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Vista la sentencia en apelación de 23 de septiembre de 2003, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo n.º PA 143/2002, interpuesto por doña Blanca Isabel Mesa González, en cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado.

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente recurso de apelación interpuesto por D.ª Blanca Isabel Mesa González contra la sentencia de 14 de enero de 2003 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 que se revoca en su particular "y adjudicada al participante que reúna mayor puntuación" que anulamos por no ser conforme con el razonamiento jurídico y en su lugar declaramos su derecho a que por la Administración se adjudique la plaza n.º 1352 de la Fiscalía de León a la recurrente, salvo que exista concursante de los que habiendo recurrido, ostente mejor derecho. Confirmando el resto de la sentencia apelada.»

Este Ministerio acuerda adjudicar el destino Fiscalía de León a la Auxiliar de la Administración de Justicia doña Blanca Isabel Mesa González, debiendo cesar en su anterior puesto de trabajo dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y tomar posesión en el nuevo puesto dentro del plazo de los tres días naturales siguientes al cese, si no cambian de localidad, o de diez días naturales, sin cambian de localidad.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 17 de marzo de 2004.‒El Ministro, P.D. (Orden JUS/1825/2003, de 26 de junio), el Secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.