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Documento BOE-A-2001-6516

Resolución de 24 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Pilar Alsina Badosa y otros, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Rosas, número 1, don Joaquín María Larrondo Lizarraga, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del señor Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2001, páginas 12467 a 12469 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-6516

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por la letrada doña Leonor

Bertran y Bassar, en nombre de doña Pilar Alsina Badosa y otros, contra

la negativa del Registrador de la Propiedad de Rosas, número 1, don

Joaquín María Larrondo Lizarraga, a practicar determinadas cancelaciones,

en virtud de apelación del señor Registrador.

Hechos

I

En la causa número 137/95 del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona,

por delito de alzamiento de bienes contra J.S.V., A.P.R. y J.M.C.B. y como

responsables civiles subsidiarios determinadas entidades, fue dictada

sentencia con fecha 1 de julio de 1996, condenando a las citadas personas

y en concepto de responsabilidad civil, se declara la nulidad de todas

y cada una de las escrituras de compraventa otorgadas con fecha 9 de

abril de 1992, debiendo reintegrarse los bienes a su patrimonio originario,

declarando la responsabilidad civil subsidiaria de las siguientes empresas

I.M. S.A., F. S.A., e I.P.M. S.A. y en concreto se declara la nulidad y su

posterior cancelación de las respectivas inscripciones en el Registro de

la Propiedad de las escrituras antes referidas.

Por auto de 10 de julio de 1996, se incluyen otras escrituras que por

omisión no fueron relacionadas en la Sentencia de 1 de julio de 1996.

La Audiencia Provincial de Girona en Sentencia de 30 de noviembre de 1996

confirmó la Sentencia del Juzgado de lo Penal.

Con fecha 5 de marzo de 1997, el Magistrado Juez del Juzgado de

lo Penal número 2 de Girona dirigió mandamiento al Registrador de la

Propiedad de Rosas, a fin de que se lleve a efecto la cancelación de las

inscripciones de las escrituras que se relaciona en el mismo.

Posteriormente, con fecha de 18 de abril de 1997, el Magistrado Juez citado dirige

mandamiento al mismo Registrador, a fin de como se dispone en el auto

de 16 de julio de 1996, se cancele la anotación en lo que respecta a la

finca registral 26.007, en la parte que corresponde a J.S.

II

Presentado el referido mandamiento en el Registro de la Propiedad

de Rosas, número 2, fue calificado con la siguiente nota: "Denegada la

cancelación parcial ordenada en este mandamiento, por el defecto insubsanable

de no haberse demandado en el procedimiento a la entidad ``Derivados

Aromáticos Intermedios, Sociedad Limitada'', titular de una anotación

preventiva de embargo sobre el derecho cuya cancelación por nulidad se ordena.

Artículo 20 Ley Hipotecaria, 140 Reglamento Hipotecario y 40.2 de la Ley

Hipotecaria. Contra esta nota cabe interponer recurso gubernativo dentro

del plazo de cuatro meses, ante el excelentísimo señor Presidente del

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Roses, a 10 de diciembre

de 1997.-El Registrador.-Firma ilegible".

III

La letrada, doña Leonor Bertran i Basar, en representación de doña

Pilar Alsina Badosa y otros, acusadores particulares en el procedimiento

137/95 interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, y

alegó: I. Que la Sentencia del Juzgado de lo Penal, número 2, de Girona,

fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Girona,

que declaran nulas las escrituras públicas, conforme se expone en el

Hecho I. II. Que el señor Registrador suspende la cancelación en lo

referente a la finca registral 2.067 ordenada en el mandamiento, por no haberse

demandado en el procedimiento a "Derivados Aromáticos Intermedios,

Sociedad Anónima", titular de una anotación preventiva de embargo sobre

el derecho cuya cancelación por nulidad se ordena (artículos 20, 140.2

de la Ley Hipotecaria y 140 del Reglamento Hipotecario). III. Que el

embargo por parte del Juzgado de Primera Instancia, número 1, de Olot en

procedimiento 32/97, fue acordado el 14 de febrero de 1997, más de seis

meses después de la venta que se anula, por tanto cuando se acuerda

el embargo el bien ya no es propiedad del embargado. IV. Que la existencia

de una anotación de embargo no genera derecho real ni derecho de

propiedad sobre la finca, y por tanto, no podrá oponerse a una decisión judicial

que afecta a la titularidad. V. Que la decisión del Registrador vulnera

el artículo 24 de la Constitución Española. Que si en el Registro de la

Propiedad figura como titular de un bien una persona que ha sido

condenada en un procedimiento penal y que una de las condenas es la pérdida

de la titularidad, y en este sentido afecta a la inscripción a su favor de

la titularidad del bien, de tal manera que el Registro no puede negar la

cancelación.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: 1. Que

el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en relación con los artículos 24 y 118

de la Constitución Española, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

y 100 del Reglamento Hipotecario, en unión de la jurisprudencia y de

la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sientan

la consideración del obligado cumplimiento y colaboración con las

resoluciones judiciales firmes. Que como consecuencia el Registrador de la

Propiedad debe extremar la cautela en la calificación de los documentos

judiciales. Sin embargo, las restricciones impuestas por el ordenamiento

en la calificación de los mismos no impiden sino que obligan al Registrador

de la Propiedad, bajo su personal responsabilidad a apreciar los obstáculos

que para su inscripción surjan de los libros del Registro (Resoluciones

de 21 de enero de 1990 y 17 de febrero de 1993). 2. Que cuando el título

inscrito es declarado nulo por una sentencia judicial firme, se produce

una inexactitud registral (artículo 39 de la Ley Hipotecaria) y debe

procederse a su rectificación tabular (artículo 40 de la Ley Hipotecaria), pero

en ese intervalo los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de

los Tribunales (artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria), y el principio de

legitimación (artículo 38 de la Ley Hipotecaria) que determina la posible

adquisición por terceros a quienes no conste la existencia de la inexactitud,

ni el inicio de aquel procedimiento, ni sean demandados por tal causa,

amparado por los pronunciamientos registrales, en relación con los

principios de tracto sucesivo, legitimación y fe pública registral. 3. Que

coherente con lo anterior es lo que se establece en el artículo 40.1 y 2 de

la Ley Hipotecaria. Que no cabe duda que el titular de una anotación

de embargo ostenta un derecho que vincula el dominio embargado a la

traba dimanante del procedimiento de ejecución; por consiguiente, ostenta

un interés directo en sostener la validez del dominio objeto del embargo

trabado, razón por la que no puede ser decretada la nulidad del mismo

sin ser demandado y vencido en juicio. Esta consideración es recogida

en la Resolución de 15 de marzo de 1994. Que hay que citar la Sentencia

del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1988 y las Resoluciones de 8

de marzo de 1950, 25 de enero de 1988 y 13 de mayo de 1996. 4. Que

hay otros preceptos y principios constitucionales, procesales e hipotecarios

que llevan a la misma conclusión de denegación de la cancelación

pretendida: a) Quedaría vulnerado el derecho constitucional de tutela efectiva

(artículo 24 de la Constitución Española). Que este derecho constitucional

enlaza directamente con el principio de salvaguardia judicial de los asientos

registrales y de inoponibilidad de los derechos no anotados e inscritos

frente a terceros (artículo 32 de la Ley Hipotecaria). En este punto cabe

destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 17 de enero de 1991.

b) Que si conforme al principio de legitimación registral, los asientos se

presumen exactos y quedan bajo la salvaguardia de los Jueces y Tribunales,

es porque deben integrarse los unos con los otros con perfecta armonía

y coherencia, de manera que no cabe admitir la práctica de asientos que

resulten contradictorios entre sí, porque quedarían anulados

recíprocamente sus efectos (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril y 8

de julio de 1960). Que si se accediera a la cancelación de dominio que

se ordena en el procedimiento penal, se daría la paradoja de que quedaría

vigente la anotación preventiva de embargo anterior y la adjudicación

de la subasta dimanante del mismo no podría inscribirse por falta de

tracto sucesivo, al no ser demandado el titular registral (artículo 20 de

la Ley Hipotecaria) por haberse cancelado con anterioridad su derecho

de dominio. c) Que si la sentencia de nulidad sobre un acto dispositivo

surtiera todos sus efectos automáticamente, frente a cualquier titular

registral, carecería de sentido la obligación de ejercitar la acción de

contradicción impuesta por e artículo 38.2 de al Ley Hipotecaria. d) Que si se

accede a la cancelación pretendida, quedaría roto el tracto sucesivo

respecto de la anotación preventiva de embargo, que se asienta en la

titularidad dominical inscrita del demandado (artículo 20 de la Ley

Hipotecaria, en relación con el artículo 140 del Reglamento Hipotecario), dado

que esta cadena registral no solo es de titulares, sino también de

titularidades. e) Que a idéntica conclusión lleva el principio de prioridad

del artículo 17 de la Ley Hipotecaria. Que no obstante lo que establece

el artículo 198.1 del Reglamento Hipotecario, se pierde la prioridad

registral, cuando la anotación de demanda de nulidad civil, dimanante de la

pieza de responsabilidad civil del procedimiento criminal no accede al

Registro. En tal caso no procede la cancelación automática regulada en

el artículo 83.3 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 175.2

del Reglamento Hipotecario, sino que debe acudirse a la cancelación

ordinaria en el procedimiento del que dimana la anotación preventiva de

embargo correspondiente (artículo 83 de al Ley Hipotecaria, en relación con

el artículo 174.3 del Reglamento Hipotecario).

V

El ilustrísimo señor Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal, número 2

de Girona, informó: Que la denegación hecha por el Registrador, crea una

situación absurda al permitir el acceso al Registro del embargo de un

bien que ya no es propiedad del ejecutado, en cuanto que existe una

Sentencia judicial anterior que declara nula la venta del inmueble a favor

del ejecutado. Que el Registrador debía haber utilizado aquellos

mecanismos que la legislación registral pone a su disposición para suspender

la anotación preventiva de embargo en tanto por el Juzgado no se hubiera

remitido documento acreditativo de la firmeza de la resolución que se

ejecutaba.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó

la nota del Registrador fundándose en que puede cancelarse la inscripción

de dominio dejando subsistente la anotación de embargo, atendiendo a

las siguientes consideraciones: 1. El embargo es una afección de un bien

a un proceso de suerte que el bien no puede desvincularse a las

consecuencias del mismo y de la resolución que se dicte, pero no se trata

de un verdadero derecho real; 2. La anotación preventiva de embargo

no altera la naturaleza del embargo decretado. 3. La anotación preventiva

de embargo no atribuye al anotante la condición de tercero protegido

por la fe pública registral. 4. La anotación preventiva no cierra el Registro

de la Propiedad a los actos dispositivos posteriores a la propia anotación

y tampoco a los actos dispositivos anteriores de conformidad con la actual

redacción del artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario.

VII

El Registrador de la Propiedad apeló el auto presidencial,

manteniéndose en las alegaciones contenidas en su informe.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española, 1.252 del Código

Civil, 1 y 40 párrafo segundo de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones

de esta Dirección General de 24 de febrero de 1998 y 29 de diciembre

de 1999.

1. Son hechos a tener en cuenta para la resolución del presente recurso

los siguientes:

Se ordena en procedimiento penal la cancelación de determinada

inscripción por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes.

En el procedimiento tiene intervención como responsable civil la sociedad

compradora.

Con posterioridad a la inscripción a favor de dicha compradora, existe

una anotación de embargo a favor de un tercero.

El Registrador deniega la cancelación por no haberse demandado a

este embargante.

Recurrida la calificación, el Presidente del Tribunal Superior estima

el recurso entendiendo que debe cancelarse la inscripción de dominio,

sin perjuicio de que subsista la anotación de embargo.

2. El criterio presidencial debe mantenerse. Como ha dicho este Centro

Directivo (vid. Resoluciones citadas en el "vistos"), es evidente que los

asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo,

no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad

del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no

han intervenido los titulares respectivos, siendo así que la existencia del

juicio en que se declaró tal nulidad no fue reflejada en el Registro por

medio de anotación preventiva de la demanda. Así se infiere claramente:

del principio constitucional de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la

Constitución Española); de la eficacia "inter partes" de la sentencia

(artículo 1.252 del Código Civil); del principio registral de salvaguardia judicial

de los asientos registrales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige

para su rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la

oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra ellos entablado

(artículo 40, párrafo 2.o de la Ley Hipotecaria), y así lo confirma también

el último párrafo de este artículo últimamente citado, cuando señala que

la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que,

durante su vigencia, adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos

posteriores, pueda reflejarse registralmente la nulidad del título que motiva

la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto

a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su

apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares

registrales de dicha inscripción.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto,

confirmando el Auto presidencial.

Madrid, 24 de febrero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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