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Documento BOE-A-2001-6513

Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa del Registrador Mercantil de Buques de Gijón, don Enrique Albert Piñole, a inscribir un determinado pacto de una escritura de hipoteca sobre un buque.

Publicado en:
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2001, páginas 12463 a 12464 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-6513

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Jesús María Alcalde

Barrio, en nombre y representación de la Caja de Ahorros de Asturias,

frente a la negativa del Registrador Mercantil de Buques de Gijón, don

Enrique Albert Piñole, a inscribir un determinado pacto de una escritura

de hipoteca sobre un buque.

Hechos

I

Por escritura que autorizó el Notario de Cudillero, don Pablo de la

Esperanza Rodríguez, el 21 de abril de 1997, la Caja de Ahorros de Asturias

concedió un préstamo a don Julio Albuerne López con garantía de hipoteca

sobre un buque propiedad del prestatario. Entre las estipulaciones de

dicho contrato figuraba la siguiente: "Undécima.-Deberes de información

y otras obligaciones: El prestatario queda obligado a: ... e) No enajenar,

gravar, arrendar el buque hipotecado o ceder su uso, sin previa autorización

escrita de la Caja. ... Se conviene de modo expreso que cualquier

incumplimiento dará lugar al vencimiento anticipado del plazo del préstamo,

con facultad de la Caja de reclamar la cancelación del mismo".

II

Presentada copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Buques

de Gijón, se inscribió parcialmente, a excepción, según la nota de despacho,

y en lo que interesa al presente recurso, de lo siguiente: "De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 434 del Reglamento Hipotecario, y sin

perjuicio de sus efectos obligacionales, no se han inscrito los siguientes

pactos: ... de la estipulación undécima ... la palabra "enajenar" del apartado e)...".

Nuevamente aportado el título se extendió a su pie la siguiente nota:

"Presentada nuevamente la precedente escritura a las 11,25 del 26 de

diciembre de 1997, asiento 277, folio 71 del Diario 11, en unión de un

escrito firmado por don Jesús Alcalde Barrio, apoderado de la Caja de

Ahorros de Asturias, en el que solicita la inscripción de "la prohibición

de enajenar contenida en la cláusula undécima de la Escritura, se extiende

la siguiente nota de calificación: Se reitera la denegación de inscripción

de la palabra "enajenar contenida en el apartado e) de la estipulación

undécima, por entender que su inclusión en la inscripción de la hipoteca

es contraria a la libre circulación de los bienes y no añade garantía de

la que no esté dotada la hipoteca, como ha reiterado la jurisprudencia,

especialmente la de la Dirección General de los Registros y del Notariado,

por ejemplo, en Resoluciones de 27 de enero de 1986 y 8 de noviembre

de 1993 y se deduce, entre otros, de los artículos 18, 28, 39-5.o y 40 de

la Ley de Hipoteca Naval ; 582 del Código de Comercio; 79 de la Ley de

Puertos del Estado y de la Marina Mercante ; 26 y 27 de la Ley Hipotecaria,

y 8 del Convenio de Bruselas de 10 de abril de 1926. Además, la prohibición

de enajenar sin consentimiento del acreedor hipotecario con la

consecuencia del vencimiento anticipado de la hipoteca carece de trascendencia

real según expresa literalmente el considerando penúltimo de la Resolución

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de octubre

de 1979 y, por tanto, está expresamente excluida de la solicitud de

inscripción en la estipulación decimoquinta de la escritura, por lo que no

puede inscribirse por una mera solicitud y menos sin consentimiento de

ambas partes firmantes. Contra esta calificación puede interponerse

recurso gubernativo en escrito dirigido al propio Registrador, en el plazo de

dos meses a contar de la fecha de esta nota de calificación, conforme

disponen los artículos contenidos en el Título II, especialmente el 49, 53

y 55, todos del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre

de 1956 que se consideran vigentes como "concordantes" en aplicación

de la disposición final segunda de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y

disposición transitoria sexta del Reglamento del Registro Mercantil de 29

de diciembre de 1989, reproducida en la decimotercera del de 19 de julio

de 1996. Gijón, 13 de enero de 1998.-El Registrador, Fdo., Enrique Albert

Piñole".

III

Don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre y representación de la

Caja de Ahorros de Asturias, interpuso recurso gubernativo frente a la

anterior calificación, alegando: Que si bien es cierto que los

artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria no permiten imponer al deudor una

prohibición de disponer, no ocurre lo mismo en la Ley de Hipoteca

Mobiliaria, cuyo artículo 4.o impone directamente tal prohibición, justificada

en su exposición de motivos en consideración a la propia naturaleza de

las cosas objeto de garantía y no ser indiferente para el acreedor la persona

del tercer poseedor de los bienes muebles, que exigen un cuidado y celo

especial para asegurar su conservación ; que la calificación de los buques

como bienes inmuebles que se hace en el artículo 1.o de la Ley de Hipoteca

Naval de 21 de agosto de 1893 lo es a los "solos efectos" de su

hipotecabilidad, ficción jurídica para superar la naturaleza mueble del buque

en relación con el régimen sobre hipotecabilidad de los bienes existente

en aquella fecha, que tal ficción ha sido superada por la Ley de Hipoteca

Mobiliaria, que se ha de aplicar supletoriamente a la Ley de Hipoteca

Naval por cuanto su exposición de motivos, y en relación con la hipoteca

de aeronaves, reconoce que se inspira y se asimila en gran parte a la

hipoteca de buques ; que, por tanto, la hipoteca sobre buques ha de

considerarse como una hipoteca mobiliaria y ante el silencio de la Ley de

Hipoteca Naval han de aplicarse subsidiariamente los preceptos de la de

Hipoteca Mobiliaria: Que la ficción del artículo 1.o de la Ley de Hipoteca

Naval, por último, ha de limitarse a lo que es objeto de la misma, sin

que pueda extenderse al régimen que rija su enajenación según ha

reconocido la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1959.

IV

El Registrador decidió mantener su calificación con base en los

siguientes argumentos: Que la cláusula denegada no puede inscribirse a solicitud

tan sólo de la parte recurrente por cuanto se ha pactado que "las partes

solicitan la inscripción de las cláusulas con trascendencia real" por lo

que deberían ser ambas las que manifestasen su discrepancia con la

calificación recurrida, que no cabe alegar frente a la doctrina de la Resolución

de 13 de enero de 1998 el que la misma se refiera a bienes inmuebles,

pues el que una estipulación carezca de trascendencia real es independiente

de la naturaleza de los bienes ; que no se puede pretender aplicar a los

buques una normativa, como la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que no se

refiere a los mismos, máxime a través de una lectura parcial de su

exposición de motivos, donde expresamente se reconoce que la prohibición

de disponer tal vez sea aconsejable eliminarla en ulteriores reformas

legislativas ; que ni la Ley de Hipoteca Naval, ni el Convenio de Bruselas de 10

de abril de 1926, ni el Reglamento del Registro Mercantil de 1956, ni la

Ley de Puertos del Estado de 24 de noviembre de 1992, esta última posterior

a la Ley de Hipoteca Mobiliaria, impiden que los buques puedan ser

sucesivamente enajenados, como ocurre en la práctica con los que han sido

en construcción y que posteriormente se hipotecan en garantía de otras

deudas del propietario o propietarios sucesivos ; que cuando el artículo 18

de la Ley de Hipoteca Naval regula la preferencia entre la hipoteca del

buque y el precio aplazado de su compraventa está contemplando un

supuesto del que ha huido expresamente la Ley de Hipoteca Mobiliaria ;

que los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria son fácilmente ocultables

y sustraerse a la acción hipotecaria, porque su más eficaz garantía está

unida a la posesión, en tanto que el buque es lo más aproximado que

existe a los bienes inmuebles, pues siempre han de volver a puerto donde

pueden ser retenidos ; que, por el contrario, restringir su enajenación afecta

a la libre circulación de la riqueza, por lo que pretender que la doctrina

contraria a las prohibiciones de disponer no se aplique a los buques no

deja de ser una apreciación gratuita ; que cuando el artículo 40 de la Ley

de Hipoteca Naval prohíbe la venta del buque hipotecado a un extranjero

sin consentimiento del acreedor, está admitiendo la venta libre a un

español, y más allá llega el artículo 79 de la Ley de Puertos del Estado y

de la Marina Mercante al permitir la libre exportación de buques mercantes

salvando el derecho de los acreedores a exigir garantías o consignaciones

suficientes y ello pese a que el Convenio de Bruselas de 14 de abril de 1926

prevé el respeto a las hipotecas por los países contratantes y establece

que los créditos privilegiados siguen al buque aunque cambie de dueño ;

y por último, que no cabe entender aplicable supletoriamente la Ley de

Hipoteca Mobiliaria a la hipoteca sobre el buque cuando el artículo 52

de la Ley de Hipoteca Naval declara como supletoria la legislación

hipotecaria entonces vigente, la disposición adicional cuarta del Reglamento

del Registro Mercantil de 1956, el Reglamento Hipotecario, cuando, para

un caso concreto, como el referido a las aeronaves, se declara de forma

concreta esta aplicación subsidiaria en el artículo 190, y cuando la doctrina

de esta Dirección General jamás ha reconocido esa supletoriedad. Y en

base a tal decisión procedió a elevar el recurso a este centro directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 12, 13, 18, 22, 26, 27, 28, 39.5.a, y 40 de la Ley

de Hipoteca Naval ; 79 de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante; 57

del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956, y las

Resoluciones de 18 de octubre de 1979 y de 8 de noviembre de 1993.

1. Interpuesto recurso gubernativo frente a la calificación de un

Registrador mercantil de buques, y decidido por éste mantener aquélla, eleva

el expediente directamente a este centro sin que tal petición hubiera sido

formulada por el recurrente, ni conste que a éste se le haya notificado

aquella decisión y se haya alzado frente a la misma.

No es éste el cauce reglamentario pues tal posibilidad tan sólo encuentra

amparo en el supuesto de que el recurrente así lo haya solicitado

expresamente (cfr. artículo 71.1 del Reglamento del Registro Mercantil). No

obstante, si se tiene en cuenta que el recurrente se ampara, a la hora de

interponer el recurso, en lo previsto en los artículos 49, 53 y 55 del

Reglamento de dicho Registro de 14 de diciembre de 1956, aun cuando los

mismos hayan sido derogados por el artículo 4.o del Real Decreto

1597/1989, de 29 de diciembre, que aprobó un nuevo Reglamento cuya

disposición transitoria sexta tan sólo dejaba temporalmente vigentes los

artículos 145 a 190 del anterior -criterio que sigue la disposición de igual

naturaleza decimotercera del Reglamento vigente, aprobado por Real

Decreto 1784/1996, de 19 de julio-, y habida cuenta que el artículo 57 del

Reglamento a cuyo amparo se interpone el recurso preveía que caso de

que el Registrador dictara resolución contraria a la reforma de su

calificación había de elevar directamente el expediente a esta Dirección

General, puede entenderse implícitamente formulada la alzada ante la

desestimación del Registrador y habilitado, amén por razones de economía

procedimental, el entrar en el fondo de la cuestión.

2. Se centra ésta en la admisibilidad como causa de vencimiento

anticipado de un préstamo con garantía hipotecaria sobre un buque, del

incumplimiento por parte del deudor hipotecante de la prohibición de "enajenar"

dicho buque, defecto que, extrañamente, no se hace extensivo a la de

gravarlo, arrendarlo o ceder su uso contenida en la misma cláusula de

la escritura calificada.

El régimen de la hipoteca naval, contenido esencialmente en la Ley

de 21 de agosto de 1893, es específico para el derecho real de hipoteca

cuando tenga por objeto los buques, y si bien es cierto que dicha Ley,

como cualquier otra, encardinada como está dentro del conjunto del

ordenamiento jurídico, ha de interpretarse e integrarse con arreglo a los

principios generales (artículos 3 y 4 del Código Civil), no han de buscarse

fuera de ellas solución a los problemas a los que da respuesta.

Siendo así, es de observar cómo según los artículos 12 y 13 de dicha

Ley no puede repetirse en perjuicio de tercero que tenga inscrito su derecho

en el Registro por cantidad superior a la que responda la nave por razón

de la hipoteca, sin perjuicio de hacerlo por la diferencia frente a otras

que conserve el deudor en su poner, lo que evidencia que se admite la

posible existencia de terceros titulares de derechos posteriores a la

hipoteca ; que el artículo 28 sienta el principio de que la hipoteca sujeta directa

e inmediatamente las naves sobre que se impone al cumplimiento de las

obligaciones para cuya seguridad se constituye, cualquiera que sea su

poseedor, lo que supone admitir la figura del tercer poseedor de nave

hipotecada ; que según el artículo 18, para que el precio aplazado en caso

de venta de la nave y los créditos refaccionarios puedan perjudicar a

la hipoteca naval es necesario que consten en el Registro Mercantil, con

lo que está admitiendo la hipotecabilidad del buque previamente gravado,

así como la constitución del gravamen posterior que supone la anotación

y posterior inscripción de la hipoteca en garantía del crédito refaccionario

(cfr. artículos 22, 26 y 27), y, por último, que en el artículo 40 prohíbe

la enajenación del buque hipotecado a un extranjero y configura como

causa para poder ejercitar la acción real el que se lleve a cabo dicha

venta (artículo 39.5.o), lo que supone admitir la libre enajenación a un

nacional.

De todo ello cabe concluir que la libre transmisibilidad del buque

hipotecado o la posibilidad de constituir sobre él sucesivos gravámenes es

la regla general. Y es que no puede desconocerse que, sin perjuicio de

las especialidades que dicha Ley introduce, no sólo a la hora de acudir

a la ficción de considerar al buque como bien inmueble para ser objeto

de garantía hipotecaria, única entonces admitida sin desplazamiento de

posesión, sino también de respetar el peculiar régimen de preferencia

de los créditos marítimos (cfr. artículo 580 del Código de Comercio en

relación con los 31 a 35 de la Ley especial), las reglas generales vigentes

y que la Ley respeta eran las contenidas en los artículos 1.857 y siguientes

del Código Civil y, por remisión de su artículo 1.880, las prescripciones de

la Ley Hipotecaria, todas ellas favorables a la libre transmisibilidad de

los bienes hipotecados y a la posibilidad de constitución de sucesivos

gravámenes sobre los mismos al margen de sus respectivas preferencias.

Tan sólo el riesgo que para tales principios suponía la dificultad o

imposibilidad de perseguir el buque cuando por enajenarse a un extranjero

cambiase de matrícula, y consiguientemente de nacionalidad, determinó

la prohibición contenida en el citado artículo 40 de la Ley, que ha de

entenderse sustituida hoy por lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley

de Puertos del Estado y de la Marina Mercantil de 24 de noviembre de 1992,

que tras señalar la libertad de exportación de buques mercantes españoles

establece: "No obstante, cuando sobre dichos buques existan cargas,

gravámenes o créditos marítimos privilegiados reconocidos por la legislación

vigente e inscritos en el Registro Mercantil o en los que le sustituyan,

de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la

Ley 19/1989, de 25 de julio, el acreedor podrá exigir, previamente a la

exportación, que la empresa naviera preste garantía suficiente ejecutable

sobre bienes o derechos en territorio español o que el naviero consigne

el importe de la deuda en la forma prevista por los artículos 1.176 y 1.181

del Código Civil".

El hecho de que, más de medio siglo después, cuando el legislador

dio entrada a nuevas modalidades de garantía mobiliaria, lo hiciera con

gran cautela, e impusiera sobre aquellos principios importantes

limitaciones, no puede llevar a entender que las mismas hayan de aplicarse

a la hipoteca naval, nacida con sujeción a un régimen distinto y cuya

vigencia se mantiene en la actualidad.

En consecuencia, y con la excepción dicha de enajenación del buque

hipotecado a un extranjero, situación ya amparada por la Ley, es aplicable

a la hipoteca del buque la reiterada doctrina de este centro directivo

(cfr. por todas Resoluciones de 18 de octubre de 1979 y 8 de noviembre

de 1993) que considera las prohibiciones de enajenar o gravar el bien

hipotecado como pactos de naturaleza puramente personal, y como tales,

no susceptibles de acceder al Registro ni aun bajo la cobertura de una

condición resolutoria del plazo pactado para la devolución del préstamo,

en cuanto contrario al principio de libertad de contratación que inspira

la legislación, limitativo de las facultades de libre disposición que favorecen

el crédito y ajeno a los legítimos intereses del acreedor en orden a la

conservación y efectividad de la garantía.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso confirmando

la decisión apelada.

Madrid, 22 de febrero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Sr. Registrador mercantil de Gijón.

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