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Documento BOE-A-2012-3152

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles.

TEXTO

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garanta de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta funcin implica el reto de la implantacin de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.

En este contexto, desde la dcada de los aos setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolucin de conflictos, entre los que destaca la mediacin, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administracin de Justicia.

Entre las ventajas de la mediacin es de destacar su capacidad para dar soluciones prcticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la va arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediacin est construida en torno a la intervencin de un profesional neutral que facilita la resolucin del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

II

A pesar del impulso que en los ltimos aos ha experimentado en Espaa, en el mbito de las Comunidades Autnomas, hasta la presente norma se careca de una ordenacin general de la mediacin aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, al tiempo que asegurara su conexin con la jurisdiccin ordinaria, haciendo as efectivo el primero de los ejes de la mediacin, que es la desjudicializacin de determinados asuntos.

La mediacin, como frmula de autocomposicin, es un instrumento eficaz para la resolucin de controversias cuando el conflicto jurdico afecta a derechos subjetivos de carcter disponible. Como institucin ordenada a la paz jurdica, contribuye concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurdico como un ltimo remedio, en caso de que no sea posible componer la situacin por la mera voluntad de las partes y puede ser un hbil coadyuvante para la reduccin de la carga de trabajo de aqullos, reduciendo su intervencin a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situacin de controversia.

Asimismo, este real decreto-ley incorpora al Derecho espaol la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediacin en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulacin va ms all del contenido de esta norma de la Unin Europea, en lnea con la previsin de la disposicin adicional tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Cdigo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separacin y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisin a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediacin.

La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mnimas para fomentar la mediacin en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. Por su lado, la regulacin de esta norma conforma un rgimen general aplicable a toda mediacin que tenga lugar en Espaa, y pretenda tener un efecto jurdico vinculante, si bien circunscrita al mbito de de los asuntos civiles y mercantiles y dentro de un modelo que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliacin Comercial Internacional del ao 2002.

Precisamente, el transcurso del plazo de incorporacin al ordenamiento jurdico espaol de la Directiva 2008/52/CE, que finaliz el 21 de mayo de 2011, justifica el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptacin de nuestro Derecho, con lo que se pone fin al retraso en el cumplimiento de esta obligacin, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unin Europea.

III

El modelo de mediacin se basa en la voluntariedad y libre decisin de las partes y en la intervencin de un mediador, del que se pretende una intervencin activa orientada a la solucin de la controversia por las propias partes. El rgimen que contiene el real decreto-ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonoma de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podr tener la consideracin de ttulo ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevacin a escritura pblica. En ningn caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediacin, sino tan slo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la solucin judicial del conflicto. Es aqu donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediacin, que es la deslegalizacin o prdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige tambin en las relaciones que son objeto del conflicto.

La figura del mediador es, de acuerdo con su conformacin natural, la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solucin dialogada y voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediacin se despliega en mltiples mbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una formacin general que le permita desempear esa tarea y sobre todo ofrecer garanta inequvoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

Igualmente, el real decreto-ley utiliza el trmino mediador de manera genrica sin prejuzgar que sea uno o varios.

Se tiene presente el papel muy relevante en este contexto de los servicios e instituciones de mediacin, que desempean una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediacin.

Corolario de esta regulacin es el reconocimiento del acuerdo de mediacin como ttulo ejecutivo, lo que se producir con su ulterior elevacin a escritura pblica, cuya ejecucin podr instarse directamente ante los tribunales. En la regulacin del acuerdo de mediacin radica el tercer eje de la mediacin, que es la desjuridificacin, consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio.

El marco flexible que procura el real decreto-ley pretende ser un aliciente ms para favorecer el recurso a la mediacin, de tal forma que no tenga repercusin en costes procesales posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. As se manifiesta en la opcin de la suspensin de la prescripcin cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla general de su interrupcin, con el propsito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediacin pueda producir efectos jurdicos no deseados.

El presente real decreto-ley se circunscribe estrictamente al mbito de competencias del Estado en materia de legislacin mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediacin, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autnomas en el ejercicio de sus competencias.

Con el fin de facilitar el recurso a la mediacin, se articula un procedimiento de fcil tramitacin, poco costoso y de corta duracin en el tiempo.

IV

El articulado de este real decreto-ley se estructura en cinco ttulos.

En el ttulo I, bajo la rbrica de las disposiciones generales, se regula el mbito material y espacial de la norma, su aplicacin a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediacin sobre los plazos de prescripcin y caducidad, as como las instituciones de mediacin.

El ttulo II enumera los principios informadores de la mediacin, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposicin, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se aaden las reglas o directrices que han de guiar la actuacin de las partes en la mediacin, como son la buena fe y el respeto mutuo, as como su deber de colaboracin y apoyo al mediador.

El ttulo III contiene el estatuto mnimo del mediador, con la determinacin de los requisitos que deben cumplir y de los principios de su actuacin. Para garantizar su imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguindose en esto el modelo del Cdigo de conducta europeo para mediadores.

El ttulo IV regula el procedimiento de mediacin. Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediacin los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como ensea la experiencia aplicativa de esta institucin, no es extrao que la mediacin persiga simplemente mejorar relaciones, sin intencin de alcanzar un acuerdo de contenido concreto.

Finalmente, el ttulo V establece el procedimiento de ejecucin de los acuerdos, ajustndose a las previsiones que ya existen en el Derecho espaol y sin establecer diferencias con el rgimen de ejecucin de los acuerdos de mediacin transfronterizos cuyo cumplimiento se haya de producirse en otro Estado, para ello se requerir su elevacin a escritura pblica como condicin necesaria para su consideracin como ttulo ejecutivo.

V

Las disposiciones finales cohonestan la regulacin el encaje de la mediacin con los procedimientos judiciales.

Se reforma, as, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Bsica de las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacin, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediacin, permitiendo as su actuacin como instituciones de mediacin.

Se operan tambin una serie de modificaciones de carcter procesal que facilitan la aplicacin de la mediacin dentro del proceso civil. Se regula as la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediacin, as como la posibilidad de que sea el Juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de recurrir a la mediacin. Se trata de una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediacin y las soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prev la declinatoria como remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediacin o frente a la presentacin una demanda estando en curso la misma.

La modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por ltimo, la de los preceptos necesarios para la inclusin del acuerdo de mediacin dentro de los ttulos que dan derecho al despacho de la ejecucin.

Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelacin entre la mediacin y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta institucin.

VI

Por ltimo, este real decreto-ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar satisfaccin a las legtimas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el momento de la publicacin de aquella ley, se encontraban matriculados en sus estudios universitarios y, como consecuencia de la publicacin de la misma, ven completamente alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador.

Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el ttulo profesional de abogado o procurador de los tribunales es necesario, adems de estar en posesin del ttulo universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente ttulo de grado, probar su capacitacin profesional mediante la superacin de la correspondiente formacin especializada y de carcter oficial que se adquiere a travs de cursos de formacin acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educacin, as como superar una posterior evaluacin.

La modificacin que se aprueba es congruente con la exposicin de motivos de la propia Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar las expectativas actuales de los estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho. Sin embargo, la vacatio legis de 5 aos que fij inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para dar satisfaccin a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus estudios en dicho periodo de 5 aos. Se tratara de resolver problemas de los estudiantes que se matricularon en Licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2006, momento en el que no se exigan los ttulos profesionales para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus estudios en el citado plazo. Por una omisin no querida del legislador, dichos estudiantes sufren una discriminacin, puesto que se quiebran las expectativas legtimas que tenan en el momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en Derecho. Pero, adems, se aprovecha la ocasin para reconocer un rgimen especial de acceso al ejercicio profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea el momento en que inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a diversas iniciativas planteadas en sede parlamentaria.

Por otra parte, se contempla la situacin de los poseedores de ttulos extranjeros susceptibles de homologacin al ttulo espaol de Licenciado en derecho, mediante la introduccin de una nueva disposicin adicional que permite acceder a las profesiones jurdicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologacin antes de la entrada en vigor de la Ley.

La futura modificacin contemplar la expedicin de los ttulos profesionales por parte del Ministerio de Justicia.

Adems, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposicin transitoria tercera de la ley se introduce una mejora tcnica en la redaccin aclarando que no es necesario estar en posesin del ttulo de licenciado o grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es necesario estar en la posesin material del ttulo, sino haber concluido los estudios cuando entra en vigor la ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los licenciados que habiendo finalizando sus estudios, por el retraso o descuido en la solicitud de los ttulos a las universidades queden excluidos del mbito de la disposicin transitoria de la ley.

En su virtud, en uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin Espaola, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 2 de marzo de 2012,

DISPONGO:

TTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Concepto.

Se entiende por mediacin aquel medio de solucin de controversias, cualquiera que sea su denominacin, en que dos o ms partes intentan voluntariamente alcanzar por s mismas un acuerdo con la intervencin de un mediador.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. Este real decreto-ley es de aplicacin a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estn a disposicin de las partes en virtud de la legislacin aplicable.

En defecto de sometimiento expreso o tcito a este real decreto-ley, la misma ser aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en Espaa y la mediacin se realice en territorio espaol.

2. Quedan excluidos, en todo caso, del mbito de aplicacin de este real decreto-ley:

a) La mediacin penal.

b) La mediacin con las Administraciones Pblicas.

c) La mediacin laboral.

d) La mediacin en materia de consumo.

Artculo 3. Mediacin en conflictos transfronterizos.

1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una las partes est domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aqul en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estn domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediacin o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable.

2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unin Europea, el domicilio se determinar de conformidad con los artculos 59 y 60 del Reglamento (CE) n. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Artculo 4. Efectos de la mediacin sobre los plazos de prescripcin y caducidad.

El comienzo de la mediacin suspender la prescripcin o la caducidad de acciones. A estos efectos se considerar iniciada la mediacin con la presentacin de la solicitud por una de las partes o desde su depsito, en su caso, ante la institucin de mediacin.

La suspensin se prolongar durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediacin o, en su defecto, del acta final o se produzca la terminacin de la mediacin por alguna de las causas previstas en este real decreto-ley.

Si no se firmara el acta de la sesin constitutiva en el plazo de quince das naturales a contar desde el da en que se entiende comenzada la mediacin, se reanudar el cmputo de los plazos.

Artculo 5. Las instituciones de mediacin.

1. Tienen la consideracin de instituciones de mediacin las entidades pblicas o privadas y las corporaciones de derecho pblico que tengan entre sus fines el impulso de la mediacin, facilitando el acceso y administracin de la misma, incluida la designacin de mediadores. Debern garantizar la transparencia en la designacin de mediadores y asumirn subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuacin. Si entre sus fines figurase tambin el arbitraje adoptarn las medidas para asegurar la separacin entre ambas actividades.

Las instituciones de mediacin darn publicidad de los mediadores que acten en su mbito, informando, al menos, de su formacin, especialidad y experiencia.

2. Estas instituciones implantarn sistemas de mediacin por medios electrnicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.

3. Los poderes pblicos velarn porque las instituciones de mediacin respeten en el mbito de sus competencias los principios de la mediacin establecidos en este real decreto-ley, as como por la buena actuacin de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras.

TTULO II
Principios informadores de la mediacin
Artculo 6. Voluntariedad y libre disposicin.

1. La mediacin es voluntaria.

2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediacin las controversias surgidas o que puedan surgir, se deber intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdiccin o a otra solucin extrajudicial. Dicha clusula surtir estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

3. Nadie est obligado a mantenerse en el procedimiento de mediacin ni a concluir un acuerdo.

Artculo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

En el procedimiento de mediacin se garantizar que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o inters de cualquiera de ellas.

Artculo 8. Neutralidad.

Las actuaciones de mediacin se desarrollarn de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por s mismas un acuerdo de mediacin, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 14.

Artculo 9. Confidencialidad.

1. El procedimiento de mediacin y la documentacin utilizada en el mismo es confidencial. La obligacin de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes intervinientes de modo que no podrn revelar la informacin que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.

2. La confidencialidad de la mediacin y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediacin estn obligados a declarar o aportar documentacin en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la informacin derivada de un procedimiento de mediacin o relacionada con el mismo, excepto:

a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito dispensen de esta obligacin.

b) Cuando, mediante resolucin judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.

3. La infraccin del deber de confidencialidad generar responsabilidad en los trminos previstos en el ordenamiento jurdico.

Artculo 10. Las partes en la mediacin.

1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en este real decreto-ley, la mediacin se organizar del modo que las partes tengan por conveniente.

2. Las partes en conflicto actuarn conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo.

Durante el tiempo en que se desarrolle la mediacin las partes no podrn interponer entre s ninguna accin judicial o extrajudicial en relacin con su objeto.

El compromiso de sometimiento a mediacin y la iniciacin de sta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediacin durante el tiempo en que se desarrolle sta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

La declinatoria no impedir la iniciacin o prosecucin de las actuaciones de mediacin.

3. Las partes debern prestar colaboracin y apoyo permanente a la actuacin del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

TTULO III
Estatuto del mediador
Artculo 11. Condiciones para ejercer de mediador.

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislacin a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesin.

2. El mediador deber contar con formacin especfica para ejercer la mediacin, que se adquirir mediante la realizacin de uno o varios cursos especficos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta formacin especfica proporcionar a los mediadores los necesarios conocimientos jurdicos, psicolgicos, de tcnicas de comunicacin, de resolucin de conflictos y negociacin, as como de tica de la mediacin, a nivel tanto terico como prctico.

3. El mediador deber suscribir un seguro o garanta equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuacin en los conflictos en que intervenga.

Artculo 12. Calidad y autorregulacin de la mediacin.

El Ministerio de Justicia y las Administraciones pblicas competentes, en colaboracin con las instituciones de mediacin, fomentarn la adecuada formacin inicial y continua de los mediadores, la elaboracin de cdigos de conducta voluntarios, as como la adhesin de aqullos y de las instituciones de mediacin a tales cdigos.

Artculo 13. Actuacin del mediador.

1. El mediador facilitar la comunicacin entre las partes y velar porque dispongan de la informacin y el asesoramiento suficientes.

2. El mediador desarrollar una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en este real decreto-ley.

3. El mediador podr renunciar a desarrollar la mediacin, con obligacin de entregar un acta a las partes en la que conste aqulla.

4. El mediador no podr iniciar o deber abandonar la mediacin cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.

5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deber revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirn, en todo caso:

a) Todo tipo de relacin personal, contractual o empresarial con una de las partes.

b) Cualquier inters directo o indirecto en el resultado de la mediacin.

c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organizacin, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepcin de la mediacin.

En tales casos el mediador slo podr aceptar o continuar la mediacin cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.

El deber de revelar esta informacin permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediacin.

Artculo 14. Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediacin.

La aceptacin de la mediacin obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daos y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendr accin directa contra el mediador y, en su caso, la institucin de mediacin que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a sta contra los mediadores.

Artculo 15. Coste de la mediacin.

1. El coste de la mediacin, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividir por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.

2. Tanto los mediadores como la institucin de mediacin podrn exigir a las partes la provisin de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediacin.

Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisin de fondos solicitada, el mediador o la institucin podrn dar por concluida la mediacin. No obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisin, el mediador o la institucin antes de acordar la conclusin, lo comunicar a las dems partes, por si tuvieren inters en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

TTULO IV
Procedimiento de mediacin
Artculo 16. Solicitud de inicio.

1. El procedimiento de mediacin podr iniciarse:

a) De comn acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluir la designacin del mediador o la institucin de mediacin en la que llevarn a cabo la mediacin, as como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarn las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediacin existente entre aqullas.

2. La solicitud se formular ante las instituciones de mediacin o ante el mediador propuesto por una de las partes a las dems o ya designado por ellas.

3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediacin estando en curso un proceso judicial, las partes de comn acuerdo podrn solicitar su suspensin de conformidad con lo dispuesto en la legislacin procesal.

Artculo 17. Informacin y sesiones informativas.

1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institucin de mediacin citar a las partes para la celebracin de la sesin informativa. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesin informativa se entender que desisten de la mediacin solicitada. La informacin de qu parte o partes no asistieron a la sesin no ser confidencial.

En esa sesin el mediador informar a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesin, formacin y experiencia; as como de las caractersticas de la mediacin, su coste, la organizacin del procedimiento, las consecuencias jurdicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, as como del plazo para firmar el acta de la sesin constitutiva.

2. Las instituciones de mediacin podrn organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolucin de controversias, que en ningn caso sustituirn a la informacin prevista en el apartado primero.

Artculo 18. Pluralidad de mediadores.

1. La mediacin ser llevada a cabo por uno o varios mediadores.

2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuacin de varios mediadores en un mismo procedimiento, stos actuarn de forma coordinada.

Artculo 19. Sesin constitutiva.

1. El procedimiento de mediacin comenzar mediante una sesin constitutiva en la que las partes expresarn su deseo de desarrollar la mediacin y dejarn constancia de los siguientes aspectos:

a) La identificacin de las partes.

b) La designacin del mediador y, en su caso, de la institucin de mediacin o la aceptacin del designado por una de las partes.

c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediacin.

d) El programa de actuaciones y duracin mxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificacin.

e) La informacin del coste de la mediacin o las bases para su determinacin, con indicacin separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.

f) La declaracin de aceptacin voluntaria por las partes de la mediacin y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.

g) El lugar de celebracin y la lengua del procedimiento.

2. De la sesin constitutiva se levantar un acta en la que consten estos aspectos, que ser firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarar que la mediacin se ha intentado sin efecto.

Artculo 20. Duracin del procedimiento.

La duracin del procedimiento de mediacin ser lo ms breve posible y sus actuaciones se concentrarn en el mnimo nmero de sesiones.

Artculo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediacin.

1. El mediador convocar a las partes para cada sesin con la antelacin necesaria, dirigir las sesiones y facilitar la exposicin de sus posiciones y su comunicacin de modo igual y equilibrado.

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrn ser o no simultneas.

3. El mediador comunicar a todas las partes la celebracin de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podr ni comunicar ni distribuir la informacin o documentacin que la parte le hubiera aportado, salvo autorizacin expresa de sta.

Artculo 22. Terminacin del procedimiento.

1. El procedimiento de mediacin puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicndoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo mximo acordado por las partes para la duracin del procedimiento, as como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusin.

Con la terminacin del procedimiento se devolvern a cada parte los documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formar un expediente que deber conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institucin de mediacin, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de seis meses.

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador slo producir la terminacin del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.

3. El acta final determinar la conclusin del procedimiento y, en su caso, reflejar los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalizacin por cualquier otra causa.

El acta deber ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregar un ejemplar original a cada una de ellas.

Artculo 23. El acuerdo de mediacin.

1. El acuerdo de mediacin puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediacin.

En el acuerdo de mediacin deber constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediacin ajustado a las previsiones de este real decreto-ley, con indicacin del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institucin de mediacin en la cual se ha desarrollado el procedimiento.

2. El acuerdo de mediacin deber firmarse por las partes o sus representantes y presentarse al mediador, en el plazo mximo de diez das desde el acta final, para su firma.

3. Del acuerdo de mediacin se entregar un ejemplar a cada una de las partes, reservndose otro el mediador para su conservacin.

El mediador informar a las partes del carcter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevacin a escritura pblica al objeto de configurar su acuerdo como un ttulo ejecutivo.

Artculo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrnicos.

1. Las partes podrn acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediacin se lleve a cabo por medios electrnicos, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediacin previstos en este real decreto-ley.

2. La mediacin que consista en una reclamacin de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollar por medios electrnicos, salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes.

TTULO V
Ejecucin de los acuerdos
Artculo 25. Formalizacin del ttulo ejecutivo.

1. Las partes podrn elevar a escritura pblica el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediacin.

El acuerdo de mediacin se presentar ante un notario acompaado de copia de las actas de la sesin constitutiva y final del procedimiento.

2. Para llevar a cabo la elevacin a escritura pblica del acuerdo de mediacin el notario verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

3. Cuando el acuerdo de mediacin haya de ejecutarse en otro Estado, adems de la elevacin a escritura pblica, ser necesario el cumplimiento los requisitos que, en su caso, puedan exigir los Convenios internacionales en que Espaa sea parte y las normas de la Unin Europea.

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediacin desarrollada despus de iniciar un proceso judicial, las partes podrn solicitar del tribunal su homologacin de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 26. Tribunal competente para la ejecucin de los acuerdos de mediacin.

La ejecucin de los acuerdos resultado de una mediacin iniciada estando en curso un proceso se instar ante el tribunal que homolog el acuerdo.

Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediacin ser competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediacin, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artculo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo 27. Ejecucin de los acuerdos de mediacin transfronterizos.

1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unin Europea y los convenios internacionales vigentes en Espaa, un acuerdo de mediacin que ya hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro Estado slo podr ser ejecutado en Espaa cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervencin de una autoridad competente que desarrolle funciones equivalentes a las que desempean las autoridades espaolas.

2. Un acuerdo de mediacin que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera slo podr ser ejecutado en Espaa previa elevacin a escritura pblica por notario espaol a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las dems.

3. El documento extranjero no podr ser ejecutado cuando resulte manifiestamente contrario al orden pblico espaol.

Artculo 28. Denegacin de ejecucin de los acuerdos de mediacin.

No podrn ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a Derecho.

Disposicin adicional primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de mediacin.

Las instituciones o servicios de mediacin establecidos o reconocidos por las Administraciones Pblicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrn asumir las funciones de mediacin previstas en este real decreto-ley.

Disposicin adicional segunda. Impulso a la mediacin.

1. Las Administraciones Pblicas competentes para la provisin de medios materiales al servicio de la Administracin de Justicia proveern la puesta a disposicin de los rganos jurisdiccionales y del pblico de informacin sobre la mediacin como alternativa al proceso judicial.

2. Las Administraciones Pblicas competentes procurarn incluir la mediacin dentro del asesoramiento y orientacin gratuitos previos al proceso, previsto en el artculo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes.

Disposicin adicional tercera. Escrituras pblicas de formalizacin de acuerdos de mediacin.

Para el clculo de los honorarios notariales de la escritura pblica de formalizacin de los acuerdos de mediacin se aplicarn los aranceles correspondientes a los Documentos sin cuanta previstos en el nmero 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Bsica de las Cmaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacin.

La letra i del apartado 1 del artculo 2 pasa a tener la siguiente redaccin:

i) Desempear funciones de mediacin y arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislacin vigente.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

1. El apartado 1 del artculo 19 queda redactado en los siguientes trminos:

1. Los litigantes estn facultados para disponer del objeto del juicio y podrn renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediacin o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohba o establezca limitaciones por razones de inters general o en beneficio de tercero.

2. Se modifica el artculo 39, que pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 39. Apreciacin de la falta de competencia internacional o de jurisdiccin a instancia de parte.

El demandado podr denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdiccin por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediacin la controversia.

3. El prrafo primero del apartado 1 del artculo 63 queda redactado del siguiente modo:

1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legtima en el juicio promovido podrn denunciar la falta de jurisdiccin del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de sta a tribunales extranjeros, a rganos de otro orden jurisdiccional, a rbitros o a mediadores.

4. Se da nueva redaccin al prrafo segundo del apartado 2 del artculo 65:

Del mismo modo proceder el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediacin.

5. El artculo 66 queda redactado de la siguiente forma:

Artculo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdiccin, sumisin a arbitraje o mediacin y competencia objetiva.

1. Contra el auto abstenindose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediacin o por falta de competencia objetiva, cabr recurso de apelacin.

2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdiccin o de competencia objetiva, slo cabr recurso de reposicin, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelacin contra la sentencia definitiva.

Lo dispuesto en el prrafo anterior ser tambin de aplicacin cuando el auto rechace la sumisin del asunto a arbitraje o a mediacin.

6. Se modifica la regla 2. del apartado 2 del artculo 206, que pasa a tener la siguiente redaccin:

2. Se dictarn autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisin o inadmisin de demanda, reconvencin, acumulacin de acciones, admisin o inadmisin de la prueba, aprobacin judicial de transacciones, acuerdos de mediacin y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.

Tambin revestirn la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no sealada en esta ley tramitacin especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisin del Tribunal, as como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitacin ordinaria, salvo que, respecto de stas ltimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.

7. Se aade un apartado 3 nuevo al artculo 335, con la siguiente redaccin:

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podr solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediacin o arbitraje relacionados con el mismo asunto.

8. El prrafo segundo del apartado 1 del artculo 347 queda redactado de la forma siguiente:

El tribunal slo denegar las solicitudes de intervencin que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o intiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervencin del perito en un procedimiento de mediacin anterior entre las partes.

9. El segundo prrafo del apartado 1 del artculo 395 pasa a tener la siguiente redaccin:

Se entender que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediacin o dirigido contra l demanda de conciliacin.

10. Se sustituye el segundo prrafo del apartado 1 del artculo 414 por los siguientes:

En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informar a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociacin para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediacin, en cuyo caso stas indicarn en la audiencia su decisin al respecto y las razones de la misma.

La audiencia se llevar a cabo, conforme a lo establecido en los artculos siguientes, para intentar un acuerdo o transaccin de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecucin de ste y a su terminacin mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisin dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.

En atencin al objeto del proceso, el tribunal podr invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a travs de un procedimiento de mediacin, instndolas a que asistan a una sesin informativa.

11. Los apartados 1 y 3 del artculo 415 pasan a tener la siguiente redaccin:

1. Comparecidas las partes, el tribunal declarar abierto el acto y comprobar si subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrn desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.

Las partes de comn acuerdo podrn tambin solicitar la suspensin del proceso de conformidad con lo previsto en el artculo 19.4, para someterse a mediacin o arbitraje.

En este caso, el tribunal examinar previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurdica y poder de disposicin de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.

3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuar segn lo previsto en los artculos siguientes.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediacin, terminada la misma, cualquiera de las partes podr solicitar que se alce la suspensin y se seale fecha para la continuacin de la audiencia.

12. El nmero 2. del apartado 2 del artculo 517 pasa a tener la siguiente redaccin:

2. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediacin, debiendo estos ltimos haber sido elevados a escritura pblica de acuerdo con la Ley de mediacin en asuntos civiles y mercantiles.

13. El artculo 518 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 518. Caducidad de la accin ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolucin arbitral o acuerdo de mediacin.

La accin ejecutiva fundada en sentencia, en resolucin del Tribunal o del Secretario judicial que apruebe una transaccin judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolucin arbitral o en acuerdo de mediacin caducar si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco aos siguientes a la firmeza de la sentencia o resolucin.

14. Se aade un nuevo prrafo al apartado 1 del artculo 539, con la siguiente redaccin:

Para la ejecucin derivada de un acuerdo de mediacin o un laudo arbitral se requerir la intervencin de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecucin sea superior a 2.000 euros.

15. El apartado 2 del artculo 545 queda redactado en los siguientes trminos:

2. Cuando el ttulo sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediacin, ser competente para denegar o autorizar la ejecucin y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediacin.

16. Se modifica el artculo 548:

Artculo 548. Plazo de espera de la ejecucin de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediacin.

No se despachar ejecucin de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediacin, dentro de los veinte das posteriores a aquel en que la resolucin de condena, de aprobacin del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado.

17. Se aade un nuevo prrafo al ordinal 1. del apartado 1 del artculo 550, con la siguiente redaccin:

Cuando el ttulo sea un acuerdo de mediacin elevado a escritura pblica, se acompaar, adems, copia de las actas de la sesin constitutiva y final del procedimiento.

18. Se modifica la rbrica y el prrafo primero del apartado 1 del artculo 556, que pasan a tener la siguiente redaccin:

Artculo 556. Oposicin a la ejecucin de resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediacin.

1. Si el ttulo ejecutivo fuera una resolucin procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediacin, el ejecutado, dentro de los diez das siguientes a la notificacin del auto en que se despache ejecucin, podr oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habr de justificar documentalmente.

19. Se da nueva redaccin a nmero 3. del apartado 1 del artculo 559:

3. Nulidad radical del despacho de la ejecucin por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediacin no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecucin, o por infraccin, al despacharse ejecucin, de lo dispuesto en el artculo 520.

20. El apartado 3 del artculo 576 queda redactado de la siguiente forma:

3. Lo establecido en los anteriores apartados ser de aplicacin a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediacin que impongan el pago de cantidad lquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Pblicas.

21. Se da nueva redaccin al artculo 580, que queda redactado de la siguiente forma:

Artculo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago.

Cuando el ttulo ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, y acuerdos de mediacin, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no ser necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Uno. Se modifica el apartado 3 del artculo 2, que queda redactado en los siguientes trminos:

Los ttulos profesionales regulados en esta Ley sern expedidos por el Ministerio de Justicia.

Dos. Se aade una nueva disposicin adicional octava, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional octava. Licenciados en Derecho.

1. Los ttulos profesionales que se regulan en esta ley no sern exigibles a quienes en el momento de su publicacin estuvieran matriculados en estudios universitarios conducentes a la obtencin del ttulo de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo mximo de dos aos, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedicin del ttulo oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

2. Los alumnos no incluidos en el apartado anterior que obtengan un ttulo de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrn obtener los ttulos profesionales siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que realicen las prcticas externas previstas en el artculo 6.

b) Que acrediten su capacitacin profesional de conformidad con lo dispuesto en el artculo 7.

El Gobierno desarrollar reglamentariamente las especialidades derivadas de la participacin de estas personas en los procesos de formacin y de evaluacin de aptitud profesional.

Tres. Se aade una nueva disposicin adicional novena, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional novena. Ttulos extranjeros homologados.

Los ttulos profesionales que se regulan en esta ley no sern exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente ley hubieran solicitado la homologacin de su ttulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo mximo de dos aos, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologacin, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposicin transitoria nica, que queda redactado en los siguientes trminos:

3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se encontraran en posesin del ttulo de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedicin y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrn de un plazo mximo de dos aos, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtencin de los ttulos profesionales que en ella se regulan.

Disposicin final cuarta. Procedimiento simplificado de mediacin por medios electrnicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, promover la resolucin de los conflictos que versen sobre meras reclamaciones de cantidad a travs de un procedimiento de mediacin simplificado que se desarrollar exclusivamente por medios electrnicos. Las posiciones de las partes, que en ningn caso se referirn a argumentos de confrontacin de derecho, quedarn reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestacin que la institucin de mediacin facilitar a los interesados. El procedimiento tendr una duracin mxima improrrogable de un mes, a contar desde el da siguiente a la recepcin de la solicitud por la institucin de mediacin.

Disposicin final quinta. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la mediacin exigidos en el real decreto-ley.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podr prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley a los mediadores y a las instituciones de mediacin, as como de su publicidad. Estos instrumentos podrn incluir la creacin de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediacin, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de mediacin de las Comunidades Autnomas, y en el que en atencin al incumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto-ley se podr dar de baja a un mediador.

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podr determinar la duracin y contenido mnimo del curso o cursos que con carcter previo habrn de realizar los mediadores para adquirir la formacin necesaria para el desempeo de la mediacin, as como la formacin continua que deben recibir.

Reglamentariamente se podr desarrollar el alcance de la obligacin de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores.

Disposicin final sexta. Ttulo competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislacin mercantil, procesal y civil, establecida en el artculo 149.1.6. y 8. de la Constitucin. No obstante lo anterior, la modificacin de la Ley 34/2006 se efecta al amparo del artculo 149.1.1., 6. y 30. de la Constitucin.

Disposicin final sptima. Incorporacin de normas de la Unin Europea.

Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho espaol la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediacin en asuntos civiles y mercantiles.

Disposicin final octava. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 5 de marzo de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 05/03/2012
  • Fecha de publicación: 06/03/2012
  • Entrada en vigor: 7 de marzo de 2012.
  • Fecha de derogación: 27/07/2012
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA, por Ley 5/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9112).
  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 29 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-4916).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 65, de 16 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-3749).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • art. 2.3, la disposicin transitoria nica.3 y AADE las disposiciones adicionales 8 y 9 a la Ley 34/2006, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2006-18870).
    • determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • art. 2.1.i) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-1993-7730).
  • TRANSPONE la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008 (Ref. DOUE-L-2008-80899).
Materias
  • Abogados
  • Cmaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacin
  • Cooperacin judicial internacional
  • Enjuiciamiento Civil
  • Mediacin
  • Procedimiento administrativo
  • Procuradores de los Tribunales

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