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Documento BOE-A-2010-9953

Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

PREMBULO

I

La evolucin social de un sistema democrtico avanzado como el que configura la Constitucin espaola determina que el ordenamiento jurdico est sometido a un proceso constante de revisin. La progresiva conquista de niveles de bienestar ms elevados no es concebible, en un marco jurdico de respeto a los derechos fundamentales, sin un paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, pilares indisolublemente unidos del concepto mismo de Estado de Derecho.

En este contexto, la presente reforma se enmarca en la confluencia de varias coordenadas que explican tanto su relativa extensin como la variedad de cuestiones que en ella se abordan.

Por un lado, Espaa tiene contradas obligaciones internacionales, especialmente en el mbito de la armonizacin jurdica europea, que exigen adaptaciones –a veces de considerable calado– de nuestras normas penales. Por otro, la experiencia aplicativa del Cdigo ha ido poniendo en evidencia algunas carencias o desviaciones que es preciso tratar de corregir. Y, en fin, la cambiante realidad social determina el surgimiento de nuevas cuestiones que han de ser abordadas. Sin olvidar que los numerosos y en ocasiones acelerados cambios introducidos en la arquitectura original del texto de 1995 han producido algunos efectos de distorsin o incongruencia necesitados de correccin.

A todo ello trata de dar respuesta esta Ley, en los trminos que siguen.

II

En materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Se exige para su apreciacin que el retraso en la tramitacin tenga carcter extraordinario, que no guarde proporcin con la complejidad de la causa y que no sea atribuible a la conducta del propio imputado. De esta manera se recogen los elementos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia como atenuante por analoga.

III

De conformidad con los principios que orientan la reforma, se procede a la modificacin del artculo 36. De esta forma, para los casos de penas privativas de libertad superiores a cinco aos, la exigencia de cumplimiento de al menos la mitad de la condena antes de poder obtener la clasificacin en tercer grado se establece en el caso de delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de trece aos, delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, as como los delitos cometidos en el seno de una organizacin o grupo criminal. Esta modificacin, que se estima conveniente para estos grupos de delitos de extrema gravedad, se considera por el contrario innecesaria como rgimen general respecto de todos los delitos sancionados con penas de prisin superiores a cinco aos. Por esta razn se elimina el automatismo hasta ahora vigente, introduciendo un mecanismo ms flexible que permita a los jueces y tribunales adecuar la responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a la personalidad del delincuente. As, la remodelacin del llamado periodo de seguridad garantiza la primordial finalidad constitucional de la pena, la resocializacin, sin que por otra parte ello comporte detrimento alguno en la persecucin por el Estado de otros fines legtimos de la misma.

IV

Es notorio, sin embargo, que en determinados supuestos de especial gravedad ese efecto rehabilitador de la pena se ve dificultado, en la medida en que sta no resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia.

La opcin inocuizadora, que se traducira en la prolongacin ilimitada y/o indiscriminada de la privacin de libertad, choca obviamente con principios elementales del Derecho Penal que la Constitucin ampara. Se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedad expresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valores no menos dignos de tutela, como son la seguridad y la libertad del resto de los ciudadanos, potenciales vctimas del delincuente no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, la dimensin retributiva de la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta idnea en una medida de seguridad.

Por ello la presente Ley introduce, mediante la modificacin parcial y una leve reordenacin del Ttulo IV del Libro Primero del Cdigo Penal, una nueva medida denominada libertad vigilada, que se inserta naturalmente en el rgimen general de dichas medidas de seguridad, algunas de las cuales se integran y refunden en ese concepto comn (artculo 106).

As, la libertad vigilada es una medida de seguridad que el Tribunal impone, de manera facultativa o preceptiva, segn la propia norma seala en cada caso, y cuyo contenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de los mrgenes de duracin especficos que en su caso resulten de la parte especial del Cdigo, tendentes no solo a la proteccin a las vctimas, sino tambin a la rehabilitacin y la reinsercin social del delincuente, objetivo que preside toda la reforma. Y que puede modificarse, ya en fase de ejecucin, atendiendo a la evolucin del sujeto y mediante un sencillo trmite que se caracteriza por un reforzamiento de la garanta de contradiccin, que alcanza incluso a las vctimas que no sean parte en el proceso.

La novedad sustancial que incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no slo cuando el pronstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patolgicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino tambin cuando la peligrosidad deriva del especfico pronstico del sujeto imputable en relacin con la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador as lo haya previsto de manera expresa. En estos casos, tal y como resulta del nuevo artculo 106.2, la medida no se establece, por obvias razones, con carcter alternativo a la pena de prisin o para su ejecucin previa a sta, sino que se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecucin posterior a la excarcelacin, y se har o no efectiva justamente en funcin de ese pronstico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderado despus con cadencia como mnimo anual (artculo 98.1).

Es importante destacar que en la concrecin del contenido de la libertad vigilada y en su eventual sustitucin, modificacin, suspensin o cesacin, intervienen tanto el Juez de Vigilancia Penitenciaria, debidamente informado por los servicios penitenciarios, como el Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacer ejecutar lo juzgado. Precisamente este ltimo, por haber juzgado, conoce con mayor detalle determinadas circunstancias del caso concurrentes con el pronstico penitenciario del sujeto, que pueden resultar determinantes para la eleccin de la medida o medidas en que ha de concretarse la libertad vigilada. Su duracin, en fin, se mantiene en general en un mximo de cinco aos, que es el que estableca hasta ahora el Cdigo para las medidas de seguridad no privativas de libertad que se refunden bajo el concepto de libertad vigilada, pero a ello se aade, ciertamente pensando en esta nueva modalidad postpenitenciaria, la posibilidad de que el propio Cdigo Penal la extienda hasta los diez aos (artculo 105.2), como, de hecho, esta misma Ley dispone para los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de terrorismo.

V

En esta lnea de evolucin de la respuesta jurdico-penal hacia frmulas ms operativas y mejor adaptadas a las actuales necesidades y demandas sociales, la secular carencia de penas alternativas a las penas cortas de prisin del sistema espaol ha motivado que en esta reforma se haya optado por otorgar un mayor protagonismo a la pena de localizacin permanente. Con este objetivo, se le confiere una mayor extensin y contenido, si bien se ha pensado que inicialmente, aunque con vocacin de futuras ampliaciones, su mbito de aplicacin se reduzca al marco de la sustitucin de las penas privativas de libertad. A tal efecto se articula el correspondiente mdulo de conversin en el artculo 88.

A la inversa, la localizacin permanente, en los supuestos en los que est prevista como pena principal, puede ser el instrumento adecuado para combatir con mayor rigor y eficacia los supuestos de reiteracin de faltas que han generado una especial inseguridad ciudadana en los ltimos tiempos. A estos efectos, constituyendo un lmite axiolgico infranqueable la asociacin a las faltas de penas de carcter leve, y descartado por tanto el recurso a la genuina pena de prisin, una respuesta proporcionada y disuasoria puede ser el cumplimiento excepcional de la localizacin permanente en centro penitenciario en rgimen de fin de semana y das festivos. Se trata de ofrecer una mayor dureza en la respuesta frente a la reiteracin de la infraccin que sea al tiempo compatible con la naturaleza leve de la sancin, evitando el efecto desocializador del rgimen de cumplimiento continuado que caracteriza a la pena de prisin propiamente dicha.

Como aclara la nueva redaccin dada al artculo 37, sern los concretos preceptos del Libro III los que den al Juez la posibilidad de acudir a este rgimen excepcional de cumplimiento. La presente reforma opta por restringir su aplicacin a las faltas reiteradas de hurto por un doble motivo. Por una parte, se trata del supuesto que, sobre todo en los ncleos urbanos ms importantes, ha generado la mayor preocupacin ciudadana y es el que a da de hoy realmente requiere la adopcin de esta medida. Por otro, la restriccin de esta modalidad de localizacin permanente a un supuesto puntual permitir aprovechar adecuadamente los recursos disponibles en el sistema penitenciario.

La reiteracin se hace depender del nmero de faltas cometidas, ya haya recado condena por todas ellas en un solo proceso o en procesos distintos. En los casos de faltas de hurto no juzgadas que superen los 400 euros de importe, ser de aplicacin el prrafo final del artculo 234 y la conducta habr de ser considerada como delito.

VI

Para solucionar los problemas interpretativos surgidos acerca de cul es el procedimiento penal donde debe abonarse el tiempo de prisin provisional sufrido por un imputado que al mismo tiempo est cumpliendo una pena de privacin de libertad impuesta en otra causa, se procede a la modificacin del artculo 58 para dejar claro que en esos supuestos solamente ser de abono el tiempo de prisin realmente sufrido en la liquidacin de condena referente a la pena que est cumpliendo.

VII

Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurdicas. Son numerosos los instrumentos jurdicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurdicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervencin de las mismas se hace ms evidente (corrupcin en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografa y prostitucin infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigracin ilegal, ataques a sistemas informticos...). Esta responsabilidad nicamente podr ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea.

Para la fijacin de la responsabilidad de las personas jurdicas se ha optado por establecer una doble va. Junto a la imputacin de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representacin en las mismas, se aade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurdica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideracin de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputacin.

Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurdica podr declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona fsica. En consecuencia, se suprime el actual apartado 2 del artculo 31.

En este mbito se concreta un catlogo de penas imponibles a las personas jurdicas, aadindose –respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolucin, suspensin de actividades, clausura de establecimientos...)–, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, para contratar con las Administraciones Pblicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Se opta en este punto por el sistema claramente predominante en el Derecho comparado y en los textos comunitarios objeto de transposicin, segn el cual la multa es la pena comn y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservndose la imposicin adicional de otras medidas ms severas slo para los supuestos cualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el nuevo artculo 66 bis. Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de las multas que les sean impuestas a las personas jurdicas cuando exista peligro para la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo, as como cuando lo aconseje el inters general. Adems, se regulan taxativamente los supuestos de atenuacin de la responsabilidad de las personas jurdicas, entre los que destacan la confesin de la infraccin a las autoridades, la reparacin del dao y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurdica.

En este apartado, al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurdicas pueda ser burlada por una disolucin encubierta o aparente o por su transformacin, fusin, absorcin o escisin, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolucin aparente o encubierta cuando aqulla contine con su actividad econmica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladndose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendindose a la entidad o entidades a que d lugar la escisin.

VIII

De singular importancia resulta la transposicin de la Decisin Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. Como se recoge en el instrumento internacional, el principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio econmico y, en consecuencia, el establecimiento de normas comunes relativas al seguimiento, embargo, incautacin y decomiso de los productos del delito es objetivo prioritario para conseguir una eficaz lucha contra aquella.

Por ello, se ha completado la regulacin existente del comiso encomendando a los jueces y tribunales acordarlo respecto de aquellos efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organizacin o grupo criminal, o bien cuando se trate de delitos de terrorismo, con independencia de si estos ltimos se cometen en el seno de una organizacin o grupo terrorista, tal y como se prev en la Decisin Marco 2002/475/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el terrorismo. Para facilitar la medida, se establece una presuncin de procedencia de actividades delictivas cuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organizacin o grupo criminal. Asimismo, se faculta a los jueces y tribunales para acordar el comiso cuando se trate de un delito imprudente que lleve aparejado en la ley la imposicin de una pena privativa de libertad superior a un ao.

IX

En el mbito de la prescripcin del delito, con el objetivo de aumentar la seguridad jurdica, se ha optado por una regulacin detallada del instituto que ponga fin a las diferencias interpretativas surgidas en los ltimos tiempos. Para llevar a cabo esta tarea, se ha prestado especial atencin a la necesidad de precisar el momento de inicio de la interrupcin de la prescripcin, establecindose que sta se produce, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciariamente como penalmente responsable. Para entender que ello ocurre se requiere, cuando menos, una actuacin material del Juez Instructor.

Del mismo modo, se ha considerado necesario abordar el problema de los efectos que para la interrupcin de la prescripcin puede tener la presentacin de denuncias o querellas y para ello se opta por suspender el cmputo de la prescripcin por un mximo de seis meses o dos meses, segn se trate de delito o falta, desde dicha presentacin siempre que sea ante un rgano judicial y contra una persona determinada. Si el rgano judicial no la admite a trmite o no dirige el procedimiento contra la persona denunciada o querellada, contina el cmputo de prescripcin desde la fecha de presentacin. Tambin continuar el cmputo si dentro de dichos plazos el Juez no adopta ninguna de las resoluciones citadas.

El replanteamiento del rgimen procesal de la prescripcin en los trminos expuestos aconseja tambin revisar algunos aspectos de su regulacin sustantiva. La impunidad debida a la prescripcin de ciertos delitos castigados con penas de no excesiva gravedad (estafas, delitos urbansticos, por ejemplo, o algunos delitos contra la Administracin Pblica), cuyo descubrimiento e investigacin pueden sin embargo resultar extremadamente complejos y dilatados, ha redundado en descrdito del sistema judicial y en directo perjuicio de las vctimas. En este sentido, se opta por elevar el plazo mnimo de prescripcin de los delitos a cinco aos, suprimiendo por tanto el plazo de tres aos que hasta ahora rega para los que tienen sealada pena de prisin o inhabilitacin inferior a tres aos.

Las modificaciones en materia de prescripcin del delito se completan con la declaracin de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de una persona. El fundamento de la institucin de la prescripcin se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad de aplicacin de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma se fundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente a conductas delictivas que presentan las caractersticas del tipo mencionado.

X

Como respuesta al fenmeno cada vez ms extendido de la compraventa de rganos humanos y al llamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punicin, se ha incorporado como infraccin penal la obtencin o el trfico ilcito de rganos humanos, as como el trasplante de los mismos. Ya en el ao 2004 la Organizacin Mundial de la Salud declar que la venta de rganos era contraria a la Declaracin Universal de Derechos Humanos, exhortando a los mdicos a que no realizasen trasplantes si tenan sospechas de que el rgano haba sido objeto de una transaccin. Recientemente, en la Cumbre internacional sobre turismo de trasplantes y trfico de rganos celebrada en mayo de 2008, representantes de 78 pases consensuaron la denominada Declaracin de Estambul, en donde se deja constancia de que dichas prcticas violan los principios de igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana debiendo ser erradicadas. Y, aunque nuestro Cdigo Penal ya contempla estas conductas en el delito de lesiones, se considera necesario dar un tratamiento diferenciado a dichas actividades castigando a todos aquellos que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtencin o el trfico ilegal de rganos humanos ajenos o su trasplante. En este marco, se ha considerado que tambin debe incriminarse, con posibilidad de moderar la sancin penal en atencin a las circunstancias concurrentes, al receptor del rgano que, conociendo su origen ilcito, consienta en la realizacin del trasplante.

XI

Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicolgico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedaran incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el mbito de las relaciones jurdico privadas como en el de las relaciones jurdico-pblicas.

Igualmente, al hilo de la proliferacin, durante la ltima dcada, de conductas acosadoras en la esfera de la vivienda, se sanciona tambin el acoso inmobiliario. Con ello se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a abandonarla para as alcanzar, en la mayora de los casos, objetivos especuladores. Distintos pronunciamientos judiciales haban venido poniendo de manifiesto las dificultades que para la represin de estas conductas se derivaba de la ausencia hasta el momento de una especfica regulacin penal de este fenmeno.

XII

El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigracin clandestina que contena el artculo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenmenos delictivos. La separacin de la regulacin de estas dos realidades resulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisos internacionales como para poner fin a los constantes conflictos interpretativos.

Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creacin del Ttulo VII bis, denominado De la trata de seres humanos. As, el artculo 177 bis tipifica un delito en el que prevalece la proteccin de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcar todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada.

En cambio, el delito de inmigracin clandestina siempre tendr carcter trasnacional, predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios.

Adems de la creacin del artculo 177 bis, y como consecuencia de la necesidad de dotar de coherencia interna al sistema, esta reestructuracin de los tipos ha requerido la derogacin de las normas contenidas en los artculos 313.1. y 318 bis. 2.

XIII

En el mbito de los delitos sexuales, junto al acrecentamiento del nivel de proteccin de las vctimas, especialmente de aquellas ms desvalidas, ha de mencionarse la necesidad de trasponer la Decisin Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotacin sexual de los nios y la pornografa infantil. Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidos sobre menores el bien jurdico a proteger adquiere una dimensin especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante las mismas se lesiona no slo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento vlidamente prestado, sino tambin la formacin y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor. Por ello se procede a la incorporacin, en el Ttulo VIII del Libro II del Cdigo Penal, del Captulo II bis denominado De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece aos. Por otra parte, la extensin de la utilizacin de Internet y de las tecnologas de la informacin y la comunicacin con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a travs de tales medios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de ndole sexual. Por ello, se introduce un nuevo artculo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado child grooming, previndose adems penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coaccin, intimidacin o engao.

En el mbito de las figuras de prostitucin y pornografa infantil, la traslacin de la Decisin Marco a nuestro ordenamiento determina la necesidad de tipificar nuevas conductas. Es el caso de la captacin de nios para que participen en espectculos pornogrficos, que queda incorporada a la regulacin en el artculo 189.1. Lo mismo sucede con la conducta de quien se lucra con la participacin de los nios en esta clase de espectculos, cuya incorporacin se realiza en el apartado 1. a) del artculo 189. En relacin al delito de prostitucin, se incorpora la conducta del cliente en aquellos casos en los que la relacin sexual se realice con una persona menor de edad o incapaz.

Para completar el elenco de normas destinadas a otorgar mayor proteccin a los menores, se considera adecuado crear la pena de privacin de la patria potestad o instituciones anlogas previstas en la legislacin civil de las Comunidades Autnomas que se incluye en el catlogo de penas privativas de derechos previstas en el artculo 39, fijndose su contenido en el artculo 46. Esta nueva pena tendr el carcter de principal en los supuestos previstos en el artculo 192 y el de pena accesoria de acuerdo a lo establecido en los artculos 55 y 56, cuando los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido una relacin directa con el delito cometido.

XIV

En el marco de los denominados delitos informticos, para cumplimentar la Decisin Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de informacin, se ha resuelto incardinar las conductas punibles en dos apartados diferentes, al tratarse de bienes jurdicos diversos. El primero, relativo a los daos, donde quedaran incluidas las consistentes en daar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informticos ajenos, as como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informtico ajeno. El segundo apartado se refiere al descubrimiento y revelacin de secretos, donde estara comprendido el acceso sin autorizacin vulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informticos contenidos en un sistema o en parte del mismo.

XV

Entre las estafas descritas en el artculo 248 del Cdigo Penal, cuyo catlogo en su momento ya se haba acrecentado con los fraudes informticos, ha sido preciso incorporar la cada vez ms extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando con ello operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

El sistema de cualificaciones o agravantes especficas propio de la estafa ha venido planteando problemas interpretativos en la praxis, pues da lugar a que se superpongan dobles valoraciones jurdicas sobre unos mismos elementos del hecho, cosa que es particularmente evidente cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagar, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio –que, adems, puede confundirse con alguna modalidad de falsedad documental– que son, a su vez, instrumento y materializacin del engao, y no algo que se sume al ardid defraudatorio, por lo cual su valoracin separada es innecesaria.

XVI

En el delito de alzamiento de bienes se han agravado las penas en los supuestos en que la deuda u obligacin que se trate de eludir sea de Derecho pblico y la acreedora sea una persona jurdico-pblica, as como cuando concurran determinadas circunstancias entre las que destaca la especial gravedad, en funcin de la entidad del perjuicio y de la situacin econmica en que deje a la victima o a su familia.

XVII

El agravamiento penolgico operado por la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre, en el mbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ha evidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas consistentes en la venta a pequea escala de copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, mxime cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mnimos de subsistencia. Por ello, aadiendo un prrafo segundo al apartado 1 del artculo 270 y modificando el apartado 2 del artculo 274, para aquellos casos de distribucin al por menor de escasa trascendencia, atendidas las caractersticas del culpable y la reducida cuanta del beneficio econmico obtenido por ste, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias de agravacin que el propio Cdigo Penal prev, se opta por sealar penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Adems, en tales supuestos, cuando el beneficio no alcance los 400 euros la conducta se castigar como falta.

XVIII

Teniendo como referente la Directiva 2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con informacin privilegiada y la manipulacin del mercado, se han llevado a cabo reformas en el campo de los delitos relativos al mercado y los consumidores. As, se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores, incriminando a los administradores de sociedades emisoras de valores negociados en los mercados de valores que falseen las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captar inversores u obtener crditos o prstamos.

Del mismo modo, se castiga la difusin de noticias o rumores sobre empresas donde se ofreciesen datos falsos para alterar o preservar el precio de cotizacin de un instrumento financiero y la conducta de quienes utilizando informacin privilegiada realicen transacciones u rdenes de operacin que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engaosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, o para asegurar, en concierto con otras personas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, as como el concierto para asegurarse una posicin dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero.

XIX

Otro de los aspectos importantes de la reforma es la transposicin de la Decisin Marco 2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupcin en el sector privado. La idea fuerza en este mbito es que la garanta de una competencia justa y honesta pasa por la represin de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a travs del delito de cohecho. Porque con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, se rompen las reglas de buen funcionamiento del mercado. La importancia del problema es grande si se repara en la repercusin que pueden tener las decisiones empresariales, no solo para sus protagonistas inmediatos, sino para otras muchas personas. Obviamente, las empresas pblicas o las empresas privadas que presten servicios pblicos sern sometidas a la disciplina penal del cohecho obviando, por voluntad legal, la condicin formal de funcionario que ha de tener al menos una de las partes.

Se ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas ms graves de corrupcin en el deporte. En este sentido se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, rbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competicin deportiva, siempre que estas tengan carcter profesional.

XX

Los delitos sobre la ordenacin del territorio y el urbanismo son objeto de reforma en varios aspectos. De un lado, se modifica la rbrica del Captulo I del Ttulo XVI del Libro II, en la que se explicita, junto a la ordenacin del territorio, el urbanismo como objeto de tutela. De otro lado, se introducen mejoras. As, se ampla el mbito de las conductas tpicas a las obras ilegales o clandestinas de urbanizacin, ya que stas pueden tener un mayor impacto sobre el territorio que las de mera construccin o edificacin, a las que adems suelen preceder. A fin de evitar la consolidacin de los beneficios del delito por parte del infractor, se perfecciona el sistema en lo que respecta a la pena de multa, establecindose, junto a la ya existente previsin de multa por cuotas diarias, la imposicin de multa proporcional para aquellos casos en que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante de la aplicacin de aquella. Adems, se concreta que en todo caso se dispondr el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

Respecto del delito de prevaricacin urbanstica, se completa el mbito de los objetos sobre los que se puede proyectar la conducta prevaricadora con la inclusin de los instrumentos de planeamiento, as como la de los proyectos de parcelacin y reparcelacin. Y, como vena siendo demandado por la doctrina, se otorga rango tpico a la ocultacin de actos ilcitos observados por la inspeccin y a la omisin de inspecciones que tuvieran carcter obligatorio. En todos estos supuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas, suprimindose adems en el artculo 320 la alternatividad entre la pena de prisin o multa a fin de evitar que los funcionarios y responsables pblicos tengan un tratamiento privilegiado.

XXI

Las modificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidad de acoger elementos de armonizacin normativa de la Unin Europea en este mbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce una agravacin de las penas y se incorporan a la legislacin penal espaola los supuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la proteccin del medio ambiente mediante el Derecho penal.

XXII

Se perfecciona tcnicamente el artculo 337, eliminando el requisito del ensaamiento, que dificultaba de manera notable la aplicacin del precepto, al objeto de dotar de una mayor proteccin a los animales domsticos o amansados frente a los malos tratos que ocasionen su muerte o menoscaben gravemente su salud.

XXIII

En el mbito de los delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad Social se ha producido un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas ms adecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas. Se prev asimismo que los jueces y tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administracin Tributaria para la ejecucin de la pena de multa y la responsabilidad civil.

En lo que respecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal la cuanta para considerar delictivos los hechos y se establece que para la determinacin de la cantidad defraudada se tomar como referencia el ao natural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades pblicas.

XXIV

En materia de trfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, de conformidad con las normas internacionales, en concreto la Decisin Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mnimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el mbito del trfico ilcito de drogas. De acuerdo con los criterios punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza el principio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relacin entre el tipo bsico y los tipos agravados de delito de trfico de drogas. Las numerosas agravaciones especficas que contiene el Cdigo Penal en esta materia –tambin de acuerdo con la pauta europea– siguen asegurando dentro de la nueva escala punitiva una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que realmente exigen una reaccin especialmente firme.

Asimismo, se acoge la previsin contenida en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 2. del Tribunal Supremo, de 25 de octubre de 2005, en relacin con la posibilidad de reducir la pena respecto de supuestos de escasa entidad, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias recogidas en los artculos 369 bis, 370 y siguientes.

Del mismo modo, se precisa ms adecuadamente la agravante de buque, en la que venan detectndose algunos problemas de interpretacin, aadindose el trmino embarcacin a fin de permitir la inclusin de otros tipos de embarcaciones habitualmente utilizadas en estos delitos, como, por ejemplo, las semirrgidas.

XXV

En la bsqueda de una mayor proporcionalidad en la respuesta jurdico penal a determinadas conductas de peligro abstracto, concretamente en el mbito de los delitos contra la seguridad vial, se ha considerado conveniente reformar los artculos 379 y 384 en un triple sentido. En primer lugar se equipara la pena de prisin prevista para ambos delitos, al entender que no existe razn de fondo que justifique la diferencia en la respuesta punitiva. Por otra parte, se elimina la actual disyuntiva entre la pena de prisin y la de multa y trabajos en beneficio de la comunidad, establecindose los tres tipos de penas como alternativas. De este modo se concede un mayor grado de arbitrio al Juez a la hora de decidir sobre la imposicin de cualquiera de las tres penas previstas, permitiendo reservar la pena de prisin, como la de mayor gravedad, para supuestos excepcionales. De otro lado, superando el sistema actual en el que nicamente se prev para el caso del delito del artculo 381, se introduce un nuevo artculo 385 bis en el que se establece que el vehculo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el Captulo se considerar instrumento del delito a los efectos de los artculos 127 y 128.

Por ltimo, en los supuestos de imposicin de la pena de prisin, tratndose de los delitos contenidos en los artculos 379, 383, 384 y 385, se concede a los jueces la facultad excepcional de rebajarla en grado atendiendo a la menor entidad del riesgo y a las dems circunstancias del hecho enjuiciado.

XXVI

Tambin se han abordado reformas en mbitos como el de la falsificacin de certificados, a la que se ha de aadir, en todas sus modalidades, la de documentos de identidad que se ha transformado en una prctica intolerablemente extendida. Por razones fcilmente comprensibles, la intervencin penal se extiende al trfico de documentos de identidad falsos, as como a las mismas conductas realizadas en relacin con documentos de identidad pertenecientes a otro Estado de la Unin Europea o de un tercer Estado si el objetivo es utilizarlos en Espaa.

Las tarjetas de crdito o dbito requieren tambin su propia tutela frente a la falsificacin, a cuyo fin se describe especficamente esa conducta referida a ellas o a los cheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que estas actividades delictivas se descubren como propias de organizaciones criminales obliga al establecimiento de las correspondientes previsiones represoras. La tutela penal se extiende a su vez al trfico con esos instrumentos falsos y a su uso y tenencia en condiciones que permitan inferir su destino al trfico, aunque no se haya intervenido en la falsificacin.

XXVII

En los delitos de cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra legislacin a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, al Convenio Penal sobre la corrupcin del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y al Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artculo k.3 del Tratado de la Unin Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupcin en los que estn implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unin Europea.

Con base en lo establecido en dichos convenios se precisaba una adaptacin de las penas, pues se exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradicin. A ello se suma la conveniencia de extender el concepto de funcionario para que alcance tambin al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro pas miembro de la Unin Europea.

A travs de las Leyes Orgnicas 3/2000 y 15/2003 se incorpor a nuestro Cdigo Penal el delito de corrupcin de funcionario pblico extranjero en las transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) de Lucha contra la Corrupcin de Agentes Pblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, lo cierto es que la configuracin del tipo penal presenta deficiencias que demandan una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro Derecho interno a los trminos del Convenio, lo que obliga a dar una nueva redaccin al artculo 445 para que as quepa, de una parte, acoger conductas de corrupcin que no estn suficientemente contempladas en la actualidad, as como regular con precisin la responsabilidad penal de personas jurdicas que intervengan en esa clase de hechos.

XXVIII

El devenir de los pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actual delito de asociacin ilcita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones criminales.

En primer lugar –y de ello da prueba la escasa aplicacin del vigente artculo 515 del Cdigo Penal, fuera de los casos de bandas armadas u organizaciones terroristas– la configuracin de dicho delito como una manifestacin de ejercicio abusivo, desviado o patolgico del derecho de asociacin que consagra el artculo 22 de la Constitucin, no responde ni a la letra ni al espritu de esta norma. El texto constitucional declara la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; de donde desde luego no es forzoso deducir que cualquier agrupacin de personas en torno a una actividad delictiva pueda conceptuarse como asociacin, y menos an asimilarse al ejercicio de un derecho fundamental, como sugiere la ubicacin sistemtica de la norma penal.

Las organizaciones y grupos criminales en general no son realmente asociaciones que delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrnsecamente delictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurdica alguna, o dotadas de tal apariencia con el exclusivo propsito de ocultar su actividad y buscar su impunidad. Adicionalmente hay que apuntar que la inclusin de las organizaciones terroristas en el artculo 515 del Cdigo Penal haba generado problemas en el campo de la cooperacin internacional por los problemas que para el cumplimiento del requisito de doble incriminacin supona la calificacin de la organizacin terrorista como asociacin ilcita.

A sabiendas, precisamente, de la polmica doctrinal surgida en torno a la ubicacin sistemtica de estos tipos penales, se ha optado finalmente, en el propsito de alterar lo menos posible la estructura del vigente Cdigo Penal, por situarlos dentro del Ttulo XXII del Libro II, es decir, en el marco de los delitos contra el orden pblico. Lo son, inequvocamente, si se tiene en cuenta que el fenmeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de la democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicar cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivas llevadas a cabo en su seno o a travs de ellas, se caracterizan en el aspecto cualitativo por generar procedimientos e instrumentos complejos especficamente dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a la ocultacin de sus recursos y de los rendimientos de aqullas, en lo posible dentro de una falsa apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios jurdicos, e incluso afectando a la gestin y a la capacidad de accin de los rganos del Estado.

La seguridad jurdica, la vigencia efectiva del principio de legalidad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la democracia, constituyen de este modo objetivos directos de la accin destructiva de estas organizaciones. La reaccin penal frente a su existencia se sita, por tanto, en el ncleo mismo del concepto de orden pblico, entendido ste en la acepcin que corresponde a un Estado de Derecho, es decir, como ncleo esencial de preservacin de los referidos principios, derechos y libertades constitucionales.

Hay que recordar tambin que la jurisprudencia relativa al delito de asociacin ilcita, as como la que ha analizado las ocasionales menciones que el Cdigo Penal vigente hace a las organizaciones criminales (por ejemplo, en materia de trfico de drogas), requiere la comprobacin de una estructura con vocacin de permanencia, quedando fuera por tanto otros fenmenos anlogos muy extendidos en la sociedad actual, a veces extremadamente peligrosos o violentos, que no renen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a esta realidad conduce a la definicin, en paralelo con las organizaciones, de los que esta Ley denomina grupos criminales, definidos en el nuevo artculo 570 ter precisamente por exclusin, es decir, como formas de concertacin criminal que no encajan en el arquetipo de las citadas organizaciones, pero s aportan un plus de peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes.

La estructura de las nuevas infracciones responde a un esquema similar en ambos casos, organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son ms graves en el caso de las primeras, cuya estructura ms compleja responde al deliberado propsito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente mayor para la seguridad y orden jurdico, y por otra parte su distinta naturaleza exige algunas diferencias en la descripcin de las acciones tpicas.

As, en el caso de las organizaciones criminales, el nuevo artculo 570 bis tipifica primero las conductas bsicas de constitucin, direccin y coordinacin, distinguiendo segn se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales (incluida la reiteracin de faltas), y en un segundo nivel punitivo sita las actividades de participacin o cooperacin, a las que se anuda una respuesta penal inferior, agregando en fin agravaciones especficas en funcin de las caractersticas de la organizacin y el tipo de delitos que tiene por objeto.

Los grupos criminales se contemplan en el artculo 570 ter, equiparndose las conductas de constitucin de los mismos con la financiacin de su actividad o la integracin en ellos, pero siempre distinguiendo la respuesta punitiva a partir de la gravedad de las infracciones criminales que tratan de cometer, en trminos anlogos a los que rigen para las organizaciones, y con similares agravaciones en razn de las caractersticas del grupo.

XXIX

Segn se ha adelantado, otra de las importantes novedades que introduce la presente ley es una profunda reordenacin y clarificacin del tratamiento penal de las conductas terroristas, incluyendo entre ellas la propia formacin, integracin o participacin en organizaciones o grupos terroristas, al tiempo que se incorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las obligaciones legislativas derivadas de la Decisin Marco 2008/919/JAI.

El tratamiento de estas organizaciones y grupos se desplaza a un nuevo captulo VII del Ttulo XXII, aprovechando a tal fin el artculo 571, cuyo contenido se traslada al 572, lo que permite constituir con aquel una seccin primera dedicada a dichas organizaciones y grupos, para mantener en la segunda los actuales delitos de terrorismo. As, se sitan las organizaciones y grupos terroristas –por obvias razones de proximidad conceptual, en los trminos y por las razones ya expuestas– a continuacin de las organizaciones y grupos criminales, al tiempo que se unifica en un mismo captulo del Cdigo Penal la reaccin penal contra todas las manifestaciones de terrorismo.

En atencin a la gravedad intrnseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor amenaza para el Estado de Derecho, as como a la peculiar forma de operar de determinados grupos o clulas terroristas de relativamente reciente desarrollo en el plano internacional, cuyo grado de autonoma constituye precisamente un factor aadido de dificultad para su identificacin y desarticulacin, se opta –a diferencia del esquema adoptado en el captulo anterior para las otras organizaciones y grupos criminales– por equiparar plenamente el tratamiento punitivo de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas, manteniendo en este punto la misma respuesta penal que hasta ahora haba venido dando la jurisprudencia.

De conformidad con la pauta marcada por la citada Decisin Marco, al artculo 576 se aade un nmero 3 que ampla el concepto de colaboracin con organizacin o grupo terrorista, asimilndoles conductas que hasta el presente han planteado algunas dificultades de encaje legal: as se ofrece la oportuna respuesta punitiva a la actuacin de los grupos o clulas –e incluso de las conductas individuales– que tienen por objeto la captacin, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formacin de terroristas. En la misma lnea apuntada por la normativa armonizadora europea, se recogen en el primer apartado del artculo 579 las conductas de distribucin o difusin pblica, por cualquier medio, de mensajes o consignas que, sin llegar necesariamente a constituir resoluciones manifestadas de delito (esto es, provocacin, conspiracin o proposicin para la realizacin de una concreta accin criminal) se han acreditado como medios innegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en un instante concreto, llegue a madurar la decisin ejecutiva de delinquir, si bien, tal y como exigen la Decisin Marco y el Convenio del Consejo de Europa sobre terrorismo, tales conductas debern generar o incrementar un cierto riesgo de comisin de un delito de terrorismo.

Por su parte, el artculo 576 bis, que haba quedado vaco de contenido tras su derogacin por la Ley Orgnica 2/2005 de 22 de junio, pasa ahora a recoger la tipificacin expresa del delito de financiacin del terrorismo, que adems se completa, siguiendo la lnea normativa trazada en materia de blanqueo de capitales, con la inclusin de la conducta imprudente de los sujetos especialmente obligados a colaborar con la Administracin en la prevencin de dicha financiacin.

Para concluir este apartado, y de acuerdo con las consideraciones que en su lugar se realizaron, se ha previsto la aplicacin a estos sujetos de la nueva medida postpenitenciaria de libertad vigilada por un tiempo de cinco a diez aos, que no obstante puede quedar excluida cuando, tratndose de un solo delito aislado y no grave, cometido por un delincuente primario, quede a juicio del Tribunal acreditada la falta de peligrosidad del autor.

XXX

Las normas de desarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, as como la ratificacin por Espaa de otros instrumentos de Derecho Internacional Humanitario, entre los que destacan la Convencin de 18 de septiembre de 1997 (Tratado de Ottawa) sobre la prohibicin del empleo, almacenamiento, produccin y transferencia de minas antipersonas y sobre su destruccin, la Convencin sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de 9 de diciembre de 1994, el Segundo Protocolo de 26 de marzo de 1999 de la Convencin de La Haya de 1954, sobre proteccin de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el Protocolo Facultativo de 25 de mayo de 2000 de la Convencin de 1989, sobre los derechos del nio, relativo a la participacin de los nios en los conflictos armados, han puesto de relieve la necesidad de adecuar los delitos contra la comunidad internacional.

Es de destacar la especial proteccin penal dispensada a mujeres y nios en conflictos armados castigndose expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violacin, esclavitud sexual, prostitucin inducida o forzada, embarazo forzado, esterilizacin forzada o cualquier otra forma de agresin sexual y, a aquellos que recluten o alisten a menores de 18 aos o los utilicen para participar directamente en dichos conflictos.

Por ltimo, se procede a la creacin de un nuevo delito de piratera dentro del Ttulo dedicado a los delitos contra la comunidad internacional. La razn de ser de esta reforma radica en la necesidad de dar respuesta a la problemtica de los eventuales actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin martima y area, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de Montego Bay de 10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convencin sobre la navegacin martima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.

XXXI

Finalmente, entre las reformas que se realizan con ocasin de esta modificacin del Cdigo Penal figura tambin –en la lnea de proteccin de las vctimas de delitos que la caracteriza– la introduccin de una tutela civil especfica de los derechos de stas. No infrecuentemente, en los ltimos tiempos han accedido a la programacin de los medios de comunicacin autores de infracciones penales condenados por sentencia firme que llegan a hacer ostentacin de la conducta criminal perpetrada, difunden datos manifiestamente falsos sobre la misma y obtienen adems con ello un lucro econmico injustificable. Tales comportamientos atentan contra la dignidad de quienes han sufrido las consecuencias de esos actos y de sus allegados, que son sometidos a una nueva experiencia traumtica derivada de esta invasin pblica de su honor e intimidad. Dadas las limitaciones que caracterizan al Derecho penal, se ha considerado que la va idnea para responder adecuadamente a este fenmeno consiste en articular una accin civil eficaz que, en el marco de la Ley Orgnica 1/1982, permita a las vctimas actuar frente a este tipo de conductas instando su cese, el resarcimiento del dao moral causado y la evitacin de todo enriquecimiento injusto derivado de esta intromisin ilegtima. Adems, a fin de reforzar la tutela, se ha optado por legitimar para la accin al Ministerio Fiscal, en tanto que defensor de los derechos de los ciudadanos.

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

Primero.

La circunstancia 6. del artculo 21 pasa a ser 7. y se aade una circunstancia 6. con la redaccin siguiente:

6. La dilacin extraordinaria e indebida en la tramitacin del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporcin con la complejidad de la causa.

Segundo.

Se modifica la circunstancia 4. del artculo 22, que queda redactada como sigue:

4. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminacin referente a la ideologa, religin o creencias de la vctima, la etnia, raza o nacin a la que pertenezca, su sexo, orientacin o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

Tercero.

Se suprime el apartado 2 del artculo 31.

Cuarto.

Se aade el artculo 31 bis, que tendr la siguiente redaccin:

1. En los supuestos previstos en este Cdigo, las personas jurdicas sern penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurdicas sern tambin penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas fsicas mencionadas en el prrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. La responsabilidad penal de las personas jurdicas ser exigible siempre que se constate la comisin de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona fsica responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularn las respectivas cuantas, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relacin con la gravedad de aqullos.

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustrado a la accin de la justicia, no excluir ni modificar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.

4. Slo podrn considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurdicas haber realizado, con posterioridad a la comisin del delito y a travs de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infraccin a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigacin del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el dao causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurdica.

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurdicas no sern aplicables al Estado, a las Administraciones Pblicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, lasAgencias y Entidades Pblicas Empresariales, a los partidos polticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho pblico, ni aaquellas otras que ejerzan potestades pblicas de soberana, administrativaso cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten polticas pblicas o presten servicios de inters econmico general.

En estos supuestos, los rganos jurisdiccionales podrn efectuar declaracin de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurdica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propsito de eludir una eventual responsabilidad penal.

Quinto.

Se aade la letra j) al apartado 2, se modifica la letra j) y se aaden las letras l) y m) al apartado 3, se modifica la letra g) del apartado 4 y se aade un apartado 7 al artculo 33 con el siguiente contenido:

2. Son penas graves:

[…]

j) La privacin de la patria potestad.

3. Son penas menos graves:

[…]

j) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuanta, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artculo.

l) La localizacin permanente de tres meses y un da a seis meses.

m) La prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duracin.

4. Son penas leves:

[…]

g) La localizacin permanente de un da a tres meses.

7. Las penas aplicables a las personas jurdicas, que tienen todas la consideracin de graves, son las siguientes:

a) Multa por cuotas o proporcional.

b) Disolucin de la persona jurdica. La disolucin producir la prdida definitiva de su personalidad jurdica, as como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el trfico jurdico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lcita.

c) Suspensin de sus actividades por un plazo que no podr exceder de cinco aos.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podr exceder de cinco aos.

e) Prohibicin de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibicin podr ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podr exceder de quince aos.

f) Inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, para contratar con el sector pblico y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podr exceder de quince aos.

g) Intervencin judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podr exceder de cinco aos.

La intervencin podr afectar a la totalidad de la organizacin o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinar exactamente el contenido de la intervencin y determinar quin se har cargo de la intervencin y en qu plazos deber realizar informes de seguimiento para el rgano judicial. La intervencin se podr modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendr derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurdica y a recibir cuanta informacin estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarn los aspectos relacionados con el ejercicio de la funcin de interventor, como la retribucin o la cualificacin necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensin de las actividades sociales y la intervencin judicial podrn ser acordadas tambin por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instruccin de la causa.

Sexto.

Se modifica el apartado 2 del artculo 36, que queda redactado como sigue:

2. Cuando la duracin de la pena de prisin impuesta sea superior a cinco aos, el Juez o Tribunal podr ordenar que la clasificacin del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efecte hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

En cualquier caso, cuando la duracin de la pena de prisin impuesta sea superior a cinco aos y se trate de los delitos enumerados a continuacin, la clasificacin del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podr efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Captulo VII del Ttulo XXII del Libro II de este Cdigo.

b) Delitos cometidos en el seno de una organizacin o grupo criminal.

c) Delitos del artculo 183.

d) Delitos del Captulo V del Ttulo VIII del Libro II de este Cdigo, cuando la vctima sea menor de trece aos.

El Juez de Vigilancia, previo pronstico individualizado y favorable de reinsercin social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolucin del tratamiento reeducador, podr acordar razonadamente, odos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las dems partes, la aplicacin del rgimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el prrafo anterior.

Sptimo.

Se modifica el apartado 1 y se aade el apartado 4 al artculo 37, que quedan redactados como sigue:

1. La localizacin permanente tendr una duracin de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localizacin permanente est prevista como pena principal, atendiendo a la reiteracin en la comisin de la infraccin y siempre que as lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podr acordar en sentencia que la pena de localizacin permanente se cumpla los sbados, domingos y das festivos en el centro penitenciario ms prximo al domicilio del penado.

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podr acordar la utilizacin de medios mecnicos o electrnicos que permitan la localizacin del reo.

Octavo.

Se aade la letra j) al artculo 39, que queda redactada como sigue:

Son penas privativas de derechos:

[....]

j) La privacin de la patria potestad.

Noveno.

Se modifica el artculo 46, que queda redactado como sigue:

La inhabilitacin especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extincin de las dems, as como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privacin de la patria potestad implica la prdida de la titularidad de la misma, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o Tribunal podr acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o incapaces que estn a cargo del penado, en atencin a las circunstancias del caso.

A los efectos de este artculo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Cdigo Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones anlogas previstas en la legislacin civil de las Comunidades Autnomas.

Dcimo.

Se modifica el apartado 1 del artculo 48, que queda redactado como sigue:

1. La privacin del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida la vctima o su familia, si fueren distintos.

Undcimo.

Se modifica el prrafo primero del artculo 49, que queda redactado como sigue:

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrn imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperacin no retribuida en determinadas actividades de utilidad pblica, que podrn consistir, en relacin con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparacin de los daos causados o de apoyo o asistencia a las vctimas, as como en la participacin del penado en talleres o programas formativos o de reeducacin, laborales, culturales, de educacin vial, sexual y otros similares. Su duracin diaria no podr exceder de ocho horas y sus condiciones sern las siguientes:

Duodcimo.

Se modifican los apartados 3 y 4 del artculo 50, que quedan redactados como sigue:

3. Su extensin mnima ser de diez das y la mxima de dos aos. Las penas de multa imponibles a personas jurdicas tendrn una extensin mxima de cinco aos.

4. La cuota diaria tendr un mnimo de dos y un mximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurdicas, en las que la cuota diaria tendr un mnimo de 30 y un mximo de 5.000 euros. A efectos de cmputo, cuando se fije la duracin por meses o por aos, se entender que los meses son de treinta das y los aos de trescientos sesenta.

Decimotercero.

Se aade un apartado 4 al artculo 52 con la siguiente redaccin:

4. En los casos en los que este Cdigo prev una pena de multa para las personas jurdicas en proporcin al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el clculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivar la imposibilidad de proceder a tal clculo y las multas previstas se sustituirn por las siguientes:

a) Multa de dos a cinco aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos aos, en el resto de los casos.

Decimocuarto.

Se aade un apartado 5 al artculo 53 con la siguiente redaccin:

5. Podr ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurdica, durante un perodo de hasta cinco aos, cuando su cuanta ponga probadamente en peligro la supervivencia de aqulla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el inters general. Si la persona jurdica condenada no satisficiere, voluntariamente o por va de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere sealado, el Tribunal podr acordar su intervencin hasta el pago total de la misma.

Decimoquinto.

Se modifica el artculo 55, que queda redactado como sigue:

La pena de prisin igual o superior a diez aos llevar consigo la inhabilitacin absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que sta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podr adems disponer la inhabilitacin especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privacin de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relacin directa con el delito cometido. Esta vinculacin deber determinarse expresamente en la sentencia.

Decimosexto.

Se modifica la circunstancia 3. del apartado 1 del artculo 56, que queda redactada como sigue:

1. En las penas de prisin inferiores a diez aos, los jueces o tribunales impondrn, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes:

[…]

3. Inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico, profesin, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privacin de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relacin directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculacin, sin perjuicio de la aplicacin de lo previsto en el artculo 579 de este Cdigo.

Decimosptimo.

Se modifica el apartado 1 del artculo 58, que queda redactado como sigue:

1. El tiempo de privacin de libertad sufrido provisionalmente ser abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privacin fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privacin de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningn caso un mismo periodo de privacin de libertad podr ser abonado en ms de una causa.

Decimoctavo.

Se aade un artculo 66 bis nuevo, que tendr la siguiente redaccin:

En la aplicacin de las penas impuestas a las personas jurdicas se estar a lo dispuesto en las reglas 1. a 4. y 6. a 8. del primer nmero del artculo 66, as como a las siguientes:

1. En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposicin y la extensin de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33 habr de tenerse en cuenta:

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.

b) Sus consecuencias econmicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.

c) El puesto que en la estructura de la persona jurdica ocupa la persona fsica u rgano que incumpli el deber de control.

2. Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artculo 33 se impongan con una duracin limitada, sta no podr exceder la duracin mxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona fsica.

Para la imposicin de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos aos ser necesario que se d alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que la persona jurdica sea reincidente.

b) Que la persona jurdica se utilice instrumentalmente para la comisin de ilcitos penales. Se entender que se est ante este ltimo supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurdica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Para la imposicin con carcter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposicin por un plazo superior a cinco aos de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artculo 33, ser necesario que se d alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que se est ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5. del primer nmero del artculo 66.

b) Que la persona jurdica se utilice instrumentalmente para la comisin de ilcitos penales. Se entender que se est ante este ltimo supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurdica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Decimonoveno.

Se modifica el artculo 83, apartado 1, punto 5 que queda redactado como sigue:

5. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educacin vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de proteccin de los animales y otros similares.

Vigsimo.

Se modifican los prrafos primero y tercero del apartado 1 del artculo 88, que quedan redactados como sigue:

1. Los jueces o tribunales podrn sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecucin, las penas de prisin que no excedan de un ao por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisin que no excedan de seis meses, tambin por localizacin permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el dao causado as lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyndose cada da de prisin por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un da de localizacin permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podr adems imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artculo 83 de este Cdigo, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podr exceder de la duracin de la pena sustituida.

[...]

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de gnero, la pena de prisin slo podr ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localizacin permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la vctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondr adicionalmente, adems de la sujecin a programas especficos de reeducacin y tratamiento psicolgico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. y 2., del apartado 1 del artculo 83 de este Cdigo.

Vigsimo primero.

Se modifica el artculo 89, que queda redactado como sigue:

1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis aos impuestas a un extranjero no residente legalmente en Espaa sern sustituidas en la sentencia por su expulsin del territorio espaol, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en Espaa.

Tambin podr acordarse la expulsin en auto motivado posterior, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las dems partes personadas.

2. El extranjero no podr regresar a Espaa en un plazo de cinco a diez aos, contados desde la fecha de su expulsin, atendidas la duracin de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.

3. La expulsin llevar consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorizacin para residir o trabajar en Espaa.

4. Si el extranjero expulsado regresara a Espaa antes de transcurrir el perodo de tiempo establecido judicialmente, cumplir las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, ser expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibicin de entrada en su integridad.

5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las partes personadas, acordarn en sentencia, o durante su ejecucin, la expulsin del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en Espaa, que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento en Espaa.

6. Cuando, al acordarse la expulsin en cualquiera de los supuestos previstos en este artculo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecucin de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podr acordar, con el fin de asegurar la expulsin, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los trminos y con los lmites y garantas previstos en la Ley para la expulsin gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitucin de la pena privativa de libertad por la expulsin, sta no pudiera llevarse a efecto, se proceder a la ejecucin de la pena originariamente impuesta o del perodo de condena pendiente, o a la aplicacin, en su caso, de la suspensin de la ejecucin de la misma o su sustitucin en los trminos del artculo 88 de este Cdigo.

7. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no sern de aplicacin a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisin de delitos a que se refieren los artculos 312, 313 y 318 bis de este Cdigo.

Vigsimo segundo.

Se modifica el apartado 3 del artculo 96, que queda redactado como sigue:

3. Son medidas no privativas de libertad:

1.) La inhabilitacin profesional.

2.) La expulsin del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en Espaa.

3.) La libertad vigilada

4.) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedar sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercer en relacin con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

5.) La privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores.

6.) La privacin del derecho a la tenencia y porte de armas.

Vigsimo tercero.

Se modifica el artculo 97, que queda redactado como sigue:

Durante la ejecucin de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptar, por el procedimiento establecido en el artculo siguiente, alguna de las siguientes decisiones:

a) Mantener la ejecucin de la medida de seguridad impuesta.

b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.

c) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime ms adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitucin y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejar sin efecto la sustitucin, volvindose a aplicar la medida sustituida.

d) Dejar en suspenso la ejecucin de la medida en atencin al resultado ya obtenido con su aplicacin, por un plazo no superior al que reste hasta el mximo sealado en la sentencia que la impuso. La suspensin quedar condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podr dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artculo 95 de este Cdigo.

Vigsimo cuarto.

Se modifica el artculo 98, que queda redactado como sigue:

1. A los efectos del artculo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse despus del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estar obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitucin o suspensin de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deber valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Pblicas competentes y, en su caso, el resultado de las dems actuaciones que a este fin ordene.

2. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabar directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situacin y la evolucin del condenado, su grado de rehabilitacin y el pronstico de reincidencia o reiteracin delictiva.

3. En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolver motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, oda la propia persona sometida a la medida, as como el Ministerio Fiscal y las dems partes. Se oir asimismo a las vctimas del delito que no estuvieren personadas cuando as lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecucin de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto.

Vigsimo quinto.

Se modifica el apartado 3 del artculo 100, que queda redactado como sigue:

3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducir testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerar quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento mdico o a continuar un tratamiento mdico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podr acordar la sustitucin del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.

Vigsimo sexto.

Se modifica el apartado 3 del artculo 103 del Cdigo Penal, que queda redactado como sigue:

3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artculo 98 de este Cdigo deber hacerse al terminar cada curso o grado de enseanza.

Vigsimo sptimo.

Se modifica el artculo 105, que queda redactado como sigue:

En los casos previstos en los artculos 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecucin de la misma, el Juez o Tribunal podr imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran a continuacin. Deber asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas en los dems casos expresamente previstos en este Cdigo.

1. Por un tiempo no superior a cinco aos:

a) Libertad vigilada.

b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedar sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercer en relacin con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

2. Por un tiempo de hasta diez aos:

a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Cdigo.

b) La privacin del derecho a la tenencia y porte de armas.

c) La privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores.

Para decretar la obligacin de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este artculo, as como para concretar dicha obligacin cuando por ley viene obligado a imponerlas, el Juez o Tribunal sentenciador deber valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administracin correspondiente informarn al Juez o Tribunal sentenciador.

En los casos previstos en este artculo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondr que los servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o atencin que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad.

Vigsimo octavo.

Se modifica el artculo 106, que queda redactado como sigue:

1. La libertad vigilada consistir en el sometimiento del condenado a control judicial a travs del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) La obligacin de estar siempre localizable mediante aparatos electrnicos que permitan su seguimiento permanente.

b) La obligacin de presentarse peridicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo mximo y por el medio que el Juez o Tribunal seale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.

d) La prohibicin de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorizacin del Juez o Tribunal.

e) La prohibicin de aproximarse a la vctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

f) La prohibicin de comunicarse con la vctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

g) La prohibicin de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.

h) La prohibicin de residir en determinados lugares.

i) La prohibicin de desempear determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasin para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

j) La obligacin de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educacin sexual u otros similares.

k) La obligacin de seguir tratamiento mdico externo, o de someterse a un control mdico peridico.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 105, el Juez o Tribunal deber imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que as lo disponga de manera expresa este Cdigo.

En estos casos, al menos dos meses antes de la extincin de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artculo 98, elevar la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretar, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 97, el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artculo que habr de observar el condenado.

Si ste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el prrafo anterior se entender referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas.

Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultneamente, las cumplir de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.

3. Por el mismo procedimiento del artculo 98, el Juez o Tribunal podr:

a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.

b) Reducir la duracin de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronstico positivo de reinsercin que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.

c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se d en el momento de concrecin de las medidas que se regula en el nmero 2 del presente artculo.

4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los nmeros anteriores, podr modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducir, adems, testimonio por un presunto delito del artculo 468 de este Cdigo.

Vigsimo noveno.

Se aade un apartado 3 al artculo 116, que tendr la siguiente redaccin:

3. La responsabilidad penal de una persona jurdica llevar consigo su responsabilidad civil en los trminos establecidos en el artculo 110 de este Cdigo de forma solidaria con las personas fsicas que fueren condenadas por los mismos hechos.

Trigsimo.

Se modifica el artculo 127, que queda redactado como sigue:

1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevar consigo la prdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, as como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras sern decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente.

El Juez o Tribunal deber ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organizacin o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entender que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organizacin o grupo criminal o terrorista o por un delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.

2. En los casos en que la ley prevea la imposicin de una pena privativa de libertad superior a un ao por la comisin de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podr acordar la prdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, as como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes sealados en los apartados anteriores de este artculo, se acordar el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho.

4. El Juez o Tribunal podr acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artculo aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse sta extinguido, en este ltimo caso, siempre que quede demostrada la situacin patrimonial ilcita.

5. Los que se decomisan se vendern, si son de lcito comercio, aplicndose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dar el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarn.”

Trigsimo primero.

Se modifica el artculo 129, que queda redactado como sigue:

1. En caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboracin, a travs o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurdica, no estn comprendidas en el artculo 31 bis de este Cdigo, el Juez o Tribunal podr imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g) del artculo 33.7. Podr tambin acordar la prohibicin definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lcita.

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior slo podrn aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en l mencionados cuando este Cdigo lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurdicas.

3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensin de las actividades sociales y la intervencin judicial podrn ser acordadas tambin por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instruccin de la causa a los efectos establecidos en este artculo y con los lmites sealados en el artculo 33.7.

Trigsimo segundo.

El actual artculo 130 pasa a ser el apartado 1 de dicho artculo y se le aade un apartado 2, con el siguiente contenido:

2. La transformacin, fusin, absorcin o escisin de una persona jurdica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladar a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extender a la entidad o entidades que resulten de la escisin. El Juez o Tribunal podr moderar el traslado de la pena a la persona jurdica en funcin de la proporcin que la persona jurdica originariamente responsable del delito guarde con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolucin encubierta o meramente aparente de la persona jurdica. Se considerar en todo caso que existe disolucin encubierta o meramente aparente de la persona jurdica cuando se contine su actividad econmica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte ms relevante de todos ellos.

Trigsimo tercero.

Se modifica el prrafo cuarto y se suprime el prrafo quinto del apartado 1, se modifica el apartado 4 y se aade un apartado 5 al artculo 131, que quedan redactados como sigue:

1. Los delitos prescriben:

[…]

A los cinco, los dems delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al ao.

4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artculo 614, no prescribirn en ningn caso.

Tampoco prescribirn los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.

5. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripcin ser el que corresponda al delito ms grave.

Trigsimo cuarto.

Se modifica el apartado 2 del artculo 132, que queda redactado como sigue:

2. La prescripcin se interrumpir, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Se entender dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolucin judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participacin en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2. No obstante lo anterior, la presentacin de querella o la denuncia formulada ante un rgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participacin en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspender el cmputo de la prescripcin por un plazo mximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentacin de la querella o de formulacin de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupcin de la prescripcin se entender retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentacin de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cmputo del trmino de prescripcin continuar desde la fecha de presentacin de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolucin judicial firme de inadmisin a trmite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuacin del cmputo se producir tambin si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instruccin no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artculo.

3. A los efectos de este artculo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deber quedar suficientemente determinada en la resolucin judicial, ya sea mediante su identificacin directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificacin en el seno de la organizacin o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.

Trigsimo quinto.

Se modifica el apartado 2 del artculo 133, que queda redactado como sigue:

2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artculo 614, no prescribirn en ningn caso.

Tampoco prescribirn las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.

Trigsimo sexto.

Se aade el artculo 156 bis, que tendr la siguiente redaccin:

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtencin o el trfico ilegal de rganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos sern castigados con la pena de prisin de seis a doce aos si se tratara de un rgano principal, y de prisin de tres a seis aos si el rgano fuera no principal.

2. Si el receptor del rgano consintiera la realizacin del trasplante conociendo su origen ilcito ser castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrn ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este artculo, se le impondr la pena de multa del triple al quntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Trigsimo sptimo.

Se aade un tercer prrafo al apartado 1 del artculo 172, con la siguiente redaccin:

Tambin se impondrn las penas en su mitad superior cuando la coaccin ejercida tuviera por objeto impedir el legtimo disfrute de la vivienda.

Trigsimo octavo.

Se aaden un segundo y un tercer prrafo al apartado 1 del artculo 173, con la siguiente redaccin:

Con la misma pena sern castigados los que, en el mbito de cualquier relacin laboral o funcionarial y prevalindose de su relacin de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la vctima.

Se impondr tambin la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legtimo disfrute de la vivienda.

Trigsimo noveno.

Se crea el Ttulo VII bis dentro del Libro II, que comprende el artculo 177 bis y tendr la siguiente rbrica:

TTULO VII bis

De la trata de seres humanos

Cuadragsimo.

Se aade el artculo 177 bis, que tendr la siguiente redaccin:

1. Ser castigado con la pena de cinco a ocho aos de prisin como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio espaol, sea desde Espaa, en trnsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidacin o engao, o abusando de una situacin de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la vctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposicin de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prcticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotacin sexual, incluida la pornografa.

c) La extraccin de sus rganos corporales.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerar trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotacin.

3. El consentimiento de una vctima de trata de seres humanos ser irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artculo.

4. Se impondr la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artculo cuando:

a) Con ocasin de la trata se ponga en grave peligro a la vctima;

b) la vctima sea menor de edad;

c) la vctima sea especialmente vulnerable por razn de enfermedad, discapacidad o situacin.

Si concurriere ms de una circunstancia se impondr la pena en su mitad superior.

5. Se impondr la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artculo e inhabilitacin absoluta de seis a doce aos a los que realicen los hechos prevalindose de su condicin de autoridad, agente de sta o funcionario pblico. Si concurriere adems alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artculo se impondrn las penas en su mitad superior.

6. Se impondr la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artculo e inhabilitacin especial para profesin, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organizacin o asociacin de ms de dos personas, incluso de carcter transitorio, que se dedicase a la realizacin de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artculo se impondrn las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artculo se impondrn las penas sealadas en este en su mitad superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicar la pena en su mitad superior, que podr elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevar la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artculo.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este artculo, se le impondr la pena de multa del triple al quntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

8. La provocacin, la conspiracin y la proposicin para cometer el delito de trata de seres humanos sern castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

9. En todo caso, las penas previstas en este artculo se impondrn sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artculo 318 bis de este Cdigo y dems delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotacin.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artculo producirn los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho espaol.

11. Sin perjuicio de la aplicacin de las reglas generales de este Cdigo, la vctima de trata de seres humanos quedar exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situacin de explotacin sufrida, siempre que su participacin en ellas haya sido consecuencia directa de la situacin de violencia, intimidacin, engao o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situacin y el hecho criminal realizado.

Cuadragsimo primero.

Se modifica el artculo 178, que queda redactado como sigue:

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidacin, ser castigado como responsable de agresin sexual con la pena de prisin de uno a cinco aos.

Cuadragsimo segundo.

Se modifica el prrafo primero y la circunstancia 3 del apartado 1 del artculo 180, que quedan redactados como sigue:

1. Las anteriores conductas sern castigadas con las penas de prisin de cinco a diez aos para las agresiones del artculo 178, y de doce a quince aos para las del artculo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

[…]

3. Cuando la vctima sea especialmente vulnerable, por razn de su edad, enfermedad, discapacidad o situacin, salvo lo dispuesto en el artculo 183.

Cuadragsimo tercero.

En el artculo 181, se modifica el apartado 2, el apartado 4 pasa a ser 5 y se aade un apartado 4 nuevo, quedando redactados como sigue:

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, as como los que se cometan anulando la voluntad de la vctima mediante el uso de frmacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o qumica idnea a tal efecto.

4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por va vaginal, anal o bucal, o introduccin de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vas, el responsable ser castigado con la pena de prisin de cuatro a diez aos.

Cuadragsimo cuarto.

Se modifica el artculo 182, que queda redactado como sigue:

1. El que, interviniendo engao, realice actos de carcter sexual con persona mayor de trece aos y menor de diecisis, ser castigado con la pena de prisin de uno a dos aos, o multa de doce a veinticuatro meses.

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por va vaginal, anal o bucal, o introduccin de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vas, la pena ser de prisin de dos a seis aos. La pena se impondr en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3., o la 4., de las previstas en el artculo 180.1 de este Cdigo.

Cuadragsimo quinto.

Se aade un nuevo Captulo II bis al Ttulo VIII del Libro II del Cdigo Penal, denominado De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece aos, que comprende los artculos 183 y 183 bis.

Cuadragsimo sexto.

Se modifica el artculo 183, que queda redactado como sigue:

1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de trece aos ser castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisin de dos a seis aos.

2. Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidacin el responsable ser castigado por el delito de agresin sexual a un menor con la pena de cinco a diez aos de prisin.

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por va vaginal, anal o bucal, o introduccin de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vas, el responsable ser castigado con la pena de prisin de ocho a doce aos, en el caso del apartado 1 y con la pena de doce a quince aos, en el caso del apartado 2.

4. Las conductas previstas en los tres nmeros anteriores sern castigadas con la pena de prisin correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o fsico de la vctima la hubiera colocado en una situacin de total indefensin y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro aos.

b) Cuando los hechos se cometan por la actuacin conjunta de dos o ms personas.

c) Cuando la violencia o intimidacin ejercidas revistan un carcter particularmente degradante o vejatorio.

d) Cuando, para la ejecucin del delito, el responsable se haya prevalido de una relacin de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopcin, o afines, con la vctima.

e) Cuando el autor haya puesto en peligro la vida del menor.

f) Cuando la infraccin se haya cometido en el seno de una organizacin o de un grupo criminales que se dedicaren a la realizacin de tales actividades.

5. En todos los casos previstos en este artculo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condicin de autoridad, agente de sta o funcionario pblico, se aplicar, adems, la pena de inhabilitacin absoluta de seis a doce aos.

Cuadragsimo sptimo.

Se aade un nuevo artculo 183 bis, que tendr la siguiente redaccin:

El que a travs de Internet, del telfono o de cualquier otra tecnologa de la informacin y la comunicacin contacte con un menor de trece aos y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artculos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompae de actos materiales encaminados al acercamiento, ser castigado con la pena de uno a tres aos de prisin o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrn en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coaccin, intimidacin o engao.

Cuadragsimo octavo.

Los actuales apartados 2 y 3 del artculo 187 pasan a ser apartados 3 y 4, se modifica el apartado 1 y se aaden dos nuevos apartados 2 y 5, quedando redactados como sigue:

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitucin de una persona menor de edad o incapaz ser castigado con las penas de uno a cinco aos y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondr al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneracin o promesa, una relacin sexual con persona menor de edad o incapaz.

2. El que realice las conductas descritas en el apartado 1 de este artculo siendo la vctima menor de trece aos ser castigado con la pena de prisin de cuatro a seis aos.

5. Las penas sealadas se impondrn en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores e incapaces.

Cuadragsimo noveno.

El actual apartado 4 pasa a ser apartado 5 y se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artculo 188, que quedan redactados como sigue:

2. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situacin de prostitucin, se impondr al responsable la pena de prisin de cuatro a seis aos.

3. El que lleve a cabo la conducta prevista en el apartado anterior, siendo la vctima menor de trece aos ser castigado con la pena de prisin de cinco a diez aos.

4. Se impondrn las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condicin de autoridad, agente de sta o funcionario pblico. En este caso se aplicar, adems, la pena de inhabilitacin absoluta de seis a doce aos.

b) Cuando el culpable perteneciere a una organizacin o grupo criminales que se dedicaren a la realizacin de tales actividades.

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la vctima.

Quincuagsimo.

Se suprime el apartado 8 del artculo 189 y se modifican el primer prrafo y las letras a) y b) del apartado 1 y el primer prrafo del apartado 3, que quedan redactados como sigue:

1. Ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos:

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectculos exhibicionistas o pornogrficos, tanto pblicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornogrfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la produccin, venta, difusin o exhibicin por cualquier medio de material pornogrfico en cuya elaboracin hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

3. Sern castigados con la pena de prisin de cinco a nueve aos los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artculo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

[…]

8. (Suprimido).

Quincuagsimo primero.

Se aade un artculo 189 bis, que tendr la siguiente redaccin:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este Captulo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa del triple al quntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa del doble al cudruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos no incluida en el anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Quincuagsimo segundo.

Los apartados 1 y 2 del artculo 192 pasan a ser los apartados 2 y 3 del mismo artculo, se aade un apartado 1 nuevo y se modifica el resultante apartado 3, que quedan redactados como sigue:

1. A los condenados a pena de prisin por uno o ms delitos comprendidos en este Ttulo se les impondr adems la medida de libertad vigilada, que se ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duracin de dicha medida ser de cinco a diez aos, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco aos, si se trata de uno o ms delitos menos graves. En este ltimo caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el Tribunal podr imponer o no la medida de libertad vigilada en atencin a la menor peligrosidad del autor.

2. [...]

3. El Juez o Tribunal podr imponer razonadamente, adems, la pena de inhabilitacin especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo pblico o ejercicio de la profesin u oficio, por el tiempo de seis meses a seis aos, o bien la privacin de la patria potestad.

Quincuagsimo tercero.

En el artculo 197 se introduce un nuevo apartado 3, pasando los actuales apartados 3, 4, 5 y 6 a ser los apartados 4, 5, 6 y 7, y se aade un apartado 8, con la siguiente redaccin:

3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorizacin a datos o programas informticos contenidos en un sistema informtico o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legtimo derecho a excluirlo, ser castigado con pena de prisin de seis meses a dos aos.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este artculo, se le impondr la pena de multa de seis meses a dos aos. Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

[…]

8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organizacin o grupo criminales, se aplicarn respectivamente las penas superiores en grado.

Quincuagsimo cuarto.

Se modifica el apartado 3 del artculo 201, que tendr la siguiente redaccin:

3. El perdn del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la accin penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo prrafo del nmero 5 del apartado 1 del artculo 130.

Quincuagsimo quinto.

Se modifica el apartado 3 del artculo 215, que tendr la siguiente redaccin:

3. El perdn del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la accin penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo prrafo del nmero 5 del apartado 1 del artculo 130 de este Cdigo.

Quincuagsimo sexto.

Se modifica el artculo 234, quedando redactado como sigue:

El que, con nimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueo ser castigado, como reo de hurto, con la pena de prisin de seis a dieciocho meses si la cuanta de lo sustrado excede de 400 euros.

Con la misma pena se castigar al que en el plazo de un ao realice tres veces la accin descrita en el apartado 1 del artculo 623 de este Cdigo, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mnimo de la referida figura del delito.

Quincuagsimo sptimo.

Se modifica el artculo 235, que queda redactado como sigue:

El hurto ser castigado con la pena de prisin de uno a tres aos:

1. Cuando se sustraigan cosas de valor artstico, histrico, cultural o cientfico.

2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio pblico, siempre que la sustraccin ocasionare un grave quebranto a ste o una situacin de desabastecimiento.

3. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustrados, o se produjeren perjuicios de especial consideracin.

4. Cuando ponga a la vctima o a su familia en grave situacin econmica o se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la vctima.

5. Cuando se utilice a menores de catorce aos para la comisin del delito.

Quincuagsimo octavo.

Se modifica el artculo 239, quedando redactado como sigue:

Se considerarn llaves falsas:

1. Las ganzas u otros instrumentos anlogos.

2. Las llaves legtimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infraccin penal.

3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

A los efectos del presente artculo, se consideran llaves las tarjetas, magnticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnolgico de eficacia similar.

Quincuagsimo noveno.

Se modifica el artculo 242, quedando redactado como sigue:

1. El culpable de robo con violencia o intimidacin en las personas ser castigado con la pena de prisin de dos a cinco aos, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia fsica que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada o en cualquiera de sus dependencias, se impondr la pena de prisin de tres aos y seis meses a cinco aos.

3. Las penas sealadas en los apartados anteriores se impondrn en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la vctima o a los que le persiguieren.

4. En atencin a la menor entidad de la violencia o intimidacin ejercidas y valorando adems las restantes circunstancias del hecho, podr imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores.

Sexagsimo.

Se modifica el apartado 1 del artculo 245, quedando redactado como sigue:

1. Al que con violencia o intimidacin en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondr, adems de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisin de uno a dos aos, que se fijar teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el dao causado.

Sexagsimo primero.

Se modifica el artculo 248, que queda redactado como sigue:

1. Cometen estafa los que, con nimo de lucro, utilizaren engao bastante para producir error en otro, inducindolo a realizar un acto de disposicin en perjuicio propio o ajeno.

2. Tambin se consideran reos de estafa:

a) Los que, con nimo de lucro y valindose de alguna manipulacin informtica o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informticos especficamente destinados a la comisin de las estafas previstas en este artculo.

c) Los que utilizando tarjetas de crdito o dbito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Sexagsimo segundo.

Se modifica el artculo 250, que queda redactado de la siguiente forma:

1. El delito de estafa ser castigado con las penas de prisin de un ao a seis aos y multa de seis a doce meses, cuando:

1. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algn proceso, expediente, protocolo o documento pblico u oficial de cualquier clase.

3. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artstico, histrico, cultural o cientfico.

4. Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situacin econmica en que deje a la vctima o a su familia.

5. Cuando el valor de la defraudacin supere los 50.000 euros.

6. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre vctima y defraudador, o aproveche ste su credibilidad empresarial o profesional.

7. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal anlogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevndole a dictar una resolucin que perjudique los intereses econmicos de la otra parte o de un tercero.

2. Si concurrieran las circunstancias 4, 5 o 6 con la 1 del nmero anterior, se impondrn las penas de prisin de cuatro a ocho aos y multa de doce a veinticuatro meses.

Sexagsimo tercero.

Se aade el artculo 251 bis, que tendr la siguiente redaccin:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Seccin, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa del triple al quntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa del doble al cudruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Sexagsimo cuarto.

El apartado 3 del artculo 257 pasa a ser apartado 5, y se aaden dos nuevos apartados 3 y 4 a dicho artculo, que quedan redactados como sigue:

3. En el caso de que la deuda u obligacin que se trate de eludir sea de Derecho pblico y la acreedora sea una persona jurdico pblica, la pena a imponer ser de uno a seis aos y multa de doce a veinticuatro meses.

4. Las penas previstas en el presente artculo se impondrn en su mitad superior en los supuestos previstos en los ordinales 1., 4. y 5. del apartado primero del artculo 250.

Sexagsimo quinto.

Se aade el artculo 261 bis, que tendr la siguiente redaccin:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este Captulo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos aos, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Sexagsimo sexto.

El actual contenido del artculo 263 pasa a ser el apartado 1 de dicho artculo y se aade un apartado 2, que queda redactado como sigue:

2. Ser castigado con la pena de prisin de uno a tres aos y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daos expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:

1. Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios pblicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecucin o aplicacin de las Leyes o disposiciones generales.

2. Que se cause por cualquier medio, infeccin o contagio de ganado.

3. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.

4. Que afecten a bienes de dominio o uso pblico o comunal.

5. Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situacin econmica.

Sexagsimo sptimo.

Se modifica el artculo 264, que queda redactado como sigue:

1. El que por cualquier medio, sin autorizacin y de manera grave borrase, daase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informticos o documentos electrnicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, ser castigado con la pena de prisin de seis meses a dos aos.

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informtico ajeno, introduciendo, transmitiendo, daando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informticos, cuando el resultado producido fuera grave, ser castigado, con la pena de prisin de seis meses a tres aos.

3. Se impondrn las penas superiores en grado a las respectivamente sealadas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al dcuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Se hubiese cometido en el marco de una organizacin criminal.

2. Haya ocasionado daos de especial gravedad o afectado a los intereses generales.

4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos comprendidos en este artculo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa del doble al cudruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos.

b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Sexagsimo octavo.

Se modifica el prrafo tercero del artculo 267, que tendr la siguiente redaccin:

En estos casos, el perdn del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la accin penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo prrafo del nmero 5 del apartado 1 del artculo 130 de este Cdigo.

Sexagsimo noveno.

Se aade un prrafo segundo al apartado 1 del artculo 270, que tendr la siguiente redaccin:

No obstante, en los casos de distribucin al por menor, atendidas las caractersticas del culpable y la reducida cuanta del beneficio econmico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artculo siguiente, el Juez podr imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta das. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigar el hecho como falta del artculo 623.5.

Septuagsimo.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 274, que quedan redactados como sigue:

1. Ser castigado con las penas de seis meses a dos aos de prisin y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislacin de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirn en la misma pena los que importen estos productos.

2. Las mismas penas se impondrn al que, a sabiendas, posea para su comercializacin o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artculo, suponen una infraccin de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados.

No obstante, en los casos de distribucin al por menor, atendidas las caractersticas del culpable y la reducida cuanta del beneficio econmico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artculo 276, el Juez podr imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta das. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigar el hecho como falta del artculo 623.5.

Septuagsimo primero.

Se aade el artculo 282 bis, que tendr la siguiente redaccin:

Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la informacin econmico-financiera contenida en los folletos de emisin de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislacin del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propsito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiacin por cualquier medio, sern castigados con la pena de prisin de uno a cuatro aos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 308 de este Cdigo.

En el supuesto de que se llegue a obtener la inversin, el depsito, la colocacin del activo o la financiacin, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondr la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer ser de uno a seis aos de prisin y multa de seis a doce meses.

Septuagsimo segundo.

Se modifica el artculo 284, que queda redactado como sigue:

Se impondr la pena de prisin de seis meses a dos aos o multa de doce a veinticuatro meses a los que:

1. Empleando violencia, amenaza o engao, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancas, ttulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratacin, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.

2. Difundieren noticias o rumores, por s o a travs de un medio de comunicacin, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos econmicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotizacin de un valor o instrumento financiero, obteniendo para s o para tercero un beneficio econmico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idntica cantidad.

3. Utilizando informacin privilegiada, realizaren transacciones o dieren rdenes de operacin susceptibles de proporcionar indicios engaosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma informacin, por s o en concierto con otros, una posicin dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales.

En todo caso se impondr la pena de inhabilitacin de uno a dos aos para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador.

Septuagsimo tercero.

La Seccin 4. del Captulo XI del Ttulo XIII del Libro II pasa a ser la Seccin 5. del mismo Captulo, Ttulo y Libro, y se introduce una Seccin 4. con la siguiente rbrica:

Seccin 4. De la corrupcin entre particulares.

Septuagsimo cuarto.

Se integra como artculo nico de la Seccin 4. del Captulo XI del Ttulo XIII del Libro II el artculo 286 bis, que queda redactado como sigue:

1. Quien por s o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociacin, fundacin u organizacin un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a l o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisicin o venta de mercancas o en la contratacin de servicios profesionales, ser castigado con la pena de prisin de seis meses a cuatro aos, inhabilitacin especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis aos y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

2. Con las mismas penas ser castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociacin, fundacin u organizacin que, por s o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la adquisicin o venta de mercancas o en la contratacin de servicios profesionales.

3. Los jueces y tribunales, en atencin a la cuanta del beneficio o al valor de la ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable, podrn imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

4. Lo dispuesto en este artculo ser aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurdica de sta, as como a los deportistas, rbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competicin deportiva profesionales.

Septuagsimo quinto.

Se modifica el artculo 287, que queda redactado como sigue:

1. Para proceder por los delitos previstos en la Seccin 3 de este Captulo, excepto los previstos en los artculos 284 y 285, ser necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, tambin podr denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No ser precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisin del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Septuagsimo sexto.

Se modifica el artculo 288, que queda redactado como sigue:

En los supuestos previstos en los artculos anteriores se dispondr la publicacin de la sentencia en los peridicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el Juez o Tribunal podr ordenar su reproduccin total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Captulo, se le impondrn las siguientes penas:

1. En el caso de los delitos previstos en los artculos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 y 286:

a) Multa del doble al cudruple del beneficio obtenido o favorecido, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos.

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido o favorecido, en el resto de los casos.

En el caso de los delitos previstos en los artculos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis y 286 bis:

a) Multa de uno a tres aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de ms de dos aos de privacin de libertad.

b) Multa de seis meses a dos aos, en el resto de los casos.

2. Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Septuagsimo sptimo.

Se modifica la rbrica del Captulo XIV, del Ttulo XIII, del Libro II, que queda redactada de la siguiente forma:

CAPTULO XIV

De la receptacin y el blanqueo de capitales

Septuagsimo octavo.

Se modifica el apartado 1 del artculo 301, que queda redactado como sigue:

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que stos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por l o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infraccin o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, ser castigado con la pena de prisin de seis meses a seis aos y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrn imponer tambin a ste la pena de inhabilitacin especial para el ejercicio de su profesin o industria por tiempo de uno a tres aos, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duracin no podr exceder de cinco aos.

La pena se impondr en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas descritos en los artculos 368 a 372 de este Cdigo. En estos supuestos se aplicarn las disposiciones contenidas en el artculo 374 de este Cdigo.

Tambin se impondr la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Captulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Ttulo XIX o en alguno de los delitos del Captulo I del Ttulo XVI.

Septuagsimo noveno.

Se modifica el apartado 2 del artculo 302, que queda redactado como sigue:

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis sea responsable una persona jurdica, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de seis meses a dos aos, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Octogsimo.

Se modifica el prrafo primero del apartado 1 y se aade un apartado 5 al artculo 305, que quedan redactados como sigue:

1. El que, por accin u omisin, defraude a la Hacienda Pblica estatal, autonmica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuanta de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.

[…]

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artculo, para la ejecucin de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender el importe de la deuda tributaria que la Administracin Tributaria no haya podido liquidar por prescripcin u otra causa legal en los trminos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarn el auxilio de los servicios de la Administracin Tributaria que las exigir por el procedimiento administrativo de apremio en los trminos establecidos en la citada ley.

Octogsimo primero.

Se modifica el artculo 306, que queda redactado como sigue:

El que por accin u omisin defraude a los presupuestos generales de la Unin Europea u otros administrados por sta, en cuanta superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una aplicacin distinta de aquella a que estuvieren destinados, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.

Octogsimo segundo.

Se modifica el prrafo primero del apartado 1 del artculo 307, que queda redactado como sigue:

1. El que, por accin u omisin, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de sta y conceptos de recaudacin conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuanta de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.

[…]

Octogsimo tercero.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 308, que quedan redactados como sigue:

1. El que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones pblicas de ms de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesin u ocultando las que la hubiesen impedido, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de su importe.

Para la determinacin de la cantidad defraudada se estar al ao natural y deber tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades pblicas.

2. Las mismas penas se impondrn al que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones pblicas cuyo importe supere los ciento veinte mil euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvencin fue concedida.

Octogsimo cuarto.

Se modifica el artculo 309, que queda redactado como sigue:

El que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Unin Europea u otros administrados por sta, en cuanta superior a cincuenta mil euros, falseando las condiciones requeridas para su concesin u ocultando las que la hubieran impedido, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.

Octogsimo quinto.

Se aade el artculo 310 bis, que tendr la siguiente redaccin:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Ttulo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa del doble al cudruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos.

b) Multa de seis meses a un ao, en los supuestos recogidos en el artculo 310.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Octogsimo sexto.

Se modifica el artculo 313, que queda redactado como sigue:

El que determinare o favoreciere la emigracin de alguna persona a otro pas simulando contrato o colocacin, o usando de otro engao semejante, ser castigado con la pena prevista en el artculo anterior.

Octogsimo sptimo.

Se suprime el apartado 2, se renumeran los apartados 3, 4, 5 y 6, que pasan a ser 2, 3, 4 y 5, y se modifican los resultantes apartados 2 y 4 del artculo 318 bis, que quedan redactados como sigue:

2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con nimo de lucro o empleando violencia, intimidacin, engao, o abusando de una situacin de superioridad o de especial vulnerabilidad de la vctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, sern castigados con las penas en su mitad superior. Si la vctima fuera menor de edad o incapaz, sern castigados con las penas superiores en grado a las previstas en el apartado anterior.

4. Se impondrn las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 3 de este artculo, en sus respectivos casos, e inhabilitacin especial para profesin, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organizacin o asociacin, incluso de carcter transitorio, que se dedicase a la realizacin de tales actividades.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicar la pena en su mitad superior, que podr elevarse a la inmediatamente superior en grado.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Ttulo, se le impondr la pena de multa de dos a cinco aos, o la del triple al quntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese ms elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Octogsimo octavo.

Se modifica la rbrica del Ttulo XVI del Libro II, que tendr la siguiente redaccin:

TTULO XVI

De los delitos relativos a la ordenacin del territorio y el urbanismo, la proteccin del patrimonio histrico y el medio ambiente

Octogsimo noveno.

Se modifica la rbrica del Captulo I del Ttulo XVI del Libro II, que tendr la siguiente redaccin:

CAPTULO I

De los delitos sobre la ordenacin del territorio y el urbanismo

Nonagsimo.

Se modifica el artculo 319, que tendr la siguiente redaccin:

1. Se impondrn las penas de prisin de un ao y seis meses a cuatro aos, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa ser del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitacin especial para profesin u oficio por tiempo de uno a cuatro aos, a los promotores, constructores o tcnicos directores que lleven a cabo obras de urbanizacin, construccin o edificacin no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio pblico o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajstico, ecolgico, artstico, histrico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial proteccin.

2. Se impondr la pena de prisin de uno a tres aos, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa ser del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitacin especial para profesin u oficio por tiempo de uno a cuatro aos, a los promotores, constructores o tcnicos directores que lleven a cabo obras de urbanizacin, construccin o edificacin no autorizables en el suelo no urbanizable.

3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrn ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolicin de la obra y la reposicin a su estado originario de la realidad fsica alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. En todo caso se dispondr el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

4. En los supuestos previstos en este artculo, cuando fuere responsable una persona jurdica de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo se le impondr la pena de multa de uno a tres aos, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa ser del doble al cudruple del montante de dicho beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Nonagsimo primero.

Se modifica el artculo 320, que tendr la siguiente redaccin:

1. La autoridad o funcionario pblico que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanizacin, parcelacin, reparcelacin, construccin o edificacin o la concesin de licencias contrarias a las normas de ordenacin territorial o urbanstica vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infraccin de dichas normas o que haya omitido la realizacin de inspecciones de carcter obligatorio ser castigado con la pena establecida en el artculo 404 de este Cdigo y, adems, con la de prisin de un ao y seis meses a cuatro aos y la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigar a la autoridad o funcionario pblico que por s mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobacin de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanizacin, parcelacin, reparcelacin, construccin o edificacin o la concesin de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

Nonagsimo segundo.

Se modifica el artculo 325, que queda redactado como sigue:

Ser castigado con las penas de prisin de dos a cinco aos, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para profesin u oficio por tiempo de uno a tres aos el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carcter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depsitos, en la atmsfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterrneas o martimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, as como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisin se impondr en su mitad superior.

Nonagsimo tercero.

Se modifica el artculo 327, que queda redactado como sigue:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artculos anteriores, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin superior a cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Nonagsimo cuarto.

Se modifica el artculo 328, que queda redactado como sigue:

1. Sern castigados con la pena de prisin de seis meses a dos aos, multa de diez a catorce meses e inhabilitacin especial para profesin u oficio por tiempo de uno a dos aos quienes establezcan depsitos o vertederos de desechos o residuos slidos o lquidos que sean txicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.

2. Con las mismas penas previstas en el apartado anterior sern castigados quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carcter general, lleven a cabo la explotacin de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daos sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a animales o plantas.

3. Sern castigados con la pena de prisin de uno a dos aos los que en la recogida, el transporte, la valorizacin, la eliminacin o el aprovechamiento de residuos, incluida la omisin de los deberes de vigilancia sobre tales procedimientos, pongan en grave peligro la vida, integridad o la salud de las personas, o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

4. El que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carcter general traslade una cantidad importante de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, ser castigado con la pena de prisin de uno a dos aos.

5. Cuando con ocasin de las conductas previstas en los apartados anteriores se produjera, adems del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarn tan solo la infraccin ms gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.

6. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este artculo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de uno a tres aos, o del doble al cudruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese ms elevada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de ms de dos aos de privacin de libertad.

b) Multa de seis meses a dos aos, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese ms elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

7. Cuando en la comisin de cualquiera de los hechos previstos en los apartados anteriores de este artculo concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados a), b), c) o d) del artculo 326 se impondrn las penas superiores en grado a las respectivamente previstas, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Cdigo.

Nonagsimo quinto.

Se modifica el apartado 1 del artculo 329, que queda redactado como sigue:

1. La autoridad o funcionario pblico que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesin de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artculos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infraccin de leyes o disposiciones normativas de carcter general que las regulen, o que hubiere omitido la realizacin de inspecciones de carcter obligatorio, ser castigado con la pena establecida en el artculo 404 de este Cdigo y, adems, con la de prisin de seis meses a tres aos y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

Nonagsimo sexto.

Se modifica el artculo 333, que queda redactado como sigue:

El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autctona, de modo que perjudique el equilibrio biolgico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carcter general protectoras de las especies de flora o fauna, ser castigado con la pena de prisin de cuatro meses a dos aos o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitacin especial para profesin u oficio por tiempo de uno a tres aos.

Nonagsimo sptimo.

Se modifica el apartado 1 del artculo 334, que queda redactado como sigue:

1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproduccin o migracin, o destruya o altere gravemente su hbitat, contraviniendo las leyes o disposiciones de carcter general protectoras de las especies de fauna silvestre, o comercie o trafique con ellas o con sus restos, ser castigado con la pena de prisin de cuatro meses a dos aos o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitacin especial para profesin u oficio e inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro aos.

Nonagsimo octavo.

Se modifica el artculo 336, que queda redactado como sigue:

El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, ser castigado con la pena de prisin de cuatro meses a dos aos o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitacin especial para profesin u oficio e inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres aos. Si el dao causado fuera de notoria importancia, se impondr la pena de prisin antes mencionada en su mitad superior.

Nonagsimo noveno.

Se modifica el artculo 337, que queda redactado como sigue:

El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal domstico o amansado, causndole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, ser castigado con la pena de tres meses a un ao de prisin e inhabilitacin especial de uno a tres aos para el ejercicio de profesin, oficio o comercio que tenga relacin con los animales.

Centsimo.

Se modifica el artculo 339, que queda redactado como sigue:

Los jueces o tribunales ordenarn la adopcin, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecolgico perturbado, as como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la proteccin de los bienes tutelados en este Ttulo.

Centsimo primero.

Se modifica el artculo 343, que queda redactado como sigue:

1. El que mediante el vertido, la emisin o la introduccin en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la exposicin por cualquier otro medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas, ser sancionado con la pena de prisin de seis a doce aos e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico, profesin u oficio por tiempo de seis a diez aos. La misma pena se impondr cuando mediante esta conducta se ponga en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas.

2. Cuando con ocasin de la conducta descrita en el apartado anterior se produjere, adems del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarn tan slo la infraccin ms gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este artculo, se le impondr la pena de multa de dos a cinco aos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Centsimo segundo.

Se modifica el artculo 345, que queda redactado como sigue:

1. El que se apodere de materiales nucleares o elementos radiactivos, aun sin nimo de lucro, ser sancionado con la pena de prisin de uno a cinco aos. La misma pena se impondr al que sin la debida autorizacin posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o elimine materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daos sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas.

2. Si el hecho se ejecutara empleando fuerza en las cosas, se impondr la pena en su mitad superior.

3. Si el hecho se cometiera con violencia o intimidacin en las personas, el culpable ser castigado con la pena superior en grado.

4. El que sin la debida autorizacin produjere tales materiales o sustancias ser castigado con la pena superior en grado.

Centsimo tercero.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artculo 348, que quedan redactados como sigue:

1. Los que en la fabricacin, manipulacin, transporte, tenencia o comercializacin de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, txicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad fsica o la salud de las personas, o el medio ambiente, sern castigados con la pena de prisin de seis meses a tres aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico, profesin u oficio por tiempo de seis a doce aos. Las mismas penas se impondrn a quien, de forma ilegal, produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono.

3. En los supuestos recogidos en los apartados anteriores, cuando de los hechos fuera responsable una persona jurdica de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo, se le impondr la pena de multa de uno a tres aos, salvo que, acreditado el perjuicio producido, su importe fuera mayor, en cuyo caso la multa ser del doble al cudruple del montante de dicho perjuicio.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrn en su mitad superior cuando se trate de los directores, administradores o encargados de la sociedad, empresa, organizacin o explotacin.

Centsimo cuarto.

Se modifica el artculo 368, que queda redactado como sigue:

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboracin o trfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, o las posean con aquellos fines, sern castigados con las penas de prisin de tres a seis aos y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave dao a la salud, y de prisin de uno a tres aos y multa del tanto al duplo en los dems casos.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, los tribunales podrn imponer la pena inferior en grado a las sealadas en atencin a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podr hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artculos 369 bis y 370.

Centsimo quinto.

Se suprimen las circunstancias 2. y 10. del apartado 1, pasando las restantes 3., 4., 5., 6., 7., 8. y 9. a ser las 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8., y se suprime el apartado 2 del artculo 369.

Centsimo sexto.

Se aade el artculo 369 bis con el siguiente contenido:

Cuando los hechos descritos en el artculo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organizacin delictiva, se impondrn las penas de prisin de nueve a doce aos y multa del tanto al cudruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave dao a la salud y de prisin de cuatro aos y seis meses a diez aos y la misma multa en los dems casos.

A los jefes, encargados o administradores de la organizacin se les impondrn las penas superiores en grado a las sealadas en el prrafo primero.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artculos anteriores, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, o del triple al quntuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese ms elevada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, o del doble al cudruple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese ms elevada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos no incluida en el anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Centsimo sptimo.

Se modifica el ordinal 2. y el prrafo segundo del ordinal 3. del artculo 370, que quedan redactados como sigue:

2. Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refiere la circunstancia 2. del apartado 1 del artculo 369.

3. [...]

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artculo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte especfico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o ms de las circunstancias previstas en el artculo 369.1.

[…]

Centsimo octavo.

Se modifica el artculo 379, que tendr la siguiente redaccin:

1. El que condujere un vehculo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilmetros por hora en va urbana o en ochenta kilmetros por hora en va interurbana a la permitida reglamentariamente, ser castigado con la pena de prisin de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa das, y, en cualquier caso, con la de privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro aos.

2. Con las mismas penas ser castigado el que condujere un vehculo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas txicas, estupefacientes, sustancias psicotrpicas o de bebidas alcohlicas. En todo caso ser condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Centsimo noveno.

Se suprime el apartado 3 del artculo 381.

Centsimo dcimo.

Se modifica el artculo 384, que queda redactado como sigue:

El que condujere un vehculo de motor o ciclomotor en los casos de prdida de vigencia del permiso o licencia por prdida total de los puntos asignados legalmente, ser castigado con la pena de prisin de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa das.

La misma pena se impondr al que realizare la conduccin tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisin judicial y al que condujere un vehculo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conduccin.

Centsimo undcimo.

Se aade un nuevo artculo 385 bis, que queda redactado como sigue:

El vehculo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Captulo se considerar instrumento del delito a los efectos de los artculos 127 y 128.

Centsimo duodcimo.

Se aade un nuevo artculo 385 ter, con la siguiente redaccin:

En los delitos previstos en los artculos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonndolo en sentencia, podr rebajar en un grado la pena de prisin en atencin a la menor entidad del riesgo causado y a las dems circunstancias del hecho.

Centsimo decimotercero.

Se modifica el artculo 387, que queda redactado como sigue:

A los efectos del artculo anterior, se entiende por moneda la metlica y el papel moneda de curso legal. Se equipararn a la moneda nacional las de otros pases de la Unin Europea y las extranjeras.

Centsimo decimocuarto.

Se modifica el artculo 392, que queda redactado como sigue:

1. El particular que cometiere en documento pblico, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros nmeros del apartado 1 del artculo 390, ser castigado con las penas de prisin de seis meses a tres aos y multa de seis a doce meses.

2. Las mismas penas se impondrn al que, sin haber intervenido en la falsificacin, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondr la pena de prisin de seis meses a un ao y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Esta disposicin es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unin Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unin Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con l en Espaa.

Centsimo decimoquinto.

Se modifica el artculo 399, que queda redactado como sigue:

1. El particular que falsificare una certificacin de las designadas en los artculos anteriores ser castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

2. La misma pena se impondr al que hiciere uso, a sabiendas, de la certificacin, as como al que, sin haber intervenido en su falsificacin, traficare con ella de cualquier modo.

3. Esta disposicin es aplicable aun cuando el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unin Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unin Europea o en un tercer Estado si es utilizado en Espaa.

Centsimo decimosexto.

Se aade la Seccin 4. del Captulo II del Ttulo XVIII del Libro II, que comprender el artculo 399 bis y tendr la siguiente rbrica:

De la falsificacin de tarjetas de crdito y dbito y cheques de viaje

Centsimo decimosptimo.

Se aade el artculo 399 bis, que queda redactado como sigue:

1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crdito o dbito o cheques de viaje, ser castigado con la pena de prisin de cuatro a ocho aos. Se impondr la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organizacin criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondr la pena de multa de dos a cinco aos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

2. La tenencia de tarjetas de crdito o dbito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribucin o trfico ser castigada con la pena sealada a la falsificacin.

3. El que sin haber intervenido en la falsificacin usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crdito o dbito o cheques de viaje falsificados ser castigado con la pena de prisin de dos a cinco aos.

Centsimo decimoctavo.

Se aade el artculo 400 bis, que tendr la siguiente redaccin:

En los supuestos descritos en los artculos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Cdigo tambin se entender por uso de documento, despacho, certificacin o documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad autnticos realizado por quien no est legitimado para ello.

La adicin de este artculo implica que la rbrica del correspondiente Captulo III, en que se integra, pase a ser Disposiciones generales.

Centsimo decimonoveno.

Se modifica el artculo 419, que tendr la siguiente redaccin:

La autoridad o funcionario pblico que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por s o por persona interpuesta, ddiva, favor o retribucin de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrir en la pena de prisin de tres a seis aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de siete a doce aos, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razn de la retribucin o promesa, si fuera constitutivo de delito.

Centsimo vigsimo.

Se modifica el artculo 420, que tendr la siguiente redaccin:

La autoridad o funcionario pblico que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por s o por persona interpuesta, ddiva, favor o retribucin de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrir en la pena de prisin de dos a cuatro aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a siete aos.

Centsimo vigsimo primero.

Se modifica el artculo 421, que tendr la siguiente redaccin:

Las penas sealadas en los artculos precedentes se impondrn tambin cuando la ddiva, favor o retribucin se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario pblico, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artculos.

Centsimo vigsimo segundo.

Se modifica el artculo 422, que tendr la siguiente redaccin:

La autoridad o funcionario pblico que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por s o por persona interpuesta, ddiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideracin a su cargo o funcin, incurrir en la pena de prisin de seis meses a un ao y suspensin de empleo y cargo pblico de uno a tres aos.

Centsimo vigsimo tercero.

Se modifica el artculo 423, que tendr la siguiente redaccin:

Lo dispuesto en los artculos precedentes ser igualmente aplicable a los jurados, rbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la funcin pblica.

Centsimo vigsimo cuarto.

Se modifica el artculo 424, que tendr la siguiente redaccin:

1. El particular que ofreciere o entregare ddiva o retribucin de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario pblico o persona que participe en el ejercicio de la funcin pblica para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideracin a su cargo o funcin, ser castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisin y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

2. Cuando un particular entregare la ddiva o retribucin atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario pblico o persona que participe en el ejercicio de la funcin pblica, se le impondrn las mismas penas de prisin y multa que a ellos les correspondan.

3. Si la actuacin conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relacin con un procedimiento de contratacin, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o entes pblicos, se impondr al particular y, en su caso, a la sociedad, asociacin u organizacin a que representare la pena de inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector pblico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de tres a siete aos.

Centsimo vigsimo quinto.

Se modifica el artculo 425, que tendr la siguiente redaccin:

Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cnyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por anloga relacin de afectividad, o de algn ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopcin o afines en los mismos grados, se impondr al sobornador la pena de prisin de seis meses a un ao.

Centsimo vigsimo sexto.

Se modifica el artculo 426, que tendr la siguiente redaccin:

Quedar exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de ddiva u otra retribucin realizada por autoridad o funcionario pblico, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguacin antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido ms de dos meses desde la fecha de los hechos.

Centsimo vigsimo sptimo.

Se modifica el artculo 427, que tendr la siguiente redaccin:

1. Lo dispuesto en los artculos precedentes ser tambin aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a los funcionarios de la Unin Europea o a los funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la Unin.

A estos efectos se entender que es funcionario de la Unin Europea:

1. toda persona que tenga la condicin de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o del Rgimen aplicable a otros agentes de la Unin Europea;

2. toda persona puesta a disposicin de la Unin Europea por los Estados miembros o por cualquier organismo pblico o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la Unin Europea;

3. los miembros de organismos creados de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, as como el personal de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el Rgimen aplicable a otros agentes de la Unin Europea no les sea aplicable.

Asimismo, se entender por funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unin el que tenga esta condicin a los fines de la aplicacin del Derecho penal de dicho Estado miembro.

2. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Captulo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, o del triple al quntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese ms elevada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, o del doble al cudruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese ms elevada, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de ms de dos aos de privacin de libertad no incluida en el anterior inciso.

c) Multa de seis meses a dos aos, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese ms elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Centsimo vigsimo octavo.

Se modifica el artculo 428, que queda redactado como sigue:

El funcionario pblico o autoridad que influyere en otro funcionario pblico o autoridad prevalindose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situacin derivada de su relacin personal o jerrquica con ste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolucin que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio econmico para s o para un tercero, incurrir en las penas de prisin de seis meses a dos aos, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a seis aos. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrn en su mitad superior.

Centsimo vigsimo noveno.

Se modifica el artculo 429, que queda redactado como sigue:

El particular que influyere en un funcionario pblico o autoridad prevalindose de cualquier situacin derivada de su relacin personal con ste o con otro funcionario pblico o autoridad para conseguir una resolucin que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio econmico para s o para un tercero, ser castigado con las penas de prisin de seis meses a dos aos y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrn en su mitad superior.

Centsimo trigsimo.

Se modifica el prrafo segundo y se aade un prrafo tercero al artculo 430, que quedan redactados como sigue:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Captulo, se le impondr la pena de multa de seis meses a dos aos.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Centsimo trigsimo primero.

Se modifica el artculo 436, que queda redactado como sigue:

La autoridad o funcionario pblico que, interviniendo por razn de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratacin pblica o en liquidaciones de efectos o haberes pblicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente pblico, incurrir en las penas de prisin de uno a tres aos e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de seis a diez aos. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario pblico se le impondr la misma pena de prisin que a stos, as como la de inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector pblico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco aos.

Centsimo trigsimo segundo.

Se modifica el artculo 439, que queda redactado como sigue:

La autoridad o funcionario pblico que, debiendo intervenir por razn de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operacin o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participacin, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrir en la pena de prisin de seis meses a dos aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a cuatro aos.

Centsimo trigsimo tercero.

Se modifica el artculo 445, que tendr la siguiente redaccin:

1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesin de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por s o por persona interpuesta, a los funcionarios pblicos extranjeros o de organizaciones internacionales, en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que acten o se abstengan de actuar en relacin con el ejercicio de funciones pblicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realizacin de actividades econmicas internacionales, sern castigados con las penas de prisin de dos a seis aos y multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa ser del tanto al duplo del montante de dicho beneficio.

Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la pena de prohibicin de contratar con el sector pblico, as como la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibicin de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pblica por un periodo de siete a doce aos.

Las penas previstas en los prrafos anteriores se impondrn en su mitad superior si el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad.

2. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo una persona jurdica sea responsable de este delito, se le impondr la pena de multa de dos a cinco aos, o la del triple al quntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese ms elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

3. A los efectos de este artculo se entiende por funcionario pblico extranjero:

a) Cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial de un pas extranjero, tanto por nombramiento como por eleccin.

b) Cualquier persona que ejerza una funcin pblica para un pas extranjero, incluido un organismo pblico o una empresa pblica.

c) Cualquier funcionario o agente de una organizacin internacional pblica.

Centsimo trigsimo cuarto.

Se modifica la letra a) del ordinal 3. del artculo 451, que queda redactada como sigue:

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traicin, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algn miembro de la Regencia, o del Prncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelin, terrorismo, homicidio, piratera, trata de seres humanos o trfico ilegal de rganos.

Centsimo trigsimo quinto.

Se modifica el apartado 2 del artculo 468, que queda redactado como sigue:

2. Se impondr en todo caso la pena de prisin de seis meses a un ao a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artculo 48 de este Cdigo o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artculo 173.2, as como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

Centsimo trigsimo sexto.

Se suprime el ordinal 2. del artculo 515.

Centsimo trigsimo sptimo.

Se suprime el artculo 516.

Centsimo trigsimo octavo.

Se modifica la rbrica del Captulo V del Ttulo XXII del Libro II, que queda redactada como sigue:

De la tenencia, trfico y depsito de armas, municiones o explosivos

Centsimo trigsimo noveno.

Se suprimen las rbricas de las Secciones Primera y Segunda del Captulo V del Ttulo XXII del Libro II, mantenindose en dicho Captulo los artculos 563 a 570 y pasando los restantes a integrar el nuevo Captulo VII.

Centsimo cuadragsimo.

Se modifican los ordinales 1. y 3. del apartado 1 y el apartado 2 del artculo 566, que quedan redactados como sigue:

1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depsitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente sern castigados:

1. Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas qumicas o biolgicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisin de cinco a diez aos los promotores y organizadores, y con la de prisin de tres a cinco aos los que hayan cooperado a su formacin.

2. […]

3. Con las mismas penas ser castigado, en sus respectivos casos, el trfico de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas qumicas o biolgicas o de minas antipersonas o municiones en racimo.

2. Las penas contempladas en el punto 1. del apartado anterior se impondrn a los que desarrollen o empleen armas qumicas o biolgicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo o no las destruyan con infraccin de los tratados o convenios internacionales en los que Espaa sea parte.

Centsimo cuadragsimo primero.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 567, que quedan redactados como sigue:

1. Se considera depsito de armas de guerra la fabricacin, la comercializacin o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depsito de armas qumicas o biolgicas o de minas antipersonas o de municiones en racimo la fabricacin, la comercializacin o la tenencia de las mismas.

El depsito de armas, en su vertiente de comercializacin, comprende tanto la adquisicin como la enajenacin.

2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas qumicas o biolgicas, minas antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que Espaa sea parte.

Se entiende por desarrollo de armas qumicas o biolgicas, minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad consistente en la investigacin o estudio de carcter cientfico o tcnico encaminada a la creacin de una nueva arma qumica o biolgica, mina antipersona o municin en racimo o la modificacin de una preexistente.

Centsimo cuadragsimo segundo.

Se aade un Captulo VI al Ttulo XXII del Libro II, que comprender los artculos 570 bis, 570 ter y 570 quter y tendr la siguiente rbrica:

De las organizaciones y grupos criminales

Centsimo cuadragsimo tercero.

Se aade el artculo 570 bis, que queda redactado como sigue:

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organizacin criminal sern castigados con la pena de prisin de cuatro a ocho aos si aqulla tuviere por finalidad u objeto la comisin de delitos graves, y con la pena de prisin de tres a seis aos en los dems casos; y quienes participaren activamente en la organizacin, formaren parte de ella o cooperaren econmicamente o de cualquier otro modo con la misma sern castigados con las penas de prisin de dos a cinco aos si tuviere como fin la comisin de delitos graves, y con la pena de prisin de uno a tres aos en los dems casos.

A los efectos de este Cdigo se entiende por organizacin criminal la agrupacin formada por ms de dos personas con carcter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, as como de llevar a cabo la perpetracin reiterada de faltas.

2. Las penas previstas en el nmero anterior se impondrn en su mitad superior cuando la organizacin:

a) est formada por un elevado nmero de personas.

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.

c) disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin o transporte que por sus caractersticas resulten especialmente aptos para facilitar la ejecucin de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o ms de dichas circunstancias se impondrn las penas superiores en grado.

3. Se impondrn en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artculo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

Centsimo cuadragsimo cuarto.

Se aade el artculo 570 ter, que queda redactado como sigue:

1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal sern castigados:

a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del artculo anterior, con la pena de dos a cuatro aos de prisin si se trata de uno o ms delitos graves y con la de uno a tres aos de prisin si se trata de delitos menos graves.

b) Con la pena de seis meses a dos aos de prisin si la finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito grave.

c) Con la pena de tres meses a un ao de prisin cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetracin reiterada de faltas, debindose imponer en este ltimo caso la pena en su mitad inferior, salvo que la finalidad del grupo fuera la perpetracin reiterada de la falta prevista en el nmero 1 del artculo 623, en cuyo caso podr imponerse la pena en toda su extensin.

A los efectos de este Cdigo se entiende por grupo criminal la unin de ms de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las caractersticas de la organizacin criminal definida en el artculo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetracin concertada de delitos o la comisin concertada y reiterada de faltas.

2. Las penas previstas en el nmero anterior se impondrn en su mitad superior cuando el grupo:

a) est formado por un elevado nmero de personas.

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.

c) disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin o transporte que por sus caractersticas resulten especialmente aptos para facilitar la ejecucin de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o ms de dichas circunstancias se impondrn las penas superiores en grado.

Centsimo cuadragsimo quinto.

Se aade el artculo 570 quter, que queda redactado como sigue:

1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Captulo, acordarn la disolucin de la organizacin o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias del artculo 31 bis de este Cdigo.

2. Asimismo se impondr a los responsables de las conductas descritas en los dos artculos anteriores, adems de las penas en ellos previstas, la de inhabilitacin especial para todas aquellas actividades econmicas o negocios jurdicos relacionados con la actividad de la organizacin o grupo criminal o con su actuacin en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte aos al de la duracin de la pena de privacin de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al nmero de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artculos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Cdigo, ser de aplicacin lo dispuesto en la regla 4. del artculo 8.

3. Las disposiciones de este Captulo sern aplicables a toda organizacin o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en Espaa, aunque se hayan constituido, estn asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

4. Los jueces o tribunales, razonndolo en la sentencia, podrn imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Captulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables o para impedir la actuacin o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetracin de un delito que se tratara de cometer en el seno o a travs de dichas organizaciones o grupos.

Centsimo cuadragsimo sexto.

Se crea un Captulo VII en el Ttulo XXII del Libro II, que comprender los artculos 571 a 580 y tendr la siguiente rbrica:

De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo

Centsimo cuadragsimo sptimo.

Se crea la Seccin 1. del Captulo VII del Ttulo XXII del Libro II, que comprender el artculo 571 y tendr la siguiente rbrica:

De las organizaciones y grupos terroristas

Centsimo cuadragsimo octavo.

Se modifica el artculo 571, que queda redactado como sigue:

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una organizacin o grupo terrorista sern castigados con las penas de prisin de ocho a catorce aos e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de ocho a quince aos.

2. Quienes participaren activamente en la organizacin o grupo, o formaren parte de los mismos, sern castigados con las penas de prisin de seis a doce aos e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de seis a catorce.

3. A los efectos de este Cdigo, se considerarn organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las caractersticas respectivamente establecidas en el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 570 bis) y en el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica mediante la perpetracin de cualquiera de los delitos previstos en la Seccin siguiente.

Centsimo cuadragsimo noveno.

Se crea la Seccin 2. del Captulo VII del Ttulo XXII del Libro II, que comprender los artculos 572 a 580 y tendr la siguiente rbrica:

De los delitos de terrorismo

Centsimo quincuagsimo.

Se modifica el artculo 572, que queda redactado como sigue:

1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artculos 346 y 351, respectivamente, sern castigados con la pena de prisin de quince a veinte aos, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesin para la vida, integridad fsica o salud de las personas.

2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o grupos terroristas atentaren contra las personas, incurrirn:

1. En la pena de prisin de veinte a treinta aos si causaran la muerte de una persona.

2. En la pena de prisin de quince a veinte aos si causaran lesiones de las previstas en los artculos 149 y 150 o secuestraran a una persona.

3. En la pena de prisin de diez a quince aos si causaran cualquier otra lesin o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.

3. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artculo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policas de las Comunidades Autnomas o de los Entes locales, se impondr la pena en su mitad superior.

Centsimo quincuagsimo primero.

Se modifica el artculo 574, que queda redactado como sigue:

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infraccin con alguna de las finalidades expresadas en el apartado 3 del artculo 571, sern castigados con la pena sealada al delito o falta ejecutados en su mitad superior.

Centsimo quincuagsimo segundo.

Se modifica el artculo 576, que queda redactado como sigue:

1. Ser castigado con las penas de prisin de cinco a diez aos y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboracin con las actividades o las finalidades de una organizacin o grupo terrorista.

2. Son actos de colaboracin la informacin o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construccin, el acondicionamiento, la cesin o la utilizacin de alojamientos o depsitos; la ocultacin o traslado de personas vinculadas a organizaciones o grupos terroristas; la organizacin de prcticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperacin, ayuda o mediacin, econmica o de otro gnero, con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas.

Cuando la informacin o vigilancia de personas mencionada en el prrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad fsica, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondr la pena prevista en el apartado 1 en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigar el hecho como coautora o complicidad, segn los casos.

3. Las mismas penas previstas en el nmero 1 de este artculo se impondrn a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captacin, adoctrinamiento, adiestramiento o formacin, dirigida a la incorporacin de otros a una organizacin o grupo terrorista o a la perpetracin de cualquiera de los delitos previstos en este Captulo.

Centsimo quincuagsimo tercero.

Se aade el artculo 576 bis, que queda redactado como sigue:

1. El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intencin de que se utilicen, o a sabiendas de que sern utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Captulo o para hacerlos llegar a una organizacin o grupo terroristas, ser castigado con penas de prisin de cinco a diez aos y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Si los fondos llegaran a ser empleados para la ejecucin de actos terroristas concretos, el hecho se castigar como coautora o complicidad, segn los casos, siempre que le correspondiera una pena mayor.

2. El que estando especficamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevencin de las actividades de financiacin del terrorismo d lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado primero de este artculo, ser castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en l.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este artculo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

b) Multa de uno a tres aos, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de ms de dos aos de privacin de libertad no incluida en el anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis de este Cdigo, los jueces y tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artculo 33.

Centsimo quincuagsimo cuarto.

Se modifica el artculo 579, que queda redactado como sigue:

1. La provocacin, la conspiracin y la proposicin para cometer los delitos previstos en los artculos 571 a 578 se castigarn con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artculos anteriores.

Cuando no quede comprendida en el prrafo anterior o en otro precepto de este Cdigo que establezca mayor pena, la distribucin o difusin pblica por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetracin de cualquiera de los delitos previstos en este captulo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisin, ser castigada con la pena de seis meses a dos aos de prisin.

2. Los responsables de los delitos previstos en este Captulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artculos precedentes, sern tambin castigados con la pena de inhabilitacin absoluta por un tiempo superior entre seis y veinte aos al de la duracin de la pena de privacin de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el nmero de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

3. A los condenados a pena grave privativa de libertad por uno o ms delitos comprendidos en este Captulo se les impondr adems la medida de libertad vigilada de cinco a diez aos, y de uno a cinco aos si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave cometido por un delincuente primario, el Tribunal podr imponer o no la medida de libertad vigilada en atencin a la menor peligrosidad del autor.

4. En los delitos previstos en esta seccin, los jueces y tribunales, razonndolo en sentencia, podrn imponer la pena inferior en uno o dos grados a la sealada por la ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado, y adems colabore activamente con stas para impedir la produccin del delito o coadyuve eficazmente a la obtencin de pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables o para impedir la actuacin o el desarrollo de organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.

Centsimo quincuagsimo quinto.

Se modifica el inciso inicial del apartado 1 del artculo 607, que queda redactado como sigue:

1. Los que, con propsito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, tnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, sern castigados:

[…]

Centsimo quincuagsimo sexto.

Se modifica el punto 1. del apartado 1 del artculo 607 bis, que queda redactado como sigue:

1. Por razn de pertenencia de la vctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos polticos, raciales, nacionales, tnicos, culturales, religiosos, de gnero, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Centsimo quincuagsimo sptimo.

Se aaden los ordinales 8. y 9. al artculo 611, que tendrn la siguiente redaccin:

8. Declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un Juez o Tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa.

9. Atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violacin, esclavitud sexual, prostitucin inducida o forzada, embarazo forzado, esterilizacin forzada o cualquier otra forma de agresin sexual.

Centsimo quincuagsimo octavo.

Se modifican los ordinales 3. y 4. y se aaden los ordinales 8., 9. y 10. al artculo 612, con la siguiente redaccin:

3. Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia mdica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes, omita informarle, sin demora justificada y de modo comprensible, de su situacin, imponga castigos colectivos por actos individuales o viole las prescripciones sobre el alojamiento de mujeres y familias o sobre proteccin especial de mujeres y nios establecidas en los tratados internacionales en los que Espaa fuera parte y, en particular, reclute o aliste a menores de dieciocho aos o los utilice para participar directamente en las hostilidades.

4. Use indebidamente los signos protectores o distintivos, emblemas o seales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que Espaa fuere parte, especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo.

8. Haga padecer intencionadamente hambre a la poblacin civil como mtodo de guerra, privndola de los bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar arbitrariamente los suministros de socorro, realizados de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

9. Viole suspensin de armas, armisticio, capitulacin u otro convenio celebrado con la parte adversa.

10. Dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas, personal asociado o participante en una misin de paz o de asistencia humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la proteccin otorgada a personas o bienes civiles, con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados, o les amenace con tal ataque para obligar a una persona natural o jurdica a realizar o abstenerse de realizar algn acto.

Centsimo quincuagsimo noveno.

Se modifica el artculo 613, que queda redactado como sigue:

1. Ser castigado con la pena de prisin de cuatro a seis aos el que, con ocasin de un conflicto armado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones:

a) Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que tales bienes o lugares no estn situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estn debidamente sealizados;

b) Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra a) en apoyo de una accin militar;

c) Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra a);

d) Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carcter civil de la parte adversa, causando su destruccin, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la accin militar del adversario;

e) Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacin civil, salvo que la parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una accin militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas;

f) Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberacin de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, prdidas importantes en la poblacin civil, salvo que tales obras o instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y que tales ataques sean el nico medio factible de poner fin a tal apoyo;

g) Destruya, dae o se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje;

h) Requise, indebida o innecesariamente, bienes muebles o inmuebles en territorio ocupado o destruya buque o aeronave no militares, y su carga, de una parte adversa o neutral o los capture, con infraccin de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados en la mar;

i) Ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones, material, unidades, residencia privada o vehculos de cualquier miembro del personal referido en el ordinal 10. del artculo 612 o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una persona natural o jurdica a realizar o abstenerse de realizar algn acto.

2. Cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilizacin indebida tengan por objeto bienes culturales o lugares de culto bajo proteccin especial o a los que se haya conferido proteccin en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo proteccin reforzada o sus alrededores inmediatos, se podr imponer la pena superior en grado.

En los dems supuestos previstos en el apartado anterior de este artculo, se podr imponer la pena superior en grado cuando se causen destrucciones extensas e importantes en los bienes, obras o instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema gravedad.

Centsimo sexagsimo.

Se modifica el artculo 614, que queda redactado como sigue:

El que, con ocasin de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que Espaa fuere parte y relativos a la conduccin de las hostilidades, regulacin de los medios y mtodos de combate, proteccin de los heridos, enfermos y nufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, proteccin de las personas civiles y proteccin de los bienes culturales en caso de conflicto armado, ser castigado con la pena de prisin de seis meses a dos aos.

Centsimo sexagsimo primero.

Se modifica el artculo 615, que queda redactado como sigue:

La provocacin, la conspiracin y la proposicin para la ejecucin de los delitos previstos en los captulos anteriores de este Ttulo se castigarn con la pena inferior en uno o dos grados a la que correspondera a los mismos.

Centsimo sexagsimo segundo.

Se modifica el artculo 616, que queda redactado como sigue:

En el caso de cometerse cualquiera de los delitos comprendidos en los Captulos anteriores de este Ttulo, excepto los previstos en el artculo 614 y en los apartados 2 y 6 del 615 bis, y en el Ttulo anterior por una autoridad o funcionario pblico, se le impondr, adems de las penas sealadas en ellos, la de inhabilitacin absoluta por tiempo de diez a veinte aos; si fuese un particular, los jueces y tribunales podrn imponerle la de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a diez aos.

Centsimo sexagsimo tercero.

Se aade un Captulo V al Ttulo XXIV del Libro II, que comprender los artculos 616 ter y 616 quter y tendr la siguiente rbrica:

CAPTULO V

Delito de piratera

Centsimo sexagsimo cuarto.

Se aade el artculo 616 ter, que queda redactado como sigue:

El que con violencia, intimidacin o engao, se apodere, dae o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcacin o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, ser castigado como reo del delito de piratera con la pena de prisin de diez a quince aos.

En todo caso, la pena prevista en este artculo se impondr sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.

Centsimo sexagsimo quinto.

Se aade el artculo 616 quter, que queda redactado como sigue:

1. El que con ocasin de la prevencin o persecucin de los hechos previstos en el artculo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado espaol y est autorizado a tal fin, ser castigado con la pena de prisin de uno a tres aos.

2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondr la pena de diez a quince aos de prisin.

3. En todo caso, las penas previstas en este artculo se impondrn sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.

Centsimo sexagsimo sexto.

Se modifica el apartado 1 y se aade un nuevo apartado 5 al artculo 623, con la siguiente redaccin:

1. Los que cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. En los casos de perpetracin reiterada de esta falta, se impondr en todo caso la pena de localizacin permanente. En este ltimo supuesto, el Juez podr disponer en sentencia que la localizacin permanente se cumpla en sbados, domingos y das festivos en el centro penitenciario ms prximo al domicilio del penado, de acuerdo con lo dispuesto en el prrafo segundo del artculo 37.1.

Para apreciar la reiteracin, se atender al nmero de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas.

5. Los que realicen los hechos descritos en el prrafo segundo de los artculos 270.1 y 274.2, cuando el beneficio no sea superior a 400 euros, salvo que concurra alguna de las circunstancias prevenidas en los artculos 271 y 276, respectivamente.

Centsimo sexagsimo sptimo.

Se modifica el artculo 626, que queda redactado como sigue:

Los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de dominio pblico o privado, sin la debida autorizacin de la Administracin o de sus propietarios, sern castigados con la pena de localizacin permanente de dos a seis das o tres a nueve das de trabajos en beneficio de la comunidad.

Centsimo sexagsimo octavo.

Se modifica el artculo 631, que queda redactado como sigue:

1. Los dueos o encargados de la custodia de animales feroces o dainos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal sern castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

2 Quienes abandonen a un animal domstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad sern castigados con la pena de multa de quince das a dos meses.

Centsimo sexagsimo noveno.

Se modifica el prrafo segundo de la disposicin adicional segunda del Cdigo Penal, que queda redactado como sigue:

Asimismo, en los supuestos en que el Juez o Tribunal acuerde la inhabilitacin especial para el ejercicio de la patria potestad, el acogimiento, la guarda, tutela o curatela, o la privacin de la patria potestad lo comunicar de inmediato a la entidad pblica que en el respectivo territorio tenga encomendada la proteccin de los menores y al Ministerio Fiscal para que acten de conformidad con sus respectivas competencias.

Disposicin adicional primera.

Las referencias que se hacen a los delitos de terrorismo de la Seccin Segunda del Captulo V del Ttulo XXII del Libro II en los artculos 76 y 93 del Cdigo Penal, se entendern hechas a delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Captulo VII del Ttulo XXII del Libro II de dicho Cdigo.

Las referencias que se hacen a los delitos de terrorismo de la Seccin Segunda del Captulo V del Ttulo XXII del Libro II, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, en los artculos 78, 90 y 91 del Cdigo Penal, se entendern hechas a delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Captulo VII del Ttulo XXII del Libro II de dicho Cdigo, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales.

Se suprime la expresin bandas armadas de los artculos 90, 170, 505, 573, 575, 577 y 580 del Cdigo Penal.

Disposicin adicional segunda. Sistema electrnico de registro de faltas.

El Gobierno, en colaboracin con las Comunidades Autnomas con competencia en la materia, establecer en el plazo de un ao un sistema electrnico de registro para las faltas.

Disposicin transitoria primera. Legislacin aplicable.

1. Los delitos y faltas cometidos hasta el da de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarn conforme a la legislacin penal vigente en el momento de su comisin. No obstante lo anterior, se aplicar esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son ms favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.

2. Para la determinacin de cul sea la ley ms favorable se tendr en cuenta la pena que correspondera al hecho enjuiciado con la aplicacin de las normas completas del Cdigo actual y de la reforma contenida en esta Ley.

3. En todo caso, ser odo el reo.

Disposicin transitoria segunda. Revisin de sentencias.

1. El Consejo General del Poder Judicial, en el mbito de las competencias que le atribuye el artculo 98 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, podr asignar a uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales dedicados en rgimen de exclusividad a la ejecucin de sentencias penales la revisin de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta Ley.

Dichos jueces o tribunales procedern a revisar las sentencias firmes y en las que el penado est cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposicin ms favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerar ms favorable esta Ley cuando la duracin de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea tambin imponible con arreglo a esta reforma del Cdigo. Se excepta el supuesto en que esta Ley contenga para el mismo hecho la previsin alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, deber revisarse la sentencia.

2. No se revisarn las sentencias en que el cumplimiento de la pena est suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensin y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida.

Igual regla se aplicar si el penado se encuentra en perodo de libertad condicional.

Tampoco se revisarn las sentencias en que, con arreglo a la redaccin anterior de los artculos del Cdigo y a la presente reforma, corresponda exclusivamente pena de multa.

3. No sern revisadas las sentencias en que la pena est ejecutada o suspendida, aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, as como las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta en su da, conforme a esta Ley.

4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarn las sentencias cuando la pena resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco imponible inferior respecto a esta Ley.

Disposicin transitoria tercera. Reglas de invocacin de la normativa aplicable en materia de recursos.

En las sentencias dictadas conforme a la legislacin que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se observarn, una vez transcurrido el perodo de vacatio, las siguientes reglas:

a) Si se trata de un recurso de apelacin, las partes podrn invocar y el Juez o Tribunal aplicar de oficio los preceptos de la nueva ley, cuando resulten ms favorables al reo.

b) Si se trata de un recurso de casacin, an no formalizado, el recurrente podr sealar las infracciones legales basndose en los preceptos de la nueva ley.

c) Si, interpuesto recurso de casacin, estuviera sustancindose, se pasar de nuevo al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el trmino de ocho das, para que adapte, si lo estima procedente, los motivos de casacin alegados a los preceptos de la nueva ley, y del recurso as modificado se instruirn las partes interesadas, el fiscal y el magistrado ponente, continuando la tramitacin conforme a derecho.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se modifican el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 263 bis, el apartado 4 del artculo 282 bis y el apartado 1.7. del artculo 796, y se aade un nuevo artculo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los trminos siguientes:

Uno. Se modifica el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 263 bis, que queda redactado como sigue:

Tambin podr ser autorizada la circulacin o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artculo 371 del Cdigo Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artculo 301 de dicho Cdigo en todos los supuestos previstos en el mismo, as como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artculos 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569, tambin del Cdigo Penal.

Dos. Se modifica el apartado 4 del artculo 282 bis, que queda redactado como sigue:

4. A los efectos sealados en el apartado 1 de este artculo, se considerar como delincuencia organizada la asociacin de tres o ms personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

a) Delitos de obtencin, trfico ilcito de rganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artculo 156 bis del Cdigo Penal.

b) Delito de secuestro de personas previsto en los artculos 164 a 166 del Cdigo Penal.

c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artculo 177 bis del Cdigo Penal.

d) Delitos relativos a la prostitucin previstos en los artculos 187 a 189 del Cdigo Penal.

e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico previstos en los artculos 237, 243, 244, 248 y 301 del Cdigo Penal.

f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artculos 270 a 277 del Cdigo Penal.

g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artculos 312 y 313 del Cdigo Penal.

h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artculo 318 bis del Cdigo Penal.

i) Delitos de trfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artculos 332 y 334 del Cdigo Penal.

j) Delito de trfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artculo 345 del Cdigo Penal.

k) Delitos contra la salud pblica previstos en los artculos 368 a 373 del Cdigo Penal.

l) Delitos de falsificacin de moneda, previsto en el artculo 386 del Cdigo Penal, y de falsificacin de tarjetas de crdito o dbito o cheques de viaje, previsto en el artculo 399 bis del Cdigo Penal.

m) Delito de trfico y depsito de armas, municiones o explosivos previsto en los artculos 566 a 568 del Cdigo Penal.

n) Delitos de terrorismo previstos en los artculos 572 a 578 del Cdigo Penal.

o) Delitos contra el patrimonio histrico previstos en el artculo 2.1.e de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando.

Tres. Se aade un nuevo artculo 367 septies con la siguiente redaccin:

El Juez o Tribunal, a instancia del Ministerio Fiscal, podr encomendar la localizacin, conservacin, administracin y realizacin de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organizacin criminal a una Oficina de Recuperacin de Activos.

Dicha Oficina tendr la consideracin de Polica Judicial, y su organizacin y funcionamiento, as como sus facultades para desempear por s o con la colaboracin de otras entidades o personas las funciones de conservacin, administracin y realizacin mencionadas en el prrafo anterior, se regularn reglamentariamente.

Asimismo, la autoridad judicial podr acordar que, con las debidas garantas para su conservacin y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lcito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Oficina de Recuperacin de Activos o, a travs de ella, por cualquier otra unidad de la Polica Judicial encargada de la represin de la criminalidad organizada.

El producto de la realizacin de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias a los que se refiere este apartado podr asignarse total o parcialmente de manera definitiva, en los trminos y por el procedimiento que reglamentariamente se establezcan, a la Oficina de Recuperacin de Activos y a los rganos del Ministerio Fiscal encargados de la represin de las actividades de las organizaciones criminales.

El Plan Nacional sobre Drogas actuar como oficina de recuperacin de activos en el mbito de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, en el Cdigo Penal y en las dems disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan.

Cuatro. Se modifica el apartado 1.7. del artculo 796, que queda redactado como sigue:

7. La prctica de las pruebas de alcoholemia se ajustar a lo establecido en la legislacin de seguridad vial.

Las pruebas para detectar la presencia de drogas txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas en los conductores de vehculos a motor y ciclomotores sern realizadas por agentes de la polica judicial de trfico con formacin especfica y sujecin, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deber someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estar obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que ser analizada en laboratorios homologados, garantizndose la cadena de custodia.

Todo conductor podr solicitar prueba de contraste consistente en anlisis de sangre, orina u otras anlogas. Cuando se practicaren estas pruebas, se requerir al personal sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio ms rpido y, en todo caso, antes del da y hora de la citacin a que se refieren las reglas anteriores.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccin civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se aaden un nuevo apartado cuatro al artculo cuarto y un nuevo apartado ocho al artculo sptimo, y se modifica el artculo noveno de la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccin civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en los trminos siguientes:

Uno. Se aade un nuevo apartado cuatro al artculo cuarto, que queda redactado como sigue:

Cuatro. En los supuestos de intromisin ilegtima en los derechos de las vctimas de un delito a que se refiere el apartado ocho del artculo sptimo, estar legitimado para ejercer las acciones de proteccin el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la accin penal o civil en el proceso penal precedente. Tambin estar legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento, se estar a lo dispuesto en los apartados anteriores.

Dos. Se aade un nuevo apartado ocho al artculo sptimo, que queda redactado como sigue:

Ocho. La utilizacin del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pblica u obtener provecho econmico, o la divulgacin de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las vctimas.

Tres. Se modifica el artculo noveno, que tendr la redaccin siguiente:

Uno. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegtimas en los derechos a que se refiere la presente Ley podr recabarse por las vas procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artculo 53.2 de la Constitucin. Tambin podr acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Dos. La tutela judicial comprender la adopcin de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisin ilegtima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaracin de la intromisin sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposicin del estado anterior. En caso de intromisin en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluir, sin perjuicio del derecho de rplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicacin total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusin pblica que tuvo la intromisin sufrida.

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.

c) La indemnizacin de los daos y perjuicios causados.

d) La apropiacin por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisin ilegtima en sus derechos.

Estas medidas se entendern sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.

Tres. La existencia de perjuicio se presumir siempre que se acredite la intromisin ilegtima. La indemnizacin se extender al dao moral, que se valorar atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesin efectivamente producida, para lo que se tendr en cuenta, en su caso, la difusin o audiencia del medio a travs del que se haya producido.

Cuatro. El importe de la indemnizacin por el dao moral, en el caso de los tres primeros apartados del artculo cuarto, corresponder a las personas a que se refiere su apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporcin en que la sentencia estime que han sido afectados. En los casos del artculo sexto, la indemnizacin se entender comprendida en la herencia del perjudicado.

En el caso del apartado cuatro del artculo cuarto, la indemnizacin corresponder a los ofendidos o perjudicados por el delito que hayan ejercitado la accin. De haberse ejercitado por el Ministerio Fiscal, ste podr solicitar la indemnizacin para todos los perjudicados que hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella.

Cinco. Las acciones de proteccin frente a las intromisiones ilegtimas caducarn transcurridos cuatro aos desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica la letra b) del apartado 1. del artculo 65 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendr la siguiente redaccin:

b) Falsificacin de moneda y fabricacin de tarjetas de crdito y dbito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

Disposicin final cuarta. Habilitacin competencial.

Los preceptos de la presente Ley se dictan en virtud del artculo 149.1.6. de la Constitucin.

Disposicin final quinta. Preceptos de carcter ordinario.

Esta Ley tiene carcter orgnico, excepto el apartado Tres de la disposicin final primera, por el que se aade un artculo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tendr carcter de ley ordinaria.

Disposicin final sexta. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

En esta Ley se incorporan al Derecho espaol las siguientes normas de la Unin Europea:

Decisin Marco 003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupcin en el sector privado.

Decisin Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotacin sexual de los nios y la pornografa infantil.

Decisin Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mnimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el mbito del trfico ilcito de drogas.

Decisin Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.

Decisin Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de informacin.

Decisin Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisin Marco 2002/475/JAI, sobre la lucha contra el terrorismo.

Decisin Marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2008, relativa a la proteccin del medio ambiente mediante el derecho penal.

Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con informacin privilegiada y la manipulacin del mercado (abuso del mercado).

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor a los seis meses de su completa publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 22 de junio de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 22/06/2010
  • Fecha de publicación: 23/06/2010
  • Entrada en vigor: 23 de diciembre de 2010.
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • determinados preceptos de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).
    • el art. 65.1.b) de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
    • los arts. 4.4, 7.8 y 9 de la Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-1982-11196).
    • los arts. 263 bis.1, 282 bis.4 y 796.1.7 y AADE el art. 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
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