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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 27 de mayo de 1997, en el recurso con-

tencioso-administrativo número 3/358/1995 en el que son partes, de una, como demandantes, doña Rosario García López, don Vicente Santiago Castrejón y doña Elena Tormo Peña, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 21 de febrero de 1995, sobre efectos administrativos y económicos del nombramiento como funcionarios del Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso núme ro 358/1995, interpuesto por la Procuradora señora Urzaiz Moreno, en la representación que ostenta, contra la Resolución del Ministerio de las Administraciones Públicas de 21 de febrero de 1995, la que anulamos en lo que es objeto de este recurso, por ser contraria al ordenamiento jurídico.

Segundo.-Declarar el derecho de los recurrentes a que su nombramiento como funcionarios del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos retroactivos de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan los correspondientes efectos económicos a los cinco años anteriores a la fecha de su reclamación inicial, que es de fecha 3 de febrero de 1995.

Tercero.-No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Ministro de Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996 «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.