En la cuestión de ilegalidad n.º 4/2002, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha 1 de julio de 2003, que contiene el siguiente fallo:
«Que desestimando la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, debemos declarar la validez del artículo 20.2.7.ª, del Real decreto 1082/91 de 28 de junio, por estar ajustado a Derecho; sin hacer expresa imposición de costas.
Esta sentencia no afecta a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el expresado órgano jurisdiccional en el recurso contencioso-administrativo n.º 886/1998.»
Presidente: Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde; Magistrados: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos; Excmo. Sr. D. Mariano Baena del Alcázar; Excmo. Sr. D. Antonio Martí García; Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo.
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