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Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de 1 de diciembre de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre de 2004), se determina el número de plazas a proveer por los Tribunales en las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden APU/1715/2004, de 10 de mayo, con excepción de las siete plazas reservadas para ser cubiertas con personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.4 de la correspondiente convocatoria, aprobada por Orden APU/1715/2004, de 10 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio) y con lo dispuesto en el apartado segundo de la mencionada Resolución de 1 de diciembre de 2004, he resuelto:

Primero.-De conformidad con lo dispuesto en la base 1.1 de la convocatoria, relativo a la reserva de siete plazas para el cupo de discapacitados, y una vez concluido el segundo ejercicio se procede a su asignación definitiva.

Segundo.-Asignar con carácter definitivo, en función del número real de opositores presentados, las siete plazas vacantes de las reservadas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 y, una vez concluida la realización del segundo ejercicio, ha resultado cubierta una plaza de la reserva de discapacitados por el Tribunal número 6 de Madrid y otra por el Tribunal número 9 de Valencia. Por tanto, quedando vacantes cinco plazas de las reservadas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, acrecen las plazas de acceso libre que fueron asignadas mediante Resolución de 1 de diciembre de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre de 2004). Tercero.-Efectuada la redistribución, quedan distribuidas definitivamente las plazas por Tribunales, en los términos recogidos en el Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que la ha dictado o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Director, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.