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Documento BOE-A-2001-6514

Resolución de 23 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Amparo Peris Sanfeliu y don Jesús Cardels Beltrán, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valencia número 9, doña María Dolores Payá y Roca de Togores a inscribir una escritura de dación en pago, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Publicado en:
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2001, páginas 12465 a 12466 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-6514

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don José Carbonell Genovés, en nombre de doña Amparo Peris

Sanfeliu y don Jesús Cardels Beltrán, contra la negativa de la Registradora

de la Propiedad de Valencia número 9, doña María Dolores Payá y Roca

de Togores a inscribir una escritura de dación en pago, en virtud de

apelación de la señora Registradora.

Hechos

I

En autos de juicio declarativo de menor cuantía número 690/95,

seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de los de Valencia,

promovido a instancia de doña Amparo Peris Sanfeliu y don Jesús Cardells

Beltrán, contra "Invame, Sociedad Anónima", fue dictada sentencia, la cual

adquirió el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por doña Amparo

Peris Sanfeliu y don Jesús Cardells Beltrán, contra la entidad "Invame,

Sociedad Anónima", y ostentando los primeros la titularidad dominical

de 5/46 avas partes indivisas del local sito en planta sótano de la calle

Marquefa, números 58 y 60 plazas de garaje números 11, 13, 21, 24 y

32 y otras 7/29 avas partes indivisas del local sito en planta sótano del

edificio ubicado en la calle Ingeniero Alberto Oñate, números 12, 14 y

16, de Valencia, plazas de garaje números 3, 8, 9, 10, 14, 16 y 26 y teniendo

en la fecha de la transmisión personalidad jurídica la vendedora, debo

acordar la inscripción en el Registro de la Propiedad de Valencia número

9 de la escritura de dación en pago celebrada, con fecha 22 de marzo

de 1991, entre ambas y sobre estos locales, así como la ratificación de

acuerdos de 16 de junio de 1992."

Con fecha 16 de octubre de 1996, el Magistrado-Juez del Juzgado de

Primera Instancia número 21 de Valencia, a fin de que se lleve a efecto

la inscripción acordada, libró mandamiento al Registro de la Propiedad

de Valencia número 9.

II

Presentado el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad

citado, fue calificado con la siguiente nota: "Suspendida la inscripción

del precedente presente documento, presentado en este Registro, en unión

de escritura de dación en pago, autorizada el 27 de marzo de 1991, en

Valencia, por el Notario don Carlos Pascual de Miguel, así como por otra

de adaptación de estatutos y nombramiento de cargos otorgada en Valencia

el 16 de junio de 1992, ante el mismo Notario, por adolecer de los siguientes

defectos: 1. Falta de previa inscripción en el Registro Mercantil del

nombramiento de los señores Fourrat Corbi y Mendoza Ribera, como

administradores mancomunados de la sociedad "Invame, Sociedad Anónima",

de acuerdo con lo señalado en el artículo 383 del Reglamento Hipotecario.

Contra la presente nota puede interponerse recurso gubernativo, en el

plazo de cuatro meses a contar de esta fecha, por medio de escrito dirigido

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, conforme al artículo 113 del Reglamento Hipotecario.-Valencia a

21 de abril de 1997.-El Registrador.-Firma ilegible."

III

El Procurador de los Tribunales don José Carbonell Genovés, en nombre

de doña Amparo Peris Sanfeliu y de don Jesús Cardells Beltrán, interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: 1. Los

artículos 99 y 100 del Reglamento Hipotecario, en lo referente a la calificación

de los Registradores de la Propiedad. 2. El artículo 83 de la Ley

Hipotecaria "a sensu contrario". 3. El artículo 43, en relación con el artículo

42.1.a de la Ley Hipotecaria. 4. El artículo 24 de la Constitución Española.

IV

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, informó:

1.o Que el recurrente en su escrito en ninguna parte se refiere al defecto

de la nota de calificación. Que hay que tener en cuenta lo que dispone

el artículo 11.3 del Reglamento del Registro Mercantil. Dicha norma no

puede ser más lógica, ya que quien únicamente puede calificar la validez

y regularidad de los nombramientos de administradores, es el Registrador

Mercantil y es la inscripción en el Registro Mercantil lo que permite al

Registrador de la Propiedad comprobar la legitimación de aquéllos para

el otorgamiento de escrituras que han de motivar asientos en el Registro

de la Propiedad. 2.o Que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria impone

al Registrador la calificación, bajo su responsabilidad, de la capacidad

de los otorgantes, y esta capacidad, cuando se trata de representantes

de sociedades, pasa por la validez de sus nombramientos y la inscripción

de los mismos en el Registro Mercantil, conforme al artículo 11 citado.

3.o Que no tiene nada que ver, en el aspecto sustantivo, los artículos

99 y 100 del Reglamento Hipotecario y ninguna relación guarda con el

supuesto concreto de este recurso la cita de los artículos 83 y 42 de la

Ley Hipotecaria y, menos aún, el artículo 24 de la Constitución Española.

Que como fundamentos de derecho se citan los artículos 2, 3, 66 y 257

de la Ley Hipotecaria; 369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 245 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial; 99, 100, 117 y 136 del Reglamento

Hipotecario, y 11 del Reglamento del Registro Mercantil y las Resoluciones

de 19 de diciembre de 1996, 11 de febrero de 1974, 14 de octubre de

1975 y 16 de diciembre de 1985.

V

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número 21 de Valencia informó: Que la sentencia se dictó en un

procedimiento de contradicción en el cual se oyeron a las partes interesadas

y, por tanto, resultaron hechos que quedaron claramente constatados en

la misma, como fue la efectiva compraventa. Que la única cuestión que

pende ante la negativa de la señora Registradora es el acceso del derecho

legítimamente adquirido por los demandantes al Registro para coordinar

la realidad registral con la extrarregistral.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana revocó la nota de la Registradora fundándose en la no aplicación

del artículo 383 del Reglamento Hipotecario, ya que la inscripción que

aquí se pide no es a favor de la sociedad, sino de otra persona; en el

artículo 100 del Reglamento Hipotecario, ya que el Registrador no puede

calificar ni controlar las actuaciones judiciales fuera de su ámbito; en

que en la Junta que consta en la escritura de 13 de abril de 1992, aparece

previamente la ratificación de la escritura de dación de pago, por la Junta,

antes de nombrar administradores que ya no tienen que ratificar nada.

VII

La Registradora apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus

alegaciones y añadió: 1.o Que la Junta general de cualquier sociedad es

un órgano deliberante con facultad de adoptar acuerdos, pero sin poder

ejecutarlos por sí misma, tal como dispone el artículo 128 de la Ley de

Sociedades Anónimas y 11.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

2.o Que el auto manifiesta que la inscripción de los administradores es

innecesaria porque los nombrados administradores mancomunados ya

figuraban anteriormente inscritos como Presidente y Consejero Delegado desde

1984, pero se olvida tal decisión; que los cargos de los Consejeros son

temporales, según dispone el artículo 116 de la Ley de Sociedades

Anónimas. Que corrobora el error el artículo 109.2 del Reglamento del Registro

Mercantil. 3.o Que la sentencia del Juzgado no es el título a inscribir

sino las escrituras notariales a que se refiere el fallo. 4.o Que la titularidad

dominical de las fincas nunca ha sido cuestionada por la Registradora.

5.o Que los documentos a inscribir son las escrituras notariales y no

la sentencia del Juzgado y respecto a tales documentos, las facultades

de calificación del Registrador, conforme al artículo 18 de la Ley

Hipotecaria, son amplísimas. 6.o Que se impugna la decisión del Presidente

de entrar a resolver la cuestión de fondo sin decretar la inadmisión del

recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento

Hipotecario. 7.o Que por último, se impugna la manifestación en el auto de

que la cita del artículo 383 del Reglamento Hipotecario en la nota de

calificación no aplicable al supuesto de hecho.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 20 y 22 del Código de Comercio; 125 de la Ley

de Sociedades Anónimas; 4, 7 y 94-4 del Reglamento del Registro Mercantil,

y 117 del Reglamento Hipotecario y las Resoluciones de 3 de marzo de

1986, 26 de febrero de 1991 y 17 de diciembre de 1997.

1. Dada la concreción del recurso gubernativo a las cuestiones

directamente relacionadas con la nota impugnada (artículo 117 del Reglamento

Hipotecario), el ahora entablado ha de concretarse exclusivamente a la

de decidir si es precisa, para la inscripción en el Registro de la Propiedad

de una escritura otorgada por dos administradores mancomunados de

sociedad mercantil anónima, la previa inscripción de su nombramiento

en el Registro Mercantil correspondiente.

2. En el nuevo Reglamento del Registro Mercantil ha quedado

suprimida la norma contenida en el artículo 95 del Reglamento, de 14 de

diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública

de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripción obligatoria

en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripción. Por otra

parte, es incuestionable la validez de las actuaciones jurídicas que en

nombre de la sociedad anónima realice el administrador desde el mismo

momento de la aceptación del cargo válidamente conferido (artículo 125 de la

Ley de Sociedades Anónimas). Ciertamente la inscripción de tal cargo

es obligatoria (artículos 22 del Código de Comercio, 125 de la Ley de

Sociedades Anónima y 4 y 94-4.o del Reglamento del Registro Mercantil),

pero como el incumplimiento de la obligación de inscribir no afecta a

la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad,

tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde

al Registrador de la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por

aquel administrador.

Ahora bien, si la interpretación conjunta de los preceptos legales citados

no permite mantener el defecto impugnado, ello no debe llevar a desconocer

las enormes dificultades prácticas que surgirán para inscribir en el Registro

de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad

con cargo no inscrito en el Registro Mercantil, por cuanto en tal hipótesis

habrá de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez

y vigencia del nombramiento de administrador en términos que destruyan

la presunción de exactitud registral establecido en los artículos 20 del

Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo

así que tales extremos dependen de múltiples elementos y circunstancias.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto

y confirmar el auto apelado.

Madrid, 23 de febrero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

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