BOE-A-1996-750).
    • art. 367 ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Administracin Local
  • Arrendamientos urbanos
  • Cesin de Tributos
  • Contabilidad
  • Defensa de la competencia
  • Drogas
  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Entidades de crdito
  • Funcionarios de la Administracin de Justicia
  • Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica
  • Justicia Gratuita
  • Mutualidad General Judicial
  • Pagos
  • Pequea y Mediana Empresa
  • Procedimiento sancionador
  • Recurso Contencioso-Administrativo
  • Tasas judiciales

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