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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de abril de 2009, ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2009 del Plan de extensión e impulso del primer ciclo de Educación infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional dispone la publicación del citado Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 24 de abril de 2009.–La Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia Badía.
De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, quedan formalizados, en los términos que figuran en el Anexo, los compromisos financieros resultantes de la propuesta acordada en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, en la reunión celebrada el 17 de marzo de 2009, en relación con los criterios de distribución territorial, así como las distribuciones resultantes, del Fondo para cofinanciar la creación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, dotado con 100.000.000 de euros y consignado en la aplicación presupuestaria 18.06.322A.454.
El artículo 15.1 de la LOE atribuye a las administraciones públicas la obligación de promover la creación de plazas suficientes del primer ciclo de Educación infantil, así como la de coordinar sus actuaciones y cooperar con otras entidades para asegurar la oferta educativa. En este sentido, las corporaciones locales juegan un papel relevante, previendo el citado artículo la suscripción de convenios con ellas con el fin aludido. Se trata, en todo caso, de un esfuerzo que deben compartir las diferentes administraciones. El esfuerzo conjunto promovido por el Gobierno para dar cumplimiento a este mandato se ha visto reflejado en la presentación del Plan de impulso y extensión del primer ciclo de Educación infantil Educa3. Este Plan, debatido y acordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, responde a la prioridad que las Administraciones Públicas dan a la extensión de esta etapa educativa.
El interés de las Administraciones Públicas en el desarrollo de la Educación Infantil y su intención de dar respuesta a las demandas de las familias se está viendo ya plasmado en un aumento notable en el número de plazas ofertadas en centros de educación infantil autorizados por la Administración Educativa. Simultáneamente se ha desarrollado el proceso de regulación de este periodo educativo por parte de las Comunidades Autónomas, tanto en lo que se refiere a los contenidos educativos como a los requisitos mínimos de los centros.
La puesta en marcha de Educa3 ha llevado consigo la firma de convenios de colaboración entre el MEPSYD y las Comunidades Autónomas para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de Educación infantil para el año 2008 en los que se acuerda y se ponen los medios para la creación de un número importante de plazas para el primer ciclo de Educación infantil. Con ello la Administración del Estado ha contribuido durante 2008 al objetivo común de incrementar de manera significativa la oferta de plazas públicas en este nivel educativo atendiendo a criterios de calidad, pero respondiendo también a la necesidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
El desarrollo Educa3 en 2009 se llevará a cabo contando, tal como se previó en el propio Plan, con una aportación de la Administración General del Estado de 100 millones de euros en las condiciones que se indican a continuación.
El crédito transferido a cada una de las Comunidades Autónomas estará condicionado al compromiso por parte de éstas de incremento en el número de plazas destinadas al primer ciclo de Educación infantil. En particular, el aumento de plazas se destinará a una o varias de las siguientes actuaciones:
Creación de nuevas escuelas de Educación infantil públicas que den lugar a un incremento en la oferta de plazas.
Ampliación de escuelas de Educación infantil públicas existentes para poder ofrecer nuevas plazas.
Transformación de guarderías y otros centros públicos de atención a la infancia en Escuelas de Educación Infantil.
El ámbito del Plan se extiende a centros o futuros centros dependientes de cualquiera de las administraciones educativas, corporaciones locales (Ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, consejos insulares, consejos comarcales y mancomunidades de municipios) u otras administraciones públicas diferentes de la educativa de las que dependa la red pública de escuelas infantiles.
Los puestos escolares que se creen a través de esta vía serán para impartir enseñanzas de Educación infantil y deben ajustarse a lo establecido en la normativa básica para esta etapa. Las plazas creadas deberán pasar a formar parte de centros inscritos en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios.
El carácter público de los puestos escolares vendrá determinado por la titularidad de las instalaciones y por la financiación del funcionamiento de la escuela infantil. En particular:
El funcionamiento de las plazas creadas debe financiarse parcial o totalmente por las administraciones. La financiación parcial será de al menos un tercio del coste total.
La oferta de plazas debe ser abierta a toda la población, aplicándose los criterios de admisión establecidos con carácter general para los centros sostenidos con fondos públicos.
Las plazas que se creen estarán bajo la supervisión directa de la administración de la que dependan.
El crédito podrá ser destinado a cualquier gasto asociado a la puesta en funcionamiento de las plazas creadas.
Para recibir el crédito correspondiente las administraciones educativas deberán suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en el que se plasmen los siguientes compromisos:
Crear el número de plazas de Educación infantil que se determine, calculada de acuerdo con la cantidad aportada.
Poner en funcionamiento las plazas creadas en la fecha que se fije en el convenio, que no debe superar los dos años posteriores a su firma.
Aportar una cantidad al menos igual a la aportada por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
El convenio de colaboración deberá además incorporar la relación de los centros y el número de unidades y plazas creadas en cada uno de ellos. En el caso de tratarse de centros dependientes de corporaciones locales, la selección deberá ajustarse a criterios objetivos.
La comunidad autónoma receptora de los fondos se comprometerá, asimismo, a hacer pública la aportación del Estado en informaciones, convocatorias públicas, convenios con otras instituciones y carteles informativos de obra, así como a mantener dicha información en lugar público visible de los centros que hayan sido objeto de financiación durante al menos diez años.
El criterio para la distribución del crédito será el que se establece a continuación:
Población de 0 a 2 años el 1 de enero de 2009: 94%.
Superficie: 4,2%.
Dispersión de la población: 1,2%.
Insularidad: 0,6%.
En caso de que alguna administración autonómica no acepte total o parcialmente los fondos asignados, la cantidad correspondiente se distribuirá entre las que lo deseen con los mismos criterios.
La aplicación de los criterios citados arroja la siguiente distribución:
|
Andalucía |
20.261.223 € |
|
Aragón |
2.988.860 € |
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Asturias (Principado de) |
1.775.320 € |
|
Illes Balears |
2.633.670 € |
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Canarias |
4.993.545 € |
|
Cantabria |
1.148.323 € |
|
Castilla y León |
5.040.722 € |
|
Castilla La Mancha |
4.970.073 € |
|
Cataluña |
17.366.230 € |
|
Comunitat Valenciana |
11.340.478 € |
|
Extremadura |
2.479.434 € |
|
Galicia |
5.274.098 € |
|
Madrid (Comunidad de) |
15.112.856 € |
|
Murcia (Región de) |
3.919.413 € |
|
La Rioja |
695.755 € |
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