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Por sentencia de fecha 14 de noviembre de 2002 de la Sección

Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, firme por sentencia

de fecha 8 de octubre de 2003 dictada por la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo que casa y anula parcialmente la misma, recaída

en el procedimiento abreviado n.o 33/2000, rollo n.o 16/01, por

la que se condena a don Carlos Pablo Ferrero Escribano,

funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

(disposición adicional cuarta Ley Orgánica 19/2003) con destino en el

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Alcoy

(Alicante), como autor responsable de un delito de infidelidad en la

custodia de documentos públicos y falsedad en documento oficial

a las penas de:

A) Por el delito de infidelidad en la custodia de documentos

a la pena de prisión de un año, accesoria de inhabilitación especial

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo,

multa por tiempo de siete meses fijando la cuota diaria en 200

pesetas e inhabilitación especial para empleo o cargo público por

tiempo de tres años.

B) Por el delito de falsedad en documento oficial a la pena

de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo,

multa de seis meses, fijando la cuota diaria en 200 pesetas e

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo

de dos años.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 27.1 apartados e) y f) del Reglamento Orgánico de los

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de

Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,

normativa en vigor a la fecha en que adquirió firmeza la sentencia,

la imposición con carácter firme por los tribunales de la pena

de inhabilitación, y la condena sobrevenida como consecuencia

de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause daño

a la Administración de Justicia o a sus destinatarios, es causa

de la pérdida de la condición de funcionario.

Considerando, a mayor abundamiento, que los artículos 491.2

y 443.2.d) de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,

de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del

Poder Judicial, normativa actualmente en vigor, establecen que

la condición de funcionario se pierde "por inhabilitación absoluta

o especial impuesta como pena principal o accesoria por los

tribunales cuando la misma sea firme".

Este Ministerio acuerda declarar la pérdida de la condición de

funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y

Administrativa (disposición adicional cuarta Ley Orgánica 19/2003)

de don Carlos Pablo Ferrero Escribano.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, cabe

interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio

en el plazo de un mes, o directamente recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos

desde el día siguiente al de su notificación (artículos 116 y 117

Ley 30/92 y artículos 11 y 46 Ley 29/98 reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 23 de febrero de 2004.

MICHAVILA NÚÑEZ

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración

de Justicia.