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Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial de Córdoba de esta Consejería, que tiene como objeto la prosecución de trámites para la declaración como mineral de las aguas procedentes del sondeo denominado «Los Villares», sito en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia» (coordenadas UTM, huso 30, X = 341768 m, Y = 4204963 m), término municipal de Córdoba, expediente incoado por don Enrique Martín Duffo, en nombre y representación de la empresa «Himardu, Sociedad Anónima», y en que concurren los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.

El entorno hidrológico en que se sitúa el sondeo reúne las características hidrogeológicas necesarias para su explotación, de acuerdo con los datos existentes en el Servicio de Minas de esta Consejería.

Segundo.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto), el Instituto Tecnológico Geominero de España considera, en informe que obra en el expediente, que las mencionadas aguas son adecuadas para ser declaradas como minerales.

Tercero.

La Delegación Provincial de Córdoba informa positivamente la declaración.

Fundamentos de Derecho

Único.

Dado que en el expediente mencionado queda acreditado que se han cumplido todos los trámites exigidos, así como que se cumplen todos los requisitos necesarios para que unas aguas puedan ser declaradas como minerales, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General mencionado,

Vista la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973; Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, y demás legislación de general y pertinente aplicación,

Esta Consejería de Trabajo e Industria, a propuesta de la Delegación Provincial de Granada, y con el conforme de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Declarar como minerales las aguas procedentes del sondeo «Los Villa-res», sito en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia» (coordenadas UTM, huso 30, X = 341768 m, Y = 4204963), término municipal de Córdoba, pudiendo solicitarse la autorización de explotación de las mismas dentro del plazo de un año a partir del momento de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Trabajo e Industria, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien ser impugnado directamente mediante recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.–El Consejero, P. D. (Orden de 8 de julio de 1996, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87, del 30), el Viceconsejero de Trabajo e Industria, Antonio Fernández García.