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Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que desarrolla el Acuerdo de traspaso de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de junio de 2001.–El Secretario general técnico, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda.
REUNIDOS
De una parte, la ilustrísima señora doña María Dolores Cano Ratia, Directora general del Instituto Nacional de Empleo, nombrada por Real Decreto 165/1999, de 29 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 30), competente para la firma del presente Acuerdo, según lo establecido en el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el cual la Administración General y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar Convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Y de otra parte, el excelentísimo señor don Antonio Gómez Fayrén, Consejero de Trabajo y Política Social de la Región de Murcia, nombrado por Decreto 22/1999, de 13 de julio, y autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de octubre de 2000.
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente la capacidad de contratar y obligándose en los términos de este documento,
MANIFIESTAN
Que en reunión de 11 de marzo de 1999, el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regulada por Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, aprobó el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios en materia de gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicho Acuerdo exige la articulación, mediante Convenio, de una serie de supuestos en los que se prevé la intervención de ambas Administraciones, que hace aconsejable establecer los mecanismos formales y materiales que posibiliten la plena eficacia de las funciones y servicios que se traspasan.
Por Real Decreto 522/1999, de 26 de marzo, se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias adoptado el 11 de marzo de 1999, por el que se traspasa la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por otra parte, el Decreto 58/1999, de 20 de julio, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, atribuye las funciones y servicios traspasados en materia de gestión de la formación profesional ocupacional a la Consejería de Trabajo y Política Social.
Que la necesidad, compartida por ambas Administraciones, de que el nuevo marco competencial sea operativo y, en definitiva, redunde en un mejor y más eficaz servicio al administrado, dentro de un espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de los fines públicos que corresponden en su conjunto al Gobierno del Estado y al de las Comunidades Autónomas, y mutuo respeto a los ámbitos competenciales, funcionales y organizativos que establece el ordenamiento jurídico vigente, recomienda la formalización del presente Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en aquellos supuestos en que sea necesaria la intervención de ambas administraciones, y en particular los derivados de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia participará, en el seno del nuevo Consejo General de Formación Profesional, renovado por Ley 19/1997, de 9 de junio, mediante el desarrollo y cumplimiento del nuevo Programa Nacional de Formación Profesional y el Plan Nacional de Acción para el Empleo, en todo lo relativo a Formación Profesional Ocupacional.
En relación con el contenido de los apartados B.1.a) y C.1 del Acuerdo de traspaso, la Administración del Estado comunicará una propuesta de la planificación trienal a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quien dispondrá de un plazo de veinte días para efectuar sus propuestas dentro de los objetivos y prioridades generales que serán tenidas en cuenta por la Administración del Estado al formular la planificación definitiva.
En relación con el contenido de los apartados B).4 y C).5 del Acuerdo de traspaso, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con carácter mensual, enviará a la Administración del Estado copia de los certificados de inscripción y de baja producidos durante el mes, en los que figurará el número de Registro, el nombre y la dirección del centro o entidad colaboradora, el titular, la especialidades formativas homologadas, las duraciones de las mismas y sus códigos de inscripción. Con la misma periodicidad, la Administración del Estado enviará a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia idéntica información, relativa a los nuevos centros o entidades colaboradoras de ámbito nacional que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Igualmente, la Administración del Estado pondrá a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos indicados, los códigos utilizados en los cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
En relación al contenido del apartado C).11 del Acuerdo de traspaso, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Administración del Estado colaborarán en las siguientes materias:
a) En el mantenimiento y actualización del Observatorio Permanente de las Ocupaciones, a que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
b) En la adecuación de la oferta de formación profesional ocupacional a la realidad socioeconómica, en los términos previstos en los artículos 14, 17 y 18 del Real Decreto 631/1993, mediante la participación en la estructuración de las familias profesionales, confección de medios didácticos, análisis de nuevos métodos formativos, análisis e investigación de los contenidos ocupacionales, así como la formación técnica correspondiente para el colectivo docente implicado en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
c) En la realización de pruebas dentro del Programa de Calificación de Demandantes de Empleo, que prevé el artículo 17 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.
Por la realización de las actividades señaladas en los tres apartados anteriores, el Instituto Nacional de Empleo compensará económicamente a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los gastos directos que se le produzcan.
En relación con el contenido de los apartados B).1, d) y C).7 del Acuerdo de traspaso, cuando la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia programe actuaciones específicas para trabajadores desempleados, la selección de los candidatos se realizará conforme a las indicaciones del Plan Nacional de Acción para el Empleo y de acuerdo con el siguiente procedimiento:
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia comunicará a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo correspondiente la oferta genérica, en la que, específicamente, se hará constar el perfil de los candidatos, el número al que se dirige la acción, el ámbito territorial y el período previsto de duración.
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibida dicha comunicación, deberá suministrar, en el término máximo de quince días hábiles, el listado de trabajadores en paro que corresponda al perfil solicitado.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, directamente o mediante sus centros colaboradores, convocará a los candidatos presentados por el Instituto Nacional de Empleo y procederá a la selección de los alumnos que accederán a los cursos programados.
En caso de quedar plazas de formación vacantes, ya sea como consecuencia de la falta de presentación, por el Instituto Nacional de Empleo, de los listados de parados a que se hace referencia en los párrafos anteriores, ya derive de que en el proceso de selección se produjeran vacantes por ser inadecuado el perfil de los candidatos a los requerimientos formulados en la convocatoria del curso, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá arbitrar los mecanismos de reclutamiento que se estimen oportunos, siempre que los seleccionados sean parados inscritos en alguna oficina de empleo del Instituto Nacional de Empleo, previamente a la fecha de la convocatoria del curso, y cumplan los requisitos previstos en el programa a que se adscriba el citado curso.
Una vez iniciada la acción formativa, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia remitirá a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo la lista definitiva del personal seleccionado, en el plazo máximo de quince días.
Cuando se produzcan discrepancias sobre la eficacia o carencias ocupacionales de las acciones formativas destinadas a los parados, gestionadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respecto de los objetivos de la política de empleo, formación y colocación, la Administración del Estado podrá plantearlas en el seno de una Comisión técnica. Esta Comisión Técnica estará compuesta por tres miembros: Un representante de la Administración del Estado, un representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y una persona designada por ambas Administraciones, de común acuerdo. La Comisión podrá contar con expertos en formación profesional y empleo, los cuales no dispondrán de voto. Los acuerdos de la Comisión Técnica se adoptarán por mayoría. Cuando el acuerdo suponga la modificación de la programación de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, éste deberá proceder, en consecuencia, en el plazo de quince días; y, en caso contrario, la Administración del Estado podrá aprobar las programaciones extraordinarias que sean necesarias para hacer frente a las carencias detectadas por la Comisión Técnica.
Asimismo, en el supuesto de producirse discrepancias por falta de complementariedad entre las acciones formativas que realicen las Escuelas-Taller, Casas de Oficios y talleres de empleo y las acciones de Formación Profesional Ocupacional que la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desarrolle en el marco de sus competencias, ésta podrá plantear dicha falta de complementariedad en el seno de la Comisión técnica, prevista en el párrafo anterior. Cuando así proceda, como consecuencia del Acuerdo de la Comisión Técnica, la Administración del Estado modificará la programación correspondiente, en el plazo de quince días, con el fin de garantizar la complementariedad entre las acciones formativas que realicen las Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de empleo y las que realice la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En relación con el apartado C).2 del Acuerdo de traspaso, la Administración del Estado remitirá a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con una antelación de, al menos, treinta días a la fecha en que se reúna la Comisión de coordinación, los proyectos de los Programas Nacionales de Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo a que se refiere el citado apartado, a fin de que ésta pueda conocerlos y presentar sus propuestas a la Administración del Estado en el término de quince días.
En materia estadística, ambas Administraciones se remiten el apartado C).6 del Acuerdo de traspaso. Oportunamente, se establecerán por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previa consulta a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los documentos de recogida de la información y plazo de remisión necesarios para la elaboración de la estadística en la materia, en particular, en relación con los datos e indicadores del Plan Nacional de Acción para el Empleo.
Igualmente, ambas Administraciones consideran de máximo interés establecer una estrecha colaboración que permita aunar esfuerzos en el logro de la mayor calidad y eficacia de las acciones formativas, así como la coordinación de éstas con la política de empleo. Para ello se intercambiarán los resultados obtenidos de los diferentes estudios, seminarios, etc., realizados sobre el mercado de trabajo, familias profesionales, cambios tecnológicos y cualquier otro aspecto que pueda relacionarse con la Formación Profesional Ocupacional.
Asimismo, ambas Administraciones mantendrán reuniones para el intercambio de experiencias e información en materia de evaluación de centros colaboradores, estructuración de familias profesionales, así como en cualquier otra materia de interés común, en el seno de la Comisión de coordinación del Convenio a que se refiere la cláusula undécima.
Por su parte, la Administración del Estado pondrá a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los programas de los cursos que vayan a ser informados por el Consejo General de Formación Profesional, teniendo en cuenta la correspondencia de cualificaciones a nivel comunitario y, en su caso, el sistema de correspondencia o convalidaciones con las titulaciones de la formación profesional reglada.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado C).8 del Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá realizar cursos de su programación del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional, sito en Cartagena, calle Goya, sin número, barrio del Peral, cuya titularidad y gestión se ha reservado la Administración del Estado. El procedimiento a seguir para la determinación de los cursos a impartir en los citados centros será el siguiente:
a) En el primer mes del ejercicio presupuestario, el Instituto Nacional de Empleo remitirá a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Plan anual de trabajo de cada uno de los centros nacionales de formación profesional, en el cual deberá figurar, entre otros aspectos, el calendario sobre la disponibilidad de las instalaciones y dotaciones del Centro para la impartición de cursos de formación ocupacional.
b) Por su parte, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia remitirá al Instituto Nacional de Empleo, una vez aprobada su programación de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, propuesta anual de las acciones formativas de dicho Plan que desee impartir en cada uno de los centros nacionales de formación profesional. La citada propuesta contendrá los datos relativos a los cursos (denominación, número de alumnos y horas lectivas, entre otros), así como el calendario previsto para la realización de los mismos.
c) La decisión del Instituto Nacional de Empleo de aceptar, total o parcialmente, la propuesta formulada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se adoptará tomando como referencia, por un lado, el Plan anual de trabajo de los centros nacionales, de forma que se garantice el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 17 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y, por otro, la plena utilización de las instalaciones y dotaciones de formación ocupacional disponibles en los citados centros.
Si bien la Administración del Estado se reserva la competencia en materia de cooperación internacional bilateral y multilateral, en materia de formación profesional, a tenor de lo dispuesto en el apartado C).13, del Acuerdo de traspaso, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá participar en los diferentes programas de cooperación. A tal efecto, la Administración del Estado informará a la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los Convenios de cooperación internacional que se celebren, reservándole una participación en la ejecución de los mismos, que se determinará en el seno de la Comisión técnica prevista en la cláusula sexta.
En el plazo de treinta días, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia comunicará a la Administración del Estado su participación o renuncia. El procedimiento para instrumentar dicha participación se establecerá por la Comisión de Coordinación del Convenio.
Para la plena efectividad de lo aquí convenido se crea la Comisión de Coordinación del Convenio, a que hace referencia el apartado C)2 del Acuerdo de traspaso. Dicha Comisión estará compuesta por seis personas: tres designadas por la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo y tres por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se reunirá, al menos, dos veces al año, y necesariamente, cuando deba pronunciarse sobre los distintos aspectos contemplados en este Convenio o a petición de cualquiera de las partes. Será presidida, alternativamente, por un representante de cada una de las dos Administraciones. Esta Comisión ejercerá las funciones señaladas en el apartado C).2 del Acuerdo de traspaso de la gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En lo no regulado expresamente con arreglo a las normas anteriores, se aplicará lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
El presente Convenio se suscribe con ánimo de permanencia, por lo que su duración será indefinida.
En el supuesto de que se produzca alguna modificación en la normativa vigente que afecte al Convenio, el mismo se revisará a los efectos de su adaptación a la nueva normativa.
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de seis meses y siempre que falten, por lo menos, tres meses para la finalización del ejercicio presupuestario corriente. En este supuesto, continuará en vigor el Convenio hasta que no se suscriba uno nuevo o instrumento que lo sustituya.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones convenidas en el presente Convenio dará derecho a la otra Administración a instar la denuncia y resolución del Convenio de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior.
Dada la naturaleza administrativa de este Convenio, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de abril de 2001.
Dado por cuadruplicado ejemplar en Madrid a 1 de abril del 2001.–La Directora general del INEM, María Dolores Cano Ratia.–El Consejero de Trabajo y Política Social, Antonio Gómez Fayrén.
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