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En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Zaragoza, don

José María Badía Gasco, contra la negativa del Registrador de la Propiedad

de dicha ciudad n2, don Pedro Fernández Boado, a inscribir una escritura

de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del señor Registrador.

Hechos

I

El 22 de octubre de 1997, mediante escritura pública autorizada por

el Notario de Zaragoza, don José María Badía Gasco, la Caja de Ahorros

de Valencia, Castellón y Alicante concede un préstamo a don José Javier

Buil Rada y doña María Victoria Lanzuela Iranzo, los cuales, propietarios

por mitad y proindiviso de un piso, constituyen una sola y primera hipoteca

sobre el mismo. En el número 2 de la cláusula séptima de la referida

escritura, se establece: "A tales efectos la parte deudora e hipotecante

fija como domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones

el reseñado como suyo en la comparecencia de la presente escritura..."

II

Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad

de Zaragoza, número 2, fue calificada con la siguiente nota: "Suspendida

la inscripción del precedente documento al incumplirse en la designación

del domicilio a los efectos del procedimiento judicial sumario y

extrajudicial, lo establecido en el párrafo 1.o del artículo 130 de la Ley

Hipotecaria. No se toma anotación de suspensión al no haberse solicitado.

Contra esta calificación cabe interponer recurso gubernativo ante el

Excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

en el plazo de cuatro meses, a contar desde esta fecha, en los términos

prevenidos en el artículo 66 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de acudir

ante los Tribunales de Justicia para que declaren la validez e inscribilidad

del presente documento, a tenor de lo previsto en el primero de los

preceptos citados. Zaragoza, 18 de diciembre de 1997. El Registrador. Fdo.:

Pedro Fernández Boado."

III

El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso gubernativo

contra la referida calificación, y alegó: Que dada la escueta nota registral,

parece que la cuestión a resolver es si al fijar dos domicilios (los de los

dos deudores hipotecantes) para la práctica de notificaciones y

requerimientos en los procedimientos de ejecución, se incumple la norma del

párrafo 1.o del artículo 130 de la Ley Hipotecaria. 1. El domicilio como

elemento básico en la seguridad de las relaciones jurídicas.-Que el

domicilio actúa como elemento determinante en seguridad del ejercicio de los

derechos y cumplimiento de las obligaciones. Que la doctrina considera

que este domicilio electivo, no es un verdadero domicilio, sino que se

trata más bien de una mera domiciliación que funciona solo respecto al

acto en cuestión y a los efectos para los que se haya acordado. Es un

elemento de referencia para la finalidad perseguida por las partes: en

este caso para su seguridad. 2. La interpretación de artículo 130 de la

Ley Hipotecaria.-Que la exigencia del citado artículo, se considera que

implica: a) La exigencia de designación, al menos, de un domicilio

(domicilio electivo), en beneficio del acreedor para que pueda seguirse el

trámite de ejecución. b) La facultad de determinación que al deudor

corresponde del "domicilio electivo", al amparo del principio de libertad

contractual y en su beneficio, para que le notifique y requiera que se

va a iniciar el procedimiento si no paga; facultad que lleva consigo la

posibilidad de designar más de un domicilio, si hay más de un deudor

e incluso si hay un solo deudor y otros responsables no deudores, al objeto

de evitar una ejecución subrepticia. 3. Consecuencia de una

interpretación distinta.-Que la rigidez en la interpretación de una norma adjetiva

no puede prevalecer sobre el menos común de los sentidos; ni la

uniformidad a que lleva el tratamiento formulario puede despreciar la

protección del interés del consumidor al que debe servir. 4. Que concluyendo

se estima que la Ley Hipotecaria concede al deudor, en este caso deudores,

la facultad de designar un domicilio (domicilios) para que se les avise

que se les va a ejecutar la hipoteca, nada impide que los deudores por

parte, aunque responsables en solidario, cada uno señale un lugar-domicilio

para que se les advierta, a ambos, lo que se les avecina. En este punto

hay que tener en cuenta el artículo 24 de la Constitución Española.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: 1.o Que

se cree que la exigencia de designación de un domicilio único viene avalada

por la redacción literal y por la interpretación sistemática e histórica de

los artículos 130 y concordantes de la Ley Hipotecaria. Dicho precepto

se está refiriendo en singular a un domicilio electivo, que como tal ha

de ser uno o único para ajustarse al tenor literal de dicho texto legal

y ser congruente con la naturaleza y finalidad del procedimiento sumario.

En igual sentido el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, utiliza también

el singular apuntado a un domicilio único, reforzándo dicha tesis el artículo

234 del Reglamento Hipotecario, respecto al procedimiento ejecutivo

extrajudicial. Que desde la introducción por la Ley de 1909 del procedimiento

judicial sumario, sólo ha habido en este tema una Resolución de fecha

15 de diciembre de 1925. Que se cree que la fijación de un domicilio

único constituye de "lege data" la tesis más ajustada a derecho y a la

realidad práctica. 2.o Que la libertad de contratación no es aplicable a

las normas de carácter procesal, que como normas de orden público están

sustraídas a determinación de voluntad de las partes. En este punto se

confronta el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el cual cierra el paso

a la pretendida libertad contractual de las partes para fijar un número

indeterminado de domicilios, en función de los intervinientes en el

contrato. 3.o Que es evidente que la fijación de un solo domicilio por el

deudor no provoca en modo alguno, indefensión de los demás intervinientes

en el contrato. Que dentro del contexto del procedimiento judicial sumario,

los artículos 130 y 131 de la Ley Hipotecaria tienen un significado y alcance

diferente en orden al mismo fin, haciendo ambos posible la sumariedad

del procedimiento y la efectiva tutela de los afectados. Por un lado, el

requerimiento de pago hay que hacerlo al deudor, ya que es el único

obligado por la obligación principal (artículo 1.753 del Código Civil), en el

domicilio que tiene designado para este efecto, conforme al artículo 130

de la Ley Hipotecaria, domicilio electivo que ha de ser único, ya que de

lo contrario se estaría ante domicilios alternativos o acumulativos de difícil

encaje en la regulación legal. Que el hipotecante no deudor no es más

que un afectado por el impago del deudor y así lo establece el artículo

1.857 del Código Civil. Es, por tanto, un fiador real y no tiene por que

fijar domicilio alguno. Que comparece en la escritura de hipoteca, como

tal fiador real, lo que implica: a) Que su posición respecto al

procedimiento queda garantizada y protegida por las notificaciones prevenidas

en los números 4 y 5 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y en los

artículos 222 y siguientes del Reglamento Hipotecario. b) Que su domicilio

ya consta en la escritura y en la inscripción registral por imperativo de

la legislación notarial y de los apartados b) y c) de la regla 9.a del artículo

51 del Reglamento Hipotecario para todos los efectos del procedimiento.

c) Que todos ellos han de ser notificados conforme a la regla 4 del artículo

132 de la Ley Hipotecaria, en los domicilios. En este caso la ley utiliza

el plural y se está refiriendo a domicilios distintos del señalado por el

deudor y a la que aluden, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo

de 4 de febrero y 23 de octubre de 1992. Que si se admite la tesis del

recurrente, poco o nada quedaría de la especialidad y sumariedad del

procedimiento; significaría una alteración o modificación sustancial de

sus trámites, en contra de la prohibición del artículo 131 de la Ley

Hipotecaria y agravaría la posición y el interés del acreedor. Que el que todos

los intervinientes en la escritura de préstamo hipotecario se sometan

voluntariamente a un procedimiento especial fijando el deudor un domicilio

para ese procedimiento específico, sólo significa la voluntaria renuncia

a otras garantías procesales existentes en otros procedimientos. En este

sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre

de 1981, 17 de mayo de 1985 y 30 de junio de 1993.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón revocó la

nota del Registrador, fundándose en que no se desvirtúa la naturaleza

del procedimiento judicial sumario y del extrajudicial, ni se vulnera el

principio normativo de la no alterabilidad de sus trámites por el hecho

de que las partes contratantes, en este caso concreto, hayan establecido

el respectivo domicilio (el de los deudores) para la práctica del seguimiento

de pago y las notificaciones al requisito exigido e impuesto en la regla

3.a, número 3, del artículo 131 del la Ley Hipotecaria; por tanto, el pacto

no altera ni la naturaleza del procedimiento ni el principio legal de la

inalterabilidad de ninguno de sus trámites.

VI

El señor Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en su informe.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 130 y 131 de la Ley Hipotecaria y 234 de su

Reglamento, y las Resoluciones de 11 de febrero de 1911, 15 de diciembre de

1925 y 5 de septiembre de 1998.

1. En el supuesto del presente recurso, don D.J.J.B.R., y doña M.V.L.I.,

como parte deudora e hipotecante, constituyen hipoteca sobre una finca

de su propiedad en garantía de préstamo, mediante escritura en la que

se hace constar sus respectivos domicilios. En la estipulación referida

al ejercicio de acciones y presupuestos procesales, se pacta que "la parte

deudora e hipotecante fija como domicilio para la práctica de

requerimientos y notificaciones el reseñado como suyo en la comparecencia de

la presente escritura...". El Registrador suspende la inscripción de este

documento "al incumplirse en la designación del domicilio a los efectos

del procedimiento judicial sumario y extrajudicial, lo establecido en el

párrafo 1.o del artículo 130 de la Ley Hipotecaria".

2. En primer lugar debe señalarse que la omisión o, como en este

caso, el posible defecto en cuanto a la designación del domicilio realizada

por el deudor a efectos del procedimiento judicial o extrajudicial, producirá

el efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos de carácter

potestativo por otro lado, pero no puede motivar, por no existir precepto

alguno que lo ordene, la ineficacia de la hipoteca, ni ser obstáculo para

la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad (cfr. Resolución de

11 de febrero de 1911), máxime cuando pueda acudirse al juicio ejecutivo

ordinario para su realización.

3. En segundo lugar, y entrando en el fondo de la nota de calificación,

el defecto señalado, que, como resulta del informe realizado por el

Registrador, se refiere a la exigencia de que el domicilio discutido deba ser

único, no puede mantenerse. En efecto, la fijación del domicilio a efectos

de los procedimientos de que se trata, tiene por finalidad asegurar al

deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas, y proteger al acreedor

contra los entorpecimientos procesales que pueda tener por razón de los

cambios de domicilio de aquél. Por ello, teniendo en este caso cada uno

de los deudores su propio domicilio, no hay inconveniente para que señalen

los dos domicilios para la realización de las notificaciones y requerimientos,

en cuyo caso, llegado el momento de la ejecución, en ambos domicilios

deberán practicarse aquellos.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto,

revocando la nota del Registrador y confirmando el auto presidencial.

Madrid, 7 de febrero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.