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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 19 de mayo de 1997, en el recurso contencioso-administrativo número 3/285/95, en el que son partes, de una, como demandantes, doña María Ángeles Cordero Laflor y doña Florencia Barroso del Río, y, de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 27 de enero de 1995, sobre efectos administrativos y económicos del nombramiento como funcionarias del Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Desestimar el presente recurso número 285/1995, interpuesto por don Julián Cruz Collazos, en la representación que ostenta, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 27 de enero de 1995, que se confirma, en lo que es objeto de este recurso, por ser conforme al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.