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Documento BOE-A-2001-5787

Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Ramón Asesio Bolea, en su propio nombre y, además, en representación de "Shoreline Investment Corporation, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador Mercantil de Málaga, don Pedro Sánchez Marín, a practicar una anotación preventiva.

Publicado en:
«BOE» núm. 71, de 23 de marzo de 2001, páginas 11125 a 11126 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-5787

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Ramón Asesio Bolea,

en su propio nombre y, además, en representación de "Shoreline Investment

Corporation, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador

mercantil de Málaga, don Pedro Sánchez Marín, a practicar una anotación

preventiva.

Hechos

I

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Marbella

se siguieron diligencias previas sobre coacción y falsedad, denunciadas

por don Ramón Asesio Bolea, contra don S. S. J., en las que se acordó

por resolución firme dirigir mandamiento al Registrador Mercantil de

Málaga para que: "A) En relación con la entidad "Shoreline Investments

Corporation, Sociedad Anónima", y conforme previene el artículo 111, número

1, párrafo tercero del Reglamento del Registro Mercantil, se hiciese constar

la existencia del procedimiento criminal por falsedad de la certificación

expedida por el supuesto nuevo Administrador de la Compañía y ello

para que los terceros puedan conocer que está cuestionada y bajo examen

de los Tribunales de Justicia la actuación del señor S. S. J. y su pretendido

nombramiento como Administrador de la Compañía, y B) Que al amparo

de lo dispuesto en el artículo 432, primero, apartado d), del Reglamento

Hipotecario, se abstenga de practicar operaciones en virtud de títulos

otorgados por el denunciado Señor S. J., así como de todo aquel que traiga

causa de éste, realizando la oportuna anotación en la hoja abierta de la

sucursal de la sociedad."

II

Presentado el oportuno mandamiento en el Registro Mercantil de

Málaga se despachó parcialmente según resulta de la siguiente nota extendida

a su pie: "Hecho constar lo dispuesto en el apartado A) del precedente

mandamiento por nota al margen de la inscripción 22.a, al folio 175, del

tomo 1.480 del Archivo, Libro 393 de la Sección General de Sociedades,

Hoja número 60-AN. En cuanto a la anotación interesada en el apartado

B) no se estima procedente su realización, por considerarse opuesta al

contenido del artículo 111.1, párrafo 4, del Reglamento del Registro

Mercantil que dispone textualmente: "Si se acredita la interposición de la

querella, se hará constar esta circunstancia al margen del último asiento,

(lo que se ha hecho conforme el apartado A) que se cancelará una vez

resuelta la misma, sin que dicha interposición impida practicar la

inscripción de los acuerdos certificados. El texto subrayado, no existente

anteriormente, y que fue introducido en el Reglamento del Registro

Mercantil de 19 de julio de 1996, por Real Decreto 1.784, ha pasado a ser

la norma específica sobre esta materia. Contra la presente nota puede

interponerse recurso de reforma en el término de dos meses ante el propio

Registrador y contra la decisión adoptada, el de alzada ante la Dirección

General en término de otros dos meses desde la notificación de la anterior

decisión conforme a los artículos 66 y 67 del Reglamento del Registro

Mercantil.-Málaga, 2 de septiembre de 1998.-El Registrador Mercantil".

-Sigue la firma.

III

Don Ramón Asesio Bolea, en su propio nombre y, además, en

representación de "Shoreline Investment Corporation, Sociedad Anónima",

interpuso recurso gubernativo frente a la negativa a anotar el apartado B)

del mandamiento con base en los siguientes argumentos: que sea cual

sea la normativa específica sobre la materia, los Jueces de Instrucción

tienen facultades suficientes para tomar medidas cautelares que eviten

la consumación del delito o la continuación de éste, evitando que se

materialicen los perjuicios que de la infracción delictiva puedan producirse;

que así como la regla general es que cualquier persona puede realizar

actos de disposición sobre sus bienes, existe la posibilidad para un Juez

de Instrucción de ordenar una prohibición de disponer o anotar

determinadas limitaciones sobre el dominio que afecten a la persona y éste

es el caso que se plantea en que el Juez ordena al Registrador que se

abstenga de practicar operaciones en virtud de títulos otorgados por el

denunciado así como los que traigan causa de éste, practicando la oportuna

anotación en la hoja abierta de la sucursal de la sociedad, todo lo cual

en nada se opone a la regulación del artículo 111 del Reglamento del

Registro Mercantil, que no prohibe al Juez adoptar medidas cautelares,

sino que si éstas no existen, el documento que se otorgue podrá ser inscrito

sin perjuicio de la subsistencia de la anotación a que se refiere dicho

precepto.

IV

El Registrador decidió mantener su calificación en atención a los

siguientes fundamentos: 1.o Que en el supuesto de interposición de

querella criminal por falsedad de la certificación, esa interposición se hará

constar por nota al margen del último asiento (artículo 111.1, párrafos

tercero y cuarto, del Reglamento del Registro Mercantil); 2.o Que esa

nota cumple una doble finalidad: actúa como prevención frente a posibles

falsedades de la certificación y, asimismo, impedirá que puedan surgir

terceros de buena fe a los que avisa; 3.o Que por providencia de la

Magistrada-Juez de 3 de octubre de 1998, se adicionó el mandamiento en el

sentido de hacer constar: "que la anotación decretada tiene por finalidad

que los terceros conozcan que lo que se está cuestionando y es objeto

de este procedimiento las actuaciones del denunciado S.S.J., con respecto

a su pretendido nombramiento como administrador de la sociedad,

permaneciendo incólume la situación previa y en consecuencia dicha

anotación deberá ampliarse y concretarse de manera expresa a que la denuncia

que la originó efectuada en ocho de mayo de 1998, no afecta a la validez,

vigencia ni a la efectividad de las inscripciones efectuadas en dicho Registro

Mercantil con anterioridad a las escrituras otorgadas por el señor S. en

17 de abril de 1998 que motivan estas diligencias penales".

V

El recurrente se alzó frente a la decisión del Registrador añadiendo

a sus argumentos iniciales que la decisión apelada se ha tenido en cuanta

hechos y documentos que no pudieron tomarse en cuenta a la hora de

la calificación recurrida, lo que es inadmisible.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos: 20 del Código de Comercio; 68, 80, 94.1.10.o, 111,

155 y 157 del Reglamento del Registro Mercantil y 100 y 432.1.d) del

Reglamento Hipotecario.

1. En resolución dictada en las diligencias previas de un

procedimiento penal se acuerda: en primer lugar, la constancia en la hoja de

una sociedad. a los efectos del artículo 111.1 del Reglamento del Registro

Mercantil, de la existencia del procedimiento por posible falsedad de la

certificación expedida por el supuesto nuevo administrador de la misma;

y además, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 432.1 d) del

Reglamento hipotecario se tome anotación de prohibición de practicar

operaciones alguna en virtud de títulos otorgados por el denunciado o que traigan

causa del mismo. Expedido el oportuno mandamiento al Registrador, éste

extiende la nota prevista en la primera de las normas reglamentarias

citadas y rechaza la anotación del segundo extremo a que se refiere el

mandamiento por improcedente, al entender que aquella nota ya cumple la

finalidad pretendida, rechazo éste que es objeto del presente recurso.

2. El artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, con la loable

finalidad de dar una mayor garantía a la veracidad de las certificaciones

expedidas por una persona que lo hace de su nombramiento para el cargo

que le habilita para certificar, ha introducido ciertas cautelas frente al

riesgo que supone la falta de constancia registral previa de dicho

nombramiento y que se concretan en la necesidad de notificarlo

fehacientemente a quien hasta entonces figuraba inscrito como titular del cargo

dándole la oportunidad de oponerse a la inscripción, singularmente a través

de la interposición de una querella criminal por falsedad de la certificación.

De ocurrir así, el Registrador está obligado a hacer constar tal circunstancia

por nota al margen del último asiento en la hoja de la sociedad, nota

ésta un tanto atípica que en todo caso no provoca un cierre registral,

en cuanto no impide la inscripción del nuevo nombramiento ni, en

consecuencia, la de los demás actos certificados por el nuevo titular del cargo,

pero que da publicidad a la existencia de la controversia judicial enervando

así la protección que a terceros brindaría la presunción de validez y

exactitud de los pronunciamientos registrales conforme a lo establecido en

el artículo 20 del Código de Comercio.

Ha de observarse que la actuación conducente a tal fin está prevista

para el caso de que el notificado, y sólo él, pretenda oponerse a la

inscripción, pues es a quien se impone la acreditación de la falta de

autenticidad del nombramiento y la solicitud de su constancia registral, sin

que esté prevista una actuación de oficio por parte del Juez con tal objetivo.

No obstante, en este caso ha sido ha sido directamente el Juez el que

lo ha interesado la extensión de la nota y nada hay que objetar, ni se

cuestiona, a la actuación del Registrador a la hora de cumplimentar el

mandato judicial.

3. Frente a esa solución reglamentaria, lo que se debate es si, además,

habiendo el Juez que tramita unas diligencias penales acordado como

medida cautelar un a modo de cierre registral parcial, prohibiendo el acceso

al Registro de todo documento autorizado por determinada persona o que

dimane de ella, tal resolución es susceptible de anotación preventiva o,

como sostiene el Registrador, la finalidad pretendida con la misma ya

se logra con la nota marginal acreditativa de la existencia de la querella.

Ha de señalarse, antes que nada, que no cabe, conforme establece el artículo

68 del Reglamento del Registro Mercantil, tomar ahora en consideración

el contenido del mandamiento adicional a que hace referencia el

Registrador en la decisión que se apela, como presentado que fue con

posterioridad a la extensión de la nota recurrida.

El artículo 94.1.10 del Reglamento del Registro Mercantil, al enumerar

lo que puede ser objeto inscripción en la hoja abierta a las sociedades,

se refiere con carácter general a: "Las resoluciones judiciales o

administrativas en los términos establecidos en las Leyes o en este Reglamento".

Rige por tanto un sistema de numerus clausus y si bien es cierto que

Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla de modo expreso las

anotaciones preventivas en los Registros jurídicos, su posibilidad no puede

descartarse, en especial cuando sea una de las medidas adoptadas al

amparo de las amplias facultades que el artículo 13 atribuye al instructor y

su objeto sea compatible con la finalidad y principios de la publicidad

registral.

4. Dentro de esas medidas ha de encuadrarse el caso aquí planteado

en que no sólo se pretende dar publicidad a la existencia de la controversia

sobre la veracidad de un nombramiento sino a algo más, el que a través

de una específica anotación preventiva, que parece más dirigida al

Registrador que a terceros, se impida el acceso al Registro de cualquier actuación

del nombrado, objetivo éste que no ampara la nota marginal del citado

artículo 111. Y si bien ese cierre registral, que guarda ciertas analogías

con la anotación de prohibición de disponer prevista en el artículo 26.2

de la Ley Hipotecaria, resulta un tanto anómalo, pues el cierre registral

no puede considerarse en principio como un fin en sí, sino como una

consecuencia de la prohibición de realizar el acto inscribible, la extraña

invocación que la resolución judicial hace al ya de por sí insólito artículo

432 del Reglamento Hipotecario, permite entender que lo pretendido por

la resolución judicial es evitar que tengan acceso al Registro documentos

ya existentes, que por ser de fecha anterior a la resolución judicial no

podrían ya verse afectados por una prohibición de otorgarlos.

A ello ha de añadirse que, por la remisión del artículo 80 del Reglamento

del Registro Mercantil, la facultad del Registrador a la hora de calificar

documentos expedidos por la autoridad judicial ha de entenderse limitada

en los mismos términos que establece el 100 del Reglamento Hipotecario,

sin que ninguno de los extremos que éste declara sujetos a la misma se

opongan a la anotación pretendida, en tanto que queda al margen de la

función calificadora el fundamento, proporcionalidad o repercusiones de

la resolución a anotar, frente a lo que son los interesados los que pueden

reaccionar; y, por último, que el limitado juego que en el Registro Mercantil

tiene el principio de tracto sucesivo (artículo 11 del Reglamento del

Registro) no puede constituir obstáculo registral para anotar una medida judicial

que se refiere a una concreta persona que según el Registro ostenta un

cargo, pues con ello no se cierra la posibilidad de inscribir otros actos,

en especial los acuerdos que tengan por objeto el superar las dificultades

que para el desarrollo de las actividades sociales pueda suponer aquella

medida, ha de concluirse que procede practicar la anotación ordenada.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la

decisión del Registrador.

Madrid, 15 de febrero de 2001.-La Directora general de los Registros

y del Notariado, Ana López-Monís Gallego.

Sr. Registrador Mercantil de Málaga.

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