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El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto Legislativo solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

El proyecto de mejora y modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente, se tipifica en la categoría del grupo 1, letra c), proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas, del anejo II de la Ley 6/2001.

Con fecha 7 de febrero del 2002, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 6/2001, remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación sobre las características, ubicación y potencial impacto del proyecto al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto se localiza en la provincia de Salamanca, en los términos municipales de Aldealuenga, Aldearrubia, Babilafuente, Cordovilla, Encinas de Abajo, Garcihernández, Huerta, Moriñigo y San Morales.

El proyecto consiste en la mejora del actual sistema de riego mixto, de pie y aspersión, basado en la impulsión del agua con motores de explosión desde la red de acequias, dando servicio a 3.619 hectáreas. Las actuaciones a realizar consisten en la instalación de un sistema de riego por aspersión a la demanda construyendo dos nuevas tomas de agua en la margen derecha del río Tormes con elevación de aguas a la balsa de nueva construcción, lo que permitirá abandonar la actual toma localizada en el Azud de Villagonzalo, e instalación de la red de tuberías enterradas.

Una toma se instala 800 m aguas abajo de la localidad de Huerta, requiriendo obra de toma, edificio, equipos de bombeo, colectores, válvulas y tubería de impulsión hasta la balsa de almacenamiento. La balsa es de nueva construcción con una capacidad de 250.000 metros cúbicos, ocupando una superficie de 70.000 metros cuadrados a la cota de 870 metros, adosándose a una ladera y compensando los volúmenes de tierra de excavación con el necesario para el terraplenado.

Otra toma se ubica a la altura de la localidad de Cilloruelo, distribuyendo con bombeo directo mediante red independiente de la anterior para abastecer a 230 hectáreas alejadas de la balsa de almacenamiento.

La longitud total de la red a instalar es de 172.197 metros de diámetros comprendidos entre 110 y 1.600 milímetros.

Otros elementos necesarios son la subestación eléctrica y línea de alta tensión de 45 kilovoltios enterrada y de 4,3 kilómetros de longitud que atraviesa el río Tormes en tubería colgada del puente existente en la localidad de Huerta.

El volumen de escombros y movimiento de tierras generado por la obra es de 33.854 metros cúbicos, que proceden de la demolición de los 4.890 metros de acequias existentes y 625 metros cuadrados de pavimentos asfálticos, de la excavación de zanjas para albergar las tuberías, y de las perforaciones subterráneas para cruzar vías de comunicación. El destino de este volumen de material sobrante es un terreno de 7 hectáreas de extensión correspondiente a las parcelas números 28, 29 y 30 del polígono 505 de la Junta de Colonos de Cilloruelo en el término municipal de Encinas de Abajo.

En la documentación se prevé realizar tareas de restauración del espacio alterado por las obras, así como la recuperación del vertedero mediante su cubrición con tierra y revegetación con especies arbóreas y arbustivas para lograr su integración en el entorno. Así mismo se prevé el seguimiento y vigilancia de la eficacia de las restauraciones realizadas y el control de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas que puedan estar relacionadas con las repercusiones de la explotación del regadío, y de la evolución de las tasas de elementos contaminantes de los suelos.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental consultó sobre el impacto ambiental del proyecto con fecha 27 de febrero del 2002 a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y a la Confederación Hidrográfica del Duero.

La Consejería de Medio Ambiente entiende que de las características del proyecto se deduce la no necesidad de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Duero entiende que el caudal a derivar del río debe ser continuo y no exclusivamente en horas valle, por la noche, al considerarse incompatible con el proceso de desembalse de la Presa de Santa Teresa localizada 25 kilómetros aguas arriba, en razón a evitar perturbaciones en el caudal mínimo de mantenimiento del río, en la calidad de las aguas y en el uso por bañistas, pescadores.

Considerando las respuestas recibidas, y los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, y analizada la totalidad del expediente no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la precitada Ley, y teniendo en cuenta que el objetivo de la actuación es la mejora de las infraestructuras de un terreno de 3.619 hectáreas actualmente en regadío que permita ahorros en el consumo de agua y mayor eficiencia en la producción, y teniendo en cuenta que el ámbito del proyecto no se encuentra en Zonas de Especial Protección Para la Aves, Lugares de Interés Comunitario o Espacios Naturales Protegidos.

La Secretaría General de Medio Ambiente considera que no es necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de mejora y modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente, de la «Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte, Sociedad Anónima».

Madrid, 3 de julio de 2002.‒La Secretaria general, Carmen Martorell Pallás.