Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-6517

Resolución de 26 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Antoni Paradell i Ferrer, en representación de L'Institut Catalá de Sól contra la negativa del Registrador de la Propiedad de La Seu d'Urgell, don Francisco José Martín Martín, a inscribir un acta de rectificación en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2001, páginas 12469 a 12470 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-6517

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Antoni Paradell i Ferrer,

en representación de L'Institut Catalá de Sól contra la negativa del

Registrador de la Propiedad de La Seu d'Urgell, don Francisco José Martín

Martín, a inscribir un acta de rectificación en virtud de apelación del

recurrente.

Hechos

I

En escritura autorizada el día 25 de noviembre de 1994 se elevó a

público el proyecto de reparcelación del sector industrial de

Montferrer-Castellbó, en el que, entre otras fincas, se aportó parte de la finca

registral 1.630, propiedad de doña Dolores Muñoz Lara, procediéndose

a la segregación de una porción, de 2.656 metros cuadrados, quedando

como resto de la finca matriz una extensión de 1.042 metros cuadrados.

En el Registro de la Propiedad de La Seu d'Urgell se inscribió la finca

segregada con el número 1.813, cancelándose después al ser aportada a

la reparcelación, y se inscribió la finca resultante con el número 1.832

a favor de doña Dolores Muñoz Lara en una participación indivisa del

80,63 por 100 y el resto a favor del organismo actuante, L'Institut Catalá

del Sól. En acta autorizada el día 17 de septiembre de 1997 por el Notario

de Barcelona don Miguel Tarragona Coromina, don Antoni Paradell i

Ferrer, en representación del Institut Catalá del Sól rectifica determinados

"errores materiales" cometidos en la reparcelación expresada extinguiendo

la comunidad existente entre el organismo actuante y doña Dolores Muñoz

Lara, de forma que ésta pasa a ser la única titular de la finca registral

1.832, deja sin efecto la descripción del resto de la registral 1.630 "ya

que esta finca queda totalmente agotado en la reparcelación del sector"

y solicita del Registrador de la Propiedad la modificación de los errores

descritos.

II

Presentada la anterior acta en el Registro de la Propiedad de La Seu

d'Urgell, fue calificada con la siguiente nota: "Denegada la rectificación

solicitada en el precedente documento por el defecto insubsanable de no

concurrir el consentimiento del titular registral de la finca 1.630, de

conformidad con lo exigido en los artículos 40 y 217 de la Ley Hipotecaria

y preceptos que los desarrollan en el Reglamento Hipotecario. Téngase

en cuenta, además, que según resulta del Registro, el resto de la finca

registral 1.630, que ahora se pretende modificar, no figura incluida en

la Reparcelación del Sector Industrial de Montferrer. Contra la presente

calificación podrá interponerse, ante el excelentísimo señor Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso gubernativo

regulado en los artículos 112 y siguientes del Reglamento Hipotecario, en el

plazo de cuatro meses, a contar desde la fecha de esta nota. La Seu d'Urgell,

a 15 de enero de 1998. El Registrador. Firma ilegible".

III

Don Antoni Paradell i Ferrer, en representación de L'Institut Catalá

del Sól, interpuso recurso gubernativo contra la anterior nota de

calificación y alegó: Que la operación jurídica complementaria, como un

procedimiento administrativo que es, no requiere el consentimiento de los

titulares registrales para su inscripción. La calificación de los documentos

administrativos (artículo 99 del Reglamento Hipotecario) no es una

calificación típica y propia de una relación del Registrador con personas físicas

o jurídicas, sino con la Administración y con los trámites e incidencias

del procedimiento administrativo específico y, por tanto, se han de aplicar

las reglas especiales de un procedimiento urbanístico, en ejecución y, en

este sentido, el artículo 113.3 del Reglamento de Gestión Urbanística prevé

la posibilidad de realizar operaciones jurídicas complementarias del

proyecto de reparcelación, con la posibilidad de rectificar los errores

materiales que se observen, sin necesidad de que el titular registral presente

su consentimiento, no siendo de aplicación los artículos 40 y 217 de la

Ley Hipotecaria, al haber una normativa específica, la urbanística, que

regula la forma de corregir los errores materiales observados. Que el

artículo 39 de la Ley Hipotecaria define la inexactitud registral como todo

desacuerdo que pueda haber entre el Registro y la realidad jurídica

extrarregistral, y el artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística dispone

que la realidad extrarregistral ha de prevalecer sobre el contenido del

Registro. La finca aportada por doña Dolores Muñoz Lara tenía una

superficie comprobada topográficamente, si bien en el Registro aparecía con

mayor cabida, razón por la cual se procedió a la segregación de una porción

dejando el resto fuera de la reparcelación, pero en realidad la finca total

estaba íntegramente incorporada al ámbito de la reparcelación y, por tanto,

agotada, independientemente de la cabida que tuviera en el Registro, por

lo que se procede a rectificar el error material sufrido en el anterior acto

administrativo, conforme al artículo 113.3 del Reglamento de Gestión

Urbanística. Además, esta corrección no impide a doña Dolores Muñoz el poder

defender sus derechos, ya que ésta interpuso el correspondiente recurso

ordinario, y al ser éste desestimado está ejercitando en la actualidad

recurso contencioso administrativo.

IV

El Registrador de la Propiedad de La Seu d'Urgell, don Francisco José

Martín Martín, en defensa de la nota informó. Que ya el Auto del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña de 20 de abril de 1997 se pronunció

sobre el alcance del artículo 113 del Reglamento de Gestión Urbanística,

señalando que si bien es cierto que con posterioridad a la aprobación

definitiva del proyecto de reparcelación puede el organismo urbanístico

aprobar e inscribir en el Registro "operaciones jurídicas complementarias",

es necesario que las mismas no se opongan ni al Proyecto ni al Plan y

que, en todo caso, deberá tratarse de operaciones complementarias

propiamente dichas, sin que el precepto pueda extenderse a más supuestos,

como es la modificación de una titularidad inmobiliaria ya inscrita en

el Registro, pues en ningún caso la normativa urbanística ha variado, en

este aspecto, los principios registrales y el organismo actuante no puede

modificar unilateralmente las titularidades inscritas. Que en cuanto a los

requisitos exigidos por la legislación hipotecaria para posibilitar la

rectificación del Registro, es necesario el consentimiento del titular registral

o, en su defecto, resolución judicial firme que ordene la rectificación, y

ello en virtud del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, al referirse a la

cancelación de asientos practicados en virtud de escritura pública, del

artículo 40. d), que regula los medios adecuados para la rectificación del Registro

y puede citarse también el artículo 217 del mismo cuerpo legal en materia

de errores de concepto cometidos en los asientos registrales.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó

la nota del Registrador fundándose en las mismas alegaciones contenidas

en el informe de éste y fundamentalmente en lo referente a la doctrina

mantenida por ese mismo Tribunal en Auto de 20 de abril de 1997.

VI

El recurrente apeló el Auto Presidencial manteniéndose en sus

alegaciones y añadió que la operación jurídica complementaria llevada a cabo

adjudica la titularidad completa de la finca a la señora Muñoz y no se

sabe hasta qué punto los actos favorables a los interesados necesitan de

su consentimiento, ya que con la derogación de la inscripción por falta

del consentimiento de la interesada se llega al absurdo de que L'Institut

Catalá del Sól aparece como titular registral de una finca que no es de

su propiedad, y dicha operación supone que el tráfico inmobiliario de

la finca adjudicada queda grandemente afectado por la resolución del

Registrador.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 1, 40 y 82

de la Ley Hipotecaria, 99 de su Reglamento y 114 del Reglamento de Gestión

Urbanística, y las Resoluciones de esta Dirección General de 27 de junio

de 1989, 8 y 11 de enero de 1999, y 10 de marzo de 2000.

1. Son hechos a tener en cuenta en la resolución del presente recurso

los siguientes:

- Con fecha noviembre de 1994 se protocoliza una reparcelación

urbanística, que se inscribe en el Registro. En dicha reparcelación, y en cuanto

a una finca determinada, se incluye parte de la misma, excluyéndose el

resto, por lo que se segrega de dicha finca la parte incluida en la

reparcelación, quedando el resto excluido de la misma.

- Como consecuencia de la reparcelación, se cancela en el Registro

la finca segregada, manteniéndose -al haber sido excluido- el resto citado.

- En septiembre de 1997 se eleva a pública una "operación jurídica

complementaria" de la reparcelación expresada, por la que "subsanando

errores materiales" se deja sin efecto la descripción de resto "por estar

la finca totalmente agotada por la reparcelación" ; tal actuación está

actualmente recurrida por el interesado en vía contenciosa.

- El Registrador deniega la inscripción por falta de consentimiento

de la titular registral ; El Presidente del Tribunal Superior confirma la

calificación.

2. Como ha dicho este Centro directivo en las Resoluciones de 27

de junio de 1989 y 11 de enero de 1999, es principio básico en nuestro

sistema que la rectificación del Registro presupone, como regla general,

el consentimiento del titular o la resolución judicial supletoria (arts. 1

y 40 de la Ley Hipotecaria). Ahora bien, del mismo modo que cabe la

rectificación de actuaciones jurídico-reales por resolución de la

Administración, aunque estén inscritas en virtud de título no administrativo, debe

admitirse también la rectificación de situaciones reales inscritas en virtud

de título administrativo, si en el correspondiente expediente aquél es

alterado (cfr. arts. 102 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común). No es, por

tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares

afectados o la resolución judicial supletoria, sino que bastará con que se trate

de expedientes rectificadores en los que la autoridad administrativa

interviniente sea competente para la modificación que se acuerde y se cumplan

en ella las garantías legales establecidas a favor de las personas afectadas.

3. Lo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza

en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto

de reparcelación, no cabe ahora, so pretexto de una rectificación de errores,

en una llamada "operación complementaria", introducir una modificación

del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo

que es un mero error material o una actuación complementaria, consistente

en la eliminación del Registro de una finca que se declaró exceptuada

de la reparcelación. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral

de tal modificación si no media el consentimiento del titular o la resolución

judicial supletoria.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto,

confirmando el Auto Presidencial y la calificación del Registrador.

Madrid, 26 de febrero de 2001.-La Directora general de los Registros

y del Notariado, Ana López-Monís Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid