La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 29 de octubre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/519/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Aquilino Lousa Rodríguez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, de fecha 11 de octubre de 1989, sobre compatibilidad.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallamos:
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo número 03/519/94, interpuesto por don Aquilino Lousa Rodríguez, representado por el Procurador de los Tribunales don José Llorens Valderrama, contra Resolución ministerial de 11 de octubre de 1989, por la que se declaraba al recurrente en la situación de excedencia voluntaria en el puesto de trabajo de Médico contratado laboral de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Galicia, con los efectos del artículo 29.3 a) de la Ley 53/1984, de 2 de agosto, confirmando íntegramente la citada Resolución administrativa impugnada por ser conforme a Derecho.
No ha lugar a una expresada condena en costas al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordante de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 8 de octubre de 1998.–P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.
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