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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 26 de marzo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.354/1993, en el que son partes, de una, como demandante, doña María de los Ángeles Coca Marcos, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra las Resoluciones de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios de 14 de mayo de 1993, así como de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 27 de diciembre de 1989, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 3/1.354/1993, interpuesto por doña María de los Ángeles Coca Marcos, contra la Resolución del Secretario general de Asuntos Penitenciarios de 14 de mayo de 1993 y la del Secretario de Estado para la Administración Pública de 27 de diciembre de 1989, descritas en el primero de los fundamentos de derecho, por los motivos antes expresados, declarando su confirmación.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en su propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.