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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 1.369/76, seguido por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, promovido por don Antonio González Martín, don Ventura Santana Torres y don Santiago Hernández Manzano contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra denegación presunta de su petición de reconocimiento a efectos económicos de su integración, ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 19 de junio de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Antonio González Martín, don Ventura Santana Torres y don Santiago Hernández Manzano contra la denegación presunta de sus peticiones a la Administración de que les fuesen reconocidos los efectos económicos de su integración como funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, procedentes de los extinguidos Institutos Provinciales de Sanidad y Mancomunidades Sanitarias, desde el uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho, debemos declarar y declaramos que dicha denegación presunta es contraria a Derecho y, por consiguiente, la anulamos, declarando en su lugar que los efectos económicos derivados en favor de los recurrentes del Decreto mil quinientos cincuenta y seis/mil novecientos setenta y dos deben contarse desde el uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho; sin hacer especial declaración sobre las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos; Martín J. Rodríguez, Gregorio García, Jaime Rouanet (rubricados).

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado ilustrísimo señor don Jaime Rouanet Moscardó, Ponente que ha sido para la resolución del presente proceso, estando celebrando audiencia pública la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo, de lo que como Secretario certifico en Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve, Manuel Gándara (rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 29 de octubre de 1979.‒P. D., el Director general de Presupuestos. Ángel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.